Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01460-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01460-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01460-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Reynaldo Sandoval
Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 12 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander,
por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el
Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Reynaldo Sandoval.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la
Ugpp solicitó la revisión de la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2013 por
el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-31-002-2011-0067-00 (01),
que confirmó el fallo dictado por el Juzgado 2 Administrativo de Bucaramanga el
1 En lo que sigue Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
30 de abril de 2012, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Reynaldo Sandoval contra la Ugpp y se ordenó incluir
los factores salariales devengados en el último año de servicio para la
reliquidación de su pensión.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria
de que Reynaldo Sandoval no era acreedor de un derecho adquirido amparable en
la legislación colombiana; y iii) la orden de reliquidación y pago de la pensión
reconocida conforme con las reglas de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los
factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Reynaldo Sandoval nació el 1 de marzo de 1954 y prestó sus servicios en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec desde el 4 de abril de 1988
hasta el 30 de diciembre de 2009. El último cargo desempeñado fue el de
dragoneante código 4111 grado11.
3.2. Mediante la Resolución 19847 del 1 de junio de 2009 Cajanal le reconoció una
pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de mayo de 2008 en una cuantía de
$882.892.28 condicionada al retiro del servicio.
3.3. Con la Resolución UGM 034908 del 24 de febrero de 2012, se reliquidó la
pensión en una cuantía de $974.286.54 efectiva a partir del 1 de enero de 2010.
3.4. Reynaldo Sandoval en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo2 presentó demanda contra la Ugpp con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución 19847 del 1 de junio de 2009 por
medio de la cual se le reconoció una pensión de vejez, por cuanto no incluyó todos
los factores percibidos durante el último año de servicio. Este asunto correspondió
al Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, el que por medio de la
sentencia del 30 de abril de 20123 accedió a las pretensiones, para lo cual
resolvió:
2 En lo sucesivo CPACA.
3 Cuaderno principal, folios 331 a 335.
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Demandante: Ugpp
«Primero. DECLARAR la nulidad de la Resolución Núm. 19847 del 1° de junio de
2009, por medio de la cual la entidad demandada reconoció y ordenó pagar a favor del
actor una pensión mensual vitalicia de vejez, en cuantía de $882.892.28, efectiva a
partir del 1° de Mayo de 2008, sujeta a retiro definitivo del servicio, sin incluir la
totalidad de los conceptos por él devengados en su último año de servicios.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL, hoy en Liquidación” la reliquidación de las
mesadas pensionales causadas a partir del 10 de Marso de 2008 y el pago de las
mismas, debidamente actualizadas, en los términos contenidos en la parte motiva de
esta providencia, esto es, con la inclusión de los conceptos y valores enlistados en el
folio 9 del expediente, exceptuando los de subsidio familiar y el de bonificación especial
para recreación. Parágrago: En el evento de no haberse pagado la totalidad de los
aportes de ley, la Caja deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al
momento de pagar las mesadas correspondientes (…)» (sic)
3.5. Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante sentencia del 12 de septiembre de 20134, que confirmó la providencia
recurrida, así:
«PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil
doce (2012) por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Una vez ejecutoriada esta sentencia, devuélvase por Secretaría el
expediente al Despacho de origen, previas las anotaciones de rigor en el Sistema
Justicia Siglo XXI (…)»
3.6. Mediante la Resolución RDP 53621 del 21 de noviembre de 2013 se dio
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander y, en
consecuencia, se reliquidó la pensión en una cuantía de $1.280.686 efectiva a
partir del 1 de enero de 2010.
3.7. Con la Resolución 55798 del 9 de diciembre de 2013 se negó una solicitud
presentada por el demandado en la cual solicitó la modificación y aclaración de la
Resolución RDP 53621 del 21 de noviembre de 2013. Esta petición fue negada
mediante Auto ADP 001852.
3.8. Finalmente,con la Resolución RDP 008572 del 12 de marzo de 2014 se
modificaron los artículos primero, tercero, séptimo y octavo de la Resolución RDP
53621 del 21 de noviembre de 2013 y, en consecuencia, se reliquidó la pensión de
vejez en la suma de $1.468.460 efectiva a partir del 1 de enero de 2010.
