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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00334-01

Fecha
29 de octubre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00334-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual, negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 73 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14). 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2014-00334-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00334-01 (2847-2020)
Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: Universidad Industrial de Santander, UIS

Tema: acto administrativo de ejecución de sentencia judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 28
de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual,
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Fernando Estrada Gallego solicitó la nulidad de la Resolución 1228 del 22 de agosto
de 2013 –y la de las que la confirmaron–, por la cual, en cumplimiento de la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 23 de
mayo de 2013 –que anuló la sanción disciplinaria de destitución que le había sido
impuesta–, la Rectoría de la UIS ordenó: (i) reintegrarlo al empleo de profesor asociado
de tiempo completo que ocupaba cuando fue destituido, y (ii) pagarle $772.172.154
por concepto de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación
hasta su reintegro.

Argumentó, en primer lugar, que la UIS debió reintegrarlo al empleo de profesor titular
de tiempo completo, tenerle en cuenta 25 artículos académicos para efectos de
otorgarle puntos de salario, y pagarle $1.186.052.957. En segundo lugar, que la UIS
vulneró su derecho al debido proceso, porque durante la expedición de la decisión
administrativa demandada, por medio de la cual, se dio cumplimiento a la orden
judicial, la universidad no tramitó el recurso de reposición que presentó contra la
liquidación de la condena contenida en la resolución cuestionada.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda porque: (i) al
momento de ser reintegrado, el accionante no podía ser ascendido como profesor
titular, así como tampoco podían serle reconocidos los puntos de salario por los
artículos académicos que escribió, debido a que esos aspectos no fueron debatidos
en el proceso judicial en el que se anuló la sanción de destitución que la había sido
impuesta, y (ii) la UIS no vulneró su derecho al debido proceso, porque la negativa de
tramitar el recurso de reposición estuvo ajustada a derecho porque lo presentó a través
de un abogado que no estaba facultado para ello.

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00334-01 (2847-2020)
Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

El Consejo de Estado revoca la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declara
que la disposición administrativa demandada no es pasible de control judicial ante esta
jurisdicción, debido a que no excedió o modificó lo dispuesto en la providencia judicial
de segunda instancia a la que estaba dando cumplimiento, y en ese sentido, no creó,
varió o extinguió situaciones jurídicas diferentes a las ventiladas en el proceso judicial
en el que se profirió la sentencia ejecutada.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Fernando Estrada Gallego por conducto de apoderado judicial, presentó1 demanda2
de nulidad y restablecimiento del derecho3 de acuerdo con las pretensiones, hechos y
fundamentos jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

2.Solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por la Rectoría de la UIS:

a) Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, por la cual, en cumplimiento de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 23 de mayo de 2013 –que anuló la sanción disciplinaria de destitución
que le había sido impuesta–, se ordenó: (i) reintegrarlo a la universidad como
«profesor con dedicación de tiempo completo, clasificado en la categoría de
profesor asociado, adscrito a la Escuela de Economía y Administración, de la
Facultad de Ciencias Humanas», sin que se entienda que existió solución de
continuidad, y (ii) pagarle $772.172.154 por concepto de salarios y prestaciones
dejados de percibir desde su desvinculación –producto de la destitución–, hasta su
reintegro, conforme lo dispuso la liquidación elaborada por la División de Recursos
Humanos de la universidad, que fue anexada al referido acto administrativo.

b) Resolución 1444 del 25 de septiembre de 2013, por la cual, se resolvió rechazar el
recurso de reposición que interpuso, a través de apoderado, contra la anterior
resolución, en primer lugar por extemporáneo, y en segundo lugar, porque el
abogado que lo interpuso en su nombre, no acreditó estar facultado para ello.

c) Resolución 1514 del 6 de octubre de 2013, en la que se resolvió: (i) declarar que el
recurso de reposición había sido interpuesto oportunamente, y (ii) mantener
incólume la decisión de rechazar el recurso de reposición porque al abogado que
lo interpuso, no le había sido conferido poder para tales efectos.

1
Según el «acta individual de reparto» visible en: Samai Consejo de Estado, expediente
68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf «ED_C01_01OTROS-
CUADERNO01PRINCIPAL(.pdf) NroActua18», pág. 11.
2
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C01_01OTROS-CUADERNO01PRINCIPAL(.pdf)NroActua18», pág. 96.
3
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA.
2

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00334-01 (2847-2020)
Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la universidad
a: (i) ascenderlo sin solución de continuidad al empleo de «profesor titular» a partir de
abril de 2006; (ii) pagarle $1.186.052.957 o lo que resulte probado en el proceso, por
concepto de «saldo insoluto de la indemnización ordenada por la Sentencia de
Segunda Instancia emanada del Tribunal Administrativo […] de Santander [del] 23 de
mayo del 2013, en el proceso […] 68001-23-31-000-2005-00081-00, […] más los
intereses moratorios hasta que se haga efectivo el pago de la sentencia […]»; y (iii)
pagarle de manera indexada «el impacto financiero sobre todos los sueldos, primas,
bonificaciones y demás adehalas de la asignación básica correspondientes al cargo
de profesor titular a partir de abril de 2006 a que tiene derecho, junto con los
incrementos legales, desde cuando se produjo el pago parcial hasta cuando
efectivamente sea ascendido […] especialmente en lo que tiene que ver con aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral […]».

2.1.2. Hechos

4.Fernando Estrada Gallego laboró en la UIS del 15 de septiembre de 1994 hasta el 8
de septiembre de 2004, en el empleo de «profesor asistente de tiempo completo».

5.La Dirección de Control Interno de la UIS adelantó investigación disciplinaria en su
contra por el presunto incumplimiento de una comisión de estudios que le fue conferida
de 1998 a 2001, para realizar un doctorado en filosofía, porque en 1998 no estudió el
año completo, sino un semestre.

6. A través de la Resolución 617 del 4 de agosto de 2004 la vicerrectora académica
de la UIS profirió fallo disciplinario de primera instancia, en el que resolvió «[s]ancionar
disciplinariamente a FERNANDO ESTRADA GALLEGO […], en su calidad de profesor
asistente de tiempo completo […], con DESTITUCIÓN […]».

7. En la demanda de la referencia se señaló que adicionalmente, la UIS: (i) presentó
denuncia penal contra el docente, (ii) informó a la Contraloría General de la República,
CGR, de lo ocurrido para que iniciara el correspondiente proceso de responsabilidad
fiscal, y (iii) presentó demanda ejecutiva en contra del docente, con el objeto de que
se librara mandamiento de pago por las sumas adeudadas por concepto del
incumplimiento del «contrato de comisión de estudios», la cual correspondió al
Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga con el radicado 2005-0016.

8. El 4 de marzo de 2005 el Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga libró
mandamiento de pago a favor de la UIS y, posteriormente, mediante auto del 12 de julio
de 20134, decretó como medida cautelar, el embargo y retención de los dineros «que
adeude o llegue a adeudar la universidad a Fernando Estrada Gallego, por conceptos
tales como honorarios, salarios, prestaciones sociales, bonificaciones,
indemnizaciones e intereses».

4
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua19», pág. 255.
3

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00334-01 (2847-2020)
Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

9. Entre tanto, el profesor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UIS, con el fin de que se: (i) anulara la sanción disciplinaria de destitución, (ii)
ordenara su reintegro «a un empleo similar al de PROFESOR ASISTENTE DE TIEMPO
COMPLETO, u otro empleo de superior categoría, de funciones y requisitos afines para
su ejercicio, con retroactividad al […] 8 de septiembre del […] 2.004, fecha de la
desvinculación […]»; (iii) le pagaran «todas las sumas correspondientes a sueldos,
primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir,
inherentes a su cargo, con efectividad de la fecha de la desvinculación hasta cuando
sea reincorporado al servicio» y (iv) declarara que «para todos los efectos legales no
hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios […], desde cuando fue
desvinculado hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado».

10. Lareferida demanda correspondió en primera instancia al Juzgado 13
Administrativo de Bucaramanga, despacho que, mediante sentencia del 11 de febrero
de 2009, negó las pretensiones; decisión que fue apelada por el demandante.

11. El Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia de segunda instancia
del 23 de mayo de 2013, revocó la decisión de primera instancia del Juzgado 13
Administrativo de Bucaramanga, y en su lugar dispuso: (i) declarar la nulidad de la
Resolución 617 del 4 de agosto de 2004, por la cual, la UIS sancionó disciplinariamente
al profesor Estrada Gallego con destitución, y (ii) ordenar, a título de restablecimiento
del derecho, su reintegro al empleo que desempeñaba, sin solución de continuidad,
así como al pago de los sueldos, prestaciones sociales y demás conceptos laborales,
que dejó de percibir desde su desvinculación, hasta su reintegro efectivo. Para el
Tribunal, la conducta del profesor era atípica porque no estaba señalada como falta en
los estatutos internos de la universidad. Por lo tanto, la UIS no podía asimilar el
comportamiento del actor al tipo disciplinario de abandono del cargo, para efectos de
sancionarlo, sino que lo que procedía era cancelar la comisión de estudios, y adelantar
las acciones civiles y de responsabilidad fiscal a que hubiere lugar, para recuperar los
recursos que la universidad invirtió en su formación doctoral.

12. En la Tesorería de la universidad se recibió el 21 de agosto de 2013, el oficio 3091
de 5 de agosto de 2013, suscrito por la secretaria del Juzgado 9 Civil del Circuito de
Bucaramanga, el cual ordenó «[…] el EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que adeude
o llegue a adeudar la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER a favor de FERNANDO
ESTRADA GALLEGO, tales como honorarios, salaries, prestaciones sociales,
bonificaciones, indemnizaciones, intereses; que se deban pagar al demandado
FERNANDO ESTRADA GALLEGO en cumplimiento de la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER dentro del proceso allí radicado bajo el número 2005 -
0081-00 […]». Esta orden de embargo se limitó a la suma de $441.815.694 (ver
fundamento 8).

13. Ahora bien, la UIS profirió la Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, por medio
de la cual, dio cumplimiento a la orden judicial de segunda instancia del 23 de mayo
de 2013, impartida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de
reintegrarlo como «profesor con dedicación de tiempo completo, clasificado en la
categoría de profesor asociado, adscrito a la Escuela de Economía y Administración,
de la Facultad de Ciencias Humanas», sin que se entienda que existió solución de
continuidad, y (ii) pagarle $772.172.154 por concepto de salarios y prestaciones
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dejados de percibir desde su desvinculación –producto de la destitución–, hasta su
reintegro, conforme lo dispuso la liquidación elaborada por la División de Recursos
Humanos de la universidad, que fue anexada al referido acto administrativo (ver
fundamento 11).

