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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01642-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-01642-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR que con relación a las expresiones “en primer término” y “a falta de este” que hacen parte del primer inciso del artículo 7 del Decreto 1189 de 1994, se configuró cosa juzgada en el asunto con la sentencia del 8 de octubre de 1998 proferida por esta corporación en el expediente 14634. 19 No. interno: 5441-2018 Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro SEGUNDO. RECONOCER al abogado Jairo Alexander Gómez Ramírez como apoderado sustituto de la parte actora, conforme a la sustitución hecha por el apoderado principal Cristian Camilo Gómez Aguilar29. TERCERO. Sin condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA. CUARTO. ORDENAR a la Secretaría de la Sección que archive el expediente dejando las constancias del caso, una vez ejecutoriada la sentencia. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2018-01642-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 11001-03-25-000-2018-01642-00 (5441-2018)
Demandante : Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada : Nación – Ministerio del Trabajo – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Medio de control : Nulidad Ley 1437 de 2011
Tema : Nulidad parcial del artículo 7 del Decreto 1989 de 1994
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
1993
Decisión : Sentencia única instancia

Se profiere sentencia en el proceso con el radicado de la referencia, del medio
de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), a través del cual
el ciudadano Ronald Arturo Campos Merchán, solicita que se declare la
nulidad de las expresiones “en primer término” y “A falta de éste” del artículo
7 del Decreto 1889 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100
de 1993.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

El ciudadano Ronald Arturo Campos Merchán presentó demanda de
nulidad por inconstitucionalidad2 contra el Ministerio del Trabajo, encaminada
a obtener la anulación de apartes del artículo 7° del Decreto 1889 de 1994, por
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, derogado por el
Decreto 1833 de 20163. A continuación, se transcribe el artículo 7 y los apartes
acusados del mismo se destacan con negrillas:

1
Índice 007 Samai
2
Por las razones expuestas en el auto del 8 de septiembre de 2020 (índice 003 samai), se dispuso tramitar el asunto
como medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA.
3
En el auto del 29 de junio de 2022, por el cual se negó la excepción denominada carencia de objeto, propuesta como
previa por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se expusieron las razones por las que la derogación del artículo
demandado parcialmente no impide emitir pronunciamiento, en consideración a los efectos que pudo haber producido
mientras estuvo vigente.

2

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

DECRETO 1889 DE 1994
(agosto 3)
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las
conferidas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política de
Colombia,

DECRETA:

ARTICULO 1o. CAMPO DE APLICACION. […]

ARTICULO 2o. PENSIONES EN EL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL. […]

ARTICULO 3o. BONOS PENSIONALES. […]

ARTICULO 4o. FINANCIACION DE LAS PENSIONES EN EL REGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL. […]

ARTICULO 5o. SUMA ADICIONAL. […]

ARTICULO 6o. CAPITAL NECESARIO. […]

ARTICULO 7o. CONYUGE O COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE COMO
BENEFICIARIO DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES. Para los efectos de los
literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y 49 del Decreto 1295 de
1994, tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, en primer término, el cónyuge.
A falta de éste, el compañero o compañera permanente.

Se entiende que falta el cónyuge y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de
sobrevivientes, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Muerte real o presunta del cónyuge.
b) Nulidad del matrimonio.
c) Divorcio del matrimonio.
d) Separación legal de cuerpos.
e) Cuando la pareja lleve cinco (5) o más años de separación de hecho. 4

1.2 Antecedentes

El Congreso expidió la Ley 100 de 1993, que entre otros aspectos reguló los
requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, los beneficiarios de la
prestación y el orden del derecho (artículos 46, 47 y 74). Estas disposiciones
establecen que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente en el primer
orden “el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite” (literal
a).

El presidente expidió el Decreto 1889 de 1994, que en su artículo 7 prevé que,
para los efectos de los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de
1993 y 49 del Decreto 1295 de 1994, tendrán derecho a la pensión de

4
El texto tachado fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de octubre de 1998, exp.
14634, C.P. Dr. Javier Díaz Bueno.

3

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

sobreviviente, en primer término, el cónyuge y, a falta de éste, el compañero o
compañera permanente.

