Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00758-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00758-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00758-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
23 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00758-00 (2285-2020)
Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y otro
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso
promovido por la señora Adriana María Bacares Puentes y otras1 contra la Nación,
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y la Secretaría Distrital de Integración
Social de Bogotá D. C.
1 Aliris Esther Salas; Alix Ayde Acosta Muñoz; Ana De Dios Bustos Bonilla; Andrea Alexandra Zamora Esguerra; Aydana
Catherine Camacho Martínez; Blanca Mery Rondón Chipagra; Carmen Celmira Gutiérrez Gaitán; Caroll Adriana Niño
Briceño; Claudia Alexandra Tenjo García; Claudia Lucia Ochoa Torres; Cleotilde Pérez Godoy; Cristina Lucia Aragón de la
Peña; Damaris Patricia Vega Cera; Diana Bonilla Rojas; Diana Patricia Sarmiento Diana Rocío Montenegro Fortaleche;
Dora Gómez Ramírez; Elena Murillo Caicedo; Erika Rodríguez Flórez; Evelyn Medina García; Glinis Del Carmen Robles
López; Gloria Jeanet Jiménez Torres ; Graciela Pinto Blanco; Irma Cortes Hernández; Jenny Lorena Triana Montialegre
Jenny María Medina Ibagué; Jhoan Daney Rodríguez Mateus; Judy Yolanda González Amaya; Laura Lara Tamayo; Lida
Constanza Pinzón Bedoya; Lizeth Paola Moreno Hernández; Lucety Patricia Rojas Pérez; Luz Dary Ruiz Lancheros; Luz
Marina Cárdenas Gutiérrez; Magda Lorena Lozano Ramírez; Margarita León Cantor; María Arnulfa Pulido Beltrán; María
Bertilda Ramírez; María Eugenia Pérez Teatín; María Helena Alarcón Sarmiento; Maribel Chacón Muñoz; Mariela Gómez
Peñuela; Marilú Camelo Beltrán; Marisol Quintana Puentes; Marta Cecilia Méndez Pineda; Martha Yadira Ramón
Quintero; Maura Soledad Cortes Tenorio; Mirta Yolanda Martínez Gordillo; Nancy Álvarez Tovar; Nancy Puentes Piñeros;
Nancy Yady González Arteaga; Nidia Yazmín Sánchez Jiménez; Nohora Luvidia Rendón Duque; Olga Patricia Sánchez
Aponte; Rosa Inés Garzón Moreno; Ruth Myriam Vela Rodríguez; Sandra Edith García Forero; Sandra Nanina Garzón
Rojas; Sandra Patricia Montaño González; Sandra Patricia Roncancio Sánchez; Sonia Lucia Espitia Zamora; Teresa del
Niño Jesús Alarcón Lombana; Yanid Buitrago Téllez; Yolanda Becerra Pineda; Yolanda Méndez Ramírez; Yolanda Suarez
Alba y Yuridia Soledad Mosquera Daza.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00758-00 (2285-2020)
Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 las ciudadanas antes mencionadas, actuando mediante apoderado,
solicitaron declarar la nulidad del Acuerdo CNSC 20181000007296 del 14 de
noviembre de 2018, «[p]or el cual se convoca y se establecen las reglas para el
Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - Convocatoria No. 818
de 2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC», suscrito por el presidente de la CNSC y la
representante legal de la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá D. C.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
Las demandantes sostuvieron que el acuerdo acusado quebrantó el preámbulo y
los artículos 1, 2, 4, 5, 29 y 209 de la Constitución Política; 1, 2, 3 y 12 de la Ley
153 de 1887; 2 de Ley 909 de 2004; 3, 13, 15 y 74 de la Ley 1437 de 2011; 13 de
la Ley 1755 de 2015; 1 y siguientes del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015,
proferido por la CNSC.
Al desarrollar el concepto de violación, las actoras plantearon los siguientes
cargos:
i) La convocatoria cuestionada, en sus artículos 24, 34 y 43, estableció que
«contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso».
