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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD, con el fin de que se infirme la sentencia del 26 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 850013333002201400314. Segundo: Se condena en costas a la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD, quien deberá pagar una suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de la presente providencia, en favor del señor Yuri Emilio Jaaman Meza. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de marzo de 2022

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017)
Demandante: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA,
UNAD
Demandada: YURI EMILIO JAAMAN MEZA

Temas: Causal de revisión del artículo 250-1 de la Ley 1437 de 20111.
Sentencia judicial como prueba recobrada.

SENTENCIA DE REVISIÓN O-013-2022

ASUNTO

La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con el fin de que se infirme la
sentencia de 26 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Yuri Emilio Jaaman Meza, bajo el radicado
850013333002201400314 00.

ANTECEDENTES

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El señor Yuri Emilio Jaaman Meza, por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó2 la
nulidad de los siguientes actos administrativos:

1
Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2
Folios 66 a 84 del cuaderno principal, tomo 1, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI

2

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

• Resolución 004006 del 28 de enero de 2014 por medio de la cual el rector
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, resolvió trasladar al
CEAD de Yopal al docente Yuri Emilio Jaaman Meza.
• Resolución 004206 del 25 de febrero de 2014 mediante la cual se confirmó
la decisión contenida en el ítem anterior, al desatar el recurso de
reposición.

A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a: i) reintegrar al demandante a su lugar de trabajo en el CEAD del municipio de
Sogamoso, Boyacá, dentro del término que prevea la sentencia; ii) pagar en su
favor los perjuicios materiales que resulten probados en el proceso; iii) cancelar
por concepto de daños morales un monto equivalente a 100 SMLMV y iv) pagar
las costas procesales.

Fundamentos fácticos:

1. A través de Convocatoria 001-08, en el 2008 se abrió concurso de méritos
para el personal docente, al cual se presentó el demandante. Surtidas las etapas
correspondientes, en el año 2009 el señor Yuri Emilio Jaaman Meza fue
nombrado en período de prueba y, el 6 de septiembre de 2010, incorporado a la
carrera docente como docente auxiliar de tiempo completo, adscrito a la Escuela
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

2. En el año 2010, el señor Yuri Emilio Jaaman Meza solicitó a la institución
su traslado al Centro de Educación a Distancia de Sogamoso, en consideración
a que su familia residía en dicho municipio. Una vez aceptada su petición, el
docente continuó en ejercicio de las directrices fijadas en el Plan de Gestión
acordado con la decanatura, dentro del cual su labor como docente era 95%
virtual.

3. El educador se afilió a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios,
ASPU, y, desde el 2010, integró la Comisión de Reclamos de esta organización.

4. El rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mediante
Resolución 004006 del 28 de enero de 2014, resolvió trasladar al docente al
CEAD de Yopal.

5. Por medio de la Resolución 004206 del 25 de febrero de 2014 se confirmó
la decisión contenida en el numeral anterior, al desatar el recurso de reposición.

Como normas transgredidas, citó los artículos 6, 29, 39 y 209 de la Constitución
Política; 2, 3, 5, 34 y 67 del CPACA y 1, 22, 23, 24, 406 y 407 del CST.

3

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

A continuación, consideró que los actos objeto de demanda adolecen de nulidad
habida cuenta de que carecen de motivación, desconocen el fuero sindical que
ostenta el docente y omiten indicar los recursos con los que se cuenta para
discutir su contenido.

Recordó que tanto el Consejo de Estado3 como la Corte Constitucional4 han
sostenido que la entidad tiene el deber de motivar los actos administrativos, dado
que ello hace efectiva la cláusula del Estado de Derecho y los principios:
democrático y de publicidad. En ese sentido, estimó que no es suficiente con que
se indique que la decisión se adopta «por necesidades del servicio».