Se demandó la nulidad del artículo 7 del Decreto 1889 de 1994 ante el Consejo
de Estado, corporación que, en sentencia del 8 de noviembre de 1998, declaró
la nulidad del inciso segundo del artículo acusado, cuyo tenor era:

Se entiende que falta el cónyuge y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión
de sobrevivientes, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Muerte real o presunta del cónyuge.
b) Nulidad del matrimonio.
c) Divorcio del matrimonio.
d) Separación legal de cuerpos.
e) Cuando la pareja lleve cinco (5) o más años de separación de hecho.

También se declaró nula la parte final del artículo 11 del mismo Decreto. Las
demás súplicas de la demanda fueron negadas.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Según la parte actora las expresiones acusadas del artículo 7 del Decreto 1889
de 1994, transgredieron los artículos 13 y 189, numeral 11, de la Constitución
Política. El concepto de violación expuesto en la demanda señala, en resumen,
lo siguiente:

La Corte Constitucional ha concluido que el Colombia no es constitucional la
discriminación frente al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en el
que se privilegia una forma de constitución de la familia sobre otra (matrimonio
sobre unión marital de hecho), en consecuencia, el legislador debe otorgar el
derecho a la pensión de sobreviviente en idénticas condiciones a quienes
reclamen derechos sin que la forma de crear la familia permita un trato
diferencial5. A pesar de que la Corte ha sostenido que el matrimonio y la unión
marital de hecho son instituciones con especificidades propias y no
plenamente asimilables, la jurisprudencia constitucional ha decantado que los
derechos conferidos a la familia que se conforma por cualquiera de las dos
vías no son susceptibles de tratamiento diferencial, cuando éste tiene como
único fundamento su divergencia estructural.

5
Corte Constitucional sentencias C-1035 de 2008,

4

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

Conforme al juicio integrado de igualdad de nivel estricto hecho por el
accionante, no hay un fin constitucional perseguido por la norma que justifique
la diferenciación para el reconocimiento de una prestación social, que se
reconoce a favor del núcleo familiar del causante, sin que la forma de
constituirla sea un elemento que permita un trato diferencial para este
escenario.

El presidente de la República excedió su potestad reglamentaria pues en lugar
de reglamentar la disposición legal, creó otra diferente en la que otorgó
privilegios a la familia constituida por el matrimonio en detrimento de la familia
instituida por voluntad libre con relación al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, situación que no está regulada en la Ley 100 de 1993.

Concluye que, no existe justificación para discriminar en el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente por el origen de la familia ya que todas las formas
de familia tienen los mismos derechos en la seguridad social, y cualquier trato
diferencial es inconstitucional.

Advirtió que, no se ha presentado el fenómeno de cosa juzgada porque aquí
se demanda la norma por inconstitucionalidad, mientras que en la acción que
se resolvió con el radicado No. 14634, no se presentó el cargo de
inconstitucionalidad sino de ilegalidad por la discordancia entre lo ordenado
por el legislador y lo dispuesto para desarrollar la ley en el decreto
reglamentario.

1.3 Trámite procesal

La demanda fue admitida por auto del 8 de septiembre de 2020 6, por el cual
se adecuó del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad al de
nulidad, por las razones allí expuestas. En el mismo auto se ordenó: vincular
como demandada a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al
Ministerio del Trabajo; notificar a las demandadas, correr traslado de la
demanda; notificar al representante del Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

6
Samai índice 003

5

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

1.4 Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público7

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunció sobre la demanda
con memorial del 24 de marzo de 20218, donde formuló la excepción previa
denominada carencia de objeto, en razón a que la norma censurada no se
encuentra vigente y no es procedente ejercer control sobre normas
derogadas.

Mediante auto del 29 de junio de 20229, se negó la excepción previa debido a
que esta Corporación mantiene su competencia para conocer del medio de
control de nulidad y decidir si se desvirtúa o no la presunción de legalidad del
acto mientras estuvo vigente.

El Ministerio del Trabajo guardó silencio, aunque fue notificado en debida
forma.

