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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00792-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00792-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra los artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012, por medio del cual la CNSC suscribió la Convocatoria 132 de 2012 al proceso de selección «para proveer por Concurso – Curso abierto de méritos el empleo de Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC», de conformidad con las consideraciones de esta sentencia. 51 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 28 Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018) Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de actos administrativos no susceptibles de control jurisdiccional respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas en el sub lite, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Xiomara Moreno Pérez como apoderada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC en los términos y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-00792-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

11 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y otro

Temas: Concurso de méritos

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso promovido
por los señores José Gerardo Estupiñán Ramírez, Dennis Gerardo Mera Bucheli y
Miguel Fernando Rojas Vicentes contra la Nación, Comisión Nacional del Servicio
Civil, CNSC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Bajo la figura de la acumulación de pretensiones, prevista en el artículo 165 del
CPACA,1 los señores José Gerardo Estupiñán Ramírez, Dennis Gerardo Mera
Bucheli y Miguel Fernando Rojas Vicentes, entablaron la presente demanda en

1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad con restablecimiento del
derecho, consagrados en los artículos 137 y 138 del CPACA,2 con el objetivo de que
se declare la nulidad de los siguientes actos: i) artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del
Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012, por medio del cual la CNSC suscribió la
Convocatoria 132 de 2012 al proceso de selección «para proveer por Concurso –
Curso abierto de méritos el empleo de Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC»; ii) Oficio sin número del 17 de
abril de 2018, expedido por la CNSC, que negó la reclamación presentada por el
señor Dennis Gerardo Mera Bucheli; y iii) acto ficto negativo originado en la falta de
respuesta a la petición elevada por el señor Miguel Fernando Rojas Vicentes ante
la CNSC.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, los
señores Dennis Gerardo Mera Bucheli y Miguel Fernando Rojas Vicentes solicitaron
condenar a la CNSC a reintegrarlos como aspirantes a la Convocatoria 132 de 2012,
permitirles continuar con las restantes etapas, incluirlos en la lista de elegibles y
nombrarlos como dragoneantes del INPEC.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, los demandantes señalaron los siguientes: 3

i) El Acuerdo 168 de 2012 reglamentó la Convocatoria 132 de ese año para proveer
cargos de dragoneantes del INPEC.

ii) El artículo 38 del referido acuerdo determinó que únicamente se aceptarían los
exámenes médicos emitidos por la entidad contratada dentro de la convocatoria
para adelantar esa etapa, cuyos resultados, luego de las reclamaciones, tendrían
carácter definitivo.

2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3
Algunos hechos corresponden al concepto de violación, por lo que se desarrollarán en dicho acápite.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

iii) El reparo elevado por los interesados frente al examen médico carece de
respaldo técnico o científico, ya que no podían aportar otros conceptos en tanto los
únicos resultados válidos eran los emitidos por la entidad autorizada por la CNSC.

iv) El acto que resuelve la reclamación no es pasible de recursos en contravía de
los derechos de contradicción y defensa.

v) Las anteriores reglas condujeron a la exclusión de los señores Dennis Gerardo
Mera Bucheli y Miguel Fernando Rojas Vicentes del concurso demandado.

vi) Los interesados agotaron la reclamación administrativa y solicitaron la
inaplicación de las aludidas reglas; sin embargo, la CNSC mantuvo su decisión de
excluirlos del certamen, situación que vulneró sus derechos a la igualdad, debido
proceso, acceso a cargos públicos y dignidad humana.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes sostuvieron que los actos acusados quebrantaron los artículos 29
y 125 de la Constitución Política; y 74 del CPACA.

Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes cargos:

i) Las directrices de la convocatoria desconocieron el derecho al debido proceso,
pues se les impidió a los aspirantes presentar reclamaciones frente al resultado del
examen médico con sustento en otros conceptos científicos, es decir, que se trató
de un formalismo inocuo que no garantiza la defensa del participante. En efecto,
solamente se otorgó validez a los resultados emitidos por la entidad contratada por
la CNSC para agotar dicha etapa.

ii) La convocatoria demandada desconoció las normas generales del derecho
administrativo, en tanto se impidió interponer recursos contra los resultados de los
exámenes médicos y la decisión de excluir a los concursantes por esa razón, como
si se tratara de determinaciones infalibles.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

iii) Las irregularidades antes descritas quebrantaron el principio del mérito que debe
orientar el acceso al empleo público y que implican valorar a los aspirantes como
seres humanos integrales, en atención a sus capacidades, conocimientos y las
calidades que adquieren en el ejercicio académico y de sus funciones.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. La CNSC, por intermedio de apoderada, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes razonamientos:4

i) En el proceso de selección objeto de enjuiciamiento se estableció un examen
médico como requisito para ingresar al curso de formación o complementación, es
decir, que un resultado desfavorable podía generar la exclusión del certamen.

ii) Dicha valoración permitía analizar la aptitud física y psicofísica del participante,
con base en los estándares científicos y técnicos determinados por el profesiograma
que adoptó la entidad nominadora.

iii) Los interesados podían controvertir los resultados del examen médico; sin
embargo, «la reclamación en ningún caso le asegura al aspirante que sean
aceptados resultados emitidos por un centro médico ajeno al contratado en el
proceso de selección», pues se modificarían las reglas de la convocatoria.

iv) Las reclamaciones se regían por el artículo 9 del Decreto 760 de 2005, norma
especial que prima sobre el artículo 74 del CPACA, invocado por los actores.

v) El señor Dennis Gerardo Mera Buchelli, obtuvo resultado de «NO APTO» en la
valoración médica, sustentada en la inhabilidad «Proteinuria positiva» y que está
enlistada en el profesiograma del INPEC para el empleo de Dragoneante.