14. El 11 de septiembre de 2013, Fernando Estrada Gallego, a través de apoderado
judicial, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución 1228 de 2013, en
el que solicitó:

a) Que la UIS «desista del cobro judicial», para así «resarcir [plenamente] los daños
causados a mi cliente», porque además del salario, también le fue embargado su
apartamento.

b) Que como la sanción de destitución «cercenó el ascenso a docente titular, no
obstante cumplir con todo lo dispuesto por el Decreto nacional 1279 de 2002 y por
el Acuerdo 063 de 1994 del Consejo Superior de la UIS, […] se pide que […] se le
nombre como docente o profesor titular, y se le reconozcan y ordene pagar salarios,
primas, vacaciones y prestaciones sociales a partir del 1 de abril del 2006, con sus
respetivas indexaciones […], pues, en esa fecha cumplió con los 4 años como
docente o profesor asociado y produjo artículos, libros, reconocimientos y
direcciones de grado homologados o indexados por Colciencias».

c) Que la UIS «revise todas las cotizaciones que hizo al Sistema de Seguridad Social»
para que asuma los «faltantes», así como «los intereses y sanciones de ley porque
era ella la que liquidaba y debía cancelar mediante los respectivos descuentos en
el pago de nóminas».

d) Finalmente, en cuanto a la liquidación realizada por la universidad, indicó que «la
liquidación de la condena en abstracto es incidental y por el juzgado de
conocimiento. Así las cosas, se pide que se suspenda el procedimiento
administrativo iniciado […] hasta que allí quede en firme la experticia que realice
un actuario o hasta que se llegue a un acuerdo extra procedimental».

15. El 13 de septiembre de 2013, el apoderado del demandante adicionó el recurso de
reposición para (i) aportar copia original de la sentencia de segunda instancia del 23
de mayo de 2013 del Tribunal Administrativo de Santander, y (ii) señalar que la
liquidación de la condena a su favor contenida en la referida providencia judicial, era
de $1.329.307.956, y no de $772.172.154 como lo estimó la Resolución 1228 del 22
de agosto de 2013.

16. Por otra parte, Fernando Estrada Gallego promovió ante el Juzgado 13
Administrativo Oral de Bucaramanga, «incidente de liquidación de [la] condena en
abstracto» contenida en la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2013
del Tribunal Administrativo de Santander.

17. Como el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
mencionada sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2013, se promovió en
vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA), el Juzgado 13 Administrativo de
Bucaramanga, en atención al cambio de legislación y en cumplimiento del Acuerdo
5

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

PSAA12-9447 de 2012, mediante auto del 25 de septiembre de 2013, ordenó someter
el incidente de liquidación a reparto entre los juzgados permanentes que siguieron
conociendo del antiguo sistema procesal o los juzgados de descongestión creados
para el mismo fin.

18. El conocimiento del incidente correspondió al Juzgado 2 Administrativo de
Bucaramanga, que mediante auto del 14 de noviembre de 2013 rechazó de plano el
trámite, al considerar que «la condena, por la que se propone el incidente, tiene todas
las definiciones para ser catalogada como una condena en concreto».

19. El actor interpuso recurso de reposición contra la decisión de rechazar de plano el
incidente (ver fundamento el 26).

20. Entretanto, mediante la Resolución 1444 del 25 de septiembre de 2013, la UIS
rechazó el recurso de reposición interpuesto por Fernando Estrada Gallego en contra
de la Resolución 1228 de 2013 (ver fundamentos 14 y 15), por extemporáneo y porque
el apoderado que actuó en su nombre, no estaba debidamente constituido para
representarlo en sede administrativa.

21. A continuación, el 30 de septiembre de 2013, el apoderado del demandante envió
a la universidad correo electrónico en el que indicó que el recurso de reposición se
había presentado en tiempo y que, en su criterio, sí contaba facultades para interponer
recursos en sede administrativa.

22. El 3 de octubre de 2013 el apoderado del demandante presentó a la universidad,
poder en el que el actor lo facultaba para adelantar el procedimiento administrativo
tendiente a obtener el pago de la condena contenida en la sentencia de segunda
instancia del 23 de mayo de 2013 del Tribunal Administrativo de Santander.

23. La UIS, mediante la Resolución 1514 del 8 de octubre de 2013, en respuesta al
anterior memorial señaló, que si bien el recurso de reposición interpuesto por el
apoderado del actor contra la Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, fue
presentado oportunamente, se mantenía incólume el rechazo del recurso de reposición
por la ausencia de facultades del apoderado del docente para interponerlo.

24. Según se lee en la demanda, el 26 de octubre de 2013 la UIS transfirió al profesor
$143.254.999. Lo anterior porque al valor total de la liquidación efectuada por la
División de Recursos Humanos de la universidad, la cual hace parte integral de la
Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, que ascendió a $772.172.154, se le
realizaron los siguientes descuentos: (i) aportes a las entidades de seguridad social en
salud, fondo de pensiones, y administradora de cesantías, conforme lo ordenó la
sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2013, del Tribunal Administrativo
de Santander, y (ii) $441.815.694 con el fin de dejarlos a disposición del Juzgado 9
Civil del Circuito de Bucaramanga, en cumplimiento de la orden contenida en el oficio
3091 del 5 de agosto de 2013 (ver fundamento 12).

25. El 26 de noviembre de 2013, el profesor Fernando Estrada Gallego presentó un
memorial a la Oficina de Recursos Humanos de la UIS, en el que, «para efectos del
reconocimiento de los derechos consagrados en el Decreto 1279 del 2.002, conforme
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a los lineamientos trazados en la sentencia de segunda instancia emanada del Tribunal
Administrativo de Santander [el] 23 de mayo de 2013», adjuntaba 25 «artículos [como]
producción intelectual».

26. El Juzgado 2 Administrativo de Bucaramanga, en auto del 26 de febrero de 2014
confirmó su decisión de rechazar de plano el incidente de liquidación de la condena
(ver fundamentos 17, 18 y 19) y negó el recurso de reposición propuesto.

27. Finalmente, el 2 de abril de 2014, el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento
de Puntaje de la UIS, en respuesta a su solicitud del 26 de noviembre de 2013 (ver
fundamento 25), indicó al actor que «según acta 03/14, acordó informarle sobre su
solicitud de evaluación de trabajos de productividad académica realizados antes de su
reintegro a la universidad, que para proceder a ello se debe seguir el procedimiento
establecido en los acuerdos superiores Nos. 031 de 2003 y 093 de 2008, solicitudes
que deben presentarse ante la DIEF de la Facultad de Ciencias Humanas en los
formularios y fechas establecidas». [sic].

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

28. El demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política,
artículo 29; y la Ley 1437 de 2011, artículos 4, 35 y 36.

29. En el concepto de violación expuso que los actos administrativos demandados
fueron expedidos con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, porque la
UIS no le permitió controvertir la Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, contentiva
de la liquidación de las sumas de dinero a pagar a su favor con ocasión de la sentencia
de segunda instancia del 23 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 68001-23-31-000-2005-00081-00.

30. Afirmó que los actos administrativos censurados desconocieron las normas en que
debían fundarse, así como la orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo de
Santander en la sentencia del 23 de mayo de 2013, que ordenó su reintegro sin
solución de continuidad. Explicó que al no existir solución de continuidad, tenía
derecho a ser ascendido al cargo de profesor titular, con las consecuencias salariales
y prestacionales que esto conlleva.

31. Manifestó que la liquidación realizada por la UIS no incluyó los incrementos salariales
a que tenía derecho por los trabajos académicos realizados durante los años que
estuvo desvinculado de la institución. Al respecto, precisó que la universidad, bajo el
manto de la autonomía universitaria, indicó que no evaluaría su producción académica
hasta tanto fuera sometida al procedimiento establecido en los acuerdos superiores
031 de 2003 y 093 de 2008, condición que no fue señalada en la sentencia de segunda
instancia del 23 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.

32. Afirmó que la UIS aceleró un proceso ejecutivo que adelantaba en su contra, con la
finalidad de descontar de su indemnización las sumas ejecutadas con ocasión del título
ejecutivo complejo compuesto por el contrato, el pagaré y la resolución 617 de 2004
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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

emanada de la vicerrectora académica de la UIS, pese a que la acción ejecutiva ya
había prescrito.

2.2. Contestación de la demanda

33. La UIS5se opuso a las pretensiones, y señaló que los actos administrativos
demandados no adolecen de los vicios señalados por el demandante, comoquiera que
fueron expedidos por la autoridad competente, se profirieron en estricto cumplimiento
de un deber legal y se ajustan a las normas en que debía fundarse.

34. Argumentó que la Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013 es un «acto
administrativo de mera ejecución», por medio de la cual, se dio cumplimiento a una
orden judicial, por lo cual no crea, modifica ni extingue una situación administrativa. En
consecuencia, no es enjuiciable ante esta jurisdicción.

35. Señaló que no se violó el debido proceso del demandante, puesto que contra la
Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, por la que, en cumplimiento a una orden
judicial contenida en la sentencia del 23 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, se reintegró a Fernando Estrada Gallego al cargo de
profesor asociado, adscrito a la Escuela de Economía y Administración de la Facultad
de Ciencias Humanas de la universidad, se señaló en el mismo acto administrativo,
que procedía el recurso de reposición. Precisó que el demandante ejerció su derecho
a recurrir la referida resolución, no obstante, el recurso fue rechazado a través de la
Resolución 1444 del 25 de septiembre de 2014, en primer lugar, por extemporáneo, y
en segundo lugar, porque el apoderado que lo presentó no estaba facultado para
adelantar trámites administrativos ante la institución.

36. Manifestó que la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de
Santander del 23 de mayo de 2013, ordenó su reintegro al cargo que desempeñaba,
esto es, al de profesor asistente, o a otro igual o de superior jerarquía, pero con
funciones y requisitos similares al que ocupaba, así como el pago de las sumas de
dinero dejadas de percibir. Es decir, que contrario a lo pretendido, no se ordenó su
ascenso, ni el reconocimiento de puntos salariales por «productividad académica».

37. Precisó que, en el «petitum» de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por el actor en contra de la universidad, con el objetivo de ser
reintegrado al cargo del que fue destituido, no solicitó que se ordenara su ascenso y
reconocimiento de la producción académica, por lo cual el Tribunal no podía emitir
pronunciamiento alguno en ese sentido.

38. Indicó que lo anterior fue objeto de pronunciamiento en los autos que resolvieron el
incidente de liquidación de la sentencia que promovió en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 68001-23-31-000-2005-00081-00,
en los que se determinó que no era jurídicamente viable que solicitara, por vía de
incidente, pretensiones que no fueron solicitados en la demanda que dio inicio al
proceso, ni ordenados en la respectiva sentencia.