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
Esta medida quebrantó el derecho al debido proceso,3 pues las actuaciones de la
administración deben estar sujetas a los recursos de reposición y apelación
conforme lo preceptúan las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015.
ii) El concurso de méritos se estructuró en tres fases concernientes a la
verificación de requisitos mínimos, pruebas y valoración de antecedentes. Los
aspirantes podían ser excluidos del certamen si no superaban alguna de aquellas
etapas. De este modo, la decisión que impedía la continuidad en el concurso tenía
la connotación de definitiva,4 por lo que debía permitir a los interesados interponer
los recursos tendientes a controvertirla y garantizar sus derechos a la igualdad,
acceso a los cargos oficiales, defensa y contradicción.
iii) Las Leyes 1437 de 2011 y 1155 de 2015 deben aplicarse por encima del
Decreto 760 de 2005, pues son normas posteriores y materializan de mejor
manera el derecho fundamental al debido proceso, teniendo en cuenta que
mediante los recursos también es posible aportar pruebas y esgrimir los
argumentos de defensa que se estimen pertinentes para que la administración
revise y modifique sus decisiones como expresión de la autotutela que le asiste.5
v) El Decreto 760 de 2005 debe inaplicarse por inconstitucional,6 ya que impide
que los aspirantes dentro de un proceso de selección puedan interponer los
recursos que la ley permite en contra de los actos que creen, modifiquen o
extingan un derecho. Esta medida se torna desproporcionada e irracional en un
Estado Social de Derecho.
vi) Algunas aspirantes peticionaron la anulación del examen efectuado dentro del
proceso de selección demandado; sin embargo, la CNSC no contestó tales
solicitudes, sino que lo hizo la Universidad Libre, pese a que la CNSC no podía
3 Las accionantes aludieron a las Sentencias C-371 de 2011, T-267 de 2012, T-533 de 2014, T-916 de 2014 y C-929 de
2014, proferidas por la Corte Constitucional.
4 Las actoras invocaron la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del radicado 66001-23-33-000-2016-
00794-01 (2162-18).
5 Las accionantes invocaron la Sentencia T-260 de 1994, proferida por la Corte Constitucional.
6 Las demandantes invocaron las sentencias proferidas por el Consejo de Estado dentro de los expedientes D-8820 y
11001-03-24-000-2015-00542-00.
3
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
delegar sus funciones de administración y vigilancia; por el contrario, debía
responder aquellas peticiones que trascendieran a los casos particulares, «tal y
como acontece en las nueve solicitudes de nulidad de la prueba escrita»,
conforme lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-180 de 2015.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La CNSC, por intermedio de apoderado, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, con fundamento en los siguientes
razonamientos:7
i) Las demandantes invocaron múltiples normas y antecedes jurisprudenciales,
pero no especificaron la forma en que el acuerdo acusado infringió el
ordenamiento superior, por lo que el juzgador carece de elementos para hacer un
control de legalidad del acto enjuiciado.
ii) La demanda de la referencia denota un interés particular de evitar la
materialización del principio del mérito, previsto en el artículo 125 constitucional.
iii) El único cargo de nulidad claro consiste en afirmar que la convocatoria
quebrantó el artículo 29 de la Constitución Política, porque no se les permitió
presentar recursos contra las decisiones que resolvieron sus reclamaciones; sin
embargo, este argumento no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la
posibilidad de interponer recursos obedece a una regla general, pero no absoluta.
iv) El acuerdo demandado se ajustó a los artículos 5, 12 y 13 del Decreto Ley 760
de 2005, los cuales se encuentran vigentes y se tornaban de obligatorio
cumplimiento para la CNSC. En efecto, dichas normas disponen que las
reclamaciones que se presenten antes de la prueba y sus resultados se resolverán
mediante resoluciones carentes de recursos en sede administrativa.
7 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
4
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
v) La Universidad Libre actuó como operador del proceso de selección y sus
decisiones fueron avaladas por la CNSC.
1.2.2. Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Integración Social solicitó que se
negaran las súplicas de la demanda, con base en los siguientes argumentos:8
i) El Decreto Ley 760 de 2006 sólo habilitó el recurso de reposición frente a la
decisión que ordena el archivo de la reclamación y en los demás casos se dejó en
libertad a la CNSC para determinar la procedencia o no de recursos, por ende, el
acuerdo demandado no se contrapone a las normas superiores que lo regulan.
ii) El derecho al debido proceso de los concursantes se garantizó con suficiencia,
en la medida en que se les permitió presentar reclamaciones frente a los
resultados de la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos; las pruebas
sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales; y la valoración de
antecedentes.9
iii) La respuesta de fondo a las reclamaciones les permite a los interesados
conocer los motivos de la administración en torno a sus inconformidades, así
como interponer los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
iv) El artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 fija una regla general sobre la
procedencia de recursos contra actos administrativos definitivos, pero este
mandato admite excepciones. Es así como deben aplicarse de preferencia las
disposiciones especiales que reglamentan los concursos de méritos, contenidas
en el Decreto Ley 760 de 2005 y el Acuerdo 560 de 2015, emanado de la CNSC.