4
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

4

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Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

vi) El 21 de abril de 2015, el mencionado aspirante «solicitó que se le otorgara
respuesta de fondo a la reclamación en contra de los resultados de no aptitud
médica», petición que fue atendida mediante oficio del 7 de mayo de 2015 y se
confirmó la valoración.

vii) El 21 de febrero de 2018, el señor Mera Buchelli solicitó que se dejaran sin
efectos los artículos 38, inciso 7, y artículo 41 del Acuerdo de 168 de 2012, así como
su reintegro al proceso de selección. Esta petición fue despachada negativamente,
mediane Oficio 20182120232461 del 17 de abril de 2020.

viii) Se deben negar las pretensiones del señor Miguel Fernando Rojas Vicentes,
porque las reglas de la convocatoria demandada no modificaron su situación
particular, ya que no se presentó para ese proceso de selección, sino para la
Convocatoria 127 de 2009 y obtuvo un resultado de «NO APTO» en la etapa de
valoración médica por deficiencia auditiva.

ix) El mencionado participante controvirtió dicha decisión. Esta petición fue atendida
por la CNSC y la Universidad Autónoma de Nariño, es decir, que no se configuró el
acto ficto demandado. En efecto, mediante oficio del 29 de junio de 2010, se
confirmó su estado de no aptitud médica.

x) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de causales de nulidad
y validez del acto demandado; 2) incumplimiento de la carga probatoria; y 3) falta
de legitimación en la causa por activa respecto del señor Miguel Fernando Rojas
Vicentes.

1.2.2. El INPEC, vinculado como tercero interesado, solicitó que se negaran las
súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos:5

i) El INPEC carece de legitimación en la causa por pasiva.

5
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

5

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Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

ii) La CNSC adelantó la convocatoria acusada dentro del marco de sus competencias,
pues el artículo 2.2.6.12 del Decreto 1083 de 2015 la facultó para regular el
procedimiento de las reclamaciones elevadas por los aspirantes.

iii) El acuerdo demandado respetó el derecho al debido proceso y previó la selección
de un contratista para realizar los exámenes médicos a los participantes con
sujeción a los principios de especialización, imparcialidad, confiabilidad y validez de
los instrumentos, con lo que se garantiza la transparencia del proceso, así como la
igualdad, pues todos fueron evaluados bajo idénticas condiciones sin que existiera
un interés particular para emitir el juicio respectivo.

iv) Las reclamaciones cumplen las veces del recurso de reposición al interior de los
concursos de méritos.

1.3. Sentencia anticipada

Mediante auto del 11 de noviembre de 2021, el magistrado conductor del proceso
evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los
términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080
de 2021. En consecuencia, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 ibidem y se fijó el litigio en la siguiente forma:6

Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el caso sub judice recae en desentrañar las siguientes situaciones:

a. Si hay lugar a declarar la nulidad de los artículos 30, numerales 7 y 8; y 41 del
Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012 y de los actos administrativos particulares
contenidos en el Oficio 20182120232461 del 17 de abril de 2018 y en el acto ficto o
presunto derivado de la petición elevada por el señor Miguel Fernando Rojas
Vicentes, por haber sido expedidos con infracción de las normas en las que deberían
fundarse (artículos 29 y 125 de la Constitución Política y 74 del CPACA) y con
desviación de las atribuciones legales de quien los profirió.

6
Folios 59 a 65.

6

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Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

b. En caso afirmativo, si se deben reintegrar a los señores Dennis Gerardo Mora
Buchelli y Miguel Fernando Rojas Vicente al concurso de méritos convocado en el
Proceso de Selección 132 de 2012, regulado por el citado Acuerdo 168 del mismo
año, para ocupar el cargo de dragoneante del INPEC.

c. Por otro lado, analizar si las excepciones mixtas o perentorias de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el INPEC, y de falta de legitimación
en la causa por activa del señor Miguel Fernando Rojas Vicente, planteada por la
CNSC, tienen vocación de prosperidad.

d. En caso negativo, establecer si los actos administrativos enjuiciados se encuentran
ajustados a la ley y no vulneraron los derechos al debido proceso y mérito de los
demandantes.

1.4. Alegatos de conclusión

Los demandantes guardaron silencio. La CNSC y el INPEC reiteraron los argumentos
expuestos en las respectivas etapas del proceso.7

1.5. El Ministerio Público

La Procuraduría Tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes razonamientos:8

i) Las disposiciones de la convocatoria demandada eran aplicables a todos los
inscritos en condiciones de igualdad y tuvo en cuenta que la naturaleza del empleo
ofertado requería condiciones físicas que permitieran su ejercicio de manera idónea
ante eventos inesperados y riesgosos.

ii) Los aspirantes podían objetar el examen médico y aportar «los medios
probatorios que se estimaran útiles y pertinentes». Además, la entidad contratada
era independiente. De esta manera se salvaguardó el debido proceso de los
participantes, pues las reclamaciones constituían medios adecuados de
impugnación dentro del certamen.

7
Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
8
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

El INPEC propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y la
CNSC la presentó por activa respecto del señor Miguel Fernando Rojas Vicentes.

La legitimación en la causa se ha entendido como el vínculo de los sujetos
procesales frente a la pretensión, es decir, que concierne a la posibilidad de formular
u oponerse a las pretensiones de la demanda, según se trate del sujeto activo o
pasivo «con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso».9

A su turno, se ha explicado que la legitimación en la causa se puede abordar desde
dos perspectivas, a saber:10

a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa. Bajo este entendido, «quien cita a otro y le atribuye a otro la
lesión o afectación, está legitimado de hecho por activa, y al citado o imputado
se le predica que está legitimado de hecho por pasiva. Cada uno de estos está
legitimado de hecho en los roles procesales que le corresponde».11

b) Material. La legitimación en la causa material, por activa, se predica de la
efectiva titularidad del derecho reclamado y, por pasiva, de quien tiene a su cargo
la obligación, es decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga
avante y que el accionado sea quien deba responder por las resultas del proceso.

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 25 de septiembre de 2013, radicado: 25000 23 26 000
1997 5033 01 (20.420).
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado: 05001 23 31 000 2008 00576
01.
11
Ibidem.

8

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

Así las cosas, la legitimación material «alude ya no a la relación procesal sino a
aquella que emerge de la participación real de las personas en la conducta que
da origen a la demanda, esto es, en la relación sustancial o de derecho».12

De acuerdo con el anterior análisis, se observa que el señor Miguel Fernando Rojas
Vicentes y el INPEC gozan de legitimación en la causa de hecho, pues respecto de
ambos se trabó la relación jurídica procesal por activa y pasiva, respectivamente,
mediante la notificación del auto admisorio de la demanda.

