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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00190-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00190-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00190-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Declarar de oficio la excepción de inepta demanda contra el artículo 3 de la «Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10» del 16 de abril de 2017, dictado por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Segundo: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI y archivar el expediente. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-25-000-2019-00190-00 (1152-2019) Demandante: Fernando Antonio Fuentes Perdomo Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00190-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Simple nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00190-00 (1152-2019)
Demandante: Fernando Antonio Fuentes Perdomo
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Tema: nulidad parcial del acto administrativo contenido en la orden del día
106/MEVAL-COMAN-38.10 (art. 3), expedido por la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la demanda
de nulidad contra el artículo 3 de la «Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10» del
16 de abril de 2017, dictada por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora solicita la nulidad parcial de la orden del día dictada por el comandante
de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con fundamento en que no tenía
competencia para delegar las funciones reguladas en el artículo 209 (numeral 2, literal
e, y numeral 3) de la Ley 1801 de 2016. La Subsección declara de oficio la excepción
de inepta demanda porque el acto demandado es de trámite y no tiene control judicial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

El señor Fernando Antonio Fuentes Perdomo, en nombre propio, en ejercicio del medio
de simple nulidad, solicita la nulidad del artículo 3 de la «Orden del Día 106/MEVAL-
COMAN-38.10» del 16 de abril de 2017, firmada por el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, que señala:

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00190-00 (1152-2019)
Demandante: Fernando Antonio Fuentes Perdomo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Orden del día No. 106/MEVAL-COMAN-38.10
Medellín, 16 de abril de 2017

[…]

Artículo No. 03/DELEGACIÓN

Estación de Policía Aranjuez

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 209 de la ley 1801 Código Nacional
de Policía y Convivencia “atribuciones de los Comandantes de Estación,
Subestación, Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional. Compete a
los Comandantes de Estación, Subestación y Centros de Atención Inmediata de
la Policía Nacional o sus delegados conocer:

• Numeral 2 literal (e): disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas.

• Numeral 3: conocer en primera instancia la aplicación de la medida de
suspensión temporal de la actividad.

Deléguese al personal que más adelante se relaciona así

G APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CÉDULA
S HERNANDEZ ATUESTA ANDRES SUBCOMANDANTE 13959618
FELIPE ESTACIÓN
DE POLICÍA
ARANJUEZ
I SERNA GUERRA HENRRY JAVIER COMANDANTE 78691784
SECCION DE
VIGILANCIA
I SIERRA DE LA ESPRIELLA GERARDO COMANDANTE 19587158
ENRIQUE SECCION DE
VIGILANCIA
I VASQUEZ TORRES JUAN CARLOS COMANDANTE 8339911
SECCION DE
VIGILANCIA

Brigadier General Oscar Antonio Gómez Heredia

2

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Demandante: Fernando Antonio Fuentes Perdomo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

2.2. Normas violadas y concepto de violación

1. La parte demandante citó las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 29, 121, 122, 123, 209 y 211.
De la Ley 489 de 1998, el artículo 9.
De la Ley 1801 de 2016, los artículos 209 y 210.

2. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante expuso que el acto
acusado está viciado de nulidad porque el comandante de la Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá no tenía la competencia para delegar facultades que no le habían sido
conferidas por la Constitución Política, la ley ni el reglamento.

3. En este sentido, la parte demandante explicó que el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá mediante el artículo 3 de la Orden del Día
106/MEVAL-COMAN-38.10 del 16 de abril de 2017, «se arrogó las funciones y la
competencia asignada por los numerales 2º literal e) y 3º del artículo 209 de la Ley
1801 de 2016 a los comandantes de estación, subestación y centro de atención
inmediata de policía para delegarlas, a su antojo, capricho y voluntad, en otros
policiales que no tienen estas calidades y sin ninguna autorización legal».

4. En efecto, explicó que la Ley 1801 de 2016, en el artículo 209, numeral 2, lit. e)
y numeral 3, le otorga exclusivamente a los comandantes de estación, subestación y
centro de atención inmediata el conocimiento en primera instancia de la aplicación de
las medidas correctivas de «disolución de reunión o actividad que involucra
aglomeraciones de público no complejas» y de «suspensión temporal de actividad».

