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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01247-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01247-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 21 Número Interno: 4217-2018 Accionante: UGPP Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 11 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso con radicado 52001-33-31-006- 2012-00100-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01247-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01247-00 (4217-2018)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Accionado : Eduardo Rodrigo Burbano Burgos
Trámite : Acción especial de revisión
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 11 de octubre de
2017, por el Tribunal Administrativo de Nariño. Causales
reguladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
de 11 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la
cual confirmó parcialmente el fallo dictado el 13 de septiembre de 2013 por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Pasto, que accedió a
las pretensiones de la demanda presentada por Eduardo Rodrigo Burbano Burgos contra
la extinta Caja Nacional de Previsión Social2.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se infirme la sentencia proferida el 11 de octubre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del expediente con radicado 52001-33-
31-006-2012-00100-01 y, en su lugar, se revoque la sentencia dictada el 13 de

1
En adelante UGPP.
2
En adelante Cajanal.

Número Interno: 4217-2018
Accionante: UGPP
Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Pasto, se declare que el señor Eduardo Rodrigo Burbano Burgos, en cuanto
a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedor de un derecho adquirido
amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación de la pensión que
recibe conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y los emolumentos preceptuados en el Decreto 1158 de 1994 y «demás
disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES», de

conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y
SU-631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que el señor Eduardo Rodrigo
Burbano Burgos nació el 25 de marzo de 1964, adquirió el estatus jurídico de pensionado
el 3 de mayo de 2008, prestó sus servicios al extinguido Departamento Administrativo de
Seguridad3 entre el 4 de marzo de 1988 y el 13 de noviembre de 2008, y tuvo como último
cargo el de Detective Profesional 207-10.

Asimismo, expresa que a través de Resolución 8031 de 23 de febrero de 2009, la
entonces Cajanal le reconoció una pensión de jubilación con fundamento en el régimen
especial de alto riesgo del DAS contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989,
con el 75% del «salario promedio» de los últimos 10 años de servicio, en el que incluyó la
asignación básica, bonificación por servicios prestados y prima de riesgo.

Señala que previo agotamiento del procedimiento administrativo, el señor Burbano
Burgos promovió acción de nulidad y restablecimiento4 a la que le correspondió el
radicado 52001-33-31-006-2012-00100-00, para que se ordenara a Cajanal reajustar su
pensión con inclusión de todos los factores de salario devengados en el último año de
servicio.

Dice que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Pasto dictó fallo estimatorio de las pretensiones, en el que ordenó la reliquidación de la
prestación «con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, tomando como ingreso base
de liquidación todos los emolumentos que percibió de manera permanente y habitual, es decir, la

3
En adelante DAS.
4
Prevista en el artículo 85 del CCA (Decreto 1 de 1984).

2

Número Interno: 4217-2018
Accionante: UGPP
Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

asignación básica, la prima de riesgo, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones,
la bonificación por servicios prestados y la bonificación por recreación».

Refiere que dicha decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de
Nariño con sentencia de 11 de octubre de 2017.

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 11 de octubre de 20175,
confirmó parcialmente la de primer grado, en el sentido de ratificar la orden de reajuste
de la pensión del señor Burbano Burgos con inclusión de todos los factores salariales
recibidos durante el último año de servicios, no obstante, modificó la base de liquidación,
en el sentido de «EXCLUIR la bonificación por recreación».

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal citó la sentencia de unificación de 1°
de agosto de 2013, proferida en el expediente 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-
11)6, y sostuvo, con relación a la «aplicación de la Sentencia C-258 de 20[13]», que no resulta
procedente «en consideración a que dentro del expediente obra prueba de que al demandante se le
cancelaron los sueldos respectivos y efectuaron los descuentos de ley con destino a la Caja Nacional de
Previsión Social». Por tanto, concluyó que en la liquidación de la pensión deben ser incluidos

todos los factores previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 y la prima de
riesgo.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó las causales de revisión establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.

Sobre la primera de ellas, manifestó que la orden judicial de reliquidación pensional «se
obtuvo con vulneración al debido proceso», porque el juzgador se apartó de lo establecido en

el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

Por otra parte, aseveró que la causal preceptuada por el literal b) del artículo 20 de la Ley

5
Folios 183 a 187.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 1° de agosto de 2013; expediente: 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-11);
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

3

Número Interno: 4217-2018
Accionante: UGPP
Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

797 de 2003 se configuró en el presente caso, toda vez que la sentencia cuya revisión
solicita, ordenó un ajuste pensional que excede lo establecido por la legislación, pues es
claro que de acuerdo con las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018,
el ingreso base de liquidación de la prestación debe ser calculado conforme a las
directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los
emolumentos preceptuados en el Decreto 1158 de 1994 y «demás disposiciones que
EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES».