Sobre el punto, aseveró que la entidad demandada desatendió varias
circunstancias que rodean la situación del demandante, a saber: i) que la labor
es desempeñada en un 95% de forma virtual. Por ese motivo resulta necesario
que se expresen las razones que hacen indispensable el traslado del trabajador;
ii) que se encontraba adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades, en el área de Filosofía y Licenciatura de Filosofía, en la que
ejecuta su actividad docente en el municipio de Sogamoso, Boyacá y, sin
justificación, fue trasladado a la zona Amazonía (Así se expresa en el acto
demandado) de la cual hace parte el CEAD de Yopal, inclusive inobservando que
allí trabajan docentes con el mismo perfil laboral, estos son, Margareth Jiménez,
Carlos Felipe Velásquez y Cristian Rodríguez y iii) que en la zona de traslado
solo hay un estudiante accediendo a los servicios educativos, que, insiste, son
virtuales.

Agregó que, teniendo en cuenta el fuero sindical que ostenta el trabajador, la
entidad tampoco podía emitir un acto de traslado sin que previamente hubiera
acudido ante el juez laboral para obtener el permiso correspondiente para ello.
De igual manera, afirmó que las resoluciones objeto de demanda no solo
adolecen de falta de motivación, sino que fueron expedidas con desviación de
poder, pues en su criterio, tuvieron como fin contrarrestar la actividad sindical del
docente, quien permanentemente se enfrentaba con las directivas de la
universidad.

CONTESTACION DE LA DEMANDA5

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, presentó escrito en el que se
opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que las Resoluciones
004006 de 28 de enero de 2014 y 004206 del 25 de febrero de la misma anualidad
fueron proferidas conforme lo prevé la ley, por un funcionario competente y con
observancia de que el cargo desempeñado por el docente Yuri Emilio Jaaman

3
Citó la sentencia de la Sección Cuarta, del 21 de noviembre de 2012, radicado 2008-90151.
4
Citó las sentencias T-723 de 2010, SU-917 de 2010 y T-991 de 2012.
5
Folios 135 a 148 del cuaderno principal, tomo 1, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI

4

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Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Meza hace parte de una planta de personal global y flexible, dentro de la cual
pueden efectuarse cambios por necesidades del servicio.

Del mismo modo, explicó que, contrario a lo expuesto por el demandante, el
traslado tuvo como fin cumplir los requerimientos efectuados por el director y la
decana del CEAD de Yopal, quienes mediante cartas suscritas el 30 de diciembre
de 2013 y 14 de enero de 2014 manifestaron, en su orden, la «necesidad de
robustecer la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades “ECSAH”, por lo
menos con un docente más de planta» y que «el CEAD de Yopal por su ubicación
geográfica podría ser el Centro de acción del equipo docente por lo cual y para tal fin es
necesario el traslado del señor JAAMAN MEZA ». De ahí que el traslado obedeció a
la naturaleza de la planta de personal y a las peticiones de los directivos del
CEAD de Yopal.

Por otro lado, recordó que el docente, con el fin de dejar sin efectos el acto de
traslado, promovió acción de tutela ante el Juzgado Tercero Promiscuo de
Familia de Santa Rosa de Viterbo, quien concluyó que la decisión adoptada por
la universidad no era arbitraria, en la medida en que atendió las necesidades del
servicio y la condición de empleado de una planta global. Dicha decisión fue
confirmada por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 30 de abril de
2014.

Por otra parte, resaltó que el Ministerio del Trabajo a través de las Resoluciones
000128 de 2013 y 001856 del 31 de octubre de 2014, entre otras cosas, concluyó
que la organización sindical ASPU SECCIONAL UNAD no existe.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones:

• «LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN
LAS RESOLUCIONES Nos 004006 y 004206»: Sobre el punto, explicó
que los actos fueron proferidos por autoridad competente, con fundamento
en que la entidad goza de una planta global, en atención a los
requerimientos del servicio y con observancia de los procedimientos
propios para su expedición.
• «EXCEPCIONES GENÉRICAS»: Pidió decretar de oficio cualquier
excepción que se encuentre probada en el sub lite, según lo previsto en el
artículo 187 del CPACA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Segundo Administrativo, Sistema Oral, de Yopal, mediante sentencia
del 10 de febrero de 2016 resolvió: i) declarar la nulidad de las Resoluciones

6
Folios 186 a 213 del del cuaderno principal, tomo 3, del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI.

5

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Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