1.5 Alegatos de conclusión

Por auto del 19 de febrero de 202410, se dispuso dictar sentencia anticipada
con fundamento en las causales de los literales a y c del numeral 1 del artículo
182A del CPACA; fijar el litigio en definir la legalidad o no de unos apartes del
artículo 7 del Decreto 1889 de 1994; Correr traslado por el termino de tres (3)
días sobre las pruebas aportadas y correr traslado por el término de diez (10)
días a las partes para presentar sus alegatos de conclusión y el mismo al
Ministerio Público, para conceptuar sobre el asunto, si lo estima pertinente.

La parte demandante y las entidades accionadas, en el término para
presentar sus alegatos de conclusión, que transcurrió entre el 12 y el 25 de
abril de 2024, guardaron silencio, según informe de Secretaría del 17 de mayo
de 202411.

1.6 Concepto del Ministerio Público

7
En el auto del 29 de junio de 2022 (Samai índice 015) que negó la excepción previa formulada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, se expusieron las razones por las que en las demandas de nulidad no es dable denominar al
emisor del acto demandado o accionado, sino interviniente de naturaleza especial por el extremo pasivo de la relación
jurídico-procesal.
8
Índice 10 Samai
9
Índice 015 Samai
10
Índice 22 Samai
11
Índice 028 Samai

6

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

El agente del Ministerio Público, en el plazo para rendir concepto, guardó
silencio, según constancia secretarial del 17 de mayo de 202412.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 201913, expedido por la
Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda es competente para
conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2 Problema jurídico

En el auto del 19 de febrero de 2024, el litigio se fijó así:

Definir la legalidad o no de unos apartes del artículo 7 del Decreto 1889 de 1994,
expedido por el presidente de la República, «[p]or el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 100 de 1993», al estimar la parte demandante que quebranta
los artículos 13 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política, al considerar que el
presidente de la República excedió su potestad reglamentaria pues en lugar de
simplemente reglamentar la norma, creó otra diferente, esto es, otorgó privilegios
a la familia constituida por el matrimonio en detrimento de la familia instituida por
voluntad libre, situación que no está regulada en la Ley 100 de 1993.

El problema jurídico se concentra en resolver si el artículo 7 del Decreto
1889 de 1994, al establecer que a la pensión de sobrevivientes tendrá
derecho, en primer término, el cónyuge y, a falta de este, el compañero o
compañera permanente, creó una regla discriminatoria injustificada
excediendo la facultad de reglamentar la disposición legal. Previo a ello
se debe definir si la sentencia del 8 de octubre de 1998, expediente 14634,
que declaró la nulidad del inciso segundo del artículo aquí acusado,
constituye cosa juzgada.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 Potestad reglamentaria

12
ibidem
13
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

7

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Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Constitución
Política, corresponde al Congreso de la República hacer las leyes, en el campo
legislativo. Pero no solo esa función le corresponde al mencionado ya que, el
Ejecutivo también goza de esa facultad, a través del Presidente de la república
con fundamento en lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta
Política, la cual lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas
a la correcta ejecución y cumplimiento de la ley, potestad que se ve restringida
en la medida en que el Congreso utilice en mayor o menor grado sus poderes
jurídicos, pues el legislador puede llegar a ser muy minucioso en su regulación
y, por consiguiente, la tarea de la autoridad encargada de reglamentar la ley
se minimiza. O puede suceder lo contrario: que aquél decida no ser tan prolijo
en la reglamentación, dejando al Ejecutivo el detalle.

La facultad con que cuenta el Presidente de la República de reglamentar la ley
está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la ley
misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar
su contenido. Es decir, que las normas reglamentarias deben estar
subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal
ejecución de ella14.

2.3.2 La pensión de sobrevivientes fundamento constitucional y legal

Según lo consagrado en la Constitución Política, Colombia es un Estado Social
de Derecho organizado en forma de República fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado, entre
otros, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (artículos 1, 2,
3). La Carta también consagra el derecho irrenunciable a la seguridad social,
el respeto de todos los derechos adquiridos en materia pensional (artículo 48),
el principio mínimo fundamental de situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho (artículo 53) y la garantía de los derechos adquiridos (artículo 58).