Además, los actores pretenden ser nombrados como dragoneantes del INPEC, por
lo que la entidad fue vinculada al litigio en calidad de tercero con interés.

Por su parte, la legitimación material dependerá de las resultas del proceso, lo cual
implica verificar si las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar y, en
dado caso, determinar la autoridad llamada a atenderlas; sin embargo, estas
cuestiones dependerán del análisis de fondo que se haga en los acápites siguientes.

2.2. El problema jurídico

Conforme a la fijación del litigio efectuada en el sub lite, el problema jurídico
consiste en determinar lo siguiente: i) si los actos administrativos demandados se
expidieron con infracción de las normas en las que deberían fundarse (artículos 29
y 125 de la Constitución Política y 74 del CPACA) y con desviación de las atribuciones
legales de quien los profirió; y ii) en caso afirmativo, si se debe reintegrar a los
señores Dennis Gerardo Mera Bucheli y Miguel Fernando Rojas Vicentes al
concurso de méritos parcialmente enjuiciado y nombrarlos como dragoneantes del
INPEC.

2.3. Contenido de las disposiciones acusadas en simple nulidad - Artículos 38,

12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2018, radicado: 05001 23 31 000 2008 00576
01.

9

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012

ACUERDO NO. 168 DEL 21 DE FEBRERO DE 2012

La Comisión Nacional del Servicio Civil, convoca el proceso de selección para
proveer por Concurso – Curso abierto de méritos el empleo de Dragoneante,
Código 4114, Grado: 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

CONVOCATORIA NO. 132 DE 2012
[…]
Artículo 38°. Importancia y efectos del resultado del examen médico: […]

El único resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica
y psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada contratada
previamente para tal fin por la CNSC, a través de un proceso de selección de contratista
de conformidad con el estatuto de contratación vigente.

Los exámenes médicos practicados a cada aspirante no son una prueba dentro de la
Convocatoria, sino que constituyen un requisito para ingresar al Curso de Formación
o Complementación en la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, el resultado de
los exámenes médicos después de reclamaciones, tendrá carácter de definitivo.
[…].

Artículo 41°. Reclamaciones por resultados de exámenes médicos: Las
reclamaciones de los aspirantes con concepto de NO APTO, con ocasión de los
resultados del examen médico, serán presentados ante la CNSC o ante la entidad
delegada, dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados.

La reclamación será decidida y comunicada a través de la página web de la CNSC.

Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado de examen médico,
no procede ningún recurso.

2.4. Marco normativo

El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad de
administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.

Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

El artículo 4 ibidem previó la existencia de sistemas específicos de carrera,
entendidos como «aquellos que en razón a la singularidad y especialidad de las
funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen
regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa
en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y
se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan la función
pública».

A la CNSC también le compete la administración y vigilancia de las carreras
específicas,13 dentro de la cuales el legislador incluyó al INPEC, teniendo en cuenta
la misión institucional encomendada a ese ente y las particularidades que revisten
las funciones asignadas a sus cargos. Al respecto, la Corte Constitucional mencionó
las siguientes características que justificaban dicho tratamiento:14

i) Los sistemas específicos de carrera no abandonan, sino que reafirman el
principio del mérito para acceder al empleo público, pero sin desconocer las
condiciones especiales que justifican la excepción a la aplicación integral de
las normas generales y demandan «la configuración de escenarios normativos
particulares con flexibilidad».15 De esta manera, se logra que las entidades
con sistemas específicos de carrera cuenten con personal calificado y presten
eficientemente el servicio encomendado.

ii) La especial naturaleza del servicio penitenciario y carcelario se funda en
su función de mantener y garantizar el orden, la disciplina, la custodia y la
vigilancia de los internos en las prisiones, a través de políticas preventivas,
educativas y resocializadoras.

13
Sentencia C-1230 de 2005. La Corte Constitucional ha reiterado que la CNSC es competente para administrar
y vigilar la carrera del INPEC. Ver Sentencias C-753 de 2008, C-471 de 2013, C-285 de 2015 y C-645 de 2017.
14
Sentencias C-507 de 1995, C-534 de 2016, C-645 de 2017 y C-097 de 2019, entre otras.
15
Sentencia C-534 de 2016.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

iii) El objeto misional del INPEC se enfoca en la población privada de la
libertad, que demanda del Estado la protección de sus derechos
fundamentales y las herramientas necesarias para su resocialización y
reincorporación a la sociedad, por ende, quienes conforman el cuerpo de
seguridad deben ser consecuentes con la humanización de las condiciones
carcelarias y el trato digno a los reclusos.16

iv) El personal adscrito al ramo penitenciario y carcelario cumple funciones
de carácter especial, singular y específico que «difieren en cierto grado de las
tareas que normalmente cumplen los servidores públicos en la generalidad de
las entidades del Estado»,17 por lo que ameritan un régimen propio de
«deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades y de control de su
actividad laboral, tanto en el interior como en el exterior de los
establecimientos carcelarios, y de situaciones administrativas, causales de
ingreso y de retiro del servicio, régimen disciplinario, etc».

v) El Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso que a los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional se les aplicará el
régimen de alto riesgo contemplado en el Decreto 2090 de 2003, previsión
que responde a la necesidad de proteger de forma especial a las personas
que por su profesión u ocupación están sujetos al ejercicio de actividades de
alto riesgo.

