Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01513-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01513-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-01513-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01513-00 (4915-2018)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-01513-00 (4915-2018)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP
Demandado: TERESA DEL CARMEN ARRIETA MENESES
Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003. Ingreso base de liquidación de beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993.
SENTENCIA – Ley 1437 de 2011 O-069 -2020
ASUNTO
La Sala conoce de la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 31
de marzo del 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses contra la Caja de Previsión Social,
Cajanal, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
ANTECEDENTES
La señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses, por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la
nulidad de los siguientes actos administrativos:
• De la Resolución UGM 021821 del 23 de diciembre de 2011 por la cual se
reconoció pensión de vejez, en cuanto a la liquidación pensional efectuada.
• De la Resolución RDP 042681 del 13 de septiembre de 2013 que denegó la
solicitud de reliquidación pensional.
1 Folios 1 a 9 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación:
86001333170220120012700; índice 52 del expediente digital en SAMAI.
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Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i)
condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante acorde al
art. 1 de la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados durante el último año tal como dice la certificación del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi y pagar las diferencias que se generen; ii) condenar a la UGPP a que
reconozca y pague a la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses los intereses
moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iii) condenar al pago
de costas y agencias en derecho a la demandada; iv) condenar a la UGPP al pago de
intereses moratorios comerciales o corrientes que surjan a partir de la ejecutoria de la
respectiva providencia; y v) que se indexen las sumas reconocidas.
Fundamentos fácticos2
En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:
1. La señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses, quien nació el 27 de agosto de
3
1949 , laboró como empleada pública entre el 16 de septiembre de 1977 y el 30 de
mayo de 2013. La última entidad a la que prestó sus servicios fue el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. La demandante obtuvo el estatus de pensionada el 27 de
agosto de 2004.
2. Mediante Resolución UGM 021821 del 23 de diciembre de 20114, CAJANAL
EICE en liquidación reconoció pensión de vejez en favor de la demandante por valor
de $750.481, efectiva a partir del 29 de septiembre de 2011; condicionada al retiro
definitivo del servicio. La prestación se liquidó con el IBL estipulado en el artículo 21
de la Ley 100 de 1993 con los factores salariales previstos por el Decreto 1158 de
1994.
3. Por Resolución RDP 042681 del 13 de septiembre de 20135, la UGPP negó la
solicitud de reliquidación de la mesada pensional, con el promedio del último año,
según lo señalado por la Ley 33 de 1985, con todos los factores salariales devengados
en ese período.
Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocían los
artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política; 1, 31, 33, 36, 288 de la Ley
100 de 1993; 1 de la Ley 33 de 1985; 45 del Decreto 1045 de 1978; el Decreto 1158
de 1994 y el artículo 1 del Decreto 691 de 1994.
2 Folio 4 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital en
SAMAI.
3 Como consta en la copia de la cédula de ciudadanía, visible a folio 10 del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital en SAMAI.
4 Folios 15 al 19 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
en SAMAI.
5 Folios 11 al 14 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
en SAMAI.
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Demandante: UGPP
Como concepto de violación, sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con
desconocimiento de las normas en que debieron fundarse. Explicó que la entidad
demandada no aplicó por favorabilidad lo estipulado en el artículo 1 de la Ley 33 de
1985; con lo cual vulneró los principios de la condición más beneficiosa e
inescindibilidad normativa; toda vez que a la demandante le es aplicable el precepto
legal del artículo 1 de la Ley 33 de 1985. En consecuencia, aseguró que tiene derecho
a que la pensión de jubilación se liquide con todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA6
La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que el hecho de
que la peticionaria se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de 1993 implica
que deben atenderse las normas anteriores en relación con la edad, el tiempo de
servicio o semanas cotizadas y el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a
las demás condiciones, señaló que se rigen por lo señalado en la mencionada ley y
los factores salariales que se deben atender son los que se relacionan, de manera
taxativa, en el Decreto 1158 de 1994, por cuanto adquirió el estatus de pensionada el
27 de agosto de 2004.