5. Concretó el vicio de falta de competencia del comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá en que, conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
la delegación solo procede respecto de funciones propias del delegante, asignadas
por la Constitución, la ley o el reglamento, y a favor de colaboradores o autoridades
con funciones afines o complementarias. Por ello, el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá no podía delegar unas competencias de las cuales
no era titular. Además, afirmó que el Decreto Ley 4222 de 2006 solo faculta al director
general de la Policía Nacional para delegar sus funciones, sin que exista norma
posterior que habilite a los comandantes metropolitanos para delegar la competencia
e imponer las medidas correctivas reguladas en el Código Nacional de Policía.

6. Adujo que las funciones de los comandantes de Policía Metropolitana están
regladas en el artículo 12 de la Resolución 03514 de 2009, expedida por el director
general de la Policía Nacional, norma que no les asigna competencia para conocer o
3

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imponer medidas correctivas previstas en la Ley 1801 de 2016. En contraste, los
artículos 16, 17 y 18 de esa misma resolución sí reconocen funciones relacionadas
con la aplicación del Código Nacional de Policía a los comandantes de estación,
subestación y centro de atención inmediata, en concordancia con el artículo 209 de la
Ley 1801 de 2016.

7. En consecuencia, la parte accionante afirmó que el acto demandado vulneró los
artículos 209 y 210 de la Ley 1801 de 2016, el artículo 211 de la Constitución Política,
el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el Decreto Ley 4222 de 2006 y los artículos 12, 16,
17 y 18 de la Resolución 03514 de 2009, porque el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá se atribuyó facultades que la ley no le otorga,
específicamente las relacionadas con la aplicación de medidas correctivas del Código
Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016). En otras palabras, en criterio del actor, el
comandante en el acto acusado delegó las funciones del Código Nacional de Policía
relacionadas con disolver reuniones o aglomeraciones y suspender actividades a otros
uniformados, a pesar de que él no era el titular de esas facultades.

2.3. Solicitud de medida cautelar

8. La parte demandante solicitó la suspensión provisional del artículo 3 de la Orden
del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10 del 16 de abril de 2017, expedida por el
comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, al considerar que dicho
acto desconoce normas superiores.

9. Indicó que, mediante la disposición acusada, el comandante metropolitano
delegó funciones que no le eran atribuidas por la Constitución, la ley o el reglamento,
relacionadas con el conocimiento en primera instancia de las medidas correctivas de
disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no
complejas y suspensión temporal de actividad.

10. A juicio del actor, esas competencias fueron asignadas de manera exclusiva por
los numerales 2.º literal e) y 3.º del artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 a los
comandantes de estación, subestación y centros de atención inmediata de Policía. Por
tanto, al confrontar el acto demandado con el artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
evidenció que la delegación desconoce el marco legal, pues dicha norma solo permite
transferir funciones previamente asignadas al delegante.

11. En consecuencia, la parte actora afirmó que el acto acusado desconoce de
manera manifiesta las normas superiores que regulan la competencia y la delegación
administrativa, razón por la cual pidió suspender provisionalmente sus efectos.

4

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2.4. Contestación de la demanda

12. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que
el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 prevé que «compete a los comandantes de
estación, subestación y de Centros de Atención Inmediata de la Policía Nacional o, sus
delegados, conocer» de las medidas correctivas y que «es claro que el funcionario con
la facultad de delegar es el comandante de estación, subestación o Centro de Atención
Inmediata de la Policía Nacional, y no el comandante del departamento u otra
autoridad que no haya dispuesto la Ley 1801 de 2016».