14
Sentencia C-028/97.

8

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
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En desarrollo de la disposición constitucional contenida en el artículo 48, el
legislador expidió la Ley 100 de 1993 mediante la cual se creó el sistema de
seguridad social, del que hace parte el Sistema General de Pensiones que
contempló distintos tipos de prestaciones para las contingencias de vejez,
invalidez y muerte. En el artículo 46 consagró la pensión de sobrevivientes
para los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez que fallezca,
así como para los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre
que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: a) que el afiliado
se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis
(26) semanas al momento de la muerte, y b) que habiendo dejado de cotizar
al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26)
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la
muerte15.

El artículo 47 de la Ley 100 de 199316 en su redacción original definió los
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media
con prestación definida, en los siguientes términos:

ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez,
y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos
con el pensionado fallecido;

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez;

c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.

15
Los requisitos para obtener la prestación fueron modificados por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003Artículo 12. El
artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así: Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
fallezca y, 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado
cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento (…)”.
16
El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

9

No. interno: 5441-2018
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En el artículo 7417 de la misma ley, en su redacción original, definió los beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad,
casi en los mismos términos del texto normativo del artículo 47, pero excluyendo los
beneficiarios del literal d):

ARTICULO 74. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo
menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su
muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado
fallecido.

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte: y los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las
condiciones de invalidez;

c) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de éste.

En ejercicio de la facultad reglamentaria consagrada en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, el Ejecutivo expidió el Decreto 1889 de
1994, por el cual se reglamentó la Ley 100 de 1993 y en el artículo 7 consagró:

“(…) Artículo 7. Cónyuge o compañero o compañera permanente
como beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Para los efectos
de los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 y 49
del Decreto 1295 de 1994, tendrá derecho a la pensión de
sobrevivientes, en primer término, el cónyuge. A falta de éste, el
compañero o compañera permanente.

Se entiende que falta el cónyuge y por lo tanto se pierde el derecho a
la pensión de sobrevivientes, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Muerte real o presunta del cónyuge.
b) Nulidad del matrimonio.
c) Divorcio del matrimonio.
d) Separación legal de cuerpos.
e) Cuando la pareja lleve cinco (5) o más años de separación de
hecho18 (…).

17
Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
18
El texto subrayado fue declarado NULO por el Consejo de Estado mediante providencia de octubre 8 de 1998, exp.
14634, C.P. Dr. Javier Díaz Bueno.

10

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
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Como ya se advirtió al analizar el problema jurídico preliminar relacionado con
la existencia de cosa juzgada, el texto subrayado fue declarado nulo por el
Consejo de Estado mediante providencia de octubre 8 de 1998, expediente
14634.

El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 modificó los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993. Específicamente en cuanto a los requisitos que deben acreditar
el cónyuge o la compañera o compañera permanente para ser beneficiarios
de la prestación, dispuso:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos
de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte 19;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En
este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión
de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un
porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya
sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;20

Con las modificaciones dispuestas en el artículo 13 la Ley 797 de 2003 a los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, se derogó tácitamente el artículo 7 del
Decreto 1889 de 1994, como se analizó en la providencia del 9 de junio de
2022 que resolvió la excepción previa planteada por el Ministerio de Hacienda

19
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1094 de 2003.
20
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-1035 de 2008, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

11

No. interno: 5441-2018
Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

y Crédito Público, al modificar los requisitos y condiciones para acceder a la
pensión de sobrevivientes en el primer orden de beneficiarios que ocupan el
cónyuge y el compañero o compañera permanente. Sobre la legalidad de
normas derogadas, esta Corporación21 ha considerado que, por tratarse de
disposiciones administrativas generales son susceptibles de la acción incoada,
toda vez que la derogación tiene efectos ex – nunc, lo cual implica que el acto
derogado mantiene su presunción de legalidad por todo el tiempo que estuvo
vigente; presunción que es iuris tan tum o mientras no se declare lo contrario,
lo que está reservado a esta jurisdicción a instancia de parte que alegue y
demuestre la ilegalidad del acto administrativo general derogado.