Sumado a lo anterior, precisó que de conformidad con el precedente jurisprudencial
dado por la Corte Suprema de Justicia se ha puntualizado que el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, remite a normas anteriores únicamente para los requisitos de edad,
tiempo y monto para el reconocimiento de la pensión de vejez, pero el ingreso base de
liquidación está taxativamente consagrado dentro del mencionado artículo.
Seguidamente, propuso las siguientes excepciones:
• Legalidad del acto acusado: Indicó que la UGPP no está llamada a reconocer
ni pagar la reliquidación pensional como lo pretende la demandante, ya que los
actos administrativos demandados respetaron el régimen de transición en lo
ateniente a la edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto pensional.
• Inexistencia del derecho: Señaló que no hay lugar a la reliquidación pensional
objeto de la demanda, ya que la pensión se causó en vigencia de la Ley 100 de
1993 la cual, en su artículo 36, consignó claramente el IBL que debía tenerse en
cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación de las personas
amparadas por el régimen de transición; por lo que no se consagra el derecho
invocado por la demandante.
• Prescripción trienal: Solicitó que se declare la prescripción extintiva de las
diferencias de las mesadas pensionales con posterioridad a la fecha que se hizo
exigible la prestación.
6 Folios 113 al 123 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
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Demandante: UGPP
• Genéricas u oficiosas: Pidió que se declaren probadas las que el juez encuentre
configuradas en el curso del proceso en relación con «el principio de la verdad formal
en concordancia de la realidad sobre la formalidad.»
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7
El Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de
Montería, mediante sentencia del 15 de octubre de 2015, declaró la nulidad parcial de
la Resolución UGM 021821 del 23 de diciembre de 2011 proferida por CAJANAL EICE
en liquidación y la nulidad total de la Resolución RDP 042681 del 13 de septiembre de
2013 proferida por la UGPP.
En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación de la señora
Teresa del Carmen Arrieta Meneses en aplicación del artículo 1 de la Ley 33 de 1985,
con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio (del 31 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2013) para calcular el ingreso
base de liquidación, estos son: el sueldo básico, bonificación por servicios prestados,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación
y de transporte. Los emolumentos que se reconocen y pagan anualmente deberán ser
computados en una doceava parte. Igualmente, ordenó realizar los descuentos por
concepto de cotizaciones respecto de los factores que no hubieran sido objeto de
deducción legal y declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 20 de
agosto de 2010.
Consideró el juzgador que, de conformidad con la jurisprudencia proferida por el
Consejo de Estado en decisiones como las contenidas en sentencias del 4 de agosto
de 20108 y del 23 de febrero de 20129, los factores enlistados en la Ley 33 de 1985 no
son taxativos, por lo cual para la liquidación de la mesada pensional deberán
computarse todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el
último año de servicio, ya que los emolumentos señalados en la norma en cita, están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos percibidos por
el trabajador durante el último año de servicio.
RECURSO DE APELACIÓN10
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Montería el
15 de octubre de 2015, respecto de los numerales que concedieron las pretensiones
7 Folios 249 a 256 del cuaderno principal.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01(0112-2009).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de febrero de 2012, radicado
No. 25000-23-000-2007-01307-01 (0386-10).
10 Folios 172 al 180 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente
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de la demanda, encaminadas a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación de
la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses.
Alegó la entidad demandada que el a quo desconoció la obligación de ajustar sus
decisiones al precedente de la Corte Constitucional, ya que, en su sentir, los fallos de
esta corte son de obligatorio cumplimiento, incluso cuando estos disten de la línea que
se lleva en un tema en específico, como es el caso respecto de la jurisprudencia del
Consejo de Estado. Solicitó al juzgador en segunda instancia que se revoque la
totalidad de la sentencia de primera instancia en aplicación del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y de la sentencia SU-230 de 2015 y, en consecuencia, que se absuelva
a la UGPP del cumplimiento de las pretensiones de la demanda.
SENTENCIA OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN11
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia
del 31 de marzo de 2017, confirmó la sentencia proferida el 15 de octubre de 2015 por
el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de
Montería. En consecuencia, mantuvo la decisión de acceder a las pretensiones de la
demanda, condenó en costas a la UGPP y fijó agencias en derecho a su cargo.