13. Relató que, desde la entrada en vigencia de la referida Ley 1801 de 2016, la
Policía Nacional diseñó el documento denominado «Guía actuaciones de competencia
del personal uniformado de la Policía Nacional frente al Código Nacional de Policía y
Convivencia», el cual indicó el procedimiento para la delegación de la función de
imposición de la suspensión temporal, en los siguientes términos:

[…], la situación remite por analogía al Decreto 1791 de 2000 “Por el cual se modifican
las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes
de la Policía Nacional”, en su artículo 42 que dice: “forma de disponer destinaciones,
traslados, comisiones y encargos” (…) “Por Orden del Día de los Comandos de
Departamento…”, con base en esto es necesario que cada uno de los comandantes
de Estación, Subestación o CAI de policía, soliciten mediante comunicado oficial, la
publicación en la orden del día, de las delegaciones para la aplicación del artículo 209
de la Ley 1801 de 2016 para oficiales o miembros del nivel ejecutivo, por ausencia del
titular o en el caso que las necesidades del servicio lo ameriten, como por ejemplo
unidades grandes o de mayor complejidad como las estaciones de policía de las
metropolitanas cuya complejidad exija delegar de manera permanente a un policial en
cada sección de vigilancia y para cada turno, también durante la franquicia, excusas
del servicio o momentos de descanso u otras obligaciones del servicio que impidan al
comandante estar presente; en dicha solicitud es necesario incluir, grado, nombre,
número de identificación, cargo y como requisito debe pertenecer a la dependencia o
unidad con jurisdicción de responsabilidad del delegatario y una vez sea publicada la
orden del día del comando, este funcionario puede aplicar la medida correctiva
competencia de los señores comandantes de Estación, Subestación o CAI de Policía,
según sea el caso.

14. Por lo tanto, la Policía Nacional hizo énfasis en que la Orden Interna de la
MEVAL1 se expidió dentro del trámite regulado en el Decreto Ley 1791 de 20002, de
modo que «no fue una decisión autónoma del comandante de Policía Metropolitana,
simplemente un canal informativo para garantizar el debido proceso, como lo señala
la Ley 1801 de 2016, en su artículo 10 […] evitando que dispongan encargos de forma

1 Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
2 «Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes

de Policía Nacional».
5

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furtiva y en funcionarios que no reúnan calidades para cumplir la función designada
por el legislador a los comandantes de estación, subestación o CAI».

15. Por consiguiente, con el objeto de explicar el procedimiento que se había
surtido, la entidad demandada aportó al proceso la comunicación oficial S-2017-
075312-MEVAL, por medio de la cual el comandante de la Estación de Policía de
Aranjuez solicitó la publicación en la orden del día de la MEVAL, sin que esto signifique
que haya sido el señor comandante de la Policía Metropolitana, quien haya dispuesto
motu proprio, la delegación, como lo pretende hacer ver el demandante»3.

2.5. Trámite en única instancia

16. El auto del 8 de octubre de 2019 avocó el conocimiento y admitió la demanda
en única instancia4.

17. Mediante auto del 15 de enero de 2021, el despacho ponente negó la solicitud
de medida cautelar al considerar que no existían suficientes elementos para establecer
la violación alegada en la demanda, puesto que el asunto requería un juicio integral5.
La parte actora interpuso recurso de reposición contra esta providencia, el cual fue
decidido en el auto del 12 de mayo de 2022, con fundamento en que el análisis
correspondiente se debía efectuar al dictar la sentencia, puesto que en esa etapa del
proceso era improcedente hacer un ejercicio de interpretación de la ley 6.

18. En auto del 14 de marzo de 2024, la Subsección B resolvió el recurso de súplica
interpuesto por la parte accionante contra el auto del 15 de enero de 2021 y lo confirmó
con sustento en que el acto acusado no estaba surtiendo efectos, dado que su eficacia
se limitó a un día, por este motivo, indicó que no procedía la suspensión provisional7.

