Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00478-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00478-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00478-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C, cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-25-000-2013-00478-00 (0981-2013)
Demandante : Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada : Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control : Nulidad
Tema Nulidad del artículo 5 del Acuerdo 01 de 2012, expedido
por la Comisión Nacional de Administración de la Carrera
de la Fiscalía General de la Nación, que dejó «sin efectos
los Artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 005 de 2010 y demás
disposiciones que le sean contrarias»
Decisión : Declara probada de oficio la excepción de cosa juzgada
Se profiere sentencia en el proceso con el radicado de la referencia, del medio de
control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), a través del cual el ciudadano Fernando
Luis Jaramillo Giraldo, solicita que se declare la nulidad del artículo 5° del Acuerdo
001 de 2012 expedido por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la
Fiscalía General de la Nación.
I. ANTECEDENTES
1.1 Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad1 previsto en el artículo 137 del CPACA,
el señor Fernando Luis Jaramillo Giraldo, demandó la anulación del artículo 5°2 del
Acuerdo 001 de 2012 expedido por la Comisión Nacional de Administración de
Carrera de la Fiscalía General de la Nación, que dejó «sin efectos los Artículos 2, 3
y 4 del Acuerdo 005 de 2010 y demás disposiciones que le sean contrarias».
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Folios 63 y 64 vuelto .
2
Acuerdo N°001 del 3 de enero de 2012, Por el cual se modifica el Acuerdo 005 del 10 de diciembre de 2010 […] Artículo 5.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, modifica y deja sin efectos los Artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo
005 de 2010 y demás disposiciones que le sean contrarias.
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
El demandante relató que, en el año 2008 mediante las Convocatorias 001 a la 015,
la Fiscalía General de la Nación, dio apertura a un concurso de méritos para proveer
1.716 cargos dentro de la planta de personal de esa entidad, conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la Ley 938 de 2004.
Sin embargo, adujo que, durante el desarrollo de dicho proceso, el Congreso de la
República aprobó el Acto Legislativo 01 de 2008, que adicionó el artículo 125 de la
Constitución Política, lo cual permitió de manera excepcional, la inscripción
automática en la carrera administrativa, de servidores públicos que cumplieran
ciertos requisitos, y suspendió temporalmente, hasta por tres años, los concursos
de méritos en trámite. Sin embargo, adujo que la Fiscalía optó por continuar el
proceso, pero modificó sus condiciones al excluir 736 cargos amparados por el acto
legislativo, reduciendo las plazas a proveer a 980 y limitando así las oportunidades
para los concursantes admitidos inicialmente.
Además, expuso que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-588 de 2009,
declaró inexequible el Acto Legislativo 01 de 2008 y ordenó reanudar los concursos
suspendidos, eliminando las inscripciones extraordinarias realizadas al amparo de
esa norma. En ese contexto, la parte activa resaltó que, para dar cumplimiento a
esta decisión, la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación, expidió el Acuerdo 005 de 2010, mediante el cual se garantizó
la participación de todos los concursantes inicialmente admitidos y se convocó a
una nueva prueba de conocimientos para los 736 cargos excluidos con motivo de la
expedición del acto legislativo. Sin embargo, mediante el artículo 5 Acuerdo 001 de
2012, la misma entidad derogó expresamente los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 005
de 2010, por el cual había dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia C-588
de 2009.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se enunciaron como vulnerados los artículos 13 de la Constitución
Política; así como los artículos 48, 51, 52, 60, 61 y 62 de la Ley 938 de 2004, porque
a juicio del demandante, la disposición acusada, afectó el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 superior, de los ciudadanos que participaron en el
proceso de selección meritocrático de la Fiscalía, publicado mediante las
convocatorias 001 a 015 de 2008, dado que se alteró las reglas de ese concurso
público de méritos, transformándolo en un proceso cerrado, lo cual favoreció
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
exclusivamente a 173 personas vinculadas a la Fiscalía, excluyendo a otros
concursantes que cumplían con los requisitos fijados en la convocatoria que dio
inicio al concurso de méritos.
Asimismo, se alega la transgresión de las disposiciones de la Ley 938 de 2004
citadas con anterioridad, especialmente los principios esenciales del régimen de
carrera de la Fiscalía, como la igualdad, la publicidad y el mérito, contemplados en
esa ley, dado que, el Acuerdo 001 de 2012 desconoció estos principios, cuando
modificó las condiciones iniciales del concurso con la disposición acusada.
1.3. Trámite procesal
La demanda se admitió por auto del 14 de noviembre de 20133, en esa providencia,
ordenó informar a la comunidad sobre la existencia del proceso y notificar al Agente
del Ministerio Público, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado. Por auto de la misma fecha, el despacho corrió
traslado de la medida cautelar4. Ambas providencias se notificaron a los interesados
el 27 de febrero de 20145.
Dentro del término de traslado concedido en el auto que admisorio, la Fiscalía
General de la Nación, mediante memorial del 27 de febrero de 20146, la contestó a
la demanda. En consecuencia, mediante auto del 10 de diciembre de 20187 se tuvo
por oportuna esa actuación.
Dentro del término de traslado de la medida cautelar solicitada, la parte demandada
guardó silencio.
1.4. Suspensión provisional.
Mediante auto del 2 de octubre de 20178 se negó la medida cautelar solicitada por
la parte demandante, al considerar que, a partir del análisis de la disposición
demandada, las normas que estimó transgredidas y las pruebas allegadas al
expediente, no fue posible determinar de forma preliminar su infracción con ocasión
3
Folios 66 y 67
4
Folio 64 C. de medidas cautelares
5
Folios 72 al 75 C. principal
6
Folios 163 al 171 C. principal
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Folio 293 C. principal
8
Folio 138 a 140 cuaderno medidas cautelares
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
a la expedición del acto acusado, como lo exige el articulo 231 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que para
concluir lo afirmado por el demandante, resulta indispensable realizar una serie de
valoraciones legales y ejercicios de técnicas interpretativas que permitan
desvirtuarlo o confirmarlo, lo cual debe realizarse luego de enriquecer el material
probatorio.
1.5. Contestación de la demanda
La Fiscalía General de la Nación, contestó a la demanda con oposición a sus
pretensiones, en ese orden, tuvo por ciertos los hechos primero, segundo, tercero,
sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, relacionados con el trámite y la forma en
que se desarrolló el concurso de méritos adelantado mediante las convocatorias 1
a 15 de 2008, esto fue, apertura, inscripción, expedición del Acto Legislativo 01 de
2008, decisión de la Corte Constitucional sobre su inexequibilidad en la sentencia
C-588 de 2009, citación a prueba escrita, publicación de resultados de las fases
eliminatoria, clasificatoria y acuerdos de registro provisional de elegibles,
suspensión de la publicación de listado definitivo de elegibles y reanudación del
concurso.