1.3. Medida cautelar y sentencia anticipada
8 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
9 La entidad demandada invocó el siguiente antecedente: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de julio de
2014, expediente 2000-02324.
5
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
Mediante auto del 17 de marzo de 2022, el magistrado conductor del proceso
negó la medida cautelar solicitada por la parte demandante, en consideración a
que la CNSC y Bogotá D.C. se sujetaron al ordenamiento superior para adelantar el
proceso de selección enjuiciado.10
Por auto del 7 de abril de 2022, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem y se fijó el litigio
en la siguiente forma:11
Teniendo en cuenta las pretensiones y los argumentos de la demanda, así como los
de su contestación, se concluye que el objeto de la controversia que se presenta en
el caso sub judice recae en determinar lo siguiente:
i) Si con la expedición del Acuerdo CNSC-201810000072956 del 14 de noviembre de
2018, al no permitir la interposición de recursos contra los actos administrativos que
resuelven las reclamaciones presentadas en el marco del concurso de méritos
derivados del mencionado acto, la CNSC desconoció los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a acceder a un cargo público, y al derecho de
defensa y contradicción que les asiste a los concursantes de dicho proceso de
selección.
ii) En caso afirmativo, si hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo
aludido.
iii) En caso negativo, establecer si el precitado Acuerdo está ajustado a derecho, en
especial, por basarse en lo contemplado en el Decreto-Ley 760 de 2005, en la
Sentencia T-466 de 2004 y en el Acuerdo 560 de 2015 «Por el cual se reglamenta
la atención del derecho de petición, las quejas y las reclamaciones de competencia
de la CNSC».
1.4. Alegatos de conclusión
Las demandantes guardaron silencio. La CNSC y Bogotá D.C. reiteraron los
argumentos expuestos en las respectivas etapas del proceso.12
10 Actuación visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
11 Actuación visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
12 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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1.5. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si el Acuerdo CNSC 20181000007296
del 14 de noviembre de 2018 se encuentra viciado de nulidad por las razones
alegadas en la demanda de la referencia y que, en síntesis, conciernen a la
presunta vulneración de los derechos al debido proceso, igualdad y acceso a los
cargos públicos, en consideración a que la CNSC no habilitó la interposición de
recursos frente a las respuestas otorgadas a las reclamaciones presentadas por
los concursantes durante las diferentes etapas del certamen encaminado a
proveer empleos en la Secretaría de Integración Social de Bogotá D.C.
2.2. Contenido de la norma acusada
Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en razón
a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su contenido.
En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub lite, cuyo
tenor es el siguiente:
ACUERDO No. CNSC - 20181000007296 DEL 14-11-2018
[…]
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a Concurso Abierto de Méritos para proveer
de manera definitiva cincuenta y un (51) empleos con cuatrocientas sesenta y ocho
(468) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, que se
identificará como “Convocatoria No. 818 de 2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC”.
[…]
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
ARTÍCULO 24°.- RECLAMACIONES. Las reclamaciones con ocasión de los resultados
de la verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos, se presentarán por los
aspirantes a través del SIMO, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha
de publicación de los resultados, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760
de 2005, las cuales serán decididas por la CNSC, a través de la universidad o
institución de educación superior contratada por la CNSC.
Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior
contratada, podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con
la Sentencia T-466 de 2004, proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo
previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes de
conformidad al artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas por
estos, a través de la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, “Convocatoria
No. 818 de 2018 – DISTRITO CAPITAL – CNSC”, en la página web de la universidad o
institución de educación superior contratada.
Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso.
ARTÍCULO 34°.- RESPUESTA A RECLAMACIONES. Para atender las reclamaciones, la
universidad o institución de educación superior contratada, podrá utilizar la
respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004
proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún
recurso.