5
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C01_01OTROS-CUADERNO01PRINCIPAL(.pdf) NroActua18», pág. 140.
8

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

39. Afirmó que el demandante pretende revivir el proceso judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho que cuenta con sentencia ejecutoriada e hizo tránsito a
cosa juzgada, con la finalidad de obtener el reconocimiento de derechos que no fueron
objeto de petición, debate probatorio y sentencia, en el marco del proceso ordinario.

40. Aclaró que la producción académica del profesor Fernando Estrada Gallego,
posterior al año 2004, no ha sido sometida para su reconocimiento ante el Comité
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de la UIS, por lo que no podía tener
incidencia prestacional y laboral alguna a la fecha en que quedó ejecutoriada la
condena a la institución educativa.

41. En cuanto a los efectos salariales que se les otorga a favor de los docentes por la
producción académica, señaló que según lo exige el artículo 12 del Decreto 1279 de
2002, estos solo se dan una vez se haya expedido el acto formal de reconocimiento
de los puntos salariales por parte del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento
de Puntaje, circunstancia que no aconteció en el presente caso.

2.3. Prueba pericial

42. Durante el trámite de la primera instancia del proceso de la referencia, se decretó el
dictamen pericial solicitado por la parte demandante, para que, con base en la
producción académica acreditada, se indicara «¿cuánto debería devengar el profesor
de abril del 2004 al 30 de marzo del 2006 y del 1 de abril del 2006 a la fecha de la
experticia», y «con base en los anteriores cálculos, en lo actualmente devengado por
Fernando Estrada Gallego y hasta ahora reconocido por la UIS, diga ¿cuánto se le ha
dejado de reconocer y se le dejaría de reconocer desde el 1 de abril del 2.006 hasta la
edad de 73,5 años, edad probable de vida o esperanza de vida por el calculada DANE,
en cuanto a salarios y mesadas pensionales así como auxilio de cesantía definitiva;
cuánto dejaría de aportarse al SSSI y los demás aspectos a bien tenga indagar el
Honorable Tribunal Administrativo de Santander».

43. El
perito experto financiero, Jorge Enrique Amado Castañeda, fue designado
mediante auto proferido en audiencia de pruebas del 8 de octubre de 2015 y se
posesionó en el cargo el 29 de octubre de la misma anualidad6.

2.3.1. Dictamen pericial

44. Jorge Enrique Amado Castañeda rindió dictamen pericial7 en el que indicó que,
teniendo en cuenta la producción académica del demandante y los criterios de
Colciencias: «(i) del 01/04/04 al 30/03/2006 debía devengar $229.369.598; (ii) del
01/04/2006 a la fecha del dictamen debía devengar $2.082.732.169, a lo cual debía
descontarse el pago hecho por UIS por valor de $772.172.154 y $297.939.870, para un
valor de $1.241.989.744; (iii) por salarios, mesadas pensionales y prestaciones

6
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivos pdf
«ED_C04_04AudienciaDePruebasConSustitucionDePoderUniversidadIndustrialDeSantander(.pdf) NroActua19» y
«ED_C04_06OtrosPosesionPerito(.pdf)NroActua19».
7
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf.
«ED_C04_23OtrosDictamenPericial(.pdf)NroActua19».
9

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Demandada: UIS

sociales dejados de reconocer desde el 1 de abril de 2004 hasta la edad de 73,5 años,
se le ha dejado de reconocer la suma de $2.996.324.756».

2.3.2. Contradicción del dictamen pericial

45. El dictamen pericial fue sometido a contradicción en audiencia de pruebas celebrada
el 23 de febrero de 20168.

46. La UIS9 objetó por error grave el dictamen pericial, para lo cual alegó que no debía
ser tenido en cuenta por el despacho para emitir el fallo, porque las conclusiones del
perito parten de premisas o sustento errados y equívocos. Indicó que Colciencias no
es la autoridad encargada de establecer los puntajes salariales de los docentes de las
universidades públicas. Adicionalmente, precisó que la proyección económica de los
salarios del docente se basaba únicamente en el hipotético cumplimiento del requisito
de la producción académica, sin tener en cuenta el resto de las exigencias previstas
en el Decreto 1279 de 2002, así como el reglamento interno de la universidad respecto
de los procedimientos para la asignación de puntaje salarial.

2.4. Sentencia de primera instancia

47. El Tribunal Administrativo de Santander10, mediante sentencia del 28 de noviembre
de 201911 negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, por los
siguientes motivos:

48. Como cuestión previa aclaró, que si bien en principio los actos mediante los que se
hace efectiva una sentencia no son enjuiciables, al tratarse de actos de ejecución que
no crean, modifican ni extinguen derecho, jurisprudencialmente «se han aceptado
algunas excepciones para enjuiciar dichos actos, las cuales surgen del
desconocimiento de la orden misma en cuanto crean una situación nueva». La Sala
anota que el a quo no desarrolló este argumento más allá de lo anotado.

49. El Tribunal indicó que no existió la vulneración al debido proceso alegada por el
demandante, puesto que tuvo la oportunidad de controvertir la liquidación de las sumas
de dinero que le fueron reconocidas en la Resolución 1228 de 2013, y que, «el no
haber ejercido su derecho con el lleno de los requisitos legales no significa que la UIS
haya desconoció su derecho de audiencia y defensa».

50. Señaló que el argumento consistente en que la UIS aceleró un proceso ejecutivo que
se seguía en su contra carecía de fundamento probatorio y entidad suficiente para
atacar la legalidad de las resoluciones demandadas, en tanto no se relaciona con estas
ni con las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de las mismas.

8
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C04_24AudienciaDePruebas(.pdf) NroActua 19» y «ED_C04_25AudienciaDePruebas(.pdf) NroActua 19».
9
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C04_26OtrosParteActoraObjetaPorErrorGraveElDictamenPericial(.pdf) NroActua 19».
10
En Sala integrada por los magistrados Rafael Gutiérrez Solano (ponente), Iván mauricio Mendoza Saavedra y
Francy del Pilar Pinilla Pedraza.
11
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C04_37FalloDePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 19».
10

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51. Sostuvo que la pretensión relacionada con el reconocimiento de su producción
académica durante el tiempo que estuvo desvinculado de la institución y el
consecuente aumento salarial, se aparta del verdadero alcance de la orden de
reintegro impartida por el Tribunal Administrativo de Santander, comoquiera que «su
reconocimiento no se logra simplemente por el paso del tiempo sino por la acreditación
de unos requisitos que de manera necesaria deben ser verificados por el ente
universitario conforme a las reglas establecidas en el Decreto 1279 de 2002».

52. Explicó que el Decreto 1279 de 2002 estableció el régimen salarial y prestacional
de los docentes de las universidades estatales, otorgándoles la competencia para
expedir, actualizar o modificar sus reglamentos internos y estatutos docentes.
Asimismo, que en el artículo 23 de la norma se determinó un sistema de puntos
constitutivos de salario o bonificación para docentes para reconocer, entre otros
aspectos, la productividad académica; mientras que sus artículos 25 y 26 determinaron
en relación con la asignación, reconocimiento y seguimiento del puntaje que estos
estarían a cargo del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento del Puntaje de
cada universidad. Precisó que, para el caso de la UIS, a través del Acuerdo 031 de
2003 se establecieron las fases del proceso de evaluación de la productividad
académica, el cual no fue adelantado para el caso puntual del demandante, pues no
sometió su caso a estudio del referido comité.

53. Finalmente señaló, que encontraba «ajustada la decisión de la UIS en tanto de la
orden de reintegro impartida […] en sentencia del […] 23 de mayo de 2013 no se
genera un ascenso automático en el escalafón docente ni puede ser reconocida la
producción académica y de allí lograr un aumento en la asignación salarial que percibe
el demandante porque la UIS se encuentra sujeta a las reglas establecidas en el
Decreto 1279 de 2002 y los Acuerdos internos que lo reglamentan […]».

2.5. Recurso de apelación

54. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia12 para señalar que existe una contradicción entre la jurisprudencia sobre el
debido proceso que cita el tribunal como fundamento de su decisión, puntualmente la
sentencia C-034 de 2014, y la realidad jurídica que se plantea en el caso concreto.

55. Manifestó que la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2013 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, señaló con claridad que «DEBÍA LIQUIDARSE
LA CONDENA o bien en sede administrativa con todas las garantías del debido proceso
(artículos 34 y ss. del CPACA) o bien en sede judicial, mediante incidente del artículo
193 del CPACA», ninguna de las cuales aconteció en el presente caso porque no fue
tramitado su recurso de reposición contra la liquidación de la condena.

56. Argumentó que para efectuar la liquidación de la condena la UIS en realidad no
adelantó un procedimiento administrativo, sino que profirió un acto administrativo «de
plano», toda vez que materialmente no dio trámite a su recurso de reposición, lo que

12
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C04_37FalloDePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 19».
11

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

vulneró su debido proceso, al no permitirle aportar y controvertir pruebas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del CPACA.

57. Explicó que en virtud del principio de favorabilidad laboral previsto en el artículo 53
de la Constitución Política, y dada la producción académica que acreditó ante la
universidad, esta le debía reconocer el ascenso al cargo de profesor titular y el
aumento de su remuneración.

58. Finalmente afirmó, que el Tribunal desconoció que se creó, por mandato judicial,
«la ficción de no haber existido solución de continuidad en el vínculo UIS - Fernando
Estrada Gallego, [por lo tanto] no se puede predicar que solo están en el interregno (i)
prestación de servicios y (ii) tiempo transcurrido, dejando de lado la producción
académica debidamente acreditada por Estrada Gallego», por lo cual, debía
considerarse la producción académica obtenida durante el tiempo que estuvo
desvinculado de la institución para efectos de mejorar su salario y otorgarle un
ascenso.

2.6. Trámite de segunda instancia

59. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 11 de diciembre de 202013 conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 623 de la Ley 1564 de 201214, se dio traslado a las partes
para alegar por el término de 10 días15.

2.7. Alegatos de segunda instancia

60. El demandante16 insistió en los argumentos de la demanda y del recurso de
apelación, y subrayó que en virtud de la sentencia del 23 de mayo de 2013 del Tribunal
Administrativo de Santander, debía ser reintegrado a la UIS sin solución de continuidad,
por lo que «ontológicamente este ha cambiado desde cuando fue “desvinculado” hasta
cuándo será “reintegrado”», lo que conlleva que se tuviera en cuenta no sólo el tiempo
transcurrido sino la producción académica generada durante el tiempo que estuvo
desvinculado injustamente, para efectos de su ascenso y aumento de remuneración.