En síntesis, la derogatoria de una norma jurídica no sustrae a la jurisdicción
contencioso administrativa de pronunciarse sobre su legalidad o ilegalidad,
dado que mientras estuvo vigente pudo producir efectos jurídicos, pues dicha
derogatoria no restablece per se su vigencia y no impide la proyección en el
tiempo y en el espacio de los efectos que ha generado, por lo cual debe haber
un pronunciamiento expreso del juzgador, respecto del acto derogado.
Además, el análisis de legalidad de los actos administrativos debe realizarse
en el momento en que el acto nace a la vida jurídica, de manera que el hecho
de su derogatoria no condiciona, ni limita dicho análisis22.

Precisado lo anterior, con respecto al objetivo y finalidad de la pensión de
sobrevivientes, la Corte Constitucional en la sentencia C-1094 de 2003 señaló
que, la pensión de sobrevivientes es uno de los mecanismos instituidos por el
legislador con el objetivo de garantizar a la población el amparo contra las
contingencias derivadas de la muerte, cuya finalidad es proteger a la familia
para que las personas que dependían económicamente del causante, puedan
seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la
situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o
afiliado que ha fallecido :

“(…) Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.

21
Sala de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 7 de octubre de 2010, Radicado No. 11001-03-24-000-2006-00368-
00.
22
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de octubre de 2000, Radicado No. 5929.

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Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
Demandada: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus
necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica
con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley
prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más
cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban
una pensión para satisfacer sus necesidades (…).

2.4 Problema jurídico preliminar

Teniendo en cuenta que, i) el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1889
de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia del
8 de octubre de 1998, expediente 14634, ii) que al respecto el
demandante sostiene que no hay cosa juzgada porque en esta oportunidad se
demanda nulidad por inconstitucionalidad, y iii) que para su admisión la
demanda fue adecuada al medio de control de nulidad, es necesario responder
previamente el siguiente interrogante: ¿el fallo del 8 de octubre de 1998
expediente 14634, constituye cosa juzgada frente a las pretensiones del sub
examine?

2.4.1 Cosa juzgada

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen
el carácter de inmutables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de
lograr la terminación definitiva de controversias que permita lograr la seguridad
jurídica. Opera cuando por razón de una decisión de fondo, debidamente
ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la
causa petendi juzgada en un proceso anterior23. Es una institución de
naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que exista
una decisión ejecutoriada, no pueden volver a ser ventilados ante la
jurisdicción, se estructura a partir de dos premisas, una objetiva relacionada
con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos
que intervienen en un proceso. En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la
cosa juzgada son por regla general interpartes, con excepción de las
decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual los mismos son
oponibles de manera general.

23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2011, radicado No. 47001-23-31-000-2006-
00878-02 (17771).

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Demandante: Ronald Arturo Campos Merchán
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Como lo establece el artículo 189 del CPACA y como lo menciono la
Corporación, la sentencia que decrete la nulidad de un acto administrativo
tiene efectos erga omnes de manera plena, por lo que respecto de dicho acto
no resulta posible adelantar un nuevo proceso en el que se solicite su
anulación. Sin embargo, cuando se trate de sentencias en las que se
denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la causa
petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto
de la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por
fundamento una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la
pretensión nugatoria. En lo que atañe al objeto y la causa, tales aspectos se
circunscriben al asunto sobre el que versó el debate y las razones que se
tienen para sustentar las pretensiones24.

En sentencia del 13 de junio de 2019, la Sección Segunda del Consejo de
Estado25 explicó que, la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, lo mismo con la que
niegue la nulidad, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Para
determinar si se presenta el fenómeno anterior con la providencia que negó la
nulidad se debe verificar: (i) identidad de las partes, pues al proceso deben
concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y
obligados, pero cuando se trata de acciones públicas este requisito no aplica;
(ii) identidad de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos como sustento
e (iii) identidad de objeto, ya que debe versar sobre la misma pretensión.