El ad quem consideró que, para efectos de fijar el monto del ingreso base de
liquidación de la prestación reconocida a la señora Teresa del Carmen Arrieta
Meneses, se debía tener en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último
año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales percibidos. Esta
decisión quedó en firme y ejecutoriada el 5 de abril de 2017.
LA ACCIÓN DE REVISIÓN12
La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a.) y
b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a.) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso» y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Descongestión del Circuito Judicial de Montería, en providencia del 15 de octubre de
2015, confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba sala cuarta de decisión
mediante fallo de 31 de marzo de 2017.
11 Folios 274 al 295 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente
digital en SAMAI.
12 La demanda fue radicada el 8 de octubre de 2018. Folios 375 a 407 c. ppal.
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2. De forma subsidiaria, se ordene la exclusión de la bonificación por recreación
rubro que no constituye factor de salario.
3. Declarar que la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses en cuanto a la
liquidación de su pensión de vejez, no es acreedora de un derecho adquirido
amparable por la legislación colombiana, y en su lugar, ordenar la reliquidación y pago
de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en la sentencia SU-395 de
2017, puesto que la aplicación incorrecta del régimen de transición en la que se liquida
la pensión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
constituye un defecto sustantivo y violación directa de la constitución.
4. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la UGPP reliquidar y pagar la
mesada pensional de la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses, conforme a las
reglas previstas en las sentencias C-158 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014,
SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU-395 de
2017 y SU-631 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional, adoptando como
ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3º del articulo 36 o las
consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los
factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994
y demás disposiciones que expresamente consagren esa condición de factores
salariales con incidencia pensional, y fijando como monto pensional o tasa de
reemplazo el 75% previsto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; por haber adquirido
su estatus pensional conforme a las condiciones del régimen de transición creado por
el Sistema General de Pensiones y no antes.
Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.° y 124 de la
Constitución Política, el Acto Legislativo 01 de 2005 y las demás normas concordantes
por cuanto se apartan del tenor literal de las disposiciones aplicables, en relación con
el Ingreso Base de Liquidación que se debe tomar para el cálculo de la prestación con
fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Para sustentar la alegada configuración del literal a.) señaló que la reliquidación
pensional ordenada, no aplicó los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto
del IBL y los factores salariales que se deben incluir. Con ese proceder, se
desconocieron a su vez, los principios superiores contenidos en los artículos 1, 2, 6,
29, 121, 123 inciso 2° y 124 de la Carta Política.
En relación con la causal del literal b.), sostuvo que se configura en la medida en que
no se tuvo en cuenta la interpretación que ha dado la Corte Constitucional sobre la
liquidación de las pensiones. Aquella está contenida en las reglas previstas por las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017,
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aplicados en las providencias proferidas en sede de tutela tales como la T-039 de 2018,
providencias emitidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, de acuerdo con las
cuales se deben adoptar como Ingreso Base de Liquidación las directrices fijadas en
el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según el caso. Los factores salariales por computar en la base de cotización son los
taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren tal carácter con incidencia pensional. La tasa de reemplazo
debe ser del 75%, conforme a las condiciones del régimen de transición creado por el
sistema general de pensiones.
Igualmente, advirtió que la providencia judicial generó un pago periódico de una
mesada pensional que excede lo debido legalmente. Indicó que en la actualidad, la
demandada recibe un valor mensual que configura un abuso palmario del derecho al
liquidar equivocadamente los factores salariales que se tuvieron en cuenta para
establecer la mesada pensional, con lo que obtuvo la señora Teresa del Carmen
Arrieta Meneses una ventaja irrazonable que genera un grave detrimento al erario.
Igualmente, solicitó que se decretara medida cautelar la cual fue denegada por auto
del 10 de junio de 2019.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN13
La señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses contestó de manera extemporánea la
acción de revisión, tal y como lo señaló el auto de fecha 11 de marzo de 202214.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.15.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción de revisión formulada es de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de
201916.
13 Índice 39 del expediente digital en SAMAI.
14 Índice 41 del expediente digital en SAMAI.
15 «Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
16 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa: « las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta Corporación conocer de las
acciones de revisión que se interpongan contra las sentencias proferidas por los
tribunales y los juzgados administrativos17.