1.4 Contestación de la demanda de revisión

El auto admisorio de la acción fue notificado personalmente al señor Burbano Burgos el
28 de febrero de 20247, quien guardó silencio durante el término de traslado de la
demanda.

1.5 Concepto del Ministerio Público8

El agente del Ministerio Público emitió concepto en el cual solicitó se declare infundada
la acción de revisión de la referencia, al estimar que «al señor Burbano Burgos, por ser
beneficiario de régimen de transición en materia pensional le era aplicable el marco jurídico consagrado en
el Decreto Ley 1835 de 1994 y el IBL del último año con los factores consagrados en el Decreto 1933 de
1989, por lo tanto, lo reconocido no excede cuantía alguna por estar ajustada al ordenamiento jurídico
aplicable en el momento del reconocimiento de la prestación social».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA9 y 20 de la Ley 797 de 200310, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201911.

7
Samai, índice 31.
8
Samai, índice 29.
9
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
10
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
11
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

4

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Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia revisada
fue notificada por edicto el 18 de octubre de 201712, cobró ejecutoria el 20 de los mismos
mes y año y la demanda fue presentada el 10 de agosto de 201813, razón por la cual no
fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3 Asunto preliminar - Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. - Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con
violación del debido proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación,
en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado14:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

12
Folio 188.
13
Folio 163 vuelto.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019;
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

5

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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 15 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 16.

En el sub examine, se tiene que la UGPP plantea el hipotético reconocimiento de la
pensión del señor Burbano Burgos con violación del derecho al debido proceso, al estimar
errada la posición jurídica adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño en la
sentencia revisada, consistente en ordenar la liquidación de la prestación con todos los
factores de salario recibidos por el accionando durante su último año de servicios.

En consecuencia, resulta viable colegir que la accionante no formuló reparos constitutivos
de una eventual trasgresión al derecho fundamental al debido proceso en la que pudiera
haber incurrido el mencionado Tribunal, sino que se encamina a discutir la manera como
debe ser integrado el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al demandado,
razón por la cual, es claro que, en estricto sentido, la demanda de revisión no entraña la
configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y solo se encuentra concernida a la cuantía de la prestación, razón por la cual, en lo
sucesivo, el examen del recurso se efectuará bajo la lógica, materia y alcance de la
causal prevista en el literal b) de la referida norma.

2.4 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer si la sentencia de 11 de octubre de
2017, emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño, está incursa en la causal de
revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si la
orden de reajuste pensional excedió lo preceptuado por la ley.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-
00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024.

6

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2.5 Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier
tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material17 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 18.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un

17
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios19.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo
que el trámite20 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 21, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 22», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial23.

2.5.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el
régimen de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004,
exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26
de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
20
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir
que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez
de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)].
MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional,
en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y
requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una
novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino
también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales
y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales
especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
22
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada
principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad.
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
23
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017, SU-631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues aquel
no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen pensional especial de alto riesgo que
cobijaba algunos servidores del extinguido DAS y el ingreso base de liquidación de dichas
prestaciones, revela que la controversia no se agota en la simple confrontación de las
normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un análisis más detallado y
cuidadoso, que será desplegado a continuación.

2.5.2.1 Régimen pensional especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS –
Evolución normativa.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, a través de la Ley 43 de 1988, el
Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias para que
expidiera el «Estatuto del Funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad», el cual debería
comprender, entre otros, un régimen prestacional especial. Dicha labor fue completada
por el Ejecutivo con la expedición del Decreto Ley 1933 de 1989, mediante el cual
determinó que las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional serían aplicables a los
servidores del DAS, con excepción de quienes cumplían funciones de dactiloscopistas
en los cargos denominados Detective Agente, Profesional o Especializado, y del personal
de detectives en sus distintos grados y denominaciones.