ARTÍCULO 43°.- RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten frente a los
resultados de la prueba de Valoración de Antecedentes se recibirán y se decidirán
por la universidad o institución de educación superior contratada por la CNSC, a
través de la página de la Comisión www.cnsc.gov.co enlace SIMO.
Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones de la prueba de Valoración
de Antecedentes, los aspirantes tendrán acceso a través de SIMO a los resultados de
valoración de antecedentes, en el cual observarán la calificación obtenida en cada
uno de los factores que componen la prueba y la puntuación final ponderada
conforme al porcentaje incluido en el presente Acuerdo.
El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contadas a
partir del día siguiente a la publicación de los resultados, en los términos del artículo
13 del Decreto Ley 760 de 2005.
La CNSC a través de la Universidad o Institución de Educación Superior contratada
será responsable de resolver las reclamaciones y de comunicarlas al peticionario.
Para atender las reclamaciones, la universidad o institución de educación superior
contratada, podrá utiliza la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con
la Sentencia T-466 de 2004 proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00758-00 (2285-2020)
Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún
recurso.
2.3. Marco normativo
El artículo 130 de la Constitución Política le encargó a la CNSC la responsabilidad
de administrar y vigilar las carreras de los servidores públicos, con excepción de
aquellas que tuvieran carácter especial.
Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
A su turno, el artículo 31 ibidem dispuso que la convocatoria constituye la primera
etapa de los procesos de selección, es norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes.
Por su parte, el Decreto Ley 760 de 2005 estableció el procedimiento que debe
surtirse ante y por la CNSC para el cumplimiento de sus funciones. En lo que atañe
al sub lite, se destacan los siguientes artículos:
Artículo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá delegar el conocimiento y
decisión de las reclamaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de
selección, para lo cual, la entidad en la cual delegue esta función tendrá que
observar el procedimiento establecido en el presente decreto ley.
Artículo 3°. Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o convenios
interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (Icfes) o en su defecto con universidades públicas o privadas,
instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por el
Ministerio de Educación Nacional para tal fin. Dentro de los criterios de acreditación
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00758-00 (2285-2020)
Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los
concursos.
[…]
Artículo 5º. Para ser tramitadas las reclamaciones deberán formularse dentro de los
términos establecidos en el presente decreto y cumplir con cada uno de los
requisitos señalados en el artículo anterior; de lo contrario se archivarán. Contra el
acto administrativo que ordena el archivo procede el recurso de reposición, en
los términos del Código Contencioso Administrativo.
[…]
Artículo 12. El aspirante no admitido a un concurso o proceso de selección podrá
reclamar su inclusión en el mismo, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o
ante la entidad delegada, según sea el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a
la publicación de la lista de admitidos y no admitidos al concurso.
En todo caso las reclamaciones deberán decidirse antes de la aplicación de la
primera prueba. La decisión que resuelve la petición se comunicará mediante los
medios utilizados para la publicidad de la lista de admitidos y no admitidos, y contra
ella no procede ningún recurso.
Artículo 13. Las reclamaciones de los participantes por sus resultados obtenidos en
las pruebas aplicadas en los procesos de selección se formularán ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil o ante la entidad delegada, dentro de los cinco (5) días
siguientes a su publicación y deberán ser decididas antes de aplicar la siguiente
prueba o de continuar con el proceso de selección, para lo cual podrá suspender el
proceso.
La decisión que resuelve la petición se comunicará a través de los medios utilizados
para la publicación de los resultados de las pruebas y contra ella no procede
ningún recurso. [Resalta la Sala].
El tenor literal de las anteriores disposiciones permite extraer las siguientes reglas
en lo que atañe a las reclamaciones, las respuestas y los recursos procedentes en
el marco de los concursos de méritos para proveer empleos públicos:
i) La CNSC puede delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones en las
instituciones educativas que haya contratado para adelantar los procesos de
selección.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-1175 de 2005, declaró
condicionalmente exequible el artículo 2 del Decreto Ley 760 de 2005 «bajo el
entendido de que la delegación para las reclamaciones surgidas en los procesos
de selección puedan ser conocidas y resueltas por las mismas entidades con las
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
que la Ley 909 de 2004 autorizó delegar tales procesos: las universidades
públicas o privadas, instituciones universitarias o instituciones de educación
superior acreditadas para tal fin, y siempre y cuando se trate de reclamaciones
que no afecten la totalidad del concurso». Al respecto, se precisó lo siguiente:
[…] una cosa son las simples reclamaciones que surgen en alguna de las etapas
delegadas de los procesos de selección, que no afectan el concurso en sí mismo,
porque se trata de asuntos individuales o particulares, y, otra, muy distinta, cuando
la reclamación tiene la connotación de denuncias o reclamos por irregularidades en
el proceso, denuncias que al adquirir connotaciones de trascendencia, sí pueden
afectar la integridad del proceso.