61. La UIS17 reiteró los argumentos de la contestación, y enfatizó que lo pretendido por
el demandante escapa del alcance de la orden de reintegro impartida por el Tribunal
Administrativo de Santander en la sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de
2013, en tanto el reconocimiento de la producción académica para efectos de su

13
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C05_05AutoQueAdmiteYOAdmiteYDecretaPruebasAdmiteRecursoDeApelacion(.pdf) NroActua 19».
14
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, en adelante CGP.
15
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 8 «TRASLADO DE 10 DÍAS PARA
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN», archivo pdf «5_TRASLADODE10DIASPARAALEGATOSDECONCLUSION(.DOCX) NroActua 8».
16
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 14 «RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO», archivo pdf «8_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF) NroActua
14».
17
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 1 «RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO», archivo pdf «7_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF) NroActua
13».
12

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Demandada: UIS

incidencia prestacional y laboral, y el ascenso al cargo de profesor titular, no fue objeto
de debate judicial.

62. Entonces, la institución al disponer su reintegro al cargo de profesor con dedicación
de tiempo completo, clasificado en la categoría de profesor asociado, adscrito a la
Escuela de Economía y Administración, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS,
que desempeñaba previo a su desvinculación como consecuencia de un proceso
disciplinario, dio estricto cumplimiento a la orden judicial impartida por la autoridad
judicial competente. Además, señaló que, en caso de asistirle razón al demandante, la
pretensión económica debió ventilarse en un proceso de ejecución, cuyo título lo
constituye la sentencia, y no mediante la vía declarativa; lo que evidencia que la
sentencia judicial no contiene las obligaciones de dar o hacer cuyo reconocimiento se
pretende.

2.8. El Ministerio Público

63. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

64. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución

65. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:

66. ¿Es procedente determinar la legalidad del acto administrativo de ejecución de un
fallo judicial, que en esta oportunidad se demanda? Solo en caso de que la respuesta
al interrogante anterior sea afirmativa, la Sala establecerá si:

67. ¿El demandante tiene derecho a que, con ocasión de la sentencia de segunda
instancia del 23 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, que ordenó su reintegro a la UIS sin solución de continuidad, se declare con
efectos retroactivos que es profesor titular de la institución a partir del mes de abril del
2006, se le otorguen los puntos salariales correspondientes a la producción académica
del período 2006 – 2013 y, en consecuencia, se le pague $1.186.052.957 por concepto
de «saldo insoluto de la indemnización»?

68. Finalmente, la Subsección deberá estudiar si la UIS violó el debido proceso
administrativo al demandante al no permitirle controvertir la liquidación de la condena
contenida en la Resolución 1228 de 2013, por la cual, se dio cumplimiento a la
sentencia del 23 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander.
13

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3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico

69. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala aludirá, en primer lugar, lo
atinente al enjuiciamiento de los actos administrativos de ejecución.

3.3.1. Enjuiciamiento de actos administrativos de ejecución

70. Elconcepto de acto administrativo constituye uno de los temas centrales del
derecho administrativo. En la doctrina se han dado diferentes definiciones según la
época en que han sido escritas, comoquiera que la evolución del Estado, el avance
hacia el concepto de administración pública, la aparición de la teoría de los servicios
públicos, y más recientemente, la modernización de la función pública, han hecho que
la posición de los autores más reconocidos, hayan cambiado con el tiempo18.

71. Para Gastón Jeze: «[e]l Acto Administrativo es una declaración de gobernantes,
agentes públicos o simples particulares, en ejercicio de un poder legal y con el objeto
de producir efectos en derecho»19. La definición de Jeze incluye un elemento
importante: los particulares cuando cumplen funciones administrativas, pueden proferir
actos con fuerza legal, similar a los emitidos por funcionarios del Estado.

72. Para el profesor argentino Rafael Bielsa, el acto administrativo «es la decisión
general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias
funciones, sobre los deberes e intereses de las entidades administrativas, o
particulares respecto de ellas»20.

73. Según Sayagués Lazzo: «[a]cto administrativo es toda declaración unilateral de
voluntad de la Administración, que produce efectos subjetivos»21. Explica el tratadista
uruguayo, que esa definición no comprende los actos creadores de reglas generales,
ni los actos convencionales (contratos) de la administración El tratadista distingue los
actos jurídicos administrativos (declaraciones de voluntad de la administración
destinadas a producir efectos jurídicos), de las operaciones materiales (ejecución de
los actos jurídicos perseguidos o no), y estas a su vez, de los hechos naturales no
emanados de la administración de trascendencia jurídica. Para el autor, si no hay
declaración de voluntad, hay un hecho administrativo; asimismo, tal declaración no
puede ser tácita (como cuando se le da valor de pronunciamiento ficto o presunto al
silencio de la administración), y los efectos de dicha declaración pueden ser internos
de la administración o externos, hacia los administrados.

74. Marienhoff, señala que «[a]cto administrativo es una declaración, disposición o
decisión de la autoridad estatal, en ejercicio de sus propias funciones administrativas,
productora de un efecto jurídico»22. Por ende, el acto administrativo es uno de los
elementos de expresión de la voluntad del Estado que puede revestir contenido
general o particular.

18
TAFUR GALVIS, Álvaro, Citados en: Teoría del Acto Administrativo, Ed. Rosaristas, Bogotá, 1975, pág. 40-42.
19
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Acto Administrativo, Teoría General, 3ª Edición, Legis Editores, Bogotá,
D. C., 2003.
20
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
21
Citado por: SANCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
22
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
14

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75. Gordillo, define el acto administrativo como «una declaración unilateral expedida en
ejercicio de la función administrativa que se produce con efectos jurídicos individuales,
en forma inmediata»23. Afirma que los efectos jurídicos deben ser directos e
inmediatos, y surgen del acto mismo, por sí solos.

76. De acuerdo con el pensamiento de Roberto Dromi, el acto administrativo es uno de
los medios jurídicos por el cual se expresa la voluntad estatal24.

77. Jean Rivero, parte de la base de que la actividad administrativa, como toda actividad
humana, toma dos vías: la de decisión y la de operación; pero cualquiera que sea la
importancia práctica de la segunda, produce efectos jurídicos de modo indirecto, en
tanto que el acto jurídico de la administración, es como todo acto de voluntad,
destinado a introducir un cambio en las relaciones de derecho que existan en el
momento en que modifica el ordenamiento jurídico25.

78. Zanobini26 opina que el acto administrativo es cualquier «manifestación de voluntad,
de deseo, de conocimiento o de juicio o de juicios realizados por un sujeto de la
administración pública, en ejercicio de una potestad administrativa». Esta definición
atribuye el acto administrativo a un órgano de la administración pública, y prescinde
de la expedición de actos administrativos expedidos por particulares en ejercicio de
funciones públicas.

79. Otto Mayer27 considera que, el acto administrativo es un acto de autoridad que
emana de la administración y que determina frente al particular lo que para este debe
ser en el caso individual. Esta definición considera que sólo es acto administrativo el
que configura una situación jurídica individual o subjetiva, y excluye de esa categoría
los actos que no son de orden particular o individual y los que en la prestación de un
servicio público pueden ser expedidos en personas de derecho privado.

80. Para Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández el acto administrativo
sería la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, realizada por
la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad
reglamentaria. Afirman que tal declaración es intelectual, lo cual excluye las
actividades materiales (ejecuciones coactivas, actividad técnica) y puede ser tácita, en
algunos casos. La declaración es de voluntad, pero puede ser de juicio (acto consultivo
o informe), o de deseo (propuestas o peticiones de un ente administrativo a otro), o de
conocimiento (diligenciamientos, registros, anotaciones, actos de información),
aunque la declaración de voluntad es la más relevante, la que debe provenir de la
Administración28.

81. Como se observa, la doctrina no es uniforme al conceptualizar sobre el acto
administrativo, pero de manera general, las diferentes definiciones identifican los

23
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
24
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
25
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
26
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
27
Citado por: SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel, Ibídem.
28
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Civitas,
Madrid, 2001.
15

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elementos como constitutivos del acto administrativo: (i) sujeto, (ii) la voluntad, (iii)
objeto, (iv) motivo, (v) el fin, y (vi) la forma.

82. Por lo tanto, entre las características de los actos administrativos se encuentran las
siguientes: (i) su expedición se efectúa en ejercicio de la función administrativa del
Estado o de los particulares que ejercen función administrativa, (ii) es una declaración
unilateral de la voluntad del Estado, (iii) modifica el orden jurídico, por lo que es
vinculante o de obligatorio cumplimiento para la administración y los administrados, y
(iv) ostentan atributos como la presunción de legalidad, la ejecutividad y la
ejecutoriedad, entre otros.

83. Ahora bien, los actos administrativos se clasifican de diferentes formas, entre las
que se encuentra la relacionada con la etapa del procedimiento en que se emitan. De
esta manera, existen actos administrativos preparatorios, de trámite, definitivos y de
ejecución, por citar algunas clasificaciones, que también varían según el doctrinante.

84. Los actos administrativos definitivos, son descritos por el artículo 43 del CPACA como
«los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible
continuar la actuación», es decir, aquellos actos, expresos o fictos, que culminan el
proceso administrativo. Por otro lado, los actos administrativos de ejecución, son
aquellos a través de los cuales no se decide de manera definitiva una actuación, sino
que materializan una decisión de la misma administración o de una autoridad judicial,
es decir, se limitan a dar cumplimiento a una disposición judicial o administrativa, sin
que de ellos emanen situaciones jurídicas distintas a las señaladas en el acto
ejecutado o en la providencia judicial que se cumple a través suyo.

85. En razón a lo precedente, los actos administrativos pasibles de control judicial son,
en principio, solo los definitivos o aquellos que hagan imposible la continuación de una
actuación, y de manera excepcional, los de ejecución: cuando exceden total o
parcialmente lo dispuesto en la providencia judicial o acto administrativo que ejecutan,
por lo que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas diferentes.

86. Esta Sección en torno al enjuiciamiento de actos administrativos de ejecución de
sentencias ha determinado lo siguiente29:

«Como se observa, los actos acusados fueron expedidos en acatamiento a lo ordenado
en la Sentencia proferida el 19 de julio de 2007 por el Consejo de Estado30 en un
proceso promovido por la actora en el que se anularon los actos administrativos
mediante los cuales se declaró la insubsistencia del nombramiento.

Previo a resolver el fondo de controversia, se debe precisar que si bien es cierto esta
Corporación ha sostenido que los actos mediante los cuales se hace efectiva una
sentencia no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
mediante un mecanismo de control de legalidad, pues son actos de ejecución, es decir,
no crean, extinguen o modifican una situación particular, sino que hacen efectiva una
orden impartida por un Juez de la República, también lo es que en ocasiones se han

29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, radicado 73001-23-31-
000-2008-00510-01(1350-13).
30
«Expediente 2686-04. Cp. Jaime Moreno García».[Sic].
16

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

aceptado algunas excepciones, las cuales surgen del desconocimiento de la decisión
judicial, en cuanto creen una situación nueva. Así se ha sostenido en diferentes
pronunciamientos:

“Esta Corporación en relación con el enjuiciamiento de los actos que se expiden
para darle cumplimiento a una decisión u orden judicial ha sido uniforme en
señalar que tales actos no son pasibles de los recursos en la vía gubernativa ni
de acciones judiciales, a menos que desconozcan el alcance del fallo o creen
situaciones jurídicas nuevas o distintas que vayan en contravía de la providencia
que ejecutan31, lo cual no ocurre en este asunto32.