2.5. Hechos probados

• El 6 de febrero de 2012, por Resolución 000305, el director general del INPEC
adoptó el profesiograma, perfil profesiográfico e inhabilidades médicas para el
empleo de dragoneante.18

16
Corte Constitucional, Sentencias C-097 de 2019 y T-153 de 1998.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-645 de 2017.
18
Información visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

• El 21 de febrero de 2012, por Acuerdo 168, la CNSC suscribió la Convocatoria 132
de 2012 al proceso de selección «para proveer por Concurso – Curso abierto de
méritos el empleo de Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC». Se ofertaron 718 vacantes distribuidas de la
siguiente forma:19

• 218= Curso de formación para varones
• 500= Curso de complementación para varones

• El 6 de junio de 2013, por Resolución 1219, la CNSC conformó la lista de elegibles
para proveer 500 vacantes en el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11,
en el INPEC, ofertado en la Convocatoria 132 de 2012 - «Curso de
Complementación».20

• El 25 de septiembre de 2013, mediante la Resolución 2091, 21 la CNSC conformó la
lista de elegibles para proveer 218 vacantes del mencionado empleo y convocatoria
en la modalidad «Curso de Formación».22

• El 21 de febrero de 2018, el señor Dennis Gerardo Mera Bucheli le solicitó a la
CNSC dejar sin efectos los artículos 38, inciso 7, y 41 del Acuerdo 168 de 2012 y

reintegrarlo al proceso de selección para proveer el cargo de dragoneante del INPEC
y permitirle concluir las restantes etapas dentro de la Convocatoria 132 de 2012.23

Al plenario se aportó idéntica petición, elevada por el señor Miguel Fernando Rojas
Vicentes,24 quien afirmó que no fue respondida y, por lo tanto, se configuró el
silencio administrativo negativo; sin embargo, al contestar la demanda, la CNSC

19
Folios 3 a 25.
20
Información visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
21
Información extraída de la página web de la CNSC y que puede ser consultada en los siguientes enlaces:
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/132-listas-de-elegibles
https://historico.cnsc.gov.co/docs/Resolucion_2091_25_09_2013.pdf
22
Información visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
23
Información extraída del Oficio sin número del 17 de abril de 2018, suscrito por la CNSC (folios 26 a 28).
24
Folios 29 a 30.

13

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Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

anexó el documento que da cuenta de la respuesta de fondo a esa reclamación,
pero no aportó la respectiva constancia de notificación al interesado.

• El 17 de abril de 2018, por Oficio sin número, la CNSC negó la solicitud del señor
Mera Bucheli con fundamento en las siguientes consideraciones: i) la convocatoria
era la norma reguladora del concurso; obligaba a los aspirantes, a la CNSC y a los
operadores contratados en desarrollo del certamen; y se sujetó al ordenamiento
superior; ii) conforme al artículo 38 del Acuerdo 168 de 2012, «para el proceso de
selección el único resultado aceptado respecto de la aptitud médica y sicofísica de
los aspirantes fue el emitido por la entidad especializada contratada, valoración que
se sujetó a los requerimientos médicos y científicos necesarios para obtener un
dictamen acorde con las exigencias del profesiograma para el empleo de
Dragoneante»; y iii) los participantes que tuvieron un resultado de «no apto», tenían
la posibilidad de controvertirlo, inclusive, en algunos casos se encontraron fundados
los motivos de inconformidad y se modificó el resultado.25

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el sub lite se acumularon pretensiones de nulidad y de nulidad con
restablecimiento del derecho. El contencioso objetivo de nulidad se dirigió a atacar
un acto general, específicamente los artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo
168 del 21 de febrero de 2012, por medio del cual la CNSC suscribió la Convocatoria
132 de 2012 al proceso de selección «para proveer por Concurso – Curso abierto
de méritos el empleo de Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC».

Por su parte, al amparo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, los señores Dennis Gerardo Mera Bucheli y Miguel Fernando Rojas
Vicentes atacaron los actos particulares que les negaron las peticiones tendientes
a continuar con el proceso de selección en comento. Como consecuencia, los

25
Folios 26 a 28.

14

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

actores solicitaron que se les permitiera culminar las etapas del certamen, incluirlos
en la lista de elegibles y nombrarlos como dragoneantes del INPEC.

Para efectos metodológicos, la Sala abordará inicialmente las pretensiones de
simple nulidad y luego las de nulidad con restablecimiento del derecho.

2.6.1. Nulidad parcial del Acuerdo 168 de 2012

Los demandantes afirmaron que los artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168
de 2012 incurrieron en causal de nulidad por infracción de las normas en las que
debían fundarse (artículos 29 y 125 de la Constitución Política y 74 del CPACA) y
desviación de las atribuciones legales por parte de la CNSC. En tal sentido,
explicaron que la entidad quebrantó el derecho al debido proceso, el principio del
mérito para acceder a cargos públicos y el procedimiento establecido por el CPACA
para recurrir los actos administrativos.

Específicamente, los actores reprocharon que la convocatoria acusada estableció
una etapa de reclamaciones para controvertir los exámenes médicos que se
practicaran dentro del proceso de selección, pero no permitió aportar otros
conceptos científicos que desvirtuaran dichos resultados, pues las valoraciones que
practicara la entidad contratada serían definitivas. Además, se dispuso que no
podrían interponerse recursos contra el acto que resolviera la reclamación.

Una vez contrastados los anteriores motivos de inconformidad con el marco
normativo que rige el presente asunto y los pronunciamientos jurisprudenciales
emitidos en casos similares al debatido, la Sala concluye que los artículos
demandados están ajustados a la legalidad por las siguientes razones:

i) La Corte Constitucional26 y el Consejo de Estado27 han sido enfáticos en
resaltar que la independencia y autonomía de que goza la CNSC se refleja en un

26
Sentencia C-172 de 2021.
27
Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-
2016).

15

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amplio margen de discrecionalidad administrativa para elaborar las convocatorias
de los concursos públicos, en razón a que es el ente rector de la carrera
administrativa y la encargada de administrar, resguardar y vigilar los procesos de
selección, por lo que es la única facultada para dictar reglas de obligatoria
observancia por parte de la entidad beneficiaria de la provisión de cargos, las
instituciones contratadas para la realización del concurso y los participantes; sin
embargo, debe respetar las competencias que tengan asignadas otras autoridades,
por ende, no le corresponde «determinar los cargos a proveer, ni la estimación de
los eventuales costos y su financiación, ni formular la política pública al respecto,
tareas que implican el desarrollo de otras funciones, las cuales la ley en comento
ha asignado a otros órganos y dependencias». 28

A su vez, las funciones de la CNSC para regular y establecer los lineamientos
generales de los concursos públicos de mérito se encuentran limitadas por lo
previsto en la Constitución, la ley y el reglamento, conforme lo prevé el artículo 11
de la Ley 909 de 2004.

