Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00786-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2018-00786-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00786-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00786-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
19 de enero de 2023
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-2018) acumulados
11001-03-25-000-2018-00788-00 (3023-2018) y 11001-03-
25-000-2018-00819-00 (3054-2018)
Demandantes: JOSÉ GERARDO ESTUPIÑÁN RAMÍREZ
Demandada: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Interviniente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCERLARIO
Temas: Valoración médica en el concurso-curso para el empleo de
dragoneante en el INPEC. Cosa juzgada en lo relativo a la
alegación de nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 de 2016
de la Comisión Nacional del Servicio Civil por
desconocimiento del derecho a la igualdad en el acceso a los
cargos públicos ante un requisito de estatura. Norma especial
en materia de recursos en los concursos de carrera
adelantados por la mencionada comisión.
Decisión: Se deniegan las pretensiones de la demanda relacionadas con
la nulidad de los artículos 30 (inciso 4.°), 50 (incisos 6.°, 7.° y
8.°) y 54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016 de la CNSC.
En lo concerniente a la nulidad del artículo 52 ibidem, se debe
estar a lo resuelto en el fallo del 25 de noviembre de 2019,
emitido por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, rad.
11001-03-25-000-2016-00700-00(3049-16).
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA O-1-2023
I. ASUNTO
La Sala de Subsección dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el
proceso judicial tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple de que
trata el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido directamente por el señor José
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
Fernando Estupiñán Ramírez, en contra de la Comisión Nacional del Servicio
Civil (CNSC), y en la que interviene como tercero interesado en el proceso el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
II. DEMANDA1
1. Pretensiones
De acuerdo con las demandas y lo decidido en el auto del 25 de julio de 2022,
por medio del cual se determinó proferir sentencia anticipada y se fijó el litigio2,
en el presente medio de control se pretende la nulidad de los artículos 30 (inciso
4.°), 50 (incisos 6.°, 7.° y 8.°) 52 y 54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016
de la CNSC, «por el cual se convoca a Concurso – Curso Abierto de Méritos para
proveer definitivamente las vacantes del Empleo denominado Dragoneante, Código
4114, Grado 11, perteneciente al Régimen Específico de Carrera del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC – Convocatoria n.° 335 de 2016».
2. Hechos
El demandante describió el contenido de las disposiciones del Acuerdo 563 de
2016 de la CNSC que fueron acusadas, indicando, inicialmente, que el inciso 4.°
del artículo 30 prevé que, contra la decisión que resuelve las reclamaciones sobre
los resultados de las pruebas del concurso, no procede ningún recurso.
Del mismo modo, que los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 consagran, en
relación con la importancia y efectos del resultado de la valoración médica que
se hace en el certamen, que el único aceptado en el proceso de selección en
esta materia sería el emitido por una entidad especializada contratada por la
universidad, institución universitaria o de educación superior, que, a su vez, haya
sido contratada por la CNSC para adelantar el concurso.
También, que esa valoración no es una prueba de la convocatoria, sino un
requisito para ingresar al curso de formación o complementación en la Escuela
Penitenciaria Nacional del INPEC y que los resultados de los exámenes, después
de decididas las reclamaciones, eran definitivos; además que el aspirante
calificado como no apto en la valoración médica sería excluido del proceso de
selección en dicha instancia.
1 La demanda del expediente 3021 se encuentra en los folios 147-155 del cuaderno físico principal
del proceso y en el índice 47 del expediente digital, nombre del archivo: «ED - CUADERNO
PRINCIPAL 1-2-CU ADERNO PRINCIPAL FOLIO 1 AL 20 5.pdf(.pdf) NroActua 47». La del 3023
en los folios 42-47 del cuaderno físico principal de dicho expediente y la del 3054 en los folios 66-
72 de su cuaderno físico principal y en índice 26 de su expediente digital en Samai. Nombre del
archivo: «2_ED_Folio1al102_CuadernoPrin cipalParte1Folio1al102.pdf(.pd f) NroActua 26».
2 Índice 83 del expediente digital.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
Asimismo, que el artículo 52 dispone que uno de los requisitos de aptitud física
de los aspirantes de la convocatoria de dragoneantes del INPEC es, para los
hombres, tener una estatura mínima de 1.66 metros y máxima de 1.98 metros; y
para las mujeres de 1.58 metros y 1.98 metros, respectivamente, y que esa
estatura sería evaluada en el momento de la valoración médica.
Por último, que el artículo 54 establece las reglas sobre la atención y respuesta
a las reclamaciones sobre los resultados de la valoración médica del concurso,
dentro de lo que se prevé que, ante la decisión que resuelve la reclamación en
este asunto, no procede ningún recurso.
3. Normas violadas y concepto de violación
La parte demandante alegó la violación de las siguientes normas:
• Constitución Política de 1991: artículos 13, 29 y 125.
• CPACA: artículo 74.
En su concepto de violación, desde un análisis conjunto de las disposiciones
cuestionadas, el demandante aseguró que se encuentran viciadas de nulidad por
la desviación de las atribuciones de quien las profirió y por la violación de las
normas en que debían fundarse, toda vez que consagran, por un lado, una
discriminación injustificada en contra de las personas que no tengan la estatura
requerida por la norma, y por el otro, que la valoración médica prevista en el
concurso no puede ser controvertida con otros dictámenes especializados
distintos al que emite la entidad contratada para tales efectos en el certamen;
además, que privan a los aspirantes del derecho a interponer recursos en contra
de la decisión que resuelve las reclamaciones que realicen en esta materia.
III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. CNSC3
La Comisión se opuso las pretensiones de la demanda. En ese sentido, indicó
que, de acuerdo con los artículos 125 y 130 de la Constitución, esa entidad es la
encargada de administrar y vigilar el sistema general de carrera administrativa y
los sistemas especiales y específicos de carrera que tengan fundamento legal,
dentro de los que se encuentra el del INPEC. En virtud de ello, procedió a
3 La contestación en el expediente 3021 se encuentra en los folios 176-180 del cuaderno físico
principal del proceso y en el índice 47 del expediente digital, nombre del archivo: «ED -
CUADERNO PRINCIPAL 1-2-CU ADERNO PRINCIPAL FOLIO 1 AL 20 5.pdf(.pdf) NroActua 47».
