RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00172-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00172-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00172-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por la señora Nydia Enis Balanta Isajar en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-017-2014-00309-01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. 34 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021. Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019) Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho al recurrente. En cuanto a estas últimas, ascenderán a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00172-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019) (RER)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Causales 1.° y 2.° artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundado

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

I. ASUNTO
Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por la señora Nydia Enis Balanta
Isajar1 en contra de la sentencia de 26 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76001-33-33-017-2014-00309-01

II. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario

Las pretensiones2
1. Con la demanda se solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 37883 de
31 de julio de 2006, 05905 de 11 de febrero de 2009, RDP 050079 de 29 de octubre
de 2013, RDP 002186 de 24 de enero de 2014 y RDP 008016 de 7 de marzo de
2014. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP, reconocer y
pagar la pensión gracia incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
en el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus, debidamente
ajustados e indexados; el pago de intereses moratorios y se condene en costas a la
entidad.

Hechos relevantes
2. La señora Nydia Enis Balanta Isajar prestó sus servicios como docente oficial
desde el 1º de enero de 1980, inicialmente como maestra municipal al servicio del
municipio de Jamundí (Valle del Cauca), y posteriormente como docente vinculada
mediante actos administrativos expedidos por la Gobernación del Valle del Cauca,
aduciendo un total de 34 años de servicio en el orden nacionalizado.

1 El escrito de revisión fue presentado ante la secretaría general de esta Corporación el 28 de febrero de 2019,

así se verifica a folio 62 del expediente físico.
2 Expediente físico cuaderno 2 folios 71 a 103

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

3. El 4 de agosto de 2008 solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pretensión que fue negada
mediante la Resolución No. 05905 del 11 de febrero de 2009, al estimar dicha
entidad que los tiempos de servicio acreditados eran de carácter nacional y no
nacionalizado. A continuación, presentó nuevas peticiones ante UGPP aportando
material probatorio que daba cuenta de la naturaleza nacionalizada del vínculo; no
obstante, la entidad negó nuevamente con los actos acusados citados en párrafo 1
de esta providencia.

Normas violadas y concepto de violación
4. Indicó que los actos administrativos demandados vulneran los artículos 1, 2, 6, 13,
25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la Constitución Política, así como los
artículos 1º y 4º de la Ley 114 de 1913, en concordancia con lo dispuesto en las
Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 6 de 1945, 43 de 1975 y 91 de 1989; y el Decreto
2285 de 1955, normas que regulan el régimen jurídico de la pensión gracia y los
requisitos para su reconocimiento. Concretó que no se valoró adecuadamente los
certificados de tiempos de servicios y actos de nombramiento, entre otros, que
permitían concluir que no se trataba de docente nacional.

Sentencia de primera instancia3
5. En sentencia proferida el 19 de mayo de 2016, el Juzgado Diecisiete
Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le fue negado el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora Nydia Enis Balanta Isajar.
Así, atendiendo a los criterios jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado4,
sostuvo que la determinación de la naturaleza del vínculo docente debía efectuarse
a partir del acto de nombramiento, y no de la fuente de financiación del servicio
educativo; estimando entonces que el Decreto 0762 del 6 de junio de 1991, mediante
el cual se vinculó a la demandante, fue expedido por la Gobernación del Valle del
Cauca, razón por la cual concluyó que su vinculación no correspondía al orden
nacional.

6. Asimismo, el juzgado otorgó pleno valor probatorio a la documentación obrante en
el expediente, en especial a los certificados expedidos por el Ministerio de Educación
Nacional, de los cuales se desprendía que la demandante no había laborado para
dicha entidad, circunstancia que, en su criterio, desvirtuaba la tesis sostenida por la
administración respecto del carácter nacional de los servicios prestados. En ese
orden, encontró cumplidos los requisitos para obtener la pensión gracia, estatus que
alcanzó el 4 de abril de 2005, al cumplir la edad; y en consecuencia ordenó el
reconocimiento de la prestación y declaró probada la excepción de prescripción
frente a las mesadas causadas con anterioridad al 18 de septiembre de 2010, ordenó
la indexación de las sumas reconocidas y el pago de intereses moratorios, y condenó
en costas a la parte demandada.