19. En providencia del 15 de enero de 2021, se efectuó un control de legalidad y
saneamiento. El referido auto indicó que el Consejo de Estado es competente en única
instancia para conocer las demandas de nulidad contra los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional. Destacó que la Orden del Día
106/MEVAL-COMAN-38.10 fue dictada por el comandante de la Policía Metropolitana
del Valle de Aburrá bajo la figura de la desconcentración administrativa, comoquiera
que se dictó por una dependencia integrante de la estructura orgánica de una autoridad
del orden nacional. Por ende, concluyó que esta corporación es competente para
conocer el medio de control de simple nulidad. Asimismo, por tratarse de un asunto de
puro derecho, dado que no existían pruebas pedidas por las partes, dispuso que se

3 Folios 61 a 78 del expediente físico, cuaderno principal.

4 Folios 47 a 48 del expediente físico, cuaderno principal.
5 Folios 32 a 35 del expediente físico, cuaderno principal.
6 Folios 92 a 94 del expediente físico, cuaderno de medidas cautelares.
7 Samai, índice 53.

6

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prescindía del periodo probatorio y corrió traslado a las partes por el término de diez
días para que presentaran los alegatos de conclusión. Además, señaló que el
Ministerio Público podría emitir su concepto8.

2.6. Alegatos de conclusión

20. La parte actora reiteró que el artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-
COMAN-38.10 del 16 de abril de 2017 desconoció el artículo 9 de la Ley 489 de 1998,
que regula la delegación administrativa, en tanto el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá habría delegado funciones que no le habían sido
atribuidas por la Constitución, la ley o el reglamento.

21. Sostuvo que las competencias previstas en los numerales 2, literal e), y 3 del
artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 del Código Nacional de Policía, relativas a la
aplicación en primera instancia de las medidas correctivas de disolución de reunión o
actividad que involucra aglomeraciones de público no complejas y suspensión
temporal de actividad, corresponden exclusivamente a los comandantes de estación,
subestación y centros de atención inmediata de la Policía Nacional. Por ello, afirmó
que el acto acusado fue expedido por un funcionario que no tenía competencia para
hacer la delegación y, en consecuencia, debe declararse la nulidad parcial del acto
acusado9.

2.7. Concepto del Ministerio Público

22. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
acceda a las pretensiones de la demanda.

23. Sobre el particular, indicó que para la validez de la delegación se requiere que
el empleado delegante tenga asignada la función y que esté autorizado previamente
para delegar. Entonces, destacó que el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 regula las
funciones de los comandantes de estación, subestación y centros de atención
inmediata. A su turno, el artículo 12 de la Resolución 03514 del 5 de noviembre de
2009 establece las funciones de los comandantes de la Policía Metropolitana. Por ello,
concluyó que el acto acusado delegó unas funciones que no estaban previstas en la
citada resolución.

24. En síntesis, adujo que el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá se extralimitó en sus funciones cuando expidió el acto demandado, toda vez
que actuó sin autorización previa para delegar; delegó funciones asignadas a los
comandantes de estación, subestación y centros de atención inmediata; y delegó

8 Folios 87 a 90 del expediente físico, cuaderno principal.
9 Samai, índice 33.

7

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facultades que no habían sido atribuidas a su empleo como comandante de la Policía
Metropolitana10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sección Segunda, Subsección B, es competente para dictar la sentencia de única
instancia dentro del presente medio de control de nulidad. Lo anterior de conformidad
con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los artículos 13, 28 y 15
del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

3.2. Cuestión previa

25. Para determinar si es procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre el
asunto, le corresponde a la Sala analizar si el acto demandado contenido en la Orden
del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10 (art. 3), expedida por el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, no es susceptible de control judicial, toda vez que
solamente contiene una publicación sobre la delegación que el comandante de la
Estación de Policía de Aranjuez confirió a personal uniformado; o si, por el contrario,
es un acto administrativo definitivo en los términos del artículo 43 del CPACA, porque
ordenó la delegación de unas funciones previstas en el artículo 209 de la Ley 1801 de
2016.

26. Lo anterior, acorde con el inciso 2 del artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por el cual, el juez decidirá en la
sentencia sobre «las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada».

27. Para el efecto se analizarán los conceptos de acto administrativo y la clasificación
de actos definitivos y de trámite, para finalmente estudiar el caso concreto.

