Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00377-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00377-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00377-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
10 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Causal 1.° del artículo 250 del CPACA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado
judicial del señor Marco Aurelio Monroy Chacón contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 30 de agosto
de 2018, a través de la cual se revocó la providencia emitida por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, que había accedido parcialmente a
las pretensiones de la demanda formulada por aquel, en el proceso de radicado 11
001 333 5021 2014 00203 01.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011, el señor Marco Aurelio Monroy Chacón, mediante apoderado,
solicitó la revisión de la referida sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 30 de agosto de 2018, pues
«no está ajustada a derecho»;1 en su lugar, pide que se declare la nulidad las
Resoluciones 046853 de octubre de 2013; RDP 051435 del 6 de noviembre de 2013;
y 002947 del 30 de enero de 2014, y en consecuencia, se ordene la expedición de
1 Memorial allegado a la plataforma SAMAI, visible a índice 12.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
un acto administrativo que reconozca el derecho del demandante a una pensión de
jubilación, en los términos dispuestos en la Ley 33 de 1985 y el pago de intereses
de mora conforme a la Ley 100 de 1993.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:
i) El señor Marco Aurelio Monroy Chacón interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad
de las Resoluciones 046853 de octubre de 2013; RDP 051435 del 6 de noviembre
de 2013; y 002947 del 30 de enero de 2014 y, en consecuencia, se ordenara el pago
de una pensión de jubilación a su favor.
ii) El Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda y en ese sentido, reconoció una pensión de jubilación
al hoy recurrente; sin embargo, no dio aplicación íntegra a la Ley 33 de 1985, pues
le exigió 60 años de edad para tal efecto.
iii) La providencia de primera instancia fue objeto de apelación por las partes. Por
un lado, el actor consideró que se desconoció que el artículo 1.° de la Ley 33 de
1985 establece que el requisito de la edad es de 55 años y no de 60 y, por el otro,
la entidad demandada afirmó que aquel no era beneficiario del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de sentencia de segunda
instancia revocó la providencia emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá. Para tal efecto, citó precedentes emitidos por la
Corte Constitucional referentes a la forma de determinación del IBL para quienes son
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y señaló que el señor
Monroy Chacón no era beneficiario de aquel.
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Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 30 de agosto de 20182 revocó la providencia del Juzgado
Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá del 8 de abril de 2016,
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
las negó. Los fundamentos jurídicos de la decisión fueron los siguientes:
i) Si bien es cierto que el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 20103
precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de salario, debían
incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica
el trabajador percibiera como contraprestación del servicio; también lo es que
aquella postura se ha tornado insostenible, lo cual conlleva a acatar lo expuesto por
la Corte Constitucional, a través de las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
T-039 de 2018, entre otras, respecto a la determinación del IBL de las prestaciones
reconocidas a los favorecidos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
ii) El señor Monroy Chacón no es beneficiario del régimen de transición aludido,
porque pese a que está demostrado que laboró al servicio del Estado durante 20
años, «no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 […] lo anterior, toda vez que el actor nació el 13 de diciembre de 1954 e inició
su vinculación con el Estado el 6 de julio de 1981.».
iii) En todo caso, pese a que el demandante no tiene derecho a una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, sí lo tiene de acuerdo con la Ley
100 de 1993, siempre y cuando cumpla con los requisitos ahí señalados. En ese
orden, se impone revocar la sentencia apelada4 y, en consecuencia, negar las
pretensiones de la demanda.
2 Folios 273 al 282. Aquella providencia fue emitida en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 11001333502120140020301, promovido por el ahora
recurrente contra la UGPP.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación 25000 23 25
000 2006 07509 01 (0112-09).