3 Expediente físico cuaderno 1 folios 35 a 47
4 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” C.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguen. 24 de

mayo de 2012. Radicación No. 17001-23-31-000-2009-00067-01 (1241-11)

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

Recurso de apelación
7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP apeló el fallo antes citado,
considerando que se realizó una debida valoración probatoria; explicó que los
certificados de tiempo de servicios, la labor ejecutada entre el 25 de julio de 1991 y
el 25 de mayo de 2008 correspondían a una vinculación de carácter nacional, por lo
que no había lugar a tenerlos en cuenta; circunstancia que imponía revocar la
sentencia.

Sentencia objeto de revisión5
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de
febrero de 2018, revocó el fallo del a quo, y negó las pretensiones. Así, centró su
análisis en el tiempo servido con posterioridad al 31 de diciembre de 1980; pues la
edad, y la designación antes de esta data estaba acreditado.

9. En ese orden, sostuvo que el Decreto 0762 de 6 de junio de 1991, mediante el
cual el gobernador del Valle del Cauca efectuó el nombramiento de la docente a
nombre del FER, por lo que el gobernador actuaba como ejecutor de las decisiones
de dicho fondo, y no como autoridad nominadora territorial autónoma, conforme a lo
previsto en el Decreto 102 de 1976 y al proceso de descentralización y
nacionalización del servicio educativo. Estimó así que, el FER administraba por
delegación la planta educativa nacional, razón por la cual los nombramientos
realizados bajo esa modalidad podían corresponder tanto a docentes nacionales
como nacionalizados, generándose una incertidumbre que debía resolverse a partir
de las certificaciones oficiales de tiempo de servicio.

10. Destacó que el certificado expedido por la secretaría de educación
departamental daba cuenta de que la demandante prestó sus servicios, desde 1991
en adelante, como docente nacional, circunstancia que no fue desvirtuada por los
demás medios de prueba, incluidos los certificados del Ministerio de Educación
Nacional, por lo que excluyó tal periodo. Por lo anterior, consideró que se
demostraba la acreditación de la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 114
de 1913. Finalmente, condenó en costas de ambas instancias a la parte vencida y
fijó agencias en derecho.

El Recurso Extraordinario de Revisión6

La causal invocada
11. La actora aduce que se configuran las causales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA,
que disponen:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el

5 Expediente físico, Cuaderno 1 folios 48 a 61.
6 Expediente físico cuaderno 1 folios 1 a 13

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados[…]».

El fundamento del recurso extraordinario
12. La señora Balanta Isajar respecto a la configuración de la causal 1, alude que se
configura pues, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-SII-11-2018)
fue proferida con posterioridad a la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, razón por la cual no pudo ser tenida en cuenta al
momento de decidir; por lo que dicho pronunciamiento constituye un elemento
decisivo que, de haber sido conocido oportunamente, habría conducido a una
decisión distinta, precisando que no se persigue la aplicación retroactiva del fallo de
unificación, sino que su inexistencia al momento del fallo obedece a un supuesto de
fuerza mayor derivado de su expedición posterior, y que su contenido resulta
determinante en la definición del derecho pensional debatido.

13. En torno a la causal 2 del citado artículo, afirmar que también se estructura, dado
que la sentencia cuya revisión se solicita se fundamentó en un certificado de tiempo
de servicio expedido por autoridad competente, pero que contiene información
inexacta e incongruente, contraria a los preceptos legales aplicables y a la
jurisprudencia del Consejo de Estado. En particular, alega que dicho documento
desnaturaliza la realidad del vínculo laboral, lo que lo convierte en un documento
irregular, ilegal y sustancialmente adulterado, circunstancia que habría incidido de
manera directa en la decisión objeto de estudio, y que habilita a la revocatoria de la
sentencia de segunda instancia y el consecuente reconocimiento de la pensión
gracia.

Pronunciamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.7
14. La UGPP se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario de revisión al
considerar que ninguna de las causales invocadas en el artículo 250 del CPACA se
encuentra acreditada, y que el recurso pretende reabrir un debate ya definido
mediante una sentencia ejecutoriada, desconociendo el carácter excepcional,
taxativo y restrictivo de este medio de impugnación. Sostuvo que la sentencia de
unificación del Consejo de Estado proferida con posterioridad al fallo cuya revisión
se solicita no constituye un documento decisivo ni una prueba sobreviniente, dado
que no es una prueba dentro del proceso, no existía al momento de proferirse la
sentencia y, además, carece de efectos retroactivos, por lo que no puede servir de
fundamento para quebrantar la cosa juzgada ni convertir el recurso en una tercera
instancia.

15. En cuanto a la causal relativa a la supuesta falsedad o adulteración documental,
la entidad afirmó que no existe prueba alguna que acredite la falsedad del certificado
de tiempo de servicio que sirvió de fundamento a la decisión judicial, ni se advierte

7 Expediente físico cuaderno 1 - folios 80 a 82

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

que dicho documento haya sido tachado oportunamente dentro del proceso. Resaltó
que la mentada prueba fue aportada legalmente, hizo parte del acervo probatorio y
fue valorada conforme a las reglas de la sana crítica, sin que exista pronunciamiento
penal que declare su falsedad o adulteración, presupuesto indispensable para la
configuración de esta causal. En consecuencia, concluyó que el recurso carece de
sustento fáctico y jurídico suficiente, por lo que solicitó negar su prosperidad y
mantener incólume la sentencia objeto de revisión.

III. CONSIDERACIONES

Competencia
16. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del Reglamento
Interno de esta Corporación.

De la oportunidad para interponer el recurso
17. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en los numerales
1° y 2°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».

18. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 26 de
febrero de 2018 y ejecutoriada el día 09 de marzo de 2019.8 Por tanto, como el
recurso fue radicado en la secretaría general de esta Corporación el 28 de febrero
de 2019,9 esto es, dentro del año siguiente a la comunicación de aquella, se concluye
que su presentación fue realizada dentro de la oportunidad legal.

Problema jurídico
19. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la
Sala determinar si la sentencia de 26 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en las causales primera y segunda del
artículo 250 del CPACA, esto es: i) i la sentencia de unificación invocada por la parte
recurrente puede calificarse como documento decisivo recobrado o sobreviniente, y
ii) i el fallo objeto de revisión se dictó con fundamento en documentos falsos o
adulterados.

20. Para resolver ese interrogante se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de las causales 1.° y 2.° del
artículo 250 del CPACA.

Normas y jurisprudencia aplicables

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión
21. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

8 Expediente físico cuaderno 2 - folio 211
9 Expediente físico cuaderno 1 - folio 62

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos».

22. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.

23. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así
como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

24. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que
revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.

25. En sentencia de 3 de marzo de 2020,10 la Sala Décima Especial de Revisión de
este Tribunal, se refirió a los aspectos generales del recurso objeto de estudio, por
un lado, frente al objeto del mismo, se sostuvo que se encamina a obtener el
restablecimiento de la justicia material de la decisión cuestionada, en la mediad que
esta haya sido afectada por situaciones exógenas que fue posible ventilar en el
proceso correspondiente, pero que, en todo caso, a juicio del legislador, revisten tal
gravedad que es procedente desvirtuar el principio de cosa juzgada11. Además, se
destacó que dicho recurso:

I)
Se ha definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas
sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la
intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser
decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra
la ley».12
II)Mediante el recurso extraordinario de revisión, se pueden controvertir sentencias
ejecutoriadas proferidas por las Secciónes y Subsecciones de la Sala de Contencioso
Administrativo de esta Corporación, así como las emitidas en cualquier instancia por
tribunales administrativos y por los juzgados administrativos cuya naturaleza permita la
procedencia del recurso.
III) Respecto a la naturaleza de dicho recurso, la doctrina lo estima como una vía de
impugnación que tiene la virtud de afectar de manera excepcional el principio de
inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, ello, en tanto, «se
abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno

10
Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
11 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.13»

26. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.

27. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.14 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio
de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario
de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez15 o para
corregir errores «in iudicando»16, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos
procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se
resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados17-, o no pudieron
ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las
pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho18-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el
caso de la causal cuarta,19- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando
existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación20.

13 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho
para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia

de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
15 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-

000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
16 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
17 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
18 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se

hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
19 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la

sentencia.
20 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está
limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental
de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con
claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de
fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que
se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar
esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron
la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u
omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento
de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos
sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en
cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este
escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al
explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un
estricto y delimitado ámbito interpretativo».21

El contenido y alcance de las causales 1 y 2 del artículo 250 del CPACA
28. La causal número 1, dispone «Haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.»

29. De acuerdo con el anterior dispositivo, la causal en cita se cristaliza cuando: i)
se trata de una prueba documental que; ii) preexistente a la sentencia cuestionada
en revisión; iii) es encontrada o recobrada con posterioridad a la emisión de aquella
decisión y, por tanto; iv) tiene un impacto determinante en ella, al punto que prohíja
su modificación y/o revocatoria, pero que; v) no pudo ser incorporada oportunamente
al proceso primigenio por fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de la contraparte.

30. Esta Corporación ha sido insistente al pregonar que la causal en referencia solo
se aplica a pruebas documentales, por lo que no es admisible frente a otro tipo de
evidencias como los testimonios o las inspecciones judiciales.22

31. Así entonces, se extiende a los elementos enlistados en el artículo 243 del
C.G.P., esto es «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos,
fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,

21 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
22 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, sentencia de 19 de septiembre de

2022, expediente 11 001 03 15 000 2021 11456 00, C.P. Dr. William Hernández Gómez.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las
inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.»

32. En cuanto a que debe tratarse de una prueba encontrada o recobrada después
de dictada la providencia objeto de revisión, la jurisprudencia de este tribunal ha
indicado que debe tratarse de una evidencia documental que, preexistente al fallo de
instancia -pero no posterior a él-, solo pudo ser obtenida por la parte recurrente con
posterioridad a la emisión de aquél.

33. Por tanto, cuando tales elementos no fueron aducidos, incorporados o solicitados
dentro de las etapas procesales pertinentes por circunstancias distintas a las
señaladas en la norma, no deviene procedente la causal.23

34. Igualmente, el documento debe poseer un nivel de persuasión tal que resulte
suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador una
convicción distinta respecto de hechos que, en el desarrollo del proceso, no
consideró debidamente acreditados.

35. En relación con el último requisito señalado, esto es, que la imposibilidad de
aportar la prueba documental obedezca a fuerza mayor, caso fortuito y/o acción de
la parte contraria, esta corporación ha indicado que:

«66. Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre24 que la razón por la cual no
pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la contraparte,
orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial, o una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a las dos últimas
situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de demostrarse la fuerza
mayor se podría configurar la causal:

«[…]
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal, en
cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación
jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por su
traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde no puede argüirse
“olvido, incuria o abandono de la parte”,25 por parte de quien pretende beneficiarse con la prueba,

23 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, expediente No.

25000-23-26-000-1996-13158-01(34697), Consejera Ponente Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia

del 7 de febrero de 2017, radicación 11001 03 15 000 2016 01440 00 (rev); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el simple
olvido, incuria o abandono de la parte”2 7 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen razones
válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una dificultad por
grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente...” 2 8 - /
De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según
el caso, deben probarse2 9 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas
circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 3 0 » (cursiva y números de cita
propios del texto transcrito).
25 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de

febrero de 2010, Rad. 2597-07.».

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera
‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.26

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse, 27 esto es, aportar elementos de convicción acorde
con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte
oportuno de los documentos.28

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar la
imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del campo
de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza mayor, como un
acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño. 29.»30

67. Así las cosas, para verificar si le asiste razón a la parte recurrente cuando alega la
configuración de esta causal es necesario, en principio, verificar si los documentos que se
aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros expuestos por la
jurisprudencia y si está demostrado que la falta de aportación de estos al proceso, ocurrió
por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar de la parte
contraria.»31

36. De otra parte, en lo concerniente a la causal 2 del pluricitado artículo 250 del
CPACA, de «Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.», es preciso mencionar que esta causal tiene como finalidad corregir
decisiones judiciales ejecutoriadas que hayan sido adoptadas con base en pruebas
documentales afectadas por falsedad o adulteración, circunstancia que compromete
de manera grave la justicia material del fallo y justifica, de forma excepcional, la
ruptura del principio de cosa juzgada.