004006 del 28 de enero de 2014 y 004206 del 25 de febrero de la misma
anualidad; ii) ordenar el reintegro del docente a su puesto de trabajo en el
municipio de Sogamoso, Boyacá; iii) condenar a la UNAD a pagar en favor del
demandante la suma de $1.525.000, a título de perjuicios materiales,
ocasionados por el desplazamiento y estadía en la ciudad de Yopal; y iv) denegar
las demás pretensiones. Los argumentos que sirvieron de fundamento fueron los
siguientes:

Expuso brevemente que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución
Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. De igual manera, que, en
Colombia el derecho de los trabajadores a organizar y constituir sindicatos
comporta gran importancia en el mundo laboral, en la medida en que les permite
defender sus intereses y hacer efectivas sus garantías. Asimismo, que según el
artículo 69 ibidem, el principio de autonomía universitaria ha sido interpretado por
la Corte Constitucional como una protección a la auto regulación y gestión tanto
en el campo educativo como administrativo de las instituciones privadas y
oficiales, encargadas de la prestación del servicio público de educación superior.

Seguidamente, revisadas las pruebas obrantes en el dossier de cara con los
preceptos normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto, encontró que, si
bien la UNAD tiene una planta global y flexible de empleados, que le confiere la
discrecionalidad de trasladar a sus trabajadores por necesidades del servicio, lo
cierto es que, en el caso del señor Yuri Emilio Jaaman Meza, se debió solicitar
autorización al juez laboral para su traslado, tal y como lo prevén las
disposiciones contenidas en los artículos 39 de la Constitución Política; 22, 23,
24, 405, 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo y 113 del Código Procesal
del Trabajo, dado que al integrar la Junta Directiva Seccional de la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, desde el 2010, se encontraba
investido de fuero sindical.

RECURSO DE APELACIÓN

Yury Emilio Jaaman Meza7

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de alzada en
contra de la decisión de primera instancia en cuanto negó el reconocimiento de
la totalidad de los perjuicios materiales y los daños morales.

Sobre el punto, explicó que la suma reconocida por perjuicios materiales solo da
cuenta de los gastos que se causaron al momento de presentar la demanda. En

7
Folios 216 a 218 del cuaderno principal, tomo 3, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI.

6

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

su criterio, teniendo en cuenta que en otros momentos procesales no le fue
permitido aportar más documentos, el juez debió valorar las facturas obrantes en
el expediente y, con base en ellas, efectuar un promedio de los gastos en que el
docente incurrió durante todo el tiempo en que tuvo que continuar desplazándose
hacia el municipio de Yopal.

De igual manera, insistió en que contrató una persona para que se encargara de
llevar y recoger del colegio a su menor hija, pues, antes de su traslado, era él
quien ejecutaba dicha labor. Este gasto lo calculó en $1.000.000.

En ese mismo sentido, aseveró que, contrario a lo expuesto por el a quo, los
daños morales sí se encuentran probados dentro del proceso, pues es razonable
inferir que con su traslado se afectó la unidad familiar y las condiciones de vida
de los integrantes de esta. Al respecto, destacó que el Consejo de Estado 8 ha
señalado que de acuerdo con las reglas de la experiencia el perjuicio moral se
presume por la víctima directa y sus parientes cercanos.

Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD 9

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que explicó que, si bien
la universidad reconoce la existencia y legalidad del sindicato denominado
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, como de gremio de
primer grado, lo cierto es que, ello no ocurre con su seccional para la UNAD, en
la medida en que esta última se creó en contravía de las disposiciones contenidas
en el Código Sustantivo Laboral, artículo 391 numeral 1.

Al respecto, explicó que la ASPU cuenta con cinco subdirectivas en la ciudad de
Bogotá, a saber, en las siguientes universidades:

• Nacional: Constancia de Depósito de cambio de Junta Directiva 217 del
15 de mayo de 2013.
• Nacional Abierta y a Distancia: Constancia de Depósito de cambio de
Junta Directiva 272 del 15 de mayo de 2014.
• Distrital Francisco José de Caldas: Constancia de Depósito de cambio de
Junta Directiva 171 del 14 de abril de 2014.
• Pedagógica Nacional: Constancia de Depósito de cambio de Junta
Directiva 457 del 22 de septiembre de 2014.
• La Escuela Tecnológica Instituto Central: Constancia de Depósito de
cambio de Junta Directiva 372 del 22 de agosto de 2013.