4 El Juzgado Veintiuno Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá en la sentencia de primera
instancia proferida el 8 de abril de 2016, había ordenado el reconocimiento y pago de una pensión
de jubilación a favor del señor Marco Aurelio Monroy Chacón, en condición de beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 14 de diciembre de 2014, en
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1.1.4. La causal de revisión invocada
El apoderado de la parte recurrente invocó la causal primera del artículo 250 del
CPACA, que señala «1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria». En desarrollo de esta causal,
expuso los siguientes argumentos:
i) El tribunal desconoció que el recurso de apelación presentado por el señor Monroy
Chacón se circunscribía a cuestionar el análisis que realizó el a quo frente al
requisito de la edad para obtener el derecho a la pensión de jubilación; sin embargo,
erróneamente, enfocó el estudio del caso en concreto a la fecha en que ingresó
aquel a laborar al servicio del Estado. En ese orden, si pretendía desvirtuar que no
contaba con la edad requerida, debió decirlo, pero no lo hizo, ya que con
fundamento en la fecha de entrada al servicio revocó el fallo que le otorgó el derecho
pensional.
ii) Conforme con lo acreditado en el expediente, el recurrente sí es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera
que para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de aquella norma en
el nivel territorial, contaba con 40 años, 6 meses y 18 días. Por su parte, para el año
2001, tenía más de 20 años de servicio, lo que indica que para el 25 de julio de
2005, acreditaba más de 750 semanas cotizadas. Finalmente, adquirió el estatus
jurídico pensional en el 2010, cuando cumplió 55 años de edad, razón por la cual
tiene el derecho al reconocimiento de una pensión de acuerdo con el artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985.
Al respecto, el tribunal debió analizar el contenido de la certificación expedida por el
Fondo Educativo Regional (FER) que expresamente señaló que el recurrente es
beneficiario del Decreto 1068 de 1995, en cuanto hace referencia a la entrada en
vigencia del Régimen de Seguridad Social para ese fondo, esto es, a partir del 30
el equivalente al 75 % del promedio de todos los factores devengados en el último año de servicio.
Folios 185 al 207.
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de junio de 1995. Por lo tanto, es claro que aquel sí estaba cobijado por el régimen
de transición.
iii) Tanto el juzgado como el tribunal erraron en la determinación de la edad del
señor Monroy Chacón, el primero porque reconoció la prestación exigiéndole
acreditar 60 años de edad, cuando lo cierto es que la Ley 33 de 1985 exige 55, en
otras palabras, aplicó dos regímenes, en cuanto a la edad el contenido en la Ley
100 de 1993 y frente al IBL lo calculó con el último año de servicio. Lo anterior, pese
a que en su motivación señaló que «tiene derecho a que se le reconozca y pague
la pensión de vejez, pues tiene 60 años de edad y cuenta con más de 1000 semanas
de cotización, requisitos previstos en el artículo 1 de la [L]ey 33 de 1985, régimen
aplicable a su caso».
De otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al señalar que el
recurrente no es beneficiario del régimen de transición y que podía acceder a una
pensión de jubilación una vez acreditara los requisitos exigidos en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, porque esta última norma es inaplicable en el entendido de
que aquel se retiró del servicio en el año 2001, es decir, antes de su entrada en
vigencia.
iv) «No existe, ni puede existir unidad lógica y jurídica en la sentencia que nos
ocupa, pues además de ser contradictoria, es irregular en su concepción, toda vez
que deja de lado la norma prevalente (LEY 33 DE 1985), para arraigar su fallo, al
contenido de una norma, que por ser más nueva, no por ello deja de ser inaplicable
al caso en estudio (LEY 797 DE 2003)».
v) El señor Monroy Chacón tiene derecho al pago de intereses moratorios, de
acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque su derecho se consolidó
cuando alcanzó los dos requisitos para acceder a la prestación, esto es, en el año
2009, sin embargo, a la fecha no le han sido pagadas las sumas de dinero a título
de pensión de jubilación.
1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
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Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderada, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, no obstante, su estudio estuvo enfocado al
análisis de la situación fáctica de una persona distinta a la parte demandante. Por
su parte, hizo un recuento sobre lo sostenido por esta corporación frente al numeral
1.° del artículo 250 del CPACA, a saber:5
i) La causal invocada no se encuentra plenamente probada, porque no se especifica
cuáles son las pruebas que fueron encontradas o recobradas y que hubieran
permitido proferir una decisión diferente a la recurrida. Por el contrario,
erróneamente el actor pretende reabrir el debate jurídico previamente agotado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y en esa medida, que se emita
un nuevo pronunciamiento.