En cambio, estimó parcialmente ciertos los hechos cuarto, sobre la decisión de
aplazamiento de la prueba eliminatoria para el 3 de mayo de 2009, y la reducción
del número de cargos en concurso al considerarse por la Comisión Nacional de
Administración de Carrera de la Fiscalía que salían 736 cargos, por estar
amparados por el Acto Legislativo 001 de 2008; quinto, sobre la realización de
pruebas escritas el 3 de mayo de 2009, el número de aspirantes que del total citado
se presentaron efectivamente y las razones para ello de quienes lo hicieron o no;
décimo primero, sobre las razones que llevaron a la nombrada Comisión a aprobar
el Acuerdo 05 de 2010 en la reunión del 20 de septiembre de 2010 según Acta No.
195 de esa fecha; décimo tercero, sobre las razones de la misma Comisión para
expedir el Acuerdo 01 de 2012 y sus efectos; y décimo cuarto, sobre las presuntas
razones de la mencionada Comisión para estructurar el cronograma que culminaría
con la publicación del registro de elegibles en firme prevista para el 9 de febrero de
2013.
Ello, en cuanto consideró que el demandante los interpreta de forma subjetiva. Con
relación al hecho cuarto, aunque la Fiscalía reconoció que el Acuerdo 001 de 2009
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
fue expedido en el contexto de las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2008,
bajo su concepto, en la demanda se desdibujó el propósito jurídico de ese acuerdo,
por lo que afirmó que el acto acusado no solo buscó implementar el mandato
constitucional de inscribir en carrera administrativa a los servidores provisionales
que cumplían los requisitos, como lo afirmaba el demandante, sino que también tuvo
como objetivo garantizar los derechos de los concursantes que participaron en las
convocatorias públicas bajo el principio de confianza legítima.
Con respecto al hecho quinto, manifestó que, si bien, son ciertos los datos
expuestos por el demandante relacionados con la cantidad de concursantes citados
y los que presentaron las pruebas, señaló que las afirmaciones del demandante
sobre un supuesto concepto jurídico que influía en la decisión de presentar o no las
pruebas carecían de respaldo documental y eran subjetivas.
Sobre el hecho décimo primero, la Fiscalía adujo que, pese a que es cierto que se
realizó una convocatoria para una nueva prueba de conocimientos en el marco del
concurso de méritos, argumentó que el demandante interpretó erróneamente el
propósito y la naturaleza de dicha convocatoria, porque la nueva prueba no vulneró
los derechos de los concursantes, ya que su finalidad no fue desconocer las
condiciones originales del concurso, sino regular las situaciones excepcionales
derivadas del Acto Legislativo 01 de 2008..
En el mismo sentido se pronunció con relación a los hechos trece y catorce,
argumentando que, aunque el concurso público generó derechos y expectativas
para los concursantes, estos no podían considerarse derechos adquiridos hasta la
expedición del registro definitivo de elegibles, conforme a la Sentencia T-156 de
2012.
En su defensa, formuló las excepciones denominadas; i) “indebida motivación” de
la demanda e ii) “indebida demanda” (indebida elección del medio de control).
Con respecto a la primera exceptiva, la Fiscalía argumentó que la demanda carece
de una adecuada sustentación en cuanto al concepto de violación, lo cual
contraviene el artículo 162 del CPACA, dado que este artículo exige que las
demandas incluyan una explicación clara y detallada de las normas presuntamente
vulneradas y el modo en que se produjo dicha violación con ocasión al acto acusado.
Sin embargo, según la Fiscalía, el demandante se limitó a realizar afirmaciones
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
generales sobre la supuesta ilegalidad del artículo 5 del Acuerdo 01 de 2012, sin
brindar razones fácticas y jurídicas suficientes para sustentar su pretensión lo que
en consecuencia configura una ineptitud sustantiva de la demanda, cuya
consecuencia es que se desestime la demanda.
En relación con la segunda exceptiva, la parte demandada señaló que el señor
Jaramillo Giraldo erró al elegir el medio de control de nulidad simple previsto en el
artículo 137 del CPACA como medio procesal, dado que centró sus argumentos en
derechos subjetivos y particulares relacionados con los participantes del concurso,
lo cual sería pertinente si se hubiere demandado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del
CPACA. Además, argumentó que, de haber sido este el camino procesal correcto,
la acción estaría afectada por el fenómeno de la caducidad, dejando inoperantes las
pretensiones del demandante. Por lo tanto, la Fiscalía alegó que existe una
ausencia de legitimidad en el demandante, quien estaría utilizando un medio
procesal inadecuado para reclamar derechos que no le corresponden directamente.
1.6. Audiencia inicial
La audiencia inicial se celebró el 13 de febrero de 20199, al no haberse advertido
causal de nulidad que invalidase lo actuado. Se negó la excepción previa
denominada “indebida motivación”, por las razones allí expuestas, a saber: porque
se trata de una acción ciudadana para la que no se exige pericia y porque el
demandante apeló a derechos consagrados en la Constitución, la ley y
desarrollados por la jurisprudencia.
Resuelto lo anterior, se fijó el litigio en debatir la legalidad o no del artículo 5 del
Acuerdo 01 del 13 de enero de 2012, expedido por la Comisión Nacional de
Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en torno a las
consideraciones expuestas en la demanda y su contestación; y se decretaron las
pruebas solicitadas por ambos extremos procesales.
Además, en atención a los principios de celeridad, eficacia y economía procesal, el
despacho estimó que no resultaba indispensable para el proceso realizar la
audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del CPACA, por
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Grabación folio 299. Acta folios 300 a 303.
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
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consiguiente, prescindió de esta y en su lugar corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.7. Alegatos de conclusión
Las partes guardaron silencio dentro del término, pese a que fueron notificados en
debida forma.
1.8. Concepto del Ministerio Público
Mediante memorial del 27 de febrero de 2019, el Ministerio Público rindió concepto
en el que solicitó que se desestimen las pretensiones de nulidad en contra del
Articulo 5 del Acuerdo 01 del 13 de enero de 2012. Al respecto explicó que, el acto
acusado fue expedido conforme a las facultades otorgadas por la Ley 938 de 2004
a la autoridad demandada y en cumplimiento de las directrices de la Sentencia C-
588 de 2009, sin vulnerar derechos adquiridos de los concursantes, puesto que los
participantes solo tenían expectativas legítimas, las cuales no se consolidarían
como derechos adquiridos hasta la expedición del registro definitivo de elegibles.
Asimismo, destacó que el acto demandado no transformó el concurso en un proceso
cerrado, como afirma el demandante, sino que buscó garantizar la igualdad material
y la transparencia en las etapas restantes del proceso. Por estas razones, concluyó
que el acto acusado no desconoció principios de mérito, igualdad o publicidad y que
las disposiciones derogadas por el Acuerdo 001 de 2012 no requerían del
consentimiento de los concursantes, ya que no generaban derechos consolidados.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los
artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en
única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden
nacional y de naturaleza laboral.