3.3. Concepto de acto administrativo y clasificación

28. En sentencia del 29 de octubre de 202511, la Subsección expuso que el acto
administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo,
realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de
la potestad reglamentaria. Tal declaración es intelectual, lo cual excluye las
actividades materiales (ejecuciones coactivas o actividad técnica) y puede ser tácita,
en algunos casos. La declaración es de voluntad, pero puede ser de juicio (acto
consultivo o informe), o de deseo (propuestas o peticiones de un ente administrativo

10 Samai, índice 35.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 68001-23-33-000-2014-00334-01

(2847-2020), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
8

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a otro), o de conocimiento (diligenciamientos, registros, anotaciones y actos de
información), aunque la declaración de voluntad es la más relevante, la que debe
provenir de la administración12.

29. Luego, en el auto del 20 de noviembre de 202513, la Sala explicó que el acto
administrativo ha sido definido como la expresión de la voluntad de la administración
que produce efectos jurídicos, en el sentido de que crea, modifica o extingue una
situación particular o general; es decir, que (i) constituye una declaración unilateral de
la voluntad; (ii) por lo que es expedido en ejercicio de la función administrativa; (iii)
encaminado a producir efectos jurídicos de manera directa sobre una situación
jurídica; y (iv) conlleva la creación, modificación o extinción de una situación jurídica
general o particular, que impacta en los derechos u obligaciones de las personas
concernidas, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito»14.

30. Este auto resaltó que el artículo 43 del CPACA define los actos administrativos
definitivos como aquellos que deciden «directa o indirectamente el fondo del asunto o
hagan imposible continuar la actuación», esto es, que ponen fin a la actuación
administrativa, ya sea porque definen la situación jurídica en cuestión o impiden la
continuación del procedimiento. Explicó que esta corporación los ha distinguido
respecto de los de trámite y ejecución; los primeros referidos a los que dicta la
administración para impulsar el respectivo procedimiento y decidir posteriormente el
fondo del asunto, los cuales en principio no son objeto de control judicial, salvo que
hagan imposible la continuación del procedimiento administrativo15.

31. En tal sentido, adujo que, por regla general, los actos administrativos definitivos
serían los únicos susceptibles de control jurisdiccional por cuanto tienen la vocación
de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular o general, los cuales
pueden ser expresos o fictos; no obstante, los de trámite y ejecución en los casos
excepcionales anteriormente señalados podrían ser demandables. Lo anterior, no
excluye que cuando se examine la legalidad de los primeros puedan estudiarse los de
trámite, como parte integrante de estos. Así lo ha precisado esta Sección16, en los
siguientes términos:

Los actos de trámite son disposiciones instrumentales que permiten desarrollar en
detalle los objetivos de la administración; entonces la existencia de estos actos no se
explica por sí sola, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie de

12 García de Enterría, Eduardo, y Fernández, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas,

Madrid, 2001.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00502-01

(4987-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 7 de mayo de 2018, proceso con radicado 52001-

33-33-000-2015-00650-01 (1921-16). M. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2018, proceso con radicado

76001 23 31 000 2015 05190 01 (3625-2015). M. P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de marzo de 2012, proceso con radicado

11001-03-25-000-2010-00011-00(0068-10). M. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
9

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00190-00 (1152-2019)
Demandante: Fernando Antonio Fuentes Perdomo
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

actividades unidas y coherentes con un espectro de más amplio alcance que forma una
totalidad como acto. Por el contrario, los actos definitivos ponen fin de manera
perentoria a la actuación administrativa, de modo que en ellos se agota la actividad de
la administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo decidido.

Ahora bien, es cierto que los únicos actos susceptibles de la Acción Contenciosa
Administrativa son los actos definitivos, es decir que se excluyen los de trámite, pues
éstos se controlan jurisdiccionalmente como parte integrante del acto definitivo y
conjuntamente con éste, es decir de aquel que cierra la actuación administrativa.

32. En lo que se refiere a la diferencia entre los actos definitivos y los de trámite, estos
últimos «solo cumplen el papel de preparar o impulsar la declaración final sobre un
asunto […] los cuales son considerados actos administrativos, pero en sentido
amplio»17.