Al respecto, la Sentencia C-372 de 1999 expresó que dicha entidad tiene la jerarquía
de un órgano autónomo y permanente, que ejerce sus atribuciones «sin sujeción al
Gobierno ni a pautas distintas de las que la misma Carta y la ley señalen, y con la
estructura y fuerza institucional necesarias para lograr que el engranaje de la carrera
opere con seguridad y efectividad, y exclusivamente dentro de los criterios
constitucionales».

Por su parte, el artículo 90 del Decreto Ley 407 de 1994, que establece el régimen
de personal del INPEC, dispuso que la convocatoria es la norma reguladora de todo
concurso y esta corporación la ha entendido como «el instrumento jurídico a través
del cual se establecen en forma precisa y concreta las reglas, procedimientos,

28
Sentencia C-183 de 2019.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

requisitos y demás condiciones inmodificables que deben regir las diferentes etapas
del proceso de selección».29

A su vez, en la medida en que un asunto no haya sido exhaustivamente regulado
por el ordenamiento superior, se amplían las facultades de la CNSC para diseñar los
procesos de selección en aras de reclutar a las personas que demuestren mayor
idoneidad, aptitud y capacidad para desempeñar los cargos públicos. 30

En lo que respecta al objeto del debate, esto es, el examen médico tendiente a
evaluar la capacidad psicofísica de los aspirantes al cargo de dragoneante del INPEC,
se observa que el Decreto Ley 407 de 1994 únicamente dispuso que para ingresar
a la entidad se requería «[s]uperar los exámenes médicos y la aptitud psicofísica en
la Caja Nacional de Previsión Social o su equivalente»31 y que para tomar posesión
del empleo se debía aportar el «[c]ertificado médico de aptitud física y mental
expedida por la Caja Nacional de Previsión o por organismo asistencial a cuyo cargo
esté la seguridad social de los empleados del Instituto».32

Se observa que el ordenamiento superior no reguló con detalle la forma en que
debía practicarse dicho examen médico dentro de los procesos de selección para
ocupar un cargo en el INPEC, por lo que la CNSC contaba con mayor amplitud para
reglamentar la materia, en orden a proveer el empleo de dragoneante que fue
ofertado en la Convocatoria 132 de 2012.

En tal sentido, la comisión tenía un vasto margen de acción para ejercer la atribución
fijada en el artículo 13 del Decreto 1227 de 2005, concerniente a «elaborar y
suscribir las convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-
03-25-000-2018-00890-00 (3125-2018).
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-
03-25-000-2018-00890-00 (3125-2018).
31
Artículo 11.
32
Artículo 13.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

el perfil de competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las
vacantes, de acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos».

ii) La CNSC materializó la aludida competencia con sujeción a los lineamientos
internos fijados por el INPEC para el desempeño del cargo de dragoneante. En efecto,
el artículo 7 del acuerdo demandado dispuso que el proceso de selección se regiría,
entre otras disposiciones, por el Decreto Ley 407 de 1994 y la Resolución 000305
del 6 de febrero de 2012, que adoptó el profesiograma, perfil profesiográfico e
inhabilidades médicas para el mencionado empleo.

De acuerdo con la Resolución 000305 de 2012, el profesiograma es «el documento
técnico en donde se definen las tareas, responsabilidades, particularidades físicas
y ambientales requeridas para el desempeño de un empleo y adicionalmente,
establece los medios científicos necesarios para investigar que el empleado pueda
desempeñarse en el puesto de trabajo para el cual es postulado. Así mismo, el Perfil
Profesiográfico en el que se indican las características, aptitudes y actitudes que
debe tener una persona para desempeñar un empleo».

El referido estudio se realizó por el Grupo de Salud Ocupacional de la Subdirección
de Talento Humano del INPEC y la empresa Positiva Compañía de Seguros – ARP.
En lo que respecta a las inhabilidades médicas, se hizo énfasis en las razones
técnicas y científicas que justificaban las limitaciones físicas y mentales que se
imponían para el ingreso al cargo de dragoneante, cuya propósito y funciones son
los siguientes:33

Propósito del empleo. Mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los
programas de tratamiento integral, en los establecimientos de reclusión, la custodia y
vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y en general
asegurar el normal desarrollo de las actividades en los establecimientos de reclusión.

Artículo 12°. Funciones del empleo:

1. Realizar tareas y actividades de seguridad, custodia y vigilancia cumpliendo
los servicios en garitas, pabellones, puestos de acceso y control, áreas comunes,

33
Artículos 11 y 12 de la Convocatoria 132 de 2012.

18

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remisiones, patrullas, detención y prisión domiciliaria, actividades de los grupos
especiales del Instituto, conforme a los reglamentos y procedimientos.
2. Custodiar, identificar y controlar a los internos en los establecimientos de
reclusión, en pabellones, talleres, aulas y demás áreas comunes, durante el traslado
de internos en remisiones locales, intermunicipales, en diligencias judiciales,
hospitales, centros de salud y demás lugares donde deba ser conducido previa orden
de autoridad competente, conservando en todo caso la vigilancia visual.
3. Requisar razonable y proporcionalmente a las personas (internos,
funcionarios, visitantes), vehículos (oficiales y particulares), paquetes, volumen de
carga, instalaciones, elementos que se encuentren dentro del espacio penitenciario
tendiente al lograr el decomiso de elementos y sustancias ilícitas, prohibidos o
restringidos a la comunidad carcelaria y penitenciaria, dando curso inmediato de estos
decomisos, a las autoridades administrativas y judiciales respectivas.
4. Utilizar y maniobrar razonable, adecuada y proporcionalmente los elementos
y bienes entregados en dotación, la estructura física de las instalaciones, los
vehículos, equipo electrónico de seguridad, elementos coercitivos, de defensa y
restrictivos, verificando su funcionamiento, cantidad, calidad y estado.
5. Guardar la confidencialidad de la información a que tenga acceso por
razones de su cargo […].
6. Proteger los derechos fundamentales de internos, visitantes y empleados
para garantizar la vida, integridad personal, honra, bienes, creencias y libertades,
dentro del marco de limitación legal que impone a los reclusos su condición de
sindicado o condenado para la preservación del orden, la seguridad y la autoridad.
7. Realizar ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física;
participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad
de los establecimientos de reclusión.
[…]

Por su parte, el Decreto Ley 2090 de 2003 definió las actividades de alto riesgo,
como aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la
expectativa de vida saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales
que ejecuta, con ocasión de su trabajo. Dentro de esas actividades incluyó las
desarrolladas por el personal del INPEC dedicado a la custodia y vigilancia de los
internos en los centros de reclusión carcelaria.