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Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
2.2. Problema jurídico
Se trata de establecer si por los cargos expuestos en la demanda hay lugar a
declarar la nulidad del artículo 5°11 del Acuerdo 001 del 13 de enero de 2012
expedido por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación, que dejó «sin efectos los Artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 005
de 2010 y demás disposiciones que le sean contrarias», lo que implica definir si
incurrió en la violación del artículo 13 de la Constitución Política y de los artículos
48, 51, 52, 60, 61 y 62 de la Ley 938 de 2004, disposiciones superiores invocadas,
al afectar los principios de igualdad, publicidad y mérito que consagran por cambiar
las reglas de juego definidas para las convocatorias a concurso de méritos 001 a
015 de 2008 y convertirlo en un concurso cerrado.
Lo anterior, implica tener en cuenta que los artículos del Acuerdo 005 de 2010 que
fueron dejados sin efecto por la disposición acusada prescribían:
“ARTÍCULO 2.- Declarar que los 736 cargos que estaban ocupados por servidores que
en su momento los cobijaba el acto legislativo 001 de 2008, no salieron a concurso en
las pruebas de conocimientos realizadas los días 3 de mayo y 4 de octubre de 2009
dentro de las convocatorias No. 001 a 015 de 2008 y, en consecuencia, para proveer
los mismos se dispone convocar a una nueva prueba de conocimientos.
ARTÍCULO 3.- Disponer que los puntajes obtenidos por los aspirantes que en su
momento cumplían con los requisitos establecidos en el Acto Legislativo No. 001 de
2008, respecto al cargo cobijado por el derecho de la inscripción extraordinaria,
contenidos en el Registro Provisional de Elegibles, publicado mediante los Acuerdos
Nos. 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 0120, 021 del 15
de octubre de 2009, carecen de valor y efecto, siendo necesario proceder a modificar
los referidos actos administrativos y en tal sentido los recursos interpuestos por esos
no serán resueltos.
ARTÍCULO 4. – Que por lo anterior, el Registro Provisional de Elegibles que se
publicará dentro de las convocatorias Nos. 001 a 015 de 2018, únicamente servirá para
proveer los 980 cargos que, acorde con el estudio de planta publicado el día 30 de abril
de 2009, no eran objeto de inscripción extraordinaria en carrera administrativa.”
Ahora bien, debido a que la Fiscalía General de la Nación en su contestación
formuló, con el carácter de excepción de fondo, la configuración de una indebida
demanda, aduciendo en sustento que, la argumentación del demandante se
proyecta más hacia los presupuestos que exige el artículo 138 del CPACA, por la,
según la entidad, enfática enunciación que hace de la presunta afectación que la
disposición acusada trae a unos sujetos determinados y por cuanto habla de
derechos de naturaleza particular, la Sala resolverá, en primer lugar, el problema
jurídico previo que surge de este planteamiento:
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Acuerdo N°001 del 3 de enero de 2012, Por el cual se modifica el Acuerdo 005 del 10 de diciembre de 2010 […] Artículo 5.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, modifica y deja sin efectos los Artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo
005 de 2010 y demás disposiciones que le sean contrarias.
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Al respecto, para empezar, se indica que, en estricto sentido, lo expuesto por la
entidad no constituye una excepción de fondo, en la medida que no se orienta a
desvirtuar o atacar las pretensiones de la parte actora12. Ahora bien, aunque
entonces ello ha debido resolverse en la audiencia inicial, según lo previsto en el
numeral 6 del artículo 180 del CPACA, en su redacción original, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 187 ibidem en la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
Precisado lo anterior, la excepción no es de recibo por las siguientes razones:
-El acto acusado es, sin duda, un acto de carácter general, en la medida que no
define situaciones jurídicas particulares y concretas, sino que establece reglas de
carácter general para todos los interesados en las convocatorias realizadas por la
entidad que involucra el acto.
-En la sentencia del 9 de diciembre de 201913 la Subsección A de esta Sección del
Consejo de Estado, concluyó que el Acuerdo 01 de 2012 de la Comisión Nacional
de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, también demandado en ese proceso,
así como otros Acuerdos que profirió dicha Comisión, en cumplimiento de los Actos
Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011, si tienen contenido decisorio, son de carácter
general y son susceptibles de control de legalidad, por cuanto modificaron las reglas
de la convocatoria de los concursos de méritos de la entidad, la cual es la norma
general reguladora del concurso.
-Como acto de carácter general, conforme a lo previsto en el artículo 137 del
CPACA, es objeto del medio de control de nulidad, tal y como fue planteado por la
parte actora.
-Es el contenido del acto el que determina el medio de control y no los argumentos
planteados por el demandante, los cuales en el estudio de fondo podrán ser
descartados en cuanto no correspondan a los procedentes para que proceda la
nulidad de un acto de carácter general.
12
En el derecho colombiano las excepciones se clasifican en previas y de mérito o de fondo. Las previas reciben ese nombre
porque se proponen cuando se conforma la litis contestatio. Se refieren generalmente a defectos del procedimiento, como la
falta de jurisdicción o de competencia y se permite alegar como previas algunas perentorias, como la cosa juzgada. Las
excepciones perentorias o de fondo van dirigidas a la parte sustancial del litigio, buscan anular o destruir las pretensiones del
demandante, con el propósito de desconocer el nacimiento de su derecho o de la relación jurídica o su extinción o su
modificación parcial1 Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 28 de enero de 2009, Rad. No. 11001-03-26-000-
2007-00046-01(34239) Citada en auto del 18 de octubre de 2022 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00082-00
13
Radicado 11001032500020120080500 (2579-2012).
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Definido lo anterior, previo a abordar el estudio del problema jurídico planteado,
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 187 del CPACA ya referido, en cuanto
a la decisión sobre cualquier excepción que el fallador encuentre probada de oficio,
es del caso decidir si es procedente declarar de oficio la excepción de cosa juzgada,
teniendo en cuenta que el 17 de octubre de 2017 esta Subsección negó la
pretensión de nulidad del mismo Acuerdo aquí demandado, entre otros, dentro del
proceso radicado 11001-03-25-000-2012-00889-00 (2731-12) y que la Subsección
“A” de esta Sección, profirió sentencia el 9 de diciembre de 2019, en la que también
resolvió negar la solicitud de nulidad del Acuerdo 001 del 13 de enero de 2012
planteada en la demandada radicada bajo el número 11001-03-25-000-2012-00805-
00 (2579-12), promovida por el ciudadano José Enrique García Suarez.
2.3. Supuestos para la configuración de la cosa juzgada
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal que otorga a las decisiones
judiciales el carácter de definitivas, vinculantes e inmutables, garantizando la
estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico, cuyo objeto es poner fin de
manera concluyente a las controversias, asegurando la seguridad jurídica como un
pilar esencial del estado social de derecho.