La del 3023 en el índice 48 ibidem y la del 3054 en el índice 23 de su expediente digital.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
adelantar el concurso abierto de méritos para proveer 400 vacantes definitivas
del empleo denominado dragoneante código 4114, grado 11, perteneciente a la
planta global de personal del mencionado Instituto, proceso identificado como
Convocatoria n.° 335 de 2016 y que fue reglamentado por el Acuerdo 563 del 14
de enero de ese año, demandado en este proceso.
Sobre la valoración médica, la CNSC expuso que, según el artículo 48 del acto
acusado, esta no es una prueba dentro del procedimiento de selección, sino un
trámite previo y obligatorio para ingresar al curso de formación o
complementación; asimismo, que es diferente al examen médico de ingreso al
empleo de dragoneante, que debe realizar el INPEC una vez culmine el proceso
de selección. De esa manera, señaló que por las inhabilidades contempladas en
el profesiograma, aprobado mediante la Resolución 005657 del 24 de diciembre
de 2015 del INPEC y las funciones especiales y esenciales que desempeña el
cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto, el dictamen médico busca la
protección de los derechos a la vida e integridad física de quienes cumplen esas
labores, lo cual es acorde con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia
T-785 de 2013, en la que esa Corporación indicó que es viable exigir en estos
concursos el cumplimiento de requisitos de naturaleza física, siempre que exista
un fundamento científico o médico que lo justifique.
Del mismo modo, explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado4, al tratar
el tema de los resultados obtenidos en los exámenes médicos en estas
convocatorias, no ha sostenido que los diagnósticos particulares que aporten los
aspirantes de los concursos deban ser aceptados de plano, sino que ha precisado
que el examen válido es el que realiza la entidad especializada que se haya
contratado para el proceso de selección.
En lo relativo al requisito de estatura, aseguró que este no surge de un capricho
y tampoco es discriminatorio, pues está justificado en el estudio técnico de los
profesiogramas y perfiles profesiográficos para cada cargo del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC. En ese orden, señaló que el empleo de
dragoneante, cuyas funciones son en gran parte operativas y requieren de un alto
compromiso del sistema esquelético, demanda ciertas aptitudes físicas y
psicológicas especiales de quienes los desempeñan, buscando que estos
puedan afrontar eventuales agresiones o motines. Así, resaltó que una estatura
mínima apropiada facilita la proyección de autoridad y permite el uso adecuado
de los elementos de seguridad propios del cargo.
4 Citada de la siguiente manera: «sentencia de 27 de abril de 2017. Radicado n.° 52001-23-33-
000-2017-00019-01. Actor: Jonathan Zúñiga Zúñiga. Consejero Ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas. Radicado n.° 68001233300020130019701. Consejero Ponente: Dr. Marco
Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado, sentencia con radicado 2013-00007-01, M.P. Dra.
Maria Claudia Rojas Lasso».
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
Por su parte, en lo relativo a la presentación de recursos frente a la decisión sobre
las reclamaciones, aseveró que no se desconoció el artículo 74 del CPACA,
porque ese tema está reglado en una norma especial que es el Decreto 760 de
2005, artículos 10 y 13. Y, finalmente, sostuvo que en el proceso de selección
reglamentado por el acuerdo acusado ya se conformaron las listas de elegibles.
2. INPEC5
El abogado del Instituto también se opuso a las pretensiones de los libelos,
respecto de lo cual indicó que las disposiciones acusadas encuentran su sustento
en las facultades constitucionales de la CNSC para administrar y vigilar los
sistemas especiales o específicos de carrera como el del INPEC.
Igualmente, arguyó que la improcedencia de recursos en contra de las decisiones
sobre las reclamaciones se fundamenta en que estas últimas cumplen la misma
función de un recurso de reposición, y abrir la posibilidad de que se presenten
nuevas impugnaciones en esta materia desconocería los principios de eficacia y
eficiencia en el desarrollo de la convocatoria de carrera.
IV. DETERMINACIÓN ACERCA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE SENTENCIA ANTICIPADA
Mediante auto del 25 de julio de 20226, el consejero sustanciador determinó darle
aplicación a lo previsto en el literal c) del numeral 1.° del artículo 182A del
CPACA, que dispone que, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el
juez puede emitir sentencia anticipada antes de que se celebre la audiencia
inicial, cuando se trate de asuntos en los que «solo se solicite tener como pruebas
las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se
hubiese formulado tacha o desconocimiento».
A partir de lo precedente, el litigio quedó fijado provisionalmente con los
siguientes problemas jurídicos:
«[…]
1. Lo previsto en los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 del acuerdo demandado,
sobre los resultados admisibles de la valoración médica que se practica en el
concurso-curso de dragoneantes del INPEC ¿viola lo consagrado en los
artículos 29 y 125 de la Constitución?
5 Índice 24 del expediente digital del proceso 3054.
6 Índice 83 del expediente digital del proceso 3021-2018.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
2. Lo preceptuado en el artículo 52 del acuerdo acusado, respecto del requisito
de estatura para desempeñar el cargo de dragoneante ¿discrimina
injustificadamente a las personas que no cumplen con ese parámetro
desconociendo así el artículo 13 de la Carta Política?
3. Lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 30 y en el artículo 54 del acto
administrativo acusado, acerca de la improcedencia de recursos en contra de
las decisiones que resuelven reclamaciones en el certamen ¿transgrede los
artículos 29 de la Constitución y 74 del CPACA?».
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Después de ejecutoriada la anterior decisión, mediante auto del 23 de agosto de
la presente anualidad, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para emitir su concepto7. A continuación, se presenta una
síntesis de los alegatos que fueron presentados por las partes:
1. Demandante8
En esencia, el señor José Gerardo Estupiñán Ramírez reiteró sus argumentos
iniciales.