En el sub examine la demanda de nulidad por inconstitucionalidad26
presentada por el ciudadano Ronald Arturo Campos Merchán contra el
Ministerio del Trabajo, encaminada a obtener la anulación de las expresiones
“en primer término” y “A falta de éste” contenidas en el inciso primero del
artículo 7 del Decreto 1889 de 1994, fue admitida por auto del 8 de septiembre
de 2020, por el cual se adecuó del medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad al de nulidad, por las razones allí expuestas.

24
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 7 de diciembre de 2017, radicado No. 05001-23-33-000-2015-
02253-01.
25
Radicado No. 11001-03-25-000-2010-00060-00 (0520-10), C.P William Hernández Gómez.
26
Por las razones expuestas en el auto del 8 de septiembre de 2020 (índice 003 samai), se dispuso tramitar el asunto
como medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA.

14

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El inciso segundo del artículo 7 del Decreto 1889 de 1994, fue declarado nulo
por el Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de octubre de 1998,
expediente 14634. En ese sentido, puede inferirse que la sentencia proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación el 8 de octubre de 1998 dentro
del expediente No. 14634 cumple los presupuestos de los numerales (i) y (iii)
indicados en la sentencia

El primero (i), esto es, identidad de las partes, como se manifestó en la
providencia antes citada, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados, sin embargo, cuando se
trata de acciones públicas este requisito no aplica, pues, en los casos de
nulidad simple, conforme lo establece el artículo 137 del CPACA, toda
persona, por sí misma o por medio de representante pueden solicitar la nulidad
de actos administrativos de carácter general como el caso bajo análisis.

Respecto del tercer presupuesto (iii), identidad de objeto, es claro que versa
sobre la misma pretensión, esto es, el estudio de legalidad del contenido
normativo del artículo 7 del Decreto 1889 de 1994.

En cuanto al presupuesto señalado en el numeral (ii) identidad de causa
petendi, es decir, que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa tengan
los mismos fundamentos como sustento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

-La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón,
motivo y fundamento de la pretensión (el porqué del litigio); es decir, la
identidad de causa consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos
jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean en esencia los mismos
expuestos en el primer proceso, de manera que, si varían, el segundo proceso
es diferente y no existe cosa juzgada27.

-La sentencia del 8 de octubre de 1998 fue proferida en razón del ejercicio de
la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del anterior Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y, en el presente asunto, si
bien en auto del 8 de septiembre de 2020 (índice 003 samai), se dispuso
tramitar el asunto como medio de control de nulidad previsto en el artículo 137

27
Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 26 de noviembre de 2009, radicado No. 11001-03-25-000-2005-
00167-01(7673-2005).

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del CPACA, aunque inicialmente el accionante incoó el medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad de que trata el artículo 135 del CPACA (Ley
1437 de 2011).

-En la sentencia del 8 de octubre de 1998 se resolvió la demanda de nulidad
presentada por Ignacio Castilla Castilla, quien solicitó declarar la nulidad de
las expresiones “en primer término” y “a falta de este” del primer inciso del
artículo 7 del Decreto Reglamentario 1889 de 1994, así como el inciso tercero
y sus ordinales del mismo artículo, porque:

[…] por considerar que el compañero o compañera permanente quedan en un
segundo lugar para optar a la pensión de sobrevivientes, cuando los artículos 47 y
74 de la Ley 100 de 1993, que dice reglamentar, colocan al cónyuge y al compañero
permanente en un pié de igualdad, para tener derecho a dicha prestación, con la
única condición de la convivencia, motivo por el cual, es violatorio de la ley, colocar
al cónyuge como primer beneficiario, así como la enumeración taxativa de los casos
en que falta el cónyuge. 28

Sobre el cargo la sentencia consideró:

Dice el demandante que la parte de la disposición antes transcrita violó la norma
reglamentada porque instituyó como primer beneficiario de la pensión de
sobrevivientes al cónyuge al decir “en primer término”, y lo repitió al manifestar que
sólo a falta de este el derecho lo tendría el compañero o compañera permanente,
desconociendo que ambos están en un mismo pie de igualdad, puesto que la sola
condición de convivencia con el pensionado al momento de su muerte por el tiempo
exigido, era determinante del derecho.

Tanto el artículo 47 como el 74 de la Ley 100 de 1993, señalan que son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite.