De lo anterior se deriva que, las decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, se
caracterizan por: la presunción de veracidad de lo resuelto; la inmutabilidad de la
decisión, que implica que el asunto ya estudiado no puede, en principio, ser objeto
de un nuevo pronunciamiento de fondo; la imposibilidad de revocar directamente la
resolución judicial14; y, en los casos en que el objeto del proceso es una pretensión
de nulidad, la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado,
fundamentada en el artículo 237 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La restricción estipulada en el artículo 237 del CPACA, busca evitar que, a través
de la expedición de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico
disposiciones ya anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha
de tenderse en cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza
ejecutoria. Ahora bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este
último en aquellos casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto
14
Corte Constitucional, sentencia C-096 de 2017
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
respectivo, desaparecen los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de
suspensión.
De acuerdo con los pronunciamientos de esta sección15, para que se configure el
fenómeno de la cosa juzgada, es necesario que el asunto en cuestión haya sido
previamente analizado por la jurisdicción y que esta haya adoptado una decisión de
fondo debidamente motivada, de la que se pueda extraer la concurrencia de los
siguientes supuestos, con respecto a la nueva demanda que se formula:
A). Identidad de partes: Este supuesto exige que en el proceso acudan las mismas
partes e intervinientes que estuvieron vinculados en el proceso previo. Sin embargo,
en acciones o medios de control de carácter público, como lo es el medio de control
de simple nulidad, donde el objetivo principal es proteger el interés general y la
preservación del principio de legalidad en la administración, no se exige una
identidad estricta de partes para que se configure este fenómeno.
b). Identidad de causa petendi: Para que opere la cosa juzgada, la demanda y la
decisión que adquirió dicha calidad deben basarse en los mismos hechos o
fundamentos. Si la nueva demanda incluye elementos adicionales, únicamente se
podrá analizar lo relacionado con estos nuevos aspectos, permitiendo al juez
considerar los fundamentos previamente decididos con fuerza de cosa juzgada
como referencia para resolver sobre la nueva causa planteada.
c). Identidad de objeto: Este requisito exige que la nueva demanda debe versar
sobre la misma pretensión o materia que fue objeto de decisión en un proceso
anterior. Es decir, se requiere que el objeto litigioso en ambos procesos sea idéntico,
lo que significa que se esté solicitando la misma declaración, condena o
reconocimiento de derechos.
En suma, se destaca que esta Subsección16 ha reconocido que, conforme a lo
dispuesto el artículo 189 del CPACA, la sentencia que declara la nulidad de un acto
administrativo general tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, lo cual implica
anular la fuerza vinculante de ese acto para todos los administrados, de otro modo,
la sentencia que niega la nulidad del acto demandado, surte los mismos efectos
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; Sentencia del 22 de septiembre de 2010,
Rad: 11001-03-25-000-2009-00006-00(0206-09), y Sentencia del 28 de febrero de 2013, Rad: 11001-03-25-000-2007-00116-
00(2229-07).
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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 1 de agosto de
2024, Rad: 11001-03-25-000-2018-01642-00 (5441-2018)
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
«[…] pero sólo en relación con la causa petendi juzgada […]», de este modo, se
autoriza al operador judicial para que estudie nuevamente la legalidad de
determinado acto, pero solo por razones diferentes a las ya estudiadas en la
sentencia que negó la nulidad de ese acto.
De lo anterior se colige que, en el caso de las acciones o medios de control públicos,
la existencia de la cosa juzgada depende de la coincidencia entre los actos
administrativos enjuiciados y el objeto de reproche que da lugar al pronunciamiento
judicial, es decir, debe haber similitud en la «materia juzgada». Este análisis llevó a
la jurisprudencia constitucional a distinguir entre la cosa juzgada formal, que se
presenta cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual, y la cosa juzgada
material, que opera cuando el debate recae sobre una norma previamente
controlada pero que se encuentra reproducida en otro texto jurídico o en el mismo,
con otra redacción o artículo, siempre que conserve su esencia.
Ahora, es importante anotar que, de acuerdo con los artículos 175 (parágrafo 2) y
182A (numeral 3) del CPACA17, la cosa juzgada puede declararse en cualquier
estado del proceso mediante sentencia anticipada, bien sea porque la propuso el
demandado como medio de defensa o bien porque, de oficio, el despacho advirtió
su configuración. Con base en los supuestos descritos, la sala expondrá las razones
por las que amerita declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
2.4. Configuración de la cosa juzgada con respecto al cargo por violación del
derecho a la igualdad de oportunidades y del principio de mérito.
Para constatar si en el asunto de la referencia se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada, se requiere comparar la demanda aquí formulada, con las sentencias
proferidas en los expedientes de nulidad simple con radicados 11001-03-25-000-
2012-00889-00 (2731-12) y 11001-03-25-000-2012-00805-00 (2579-12).
En ese orden, la Sala advierte, que un primer elemento común en ambos
expedientes, es que se demandó la nulidad de actos administrativos expedidos por
la Comisión Nacional de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación,
con ocasión a las convocatorias a concurso de méritos publicadas mediante los
acuerdos 001 a 015 de 2008, de esta forma, se ilustrará en cuadros comparativos
17
Normas de procedimiento modificadas por la Ley 2080 de 2021, vigentes desde el 25 de enero de 2021 de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 86 ibidem.
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
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de los dos expedientes bajo estudio, a fin de identificar la concurrencia de los
elementos de identidad de objeto e identidad de causa, como requisitos esenciales
para que proceda la declaratoria de la cosa juzgada en los procesos de nulidad:
Sentencia del 17 de octubre de 2017
Expediente: 11001-03-25-000-2012-00889-00
Sub examine (2731-12)
Sentencia del 17 de octubre de 2017
Pretensiones Nulidad del Artículo 5 del Acuerdo 001 de 2012 Nulidad del Acuerdo 001 de 2012 y otros acuerdos18
proferido por la Comisión de la Carrera Especial de y actos proferidos la Comisión Nacional de
la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a las Administración de la Carrera Especial de la Fiscalía
convocatorias a concurso de méritos 001 a 015 de General de la Nación, con ocasión a las
2008 convocatorias a concurso de méritos 001 a 015 de
2008.
Normas Violadas Artículo 13 de la Constitución Política La sentencia no indica las normas violadas. El
concepto refiere los principios de igualdad, derecho
Artículos 48, 51, 52, 60, 61 y 62 de la Ley 938 de al trabajo y principios de publicidad, mérito y
2004 confianza legítima.