2. CNSC9
La Comisión ratificó las razones expuestas en la contestación de la demanda.
3. INPEC
No presentó alegatos de conclusión.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
No emitió concepto en este proceso.
VII. CONSIDERACIONES
PROBLEMAS JURÍDICOS
Son los mismos que se formularon en el auto del 25 de julio de 2022, que
determinó aplicar sentencia anticipada en este medio de control.
7 Índice 89 ibidem.
8 Índice 95 ibidem.
9 Índice 95 ibidem.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
Teniendo en cuenta que los tres se enmarcan en la causal de nulidad por
violación de las normas en las que debía fundarse el acto administrativo, a
continuación se expondrán sus alcances.
La causal de nulidad por la violación de las normas en las que debía
fundarse el acto administrativo
Esta causal ha sido vista por parte de la doctrina como «genérica»10, en la medida
en que las demás causales específicas pueden comprenderse dentro de la
violación de las normas superiores en las que debería fundarse el acto
administrativo, ya que aspectos como la competencia, el procedimiento, los
motivos y las finalidades del acto, están señalados en preceptos de mayor
jerarquía, que deben ser observados en su expedición11.
No obstante, también se ha dicho que, por razones de técnica y respeto a la
tradición doctrinaria y jurisprudencial12, además de la necesidad de darle una
lectura racional y eficaz de la norma13, esta causal debe diferenciarse de las
demás y, en ese sentido, su aplicación es residual, lo que quiere decir que podrá
invocarse si los hechos no encuadran en una causal distinta14.
En todo caso, el significado estricto de esta causal ha sido comprendido por la
jurisprudencia de esta Corporación como la contravención legal directa de la
norma superior en que debía fundarse el acto administrativo en el momento en
el que es expedido15, y ocurre cuando se presenta una de las siguientes
situaciones: (a) Falta de aplicación, (b) aplicación indebida o (c) interpretación
errónea16.
10 Consuelo Sarria Olcos, Comentario al artículo 137 del CPACA, en: Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 comentado y concordado,
2.ª ed., Jose Luis Benavides (editor), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 373-
374.
11 De hecho, el artículo 52 de la Ley 130 de 1913, «Sobre la jurisdicción de lo contencioso
administrativo», inicialmente preceptuó que la anulación de los actos administrativos procedía por
una causal genérica referida a la violación de la Constitución y la ley. Luego, con la sucesiva
expedición de las leyes y códigos en materia de lo contencioso administrativo, esa causal derivó
en las seis que se aplican en la actualidad.
12 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho procesal administrativo, 8.ª ed., Medellín, Señal Editora,
2013, p. 290.
13 Luis Enrique Berrocal Guerrero, Manual del acto administrativo, 7.ª ed., Bogotá, Librería
Ediciones del Profesional, 2016, p. 548.
14 Pedro Antonio Lamprea Rodríguez, Anulación de los actos de la administración pública, 2.ª ed.,
Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2004, p. 213.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 27 de mayo de 1999, rad. 13644.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15
de marzo de 2012, rad. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660).
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
(a) La falta de aplicación de una norma se configura cuando la autoridad
administrativa ignora su existencia o, a pesar de que la conoce, pues la analiza
o valora, no la aplica a la solución del caso. También sucede cuando se acepta
una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, toda vez que esta no
tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, la
autoridad puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la
aplicable al asunto que resuelve. En estos eventos se está ante un caso de
violación de la ley por falta de aplicación, no de su interpretación errónea, debido
a que la norma, por no haber sido aplicada, no trascendió al caso decidido.
(b) Por su parte, la aplicación indebida tiene lugar cuando las disposiciones
jurídicas se emplean a pesar de no ser las pertinentes para resolver el asunto
que es objeto de decisión. Este error puede originarse por dos circunstancias: (i)
En los casos en los que la autoridad administrativa se equivoca al escoger la
norma, por la inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra
y, (ii) cuando no establece de manera correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
(c) Finalmente, se incurre en este vicio de manera directa al dársele una
interpretación errónea a los preceptos aplicados. Esto sucede cuando las
disposiciones son las que regulan el tema que se debe decidir, pero la autoridad
las entiende equivocadamente y así las aplica. Es decir, ocurre cuando la
autoridad administrativa le asigna a la norma un sentido o alcance que no le
corresponde17.
1. Primer problema jurídico
Lo previsto en los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 del Acuerdo 563 de 2016
de la CNSC, sobre los resultados admisibles de la valoración médica que se
practica en el concurso-curso de dragoneantes del INPEC ¿viola lo consagrado
en los artículos 29 y 125 de la Constitución?
Tesis de la Sala: Lo previsto en los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 del
Acuerdo 563 de 2016 de la CNSC, sobre los resultados admisibles de la
valoración médica que se practica en el concurso-curso de dragoneantes del
INPEC no viola lo consagrado en los artículos 29 y 125 de la Constitución, toda
vez que esos preceptos acusados no consagran ni expresa ni tácitamente que
los aspirantes en el proceso de selección no puedan impugnar el resultado del
mencionado dictamen con otros conceptos y, por ende, de su contenido no se
desprende la transgresión a los derechos a la defensa y a la igualdad en la
aplicación de las reglas de la convocatoria. Sin embargo, se aclara que la
17 Ibidem.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
consideración del concepto médico alternativo dependerá del análisis que se
realice en cada caso por las autoridades que adelantan el certamen de carrera.
Para sustentar lo precedente se estudiarán los siguientes temas: (1.1) La
valoración médica en el concurso-curso para el empleo de dragoneante en el
INPEC y (1.2) caso concreto.