33. Así pues, los actos de trámite dan celeridad a la actuación administrativa,
impulsan el trámite o son posteriores para hacerla pública, a modo de ejemplo, la
doctrina cita «el acto que dispone que se corrija o complemente una petición por parte
del interesado, o que se devuelva por no reunir los requisitos de ley; el que abre la
actuación a prueba; el que decreta pruebas en la actuación, así como el que las niega
cuando hay lugar a ello, el que ordena citar a terceros en un proceso administrativo,
el que ordena publicar determinada petición en interés particular cuando es del caso,
las autorizaciones para actuar, el acto de comunicación de un nombramiento, […]
etc.»18.

34. Por otro lado, la publicidad del acto administrativo es una diligencia externa a la
formación o nacimiento del acto, por lo tanto, no es un requisito de validez, sino de
eficacia, y se debe leer en consonancia con el artículo 209 de la Constitución Política
que dispone «la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad […]».

3.4. Caso concreto

35. En el caso bajo análisis, el acto demandado es la orden del día 106/MEVAL-
COMAN-38.10 (art. 3) del 16 de abril de 2017, expedida por la Policía Metropolitana
del Valle de Aburrá. La Policía Nacional, en la contestación de la demanda, explicó
que internamente se utilizó la Orden del Día, en los términos del numeral 4 del artículo
42 del Decreto Ley 1791 de 200019, y que era «necesario que cada uno de los

17 Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Ediciones Librería del Profesional.
Primera
edición 2001, pág. 46.
18 Idem, pág. 183.
19 ARTÍCULO 42. FORMA DE DISPONER DESTINACIONES, TRASLADOS, COMISIONES Y ENCARGOS. Las

destinaciones, traslados, comisiones y encargos, se dispondrán en la siguiente forma:
[…].

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comandantes de Estación, Subestación o CAI de policía, soliciten mediante
comunicado oficial, la publicación en la orden del día, de las delegaciones para la
aplicación del artículo 209 de la Ley 1801 de 2016».

36. En este orden de ideas, la Policía Nacional informó que la delegación de
funciones, acorde con la facultad regulada en el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016,
debe formalizarse mediante su publicación en la orden del día del Comando de la
Metropolitana o del Departamento de Policía correspondiente. Para ello, cada
comandante de estación, subestación o CAI debe presentar previamente una solicitud
escrita. Así, la Policía explicó que para las delegaciones, no era suficiente suscribir un
acta de entrega, por lo tanto, se aplicó por analogía el artículo 42 del Decreto 1791 de
2000, según el cual determinadas situaciones administrativas dentro de la Policía
Nacional se disponen mediante orden del día. Dijo la Policía Nacional:

Es importante destacar que la delegación debe hacerse mediante orden del día del
Comando de la Metropolitana o Departamento de Policía, previa solicitud escrita del
Comandante de Estación, Subestación o CAI de Policía y no basta simplemente suscribir
un acta de entrega, razón por la cual, la situación remite por analogía al Decreto 1791 de
2000 “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel
Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”, en su artículo 42 que dice:
“forma de disponer destinaciones, traslados, comisiones y encargos” (…) “Por Orden del
Día de los Comandos de Departamento…”, con base en esto es necesario que cada uno
de los comandantes de Estación, Subestación o CAI de policía, soliciten mediante
comunicado oficial, la publicación en la orden del día, de las delegaciones para la
aplicación del artículo 209 de la Ley 1801 de 2016.

37. Para precisar el alcance de la figura del orden del día, se trae a colación el artículo
48 de la Ley 2179 de 202120, el cual, si bien es posterior al acto acusado, sirve para
aproximarse a dicho instrumento en el marco de la Policía Nacional. En efecto, la
norma en comento refiere que las situaciones administrativas del personal de
Patrulleros de Policía se dispondrán por las autoridades y mediante herramientas,
como la orden del día de las Direcciones y Regiones, Metropolitanas, Departamentos,
Oficinas Asesoras y Escuelas de Policía, para comisiones, encargos, vacaciones,
traslados al interior de la unidad de policía y las demás situaciones especiales
relacionadas con el servicio.