Concepto de Se vulneraron las normas mencionadas al afectar el Vulneración del principio / derecho a la igualdad de
violación derecho a la igualdad de quienes participaron en el oportunidades.
concurso de méritos, ya que, conforme a lo expuesto
en la demanda, la disposición cuestionada
Porque los aspirantes, pues, estos fueron divididos
transformó ese concurso de méritos, en un proceso
en 2 grupos, confiriéndoles trato diferente,
cerrado que favoreció exclusivamente a un grupo de
dependiendo de si eran o no beneficiarios de los
173 funcionarios vinculados a la Fiscalía, dejando
Actos Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011.
por fuera a otros concursantes que cumplían con los
requisitos.
Transgresión del derecho al trabajo
Asimismo, el demandante expuso que se
desconocieron los principios de igualdad, publicidad
Se desconoció este derecho a los aspirantes por la
y mérito al modificar las condiciones iniciales del
concurso, alterando las reglas de manera contraria incertidumbre y desinformación generadas por las 2
a los fundamentos del régimen de carrera en la suspensiones de que fue objeto el proceso de
Fiscalía. selección.
En lo atinente al principio de mérito consagrado en Vulneración de los principios de publicidad, mérito y
el artículo 52 de la Ley 938 de 2004, precisó que la confianza legítima.
disposición acusada lo desconoció “al desechar la
presencia de todos los inscritos y admitidos en el
concurso a que se ha hecho referencia, a pesar de Porque en las dos ocasiones en el que el concurso
haber sido convocado para 1.716 cargo, pero a de méritos fue suspendido y luego reanudado, la
última hora se les excluye en cuanto a 716 de ese FGN aprovechó para ofertar empleos adicionales a
número de cargos convocados.” los inicialmente contemplados, lo que convirtió las
Convocatorias 01 a 015 en procesos de selección
cerrados, en donde sólo pudieron participar los
aspirantes admitidos.
Sentencia del 9 de diciembre de 2019
Expediente: 2012-00805-00 (2979-12)
Sub examine
Sentencia del 9 de diciembre de 2019
Pretensiones Nulidad del Artículo 5 del Acuerdo 001 de 2012 Nulidad del Acuerdo 001 de 2012 y otros acuerdos19
proferido por la Comisión de la Carrera Especial de y actos proferidos por la Comisión Nacional de
18
Acuerdo 001 del 22 de enero de 2009, por medio del cual ordenó aplazar las pruebas escritas dentro de las mencionadas
convocatorias, con el propósito de cumplir con lo ordenado en el Acto Legislativo 01 de 2008 e identificar los empleos que,
de acuerdo con el citado Acto Legislativo, tenían derecho a la inscripción extraordinaria en carrera administrativa,
-Acuerdo 02 del 9 de febrero de 2009, por medio del cual estableció la forma de ponderar la prueba de valoración de la hoja
de vida de quienes superasen la prueba de conocimientos.
-Acuerdo 05 del 10 de diciembre de 2010, por medio del cual ordenó reanudar el trámite de las Convocatorias 01 a 015 de
2008, en cumplimiento de la Sentencia C-588 de 2009.
-Acuerdo 03 del 5 de octubre de 2012, por medio del cual ordenó citar a pruebas escritas a los aspirantes admitidos en las
convocatorias 01 a 015 de 2008, que no se presentaron a la aplicación de las pruebas por considerar que eran beneficiarios
del Acto Legislativo 01 de 2008, entre otras órdenes, en cumplimiento de la sentencia C-249 de 2012
19
Acuerdo 001 del 22 de enero de 2009, por medio del cual ordenó aplazar las pruebas escritas dentro de las mencionadas
convocatorias, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de 2008 e identificar los empleos que, de acuerdo con el citado Acto
Legislativo, tenían derecho a la inscripción extraordinaria en carrera administrativa,
-Acuerdo 02 del 9 de febrero de 2009, por medio del cual la Comisión Nacional de Administración de la Carrera Administrativa
de la FGN estableció la forma de ponderar la prueba de valoración de la hoja de vida de quienes superasen la prueba de
conocimientos.
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la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a las Administración de la Carrera Especial de la Fiscalía
convocatorias a concurso de méritos 001 a 015 de General de la Nación, con ocasión a las
2008 convocatorias a concurso de méritos 001 a 015 de
2008
Normas Violadas Artículo 2, numeral 2, artículo 3 y 6 del Pacto
Artículo 13 de la Constitución Política Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Artículos 48, 51, 52, 60, 61 y 62 de la Ley 938 de
2004 Artículos 1, 2, 13, 40, numeral 7, artículo 53 y 125
de la Constitución Política
Concepto de Se vulneraron las normas mencionadas al afectar el El demandante argumentó que los actos
violación derecho a la igualdad de quienes participaron en el administrativos censurados vulneraron múltiples
concurso de méritos, ya que, conforme a lo expuesto derechos constitucionales, tales como el derecho a
en la demanda, la disposición cuestionada la igualdad previsto en el artículo 13 superior, ya que
transformó ese concurso de méritos, en un proceso las reglas del concurso fueron modificadas para
cerrado que favoreció exclusivamente a un grupo de beneficiar a ciertos participantes mediante
173 funcionarios vinculados a la Fiscalía, dejando modificaciones a la Constitución, lo que generó una
por fuera a otros concursantes que cumplían con los ventaja injustificada que restringió la participación
requisitos. abierta y plural.
Asimismo, el demandante expuso que se En segundo lugar, afirmó que se desconoció el
desconocieron los principios de igualdad, publicidad principio de confianza legítima, pues las constantes
y mérito al modificar las condiciones iniciales del modificaciones y la falta de criterios claros crearon
concurso, alterando las reglas de manera contraria incertidumbre jurídica, afectando las expectativas
a los fundamentos del régimen de carrera en la legitimas de los concursantes.
Fiscalía.
Además, alegó una vulneración al derecho al
En lo atinente al principio de mérito consagrado en trabajo, debido a la reducción del número de cargos
el artículo 52 de la Ley 938 de 2004, precisó que la ofertados inicialmente, lo que dejó a muchos
disposición acusada lo desconoció “al desechar la aspirantes sin posibilidades reales de acceso. Esto
presencia de todos los inscritos y admitidos en el se suma a la afectación de la dignidad humana y la
concurso a que se ha hecho referencia, a pesar de seguridad jurídica, al cambiar las reglas del
haber sido convocado para 1.716 cargo, pero a concurso de manera desproporcionada y sin una
última hora se les excluye en cuanto a 716 de ese planeación efectiva.
número de cargos convocados.”
Por último, sostuvo que se transgredieron los
principios de mérito y acceso a cargos públicos, ya
que se permitió la inscripción extraordinaria y
homologación de pruebas sin cumplir con las etapas
del concurso.