8
No cita ninguna sentencia al respecto.
9
Folios 219 a 228 del cuaderno principal, tomo 3, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI.

7

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

De igual manera, señaló que, el 26 de mayo de 2015, la UNAD demandó a la
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, en los términos
previstos en el artículo 380 del CST, con el fin de que se cancelara la inscripción
de la Junta Directiva de la Subdirectiva ASPU de la UNAD, que aparece en la
constancia de depósito 272 del 15 de mayo de 2014.

Asimismo, indicó que, el asunto fue conocido por el Juzgado Quince Laboral de
Bogotá, el cual, mediante sentencia del 22 de junio de 2015, ordenó al Ministerio
del Trabajo cancelar la inscripción efectuada en el Registro Sindical de la
Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, de la Subdirectiva
correspondiente a la UNAD. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por el
Tribunal Superior de Bogotá, Sala Segunda de Decisión Laboral, a través de
proveído del 25 de agosto de 2015.

Bajo esa misma línea, reiteró que de acuerdo con el artículo 391 del CST todo
sindicato podrá prever la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos
municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no
inferior a 25 miembros. No obstante, de ninguna manera podrá haber más de una
subdirectiva o comité por municipio. Para el efecto, citó el concepto 694 de 1994
proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y las
sentencias del 7 de mayo de 199810 y 17 de septiembre de 200411, emitidas, en
su orden, por la Sección Segunda y la Sección Primera de la misma corporación,
así como la sentencia C-043 de 2006 de la Corte Constitucional.

De igual modo, informó que a través de Oficio 189066 del 23 de septiembre de
2013 el Ministerio del Trabajo consideró que no es viable que una organización
sindical cree una directiva seccional en el mismo domicilio o residencia de la
Junta Directiva Nacional, ya que entorpece el funcionamiento interno de la
organización sindical. Señaló que este concepto se acompasa con las
Resoluciones 000128 de 2013 y 001856 del 31 de octubre de 2014 expedidas
por la misma entidad, en las que se concluyó que no era posible negociar con
ASPU Seccional UNAD por cuanto esta no existe.

Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE REVISIÓN12

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia del 26 de octubre de
2016, modificó el ordinal 4 de la decisión de primera instancia, en el sentido de
condenar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, a pagar en favor

10
Radicado: 15627
11
Radicado: 11001032500020010276 01.
12
Folios 88 a 97 cuaderno segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI.

8

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

del demandante una suma equivalente a 15 SMLMV a la fecha de ejecutoria de
la sentencia, esto es, $10.341.825 por concepto de perjuicios morales. Lo anterior
de conformidad con las consideraciones que siguen.

Inicialmente, advirtió que el análisis en el sub examine se circunscribiría a los
argumentos expuestos en los recursos de apelación interpuestos por las partes,
sin tener en consideración las adiciones introducidas en la etapa de alegatos de
conclusión. De igual manera, que no serían apreciadas las pruebas aportadas en
esta instancia, comoquiera que no fueron decretadas ni corresponden a los casos
enlistados en el artículo 212 del CPACA. De ahí que delimitó su competencia y
las pruebas que serían objeto de análisis.

Luego, explicó que, tal como lo indicó el a quo, dadas las garantías
constitucionales que existen en torno a la creación de los sindicatos, una vez
efectuado el depósito o registro de las subdirectivas y cargos directivos, el
empleador no puede ignorar, entre otros aspectos, el fuero sindical del que gozan
los integrantes de aquellas. Así pues, de ser necesario algún cambio en sus
condiciones se deberá acudir a las autoridades administrativas y judiciales del
trabajo para obtener la respectiva autorización.