37. De la jurisprudencia de esta Corporación32 se desprende que la causal en cita se
configura únicamente cuando la sentencia objeto de revisión se apoya de manera
decisiva en un documento afectado por falsedad o adulteración. En ese sentido, se
ha precisado que la inconformidad del recurrente no puede limitarse a una
divergencia interpretativa o valorativa sobre el contenido del medio de prueba, pues,
el recurso extraordinario de revisión no fue concebido para reabrir el debate
probatorio ni para corregir errores de juicio.

38. En ese orden, la falsedad o adulteración del documento debe recaer sobre su
contenido o autenticidad, y no sobre la interpretación jurídica que de él haya

26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles
que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de

diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación: 11001-

03-25-000-2014-00329-00, número interno: 1001-14, m.p. Sandra Lisset Ibarra Velez.
31
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 18 de diciembre de
2020, expediente 11 001 03 15 000 2018 00164 00, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia

del 18 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2018-00164-00 (REV), C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
en igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2017, Rad.
05001-23-31-000-2002-00575-01 (0389-2012), C.P. William Hernández Gómez.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

efectuado el juez, dado que este último aspecto pertenece al ámbito de la valoración
probatoria y de la función jurisdiccional propia de las instancias.

39. Igualmente, se advierte que no todo documento que resulte desfavorable a los
intereses de la parte recurrente puede ser calificado como falso o adulterado, ya que,
admitir lo contrario implicaría desnaturalizar la causal y convertir el recurso
extraordinario de revisión en un instrumento para corregir presuntos errores de juicio
o de derecho.33

40. Así mismo, la jurisprudencia ha indicado que la configuración de esta causal no
depende, necesariamente, de la existencia de un pronunciamiento previo de la
jurisdicción penal, sin perjuicio de que la falsedad o adulteración alegada deba ser
debidamente acreditada dentro del trámite del recurso, mediante elementos
objetivos que permitan constatar la irregularidad sustancial del documento.

41. En consecuencia, la causal segunda del artículo 250 del CPACA solo se
configura cuando la sentencia objeto de revisión se apoya de manera decisiva en un
documento cuya falsedad o adulteración resulte demostrada, y no cuando la
inconformidad del recurrente se circunscribe a la manera en que dicho medio de
prueba fue valorado o apreciado por el juez.

Caso concreto
42. Desde ya advierte la Subsección que declarará infundado el Recurso
Extraordinario de Revisión, en razón a que los reproches que lo sustentan no se
encuadran en las causales invocadas por la recurrente.

43. Observa la Sala que la parte recurrente sustenta la configuración de la causal
primera del artículo 250 del CPACA en la expedición de una sentencia de
unificación proferida con posterioridad a la decisión objeto de revisión, la cual, a su
juicio, constituiría un documento decisivo que no pudo ser aportado oportunamente
al proceso.

44. Tal planteamiento no satisface los presupuestos exigidos para la configuración
de la causal invocada, en la medida en que, en primer lugar, la sentencia de
unificación cuya valoración se solicita no constituye en estricto sentido una prueba
documental, sino que viene a ser un precedente judicial mediante el cual se fija o
unifica un criterio interpretativo, razón por la que no podría entenderse como prueba
recobrada en los términos del numeral 1.º del artículo 250 del CPACA.

45. En segundo lugar, la providencia de unificación invocada no preexistía al
momento de proferirse la sentencia objeto de revisión, circunstancia que impide
considerarla como un documento recobrado o encontrado con posterioridad, se
recuerda que la sentencia el tribunal la emitió el 26 de febrero de 2018 y quedó
ejecutoriada el 09 de marzo de 2018, mientras que la sentencia de unificación SUJ-

33 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
– Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), ponente Alberto
Montaña Plata.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

SII-11-2018 aludida por la parte actora, se dictó el 21 de junio de 2018.