1.1. La valoración médica en el concurso-curso para el empleo de
dragoneante en el INPEC
La valoración médica que se le exige practicar a los aspirantes en el concurso-
curso reglamentado por la norma demandada, no se constituye en una prueba
en el proceso de selección18, sino en un trámite que sirve para determinar la
aptitud psicofísica de los aspirantes como condición necesaria para el ejercicio
del cargo. Esta valoración es posterior a la fase I del certamen, que consiste
específicamente en el concurso, y previa a la fase II, que corresponde a los
cursos de formación y complementación teórica y práctica a los que pueden
acceder quienes hayan superado las pruebas de la primera fase19.
18 Así lo señala el artículo 48 del Acuerdo 563 de 2016 de la CNSC: «VALORACIÓN MÉDICA Y
ESTABLECIMIENTO DE INHABILIDADES MÉDICAS: La presentación de la valoración médica,
no constituye una prueba dentro del proceso de selección, sino un trámite previo y obligatorio
para ingresar al Curso de Formación o Complementación.
Con ocasión de la valoración médica, las inhabilidades de este tipo se encuentran reguladas en
la Resolución n.° 005657 del 24 de diciembre de 2015 del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC por la cual se modifica el Profesiograma, Perfil Profesiográfico e Inhabilidades
Médicas para los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia – CCV del INPEC y se adopta la
Versión 3 para el cargo de Dragoneante y la Versión 2 para los cargos de ascenso. La
mencionada Resolución describe los exámenes médicos que se aplicarán en el proceso de
selección, como requisito indispensable por cumplir el aspirante, antes de ingresar a Curso a la
Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, lo anterior de conformidad con lo establecido en el
numeral 8 del artículo 119, del Decreto 407 de 1994.
PARÁGRAFO: La Valoración Médica que en este artículo se informa como requisito para ingresar
al Curso, es diferente al examen médico de ingreso al empleo de Dragoneante, que lo realizará
el INPEC una vez se culmine el proceso de selección».
19 El artículo 4.° del Acuerdo 563 establece la estructura del proceso así: «ESTRUCTURA DEL
PROCESO. El Concurso – Curso Abierto de Méritos para la selección de los aspirantes tendrá
las siguientes fases:
1. Convocatoria y Divulgación
2. Inscripciones
3. Verificación de Requisitos Mínimos
4. FASE I. Concurso. (Pruebas)
4.1. Prueba Psicológica Clínica
4.2. Prueba de Valores
4.3. Prueba Físico-Atlética
4.4. Entrevista
5. Valoración Médica
6. FASE II. Curso (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994)
6.1. Curso de Formación teórico y práctico para mujeres
6.2. Curso de Formación teórico y práctico para varones
6.3. Curso de Complementación teórico y práctico
7. Conformación de Lista de Elegibles
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
En ese sentido, de acuerdo con la Resolución 005657 del 24 de diciembre de
2015, proferida por el director general del INPEC20, que definió el
profesiograma21, el perfil profesiográfico22 y las inhabilidades médicas para los
empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (CCV) del INPEC, al cual pertenece
el cargo de dragoneante, y que fue tomada como base para la valoración médica
del concurso-curso, este requisito tiene su origen en la reglamentación, que en
materia de salud ocupacional y del servicio del CCV, ha definido el Gobierno
Nacional. En esta, se ha determinado lo siguiente:
i. Que todos los empleadores, públicos o privados, tienen el deber de
organizar y garantizar un programa de salud ocupacional en sus
empresas o entidades, dentro de lo que se incluye un subprograma de
medicina preventiva y de trabajo en el que se realizan «exámenes médicos,
clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según actitudes, periódicos
ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras
situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgo para la salud de los
trabajadores […]»23.
ii. Del mismo modo, que entre estos exámenes o evaluaciones médicas
ocupacionales, existen los denominados «preocupacionales» o de
«preingreso», que sirven para «determinar las condiciones de salud física,
mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las
condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos
de la tarea y perfil del cargo» y su objetivo es verificar «la aptitud del trabajador
para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de
terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar
con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones
que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de
8. Periodo de Prueba […]».
20 «Por la cual se modifica el Profesiograma, Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas para
los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia – CCV del INPEC y se adopta la Versión 3 para
el cargo de Dragoneante y la Versión 2 para los cargos de ascenso».
21 La Resolución 005657 define el profesiograma como «el documento técnico en donde se
definen las tareas, responsabilidades particularidades físicas y ambientales requeridas para el
desempeño de un empleo y adicionalmente, establece los medios científicos necesarios para
investigar que el empleado pueda desempeñarse en el puesto de trabajo para el cual es
postulado».
22 El mismo acto administrativo establece que el perfil profesiográfico es «un documento en el
que se indican las características, aptitudes y actitudes que debe tener una persona para
desempeñar un empleo».
23 Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, emitida conjuntamente por los ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Salud «[p]or la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores
en el país», en sus artículos 1.° y 10.° (numeral 1.°).
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
salud que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo
del trabajo»24.
iii. Igualmente, que, en relación con el INPEC, la «actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor», es prevista como
de alto riesgo para la salud del trabajador25.
iv. Y, por último, que uno de los requisitos para ingresar al CCV del INPEC
es «obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja
Nacional de Previsión Social o su equivalente»26.
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha señalado que el empleo de
dragoneante exige de quienes lo desempeñen, una serie de aptitudes y
condiciones físicas especiales que les permitan, no solo atender de la mejor
manera las labores de vigilancia, seguridad y custodia que cumplen respecto de
los reclusos y de mantenimiento del orden de los centros carcelarios, sino también
la defensa misma de su integridad física, que se ve alta y constantemente expuesta
con ocasión del contenido funcional del cargo que desempeñan, por lo que es
admisible que existan valoraciones médicas como requisito para acceder a él27.
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la proporcionalidad
y racionalidad de los requisitos médicos y físicos exigidos para el cargo de
dragoneante del INPEC28, indicando que las entidades públicas o empresas
privadas pueden exigir condiciones para ingresar a un determinado programa o
cierto tipo de formación especializada para desempeñar específicas tareas y, por
lo tanto, están facultadas para excluir a un aspirante que no cumple cualquiera de
las que han sido previstas, sin vulnerar sus derechos fundamentales. Sin embargo,
en esta materia deben cumplirse los siguientes parámetros: (i) que los candidatos
hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de los requisitos, (ii) que el
proceso de selección se haya adelantado en igualdad de condiciones; y (iii) que la
decisión correspondiente se haya tomado con base en las reglas aplicables.