4 Cuaderno principal, folios 336 a 354.
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Demandante: Ugpp
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 12 de
septiembre de 2013 confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bucaramanga, que accedió a las súplicas de la demanda.
5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 5:
5.1. Reynaldo Sandoval fue beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 por cuanto al 1 de abril de 1994 había cumplido 40 años de edad, por lo cual
le eran aplicables las normas del personal que laboró en el Inpec, esto es, la Ley
32 de 1986 y el Decreto 407 de 1994 [20 años de servicio en la entidad y cualquier
edad].
5.2. No obstante, esta normatividad no previó el periodo a tener en cuenta para
establecer la base de liquidación pensional y los factores salariales a tener en
cuenta, por lo que, ante los vacíos, la norma remitió expresamente a «las normas
vigentes para los servidores públicos nacionales». En ese entendido se debió tener en
cuenta lo previsto en la Ley 33 de 1985.
5.3. En ese orden, [de conformidad con el marco normativo y la jurisprudencia del
Consejo de Estado] se concluyó que para determinar el ingreso base de
liquidación del actor, debieron tenerse en cuenta todos los factores devengados,
con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio, como lo determinó el juez de primera instancia.
1.2. Las causales de revisión invocadas
6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la
reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente
era dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993
en cuanto se refieren al IBL, por lo que las providencias acusadas transgredieron
los principios constitucionales al haber accedido a la reliquidación de la prestación
conforme con una interpretación errada de las normas.
5 Cuaderno principal, folios 359 a 368.
6 Cuaderno principal, folios 290 a 300.
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Demandante: Ugpp
6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituyó una grave afectación a la
sostenibilidad financiara del sistema, por cuanto las reglas del ingreso base de
liquidación «NO HACEN PARTE DEL RÉGIMEN ANTERIOR».
1.3 Contestación a la acción especial de revisión
7. A pesar de haber sido notificado personalmente en dos oportunidades y otorgar
poder a un abogado, Reynaldo Sandoval no contestó la demanda7.
1.4 El Ministerio Público
8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
7 Así se indicó también en el auto de 1 de abril de 2024 que se encuentra en el índice 39 de Samai.
8 En lo que sigue CPACA.
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Demandante: Ugpp
derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en
un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».
12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el
10 de octubre de 201310 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 2 de
octubre de 201811 fue oportuna.
2.3 Los problemas jurídicos
13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander se expidió con vulneración del debido
proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho
reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4 Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
10 Cuaderno principal, folio 193 reverso.
11 Cuaderno principal, folio 368, reverso.
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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Demandante: Ugpp
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.
17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003
indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la
Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal
sentido, se han definido los siguientes14:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Demandante: Ugpp
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales»15.
19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un
estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.
2.4.2. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
20. La Ley 32 de 198617 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96, estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:
«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la
Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad».
21. Luego, fue expedida la Ley 65 de 1993, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre
otros aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de
seguridad del INPEC, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.
22. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407
de 199418, norma que en su artículo 168 dispuso:
«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.
17 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
18 «Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario».
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Demandante: Ugpp
cuenta para estos efectos.
Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno
Nacional.
Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a
una pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo
del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.
Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993».
23. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria
y Carcelaria del Inpec que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de vejez en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
24. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto
riesgo que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem
dispuso lo siguiente:
«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».
25. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del INPEC como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que sería el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
26. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «(e)l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».
27. Al respecto, esta Sección señaló, con fundamento en esta norma, que era
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Demandante: Ugpp
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 « no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»19.
28. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 220, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200321, el cual, en su artículo 2, numeral 7, enlistó
como actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el
INPEC de la siguiente manera:
«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
(…)
7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión
carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que
labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con
excepción de aquellos administrados por la fuerza pública».
29. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:
«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en
forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior,
durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial
durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán
derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el
artículo siguiente.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
20 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las
tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar
el equilibrio financiero del sistema
(…).»