De esta manera, se encuentra suficiente justificación de orden constitucional y legal
para que la CNSC hubiera implementado la aprobación de los exámenes médicos
como un trámite previo para ingresar al curso de la escuela del INPEC.

Igualmente, la previsión de que el único resultado aceptado en el proceso de
selección, respecto de la aptitud médica y psicofísica del aspirante, fuera el emitido
por la empresa especializada contratada previamente para tal fin por la CNSC, es

19

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
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acorde con la autonomía, independencia y discrecionalidad que tiene la entidad para
el diseño de los procesos de selección.

Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido que la Ley 909 de 2004 pretendió
«facultar de manera amplia a la CNSC para establecer, en cada uno de los procesos
de selección, el tipo de pruebas a realizar para determinar el mérito de los
participantes, dependiendo, entre otras, de la naturaleza y funciones de la entidad
que solicite la provisión de los cargos de carrera administrativa de su planta de
personal a través del concurso, y de las necesidades del servicio existentes para el
momento de la realización de la Convocatoria, pero siempre en condiciones de
igualdad, objetividad, publicidad e imparcialidad».34

En consonancia con el referido criterio, se advierte que las normas acusadas no
contienen una medida arbitraria, ni vulneran el debido proceso o el mérito para
acceder a cargos públicos; por el contrario, cumplen las siguientes finalidades
legítimas:

a) Garantizar que el examen sea practicado por una empresa contratada como
un observador imparcial, calificado y conocedor del perfil del cargo ofertado. En
tal sentido, el acto enjuiciado dispuso que con dicha evaluación se analiza la
aptitud médica y psicofísica, con base en el profesiograma adoptado por el INPEC
y los instrumentos previstos por la entidad.

b) Salvaguardar la eficiencia en el servicio público, pues se promueve que la
evaluación sea practicada por una empresa idónea y que busque reclutar al
personal más apto para el desempeño del empleo de dragoneante.

c) Asegurar la aplicación técnica y uniforme de los exámenes médicos, en aras
de materializar la igualdad entre los aspirantes y una calificación objetiva de sus
capacidades físicas y mentales.

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2015-
01053-00 (4603-2015).

20

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Por su parte, la Corte Constitucional ha sostenido que las instituciones públicas
pueden excluir a un aspirante que no cumple cualquiera de los requisitos que hayan
exigido para el desempeño de determinadas tareas, «siempre y cuando (i) los
candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de lo que se les
exigía, (ii) el proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones;
y (iii) la decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración
objetiva del cumplimiento de las reglas aplicables».35

En el sub lite, también se encuentran acreditados los anteriores presupuestos, pues
la convocatoria fue publicada; especificó la práctica de exámenes médicos, enfatizó
en su importancia, determinó la forma en que serían realizados y aclaró que eran el
mecanismo válido para demostrar que los interesados no tenían ningún tipo de
afección médica, sicológica, física o mental que comprometiera su capacidad para
acceder a la función pública; dio a conocer las inhabilidades médicas para el empleo
ofertado; determinó que dicha evaluación sería obligatoria para todos los aspirantes;
y se fundó en el perfil profesiográfico adoptado por el INPEC para el empleo de
dragoneante.

iii) De otro lado, los demandantes reprocharon que en la forma que está
configurada la convocatoria no es posible aportar resultados científicos alternos que
desvirtúen los exámenes practicados por la entidad designada por la CNSC dentro
del concurso; sin embargo, esta corporación ha explicado que ese entendimiento
no se deduce necesariamente de las bases del certamen, por las siguientes
razones:36

53. […] la lectura del Acuerdo 502 de 19 de noviembre de 201337 expedido por
la CNSC no es posible evidenciar que este prohíba a los concursantes soportar sus
reclamaciones contra los exámenes médicos en conceptos médicos o técnicos

35
Sentencia T-463 de 1996.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-25-
000-2018-00791-00 (3026-2018). En similar sentido, ver auto del 12 de abril de 2021, proferido por esta
Subsección, radicado: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-18 y 3023-18) Acumulado.
37
Por el cual se convoca al proceso e selección para proveer por Concurso – Curso abierto e méritos el empleo
de dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

21

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
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obtenidos de forma particular, que hayan sido emanados de entidades especializadas
diferentes a la institución delegada por la CNSC para adelantar los exámenes
médicos en el marco del concurso de méritos. Por lo tanto, por esta circunstancia
tampoco es posible evidenciar la aludida trasgresión del debido proceso alegada por
los actores.

54. […] si bien es cierto que la decisión definitiva la toma la CNSC a partir del
concepto médico que emita la entidad especializada contratada para tal fin; ello no
significa que no se le permita al aspirante adjuntar a su reclamación conceptos
médicos antagónicos, obtenidos por la vía particular.

En este orden de ideas, se reivindica que la decisión final frente a la aptitud o no del
aspirante la toma la entidad contratada para certificar tal condición, pero ello no
implica un límite a sus posibilidades de defensa, por ende, en cada caso concreto
deberá analizarse si existen elementos de juicio que permitan evidenciar una posible
irregularidad en los exámenes médicos practicados por la institución autorizada
dentro del proceso de selección.