Es cierto que tanto la Constitución, como la ley, y la jurisprudencia, han querido
proteger los derechos de la unidad familiar, sin que para el efecto sea indispensable
determinar la clase del vínculo, así sea el resultado de unión libre o que medie
vínculo jurídico o religioso, todas las familias se encuentran en igualdad de
condiciones y en el ejercicio de sus derechos, debe ser rechazado cualquier indicio
de discriminación.

Sin embargo, estima la Sala que la disposición acusada, no necesariamente implica
discriminación o desconocimiento de tal derecho en favor del compañero o
compañera permanente, pues no significa que para efectos de la pensión de
sobrevivientes, en presencia simultánea de cónyuge y compañero o compañera
permanente, se encuentren en el mismo pie de igualdad como se insinúa en la
demanda. El lógico entendimiento de la ley permite afirmar que en principio el
beneficiario de la pensión, es el cónyuge y a falta de este, porque no reúna los
requisitos que señala la ley el derecho lo tendrá, de existir, el compañero o
compañera permanente en las condiciones que señala la misma. En esta última
hipótesis, el compañero o compañera, asume el derecho, en idéntica situación a la
que asumiría el cónyuge.

Se presenta falta de cónyuge y asume el beneficio de la pensión de sobrevivientes,
el compañero o compañera permanente, en los términos señalados en la ley. En
esas condiciones el reglamento acusado al señalar como beneficiario en primer

28
Según la reseña de los cargo consignada en la sentencia del 8 de octubre de 1994 expediente 14634 demandante
Ignacio Castilla Castilla

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lugar al cónyuge y a falta de este, al compañero o compañera permanente, no
resulta contrario a la norma reglamentada. Por estas breves razones, se denegará
la solicitud de nulidad del inciso primero del artículo 7º del Decreto 1889de 1994.

Finalmente, la sentencia del 8 de octubre de 1998 resolvió:

PRIMERO.- Declárase nulo el inciso segundo del artículo 7º del Decreto 1889 de
1994, cuyo tenor es:

"Se entiende que falta el cónyuge y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión
de sobrevivientes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Muerte real o presunta del cónyuge
b) Nulidad del matrimonio
c)Divorcio del matrimonio
d)Separación legal de cuerpos
e) Cuando la pareja lleve cinco (5) o más años de separación de hecho.

SEGUNDO.- Del artículo 11, declárase nula la parte final, y cuyo texto expresa:

"En todo caso las entidades administradoras indicarán en sus reglamentos los
medios de prueba idóneos para adelantar el procedimiento de reconocimiento
respectivo".

Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

-En la sentencia del 8 de octubre de 1998 se analizaron cargos de nulidad
contra el primer inciso del artículo 7 del Decreto 1889 de 1994, en particular
por lo previsto en las mismas expresiones demandadas en el presente asunto,
en esa ocasión acusadas con el argumento en el sentido que el decreto
reglamentario transgredió la norma que dice reglamentar, esto es, por
infracción a lo establecido en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,
mientras que, en la presente se argumenta y se pretende el análisis de la
norma acusada bajo la transgresión de los artículos 13 y 189, numeral 11, de
la Constitución Política.

-Al respecto se advierte que en la sentencia del 8 de octubre de 1998 el
Consejo de Estado sí tuvo en cuenta tanto el mandato constitucional de
igualdad de protección y no discriminación para la familia,
independientemente de su origen, al argumentar en sustento de su análisis lo
siguiente:

Es cierto que tanto la Constitución, como la ley, y la jurisprudencia, han querido
proteger los derechos de la unidad familiar, sin que para el efecto sea
indispensable determinar la clase del vínculo, así sea el resultado de unión libre
o que medie vínculo jurídico o religioso, todas las familias se encuentran en
igualdad de condiciones y en el ejercicio de sus derechos, debe ser rechazado
cualquier indicio de discriminación.