38. Ahora bien, en el asunto bajo análisis, la entidad accionada allegó con la

4. Por Orden del Día de los Comandos de Departamento o de las Seccionales de la Escuela Nacional de Policía
"General Santander":
a. Encargos del personal de la respectiva Unidad.
b. Comisiones en el país, para oficiales subalternos, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes del respectivo
departamento o seccional, hasta por diez (10) días.
20 «Por la cual se crea la categoría de patrulleros de policía, se establecen normas relacionadas con el régimen

especial de carrera del personal uniformado de la policía nacional, se fortalece la profesionalización para el servicio
público de policía y se dictan otras disposiciones».
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contestación de la demanda la comunicación oficial S-2017-075312-MEVAL21, por
medio de la cual el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez solicitó la
publicación en la orden del día de la MEVAL, así:

Medellín, 12 de abril de 2017

Brigadier General
OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 45 58
Medellín

Asunto: Solicitud autorización mediante orden del día.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi General, estudie la
posibilidad de ordenar autorizar a quien corresponda, sea publicado mediante
orden del día, autorización de facultades para realizar el procedimiento de
suspensión temporal de la actividad de los establecimientos abiertos al público de
la jurisdicción de la comuna cuatro, al personal que relaciono a continuación:

GR APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
SUBCOMANDANTE DE
TE HERNANDEZ ATUESTA ANDRES FELIPE
ESTACION
IJ SERNA GUERRA HENRRY JAVIER (sic) COMANDANTE DE SECCION
SIERRA DE LA ESPRIELLA GERARDO ENRRIQUE
IJ COMANDANTE DE SECCION
(sic)
IJ VASQUEZ TORRES JUAN CARLOS COMANDANTE DE SECCION

Lo anterior teniendo en cuenta que los funcionarios descritos anteriormente,
cumplen funciones de Comandante de Estación Encargado en la ausencia del
suscrito, para efectos de la aplicación del Código Nacional de Policía Ley 1801 de
2016, en virtud de las facultades establecidas para el Comandante de Estación
Policía (sic).

Atentamente,
Mayor JORGE ALEXANDER TORO VANEGAS
Comandante Estación de Policía Aranjuez

39. Nótese que la comunicación oficial S-2017-075312-MEVAL del comandante de la
Estación de Policía de Aranjuez dirigida al comandante de la Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá indicó que solicitaba una autorización para publicar en la orden del

21 Folio 83 del expediente físico, cuaderno principal.

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día la autorización de facultades para la suspensión temporal de la actividad de
establecimientos abiertos al público. La autorización de inclusión en el orden del día
se pidió teniendo en cuenta que los policías relacionados cumplían funciones de
comandante de estación encargados, debido a la ausencia del titular de la función,
que era el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez.

40. La Sala advierte que la comunicación oficial S-2017-075312-MEVAL no puede ser
valorada como un simple antecedente formal, sino como el elemento que permite
establecer el alcance del artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10
(acto acusado). En efecto, de dicha comunicación se desprende que la actuación se
originó en el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez, quien solicitó la
publicación en la orden del día de la autorización de facultades a determinados
uniformados que cumplían funciones de comandante de estación, con el fin de
asegurar la aplicación de las medidas previstas en el artículo 209 de la Ley 1801 de
2016 durante su ausencia.

41. Ciertamente, el contenido de la referida comunicación oficial coincide con el
artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10, toda vez que identifica la
Estación de Policía de Aranjuez y, asimismo cita las atribuciones de los comandantes
de estación, subestación y centros de atención inmediata previstas en el artículo 209
del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016). Además, hace
referencia a la delegación realizada por el comandante de la Estación de Policía de
Aranjuez en los mismos miembros de la Policía Nacional señalados en el acto
demandado.

42. Así las cosas, a partir de la lectura en conjunto del acto acusado y de la
comunicación aportada al proceso proveniente del comandante de la Estación de
Policía de Aranjuez, se destaca que:

-El mayor Jorge Alexander Toro Vanegas, como comandante de la Estación de
Policía de Aranjuez, solicitó la autorización de la publicación en el orden del día
de las facultades delegadas, para los uniformados que cumplían funciones como
comandantes de Policía encargados, en la ausencia del referido mayor.