La anterior tesis encuentra respaldo en varios pronunciamientos proferidos en sede
de tutela por la Corte Constitucional38 y el Consejo de Estado,39 pues en algunas
oportunidades se han tomado en cuenta los exámenes aportados por los aspirantes
como un motivo de duda que amerita un esclarecimiento por parte de la CNSC y en
otros se han desestimado los conceptos médicos alternos, en tanto deviene
«razonable que no se hayan descartado los resultados alcanzados» por la empresa
contratada por la CNSC, puesto que las nuevas valoraciones no generan «dudas
suficientes en torno a la aptitud física de los actores».40

La Sentencia T-586 de 2017 hizo un recuento de los pronunciamientos efectuados
por la Corte Constitucional en casos en que se había cuestionado la exclusión de

38
Sentencias T-785 de 2013, T-798 de 2013, T-572 de 2015, T-441 de 2017, T-551 de 2017, T-586 de 2017 y T-
160 de 2018.
39
i) Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2017, radicado: 25000-23-37-000-2016-
02154-01; ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, radicado: 52001-23-33-000-
2016-00634-01; iii) Sección Cuarta, sentencia del 4 de mayo de 2017, radicado: 19001-23-33-000-2016-00533-
01; iv) Sección Cuarta, sentencia del 1 de junio de 2017, radicado: 41001-23-31-000-2016-00166-01; v) Sección
Primera, sentencia del 23 de junio de 2017, radicado: 52001-23-33-000-2016-00640-01.
40
Sentencia T-785 de 2013.

22

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
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algunos aspirantes al empleo de dragoneante en diversas convocatorias del INPEC
y concluyó lo siguiente:

[…] en los casos en los que excepcionalmente a través de tutela se han concedido
amparos a aspirantes dentro de procesos de concurso de méritos del INPEC, estos
se han dado como consecuencia de importantes errores o falencias dentro de los
procedimientos propios, esto es, cuando se exigen requisitos adicionales a los
estipulados en las convocatorias (T-590 de 2015); cuando no se ha dado respuesta a
las reclamaciones o a derechos de petición de los aspirantes (T-590 de 2015) o
cuando, por ejemplo, se han advertido irregularidades en las valoraciones médicas
(T-785 de 2013 y T-572 de 2015), circunstancias que en cada caso particular debe
valorar el juez constitucional.

De este modo, las decisiones judiciales han dependido de las especificidades de
cada litigio, la oportunidad de la reclamación, el momento en que se practicaron las
evaluaciones alternas, el profesional evaluador, así como la ponderación del
derecho a la igualdad de los demás participantes y el respeto de las bases de la
convocatoria.

Bajo este hilo argumentativo, se concluye que el acuerdo enjuiciado no reviste un
vicio de ilegalidad, pues no estableció límites expresos a las reclamaciones de los
aspirantes, cosa distinta es que frente a situaciones particulares deba evaluarse si
la CNSC o la empresa encargada de resolver dichas solicitudes vulneraron de alguna
manera el derecho de contradicción de los participantes.41

iv) Por otra parte, los accionantes sostuvieron que como la decisión frente a las
reclamaciones no era pasible de recursos, se desconoció el artículo 74 del CPACA;
sin embargo, esta corporación ha sostenido que, conforme al artículo 2 ibidem, el

41
Esta corporación en otras oportunidades ha explicado que el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho es el mecanismo idóneo para acusar los actos que dentro del certamen afectan las situaciones
particulares de los aspirantes. Ver: i) Sección Segunda, Subsección B, auto del 12 de mayo de 2022, radicado:
11001-03-25-000-2018-00790-00 y 11001-03-25-000-2018-00892-00 (3025-2018 y 3136-2018) (acumulados);
y ii) Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de dos 2022, radicado: 11001-03-24-000-2014-00004-
00 (5276-2019); iii) Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2020, radicado: 11001-03-25-
000-2018-00789 00 (3024-2018).

23

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

procedimiento administrativo desarrollado en la primera parte de ese estatuto se
aplica de manera residual frente a procedimientos regulados en leyes especiales.42

Con base en dicho lineamiento, en el presente caso no debe aplicarse el artículo 74
del CPACA, ya que el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005, «por el cual se establece
el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil
para el cumplimiento de sus funciones», contiene una norma especial para los
concursos adelantados por la CNSC en el sentido de indicar que contra la decisión
sobre las reclamaciones de los participantes por los resultados obtenidos en las
pruebas aplicadas en los procesos de selección, no procede ningún recurso, es decir,
que el acuerdo acusado fue consecuente con esa normativa.43

Aunque el examen médico no es una prueba dentro del certamen, sí es un trámite
previo para continuar con el curso de formación o complementación en la escuela del
INPEC y se encamina a valorar «la aptitud de los aspirantes ya no de cara a las

competencias requeridas para desempeñar el cargo sino desde la perspectiva de la
seguridad y salud en el trabajo, antes denominada salud ocupacional». 44

Bajo esta intelección, era razonable que las respuestas otorgadas a las reclamaciones
presentadas frente a dichas evaluaciones siguieran las reglas generales previstas
para las demás pruebas.

Aunado a ello, esta corporación ha indicado que la reclamación que se formula contra
el resultado del examen médico cumple la finalidad del recurso de reposición en
sede administrativa, pues se encamina a que la autoridades revisen su decisiones
y las ajusten cuando lo estimen procedente.45

42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 12 de abril de 2021, radicado: 11001-03-25-
000-2018-00786-00 (3021-18 y 3023-18) Acumulado.
43
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 12 de abril de 2021, radicado: 11001-03-25-
000-2018-00786-00 (3021-18 y 3023-18) Acumulado.
44
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-
03-25-000-2018-00890-00 (3125-2018).
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 12 de mayo de 2022, radicado: 11001-03-25-
000-2018-00790-00 y 11001-03-25-000-2018-00892-00 (3025-2018 y 3136-2018) (acumulados).

24

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

Así las cosas, se debe negar la pretensión de simple nulidad elevada contra los
artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012, ya que
no se demostraron los vicios enrostrados por los demandantes.