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-Además, la sentencia estableció el entendimiento de la disposición que
resultaba acorde con el mandato legal reglamentado, que contempla el
derecho del compañero o compañera permanente a acceder al derecho en las
mismas condiciones que el cónyuge:

El lógico entendimiento de la ley permite afirmar que en principio el beneficiario de
la pensión, es el cónyuge y a falta de este, porque no reúna los requisitos que señala
la ley el derecho lo tendrá, de existir, el compañero o compañera permanente en las
condiciones que señala la misma. En esta última hipótesis, el compañero o
compañera, asume el derecho, en idéntica situación a la que asumiría el cónyuge.

-De igual modo estudió el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de la
disposición acusada y concluyó que se desarrolló dentro de sus límites:

Se presenta falta de cónyuge y asume el beneficio de la pensión de sobrevivientes,
el compañero o compañera permanente, en los términos señalados en la ley. En
esas condiciones el reglamento acusado al señalar como beneficiario en primer
lugar al cónyuge y a falta de este, al compañero o compañera permanente, no
resulta contrario a la norma reglamentada. Por estas breves razones, se denegará
la solicitud de nulidad del inciso primero del artículo 7º del Decreto 1889 de 1994.

Lo que permite concluir que también existe identidad de causa petendi porque
los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos de la demanda que ya fue
resuelta, coinciden en su esencia con los planteados en esta nueva
oportunidad, y que la decisión que se adoptó en esa ocasión y que hizo tránsito
a cosa juzgada, si abordó las cuestiones planteadas nuevamente en el sub
examine, a saber, exceso en el ejercicio de la facultad de reglamentación y
generación de una discriminación injustificada, aunque con apoyo en
jurisprudencia posterior a la expedición de la ley que modificó los artículos de
la Ley 100 de 1993 reglamentados por el artículo enjuiciado.

En resumen, la sentencia del 8 de octubre de 1998 proferida por esta
corporación en el expediente 14634, configura cosa juzgada frente a la
pretensión de nulidad que se plantea en el sub examines sobre las
expresiones “en primer término” y “a falta de este” que hacen parte del primer
inciso del artículo 7 del Decreto 1189 de 1994, al concurrir la identidad de
objeto y de causa que en dicho expediente, toda vez que allí se solicitó la
nulidad de las disposiciones atacadas en este, por la transgresión de los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 que reglamentó, es decir del ejercicio
de la facultad que le confiere al Presidente de la República el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política, así como por la discriminación que, a
juicio del accionante, las mismas generan en el tratamiento del compañero o

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compañera permanente frente al cónyuge, cuestiones ambas que en la
sentencia se analizaron y sobre lo que se concluyó que el lógico entendimiento
de la disposición contempla que el compañero asume la prestación en idéntica
situación a la que la asumiría el cónyuge en caso de que este no cumpla los
requisitos.

Por consiguiente, al configurarse la cosa juzgada sobre los textos normativos
acusados no es procedente analizar los cargos de nulidad que se plantean en
la presente causa, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA,
la sentencia que niega la nulidad produce cosa juzgada erga omnes en
relación con la causa petendi, la cual en el sublite coincide con la planteada
en el expediente 14634 fallado con la sentencia del 8 de octubre de 1998.

III. DECISIÓN

Se encontró que la sentencia del 8 de octubre de 1998 proferida por esta
corporación en el expediente 14634, configura cosa juzgada frente a la
pretensión de nulidad que se plantea en el sub examine sobre las expresiones
“en primer término” y “a falta de este” que hacen parte del primer inciso del
artículo 7 del Decreto 1189 de 1994, al existir identidad de objeto y de causa
con dicho expediente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR que con relación a las expresiones “en primer
término” y “a falta de este” que hacen parte del primer inciso del artículo 7 del
Decreto 1189 de 1994, se configuró cosa juzgada en el asunto con la sentencia
del 8 de octubre de 1998 proferida por esta corporación en el expediente
14634.

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SEGUNDO. RECONOCER al abogado Jairo Alexander Gómez Ramírez como
apoderado sustituto de la parte actora, conforme a la sustitución hecha por el
apoderado principal Cristian Camilo Gómez Aguilar29.

TERCERO. Sin condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA.

CUARTO. ORDENAR a la Secretaría de la Sección que archive el expediente
dejando las constancias del caso, una vez ejecutoriada la sentencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

29
Samai índice 029

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