La anterior regla determinó una suerte de escisión en las prerrogativas de jubilación de
los servidores del DAS, pues mientras la generalidad de empleados fueron beneficiarios
del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, el personal de detectives de la

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entidad fue destinatario del régimen especial establecido por el Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, caracterizado por los siguientes requisitos y prerrogativas:

a. Requisitos de tiempo se servicio y edad24: 20 años de servicios continuos o
discontinuos al DAS, sin requisito de edad.
b. Monto25: 75%.
c. Factores del ingreso base de liquidación26: asignación básica mensual,
incrementos por antigüedad, bonificación por servicios prestados, prima de
servicio, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, gastos
de representación, los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro
o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento
ochenta (180) días en el último año de servicio, y prima de vacaciones.
d. Lapso para consolidar el ingreso base de liquidación27: último año de
servicios.

Ahora bien, aunque la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento
de unas nuevas reglas con vocación de aplicación general con arreglo a las cuales resulta
posible causar el derecho a devengar una pensión, el artículo 140 de dicha norma
contempló la necesidad de erigir regímenes especiales de actividades de alto riesgo
con características más favorables en cuanto a los requisitos de edad y semanas
cotizadas.

En ese escenario y según la autorización consignada en el artículo 273 de la Ley 100 de
1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 691 de 1994, por gracia del cual incorporó
al Sistema General de Pensiones a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, dentro de los que se encontraban los funcionarios del DAS, aunque
señaló que «[l]os servidores públicos que labor[aban] en actividades de alto riesgo para su salud, se
entiend[ían] incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicar[ían] las condiciones especiales
que para cada caso se determinen»28.

Dichas disposiciones especiales fueron desarrolladas por el Decreto 1835 de 1994,
norma mediante la cual el Gobierno Nacional determinó que la actividad a cargo del
personal de detectives del DAS sería considerada como de alto riesgo; estableció

24
Ver Decreto 1047 de 1978.
25
Ver artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
26
Previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989.
27
Conforme al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969.
28
Artículo 5 del Decreto 691 de 1994.

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requisitos especiales de edad y tiempo de servicios para adquirir el derecho a devengar
una pensión de vejez; y consagró un régimen de transición en virtud del cual, los
detectives del DAS que se encontraban vinculados con anterioridad a su entrada en
vigor29 «no tendr[ían] condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la
pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto
de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993» .

Esas reglas permanecieron así, en derecho30, hasta la expedición de la Ley 860 de 2003,
a través de la cual el Legislador modificó el régimen pensional especial de jubilaciones
de los detectives del DAS; estableció el régimen de pensión de vejez por exposición a
alto riesgo y señaló sus requisitos de edad y semanas de cotización; y determinó que el
ingreso base de liquidación de esas pensiones estaría constituido por los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, con la única novedad de la inclusión de la prima
de riesgo de que trata el Decreto 2646 de 1994 en la base de cotización, aunque en un
porcentaje del 40%, que aumentó al 50% a partir del 31 de diciembre de 2007.

Finalmente, resulta importante destacar que la Ley 860 de 2003 también contempló un
régimen de transición, según el cual, a «[l]os detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto
de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de [esa] ley hubieren cotizado 500 semanas les [será]
reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición contenidas en el
Decreto 1835 de 1994».

Así las cosas, la Sala advierte que el cuerpo de derecho aplicable al personal de
detectives del extinto DAS, en tratándose del régimen pensional especial de alto riesgo
del que eran destinatarios, redunda en el desarrollo de la previsión contenida en el
artículo 140 de la Ley 100 de 1993, disposición en virtud de la cual, en consideración a
las circunstancias y riesgos particulares propios del ejercicio de dichos empleos, fueron
establecidas condiciones más favorables en cuanto a los requisitos de edad y número
mínimo de semanas para acceder a la pensión de jubilación.

Dichas prerrogativas fueron consignadas, en principio, en el Decreto 1835 de 1994, y
posteriormente, en la Ley 860 de 2003; no obstante, con el fin de proteger las
expectativas legítimas de los detectives del DAS, esas normas consagraron regímenes

29
El Decreto 1835 de 1994 entró en vigencia a partir del 4 de agosto de 1994, día de su publicación en el Diario Oficial núm. 41.473,
de esa fecha, pág. 25.
30
Teniendo en cuenta que el régimen especial de actividades de alto riesgo fue modificado por el Decreto 2090 de 2003, reglamentario
del artículo 17 de la Ley 797 de 2003, y en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "y DAS" contenida en el numeral
tercero de ese artículo, provisto por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1056 de 2003.