2.6.2. Nulidad de los actos particulares acusados y restablecimiento del
derecho

Las pruebas aportadas al plenario evidencian que los demandantes no acusaron los
actos que resolvieron su situación particular y, por lo tanto, no es posible emitir un
pronunciamiento de fondo frente a la legalidad de aquellos y el restablecimiento del
derecho invocado.

En efecto, el Consejo de Estado46 ha explicado que los actos administrativos que
se expiden durante el transcurso del proceso de selección son de trámite o
preparatorios, por tal motivo solamente se ha admitido la posibilidad de enjuiciar
aquellos que excluyen a un aspirante de continuar con el certamen y la lista de
elegibles, pues ambos adoptan decisiones que se tornan definitivas en la medida
en que impiden continuar con las etapas del concurso o determinan el orden de los
participantes para ocupar los cargos ofertados, de acuerdo con los puntajes
obtenidos en las diferentes pruebas.

De esta manera, se ha explicado que los actos de calificación que eliminan a los
participantes y la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de situaciones
jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los
convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al
participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa».47

46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 25000-
23-41-000-2012-00680-01 (3562-2015).
47
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 66001-
23-33-000-2016-00794-01(2162-18). Actor: María Isabelle González Pelchat. Demandado: Procuraduría General
De La Nación. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá, D.C. 2 de octubre de 2019.

25

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

Ahora bien, en el presente caso los demandantes no enjuiciaron los actos que los
excluyeron del proceso de selección, ni las listas de elegibles que se conformaron
luego de culminadas todas las etapas y pruebas previstas en la convocatoria, sino
que elevaron nuevas reclamaciones tendientes a dejar sin efectos el acto general que
fijó las bases del concurso y, como consecuencia, solicitaron que se les permitiera
continuar con dicho certamen, pese a que ya había culminado.

Inclusive, la CNSC sostuvo que el señor Miguel Fernando Rojas Vicentes, no se
presentó para ese proceso de selección 132 de 2012, sino para la Convocatoria 127
de 2009.

Al margen de la anterior afirmación, lo cierto es que en este caso no se demandaron
los actos que excluyeron a los accionantes de los referidos certámenes, como
tampoco se acusaron las correspondientes listas de elegibles.

Al respecto, es oportuno reiterar la jurisprudencia de esta corporación en el sentido
del deber que tienen los demandantes de acusar los actos que resolvieron su
situación definitiva, pues ello es presupuesto indispensable para deprecar el
consecuente restablecimiento del derecho. En tal sentido, se ha indicado lo
siguiente:48

Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe demandarse
judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada sobre el derecho
subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un restablecimiento en favor de
la parte demandante.

Nótese que las pretensiones que se plantean en la demanda delimitan el ejercicio de
la capacidad decisoria del juez y por supuesto debe guardar congruencia la nulidad
del acto con el restablecimiento del derecho pretendido, de lo contrario, se torna
dificultosa la labor de adoptar una decisión de fondo, lo que indiscutiblemente llevaría
a un fallo inhibitorio.

48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril de 2019, radicado: 25000-23-42-
000-2016-03390-01 (4082-2017).

26

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

Igualmente, llama la atención que el proceso de selección cuestionado en el
presente asunto culminó con listas de elegibles publicadas los días 6 de junio y 25
de septiembre de 2013; sin embargo, solo hasta el 21 de febrero de 2018 el señor
Dennis Gerardo Mera Bucheli solicitó su inclusión en el certamen y respecto del
señor Miguel Fernando Rojas Vicentes no consta cuándo fue radicada, pero en uno
y otro caso se evidencia que los accionantes omitieron el deber de acusar los actos
que definieron su situación jurídica.

Además, las listas de elegibles debieron demandarse dentro de los 4 meses
siguientes a su publicación, conforme lo dispone el artículo 164 del CPACA para el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, la
presente demanda se radicó el 16 de mayo de 2018, esto es, casi 5 años después
al referido plazo, con lo cual se demuestra el interés de revivir términos procesales
vencidos para accionar ante esta jurisdicción.49

Así las cosas, en lo que atañe a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho, se declarará la excepción de actos administrativos no pasibles de control
jurisdiccional. En este caso no se puede predicar una ineptitud de la demanda, pues
el defecto anotado no configura la aludida excepción, sino que constituye una
irregularidad autónoma. En tal sentido, el Consejo de Estado ha precisado que la
ineptitud de la demanda únicamente se presenta en los siguientes casos: a. cuando
el libelo introductorio omite los requisitos formales establecidos en los artículos 162,
163, 166 y 167 del CPACA; y/o b. cuando se evidencia una indebida acumulación de
pretensiones.50

2.7. La condena en costas

Los actores promovieron el medio de control de nulidad y aunque elevaron algunas

49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado: 0800-
12-33-3000-2014-01126-01 (2967-16).
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto de 21 de abril de 2016, radicado: 47001-23-33-
000-2013-00171-01 (1416-2014). Se aclara que el radicado correcto del proceso es el siguiente: 47001-23-33-
000-2013-90171-01 (1416-2014).

27

Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

pretensiones encaminadas a obtener un restablecimiento del derecho, aquellas se
fundaron en los vicios de legalidad invocados frente a un acto administrativo
general, por lo que se atenderá la regla fijada en el 188 del CPACA51 que impide
imponer costas en asuntos en los que se ventile un asunto de interés público.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que los demandantes no lograron desvirtuar la legalidad de los artículos
38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012. Además, los actos
particulares accionados no definieron la situación jurídica de los señores Dennis
Gerardo Mera Bucheli y Miguel Fernando Rojas Vicentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra los
artículos 38, incisos 7 y 8; y 41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012, por
medio del cual la CNSC suscribió la Convocatoria 132 de 2012 al proceso de
selección «para proveer por Concurso – Curso abierto de méritos el empleo de
Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC», de conformidad con las consideraciones de esta sentencia.

51
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.

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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018)
Demandante: Dennis Gerardo Mera Bucheli y otros

Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de actos administrativos no
susceptibles de control jurisdiccional respecto de las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho incoadas en el sub lite, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Xiomara Moreno Pérez como
apoderada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC en los términos
y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

29

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