Conforme a lo anterior, se extrae que, tanto en la sentencia del 17 de octubre de
2017, como en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, las Subsecciones B y A,
respectivamente, se ocuparon de decidir sobre la nulidad total del Acuerdo 001 del
13 de enero de 2012, entre otros, proferido por la Comisión de la Carrera Especial
de la Fiscalía General de la Nación, con ocasión a las convocatorias a concurso de
méritos 001 a 015 de 2008, mientras que en el asunto del epígrafe se pide
específicamente la nulidad del artículo 5 del mismo Acuerdo; por otra parte, se
evidencia que, en ambos asuntos, se atribuye la infracción de los principios de
igualdad, mérito, publicidad y confianza legítima, bajo el mismo concepto de
violación, lo que amerita declarar cosa juzgada con respecto a este cargo de
nulidad.
-Acuerdo 05 del 10 de diciembre de 2010, por medio del cual la Comisión Nacional de Administración de la Carrera
Administrativa de la FGN ordena reanudar el trámite de las Convocatorias 01 a 015 de 2008 en cumplimiento de la Sentencia
C-588 de 2009.
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Número Interno: 0981-2013
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Para tales efectos, con el fin de determinar la concurrencia de los supuestos de
identidad de objeto y causa petendi, esta sala procederá a resaltar los problemas
jurídicos abordados en las sentencias del 17 de octubre de 2017 y 9 de diciembre
de 2019, que tiene estricta relación con el objeto de este litigio, principalmente en lo
relacionado con la transgresión de los principios de igualdad y mérito consagrados
en los artículos 13 y 125 de la Constitución Política. De la misma forma, se
abordarán las consideraciones expuestas por las salas en esas oportunidades para
dirimir la controversia, así:
Sentencia del 17 de octubre de 2017
1) “Determinar si la FGN, con la expedición de los actos administrativos
demandados, vulneró el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a
cargos públicos dentro de las convocatorias 01 al 015 de 2008.
2) Establecer si al reactivar las convocatorias mencionadas la FGN desconoció el
derecho al trabajo de los aspirantes que por no enterarse que el concurso de méritos
se reanudo no se presentaron a la prueba de conocimientos.
3) Verificar si al retomarse las Convocatorias 01 a 015 de 2008, se trasgredieron los
principios de publicidad, mérito y confianza legítima, al supuestamente haberse
ofertado cargos adicionales a los inicialmente contemplados.”
Sentencia del 9 de diciembre de 2019
“(ii) ¿Se vulneró el derecho a la igualdad entre los concursantes por la incertidumbre
generada durante las vigencias de los actos legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011,
sin que la Fiscalía fijara criterios de participación y porque efectuó una suspensión
temporal y no definitiva, permitiendo que concursaran algunos aspirantes a 980
cargos de 1716?”
De lo precedente se observa que, a pesar que el problema jurídico formulado en
esas oportunidades, no hace mención expresa del Acuerdo 001 de 2012 como
objeto de análisis, se puede concluir que en ambos casos, existe identidad de objeto
y de causa petendi, dado que en las demandas anteriores si se pide expresamente
la nulidad de este acuerdo, y en las consideraciones expuestas por las
Subsecciones para dar solución a aquel problema jurídico, se estudió si ese acuerdo
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transgredía los principios invocados por el allí demandante, particularmente los de
igualdad y mérito consagrados en los artículos 13 y 125 de la Constitución Política.
Con respecto a la vulneración del principio de igualdad, en la sentencia del 17 de
octubre de 2017 se consideró:
En tal virtud, a través del Acuerdo 05 del 10 de diciembre del 2010, se reanudó el
concurso iniciado por las Convocatorias 01 a 015 de 2008, y se declaró que los 736
cargos provistos provisionalmente por funcionarios beneficiarios del Acto Legislativo 01
de 2008, debían incluirse nuevamente en el proceso de selección, y se dispuso citar a
la prueba de conocimientos a quienes no la realizaron por resultar beneficiados de
dicha norma.
No obstante, el Congreso de la República, mediante Acto Legislativo 04 de 2011,
nuevamente intentó adicionar el artículo 125 de la Constitución para facilitar el ingreso
de los funcionarios provisionales a la carrera administrativa, así:
[…]
En consecuencia, la FGN expidió el Acuerdo 01 de 13 de enero de 2012, para
establecer que los funcionarios de la FGN inscritos en las convocatorias 01 a 15, podían
optar por presentar las pruebas establecidas para dichas convocatorias o por la
homologación prevista en el Acto Legislativo 04 de 2011, por lo que nuevamente se
interrumpieron las Convocatorias 01 a 015 de 2008.
Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-249 de 29 de marzo de
2012,20 declaró inexequible el Acto Legislativo 04 de 2011, con los siguientes
fundamentos:
[…]
Con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 04 de 2011,
es entonces que la FGN decide, mediante el Acuerdo 03 de 5 de octubre de 2012, citar
nuevamente a la prueba escrita a todos los aspirantes que no asistieron a la evaluación
realizada el 3 de mayo de 2009, que en aquel entonces no lo hicieron porque resultaron
beneficiadas por el Acto Legislativo 01 de 2008, y que posteriormente también
resultaron favorecidas por el Acto Legislativo 04 de 2011.
El análisis de la actuación administrativa adelantada por la FGN muestra a la Sala, que
dicha entidad no vulneró la garantía constitucional de igualdad de oportunidades al
haber suspendido la prueba de conocimientos sólo para aquellos beneficiarios del Acto
Legislativo 01 de 2008, pues, esa determinación se basó exclusivamente en el
cumplimiento de una norma constitucional, esto es, el Acto Legislativo 01 de 2008, el
cual, incluso, de manera expresa, ordenó la suspensión sólo para dicho grupo de
participantes, por lo que hacerlo para la totalidad hubiera excedido las competencias
de la FGN en cuanto a las condiciones del concurso.”
Por su parte, en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, al respecto se expuso lo
siguiente:
[…] En sentir de la Sala, la actuación administrativa adelantada por la CNAC de la
Fiscalía no vulneró la garantía constitucional de igualdad de oportunidades al
haber suspendido la prueba de conocimientos sólo para aquellos beneficiarios del Acto
Legislativo 01 de 2008, pues, esa determinación se basó exclusivamente en el
cumplimiento de una norma constitucional, esto es, el Acto Legislativo 01 de 2008, el
cual, incluso, de manera expresa, ordenó la suspensión sólo para dicho grupo de
participantes, por lo que hacerlo para la totalidad hubiera excedido las competencias
de dicha entidad en cuanto a las condiciones del concurso.
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Además, al reanudar las Convocatorias 01 a 015 de 2008, la CNAC dio cumplimiento
a las sentencias judiciales C-588 de 2009 y C-249 de 2012, mediante las cuales, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los Actos Legislativos 01 de 2008 y
04 de 2011, respectivamente.