Después, al examinar las probanzas obrantes en el dossier concluyó que la
autoridad nominadora pretermitió el procedimiento que debía surtir para trasladar
a un docente amparado por el fuero sindical. En su criterio no basta con que un
testigo manifieste que existen varias subdirectivas del mismo sindicato, más aún
cuando hay documentos que evidencian que el demandante era directivo del
ASPU desde 2010 y que en el 2013 hubo un litigio en relación con la negociación
colectiva y el cese de los descuentos sindicales. Dicho de otro modo, la
universidad debió probar cuándo se constituyó cada subdirectiva, se hicieron los
depósitos y si estos estaban vigentes al momento del traslado.

Para terminar, en relación con los daños morales, indicó que estos están
probados en el expediente. En efecto, observó que con el traslado intempestivo
no solo se vulneró el debido proceso, sino que también se afectó el proyecto de
vida del docente y se perturbó su círculo familiar, lo que generó malestares
emocionales injustificados.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN13

La universidad demandante recurrió la sentencia de segunda instancia a través
del recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó la causal consagrada
en el artículo 250 numeral 1 del CPACA. Esta norma se refiere a la posibilidad
de hacer uso de este mecanismo procesal en caso de haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

13
Folios 1-9 cuad. ppal.

9

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

Como pretensiones del recurso extraordinario de revisión, solicitó que se revoque
la decisión proferida el 26 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo del
Casanare dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
850013333002201400314, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda.

Al presentar el fundamento fáctico del recurso, el recurrente indicó que mediante
las Resoluciones 004006 del 28 de enero de 2014 y 004206 del 25 de febrero de
la misma anualidad, se ordenó el traslado del docente Yuri Emilio Jaaman Meza
al CEAD del municipio de Yopal, por necesidades del servicio. Que inconforme
con la decisión, el docente interpuso demanda de nulidad y restablecimiento en
contra de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, con el fin de obtener la
nulidad de los actos citados.

A continuación, señaló que el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal,
mediante sentencia del 10 de febrero de 2016, accedió a las pretensiones de la
demanda y ordenó reintegrar al señor Yuri Emilio Jaaman Meza a su cargo en el
municipio de Sogamoso, Boyacá, bajo el argumento de que el docente gozaba
de fuero sindical y en esa medida, para su traslado, debió solicitarse la
correspondiente autorización. Seguidamente, que el Tribunal Administrativo del
Casanare, a través de proveído del 26 de octubre de 2016, modificó el fallo
anterior en el sentido de reconocer daño moral en favor del docente y, confirmó
en lo demás.

Por otro lado, recordó que la universidad siempre actuó con diligencia, con
observancia de la Constitución y la ley, y bajo la convicción de que la subdirectiva
se había creado con violación al debido proceso y demás normas. En razón a
ello promovió demanda ante la jurisdicción laboral. Correspondiéndole el
conocimiento del asunto al Juzgado Quince Laboral de Bogotá, éste, mediante
proveído del 22 de junio de 2015, ordenó cancelar la inscripción de la Asociación
Sindical. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Segunda de Decisión
Laboral, el 25 de agosto del mismo año, revocó la anterior.

Por lo anterior, nuevamente presentó demanda, la cual fue resuelta por el
Juzgado Civil del Circuito de Funza, mediante sentencia del 24 de enero de 2017,
dentro de la cual se ordenó la cancelación de la inscripción de la Subdirectiva de
la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Seccional de la
Universidad Nacional, Abierta y a Distancia y declaró que aquella se creó con
violaciones al ordenamiento jurídico. Dicho proveído fue confirmado por el
Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, a través de sentencia del 3 de
marzo de 2017.

10

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

De acuerdo con lo expuesto, afirmó que las sentencias mencionadas tienen la
condición de prueba recobrada ya que de haber existido al momento de proferir
el fallo que se revisa, el resultado hubiera sido diferente, pues con ellas se puede
deducir que de manera alguna el docente se encontraba amparado por fuero
sindical.

CONTESTACIÓN DEL RECURSO14

El señor Yuri Emilio Jaaman Meza, mediante apoderado, contestó el recurso
extraordinario de revisión en los siguientes términos:

Aseguró que, contrario a lo expuesto por el recurrente, en el presente asunto no
se configura la causal 1 del artículo 250 del CPACA, habida cuenta de que las
sentencias del 24 de enero de 2017 y 3 de marzo de la misma anualidad, por
medio de las cuales se ordenó cancelar el registro sindical de ASPU, UNAD, no
cumplen con los requisitos que exige la causal, a saber: i) no fueron encontradas
ni recobradas, en la medida en que aquellas se profirieron con posterioridad a la
decisión objeto de revisión; y ii) de ninguna manera puede hablarse de que se
dejaron de aportar por fuerza mayor o caso fortuito dado que ni siquiera existían.

