Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00319-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00319-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00319-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 25 000 2024 00319 00 (4226-2024) (RER)
Accionante: Waldina Castro Mena
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Tema: Causal 5° artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. La sentencia
inhibitoria no viola el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia en la medida en que estuvo sustentada
en motivos jurídicos objetivos y verificables.
Decisión: Declarar infundado
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
I. ASUNTO
Se decide el recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por la señora Waldina Castro Mena 1
contra de la sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 27001-33-33-003-2018-00083-01.
II. ANTECEDENTES
Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario
Las pretensiones
1. Con la demanda se solicitó declarar la nulidad de los Autos ADP 008623 del 14
de noviembre de 2017 y ADP 009507 del 14 de diciembre del mismo año, mediante
los cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social —UGPP— remitió por competencia al Ministerio
de Educación Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
la solicitud presentada por la señora Waldina Castro Mena, y declaró improcedentes
los recursos de reposición y, en subsidio, apelación formulados contra dicha
determinación.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la UGPP
reconocer, liquidar y pagar a su favor, en calidad de compañera permanente del
señor Manuel Eutimio Palacios Abadía, el 50 % de la sustitución de la pensión de
jubilación gracia que este disfrutaba, con derecho a acrecer. Asimismo, deprecó el
1 El escrito de revisión fue presentado ante la secretaría general de esta Corporación el 25 de julio de 2024, así
se verifica en el acta individual de reparto.
Radicado: 11001 03 25 000 2024 00319 00 (4226-2024)
Accionante: Waldina Castro Mena
pago de las mesadas causadas desde el 28 de febrero de 2012 hasta su inclusión
en nómina, junto con los reajustes correspondientes y la actualización de las sumas
adeudadas conforme al índice de precios al consumidor.
Hechos relevantes
3. La señora Waldina Castro Mena manifestó que al señor Manuel Eutimio Palacios
Abadía le fue reconocida una pensión de jubilación gracia mediante la Resolución
3535 del 18 de marzo de 1997, y que aquel falleció el 27 de febrero de 2012.
4. Señaló que convivió con el causante durante varios años, relación de la cual nació
Angie Melissa Palacios Castro, y que dicha convivencia se mantuvo durante los cinco
años anteriores al fallecimiento. Expuso que, mediante la sentencia 179 del 31 de
octubre de 2016, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó declaró que el
causante sostuvo una convivencia simultánea con la señora Carmen Elena Murillo
Murillo, en calidad de cónyuge, y con la demandante, como compañera permanente.
5. Agregó que en esa providencia se ordenó al Ministerio de Educación Nacional y
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer a las señoras
Murillo Murillo y Castro Mena, en proporción del 25% para cada una, la pensión de
sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Palacios Abadía, con efectos
fiscales desde el 28 de febrero de 2012. La decisión fue confirmada en grado
jurisdiccional de consulta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó (sic),
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2016.
6. Indicó que previamente había solicitado el reconocimiento de la sustitución
pensional en representación de su hija menor de edad, petición que fue resuelta
mediante las Resoluciones RDP 011753 del 11 de marzo, RDP 028590 del 24 de
junio y RDP 035767 del 5 de agosto de 2013. Estos actos fueron demandados ante
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que, mediante la
sentencia 062 del 5 de junio de 2015, los anuló parcialmente en cuanto a los efectos
fiscales y dispuso que la prestación debía pagarse desde el 28 de febrero de 2012.
7. El 8 de junio de 2017, la demandante presentó reclamación administrativa ante la
UGPP, con el propósito de obtener, esta vez en nombre propio y en su condición de
compañera permanente, el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de
jubilación gracia del causante, así como la indexación de las sumas adeudadas.
8. Mediante el Auto ADP 008623 del 14 de noviembre de 2017, la UGPP consideró
que carecía de competencia para resolver la solicitud y ordenó remitirla al Ministerio
de Educación Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Contra esa decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio,
apelación, los cuales fueron declarados improcedentes mediante el Auto ADP
009507 del 14 de diciembre de 2017.
Normas violadas y concepto de violación
9. Invocó como normas vulneradas los artículos 2, 6, 13, 29, 42, 48 y 53 de la
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Constitución Política; los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; las Leyes 4.ª
de 1966, 5.ª de 1969, 33 y 62 de 1985, 71 de 1988, 100 de 1993, 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989, 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001; y el
Decreto 1848 de 1969.
10. Expresó que la entidad desconoció su derecho a la sustitución de la pensión
gracia que disfrutaba el señor Palacios Abadía, pese a que su condición de
compañera permanente había sido declarada judicialmente.