3.8.1 Ejemplos del primer caso, ocurren cuando el aspirante no es admitido a un
concurso o proceso o cuando el participante está en desacuerdo con las pruebas
aplicadas en los procesos de selección, y que por tales hechos presentan las
reclamaciones respectivas (arts. 12 y 13 del Decreto 760 de 2005). En estos
eventos, la Corte considera que no obstante que la persona interesada puede
elevar su reclamo bien sea ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la
entidad delegada, la Comisión, a su vez, puede resolver si delega o no el
conocimiento y la decisión pertinente en la entidad que realizó el proceso. Además,
la Comisión siempre puede reasumir el conocimiento de lo reclamado, o avocar en
segunda instancia el asunto, tal como lo establece el artículo 12, literales c) y d) de
la Ley 909 de 2004.
3.8.2 En cambio, cuando la reclamación o queja adquiere una entidad superior, por
contener denuncias de irregularidades, en las que se ponen en entredicho no
situaciones individuales o particulares, sino el proceso en sí mismo, el conocimiento
y la decisión correspondiente no sólo no pueden ser delegados, sino que
únicamente la Comisión Nacional del Servicio Civil es la competente para conocer y
decidir al respecto, adoptando las medidas pertinentes que la situación amerite,
como suspender el proceso, iniciar investigaciones, denunciar ante las autoridades
penales o de control los hechos correspondientes, etc. Ejemplos de estas
situaciones son las quejas sobre la existencia de errores ostensibles en la
valoración de las pruebas, o filtración del contenido de las mismas, o sospechas de
corrupción en el proceso o en sus resultados, desconocimiento de los lineamientos
o instrucciones dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil a la entidad
delegada para el desarrollo del concurso. Es decir, se trata de reclamaciones que
involucran la responsabilidad administrativa o de vigilancia de la carrera de los
servidores públicos, según el caso, que hacen parte indelegable de las funciones de
la Comisión Nacional del Servicio Civil.
De acuerdo con el anterior lineamiento jurisprudencial, la CNSC puede delegar el
conocimiento de las reclamaciones en las instituciones educativas que apoyan la
ejecución de los concursos de méritos, lo cual se comprende porque la primera no
cuenta con la estructura organizacional suficiente para llevarlos a cabo de manera
directa. Igualmente, dicha delegación es amplia, pero no puede extenderse frente
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a denuncias que afecten todo el certamen, pues en ese caso se compromete el
desarrollo integral del concurso y, por lo tanto, la CNSC debe intervenir para
adoptar las decisiones que estime convenientes en orden a corregir la actuación.
ii) El Decreto Ley 760 de 2005 solamente previó la posibilidad de interponer el
recurso de reposición contra el acto administrativo que ordena el archivo de las
reclamaciones,13 esto es, cuando no se hace un estudio de fondo en razón a que
el escrito no contiene la información mínima prevista en el artículo 4 ibidem, esto
es, órgano al que se dirige; nombres y apellidos completos del peticionario y de su
representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de
identidad y de la dirección; objeto de la reclamación y razones en que se apoya;
pruebas que se pretende hacer valer; fecha en que sucedieron los hechos que
fundamentan la solicitud; y suscripción de la petición.
iii) Los aspirantes no admitidos al certamen pueden reclamar su inclusión y la
decisión que resuelva tal pretensión no será pasible de recurso alguno.
iv) Los concursantes están habilitados para controvertir los resultados obtenidos
en las pruebas aplicadas en los procesos de selección; sin embargo, contra el acto
que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Las demandantes afirmaron que la convocatoria enjuiciada se encuentra viciada
de nulidad por cuanto vulneró los derechos al debido proceso, igualdad y acceso
a los cargos públicos. Específicamente, reprocharon que la CNSC no habilitó la
interposición de recursos frente a las respuestas otorgadas a las reclamaciones
presentadas por los concursantes durante las diferentes etapas del certamen
encaminado a proveer empleos en la Secretaría de Integración Social de Bogotá
D.C.