ii) El Consejo de Estado ha señalado que para la prosperidad de la causal del
numeral 1.° del artículo 250 del CPACA, el accionante debe demostrar que la razón
por la cual no pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar
intencional de la contraparte, orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar
a la actuación judicial, o a una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Sin
embargo, en torno a las dos últimas situaciones se configura aquella causal solo en
caso de demostrarse la fuerza mayor.
iii) El actuar de la UGPP se encuentra permeado por el principio de buena fe, puesto
que ha atendido las reclamaciones sobre créditos laborales y los ha reconocido
cuando han sido comprobados conforme a las normas vigentes.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
5 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
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Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
El presente recurso de revisión se interpuso el 10 de octubre de 2018,6 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),7 por lo cual, esta corporación es competente
para conocerlo, en virtud del numeral 2.° del artículo 249 ejusdem.8 Asimismo,
atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter
laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del
proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto
en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.9
2.2. Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...]
podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.». En el sub lite, la providencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día
11 de octubre de 2018,10 y el recurso de revisión se interpuso el 10 de octubre de
2018;11 por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la
norma en cita.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, del 30 de agosto de 2018, está incursa en la
causal de revisión del numeral 1.° del artículo 250 del CPACA que establece «1.
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
6 El 10 de octubre de 2018, fue interpuesto el recurso extraordinario de revisión por el señor Marco
Aurelio Monroy Chacón (folio 290) el cual fue subsanado el 26 de noviembre de 2020, a través de
memorial allegado por correo electrónico vía SAMAI.
7 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
8 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las
partes el 8 de octubre de 2018, folios 284 al 287, de manera que cobró ejecutoria el 11 del mismo
mes y año.
11 El 10 de octubre de 2018, fue interpuesto el recurso extraordinario de revisión por el señor Marco
Aurelio Monroy Chacón (folio 290) el cual fue subsanado el 26 de noviembre de 2020, a través de
memorial allegado por correo electrónico vía SAMAI.
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Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria».
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»;12 por tal razón, su procedencia se limita a las
causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse
de manera restrictiva.
En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha sentencia se expuso lo siguiente:
Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como
una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el
recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha
sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta
es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal como
quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias
ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado.
Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero
su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión existente en la
jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como se dirige
12 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.
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contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las
características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.
[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el
campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada. (...) [Negrillas y cursivas del
original]
Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia
del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión,
no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias
ejecutoriadas y previa la constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas
causales que autorizan su utilización, permite enmendar errores o ilicitudes
cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho
al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en la siguiente
providencia de 2005:
Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en
relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la
Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de que
se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden
discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar
las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento
del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme cuando después
de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden hacer evidente
que el fallo fue erróneo o injusto.13
En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia
de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de
2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
[…] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original.
Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la
sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para
su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el
legislador en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota
al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a
este recurso al igual que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó,
señala que este se debe interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382
respectivamente. En otros términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o
medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de
agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.14
Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos
248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces
Administrativos».15 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de
la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación,16 y debe reunir los requisitos
fijados en el artículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal
invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su
poder y pretenda hacer valer.
Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma
inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el
recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del
CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de
14 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia
de 3 de febrero de 2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
15 Artículo 249 CPACA.
16 Artículo 251 CPACA.
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carácter procedimental.17 En sentencia de 8 de mayo de 2019,18 esta corporación,
respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo
siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales
del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia,
en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé
oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las
que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una
acción sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera
irregular, por lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o
particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas
a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por
finalidad, la protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se
aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales
del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a
establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como
una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica,
por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
17 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de
revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA,
deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de
juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al
desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión
(numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o
cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00
(REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
2.4.2. Causal de revisión 1ª del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria. […]
2.4.2.1. De la prueba recobrada o encontrada
En lo que respecta a la causal prevista en el artículo 250, numeral 1, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominada
jurisprudencialmente como «prueba recobrada», se debe señalar que para que
proceda, es necesario que se cumplan los requisitos delimitados en su tenor literal,
que son los siguientes:
i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de documentos,
sino a aquellos que se hubieran «encontrado» o «recobrado»,19 es decir, que ya
existían con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos o extraviados y por
ello no llegaron al conocimiento del juez del asunto objeto del recurso extraordinario,
pero se recuperaron en forma posterior a la sentencia. Adicionalmente, tales
documentos deben tener carácter decisivo, lo que quiere decir que se trata de
pruebas que tengan la entidad suficiente que, de haber sido valorados con las
demás pruebas obrantes en el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una
decisión diferente.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017,
radicado 44001 33 31 002 2005 00969 01 (47691) A, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa «es
viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y
luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El
verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera.»