24 Resolución 2346 del 11 de julio de 2007, expedida por el ministro de la Protección Social, «por
la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de
las historias clínicas ocupacionales», en su artículo 4.°.
25 Según el Decreto Ley 2090 de 2003 «por el cual se definen las actividades de alto riesgo para
la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del
régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades», en su artículo 2.°,
numeral 7.°.
26 De conformidad con el Decreto Ley 407 de 1994 «[p]or el cual se establece el Régimen de
personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario», en el artículo 119, numeral 8.°.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del del 18 de marzo de 2021, rad. 110010325000201800890 00 (3125-2018).
28 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-572 de 2015 y T-586 de 2017.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
1.2. Caso concreto
Para el demandante, las disposiciones que se analizan en este problema jurídico
están viciadas de nulidad por contrariar los artículos 29 y 125 de la Constitución,
que consagran el derecho fundamental al debido proceso y a la carrera como
criterio general de provisión de los empleos en el Estado. Esto, por cuanto, según
él, los preceptos acusados prevén que la valoración médica prevista en el
concurso no puede ser controvertida con otros dictámenes especializados
distintos al que emite la entidad contratada para el certamen.
Al respecto, es menester señalar que el artículo 50 del Acuerdo 563 de 2016
regula lo siguiente:
«ARTÍCULO 50.°. IMPORTANCIA Y EFECTOS DEL RESULTADO DE LA
VALORACIÓN MÉDICA: Con la valoración médica practicada a cada aspirante que
supere el concurso, se analiza la aptitud psicofísica, entendida esta de manera
general como la capacidad mental y física que posee un ser humano para
desempeñar una actividad u oficio.
La capacidad física es la compatibilidad adecuada, evaluada por el médico
examinador, entre el profesiograma psicofísico para una función específica y el
conjunto de cualidades y condiciones físicas del aspirante a dicha función. Esta
capacidad en cada aspirante citado a practicarse exámenes médicos, se evaluará
por medio de los siguientes instrumentos presentes en el profesiograma adoptado
por el INPEC: a) La historia clínica ocupacional, con énfasis en el sistema
neurológico y osteomuscular, b) La ficha de evaluación de la carga física y c) La
ficha de evaluación osteomuscular.
La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a ingresar como alumno a la
Escuela Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de APTO Y NO
APTO.
El aspirante que cumpla con todas las condiciones médicas, físicas, psicológicas y
demás que le permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad
correspondiente, según el Profesiograma del empleo de Dragoneante establecido
por el INPEC, será considerado APTO.
Será calificado NO APTO el aspirante que presente alguna alteración médica, según
el Profesiograma del empleo de Dragoneante establecido por el INPEC, razón por
la cual será excluido del proceso de selección.
El único resultado aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud
médica y psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada
contratada previamente para tal fin por la universidad, institución universitaria
e institución de educación superior que la CNSC contrate para el desarrollo
del proceso de selección.
La valoración médica practicada a cada aspirante no es una prueba dentro de
la Convocatoria, sino que constituye un requisito para ingresar al Curso de
Formación o Complementación en la Escuela Penitenciaria Nacional del
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
INPEC, el resultado de los exámenes médicos después de resueltas las
reclamaciones, tendrá carácter de definitivo.
El aspirante que obtenga calificación definitiva de NO APTO en la Valoración
Médica, será excluido del proceso de selección en esa instancia». (Negrita
fuera de texto, correspondiente a los incisos demandados).
Para la Sala, de la redacción de los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 ibidem, no
se extrae que los aspirantes no puedan controvertir el resultado oficial de la entidad
contratada para realizar la valoración médica con otros dictámenes emitidos por
entidades o profesionales de la salud diferentes, pues, en todo caso, frente a la
evaluación psicofísica inicial se puede presentar una reclamación, que en el marco
del procedimiento de selección funciona como un recurso de reposición, en la que
no se prevén limitaciones en cuanto a su contenido.
Sobre esta particular cuestión, en el estudio de una acción de tutela presentada en
contra de la CNSC, el INPEC y la Universidad Manuela Beltrán, por parte de una
persona que fue excluida por resultar no apta en la valoración médica, de la
Convocatoria 335 de 2016, reglamentada por el Acuerdo 563 del mismo año,
estudiado en este proceso, esta Subsección tuvo la oportunidad de señalar que,
en el concurso-curso de dragoneantes, resulta ajustado a derecho que se
determine que el único dictamen de la valoración médica que puede tomarse como
vinculante es el de la entidad contratada de manera oficial en el proceso de
selección, no obstante, también precisó que dicho diagnóstico puede ser
impugnado con fundamento en otros conceptos técnicos en la oportunidad prevista
en las reglas de la convocatoria (artículo 54 del acuerdo)29.
Del mismo modo, en la decisión que negó la solicitud de suspensión provisional de
los efectos del Acuerdo 563 en el proceso 3054-2018, acumulado en este medio
de control, el despacho ponente indicó lo siguiente30:
«En cuanto a la previsión según la cual «el único resultado aceptado en el proceso de
selección, respecto de la aptitud médica y psicofísica del aspirante, será el emitido por
la entidad especializada contratada previamente para tal fin por la universidad,
institución universitaria e institución de educación superior que la CNSC contrate para
el desarrollo del proceso de selección», el despacho advierte, prima facie, que la
disposición se encuentra ajustada a la legalidad en consideración a que la Universidad
Manuela Beltrán contrató a la IPS Fundemos con el propósito de garantizar los
principios de imparcialidad y transparencia, que orientan los procesos de selección y
la función pública en general.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de tutela del 27 de abril de 2017, rad. 52001-23-33-000-2017-00019-01(AC).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
auto de ponente del 11 de marzo de 2021, rad. 11001-03-25-000-2018-00819-00(3054-2018).