13 Artículo 5.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00758-00 (2285-2020)
Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
Una vez contrastados los anteriores motivos de inconformidad con el marco
normativo que rige el presente asunto y los pronunciamientos jurisprudenciales
emitidos en casos similares al debatido, la Sala concluye que el acto demandado
está ajustado a la legalidad.
Al respecto, se advierte que la Corte Constitucional14 y el Consejo de Estado15 han
sido enfáticos en resaltar que la independencia y autonomía de que goza la CNSC
se refleja en un amplio margen de discrecionalidad administrativa para elaborar las
convocatorias de los concursos públicos, en razón a que es el ente rector de la
carrera administrativa y la encargada de administrar, resguardar y vigilar los
procesos de selección, por lo que es la única facultada para dictar reglas de
obligatoria observancia por parte de la entidad beneficiaria de la provisión de
cargos, las instituciones contratadas para la realización del concurso y los
participantes.
A su vez, las funciones de la CNSC para regular y establecer los lineamientos
generales de los concursos públicos de mérito se encuentran limitadas por lo
previsto en la Constitución, la ley y el reglamento, conforme lo prevé el artículo 11
de la Ley 909 de 2004.
Así, la Sentencia C-372 de 1999 expresó que dicha entidad tiene la jerarquía de
un órgano autónomo y permanente, que ejerce sus atribuciones «sin sujeción al
Gobierno ni a pautas distintas de las que la misma Carta y la ley señalen, y con la
estructura y fuerza institucional necesarias para lograr que el engranaje de la
carrera opere con seguridad y efectividad, y exclusivamente dentro de los criterios
constitucionales».
Por su parte, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso que la convocatoria es
la norma reguladora de todo concurso y esta corporación la ha entendido como «el
instrumento jurídico a través del cual se establecen en forma precisa y concreta
14 Sentencia C-172 de 2021.
15 Sección Segunda, sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-2016).
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las reglas, procedimientos, requisitos y demás condiciones inmodificables que
deben regir las diferentes etapas del proceso de selección».16
A su vez, en la medida en que un asunto no haya sido exhaustivamente regulado
por el ordenamiento superior, se amplían las facultades de la CNSC para diseñar
los procesos de selección en aras de reclutar a las personas que demuestren
mayor idoneidad, aptitud y capacidad para desempeñar los cargos públicos.17
En lo que respecta al objeto del debate, los artículos 5, 12 y 13 del Decreto Ley
760 de 2005 fueron enfáticos en establecer que solamente podría interponerse el
recurso de reposición contra el acto administrativo que ordena el archivo de las
reclamaciones. En consonancia con tal mandato, se expresó que no procedería
ningún recurso contra los actos administrativos que resolvieran las reclamaciones
tendientes a la admisión en los procesos de selección y/o a controvertir los
resultados obtenidos en las pruebas aplicadas.
En armonía con los anteriores mandatos, los artículos 24, 34 y 43 de la
convocatoria acusada negaron la procedencia de recursos contra las decisiones
que resolvieran las reclamaciones frente a los resultados de la verificación del
cumplimiento de requisitos mínimos, las pruebas de competencias básicas,
funcionales y comportamentales, así como la valoración de antecedentes.
Bajo este escenario se concluye que los mencionados artículos se ajustaron al
ordenamiento superior y también resultan acordes con la autonomía,
independencia y discrecionalidad que tiene la CNSC para el diseño de los procesos
de selección.
Las accionantes sostuvieron que como la decisión frente a las reclamaciones no
era pasible de recursos, se desconoció el artículo 74 del CPACA; sin embargo, esta
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado 11001-03-25-000-
2018-00890-00 (3125-2018).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021, radicado: 11001-03-25-000-
2018-00890-00 (3125-2018).