12
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
Al respecto, esta Subsección ha señalado que «a partir de la expedición de la Ley
1437 de 2011 la referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está
referida a «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin
buscarlo». En cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como
encontrada o recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar
las razones por las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar
sustentadas en fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.».20
ii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso,
bien sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
La Sala Plena de esta Corporación, en torno a la prueba recobrada, se pronunció
en los siguientes términos:
Ha entendido la jurisprudencia21, que la prueba recobrada es un elemento probatorio
nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la
sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la
sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente
con posterioridad a ello.22 [Destaca la Sala].
Adicionalmente, se ha señalado que la exigencia de una prueba recobrada, es decir,
aquella que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él,
está justificada en el carácter extraordinario del recurso y la procedencia, igualmente
extraordinaria, o excepcional, de la causal, pues, de permitirse la modificación de
las sentencias con documentos generados en una fecha posterior a estas, se
atentaría contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad jurídica. Así lo
sostuvo esta Corporación:
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).
21 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del
proceso REV-096, Magistrado Ponente, Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA.»
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005,
radicado 11001 03 15 000 1997 00143 01 (REV-00143), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo23, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados
o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó
explicado, el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin24.
Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada
vez que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada,
pues bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la
producción o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio. Circunstancia
que, por sus consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica,
es preciso evitar.25 [Se resalta].
Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre26 que la razón por la cual no
pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la
contraparte orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación
judicial, o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno
a las dos últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de
demostrarse la fuerza mayor se podría configurar la causal. Así ha discurrido: 27
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el
caso fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar
la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las
vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone
a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la
propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse
en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a
asumir su propio riesgo y a reparar por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta
ser ajeno al mismo.
23 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).»
24 Cita propia del texto transcrito: «Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-
117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril
de 2011, Rad. 0242-09.».
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2016,
radicación 25000 23 26 000 1996 13158 01 (34697), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión;
sentencia del 7 de febrero de 2017, radicado 11001 03 15 000 2016 01440 00 ( REV); M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio «Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba
documental en el proceso, “el simple olvido, incuria o abandono de la parte”27 que habría sido
beneficiada con la prueba no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia.
-/ También se ha dicho que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la
ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente...” 28 -/ De otra parte, la jurisprudencia
advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben
probarse29 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas
circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 30» (cursiva y
números de cita propios del texto transcrito).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado
11001 03 25 000 2014 00329 00 (1001-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,28 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer,
por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.29
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la
obra de la parte contraria, deben probarse,30 esto es, aportar elementos de
convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que
hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.31
Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe
probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera
es criterio fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se
da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo
es de la fuerza mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el
daño.32
Así las cosas, para entrar a analizar los argumentos que sirvieron de base para la
procedencia de la causal, es necesario, en principio, verificar si los documentos que
se aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros expuestos
por la jurisprudencia y, si está demostrado que la falta de aportación de estos al
proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al
actuar de la parte contraria.
Finalmente, esta Subsección en sentencia del 10 de marzo de 2022, expresó lo
siguiente:33
[…] Entonces, para que se estructure la causal 1.a de revisión se requiere que el
documento que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los siguientes
requerimientos:
1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios
distintos tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).».
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).»
31 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó
unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio
ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito)
no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.»
32 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de
12 de diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de
Transporte.».
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener en
cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar
con alguien o algo sin buscarlo»34.
Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[...] volver a tomar o adquirir lo que
antes se poseía o se tenía [...]»35, es decir, que existiera en la época en la que se
tramitó el proceso pero que hubiera estado refundido o extraviado.
3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a
la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la
parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente sustentados y
probados.