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
Por manera que no podría considerarse que la disposición cuestionada vulnera el
debido proceso, en tanto que, ante la probabilidad de la existencia de una irregularidad
o inexactitud en los resultados del examen médico, el acuerdo contempla la posibilidad
de presentar una reclamación que debía ser atendida por una entidad imparcial
respecto de todos los aspirantes del concurso».
Frente a lo anterior, es menester señalar que, en una reciente sentencia proferida
por esta Sala31, en la que se estudió la legalidad del Acuerdo 168 del 21 de febrero
de 2012, por medio del cual la CNSC reglamentó la Convocatoria 132 de 2012, en
la que también se buscaba proveer el cargo de dragoneante en el INPEC, se
aclaró, respecto de un argumento prácticamente idéntico al que aquí se analiza,
que la limitación de las posibilidades de defensa de un aspirante calificado como
no apto en la valoración médica se debe estimar en cada caso concreto, pues, a
partir de varios pronunciamientos de tutela de la Corte Constitucional32 y del
Consejo de Estado33, para ello habrá de establecerse si los dictámenes alternativos
presentados tienen la vocación de generar dudas que ameriten el esclarecimiento
por parte del ente rector de la carrera.
Así las cosas, la Subsección considera, en sintonía con lo dicho en el aludido fallo,
que lo previsto en los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 del Acuerdo 563 de 2016
de la CNSC no contiene una barrera expresa frente a la posibilidad de presentar
evaluaciones médicas alternas, pero ello no significa que siempre se deba tomar
en consideración el segundo concepto, pues ello dependerá de su valoración en
cada caso particular.
En conclusión: Lo previsto en los incisos 6.°, 7.° y 8.° del artículo 50 del Acuerdo
563 de 2016 de la CNSC, sobre los resultados admisibles de la valoración
médica que se practica en el concurso-curso de dragoneantes del INPEC no
viola lo consagrado en los artículos 29 y 125 de la Constitución, toda vez que
esos preceptos acusados no consagran ni expresa ni tácitamente que los
aspirantes en el proceso de selección no puedan impugnar el resultado del
mencionado dictamen con otros conceptos y, por ende, de su contenido no se
desprende la transgresión a los derechos a la defensa y a la igualdad en la
aplicación de las reglas de la convocatoria. Sin embargo, se aclara que la
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 11 de agosto de 2022, rad. 11001-03-25-000-2018-00792-00 (3027-2018).
32 En la providencia en comento se citaron las sentencias T-785 de 2013, T-798 de 2013, T-572
de 2015, T-441 de 2017, T-551 de 2017, T-586 de 2017 y T-160 de 2018.
33 Fueron mencionadas las siguientes sentencias: «i) Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 9 de marzo de 2017, radicado: 25000-23-37-000-2016- 02154-01; ii) Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 5 de abril de 2017, radicado: 52001-23-33-000- 2016-00634-01; iii)
Sección Cuarta, sentencia del 4 de mayo de 2017, radicado: 19001-23-33-000-2016-00533- 01;
iv) Sección Cuarta, sentencia del 1 de junio de 2017, radicado: 41001-23-31-000-2016-00166-01;
v) Sección Primera, sentencia del 23 de junio de 2017, radicado: 52001-23-33-000-2016-00640-
01».
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
consideración del concepto médico alternativo dependerá del análisis que se
realice en cada caso por las autoridades que adelantan el certamen de carrera.
2. Segundo problema jurídico
Lo preceptuado en el artículo 52 del acuerdo acusado, respecto del requisito de
estatura para desempeñar el cargo de dragoneante ¿discrimina
injustificadamente a las personas que no cumplen con ese parámetro
desconociendo así el artículo 13 de la Carta Política?
Tesis de la Sala: Respecto del problema jurídico a resolver en esta sentencia
existe cosa juzgada por lo decidido en el fallo del 25 de noviembre de 2019,
emitido por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, rad. 11001-03-25-000-2016-00700-
00(3049-16) y, en ese sentido, se estará a lo resuelto en dicha providencia que
consideró que el requisito de estatura exigido en el artículo 52 del Acuerdo 563
de 2016 de la CNSC, no viola el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos
públicos.
Para responder esta pregunta se abordarán las materias que se enuncian a
continuación: (2.1) Breve alusión a la cosa juzgada y, (2.2) caso concreto.
2.1. Breve alusión a la cosa juzgada
Sea lo primero indicar que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal en
virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias
judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y concluyentes, ello con
la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias que permita
garantizar la seguridad jurídica34.
Así pues, el CPACA, en el artículo 189, señala que la sentencia que declare la
nulidad de un acto administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, lo
mismo sucede con la que niegue la nulidad «pero sólo en relación con la causa
petendi juzgada».
Ahora bien, para concluir si se presenta el fenómeno de la cosa juzgada respecto
de un pronunciamiento anterior que negó la nulidad es preciso verificar los
siguientes requisitos:
34 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda (Sala
Plena), del 28 de febrero de 2013, rad. 110010325000200700116 00(2229-2007) y de la Corte
Constitucional C-259 de 2015.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
a) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados. Sin embargo, al tratarse de
un medio de control de simple nulidad conviene indicar que, dado su carácter
público, puede ser interpuesta por cualquier persona, pues su finalidad
comprende el interés general. En esta medida, en lo que atañe a la cosa juzgada,
no es necesario que se presente identidad absoluta de partes.
b) Identidad de causa petendi: En el medio de control de nulidad, en el que el
debate recae sobre la legalidad de un acto administrativo, la causa petendi está
constituida por las normas invocadas como sustento de la pretensión de
nulidad35, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos jurídicos como base. Ahora bien, cuando
la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de
estos últimos, caso en el cual el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
c) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.