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corporación ha sostenido que, conforme al artículo 2 ibidem, el procedimiento
administrativo desarrollado en la primera parte de ese estatuto se aplica de
manera residual frente a procedimientos regulados en leyes especiales. 18
Con base en dicho lineamiento, en el presente caso no debe aplicarse el artículo
74 del CPACA, ya que los artículos 5, 12 y 13 del Decreto Ley 760 de 2005, «por el
cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones», contienen una normativa
especial y prevalente para los concursos adelantados por la CNSC en el sentido de
indicar que contra la decisión sobre las reclamaciones de los participantes por los
resultados obtenidos en las pruebas aplicadas en los procesos de selección, no
procede ningún recurso, es decir, que el acuerdo acusado fue consecuente con esas
previsiones legales.19
Aunado a ello, el Consejo de Estado ha indicado que las reclamaciones que se
formulan contra los resultados de las diferentes etapas que se adelantan en los
concursos de méritos cumplen la finalidad del recurso de reposición en sede
administrativa, pues se encaminan a que las autoridades revisen sus decisiones y
las ajusten cuando lo estimen procedente.20
En tal sentido, se resalta que al plenario se aportaron diversas reclamaciones y las
respuestas conferidas, estas últimas demuestran que la administración analizó
concienzudamente cada una de las solicitudes y en algunas ocasiones incrementó
los puntajes inicialmente otorgados,21 es decir, que se cumplió con el objetivo de
controvertir los resultados y que la administración reexaminara su primera
decisión.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 12 de abril de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2018-
00786-00 (3021-18 y 3023-18) Acumulado.
19 Ver las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) sentencia del 19 de enero de
2023, radicado 11001-03-25-000-2018-00786-00 (3021-2018) acumulados 11001-03-25-000-2018-00788-00 (3023-2018)
y 11001-03- 25-000-2018-00819-00 (3054-2018); ii) auto del 12 de abril de 2021, radicado: 11001-03-25-000-2018-
00786-00 (3021-18 y 3023-18) Acumulado.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 12 de mayo de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2018-
00790-00 y 11001-03-25-000-2018-00892-00 (3025-2018 y 3136-2018) (acumulados).
21 Documentos visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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En relación con este punto, vale la pena precisar que la Corte Constitucional, en
Sentencia C-248 de 2013, declaró la exequibilidad del inciso 3 del artículo 74 del
CPACA, con fundamento en los siguientes razonamientos:
Con arreglo a lo anterior, encuentra la Corte que la facultad de controvertir o de
impugnar una decisión de la administración, entendida como la acción de oponerse
o de interponer un recurso, puede ser satisfecha no solamente a través del recurso
de apelación, sino mediante el uso de diversos medios. Y en el caso de la Ley 1437
de 2011, se concreta: (i) en la posibilidad de interponer el recurso de reposición ante
el mismo funcionario que expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione
o revoque, contenida en el artículo 74, numeral 1; (ii) y en la facultad de acudir a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, mediante los medios de
control establecidos y contenidos en los artículos 135 a 148 de la Ley 1437/11[46],
se decida la controversia de que se trate, mediante sentencia judicial, sujeta a los
recursos de ley.
De acuerdo con el anterior criterio interpretativo, el derecho de defensa y
contradicción no solo se garantiza con el recurso de apelación, de ahí que la
procedencia de la reclamación administrativa contra el resultado de las pruebas y
de la valoración de los antecedentes y los requisitos mínimos permite el ejercicio
del mencionado derecho, en tanto se asimila a la naturaleza y alcance del recurso
de reposición, que también es un componente del debido proceso administrativo.
A su vez, la motivación en la respuesta a las reclamaciones materializa el derecho
fundamental en comento. Esta tesis ha sido sostenida por la Corte Constitucional,
en el sentido de expresar que «un elemento del debido proceso es la motivación
de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, como presupuesto para
la erradicación de la arbitrariedad, y para el ejercicio del derecho de defensa. Esta
es una de las características del Estado constitucional de derecho, donde los
órganos que ejercen funciones públicas no solo deben ceñirse al principio de
legalidad, sino que deben explicar la racionalidad y razonabilidad de sus
decisiones a la luz de las reglas y principios del sistema jurídico».22
22 Sentencia C-034 de 2014.
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Así las cosas, la Sala no advierte razones suficientes para inaplicar el Decreto 760
de 2005, en los términos solicitados por las demandantes, pues la medida
tendiente a que los resultados de las etapas de un proceso de selección
solamente sean pasibles de una reclamación cuya decisión final no está sujeta a
recursos adicionales, guarda armonía con la finalidad del derecho al debido
proceso en sede administrativa, esto es, asegurar los principios de eficacia,
eficiencia, celeridad y economía en la función pública, conforme lo explicó la Corte
Constitucional en la Sentencia C-034 de 2014.