Así las cosas, los actos administrativos por los cuales se reanudó el concurso de
méritos para proteger las expectativas no solo de aquellos que venían participando en
el proceso de selección, sino también del personal que tenía la expectativa de ser
inscrito de manera extraordinaria por virtud de los actos legislativos señalados, permitió
que pudieran seguir concursando todos aquellos servidores públicos en condición de
provisionalidad que habían sido beneficiados por la reforma constitucional y que en
razón de ella habían optado por no continuar en las convocatorias ante la expectativa
de una inscripción extraordinaria.
Así pues, la Sala considera que los Acuerdos 01 y 02 de 2009; 05 de 2010 y 01 2012,
así como las Actas demandadas estuvieron fundadas en los Actos Legislativos 01 de
2008 y 04 de 2011 que ordenaban inscribir en la carrera administrativa, de manera
extraordinaria, a los empleados provisionales, y en las sentencias C-588 de 2009 y
C-249 de 2012, que declararon la inexequibilidad de dichas reformas constitucionales,
determinando inicialmente la suspensión del concurso de méritos y posteriormente
su reanudación con la participación de todos los concursantes.
No se vulneró la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos toda
vez que toda la actuación desarrollada tuvo por finalidad cumplir con la obligación que
impone el artículo 125 de la C.P. mediante concurso de méritos, que fue adicionado
por los actos legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011, así como las sentencias que
declararon su inexequibilidad, garantizando que todos los concursantes continuaran
participando dentro de las convocatorias, realizando las pruebas de conocimientos
hasta concluir con la consolidación de un registro de elegibles. Además dentro del
proceso no obra prueba de que se haya otorgado una ventaja o preeminencia a quienes
fueron citados por segunda vez a la prueba de conocimientos luego de las declaratorias
de inexequibilidad de los Actos Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011.
En ese orden, para la Sala es claro que en los actos administrativos demandados no
dispusieron determinación alguna que favoreciera a quienes fueron llamados a
presentar en una nueva oportunidad la prueba de conocimientos, debido a que no la
realizaron en la fecha inicialmente fijada porque fueron beneficiados por los Actos
Legislativos[...] (subrayado y negrilla propios)
En lo atinente a la vulneración del principios de objetividad, mérito y confianza
legítima, que la parte actora invocó como vulnerados al estimar que en virtud de los
actos acusados proferidos por la Comisión Nacional de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación, las convocatorias 01 a 015 de 2008 se tornaron en concursos
cerrados, como también se afirma en la demanda del asunto bajo estudio, la
sentencia del 17 de octubre de 2017, previo recuento del recorrido de la
jurisprudencia constitucional sobre los concursos cerrados, concluyó:
“El caso concreto.
Leídos en detalle los actos administrativos demandados, en ellos no se evidencia que,
al reactivarse las Convocatorias 01 a 015 de 2008, producto de la inexequibilidad de
los Actos Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011, se hubieran ofertado nuevos empleos
adicionales a los 1716 inicialmente contemplados.
Adicionalmente, tampoco se observa que los criterios y procedimientos para efectuar
las pruebas a los aspirantes que no las habían realizado en cumplimiento a los Actos
Legislativos 01 de 2008 y 04 de 2011, tuviesen distintos parámetros a los inicialmente
fijados en las bases de las Convocatorias 01 a 015 de 2008.
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Por el contrario, de acuerdo con los actos administrativos demandados, y siguiendo las
recomendaciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, la
reactivación del concurso se surtiría cumpliendo las condiciones establecidas
inicialmente en la convocatoria, sin modificarse el número de cargos ofertados, ni los
ejes temáticos de las pruebas de conocimientos, ni la estructura de las etapas del
proceso de selección.
Así las cosas, los actos administrativos demandados no alteraron los componentes
esenciales del concurso, con lo que se aseguró el debido proceso para todos los
concursantes.
En el mismo sentido, y respecto a lo expuesto por el demandante en relación a la no
existencia de procesos claros respecto del desarrollo del concurso, del contenido de
los actos administrativos demandados se evidencia, que en cada uno de ellos están
expuestos de manera expresa los fundamentos de derecho que le dieron la facultad
para su expedición y se establecieron con claridad los pasos o el trámite a seguir cada
vez que se interrumpió y reactivó el proceso de selección.
Incluso, en el caso del Acuerdo 01 de 13 de enero de 2012, mediante el cual se daba
cumplimiento al Acto Legislativo 04 de 2011, se estableció después de un estudio de
las circunstancia (sic) que rodeaban el proceso, cuál sería el procedimiento en caso de
una posible inexequibilidad del citado acto legislativo, tratando de prever nuevas
modificaciones al proceso de selección.
De esta manera, los concursantes siempre estuvieron informados del proceso de
selección y de sus cambios, los cuales, a diferencia de lo que sostiene el demandante,
fueron ocasionados no por la falta de instrucciones claras y un procedimiento
debidamente establecido por la FGN, sino en cumplimiento de los Actos Legislativos y
de las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional, que al no ser ejecutadas,
en ese evento, sí hubieran dado paso al desconocimiento del orden legal y
constitucional por parte de la entidad.”
De la misma forma, en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, al confrontar el acto
al que pertenece el artículo que aquí se pretende censurar, con el artículo 125
superior, en punto a la violación del principio constitucional del mérito la sala
concluyó lo siguiente:
[…] Bajo tal entendimiento, en el caso concreto, es evidente que las modificaciones
introducidas a las convocatorias 001 a 015 de 2008 tuvieron como sustento reformas
constitucionales al artículo 125, introducidas por los Actos legislativos 01 de 2008 y 04
de 2011, que consistieron en permitir la implementación de mecanismos necesarios
para inscribir en carrera administrativa, de manera extraordinaria y sin necesidad de
concurso público, a los servidores públicos que estuviesen ocupando cargos en calidad
de provisionales, preservando el mérito y la experiencia.
Por lo anterior, en criterio de la Sala, la Comisión Nacional de Administración de la
Carrera de la Fiscalía no vulneró el artículo 125 constitucional, toda vez que la
determinación de aplazar las pruebas escritas para efectuar un nuevo estudio sobre el
número definitivo de cargos a proveer, la modificación de los criterios y el puntaje de
evaluación, asignando 1 a 175 puntos al análisis de la hoja de vida (logros académicos
y experiencia laboral), convocar a una nueva prueba de conocimientos para proveer
los 736 cargos que estaban ocupados por servidores que en su momento los cobijó el
aludido acto legislativo, y unificar los resultados de las diferentes pruebas para proveer
los 1716 cargos inicialmente convocados, materializó el cumplimiento de normas
constitucionales, estas son, los Actos legislativos 01 de 2008, y 04 de 2011, que
consagraban una expectativa a favor de los servidores públicos que ocupaban cargos
en provisionalidad, de ser inscritos de manera extraordinaria a la carrera, razón por la
cual, el cargo de nulidad no está llamado a prosperar.