-Dicha solicitud de publicación en el orden del día la envió al comandante de la
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

-La publicación de la orden en comento se efectuó en el numeral 3 de la Orden
del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10.

-La inserción y publicación en la Orden del Día fue realizada al acudir por analogía
al procedimiento regulado en el artículo 42 del Decreto Ley 1791 de 2000, relativo
a la forma de disponer las «destinaciones, traslados, comisiones y encargos».
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43. En este contexto, aunque el artículo 3 de la Orden del Día emplea la expresión
«Deléguese al personal que más adelante se relaciona», dicha fórmula no puede
interpretarse aisladamente. La lectura integral del acto acusado y de la comunicación
oficial S-2017-075312-MEVAL permite concluir que la intervención del comandante de
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá consistió en disponer la publicación de
una solicitud elevada por el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez, y no
en asumir directamente la competencia atribuida por el artículo 209 de la Ley 1801 de
2016 a los comandantes de estación, subestación y centros de atención inmediata.

44. Por consiguiente, la Sala concluye que el artículo 3 de la Orden del Día
106/MEVAL-COMAN-38.10 no dispone una delegación de funciones realizada
directamente por el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para
el subcomandante de la Estación de Policía de Aranjuez y los comandantes de sección
de vigilancia. Sino que el artículo 3 del acto acusado solo contiene la publicación de
una delegación realizada por el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez,
quien sí tiene la competencia legal según el artículo 209 de la Ley 1801 de 2016 y
podía delegarla, como lo prevé la norma, así:

ARTÍCULO 209. ATRIBUCIONES DE LOS COMANDANTES DE ESTACIÓN,
SUBESTACIÓN, CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA POLICÍA
NACIONAL. Compete a los comandantes de estación, subestación y de Centros de
Atención Inmediata de la Policía Nacional o, sus delegados, conocer:
1. Los comportamientos contrarios a la convivencia.
2. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas:
a) Amonestación;
b) Remoción de bienes;
c) Inutilización de bienes;
d) Destrucción de bien;
e) Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no
complejas;
f) Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.
3. Conocer en primera instancia la aplicación de la medida de suspensión temporal de la
actividad.

45. Así, la Subsección considera que el artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-
COMAN-38.10 no es un acto definitivo que puso fin a una actuación administrativa,
como lo exige el artículo 43 del CPACA, según el cual «son actos definitivos los que
decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la
actuación». Se considera entonces que el citado artículo 3 del acto acusado es de
trámite, por el cual el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez solicitó que
se publicara una delegación en el orden del día.

46. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico, la Subsección concluye que

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el artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10 no tiene control judicial,
por tratarse de un acto de trámite, que no definió el fondo del asunto, comoquiera que
no ordenó una delegación de funciones, sino que se trató de un acto posterior con el
fin de publicar la delegación.

47.Por lo tanto, se declara de oficio la excepción de inepta demanda, dado que el acto
administrativo no tiene control judicial.

4. Conclusión

48. El artículo 3 de la Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10 del 16 de abril de
2017 no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial, en
los términos del artículo 43 del CPACA, toda vez que no decidió de fondo una
actuación administrativa ni efectuó directamente una delegación de funciones por parte
del comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

49. Por el contrario, de su contenido y de la comunicación oficial S-2017-075312-
MEVAL se advierte que dicho artículo se limitó a publicar en la orden del día, la solicitud
elevada por el comandante de la Estación de Policía de Aranjuez respecto de la
autorización de facultades a unos uniformados que cumplían funciones de comandante
encargado, en virtud de las competencias previstas en el artículo 209 de la Ley 1801
de 2016.

50. En consecuencia, al tratarse de una actuación de trámite, que no creó, modificó ni
extinguió una situación jurídica particular, no resulta procedente emitir un
pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Declarar de oficio la excepción de inepta demanda contra el artículo 3 de la
«Orden del Día 106/MEVAL-COMAN-38.10» del 16 de abril de 2017, dictado por el
comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Segundo: Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las
anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI y archivar el expediente.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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