Entonces, en contraposición a lo sostenido por las actoras, esta Subsección no
advierte que el acuerdo demandado contenga una determinación arbitraria o que
quebrante los derechos de contradicción y defensa ni mucho menos el principio
del mérito que orienta el acceso a los cargos oficiales.
Igualmente, es pertinente indicar que el procedimiento administrativo reviste una
naturaleza ágil, rápida y flexible con miras a satisfacer el interés general y que en
el ámbito de los concursos se traduce en la provisión de los empleos oficiales de
manera oportuna con personal idóneo para garantizar la prestación eficiente del
servicio.
Adicionalmente, los participantes cuentan con la posibilidad de acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para que las autoridades judiciales
revisen la legalidad de las decisiones que los afecten.23
De otro lado, las demandantes afirmaron que algunas reclamaciones se
encaminaron a obtener la nulidad de la prueba escrita aplicada dentro del proceso
de selección acusado y que la Universidad Libre no podía absolverlas, sino que tal
23 Esta corporación en otras oportunidades ha explicado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es el mecanismo idóneo para acusar los actos que dentro del certamen afectan las situaciones particulares de
los aspirantes. Ver: i) Sección Segunda, Subsección B, auto del 12 de mayo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-
00790-00 y 11001-03-25-000-2018-00892-00 (3025-2018 y 3136-2018) (acumulados); ii) Segunda, Subsección A,
sentencia del 3 de febrero de dos 2022, radicado 11001-03-24-000-2014-00004-00 (5276-2019); iii) Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 23 de julio de 2020, radicado 11001-03-25-000-2018-00789 00 (3024-2018).
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atribución estaba radicada exclusivamente en la CNSC, pues se trataba de asuntos
que trascendían los casos concretos.
En relación con el anterior motivo de inconformidad, la Sala observa que este no
ataca el contenido de la convocatoria, sino que refiere una presunta falencia que
se presentó en el desarrollo del certamen; sin embargo, para analizar tal situación
era necesario acreditar de manera fehaciente las causales de nulidad endilgadas a
la prueba, pero en este caso no se están ventilando acusaciones específicas en su
contra, como tampoco frente a su aplicación, ni se detalla o demuestra una
irregularidad que denote manipulación de los cuadernillos, un fraude o cualquier
otra anomalía relacionada con la manera en que se diseñó y practicó el examen
escrito, por lo que no es posible ahondar en mayores análisis.
A lo anterior se agrega que esta corporación en varias oportunidades ha negado la
nulidad de actos administrativos cuando los actores no esgrimen razones claras,
suficientes y fundadas para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones.
Al respecto, se ha explicado que si bien «la jurisdicción de lo contencioso está
facultada para interpretar la demanda, no es posible suplantar la obligación del
demandante de alegar adecuadamente sus reclamos y de probar los supuestos de
la demanda».24
Así las cosas, los cargos de nulidad endilgados por las accionantes al acuerdo
demandado carecen de soporte fáctico y jurídico, por ende, debe mantenerse
incólume su presunción de legalidad.
2.5. La condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 11001-03-25-000-
2016-00146-00 (0658-16). En similar sentido pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por esta
corporación: i) del 24 de febrero de 2022, radicado: 76001-23-33-000-2013-00151-01 (4392-2018); ii) del 3 de febrero de
2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-04361-01 (5517-2019); y iii) del 22 de marzo de 2013, radicado 63001-23-31-
000-2010-00110-01 (19136).
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conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.25
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que las demandantes no lograron desvirtuar la
legalidad del acuerdo enjuiciado y, en consecuencia, se deberán negar las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada en contra
del Acuerdo CNSC 20181000007296 del 14 de noviembre de 2018, «[p]or el cual se
convoca y se establecen las reglas para el Concurso Abierto de Méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL - Convocatoria No. 818 de 2018 - DISTRITO CAPITAL - CNSC»,
suscrito por el presidente de la CNSC y la representante legal de la Secretaría
Distrital de Integración Social de Bogotá D. C., de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. Sin condena en costas.
25 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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Demandante: Adriana María Bacares Puentes y otras
Tercero. Reconocer personería al abogado Julián Mauricio Cortés Cardona como
apoderado de Bogotá D.C. en los términos y para los efectos del poder que obra
en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
20
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