4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto, hubieran
podido conducir a una decisión diferente. […]
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La causal del recurso extraordinario de revisión que se invoca en el sub judice es
la prevista en el numeral 1.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor:
«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria».
En concreto, alega el recurrente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, desconoció que el recurso de apelación
presentado por el señor Monroy Chacón se circunscribía a cuestionar el análisis
que realizó el a quo frente al requisito de la edad para obtener el derecho a la
pensión de jubilación. Por el contrario, el tribunal, de forma incorrecta, enfocó su
argumento en la fecha en que ingresó a laborar al servicio del Estado para revocar
la sentencia de primera instancia y en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
Aduce que conforme con lo acreditado en el expediente, sí es beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comoquiera
34 «https://dle.rae.es/encontrar»
35 «http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.»
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
que para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de aquella norma en
el nivel territorial, contaba con 40 años, 6 meses y 18 días de edad. Por su parte,
para el año 2001, tenía más de 20 años de servicio, lo que indica que para el 25 de
julio de 2005, acreditaba más de 750 semanas cotizadas.
De esta manera, manifiesta que tanto el juzgado como el tribunal erraron en la
determinación del requisito de la edad, el primero porque reconoció la prestación
exigiéndole acreditar 60 años de edad, cuando lo cierto es que la Ley 33 de 1985
prevé 55, en otras palabras, aplicó dos regímenes, en cuanto a la edad el contenido
en la Ley 100 de 1993 y frente al IBL lo calculó con el último año de servicio. El
segundo, porque señaló que no era beneficiario del régimen de transición
únicamente con fundamento en la fecha de ingreso al servicio y en razón a ello,
negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.
Ahora, la Sala observa que el recurrente pretende que se considere como recobrada
la prueba contenida en la certificación expedida por el Fondo Educativo Regional
(FER), mediante la cual se señala a. su condición de beneficiario del Decreto 1068
de 1995; y b. que la entrada en vigencia del Régimen de Seguridad Social para ese
fondo era desde el 30 de junio de 1995. Por lo tanto, en su concepto, era claro que
sí estaba cobijado por el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y, por ende, tenía derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985.
Pues bien, esta Subsección advierte que los argumentos relativos a. la exigencia,
por parte el a quo, en su concepto, errónea del requisito de la edad de 60 años en
vez de atender a los 55 años para adquirir el derecho pensional conforme a la Ley
33 de 1985; y b. a la referencia de la fecha de ingreso al servicio del recurrente
contenida en la certificación expedida por el Fondo Educativo Regional (FER), que
expresamente señaló que la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para ese
fondo, era a partir del 30 de junio de 1995; se dirigen a demostrar un aparente error
del juzgado y del tribunal al aplicar la norma rectora al caso concreto, con lo que se
advierte que se pretende reabrir la discusión jurídica, análisis que se encuentra
vedado para el juez del recurso extraordinario de revisión y que no se enmarca en
la causal invocada.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
En efecto, el señor Marco Aurelio Monroy Chacón, pretende probar que es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de
manera que tenía derecho a la aplicación íntegra de la Ley 33 de 1995.
Para la Sala, los argumentos del recurrente desconocen el carácter extraordinario
del recurso en tanto que tienen como finalidad controvertir posibles errores in
iudicando en los que incurrió el juez de segunda instancia y con ello reabrir el
debate sobre el fondo del asunto, lo que hace improcedente el análisis de tales
argumentos en sede de recurso extraordinario de revisión, el cual se encuentra
limitado a la configuración de la causal alegada, esto es, la contenida en el numeral
1.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la prueba recobrada.
Sobre el tema, se encuentra que, en efecto, el Fondo Educativo Regional Bogotá
expidió el 30 de abril de 2012 constancia de información laboral denominado
certificación de períodos de vinculación para pensiones y bonos pensionales del
demandante, a través de la cual se señala que para aquella entidad, la Ley 100 de
1993 entró a regir el 30 de junio de 1995;36 sin embargo, no es posible darle la
connotación de prueba recobrada, en cuanto no se trata de un documento que
hubiera estado desaparecido o extraviado y mucho menos que por una circunstancia
de fuerza mayor no se hubiera podido arrimar al proceso, o que tan solo se hubiera
encontrado o hubiera regresado a manos del actor hasta después de emitida la
sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, circunstancia necesaria para que proceda la causal invocada.