Legitimación y oportunidad de la acción de revisión
Antes de abordar el fondo del asunto, conviene señalar sobre la legitimación de la
UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión18, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección19.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de febrero de 2015, Radicación (AC) 11001-03-
15-000-2014-02125-01, demandante: María Luisa Martínez de Leal.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Demandante: UGPP
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 21 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada la presentación de la
acción de revisión y lo hizo oportunamente, teniendo en cuenta que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Córdoba quedó ejecutoriada el 5 de abril de 201720, de esa
misma anualidad, y la demanda fue radicada el 9 de octubre de 201821, se concluye
que aquella se encuentra en tiempo.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200322 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»23
20 De acuerdo con la constancia secretarial que reposa en el folio 121 del expediente de revisión.
21 Folio 409 del cuaderno principal.
22 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
23 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
● Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación24.
● Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones25.
● Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira26.
● De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,
cuando se reconocieron en un valor mayor al que corresponde, con vulneración
del debido proceso o de la ley.
● Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia27.
24 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
25 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de la señora Teresa
del Carmen Arrieta Meneses, en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores
salariales devengados durante el mismo lapso y no el previsto por el inciso 3.° del
artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
señalada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de revisión
contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso base
de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia28. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son29:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
28 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
29 Sentencia C-341 de 2014
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(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales30, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias31 que hacen la decisión
30 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018. Estas causales consisten
en las siguientes:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»
31 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de
2015.
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incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»32. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses debe liquidarse teniendo en cuenta el
ingreso base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, modificada por la
Ley 62 del mismo año y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si la mesada que se le paga
mensualmente debe verse reducida en la misma proporción a efectos de contribuir a
la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.»
32 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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Por su parte, la Ley 62 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.»
De la lectura de estas dos normas se desprende con claridad que las pensiones de
aquellas personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985 se
liquidarían con base en el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se
efectuaron aportes a la entidad de previsión, que hubiese percibido el trabajador en el
último año de servicio y sobre los cuales existía el deber de cancelar según el artículo
3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto
es, sobre: i) la asignación básica; ii) los gastos de representación; iii) las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; iv) dominicales y feriados; v) horas
extras; vi) la bonificación por servicios prestados y; vii) el trabajo suplementario.
Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la
Constitución Política reguló en su inciso sexto que, para la liquidación de las pensiones
solo se tendrían en cuenta aquellos factores sobre los cuales cada persona hubiese
efectuado cotizaciones.
4. El régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro. Su
objeto era el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitiría regirse por las normas
aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
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«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
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36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia33, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197134 y 929 de 197635.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
33 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
34 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
35 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
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• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201036 así se refirió al tema:
«Régimen de transición.
La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral, con el objetivo
de amparar a la población en las contingencias de vejez, invalidez y muerte, a
través del reconocimiento de pensiones y otras prestaciones, para los afiliados y
sus beneficiarios, encaminadas a proteger sus derechos fundamentales y a crear
mecanismos de carácter económico que contrarrestaran las circunstancias de
desamparo, pérdida de capacidad laboral o vulnerabilidad a las que se veían
sometidos.
No obstante lo anterior, la referida ley en su artículo 36 preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
(…).”
Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que
ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en
lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto
de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual
se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Demandante: UGPP
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Con todo, la Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
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lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión
comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera
imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la
pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea
comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo».
Verificación de las causales de revisión invocadas
Vulneración del debido proceso. Literal a.) del artículo 20 Ley 797 de 2003
Se observa que los argumentos expuestos por la UGPP no están referidos a alguno
de los aspectos sobre jurisdicción y competencia, los derechos de audiencia, de
defensa y contradicción o a la valoración probatoria. Las acusaciones se relacionan
con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las normas que hizo el a quo
para el cálculo de la prestación. En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la
pensión excediera lo debido de acuerdo con la ley. Esta cuestión hace referencia a la
causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para
definir si se configura la hipótesis contemplada en el literal a), es necesario verificar lo
relativo a señalada en el literal b), la cual pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003.
La señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses nació el 27 de agosto de 194937 y
laboró como servidora pública desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 31 de mayo
de 2013, teniendo como último cargo el de auxiliar administrativo Código 4044 Grado
10º. La UGPP no discutió en sus escritos de contestación ni alegatos el hecho de que
la peticionaria era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
La Dirección Territorial Córdoba del Instituto Geográfico Agustín Codazzi certificó que
la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses38 devengó los siguientes emolumentos
durante el último año de servicio, comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2013:
• Sueldo
• Bonificación por servicios
• Prima de servicios
• Prima diciembre
37 Como consta en su cédula de ciudadanía, folio 8 expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho; índice 52 del expediente digital en SAMAI.
38 Folios 20 y 21 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
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• Prima vacaciones
• Sueldo vacaciones
• Alimentación
• Transporte
A través de la Resolución UGM 021821 del 23 de diciembre de 2011 la extinta Caja
Nacional de Previsión Social le otorgó el derecho pensional solicitado por la
demandante39, efectiva a partir del 29 de septiembre de 2011 y condicionada al retiro
definitivo del servicio, teniendo en cuenta el tiempo que se desempeñó como auxiliar
administrativo código 4044 grado 11, en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, desde
el 16 de septiembre de 1977 hasta el 30 de mayo de 2013, para un total de 12.253
días laborados.
El acto en mención liquidó la prestación en las siguientes condiciones:
⮚ Tuvo en cuenta que adquirió el estatus de pensionada el 27 de agosto de 2004.
El último cargo que desempeñó fue el de auxiliar administrativo código 4044
grado 11.
⮚ El Ingreso Base de Liquidación que tomó fue el salario promedio de 9 años, 11
meses y 27 días, «entre el 29 de septiembre de 2001 y el 28 de septiembre de 2011»,
según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
⮚ Los factores que se tuvieron en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional fueron: asignación básica mes y bonificación servicios prestados.
Mediante Resolución RDP 042681 del 13 de septiembre de 2013 40, la UGPP negó la
reliquidación de la pensión de vejez de la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses
en razón del incumplimiento de los parámetros señalados por la entidad para dar valor
probatorio a los certificados de factores salariales, que se aportaron en copia simple;
además de que no allegó el «certificado de información laboral formato No. 1» en original
y que se encontraba registrado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
El Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de
Montería, mediante sentencia del 15 de octubre de 2015, le ordenó a la UGPP
reliquidar la pensión de la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses en los siguientes
términos:
«[…]
SEGUNDO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución Nº UGM 021821 del
23 de diciembre de 2011, proferida por CAJANAL EICE en Liquidación, asimismo,
DECLÁRESE la nulidad total de la Resolución Nº RDP 042681 del 13 de
39 Folios 16 a 19 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
en SAMAI.
40 Folios 12 a 14 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital
en SAMAI.
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septiembre de 2013, proferida por la UGPP, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la
señora TERESA DEL CARMEN ARRIETA MENESES, […], conforme al régimen
de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, aplicando
el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, incluyendo para calcular el ingreso base de
liquidación de la mesada pensional, todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios (entre el 31 de mayo de 2012 y 30 de mayo de
2013), esto es, sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación y de
transporte , por lo dicho en la parte motiva de la providencia.
CUARTO: Respecto de los conceptos que se reconocen y pagan anualmente,
como las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, entre otras, para efectos
de determinar la base de liquidación de la pensión, lo procedente es tomar una
doceava de cada uno de ellos.
QUINTO: Sobre los factores salariales cuya inclusión aquí se ordena, la UGPP
efectuará los descuentos en la proporción establecida en la Ley, siempre que no
hayan sido objeto de cotización alguna.
SEXTO: CONDENAR a la UGPP a pagar a la actora, las diferencias resultantes
entre la liquidación aquí ordenada y las mesadas pensionales pagadas a él(sic),
desde el día en que se hicieron efectivas y hasta la fecha en que se haga el pago
de la misma, conforme lo dicho en la parte motiva. Aplicando a la diferencia
obtenida la indexación según el IPC indicado por el DANE desde la fecha en la que
se otorgó la pensión a la actora hasta cuando se haga efectivamente el pago,
según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: DECLÁRESE Prescritas las mesadas pensionales y las reliquidaciones
causadas con anterioridad al 20 de agosto de 2010.