11. Afirmó que la entidad interpretó equivocadamente su solicitud al declararse
carente de competencia y remitirla al Ministerio de Educación Nacional y al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues no pretendía el cumplimiento
de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, sino
el reconocimiento, en nombre propio, de la sustitución de la pensión gracia. Precisó
que dicha providencia se invocó porque reconoció su condición de compañera
permanente del causante y, por consiguiente, su legitimación para reclamar la
prestación. Agregó que la prestación en comento había sido reconocida por la extinta
Cajanal, cuyas funciones fueron asumidas por la UGPP, motivo por el cual esta era
la competente para resolver la reclamación.
Sentencia de primera instancia
12. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, mediante la
sentencia 37 del 16 de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.
Para adoptar esa decisión, consideró que la señora Waldina Castro Mena tenía
derecho a la sustitución de la pensión gracia que disfrutaba el señor Manuel Eutimio
Palacios Abadía, en tanto se encontraban acreditados los requisitos de ley.
13. En particular, señaló que al causante le fue reconocida la pensión gracia
mediante la Resolución 3535 del 18 de marzo de 1997; que la demandante contaba
con más de 30 años para la fecha del fallecimiento del causante; y que se acreditó
que hizo vida marital con aquel durante los cinco años anteriores a su deceso.
14. Frente al requisito de convivencia, tuvo en cuenta que el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Quibdó declaró que el señor Palacios Abadía sostuvo una
convivencia simultánea con la señora Carmen Elena Murillo Murillo, en calidad de
cónyuge, y con la señora Waldina Castro Mena, como compañera permanente,
decisión que, a su vez, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Quibdó.
15. En cuanto a la distribución de la prestación, estimó que debía dividirse en partes
iguales entre la cónyuge y la compañera permanente, por lo que reconoció a cada
una el 25 % de la pensión de jubilación gracia del causante, dado que el 50 %
restante se encontraba asignado a sus hijos.
16. Respecto de la prescripción, advirtió que el educador falleció el 27 de febrero de
2012 y que la reclamación administrativa fue presentada el 8 de junio de 2017. En
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Accionante: Waldina Castro Mena
consecuencia, declaró prescritas las mesadas causadas antes del 8 de junio de 2015
y ordenó a la UGPP reconocer, liquidar y pagar a la señora Waldina Castro Mena el
25% de la sustitución pensional a partir de esa fecha.
Recurso de apelación
17. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
y solicitó que se revocara para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
18. Indicó que no era posible reconocer la sustitución de la pensión gracia, debido a
las dudas que existían sobre la convivencia del señor Manuel Eutimio Palacios
Abadía con las señoras Carmen Elena Murillo Murillo y Waldina Castro Mena. En
particular, cuestionó las inconsistencias advertidas en las declaraciones
extraprocesales aportadas al proceso.
19. Señaló que el juez de primera instancia no despejó esas dudas, pues no decretó
las pruebas testimoniales ni los interrogatorios de parte solicitados en la contestación
de la demanda. A su juicio, el material probatorio no permitía determinar con certeza
si el causante convivió con ambas solicitantes, durante cuánto tiempo y si dicha
convivencia se presentó de manera simultánea en los cinco años anteriores a su
fallecimiento.
20. Agregó que la existencia del vínculo matrimonial no era suficiente para obtener
la sustitución pensional, porque también debía acreditarse una convivencia real y
efectiva. Por ello, consideró que no estaban demostrados los presupuestos para
reconocer la prestación a favor de las señoras Castro Mena y Murillo Murillo.
Sentencia objeto de revisión
21. El Tribunal Administrativo del Chocó, mediante la sentencia 41 del 29 de febrero
de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se inhibió de emitir
un pronunciamiento de fondo.
22. Consideró que los Autos ADP 008623 del 14 de noviembre y ADP 009507 del 14
de diciembre de 2017 eran actos de trámite, en la medida en que la UGPP se limitó
a remitir al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la solicitud de
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia presentada por la
señora Waldina Castro Mena.
23. Señaló que esos actos no decidieron el reconocimiento de la prestación ni
crearon, modificaron o extinguieron una situación jurídica. Tampoco impidieron que
continuara la actuación administrativa, razón por la cual no eran susceptibles de
control judicial.
24. En consecuencia, el Tribunal no examinó de fondo el derecho de la demandante
a la sustitución de la pensión gracia y la condenó en costas en segunda instancia.
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Accionante: Waldina Castro Mena
El recurso extraordinario de revisión2
La causal invocada
25. La señora Waldina Castro Mena invocó la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, que dispone:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]».