En otras palabras, no se trata de un elemento probatorio que existía al tiempo de
dictarse la sentencia, pero que no haya sido conocido por el fallador, pues está
acreditado que aquel documento sí reposaba en el expediente y fue parte del
material probatorio que el ad quem valoró con el fin de emitir la providencia recurrida,
pues expresamente así lo puso de presente, a saber:37
Caso concreto. En atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad
con los hechos constatados por el Tribunal, tenemos:
36 Folio 4.
37 Folio 281 reverso.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
[…] b) Certificación de información laboral, que da cuenta que estuvo vinculado con el
Fondo Educativo Regional de Bogotá desde el 6 de julio de 1981 hasta el 6 de octubre
de 2001 (f.4) […].
Lo anterior, impide, además, que el señor Monroy Chacón en el presente recurso
extraordinario acredite otro de los requisitos indispensables para que proceda la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del CPACA, esto es, exponer cuál
fue la circunstancia de fuerza mayor que impide la aportación al proceso de la
prueba, ya que, como quedó visto, la certificación a la que se alude sí fue arrimada
a aquel.
Las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que el actor no logró
demostrar que el documento que pretende hacer valer, constituye una prueba
recobrada y, por ende, no procede la causal invocada, razón por la cual se debe
declarar infundado el recurso.
No sobra agregar, en todo caso, que el reproche del señor Monroy Chacón se
circunscribe a cuestionar que el tribunal, por un lado, aparentemente, desbordó su
competencia porque realizó un análisis por fuera de los argumentos expuestos por
aquel en el recurso de apelación, los cuales se enfocaron a demostrar que el a quo
aplicó erróneamente aplicó la Ley 33 de 1985, en tanto le exigió acreditar 60 años
de edad para adquirir el derecho pensional; y, por el otro, valoró la fecha de ingreso
al servicio para fundamentar que no era beneficiario del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1995, confundiendo, en su concepto,
que el requisito de la edad no se acredita con el tiempo de servicio.
Lo anterior quiere decir que el objeto perseguido por aquel consistió en hacer uso
del recurso extraordinario como una tercera instancia, pese a que esa no es la
finalidad de este mecanismo. Es preciso recordar que debido a su carácter
extraordinario, la revisión no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles
errores in iudicando en los que incurra el fallador,38 ni para reabrir el debate
probatorio de las instancias, sino que su procedencia está delimitada por las
causales taxativas consagradas por el legislador.
38 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto,
por lo que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del
cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 1.º del artículo 250 del
CPACA, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio de
taxatividad),39 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia,40 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio
ya resuelto
Por lo tanto, las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que el actor
no logró demostrar que el documento que pretende hacer valer, esto es, la
certificación emitida por el Fondo Educativo Regional Bogotá el 30 de abril de 2012,
constituye una prueba recobrada y, por ende, no procede la causal invocada. En
consecuencia, la Sala encuentra infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por aquel.
3. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201641, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
39 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la
taxatividad de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores
de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la
Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación
del debido proceso».
40 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado 2001
00450 01, (2597-07); M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la
siguiente manera: «Estas restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en
materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate
concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo supuesto
mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el
recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la
operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la
jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta,
rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador
como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una
tercera instancia, utilizada para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir
el Tribunal por obra suya o de una de las partes».
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
20
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso42, la Sala condenará en costas al
recurrente, al no haber prosperado los argumentos de la revisión y por cuanto la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) contestó la demanda.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que los argumentos esbozados
por el recurrente para invocar el numeral 1.° del artículo 250 del CPACA no se
adecuan a las causales señaladas en dicha normativa para que haya lugar a infirmar
una sentencia, razón por la cual se impone declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.
42 «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.».
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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00377-00 (2682-2019)
Demandante: Marco Aurelio Monroy Chacón
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de
la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, el señor Marco Aurelio Monroy Chacón,
presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, del 30 de agosto de 2018, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia al recurrente y a favor de la
parte demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001333502120140020301 al tribunal
de origen y archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones
en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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