11

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de transición que, previo cumplimiento de ciertas condiciones, otorgaban el derecho a
beneficiarse de requisitos de edad, semanas cotizadas y el monto pensional establecidos
en normas anteriores.

2.5.2.2 Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en el régimen
especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS.

El asunto relativo al ingreso base de liquidación aplicable al régimen especial de
actividades de alto riesgo del extinto DAS ha sido objeto de múltiples pronunciamientos
por parte de la Corte Constitucional y esta Corporación, quienes han prohijado tesis que
van desde la satisfacción del principio de sostenibilidad financiera del sistema, la
adopción del principio de inescindibilidad normativa, o el acatamiento de los términos
estrictos de las normas.

Tal estado de cosas fue abordado y descrito en sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 202231, de la siguiente manera:

«80. Con todo, la interpretación del ingreso base de liquidación no ha sido un tema pacífico
en la jurisprudencia del Consejo de Estado, como pasa a exponerse de manera sucinta:

81. Previamente, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debía atenderse
en su integridad la normativa precedente a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047
de 1978 y 1933 de 198932. En este contexto normativo, estimó que eran computables aquellos
factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a
saber: la asignación básica mensual; los incrementos por antigüedad; la bonificación por
servicios prestados; la prima de servicio; el subsidio de alimentación; el auxilio de transporte;
la prima de navidad; los gastos de representación; los viáticos que reciban los funcionarios
en comisión, dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no inferior a
ciento ochenta (180) días en el último año de servicio y la prima de vacaciones.

82. Posteriormente, la Sección reiteró la tesis según la cual, tratándose del régimen de
transición pensional, debían atenderse los principios de favorabilidad e inescindibilidad para
entender que se regían por el régimen anterior que les era aplicable. Además, admitió la
inclusión de la totalidad de factores devengados en el último año sin que el criterio de la
taxatividad fuera parámetro para el entendimiento de las normas que identificaban los
emolumentos que debían computarse. Esta interpretación se consolidó con la sentencia del

31
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
32
Se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo de 2006,
radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de
2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.

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4 de agosto de 201033 y en el caso particular del DAS, con la sentencia del 1 de agosto de
201334.

83. El anterior criterio se modificó con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201835,
en el cual el Consejo de Estado se alineó con la postura adoptada por la Corte Constitucional
a partir de la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen general de pensiones. Este es
el referente que ha llevado a esta corporación a replantear su posición en cuanto a la
interpretación del ingreso base de liquidación en diferentes regímenes especiales que cobijan
a los servidores públicos como el de la Rama Judicial y Ministerio Público 36 y el de Contraloría
General de la República37.

84. Tal planteamiento atiende la competencia legal y constitucional tanto del legislador como
del ejecutivo para definir el régimen prestacional de los empleados públicos 38. Así, se
reconoce que dichas autoridades tienen la posibilidad de definir el periodo a tener en cuenta
para efecto de determinar el ingreso base de liquidación, así como los factores que lo integran
y la generalidad que abarca la Ley 100 de 1993, la cual se extiende a los regímenes
especiales. Ciertamente, su finalidad fue la de unificar los regímenes pensionales que antes
de su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo reglas
comunes aplicables a todos los trabajadores del territorio colombiano, sin considerar la
naturaleza de su relación laboral39.

Por las razones citadas, en esa ocasión, la Sección Segunda dispuso ajustar su posición
a la adoptada por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201840, y dictar las siguientes reglas de unificación
jurisprudencial:

«Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar
lo siguiente:

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
35
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017),
demandante: Cándida Rosa Araque de Navas.
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de 2020, radicación: 05001-23-33- 00-2012-00572-01 (1882-2014),
demandante: Olga Lucía Bermúdez Parra.
38
En este sentido, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expuso: « La inclusión de todos los factores devengados por
el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las
expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral
y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su
libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha
base.»
39
«[…] Con el fin de eliminar la multiplicidad existente de regímenes pensionales, lo cual reafirma la unidad del Sistema, se establece
como regla general que el mismo se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, y sustituye los regímenes, tanto del sector
público como del privado, que regulan esta materia, dejando a salvo de manera explícita, los derechos adquiridos.» Gaceta del
Congreso, Año II, N.° 130, 14 de mayo de 1993, Pág. 7.
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

13

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1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por
los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003
y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno,
señalados por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso
base de liquidación es el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.

2. Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones
aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto
1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de cotización para
pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto
2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este decreto debe incluirse para liquidar
la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes
señalados por el artículo 2 de la misma ley, es decir:

• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.

• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

3. Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el porcentaje
a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el sistema de pensión
sobre los factores devengados que, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y
la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si omitió el traslado de la
cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de previsión social hubiera
adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello no es oponible al interesado

14

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para que la pensión especial se reconozca y liquide de acuerdo con los parámetros
indicados en esta sentencia.»

En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante de los regímenes de transición previstos por los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, también lo es que, con antelación a la emisión
de los fallos de 28 de agosto de 201841 y 28 de julio de 202242, la posición unificadora del
Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno
sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos
del país a la hora de proferir sus sentencias.

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de 28 de julio de 202243,
y con el objeto de aclarar los efectos de ese fallo, estableció los efectos de la decisión de
la siguiente manera:

«Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en
esta providencia en relación con el tema objeto de unificación son vinculantes en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión, tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la
presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Los casos decididos conforme a tesis anteriores que venían sosteniendo las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda respecto de los cuales ha operado la
cosa juzgada resultan inmodificables, en virtud del principio de seguridad jurídica.

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes
de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala
Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare
a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que
haya reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en

41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
42
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
43
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).

15

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jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de
cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el
artículo 250 del CPACA.»

2.5.2.3 Conclusiones

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco del
establecimiento pensional especial de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes de
transición previstos por los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003,
se acusa una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión
en una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de
aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con las sentencias de unificación jurisprudencial
de 28 de agosto de 201844 y 28 de julio de 202245 no configura, por sí solo, infracción
de las normas que fijan el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas
en el régimen especial de actividades de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes
de transición previstos por los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860
de 2003.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201846 en las que se hubiere preferido
dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallos
de 4 de agosto de 201047 y 1° de agosto de 201348, y no así a la tesis expuesta en
sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las normas que
rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen especial de actividades
de alto riesgo del extinto DAS y los regímenes de transición previstos por los
Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-028-CE-S2-2022 de 28 de julio de 2022;
expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014).
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.

16

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c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.6 Caso concreto

Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se infirme la sentencia proferida
el 11 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del expediente
con radicado 52001-33-31-006-2012-00100-01 y, en su lugar, se declare que al señor
Eduardo Rodrigo Burbano Burgos no le asiste derecho a que su pensión de jubilación se
liquide con la totalidad de factores de salario devengados en el último año de servicio, y
se ordene la reliquidación de la pensión que recibe conforme a las directrices fijadas por
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los emolumentos preceptuados
en el Decreto 1158 de 1994 y «demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición
de FACTORES SALARIALES», de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional

en sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017.

Expuestos los extremos de la controversia que corresponden a la presente acción, la Sala
reitera la subregla de aplicación normativa identificada en el estudio que antecede, según
la cual, las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201849 en las que se hubiere preferido dar
aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallos de 4 de
agosto de 201050 y 1° de agosto de 201351, y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-
230 de 2015, no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el
reconocimiento de pensiones al amparo del régimen especial de actividades de alto
riesgo del extinto DAS y los regímenes de transición previstos por los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003.

En ese sentido, está demostrado en el expediente que con sentencia de 13 de septiembre
de 201352, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de

49
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-
33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
52
Folios 164 a 182.

17

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Pasto ordenó la reliquidación de la pensión del señor Eduardo Rodrigo Burbano Burgos
«con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, tomando como ingreso base de liquidación
todos los emolumentos que percibió de manera permanente y habitual, es decir, la asignación básica, la
prima de riesgo, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la bonificación por
servicios prestados y la bonificación por recreación», decisión confirmada parcialmente por el

Tribunal Administrativo de Nariño con fallo de 11 de octubre de 2017 53, en el sentido de
ratificar la orden de reajuste de la prestación con inclusión de todos los factores salariales
recibidos durante el último año de servicios, no obstante, modificó la base de liquidación,
en el sentido de «EXCLUIR la bonificación por recreación».

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal citó la sentencia de unificación de 1°
de agosto de 201354 y, con relación a la «aplicación de la Sentencia C-258 de 20[13]», sostuvo
que no resulta procedente «en consideración a que dentro del expediente obra prueba de que al
demandante se le cancelaron los sueldos respectivos y efectuaron los descuentos de ley con destino a la
Caja Nacional de Previsión Social», por lo que concluyó que en la liquidación de la pensión

deben ser incluidos todos los factores previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989 y la prima de riesgo.