21 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años».
30. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:
«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1822 de la Ley 797 de
2003».
31. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:
32. i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200723, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
33. ii)
El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que
quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200324, la pensión de vejez les sea reconocida en las
22 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
23 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
34. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso los requisitos para la
transición de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta
corporación ha señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la
que permite la aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial.
Sobre el particular esta Subsección señaló:
«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos
previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más
gravoso, pues el señor (…) cumple con el requisito especial de las 500 semanas (…).
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.
Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar que
la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente
las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios
legislativos a través de un régimen de transición»25.
35. iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la
interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la
norma, este requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021,
radicado 20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado26:
«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de
transición especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son
beneficiarios del régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200327, hubieren cotizado cuando menos 500
semanas en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo; ii) estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000
semanas, como lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este
mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para
acceder al derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil
semanas de cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las
mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto
1835 de 1994, artículo 6º». (se resalta).
36. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo tiempo
para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca al servidor, es
decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el
reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con fundamento en el principio de
favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, para lo cual se destaca
el siguiente aparte de la mencionada sentencia C-663 de 2007:
«en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado
por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo
cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación,
debe prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más
favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales». (se resalta).
37. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la entrada
en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicaría el régimen de alto riesgo allí
establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha fecha se aplicará el
régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su
labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con el Decreto-ley
407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».
38. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017,
radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
27 Publicación en el Diario Oficial 45.262
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
estableció lo siguiente:
Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
(…)
Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este
último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo.
A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta
ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor,
este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. (se resalta).
39. De acuerdo con lo anterior, basta con acreditar que la vinculación del servidor
del INPEC se hubiese dado con anterioridad al 28 de julio de 2003, por ser fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las
prerrogativas señaladas en la Ley 32 de 1986.
40. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:
«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del INPEC que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 2003».
41. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Penitenciaria y Carcelaria del Inpec vinculados antes del 28 de julio de 2003,
tienen derecho a que la pensión de vejez les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.
2.4.3. Ingreso base de liquidación en las pensiones reconocidas en virtud de
los regímenes de transición.
42. En relación con el IBL de las pensiones reconocidas por virtud de los regímenes
de transición, la jurisprudencia del Consejo de Estado fue pacífica en considerar
que se debían «garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral», y que, en consecuencia, «la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios» así se consideró, entre otras, en las sentencia de la
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
Sección Segunda de la Corporación del 4 de agosto de 2010 proferida dentro del
radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
2.4.4. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
43. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201828 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
44. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que
«una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma».
45. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de
estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional
«[t]ales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión».
Esto señaló la Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
28 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
46. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».
47. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los
siguientes argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad,
el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones (…)».
48. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad,
tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley
33 de 1985».
49. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como
instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban
próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la
norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y
tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos
a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
50. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio29 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso
en la decisión.
2.5 Caso concreto
51. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de
revisión, la Sala advierte lo siguiente:
52. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
53. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
29 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para
impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y
defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho
a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
54. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación con
la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al debido
proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
55. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal
Administrativo de Santander profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que
acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas
en aplicación del régimen de transición, era el expuesto en la sentencia del 4 de
agosto de 201030, antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida
en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé».
56. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
57. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
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Demandante: Ugpp
Sala considera que la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Santander, no fue caprichosa y por el contrario respetó
los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de
Estado como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre
de la jurisdicción.
58. Lo anterior es así, toda vez que fundamentó su decisión en la referida sentencia
del 4 de agosto de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es
preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer
ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en
especial, cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación;
de manera que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la
Sección Segunda del Consejo de Estado para la época.
59. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que
para la época en que se expidió la sentencia recurrida (12 de septiembre de
2013), la posición era que las pensiones de los servidores públicos debían
liquidarse teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la
consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el
principio de la inescindibilidad de la norma.
60. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Santander, confirmó la providencia
que ordenó que la pensión de jubilación reconocida a Reynaldo Sandoval se
reliquidara con la inclusión de los factores salariales legalmente devengados por
él. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios
de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes
históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de
unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
(…)
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
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Demandante: Ugpp
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación
que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» (negrillas del original).
61. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificación del
29 de abril de 2010 expedida por el coordinador del grupo Registro y Control –
División Gestión Humana del Inpec, según la cual consta que Reynaldo Sandoval
devengó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 los siguientes factores:
asignación básica, prima de antigüedad, prima de riesgo, bonificación por
servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, alimentación, transporte, prima
de navidad31.
62. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo contencioso-administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad
normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se
advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.
63. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
63.1. Reynaldo Sandoval nació el 1 de marzo de 195432 y prestó sus servicios en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec desde el 4 de abril de 198833
hasta el 30 de diciembre de 200934. El último cargo desempeñado fue el de
dragoneante.
63.2. Mediante la Resolución 19847 del 1 de junio de 2009 Cajanal le reconoció una
pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de mayo de 2008 en una cuantía de
$882.892.28 condicionada al retiro del servicio35.
31 Índice 45 de Samai – Archivo denominado 01 Demanda, página 15.
32 Cuaderno principal página 58.
33 Cuaderno principal folio 46.
34 Índice 45 de Samai – Archivo denominado 01 Demanda, página 19.
35 Cuaderno principal folios 93 a 96.
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Demandante: Ugpp
63.3. Con la Resolución UGM 034908 del 24 de febrero de 2012, se reliquidó la
pensión en una cuantía de $974.286.54 efectiva a partir del 1 de enero de 2010 36.
63.4. Mediante la Resolución RDP 53621 del 21 de noviembre de 2013 se dio
cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander y, en
consecuencia, se reliquidó la pensión en una cuantía de $1.280.686 efectiva a
partir del 1 de enero de 201037.
63.5. Con la Resolución 55798 del 9 de diciembre de 2013 se negó una solicitud
presentada por el demandado en la cual solicitó la modificación y aclaración de la
Resolución RDP 53621 del 21 de noviembre de 201338. Esta petición fue negada
mediante Auto ADP 00185239.
63.6. Finalmente, con la Resolución RDP 008572 del 12 de marzo de 2014 se
modificaron los artículos primero, tercero, séptimo y octavo de la Resolución RDP
53621 del 21 de noviembre de 2013 y, en consecuencia, se reliquidó la pensión de
vejez en la suma de $1.468.460 efectiva a partir del 1 de enero de 201040.
64. Examinado lo anterior, se tiene que la reliquidación de la prestación efectuada
resultó con una diferencia de $494.174 a la reconocida inicialmente.
65. Adicionalmente, se encuentra acreditado que laboró al servicio del Inpec por
más de 20 años.
66. Asimismo, se observa que en la Resolución RDP 008572 del 12 de marzo de
2014 se ordenó descontar, de las mesadas atrasadas a que tenía derecho el
entonces demandado, la suma de $4.925.664 por concepto de «aportes para
pensión de factores de salario no efectuados».
67. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Santander, sobre la pensión de vejez reconocida a
Reynaldo Sandoval, no evidenció un incremento desproporcionado o que no
guardara relación con su trayectoria laboral. Por lo que la Sala concluye que la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un
abuso del derecho o fraude a la ley.
68. En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo
36 Cuaderno principal folios 137 a 139.
37 Cuaderno principal folios 277 a 280.
38 Cuaderno principal folios 281 a 282.
39 Cuaderno principal folios 264 a 266.
40 Cuaderno principal folios 283 a 287.
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
con la ley, pues se demostró que i) fue beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993; ii) completó más de 20 años de servicio; y iii) durante el último
año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la pensión.
69. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo
que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa
tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
70. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 12 de septiembre de
2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y por
lo tanto se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.
2.6 Costas
71. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el
recurso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, la de los literales a) y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01460-00 (4817-2018)
Demandante: Ugpp
Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander el 12 de septiembre de 2013.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACCR
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