Además, destaca la Sala que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad
mediante la Sentencia C-249 de 2012 del Acto legislativo 04 de 2011, la CNAC de la
Fiscalía reanudó el concurso y ordenó citar a pruebas escritas a los aspirantes
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admitidos dentro de las convocatorias 01 a 015 de 2008 que no se presentaron a la
aplicación de las pruebas por considerar que eran beneficiarios del Acto legislativo 01
de 2008 y dispuso que los puntajes obtenidos iban a ser unificados con los resultados
de las diferentes pruebas para generar el registro definitivo de elegibles con la finalidad
de proveer los 1716 cargos inicialmente convocados, razón por la cual no encuentra
sustento fáctico lo afirmado por el actor sobre la restricción de la participación plural y
abierta. Este cargo no está llamado a prosperar.[…] (subrayado y negrilla propios).
Visto lo anterior, se declarará probada la excepción de cosa juzgada, con relación
al artículo 5 de la parte resolutiva del Acuerdo 001 del 13 de enero de 2012, proferido
por la Comisión Nacional de Administración de Carrera de la Fiscalía General de la
Nación, y en consecuencia, al respecto dispondrá estarse a lo resuelto en las
sentencias del 17 de octubre de 2017 y del 9 de diciembre de 2019, dictadas por las
Subsecciones A y B de esta Sección en los radicados ya referidos que resolvieron
negar las solicitudes de nulidad integral del mismo Acuerdo, en el contexto de toda
la actuación surtida por la entidad para adecuar el desarrollo de la convocatoria con
ocasión de los cambios jurídicos producto de la expedición de dos actos legislativos
modificatorios del artículo 125 Superior y de las decisiones de inexequibilidad de los
mismos y bajo el entendimiento de su análisis conjunto y no aislado como el que se
plantea en el asunto bajo examen.
Con todo, se advierte que, aunque el análisis realizado en las sentencias en
comento se efectuó en el mencionado contexto jurídico y de manera conjunta sobre
la pluralidad de acuerdos que profirió la Comisión Nacional de Carrera de la Fiscalía
General de la Nación con el fin de llevar a culminación las referidas convocatorias;
analizado manera independiente el artículo 5 del Acuerdo 01 del 13 de enero de
2012, que dejó sin efecto lo decidido en los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 05 del 10
de diciembre de 2010, estima la Sala pertinente+ delimitar dos circunstancias
respecto de las providencias que se han proferido con antelación.
La primera, que no es preciso considerar que el Acuerdo 01 del 13 de enero de 2012
se dictó de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-249 del 29 de marzo de
2012 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el Acto Legislativo 04 del
7 de julio de 2011, pues salta a la vista que el acto administrativo es anterior al fallo
de constitucionalidad.
La segunda, derivada de la anterior, que como el acto acusado se dictó en
cumplimiento del Acto Legislativo 04 de 2011, que le otorgó ventajas significativas
a los funcionarios en provisionalidad al permitir que homologaran las pruebas de
conocimiento por experiencia y formación académica adicional, y tales
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prerrogativas fueron declaradas contrarias al mérito y la igualdad por el fallo C-249
de 2012, resulta discutible considerar que el Acuerdo 01 de 2012 materializó
plenamente estos principios.
Es más, consciente de la tensión que representaba la aplicación del Acto Legislativo
04 de 2011, el acuerdo cuya nulidad se solicita en el parágrafo segundo del artículo
primero indicó que: «en caso de una eventual decisión de inconstitucionalidad sobre
el Acto Legislativo 004 de 2011, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación
beneficiarios del Acto Legislativo 01 de 2008, que estén inscritos en la
Convocatorias 01 a 015 de 2008, que no se presentaron a las pruebas escritas y
que hayan optado por la homologación establecida en el Acto Legislativo 04 de
2011, deberán presentar las pruebas con el fin de fin de unificar los resultados para
proveer los 1716 cargos inicialmente convocados».
No obstante lo anterior, se insiste, la presunta vulneración de los principios de la
igualdad y el mérito por el acto acusado y otras decisiones que se profirieron en el
contexto descrito, fue descartada mediante decisiones con fuerza de cosa juzgada,
por lo que en estricto sentido y desde una perspectiva formal corresponde estarse
a lo decidido en ellas.
La misma conclusión se predica de la presunta violación de los artículos invocados
como infringidos de la Ley 938 de 2004, en la medida que a partir de ellos se intentó
configurar la presunta transgresión a los referidos principios, bajo los argumentos
que fueron analizados y descartados con fuerza de cosa juzgada mediante las
sentencias del 17 de octubre de 2017 y 9 de diciembre de 2019 de esta Sección.
Finalmente, en lo que concierne a la vulneración de los artículos 6020, 6121 y 6222
de la Ley 938 de 2004 la demanda ninguna explicación ofreció de su concepto de
violación, por lo que al respecto la decisión será declararla infundada.
III.DECISIÓN
20
ARTÍCULO 60. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE CARRERA. La Fiscalía General de la Nación tiene su
propio régimen de carrera el cual es administrado y reglamentado en forma autónoma, sujeta a los principios del concurso de
méritos y calificación del desempeño.
21
ARTÍCULO 61. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Este proceso tiene por objeto seleccionar de manera objetiva
y en igualdad de condiciones, los candidatos que reúnan los requisitos legales y reglamentarios mínimos de acuerdo con las
funciones y el perfil del cargo para el cual pretenden concursar.
En consecuencia, los resultados del proceso de selección no generan derechos de carrera, ni constituyen concurso.
22 Artículo 62. LA CONVOCATORIA Es norma obligatoria y reguladora de todo proceso de selección y se divulgará conforme
lo establezca el reglamento que expida la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la
Nación. Se hará en forma periódica cada dos (2) años o cuando el Registro de Elegibles se agote.
21
Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Por lo anterior, la Subsección B, declarará que se configura la cosa juzgada con
relación a los cargos planteados en la demanda, y al respecto dispondrá estarse a
lo resuelto en las sentencias del 17 de octubre de 2017 y del 9 de diciembre de
2019, proferidas por las Subsecciones A y B de esta Sección conforme a lo
analizado.
Además, declarará infundados los cargos por violación de los artículos 60, 61 y 62
de la misma ley, bajo las consideraciones expuestas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, en
consecuencia, estarse a lo resuelto en las sentencias del 17 de octubre de 2017
proferida por la Subsección B, en el proceso radicado 11001-03-25-000-2012-00889-
00 (2731-12) y del 9 de diciembre de 2019, dictada por la Subsección A de esta
Sección, dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2012-00805-00 (2579-
12), de conformidad con la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR infundados los cargos por violación de los artículos 60, 61
y 62 de la misma ley, de conformidad con la parte considerativa de la presente
providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección que archive el expediente
dejando las constancias del caso, una vez ejecutoriada la sentencia
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Número Interno: 0981-2013
Demandante: Fernando Luis Jaramillo Giraldo
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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