[…]» (gramática, puntuación y ortografía del original)
El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en fallo del 31 de
marzo de 2017, confirmó el fallo del a quo y condenó a la UGPP al pago de costas y
agencias en derecho por valor de 1% del valor resultante de las pretensiones de la
demandante.
«[…] valga reiterar que esta Colegiatura ratifica la posición acogida, conforme los
pronunciamientos de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, y en esa
medida no es de recibo el argumento del recurrente según el cual no debe acudirse
al régimen de la Ley 33 de 1985 para determinar el ingreso base liquidación IBL,
en razón a lo dicho por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015. Respecto de la primera, esta Sala ha sido enfática en señalar en
anteriores oportunidades, que se limitó a revisar la constitucionalidad del artículo
17 de la Ley 4 de 1992, régimen especial a favor de los Congresistas y que se
extiende a los funcionarios de las altas cortes, en virtud del artículo 28 del Decreto
104 de 1994; sentencia que resolvió declarar inexequibles las expresiones
“durante el último año y por todo concepto", “Y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal” contenidas en el primer
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inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión “por todo
concepto", contenida en su parágrafo.
[…]
En el caso concreto el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-señala
que la pensión reconocida, debe liquidarse de conformidad con los factores
salariales que se encuentren enlistados de manera taxativa, a juicio del recurrente,
en la Ley 62 de 1985, y sin atender interpretaciones jurisprudenciales pues
considera que ante la claridad de la ley el punto no admite interpretaciones. En esa
medida desestima los criterios jurisprudenciales fijados por el órgano de cierre de
esta jurisdicción, especialmente en la sentencia de Unificación de 4 de agosto de
2010. Sobre el particular, considera la Sala que la premisa que aduce el recurrente
implica cercenar una de las funciones del juez, y es la que corresponde a la
interpretación de la ley en ejercicio de la función judicial. Ahora bien, sin entrar en
disquisiciones teóricas sobre esa importante función, ha de decirse en forma
categórica que la sentencia de cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010),
Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09). Consejero
ponente- VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, es una sentencia emitida
por la Sala Plena de la sección Segunda del H. Consejo de Estado que unificó el
criterio interpretativo sobre la inclusión de todos los factores salariales
devengados, durante el último año de servicios, precedente que debe acatarse por
el operador judicial. Por los argumentos esgrimidos esta Corporación seguirá
acogiendo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, descrita “in extenso" en
las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010 y 12 de septiembre de 2014,
según la cual, a la luz de los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la Ley,
a los beneficiarios del régimen de transición se les debe aplicar de manera integral
el régimen especial anterior a la Ley 100 de 1993; puesto que una interpretación
en contrario desnaturaliza el régimen de transición, y afecta de forma desfavorable
el monto de la pensión de los beneficiarios del mismo. Para lo anterior, se insiste
en que la posición del Consejo de Estado, ampliamente expuesta, no ha mutado
en relación con la interpretación del régimen de transición y lo que existe en la
actualidad es una discrepancia hermenéutica sobre la obligatoriedad del
precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencia C-258 de 2013 y SU-
230 de 2015, frente a lo cual en virtud de los argumentos expuestos, esta
Colegiatura acoge la tesis según la cual los jueces deben seguir el precedente
proferido por el superior funcional de su respectiva jurisdicción.
[…]».
Por medio de la Resolución RDP 034913 del 8 de septiembre de 2017 41, la UGPP
reliquidó la pensión de vejez de la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses y con
ello, dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, sala cuarta de decisión, proferida el 31 de marzo de 2017.
41 Folios 375 a 383 del archivo «CC 34958806» del CD, folio 1 del c. principal.
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Análisis de la Sala
Es de anotar, que para el momento en el que se produjo la decisión, la posición
adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de liquidación de
las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 201042, antes referida, según
la cual aquel también se rige por las normas anteriores a dicha ley. Esta posición se
mantuvo hasta el 28 de agosto de 2018, como se explicó en párrafos precedentes, es
decir, con posterioridad a la fecha de la sentencia que se solicita infirmar. Por lo tanto,
es dable concluir que no se configura la causal b.) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, dado que la sentencia se ajustó a los parámetros señalados por el precedente
del Consejo de Estado.