2.2. Caso concreto
De conformidad con lo anterior, se confrontarán ambos procesos con la finalidad
de verificar si se presenta la identidad de causa petendi y de objeto, en el
siguiente orden:
Expediente Rad. 11001-03-25-000-2016-
00700-00(3049-16)
Sentencia del 25 de noviembre Este proceso
de 2019, Subsección B, Sección
Segunda
Pretensión Nulidad del artículo 52 delNulidad del artículo 52 del
Acuerdo 563 del 14 de enero de
Acuerdo 563 del 14 de
2016, proferido por la Comisión
enero de 2016, proferido
Nacional del Servicio Civil.
por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
Normas Derecho de acceso a cargos Derecho a la igualdad en
vulneradas públicos en condiciones de el acceso a un cargo
35 Cfr. Andrés Fernando Ospina Garzón, «”Iura novit curia” y justicia rogada. Definición de los
poderes del juez según el tipo de litigio», comentario a la sentencia del 14 de febrero de 1995 de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (expediente n.° S-123), en:
Andrés Fernando Ospina Garzón (ed.), Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa
colombiana, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 349-352.
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
igualdad. Se cita el artículo 13 de público. Se invoca el
la Constitución Política. artículo 13 de la Carta.
Causal de Violación de las normas en que Violación de las normas
nulidad debía fundarse por el en que debía fundarse,
invocada desconocimiento del derecho de porque el precepto
acceso a cargos públicos en demandado prevé una
condiciones de igualdad «respecto discriminación
de los aspirantes que no se injustificada en contra de
encuentran dentro de los rangos de las personas que no
estatura mínima y máxima exigidos tengan la estatura
por el artículo acusado, esto es entre requerida por la norma.
1.66m a 1.98m para los hombres y
1.58m a 1.98m para las mujeres. En
este sentir, considera que el perfil
Profesiográfico adoptado por el Inpec
no tiene sustento médico científico
que explique cómo la estatura influye
en el desempeño de las funciones del
empleo [...]», entre otras razones.
Problema «Determinar si el requisito de estatura Lo preceptuado en el
jurídico para el empleo de «dragoneante» del artículo 52 del acuerdo
planteado Inpec, desconoce el derecho de acusado, respecto del
acceso a cargos públicos en requisito de estatura para
condiciones de igualdad de la
desempeñar el cargo de
población que no se encuentra dentro
dragoneante ¿discrimina
de los rangos establecidos».
injustificadamente a las
personas que no cumplen
con ese parámetro
desconociendo así el
artículo 13 de la Carta
Política?
De lo precedente se observa que, en ambos procesos, existe identidad de objeto
y de causa petendi, en consecuencia, la Sala concluye que se configura la cosa
juzgada y, por lo tanto, no le está dado al juez efectuar un nuevo estudio de
conformidad con las razones antes señaladas.
Establecido lo anterior, la Subsección A se remite a las principales
consideraciones expuestas en la sentencia invocada, las cuales se resumen en
que el requisito de estatura exigido en el artículo 52 de la Convocatoria 335 de
2016 se encuentra ajustado a los parámetros constitucionales, pues «(i) es
razonable y proporcional, dadas las especiales tareas de seguridad y custodia que
desarrolla el «Dragoneante» del Inpec, (ii) no es arbitrario o caprichoso, ya que es el
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
resultado de una investigación realizada por un grupo interdisciplinario de especialistas,
que fue consignada en un documento de carácter técnico y médico científico, el cual se
resalta, no fue controvertido u objetado por la parte demandante; y (iii) fue conocido por
los aspirantes previamente al momento de su inscripción en el concurso, por lo cual
sabían de su carácter eliminatorio».
En conclusión: Respecto del problema jurídico a resolver en esta sentencia
existe cosa juzgada por lo decidido en el fallo del 25 de noviembre de 2019,
emitido por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, rad. 11001-03-25-000-2016-00700-
00(3049-16) y, en ese sentido, se estará a lo resuelto en dicha providencia que
consideró que el requisito de estatura exigido en el artículo 52 del Acuerdo 563
de 2016 de la CNSC, no viola el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos
públicos.
3. Tercer problema jurídico
Lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 30 y en el artículo 54 del acto
administrativo acusado, acerca de la improcedencia de recursos en contra de las
decisiones que resuelven reclamaciones en el certamen ¿transgrede los artículos
29 de la Constitución y 74 del CPACA?».
Tesis de la Sala: Lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 30 y en el artículo 54
del acto administrativo acusado, acerca de la improcedencia de recursos en
contra de las decisiones que resuelven reclamaciones en el certamen, no
transgrede los artículos 29 de la Constitución y 74 del CPACA, porque tal
previsión está amparada en la norma especial contenida en el artículo 13 del
Decreto Ley 760 de 2005.
Como sustento de esta respuesta se abordarán los siguientes temas: (3.1)
Régimen especial de recursos en los concursos de méritos de carrera
adelantados por la CNSC y (3.2) caso concreto.
3.1. Régimen especial de recursos en los concursos de méritos de
carrera adelantados por la CNSC
De acuerdo con el artículo 2.° del CPACA, el procedimiento administrativo
regulado en la primera parte de ese código, dentro de lo que se encuentra la
reglamentación de los recursos que se pueden interponer en contra de los actos
administrativos, se aplica de manera residual frente a procedimientos regulados
en leyes especiales. En efecto, el precepto en comento prevé lo siguiente:
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
«Artículo 2.° Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se
aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder
público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e
independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos
militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación
inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos
de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas
y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y
remoción.
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen
en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes
especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de
este Código». (Negrita fuera de texto).
En ese sentido, se debe resaltar que el Decreto Ley 760 de 2005, «por el cual se
establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio
Civil para el cumplimiento de sus funciones», prevé, en su artículo 13, una norma
especial para los concursos adelantados por la CNSC en relación con las
reclamaciones y recursos que se pueden presentar en estos, tal y como se muestra
a continuación:
«Artículo 13. Las reclamaciones de los participantes por sus resultados obtenidos
en las pruebas aplicadas en los procesos de selección se formularán ante la
Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la entidad delegada, dentro de los cinco
(5) días siguientes a su publicación y deberán ser decididas antes de aplicar la
siguiente prueba o de continuar con el proceso de selección, para lo cual podrá
suspender el proceso.