Por tanto, la Sala vislumbra que la sentencia materia de censura atendió la posición
jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que se
profirió, razón por la cual no se observa que configure una trasgresión normativa directa,
ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

Ahora bien, también corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

Al respecto, en sentencia del 27 de mayo de 2021, se indicó55:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión se
erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad
por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas
en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o

53
Folios 183 a 187.
54
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 1° de agosto de 2013; expediente: 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-
11); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-
00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

18

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administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una
interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad
social en pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en pensiones se
produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un individuo con una posición
económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su
orientación equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que
<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se
repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>. Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las acciones
extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que la ventaja
irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema
y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión
de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien
invoca la causal y que tiene el deber de demostrarlo. […]»

A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de
septiembre de 2021, estableció56:

«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una pensión
obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una pensión
injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía de la pensión
inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro del señor García
García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003
(aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente, determinada
en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual
CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según
consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el Consejo
de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene una repercusión
en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales condiciones, no pone en
desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, primero porque no corresponde a
una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas, o a uno de los beneficios
desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el

56
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-2018-
01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.

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Accionante: UGPP
Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

sistema pensional para ponerles término57 y, segundo, porque la sentencia recurrida en
revisión, dispuso que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la
Caja debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde precisamente
a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del sistema, como reiteradamente
lo consideraba el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en algunos de sus
pronunciamientos, que “la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación
pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta
Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar […]» 58».

En el caso bajo estudio, se advierte que el señor Eduardo Rodrigo Burbano Burgos nació
el 25 de marzo de 196459, adquirió el estatus jurídico de pensionado el 3 de mayo de
200860, prestó sus servicios al extinguido Departamento Administrativo de Seguridad61
como detective entre el 4 de marzo de 1988 y el 13 de noviembre de 200862, y tuvo como
último cargo el de Detective Profesional 207-1063.

Asimismo, es claro que causó su pensión dentro del régimen especial de actividades de
alto riesgo del extinto DAS y es beneficiario de los regímenes de transición previstos por
los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 200364, los factores cuya
inclusión fue ordenada por el tribunal no exceden la tesis expuesta en las sentencias de
unificación dictadas por esta Corporación 4 de agosto de 201065 y 1° de agosto de 201366
y ninguno de ellos corresponde a algún emolumento que no esté destinado a retribuir
directamente la prestación del servicio ni este excluido o desprovisto expresamente por
alguna norma de carácter salarial. En ese apartado, de acuerdo con las certificaciones
aportadas al expediente67, se encuentra probado que el accionado los recibió durante su

57
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera fue el
fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación fiscal por la
que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto del reconocimiento y
pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo sistema pensional, con ocasión de
un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de
adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al
Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de conformidad con la ley, sino que, además, garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya
fuera del texto).
58
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14 de marzo
de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
59
Folio 46.
60
Ver Resolución 8031 de 23 de febrero de 2009 a folio 57 vuelto.
61
En adelante DAS.
62
Folios 48 a 55.
63
Folio 48.
64
Al respecto, se tiene que al 26 de diciembre de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 860 de 2003, el accionado acumulaba
5775 días de trabajo, correspondientes a 825 semanas de cotización.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09),
demandante: Luis Mario Velandia.
66
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 44001-23- 31-000-2008-00150-01(0070-11),
demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
67
Folios 49 a 55.

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Accionante: UGPP
Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

último año de prestación de servicios y que no existió alguna variación significativa en
sus ingresos.

Finalmente, tampoco se observa que el incremento pensional se diera porque existió un
nombramiento o encargo en el último año de servicio que aumentara su remuneración,
situación que, además, no fue alegada ni demostrada por la UGPP.

En consecuencia, es viable concluir que la reliquidación efectuada en virtud del fallo
proferido por el tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada
pensional, por lo que no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco
que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

Así las cosas, comoquiera que la UGPP no logró acreditar los elementos constitutivos de
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se impone para la
Sala declarar infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva
de esta sentencia.

2.7 Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que, si bien el inciso final del artículo
255 del CPACA dispone que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios
al recurre», también lo es que la condena no procede de manera automática, pues tal y

como se indica en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso, «[…]
solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se

hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas
a la parte recurrente.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

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Accionado: Eduardo Rodrigo Burbano Burgos

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 11 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso con radicado 52001-33-31-006-
2012-00100-01, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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