46. Adicionalmente, se advierte que la invocación de una providencia judicial
posterior no se orienta a la incorporación de un medio de convicción omitido, sino a
reabrir el debate jurídico ya resuelto, a partir de un cambio en el criterio
jurisprudencial, finalidad que resulta ajena al objeto del recurso extraordinario de
revisión, el cual no fue concebido como una tercera instancia.

47. En ese orden, aceptar que una sentencia de unificación posterior pueda
calificarse como documento decisivo recobrado implicaría desconocer el principio de
cosa juzgada y vaciar de contenido el carácter excepcional del recurso extraordinario
de revisión.

48. Por consiguiente, al no cumplirse los presupuestos relativos a la naturaleza
probatoria del documento, y su preexistencia, la Sala concluirá que la causal primera
del artículo 250 del CPACA no se configura en el presente asunto.

49. En lo que corresponde a la causal segunda del artículo 250 del CPACA, la
parte recurrente sostiene que la sentencia objeto de revisión se dictó con fundamento
en documentos presuntamente falsos o adulterados, particularmente aquellos
relacionados con la naturaleza del vínculo laboral y el tiempo de servicios acreditado;
cargo que para la Sala no tiene vocación de prosperidad, en tanto los documentos
cuestionados fueron expedidos por autoridades competentes, hicieron parte del
acervo probatorio y no fueron tachados oportunamente de falsos, ni existe
pronunciamiento administrativo o judicial que haya declarado su falsedad material o
ideológica.

50. En efecto, la inconformidad planteada por la parte recurrente no recae sobre la
autenticidad o el contenido material de los documentos, sino sobre la interpretación
jurídica que de ellos efectuó el juez de segunda instancia, particularmente en lo
atinente a la valoración del régimen aplicable y a la incidencia de la participación del
Fondo Educativo Regional (FER) en la determinación de la naturaleza del vínculo.

51. Así mismo, se observa que la sentencia objeto de revisión no se apoyó de
manera exclusiva en una sola prueba documental, sino que realizó una valoración
integral del material probatorio, atendiendo al contexto normativo y jurisprudencial
vigente para la época en que se profirió la decisión.

52. En ese sentido, la conclusión alcanzada en la providencia cuestionada respondió
a un criterio jurídico razonado y acorde con el entendimiento existente en ese
momento, conforme al cual la intervención del Fondo Educativo Regional generaba
una incertidumbre razonable respecto de la naturaleza del vínculo, aspecto que fue
analizado y resuelto por el juez natural del proceso dentro del marco de su función
jurisdiccional.

53. Así las cosas, no se acredita que la sentencia objeto de revisión se haya dictado
con fundamento en documentos falsos o adulterados, pues la discrepancia del

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

recurrente se limita a cuestionar la forma en que dichos medios de prueba fueron
apreciados, lo cual, como se explicó en el análisis precedente, no habilita la
prosperidad de la causal segunda del artículo 250 del CPACA.

54. En mérito de lo expuesto, y en atención a que ninguna de las causales invocadas
por la parte recurrente se configuró, la Sala declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión de la referencia.

Condena en costas
55. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original,34 establece que
«[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil».

56. A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que:

«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:

1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.

57. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó, es
procedente la imposición de esta condena, por cuanto la UGPP intervino en este
trámite a través de abogado, quien se aprestó a defender sus intereses. Por lo que
sigue, se condenará en costas y agencias en derecho al recurrente. En cuanto a esta
última se refiere, corresponderá a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por la señora Nydia Enis Balanta Isajar en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 26 de febrero de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001-33-33-017-2014-00309-01, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva.

34 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la vigencia

de la Ley 2080 de 2021.

Radicado: 11001 03 25 000 2019 00172 00 (1060-2019)
Accionante: Nydia Enis Balanta Isajar

SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho al recurrente. En cuanto a
estas últimas, ascenderán a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La
secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.