“De conformidad con los artículos 49 y 135 del Código Contencioso
Administrativo, los actos de ejecución, es decir, aquellos que se limitan a dar
cumplimiento a una decisión administrativa o judicial,33 no son objeto de control
jurisdiccional, salvo que, como ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación, 34 desconozcan la decisión o creen situaciones jurídicas nuevas o
que vayan en contravía de lo dispuesto…”35.

“En este orden de ideas, se concluye que las decisiones que expide la
Administración como resultado de un procedimiento administrativo o los actos de
trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son objeto de
control de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; de
manera que los actos de ejecución que se expiden en cumplimiento de una
decisión judicial o administrativa se encuentran excluidos de dicho control, toda
vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación y sólo se
expiden en orden a materializar o ejecutar esas decisiones.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha aceptado una excepción según la
cual los actos de ejecución son demandables si la administración al proferirlos se
aparta del verdadero alcance de la decisión, hasta el punto de que crear
situaciones jurídicas nuevas o distintas, no discutidas ni definidas en el fallo”36».

87. La Subsección B reiteró la postura expuesta en sentencias de 27 de junio37 y 22 de
agosto de 202438, y de 14 de agosto de 202539. En esta última, la Sala señaló:

«[…] en el caso puesto a consideración, no existe un incumplimiento de la orden judicial
primigenia y más bien, se establece que el accionante acudió a una vía procesal

31
«Sobre el particular ver entre otras las siguientes sentencias: de 9 de agosto de 1991 proferida dentro del
expediente radicado con el num.5934 (Sección Tercera, C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta); de 15 de agosto de
1996, dictada dentro del expediente n[ú]m. 9932 (sección Segunda, C.P. Dr. Javier Díaz Bueno), y de 4 de
septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con el n[ú]m. 4598 (Sección Primera, C.P. Dr. Ernesto Rafael
Ariza Muñoz)». [Sic].
32
«Sentencia de diciembre 19 de 2005, [c]onsejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Radicación
número: 25000-23-24-000-2004-00944-01». [Sic].
33
«Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de septiembre de 2002, exp. ACU-1486, M.P. María Elena
Giraldo Gómez». [Sic].
34
«Consejo de Estado, Sección Primera, Auto del 19 de diciembre de 2005, exp. 00944, M.P. Rafael E. Ostau de
Lafont Planeta». [Sic].
35
«Sentencia de noviembre 20 de 2008, [c]onsejera ponente: LIGIA LÓPEZ DÍAZ, Radicación número: 25000-23-27-
000-2002-00692-01(16374)». [Sic].
36
«Sentencia de julio 21 de 2011, [c]onsejero ponente: GUSTAVO GÓMEZ ARANGÚREN, Radicación número: 25000-23-
25-000-2003-05142-01(1152-10)». [Sic].
37
Expediente 52001-23-33-000-2020-01014-01 (6638-2022).
38
Expediente 25000-23-42-000-2018-01274-01 (5204-2022).
39
Expediente 20001-23-33-000-2018-00085-01 (1214-2021).
17

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
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improcedente luego [de] que la constatación de las órdenes del fallo emitido el
veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010) por esta misma Corporación,
[arrojara que] era a través del ejecutivo.

Así lo determinó esta Subsección en el siguiente pronunciamiento40:

“Así, los actos acusados no se constituyeron en una actuación arbitraria o
irrazonable modificatoria de la situación jurídica del demandante, toda vez que
la Resolución RDP 12901 de 12 abril de 2018 cumplió la orden judicial de
reliquidación de la pensión con base en los factores devengados en el último
año de servicios y el descuento por las cotizaciones insolutas; lo que a su vez
se informó en el Oficio 20181402073411 de 26 de abril de 2018 y el auto ADP
8220 del 18 de diciembre de 2019.

En consecuencia, habida consideración que tanto los argumentos de la
apelación como aquellos expuestos en el libelo inicial se encuentran dirigidos a
cuestionar actos que no son susceptibles de control judicial, se revocará los
numerales primero y segundo de la sentencia apelada en tanto declaró probado
«el cobro de lo no debido» y negó las pretensiones de la demanda, y en su
lugar, se declarará probada la ineptitud sustantiva de la demanda. A su vez, por
cuanto, como lo ha considerado esta corporación, una interpretación diferente
de la planteada conduciría a desconocer la cosa juzgada de un debate judicial
ya concluido.”

Criterio, luego reiterado41 por esta misma Sala, el veintidós (22) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024).

En ese sentido, contrario a lo argüido por el Tribunal de instancia, estima la Sala que,
el accionante debió promover un proceso ejecutivo con el propósito de hacer ver que
la Resolución No. 1547 del 25 de noviembre de 2011, no acató la sentencia emitida
por esta misma Subsección el 25 de noviembre de 2010, en cuanto la liquidación de la
prima de orden público.

El sub-lite pone de presente que, el a quo validó que el accionante manifestara su
inconformidad con la liquidación que dio cumplimiento a la sentencia emitida por esta
Subsección a través de una petición, desconociendo que, frente a este tipo de
cuestionamientos, la verificación de la orden judicial debe realizarse mediante el medio
de control ejecutivo.

Otra cosa muy diferente, es que no se haya incluido en la plurimencionada resolución
la prima de orden público como emolumento sin qua non exigido a través del medio
ejecutivo.

Por consiguiente, se revoca la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar se declara probada, de oficio, la
ineptitud sustantiva de la demanda».

40
«C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024), radicación: 52001-
23-33-000-2020-01014-01 (6638-2022), demandante: Carlos Alberto Paz, demandado: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones de la Protección Social (Ugpp)». [Sic].
41
«C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicación: 25000-23-42-000-2018-01274-01 (5204-2022),
Demandante: Fidel Antonio Cárdenas Salgado, Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)». [Sic].
18

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88. Así las cosas, antes de iniciar el análisis de legalidad del acto acusado, el juez
administrativo debe establecer, en tratándose de actos de ejecución, si la
administración al expedirlos se apartó verdaderamente de la decisión que se pretendió
ejecutar, y si esto creó situaciones jurídicas diferentes a las discutidas y definidas en
la providencia judicial que sirvió como fuente al acto administrativo.

3.3.2. Estudio del caso concreto

3.3.2.1. Hechos probados

89. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

89.1. Fernando Estrada Gallego laboró en la Universidad Industrial de Santander desde
el 15 de septiembre de 1994 y hasta el 8 de septiembre de 2004, en el cargo de
docente universitario.

89.2. La UIS le otorgó al docente una comisión de estudios para realizar estudios de
doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una
duración de 2 años, del 1 de marzo de 1998 al 1 de marzo del 2000, dedicación de
tiempo completo, remunerada y con el costo de los pasajes ida y regreso a cargo de
la Universidad.

89.3. Lainstitución educativa otorgó una nueva comisión de estudios al docente
Fernando Estrada Gallego para que adelantara un doctorado en filosofía en la
Universidad Nacional de Colombia, con una duración de un año del 1 de marzo del
2000 al 1 de marzo de 2001. Para el efecto, el docente, la universidad y los
codeudores, suscribieron un contrato de comisión, en el que el docente se
comprometía, entre otras obligaciones, a cumplir estricta y satisfactoriamente con el
programa de estudios.

89.4. La Dirección de Control Interno de la UIS adelantó investigación disciplinaria
número 46-02 en contra del docente Fernando Estrada Gallego, por el presunto
incumplimiento de la comisión de estudios al no haber acreditado el título del posgrado
correspondiente al doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional.

89.5. A través de la Resolución 617 del 4 de agosto de 200442 la vicerrectora académica
de la UIS profirió fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria núm.
46-02, en la que se resolvió:

«Artículo 1°. Sancionar disciplinariamente al profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO
identificado con cedula de ciudadanía 16.263.735 de Palmira, en su calidad de profesor
asistente de tiempo completo de esta Universidad para la época de los hechos con
DESTITUCIÓN del cargo, por encontrarlo responsable disciplinariamente de los cargos
formulados, conforme a lo expuesto en la parte motiva […]». [Sic].

42
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 8.
19

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Demandada: UIS

89.6. El demandante interpuso recurso de apelación43 en contra de la decisión
disciplinaria de primera instancia, el cual fue rechazado por extemporáneo a través de
la Resolución 709 del 30 de agosto de 200444 proferida por la vicerrectora académica
de la UIS.

89.7. El disciplinado presentó recurso de queja en contra de la Resolución 709 del 30
de agosto de 2004, no obstante, la decisión de declarar extemporáneo el recurso de
apelación en contra del fallo disciplinario fue confirmada mediante la Resolución 761
del 8 de septiembre de 200445, proferida por el rector de la universidad.

89.8. Fernando Estrada Gallego presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UIS4647, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y
condenas:

«2.1. Que son nulas las resoluciones 617 del 4 de agosto y 709 del 30 de agosto del año
2.004, emanadas de la Vicerrectora Académica de la UIS, y 761 del 8 de septiembre del
año 2.004, emanada del Rector de la UIS, mediante las cuales y con violación del debido
proceso se destituyó al señor FERNANDO ESTRADA GALLEGO del empleo de docente
universitario de tiempo completo de la UIS.

2.2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER —UIS— a reintegrar a FERNANDO ESTRADA GALLEGO a un empleo similar al de
PROFESOR ASISTENTE DE TIEMPO COMPLETO, u otro empleo de superior categoría, de
funciones y requisitos afines para su ejercicio, con retroactividad al día ocho (8) de
septiembre del año 2.004, fecha de la desvinculación.

2.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER —UIS— a pagar todas las sumas correspondientes a sueldos,
primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir, inherentes
a su cargo, con efectividad de la fecha de la desvinculación hasta cuando sea
reincorporado al servicio, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren decretado
con posterioridad a la desvinculación, siempre y cuando no hubiere devengado suma
alguna en otra entidad que constituya Tesoro Público, en los términos de los artículos 128
de la C. P., o que habiéndola devengado en menor cuantía, se condene al reconocimiento
y pago del remanente a su favor y por las mismas causas. [Sic].

2.4. Que se disponga que para todos los efectos legales no hubo solución de continuidad
en la prestación de los servicios por mi representado, desde cuando fue desvinculado
hasta la fecha en que sea efectivamente reintegrado. [Sic].