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a la sentencia objeto de examen,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 43; ii) derecho a la
igualdad; y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año,
desigualdad que contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
43 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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De otra parte, conviene aclarar que, si bien en la sentencia C-258 de 2013 se fijó una
regla según la cual todas las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude
a la ley debían ser revisadas y reliquidadas, lo cierto es que se refirió específicamente
a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. Este no es el caso de
la demandada, pues no se discute que ella se desempeñó durante los últimos 36 años
de su vida laboral como auxiliar administrativo44. En todo caso, en este particular, no
existe prueba de que la pensión objeto de controversia haya sido obtenida con abuso
del derecho o fraude a la ley, razón por la cual, en manera alguna resulta aplicable al
sub examine45.
Ciertamente, en la referida providencia, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad
del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta
para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las siguientes
reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá extenderse a
quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el beneficiario
y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL
será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el
caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen difiere del que rige el
derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria de dicha normativa
especial.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Circuito de Córdoba, en el ejercicio de
su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y acogió la tesis de su superior funcional y máximo tribunal de lo
Contencioso Administrativo, vigente para la época. En ese sentido, no puede admitirse
que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario,
se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante
y explicó ampliamente las razones que lo llevaron a apartarse de la interpretación
expuesta por la Corte Constitucional, en cumplimiento de la necesidad de exponer la
carga argumentativa para ello46.
En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Teresa del Carmen Arrieta
Meneses es beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de
discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de
servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de
44 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi certificó que la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses
laboró en dicha institución desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 31 de mayo de 2013 (f. 25 del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho; índice 52 del expediente digital en SAMAI).
45 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
46 En este sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-621 de 2015, SU-448 de 2011, T-
087 de 2007, T-193 de 1995, T-1625 del 2000. T-522 de 2001, T-462 de 2003 y T-161 de 2010 de la
Corte Constitucional.
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1985 modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que consagra las disposiciones
de las prestaciones sociales para el sector público al cual tenía derecho por haber
cumplido más de 40 años de edad al momento en que la Ley 100 de 1993 entró en
vigor. Este criterio se acompasa con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento, según la cual el IBL hacía parte del régimen de transición
y se debían incluir todos los factores salariales devengados.
Adicionalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de
Estado modificó su posición frente al ingreso base de liquidación de los servidores del
régimen general, en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, también es
cierto que en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que « No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han
sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
para la época.
Ahora bien, de forma subsidiaria la UGPP solicitó que se ordene excluir la bonificación
por recreación de la liquidación de la pensión. Sobre el particular, se observa que, en
efecto, en la certificación que da cuenta dentro de los emolumentos recibidos en el
último año de labor, la demandante no devengó la citada bonificación. Con todo,
también se advierte que la UGPP, al dar cumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba a través de la Resolución RDP 034913 del 8 de
septiembre de 2017 tampoco incluyó este rubro, pues tampoco fue considerado por la
sentencia objeto de revisión. Por esta razón no tiene vocación de prosperidad lo
solicitado por la parte demandante.
Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica47.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2
y 124 de la Constitución Política, Acto Legislativo 01 de 2005, Ley 33 de 1985, Ley 100
de 1993 y Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas por la UGPP en el escrito
contentivo del recurso extraordinario de revisión. Ello en consideración a que la
interpretación que la sentencia objeto del recurso impartió a tales contenidos
normativos se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo
de Estado.
47 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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De esta manera, comoquiera que no se configura la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, tampoco se configura la del literal a), lo cual lleva a que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora
Teresa del Carmen Arrieta Meneses atendiendo el ingreso base de liquidación de la
Ley 33 de 1985, modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en
cuantía equivalente al promedio de lo devengado durante el último año de servicio,
incluyendo la totalidad de los emolumentos recibidos durante dicho lapso.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 31 de marzo de 2017
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, por medio de la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se ordenó reliquidar la pensión de
jubilación de la señora Teresa del Carmen Arrieta Meneses.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación48 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público. También se
presenta como un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional. En esas condiciones, la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su
causación.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2018-01513-00 (4915-2018)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
contra Teresa del Carmen Arrieta Meneses, por las causales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Circuito de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión, el 31 de marzo de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 823001333300220170004800.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, háganse las anotaciones pertinentes y archívese el expediente del recurso
extraordinario de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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