La decisión que resuelve la petición se comunicará a través de los medios utilizados
para la publicación de los resultados de las pruebas y contra ella no procede
ningún recurso». (Negrita fuera de texto).
Así las cosas, cabe afirmar que, en materia de recursos, en estas convocatorias de
carrera existe una norma especial que prevalece sobre el régimen general
contenido en el artículo 74 del CPACA36 y, por lo tanto los actos administrativos que
reglamenten este tema deberán ser enjuiciados a la luz del artículo 13 del Decreto
Ley 760 de 2005 y no de la mencionada codificación.
36 CPACA, art. 74: «Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni
de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos».
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
3.2. Caso concreto
En la demanda se asegura que los preceptos que se estudian en este problema
jurídico están viciados de nulidad por contrariar los artículos 29 de la Constitución
y 74 del CPACA, sobre el debido proceso y los recursos que proceden frente a
los actos administrativos, ya que no se les da la oportunidad a los aspirantes de
interponer recursos en contra de la decisión sobre las reclamaciones en el
certamen.
En ese sentido, esto prevé el artículo 30 del Acuerdo 563 de 2016:
«ARTÍCULO 30.° ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. Las reclamaciones de los aspirantes por
los resultados de las pruebas, se recibirán y decidirán exclusivamente por la
universidad, institución universitaria e institución de educación superior contratada
por la CNSC, a través de su página Web y en la de la CNSC www.cnsc.gov.co en
el link “Convocatoria n.° 335 de 2016 – INPEC Dragoneantes”.
El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de los resultados, en consonancia con lo
establecido en el artículo 13 del Decreto 760 de 2005 y las demás normas
concordantes según corresponda.
Únicamente con ocasión a las pruebas escritas psicología clínica y de valores,
dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones, los aspirantes que
manifiesten en la misma la necesidad de acceder a las pruebas presentadas, lo
harán a través del aplicativo diseñado para las reclamaciones; atendiendo para ello
la citación del aspirante y el protocolo que para el efecto se establezca. A partir del
día siguiente al acceso a los documentos de reserva, el aspirante contará con un
término de dos (2) días para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el
aplicativo a reclamaciones solo por este término. Lo anterior en concordancia con
el Acuerdo 545 del 04 de agosto de 2015.
Contra la decisión que resuelve las reclamaciones no procede ningún
recurso». (Negrita fuera de texto, correspondiente al inciso demandado).
Por su parte, el artículo 54 señala lo siguiente:
«ARTÍCULO 54.° ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES SOBRE
LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN MÉDICA. Las reclamaciones de los
aspirantes con concepto de NO APTO, con ocasión de los resultados de la
Valoración Médica, serán presentadas ante la universidad, institución universitaria
e institución de educación superior que la CNSC contrate para el desarrollo del
proceso de selección, dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los
resultados.
La reclamación será decidida y comunicada a través de la página Web de la CNSC,
en el link “Convocatoria n.° 335 de 2016 – INPEC Dragoneantes”, o en la página de
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
la universidad, institución universitaria e institución de educación superior que la
CNSC contrate para el desarrollo del proceso de selección.
Ante la decisión que resuelve la reclamación contra el resultado de la Valoración
Médica, no procede ningún recurso».
De conformidad con lo advertido, en este caso no debe aplicarse el artículo 74 del
CPACA, porque el Decreto Ley 760 de 2005, prevé, en su artículo 13, una norma
especial para los concursos adelantados por la CNSC, como es el que está
reglamentado en el Acuerdo 563 de 2016, que dispone que contra la decisión sobre
las reclamaciones de los participantes por sus resultados, obtenidos en las pruebas
aplicadas en los procesos de selección, no procede ningún recurso, tal y como fue
previsto en el acto acusado.
Por lo dicho, en lo que tiene que ver con este problema jurídico, tampoco se
observa la violación de las normas constitucionales y legales invocadas por el
demandante como fundamento de su demanda de nulidad.
En conclusión: Lo dispuesto en el inciso 4.° del artículo 30 y en el artículo 54
del acto administrativo acusado, acerca de la improcedencia de recursos en
contra de las decisiones que resuelven reclamaciones en el certamen, no
transgrede los artículos 29 de la Constitución y 74 del CPACA, porque tal
previsión está amparada en la norma especial contenida en el artículo 13 del
Decreto Ley 760 de 2005.
VIII. DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones se denegarán las pretensiones de la demanda
presentada por el señor José Gerardo Estupiñán Ramírez en contra de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la nulidad de los artículos
30 (inciso 4.°), 50 (incisos 6.°, 7.° y 8.°) y 54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de
2016 de esa entidad. En lo concerniente a la nulidad del artículo 52 ibidem, se
debe estar a lo resuelto en el fallo del 25 de noviembre de 2019, emitido por la
Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, rad. 11001-03-25-000-2016-00700-00(3049-16).
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Denegar las pretensiones de la demanda presentada por el señor José
Gerardo Estupiñán Ramírez en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicados: 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-
2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00
(3023-2018) y 11001-03-25-000-2018-00819-00 (3054-
2018)
Demandante: José Gerardo Estupiñán Ramírez
relacionadas con la nulidad de los artículos 30 (inciso 4.°), 50 (incisos 6.°, 7.° y
8.°) y 54 del Acuerdo 563 del 14 de enero de 2016 de esa entidad.
Segundo: Estarse a lo resuelto en el fallo del 25 de noviembre de 2019, emitido
por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, rad. 11001-03-25-000-2016-00700-
00(3049-16), en lo concerniente a la nulidad del artículo 52 del Acuerdo 563 del
14 de enero de 2016 de la CNSC.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las
anotaciones pertinentes en los programas informáticos respectivos.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Calle 12 n.° 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.