2.5. Que se condene en costas a la demandada, gastos procesales y agencias en derecho,
estas últimas desde ya pido que sean reconocidas y ordenadas según la tabla de

43
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 24.
44
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 28.
45
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 32.
46
Acta de reparto de 16 de diciembre de 2004 visible en Samai Consejo de Estado, expediente
68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf «ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS
Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 49.
47
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 38.
20

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abogados vigente para esta clase de procesos por el Consejo Superior de la Judicatura o
la autoridad que la sustituya, así como al pago de los honorarios en sede administrativa
en cuantía de $500.000,oo, debidamente indexados desde agosto del 2004 hasta que se
haga el pago efectivo de los mismos. [Sic].

2.6. Que se ordene dar cumplimiento al fallo que le da fin al proceso dentro de los términos
establecidos en la Ley». [Sic].

89.9. La demanda de nulidad y restablecimiento, de radicado 2005-0082-0048, fue
conocida en primera instancia por el Juzgado 13 Administrativo de Bucaramanga, que
mediante sentencia del 11 de febrero de 200949 negó las pretensiones. Esta decisión
fue apelada por el demandante50.

89.10. El Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos
Laborales, mediante sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 201351
revocó52 la decisión de primera instancia y dispuso:

«Primero. Revocase la Sentencia proferida el once (11) de febrero mil nueve (2009) por
el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial Bucaramanga, por las razones
consignadas en la parte motiva del presente de Fallo.

Segundo: Declarase la nulidad del acto administrativo Resolución No 617 del 4 de agosto
de 2004 que sancionó disciplinariamente al profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO con
destitución de su cargo de profesor asistente de la Universidad Industrial de Santander,
conforme a las razones consignadas en la parte motiva del presente proveído.

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho ORDÉNASE a la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER a reintegrar al señor
FERNANDO ESTRADA GALLEGO al cargo que venía desempeñando o en uno de igual o
superior categoría. Igualmente CONDÉNASE a la entidad territorial a pagar al demandante
las sumas correspondientes a sueldos, sobresueldos, primar, y demás conceptos
laborales – prestaciones sociales- dejados de percibir, sin solución de continuidad, desde
su desvinculación laboral hasta su efectivo reintegro y el consecuente computo de ese
tiempo para efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes
cotizaciones y de la suma a pagar la entidad deberá realizar lo respectivos descuentos de
ley que correspondan al trabajador.

48
Acta de reparto de 16 de diciembre de 2004 visible en Samai Consejo de Estado, expediente
68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf «ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS
Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 49.
49
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 570 a 600.
50
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 604.
51
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 649 a 670.
52
El Tribunal Administrativo de Santander, tras realizar un estudio detallado del caso, dispuso decretar la nulidad
de la Resolución 617 del 4 de agosto de 2004 proferida por la vicerrectora académica de la UIS, mediante la cual
sancionó disciplinariamente al accionante con destitución del cargo de profesor asistente, comoquiera que era
violatoria del principio de legalidad, al asimilar el incumplimiento de una comisión de estudios al abandono del
cargo. El Tribunal indicó puntualmente que, al encontrarse el empleado en una situación administrativa con ocasión
de la comisión de estudios otorgada por la institución, podía separarse temporalmente del cargo, sin que esto
constituyera el abandono del cargo. Asimismo, indicó que el incumplimiento de una comisión de estudios no se
encontraba previsto como falta disciplinaria en el Reglamento Único Disciplinario de la UIS, contenido en el Acuerdo
053 del 13 de noviembre de 2001.
21

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Los valores aquí ordenados, se reajustarán de conformidad con el artículo178 del Código
Contencioso Administrativo hasta la fecha de ejecutoriade la presente providencia, dando
aplicación a la formula señalada en la parte motiva.

Cuarto: Declarase para todos los efectos legales que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte la parte actora.

Quinto: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Sexto: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda». [Sic].

89.11. Fernando Estrada Gallego promovió incidente de liquidación de condena en
abstracto en contra de la UIS ante el Juzgado 13 Administrativo Oral de
Bucaramanga53, con la finalidad de que se accediera a las siguientes pretensiones:

«3.1.- Que se DESISTA del cobro judicial de la UIS y en contra de Fernando Estrada Gallego
y sus codeudores en el proceso radicado al No. 68001-31-03- 009-2005-00016-00, por su
Origen ilegal.

3.2.- Que, PRINCIPALMENTE, a Fernando Estrada Gallego se le nombre como docente o
profesor titular y se le reconozcan y ordene pagar salarios, primas, vacaciones y
prestaciones sociales así:

3.2.1.- Como docente o profesor asociado del 8 de septiembre del 2.004 al 30 de marzo
del 2.006 y como docente o profesor titular a partir del 1 de abril del 2.006 con sus
respectivas indexaciones hasta la fecha de su próxima posesión, reconociéndole UN
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1,329,307,956,00) o la suma que determine el perito como
lo dejado de percibir en esos lapsos.

3.2.2.- SUBSIDIARIAMENTE, se le nombre como docente o profesor asociado y se le
reconozcan y ordene pagar salarios, primas, vacaciones y prestaciones sociales a
partir del 8 de septiembre del 2.004 con sus respectivas indexaciones, dejando
pendiente el reajuste y pago de salarios y reliquidación de las mismas, con
retroactividad al 1 de abril del 2.006.

3.3.- Que se revisen todas las cotizaciones que hizo la UIS al SSSI a nombre de Fernando
Estrada Gallego, C.C. 16.263.735 de Palmira (Valle) como servidor de la UIS del 15 de
septiembre del año 1.994 al 8 de septiembre del 2.004, y si algún faltante hubo, este sea
asumido por la UIS junto con los intereses y sanciones de ley porque era ella la que
liquidaba y debía cancelar mediante los respectivos descuentos en el pago de nóminas».
[Sic].

89.12.Dado que el proceso se promovió en vigencia del Código Contencioso
Administrativo, el Juzgado 13 Administrativo Oral de Bucaramanga, en atención al
cambio de legislación y en cumplimiento del Acuerdo PSAA12-9447 de 2012, mediante
auto del 25 de septiembre de 201354 sometió el incidente de ejecución a reparto entre

53
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ed_c07_01 anexos-cuaderno 07 pruebas y anexos(.pdf) NroActua 18», pág. 2.
54
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «expediente digital», archivo pdf
«ED_C07_01 ANEXOS-CUADERNO 07 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 9.
22

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Demandada: UIS

los Juzgados Permanentes que siguieron conociendo del antiguo sistema procesal o
los Juzgados de Descongestión creados para el mismo fin. Su conocimiento
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, que mediante auto
del 14 de noviembre de 201355 rechazó de plano el incidente, al considerar que «la
condena, por la que se propone el incidente, tiene todas las definiciones para ser
catalogada como una condena en concreto» y, al respecto, precisó:

«Ahora bien, si considera el accionante que mediante el acto antes mencionado se dejaron
de liquidar algunas sumas de dinero o el cumplimiento de una obligación de hacer
establecida en la sentencia, deberá formularlo por medio de control idóneo como lo es la
acción ejecutiva, y no el incidente de liquidación de condena en abstracto donde el actor
trata de incorporar pruebas, solicitudes y pretensiones que no fueron objeto de la condena
en el proceso». [Sic].

89.13. El actor interpuso recurso de reposición en subsidio del de apelación contra la
decisión de rechazar de plano el incidente56, al estimar:

«[…] Segundo.- La opinión de parte y sustento de estos recursos estriba en que el ad
quem dijo: “DECLÁRASE para todos los efectos legales que no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte de la parte actora" y habida cuenta
de que se trata de un profesor universitario cuya remuneración DEPENDIÓ, depende y
dependerá de lo dispuesto por el Decreto 1.279 del 2.002, no es justo que la liquidación
de su indemnización se haga con la última remuneración (Parcamente anunciada por la
UIS en el expediente del juicio ordinario a pesar de habérsele pedido y ordenado por el
juez de la causa como descriptiva de todos sus aspectos) y con ello se le desconozca su
oportunidad de ascenso (en el lapso de “sin solución de continuidad'), de mejor
remuneración desde antaño y de una indemnización más equilibrada.

Tercero.- Las pruebas que se aducen ahora (producción académica del profesor
universitario, petición de certificación de COLCIENCIAS y petición de experticia) son las que
precisamente la UIS no tuvo en cuenta al “liquidar la obligación dineraria a su cargo y con
ello perjudicar significativamente a mi mandante. No se trata de un nuevo juicio sino de
una liquidación de una indemnización teniendo en cuenta “la producción académica’ de
Fernando Estrada Gallego en el lapso en que no hubo "solución de continuidad"». [Sic].

89.14. El Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga, en auto del 26 de febrero
de 201457 confirmó su decisión de rechazar de plano el incidente y negó el recurso de
apelación propuesto, al considerar:

«[…] el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, dispuso que el cómputo del
término se tendría en cuenta para: “ a sueldos, sobresueldos, primas, y demás conceptos
laborales- prestaciones sociales- dejados de percibir, sin solución de continuidad, desde
su desvinculación laboral hasta su efectivo reintegro y el consecuente cómputo de ese
tiempo para efectos pensionales". Existió pues, una correcta armonía entre el
restablecimiento del derecho, las pretensiones de la demanda y el fallo de segunda
instancia, pues se advierte que no está incluida la solicitud de producción académica, y

55
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C07_01 ANEXOS-CUADERNO 07 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 11.
56
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C07_01 ANEXOS-CUADERNO 07 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 14.
57
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C07_01 ANEXOS-CUADERNO 07 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 17.
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Demandada: UIS

tampoco en el fallo de segunda instancia se estableció orden alguna al respecto, ni
contempló la posibilidad que el actor con actuaciones posteriores demostrara otro perjuicio
que no se debatiera en el proceso, por tanto, no es jurídicamente viable que el actor por
medio de un incidente pueda establecer perjuicios que no fueron solicitados y tampoco
ordenados en el fallo, que fuera liquidable por medio de incidente.

5. En el mismo sentido, debemos decir que la jurisdicción de lo contencioso administrativa,
es rogada por excelencia, y no podría pronunciarse respecto de pretensiones que no
fueron incluidas en la demanda o en su adición, y consecuentemente debatidos en el
proceso, ya que la demanda es el límite o referencia para el estudio del proceso:

"Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes de las
invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben solo a lo que
alii se ha planteado, por ser el libelo demandatorio un marco de referencia necesario
para que el operador jurídico emita su pronunciamiento judicial. Lo anterior, con
fundamento en el numeral 4 del artículo 137 del CCA que dispone: "Los fundamentos
de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto
administrativo deberán”.