El fundamento del recurso extraordinario
26. La recurrente alegó que el fallo inhibitorio vulneró sus derechos al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, pues los actos demandados no
eran de mero trámite. Afirmó que estos decidieron indirectamente el fondo del asunto
e hicieron imposible continuar la actuación administrativa, al remitir la solicitud al
Ministerio de Educación Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, pese a que lo reclamado era la sustitución de la pensión de jubilación
gracia y, en su criterio, la UGPP era la entidad competente para reconocerla.
27. Indicó que la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Quibdó declaró la convivencia simultánea del señor Manuel Eutimio Palacios Abadía
con su cónyuge y con la demandante. Agregó que la UGPP entendió
equivocadamente que se solicitaba el cumplimiento de esa providencia, cuando la
petición estaba dirigida al reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia.
28. Señaló que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al considerar que se trataba de actos de trámite y abstenerse de resolver
el fondo de la controversia. Añadió que no se acreditó que la UGPP hubiera remitido
efectivamente la reclamación ni que la entidad receptora le hubiera dado respuesta,
circunstancia que, en su criterio, demostraba que la actuación administrativa no pudo
continuar.
29. Manifestó que el fallo inhibitorio desconoció los derechos a la tutela judicial
efectiva, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, porque existían
los presupuestos para emitir una decisión de fondo. Asimismo, señaló que la
expedición injustificada de una sentencia inhibitoria configura la causal de nulidad
originada en la sentencia invocada.
30. En consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad de la Sentencia 41 del 29
de febrero de 2024 y que se profiriera una nueva decisión en la que se confirmara el
fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
Oposición
2 Visible en el archivo 003_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEXTRAORDINARI.pdf del expediente digital
que reposa en el aplicativo SAMAI
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31. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, una vez notificada, guardó silencio. 3
III. CONSIDERACIONES
Competencia
32. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de revisión,
de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del Reglamento
Interno de esta Corporación.
De la oportunidad para interponer el recurso
33. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°,
entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
34. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 29 de febrero de
2024, mientras que el recurso fue presentado el 25 de julio de 2024 a través de
ventanilla virtual de este tribunal 4. Por tanto, se concluye que su radicación se
cumplió dentro de los términos de ley.
Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia 41 del 29 de febrero de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, incurrió en la causal de revisión
prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, al emitir una decisión
inhibitoria que, según la recurrente, vulneró sus derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
36. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA.
Normas y jurisprudencia aplicables
37. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y
por los jueces administrativos».
3 No se observan memoriales en el aplicativo SAMAI de contestación y/o pronunciamiento de dicha entidad
4 Índice 4 de la plataforma SAMAI.
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38. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta Corporación-.
39. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero que
revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada. En
sentencia de 3 de marzo de 2020, 5 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo I
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437
de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas
por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de
ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra
la ley». 6
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier instancia
por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya naturaleza
permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso extraordinario de
revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina 7 como un medio de
impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el principio de inmutabilidad
de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con este se abre la posibilidad
de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos
consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. 8
5
Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro
Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
7 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
8 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos
condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá
lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene por
objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión controvertida,
cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron
plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal
gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada […]». 9
40. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
41. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada. 10 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio
de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario
de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez 11 o para
corregir errores «in iudicando» 12, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos
procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual
se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados 13-, o no
pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre
con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho 14-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en
el caso de la causal cuarta, 15- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando
existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de
apelación 16-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está
limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-
2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia
de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
11 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
12 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
13 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
14 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
15 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
16 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
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debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos
que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente
realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir
errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el
agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva
instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia,
siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta
por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser
examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo». 17
El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA
42. El numeral 5° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
43. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
44. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior. 18
17 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
18 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
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45. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial. 19 A partir de esta última tesis se ha sostenido que: 20
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma expresa
como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo enunciativo, ciertos
casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que del de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii)
se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus;
(iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se
pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o
jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por
desistimiento, transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido
para su aprobación y (viii) desconoce el principio de congruencia 21 bien sea por una
condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la sentencia
de unificación del 8 de mayo de 2018 22 proferida por la Sala Plena de la Corporación, de
manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las causales de nulidad
que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del CPACA. En ese orden de
ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para que,
en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de ponderación,
razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada quebrantó la
legalidad y la justicia.
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
19 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-
00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
20 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
22 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó
el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001. Pero, además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
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En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los valores
que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la finalidad a la
que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales, en
las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo esencial de derechos
que se caracterizan por tener una marcada relevancia constitucional 23 y que se configuren
en la sentencia».
46. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
Caso concreto
47. La señora Waldina Castro Mena sostiene que la sentencia objeto de revisión
incurrió en la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, porque
el Tribunal Administrativo del Chocó se inhibió de emitir un pronunciamiento de
fondo, pese a que, en su criterio, los actos demandados decidieron indirectamente
su solicitud e hicieron imposible continuar la actuación administrativa.
48. Para resolver el cargo, la Sala precisa que la sola expedición de un fallo
inhibitorio no configura la nulidad invocada, pues para ello se requiere que la decisión
sea injustificada y afecte de manera sustancial los derechos al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia o a la tutela judicial efectiva. 24
49. En el presente asunto no se advierte una situación de esa naturaleza. El Tribunal
examinó el contenido de los Autos ADP 008623 del 14 de noviembre y ADP 009507
del 14 de diciembre de 2017 y concluyó que eran actos de trámite, debido a que
mediante el primero la UGPP se limitó a remitir la solicitud al Ministerio de Educación
Nacional y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, a través del
segundo, declaró improcedentes los recursos interpuestos contra esa determinación.
50. Asimismo, explicó que tales actos no reconocieron ni negaron la sustitución de
la pensión de jubilación gracia ni crearon, modificaron o extinguieron la situación
jurídica de la demandante. A partir de esos razonamientos, consideró que no eran
susceptibles de control judicial y que, por tanto, no resultaba procedente emitir una
decisión sobre el fondo de las pretensiones.
51. La motivación expuesta permite establecer que la inhibición no obedeció a una
circunstancia inexistente, a una lectura contraria al contenido del expediente ni a la
ausencia absoluta de fundamentación. Por el contrario, estuvo sustentada en la
interpretación que el Tribunal efectuó sobre la naturaleza de los actos administrativos
acusados y los presupuestos necesarios para su control judicial.
23 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
24
Ver nota 26 supra.
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52. De igual manera, la remisión por competencia no implicaba, por sí misma, la
terminación de la actuación administrativa, pues la decisión adoptada por la UGPP
estaba encaminada a que la solicitud fuera estudiada por la autoridad que consideró
competente. 25
53. La circunstancia alegada por la recurrente, consistente en que no se aportó
constancia de la remisión efectiva de la petición ni de la respuesta de la entidad
destinataria, tampoco demuestra la configuración de la causal invocada. Ese
cuestionamiento se relaciona con el cumplimiento material de lo ordenado por la
UGPP o con el trámite posterior de la solicitud, pero no modifica el contenido ni la
naturaleza de los actos demandados y tampoco evidencia una irregularidad
originada en la sentencia.
54. En realidad, los argumentos del recurso están dirigidos a controvertir la
conclusión del Tribunal acerca de la naturaleza de los actos y de la autoridad
competente para resolver la solicitud de sustitución de la pensión gracia. En
consecuencia, se pretende reabrir el debate jurídico decidido en el proceso ordinario
y obtener un nuevo pronunciamiento sobre el acierto de la interpretación efectuada
por el fallador de segunda instancia.
55. Tal propósito resulta ajeno al recurso extraordinario de revisión, pues este no
constituye una instancia adicional ni permite corregir eventuales errores de
interpretación o aplicación del derecho. Por ello, aun cuando la recurrente no
comparta las conclusiones del Tribunal, esa discrepancia no demuestra que la
sentencia esté afectada por una nulidad procesal o constitucional. 26
56. En esas condiciones, la sentencia inhibitoria estuvo sustentada en motivos
jurídicos objetivos y verificables, sin que los argumentos del recurso demuestren una
afectación grave del debido proceso, del acceso a la administración de justicia o de
la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, la causal prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA no se configuró y el recurso extraordinario de revisión será
declarado infundado.
Condena en costas
57. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara infundado el recurso, se
condenará en costas y perjuicios al recurrente».
58. En el presente asunto no hay lugar a imponer condena en costas, toda vez que
la entidad vinculada al trámite guardó silencio, de manera que no se advierte la
25 Ley 1437 de 2011, artículo 21, sustituido por el artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5
de marzo de 2026, radicación 11001-03-25-000-2019-00172-00 (1060-2019), consejero ponente Luis Eduardo
Mesa Nieves. En igual sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce
Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV),
consejero ponente Alberto Montaña Plata.
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causación de gastos que deban ser reconocidos por este concepto.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión formulado
por señora Waldina Castro Mena en contra de la sentencia de segunda instancia
proferida el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-
33-33-003-2018-00083-01.
SEGUNDO. Sin condena en costas conforme a lo indicado en esta providencia.
TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.
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