6. Igualmente el principio de res iusdicata, impide en este momento, en que el fallo ya está
en firme, abrir un nuevo debate frente a pretensiones nuevas, con fundamento en una
sentencia que no ordenó lo pretendido por el solicitante y que tampoco otorgó la
posibilidad al accionante para que demostrara pretensiones que no fueron incluidas en el
libelo introductorio, por tanto, el proceso ya fue decidido y en virtud de esa decisión operó
la cosa juzgada.

7. No puede exigirse el cumplimiento de obligaciones diversas a las incluidas en el fallo, y
si considera que la entidad no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia, podría el actor
iniciar proceso ejecutivo.

8. Por lo anteriormente expuesto, no se repone la decisión y respecto del recurso de
apelación propuesto en forma subsidiaria al de reposición, el mismo se denegará ya que
al tenor del artículo 181 del CCA el recurso de apelación se interpone directamente y no
como subsidiario». [Sic].

89.15. De manera paralela al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por Fernando Estrada Gallego en contra de la UIS, la institución instauró
demanda ejecutiva58 en contra del docente, por medio de la cual, pretendía que se
librara mandamiento de pago por las siguientes sumas:

«1. Por la suma principal de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS por concepto de comisión de estudios según
incumplimiento de contrato.

2. Por intereses adicionales de mora a la tasa del 3% desde el 1 de Enero de 2005 hasta
cuando el pago se realice. Desde la fecha del incumplimiento hasta el 31 de Diciembre de
2004 ya se encuentran liquidados en la certificación expedida por la oficina de recursos
humanos de la Universidad Industrial de Santander.

58
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», págs. 11 a 84.
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3. Las costas que se causen por este proceso, incluyendo honorarios de abogado». [Sic].

89.16. El conocimiento de la demanda ejecutiva promovida por la UIS correspondió por
reparto al Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga bajo radicado 2005-0016,
despacho que el 4 de marzo de 200559 libró mandamiento de pago a favor de la
institución, en el que ordenó:

«1.- LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, a favor de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER,
representada legalmente por LUCILA NINO BAUTISTA, contra FERNANDO ESTRADA GALLEGO,
WALTER GONZÁLEZ ARIAS Y HAROLD VELÁSCO RIVERA, por las siguientes sumas de dinero.

a).- Por concepto de CAPITAL, la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($75.643.719.00): más los
intereses moratorios liquidados a la tasa del 3% mensual, desde el primero de enero de
2005, hasta el día del pago total.

b).- Del pago de las Costas incluidas las agencias en Derecho que ocasione este proceso,
se decidirá en su momento oportuno. […]». [Sic].

89.17. Ante la ausencia de contestación por parte de los ejecutados, el Juzgado 9 Civil
del Circuito de Bucaramanga, mediante proveído del 24 de junio de 2005, determinó
seguir adelante con la ejecución60:

«Primero: Seguir adelante con la presente ejecución en contra de FERNANDO ESTRADA
GALLEGO, WALTER GONZÁLEZ ARIAS y HAROLD VELÁSCO RIVERA a efectos de obtener el
cumplimiento de la obligación contraída.

Segundo: Decretar el REMATE, previo AVALÚO de los bienes que se encuentren
embargados y secuestrados, y de los que con posterioridad a este fallo se lleguen a
embargar y secuestrar, en fecha que oportunamente y con el lleno de los requisitos de
señalará.

Tercero: Practicar por Secretaría la liquidación del crédito, siempre que las partes no la
elaboren y presenten en su oportunidad, teniendo en cuenta las tasas de interés
señaladas por la Superintendencia Bancaria.

Cuarto: Condenar en costas del proceso a la parte demandada». [Sic].

89.18. La UIS presentó la liquidación del crédito61, en el marco del proceso ejecutivo, en
la que indicó que la obligación a 30 de junio de 2005 ascendía a $85.837.444.67.

59
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 89.
60
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 169.
61
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 175.
25

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89.19. ElJuzgado mediante auto de 17 de agosto de 2005 estableció las costas
procesales en la suma de $7.518.33462, y procedió a correr traslado al extremo
demandado de la liquidación de costas, así como de la liquidación del crédito realizada
por la parte actora; sin que este emitiera pronunciamiento.

89.20. El 26 de junio de 2013 la institución universitaria radicó solicitud de medida
cautelar63, en la que pretendió lo siguiente:

«1. EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que la Universidad Industrial de Santander deba
pagar al demandado FERNANDO ESTRADA GALLEGO como consecuencia y en cumplimiento
de la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN DESCONGESTIÓN - SALA DE
ASUNTOS LABORALES con ponencia de la Magistrada Elsa Beatriz Martínez Rueda, de
fecha 23 de mayo de 2013, dentro del proceso adelantado por Fernando Estrada Gallego
contra la UIS, radicado bajo el numero 2005-0082. Sírvase señor juez mediante oficio,
comunicar al tesorero de la Universidad Industrial de Santander sobre la medida
previéndole consignar a órdenes del juzgado las sumas de dinero correspondientes, so
pena de incurrir en las sanciones legales previstas.

2. EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que adeude o llegue a adeudar la Universidad
Industrial de Santander a favor de FERNANDO ESTRADA GALLEGO tales como: honorarios,
salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones, intereses, resarcimiento
de perjuicios o cualquier otro concepto, como empleado, contratista o cualquier otra
calidad que ostente, según los límites legales que resulten aplicables en cada caso.
Sírvase señor juez mediante oficio, comunicar al tesorero o de la Universidad Industrial
de Santander sobre la medida previéndole consignar a órdenes del juzgado las sumas de
dinero correspondientes, so pena de incurrir en las sanciones legales previstas». [Sic].

89.21. El Juzgado 9 Civil del Circuito de Bucaramanga, en auto del 12 de julio de 201364,
decretó la medida cautelar deprecada por la institución ejecutante, así:

«1. DECRETAR el EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que adeude o llegue a adeudar la
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER a favor de FERNANDO ESTRADA GALLEGO, tales
como honorarios, salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones,
intereses deba pagar al demandado FERNANDO ESTRADA GALLEGO en cumplimiento de la
sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN DESCONGESTIÓN -SALA DE ASUNTOS
LABORALES-, dentro del proceso allí radicado bajo el numero 2005-00082-00, proceso
adelantado por FERNANDO ESTRADA GALLEGO contra la UIS.

Líbrese oficio al señor Tesorero de la Universidad Industrial de Santander, a fin de que se
sirva efectuar los descuentos y dejarlos a disposición de este juzgado a través del Banco
Agrario de Colombia Sección Depósitos Judiciales de esta ciudad, código No.
680012031009, so pena de responder por dichos dineros e incurrir en multa de dos a cinco
salarios mínimos legales vigentes.

62
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 187.
63
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 253.
64
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular200501
6(.pdf) NroActua 19», pág. 255.
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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

Limítese esta medida a la suma de $160.000.000.

2.- DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que adeude o llegue a adeudar la
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER a favor de FERNANDO ESTRADA GALLEGO, tales
como: honorarios, salarios, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones,
intereses, resarcimiento de perjuicios o cualquier otro concepto, como empleado,
contratista o cualquier otra calidad que ostente, según los Límites LEGALES.

Limítese esta medida a la suma de $160.000.000.

Líbrese oficio al señor Tesorero de la Universidad Industrial de Santander, a fin de que se
sirva efectuar los descuentos y dejarlos a disposición de este juzgado a través del Banco
Agrario de Colombia Sección Depósitos Judiciales de esta ciudad, código No.
680012031009, so pena de responder por dichos dineros e incurrir en multa de dos a cinco
salarios mínimos legales vigentes». [Sic].

89.22. En auto del 31 de julio de 201365, el Juzgado dispuso adicionar la mencionada
providencia en lo pertinente al límite dinerario hasta el cual se debían aplicar las
medidas de embargo y retención, por lo que fijó el parámetro en la suma de
$441.815.694.

89.23. La UIS profirió la Resolución 1228 del 22 de agosto de 201366, por medio de la
cual, dio cumplimiento a la orden judicial impartida por el Tribunal Administrativo de
Santander en sentencia del 23 de mayo de 2013 y reintegró al docente Fernando
Estrada Gallego:

«Artículo 1°. Dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander en providencia de fecha 23 de mayo de 2013.

Artículo 2°. Reintegrar al cargo de profesor con dedicación de tiempo completo, clasificado
en la categoría de Profesor Asociado, adscrito a la Escuela de Economía y Administración,
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander al profesor
FERNANDO ESTRADA GALLEGO. Para tal efecto, el profesor deberá presentarse ante el
Director de la Escuela de Economía y Administración, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, para asumir el cargo de planta del cual
es titular.

Artículo 3°. Ordenar el pago de las sumas de dinero conforme lo dispuso la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander a favor del
profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO conforme la liquidación elaborada por la División de
Recursos Humanos de la Universidad, la cual hace parte integral de la presente
resolución.

Parágrafo: Del valor de la liquidación se realizarán los descuentos y posteriores aportes a
las entidades de Seguridad Social en Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de
Cesantías que informe el profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO en un término no superior
a DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución; en

65
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 19 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C02_10OtrosOficinaDeEjecucionCivilDelCircuitoAllegaCopiasAutenticasDeProcesoEjecutivoSingular20050
6(.pdf) NroActua 19», pág. 267.
66
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf)NroActua 18», pág. 4.
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el evento en que la Universidad no reciba respuesta al respecto se realizará el pago de
los aportes, a las entidades a las que se encontraba afiliado el profesor al momento de su
desvinculación.

Artículo 4°. Requerir al profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO para que allegue las copias
auténticas de las sentencias con las exigencias contempladas en la parte motiva de la
presente resolución; requisito sine qua non para que esta Universidad cumpla con la
obligación de pago.

Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo al Decanato de la Facultad de
Ciencias Humanas, a la Escuela de Economía Y Administración, a la División de Recursos
Humanos, a la Entidad Promotora de Salud, a la administradora de Pensiones y Cesantías
y a la Administradora de Riesgo Profesionales a las que se encontraba afiliado o informe
el profesor.

Artículo 6°. Notificar personalmente al profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO o a su
representante debidamente acreditado, indicándole que contra la presente resolución, por
tratarse de un acto de ejecución que da cumplimiento a la sentencia y liquida las sumas
de dinero a devolver, solo procede el recurso de reposición respecto de la liquidación, el
cual deberá interponer dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la notificación». [Sic].

89.24. Fernando Estrada Gallego, a través de apoderado judicial, interpuso recurso de
reposición67 contra la citada Resolución 1228 de 2013, en el que solicitó a la UIS que
«desista del cobro judicial en el proceso radicado al No. 68001-31-03-009-2005-00016-
00» y «le nombre como docente o profesor titular y se le reconozcan y ordene pagar
salarios, primas, vacaciones y prestaciones sociales a partir del 1 de abril del 2006»;
«subsidiariamente se le nombre como docente o profesor asociado». En cuanto a la
liquidación realizada por la universidad, indicó que «la liquidación de la condena en
abstracto es incidental y por el juzgado de conocimiento. Así las cosas, se pide que se
suspenda el procedimiento administrativo iniciado […] hasta que allí quede en firme la
experticia que realice un actuario o hasta que se llegue a un acuerdo extra
procedimental».

89.25. Mediante la Resolución 1444 del 25 de septiembre de 201368, la UIS rechazó el
recurso de reposición interpuesto por Fernando Estrada Gallego en contra de la
Resolución 1228 de 2013, por los siguientes motivos:

«[…] En éstas condiciones, habiéndose realizado la notificación personal al señor
FERNANDO ESTRADA GALLEGO de la mencionada resolución el día 28 de agosto de 2013,
de acuerdo con los términos establecidos en la Ley (Art. 76 del CPACA), el notificado tenía
hasta el 11 de septiembre del año en curso para interponer el mencionado recurso;
circunstancia que implica que, al haberse radicado el recurso en la Universidad el día 12
de septiembre del presente año, éste deberá rechazarse por extemporáneo.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, además del deber que le asiste al
interesado de interponer los recursos dentro del término establecido por la ley, se requiere,

67
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 18», pág. 1136.
68
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«ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 18», pág. 1041.
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según lo dispone el Art. 77 del CPACA, interponerse por el interesado o su representante
o apoderado debidamente constituido.

De acuerdo con la documentación allegada el día 12 de septiembre de 2013, se observa
que, el recurso no fue presentado personalmente por el profesor FERNANDO ESTRADA
GALLEGO, sino por el abogado EDGAR PORTILLA FUENTES, quien manifiesta en su escrito,
ser apoderado del mencionado profesor y, con el objeto de comprobar su afirmación,
adjunta una copia escaneada de un poder dirigido al Tribunal Administrativo de Santander
que contiene el sello del Juzgado Trece del Circuito Administrativo de Bucaramanga. En
dicho poder, el profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO, otorgó al Abogado PORTILLA
FUENTES, facultades para que en su nombre y representación promueva proceso ordinario
-Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la UIS, en el que además se lee
textualmente: "El apoderado queda facultado para transigir, conciliar, desistir, sustituir y
reasumir el poder, solicitar pruebas anticipadas, interponer recursos ordinarios y
extraordinarios, estimar la cuantía de las pretensiones en caso de demanda en
reconvención y recibir. Dentro de esta última facultad se encuentra comprendida la de
recibir intereses y realizar acuerdos extraproceso y presentar cuentas de cobro o actas
que presten mérito ejecutivo ante autoridades administrativas o judiciales sin necesidad
de nuevo poder."

Revisado integralmente el poder aportado por el Abogado PORTILLA FUENTES se establece
que, el poder fue otorgado para representar judicialmente al profesor ESTRADA GALLEGO
ante el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite de la acción judicial, con
facultades expresas de transigir, conciliar, desistir, sustituir y reasumir el poder, solicitar
pruebas anticipadas, interponer recursos ordinarios y extraordinarios, estimar la cuantía
de las pretensiones en caso de demanda en reconvención y recibir. Igualmente, según el
texto del poder, el Profesor ESTRADA GALLEGO le otorgó al Abogado PORTILLA FUENTES la
facultad expresa de recibir intereses y realizar acuerdos extraproceso, así como la de
"presentar cuentas de cobro o actas que presten mérito ejecutivo ante autoridades
administrativas o judiciales sin necesidad de nuevo poder". En conclusión, el poder para
actuar ante las autoridades administrativas, se limitó a presentar cuentas de cobro o actas
que presten mérito ejecutivo.

Por lo tanto, resulta pertinente concluir que el abogado PORTILLA FUENTES no tiene
facultades para presentar recursos ante la Universidad Industrial de Santander en nombre
del profesor FERNANDO ESTRADA GALLEGO, por lo que no es posible reconocerle personería
para actuar en el presente trámite y así se resolverá». [Sic].

89.26. El apoderado del demandante presentó solicitud ante la institución educativa, en
la que indicó que el recurso de reposición se había presentado en tiempo y que, en su
criterio, contaba facultades para interponer recursos en sede administrativa. Asimismo,
el 3 de octubre de 201369 presentó poder dirigido a la UIS facultándolo para que
«obtenga información oficial, intervenga en los procedimientos administrativos
pertinentes y tendientes al pago de las condenas impuestas a la UIS conforme a las
razones de hecho y de derecho que nuestro apoderado expondrá».

89.27. La UIS dio respuesta mediante la Resolución 1514 del 8 de octubre de 201370, en
la que señaló:

69
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«ED_C01_01OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 18», pág. 1170 a 1172.
70
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29

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Demandada: UIS

«k. Que una vez revisadas las actuaciones surtidas para desatar el recurso de
reposición, se encuentra que le asiste razón al Abogado Edgar Portilla Fuentes,
respecto a la presentación, dentro del término otorgado, del recurso de reposición,
pues fue entregado en la Universidad el día I1 de septiembre de 2013, por lo que se
entenderá presentado dentro de la oportunidad legal; sin que esta sea la única razón
del rechazo del recurso.

l. Que el argumento adicional por el cual se rechazó el recurso de reposición referente
a la insuficiencia de facultades otorgadas al abogado Edgar Portilla Fuentes para
notificarse e interponer recursos ante la Universidad, se mantiene e impide el análisis
de fondo del recurso de reposición, aun habiéndose presentado dentro de la
oportunidad legal.

m. Que conforme las anteriores razones, y a pesar que para todos los efectos deberá
tenerse presentado el recurso dentro de la oportunidad legal, dicha circunstancia no
varía el sentido material de la decisión referente al rechazo del recurso, por la cual
dicha decisión se mantiene incólume aun habiéndose aclarado la oportunidad en la
presentación del recurso de reposición.

n. Que la Resolución No. 1228 de 2013 se encuentra debidamente ejecutoriada por
haberse resuelto el recurso de reposición contra aquella, sin que la solicitud que se
resuelve a través del presente acto administrativo le reste ejecutoría a la decisión allí
contenida.

En mérito de lo expuesto

Resuelve:

Primero: Mantener la determinación adoptada en la Resolución No. 1444 de
septiembre 25 de 2013, en cuanto al rechazo del recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 1228 de 2013, por falta de poder suficiente; conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. […]».
[Sic].

3.3.2.2. Análisis sustancial de la Sala

90. El Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, Sala de Asuntos
Laborales, mediante sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 201371 –luego
de revocar72 la sentencia de primera instancia del Juzgado 13 Administrativo de
Bucaramanga–, dispuso: (i) declarar la nulidad de la Resolución 617 del 4 de agosto
de 2004, por la cual, la UIS sancionó disciplinariamente al profesor Estrada Gallego con
destitución, y (ii) ordenar, a título de restablecimiento del derecho, su reintegro al
empleo que desempeñaba, sin solución de continuidad, así como al pago de los
sueldos, prestaciones sociales y demás conceptos laborales, que dejó de percibir
desde su desvinculación y hasta su reintegro efectivo. (ver fundamento 89.10).

91. A continuación, la UIS profirió la Resolución 1228 del 22 de agosto de 2013, por
medio de la cual, dio cumplimiento a la orden judicial de segunda instancia del 23 de

71
Samai Consejo de Estado, expediente 68001233300020140033401, índice 18 «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo pdf
«ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRUEBAS Y ANEXOS(.pdf) NroActua 18», pág. 649 a 670.
72
Cfr. pie de página 52 de esta providencia.
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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

mayo de 2013, impartida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de
reintegrar al accionante como «profesor con dedicación de tiempo completo,
clasificado en la categoría de profesor asociado, adscrito a la Escuela de Economía y
Administración, de la Facultad de Ciencias Humanas», sin que se entienda que existió
solución de continuidad, y (ii) pagarle $772.172.154 por concepto de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación –producto de la destitución–
, hasta su reintegro, conforme lo dispuso la liquidación elaborada por la División de
Recursos Humanos de la universidad, que fue anexada al referido acto administrativo
(ver fundamento 89.23).

92. En ese sentido, lo primero que encuentra la Sala es que las inconformidades de
Fernando Estrada Gallego con la orden judicial, relacionadas con el empleo al que
según él debieron reincorporarlo, y con los puntos de salario por producción
académica, nunca se ventilaron en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que se estudió la legalidad de la sanción que le fue impuesta, por lo
tanto, no es posible reabrir en esta nueva oportunidad un debate ya concluido.

93. Por consiguiente, lo que se verifrica en el acto administrativo demandado y de las
resoluciones que lo confirmaron, es el cumplimiento a lo dispuesto en el fallo judicial
de segunda instancia del 23 de mayo de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo
de Santander, sin que esté acreditado circunstancias diferentes a las debatidas y
ordenadas en el fallo.

94. En consecuencia, lo demandado en este proceso es un clásico acto administrativo
de ejecución, a través del cual, la UIS dio cumplimiento a la referida sentencia judicial
se segunda instancia, ya que no trajo consigo situaciones jurídicas distintas a las
señaladas en la providencia que se cumple a través suyo.

95. Así las cosas, para la Sala es claro que el acto demandado es un acto administrativo
de ejecución, pues, materializó una decisión de una autoridad judicial, es decir, se
limitó a dar cumplimiento a una disposición judicial, sin que de él emanase situaciones
jurídicas distintas a las señaladas en la providencia judicial a la que da cumplimiento.

96. En razón a lo precedente, en lo que tiene que ver con el ascenso a un empleo
superior y el reconocimiento de los puntos salariales por producción académica, el acto
administrativo principal aquí demandado, Resolución 1228 de 2013, así como las
resoluciones que declararon la falta de requisitos del recurso de reposición, no son
pasibles de control judicial porque no excedieron lo dispuesto en la providencia judicial
a la que dan cumplimiento, porque no crean, modifican o extinguen situaciones
jurídicas diferentes a las estudiadas en la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Santander.

97. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia de
primera instancia proferida el 28 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará
que los actos administrativos demandados no son susceptibles de control judicial.

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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

3.5. Conclusión

98. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que las resoluciones demandadas
no son pasibles de control judicial ante esta jurisdicción porque no excedieron lo
dispuesto en la providencia judicial a la que dan cumplimiento, ya que no crearon,
modificaron o extinguieron situaciones jurídicas diferentes a las debatidas y decididas
en el proceso ordinario.

99. Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia proferida el 28 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará que los actos administrativos
demandados no son susceptibles de control judicial.

3.6. Costas

100. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario73 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandante haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual, negó las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

73
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a
un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Fernando Estrada Gallego
Demandada: UIS

Segundo: Declarar que los actos administrativos demandados no son susceptibles
de control judicial.

Tercero: No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

Con aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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