Además, destacó que, en todo caso, para la fecha en que se trasladó al docente
de su lugar de trabajo, la existencia de la Subdirectiva Sindical de ASPU, UNAD
estaba cobijada por la presunción de legalidad y, por ende, sus integrantes
gozaban de las garantías propias de la organización sindical.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 15.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de
marzo de 201916.

14
Folios 70 a 74 del cuad. ppal
15
En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto
de 2009.
16
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.

11

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión formulado por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

Oportunidad

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del plazo que prevé
el artículo 251 del CPACA en razón a que la sentencia recurrida del 26 de octubre
de 2016 quedó ejecutoriada el 2 de noviembre de la misma anualidad17 y el
correspondiente recurso de revisión se interpuso el 17 de mayo de 201718.

Problema jurídico

El interrogante que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿El documento que se alega como recobrado después de la sentencia de
segunda instancia que aquí se estudia cumple con los requisitos previstos en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA?

La tesis que sostendrá la Subsección es que no se configura la causal invocada.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos
jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 19 y persigue el
restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías
procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue
afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso
procesal.

Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada20, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento
jurídico y garantía del debido proceso.

17
Tal como se advierte en la constancia secretarial expedida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, obrante en el folio 99 del cuaderno de segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI .
18
Folio 45 vuelto, cuad. Ppal.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
15 de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014.
Recurrente: Horacio Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
20
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias,
en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico

12

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Se trata de un recurso que por su naturaleza extraordinaria solo opera por razón
de las causales señaladas taxativamente en el artículo 250 del CPACA y en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que, de haberse conocido antes, habrían
conducido a otro resultado diferente al plasmado en el fallo impugnado.

El recurso extraordinario de revisión no puede considerarse como una
oportunidad para reabrir un debate jurídico, probatorio y fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido, tampoco es una ocasión para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso.

De lo anterior se concluye que el recurso extraordinario de revisión no habilita
una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede
ordinaria21, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

Causal 1 de revisión

La causal del recurso extraordinario de revisión invocada en el sub judice es la
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal dispone:

«[…]1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […]»

En relación con esta causal, que ha sido denominada por la jurisprudencia como
«prueba recobrada», la Sala Plena del Consejo de Estado señaló lo siguiente:

«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y
que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo
presentarla oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria […]»22

de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual
implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos
variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Bogotá D.C.,
treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-
2010-01147-01(1365-14)
21
O replantear temas ya litigados.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, expediente 1999-00218.

13

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Al respecto, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia23 han
considerado que cuando hace referencia a la prueba recobrada se hace relación
únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto de
revisión, en garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Así,
por regla general, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se
trata de otro tipo de pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos o
exámenes médicos especializados, o cuando ésta es producida u obtenida de
manera posterior a la sentencia que se revisa.

Ahora, es de resaltar que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 la
referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a «dar
con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo ». En cualquier
caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada o
recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las razones
por las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar sustentadas
en fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Entonces, para que se estructure la causal 1.ª de revisión se requiere que el
documento que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los
siguientes requerimientos:

1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios
distintos tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.

2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener
en cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca
o dar con alguien o algo sin buscarlo»24.

Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[…] volver a tomar o adquirir lo
que antes se poseía o se tenía […]» 25, es decir, que existiera en la época en la
que se tramitó el proceso pero que hubiera estado refundido o extraviado.

3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias
ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente
sustentados y probados.

4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto,
hubieran podido conducir a una decisión diferente.

Caso concreto

23
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.
Expediente núm. 7269
24
https://dle.rae.es/encontrar
25
http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

14

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Conforme a lo expuesto debe examinarse entonces si las sentencias del 24 de
enero de 2017 y 3 de marzo de la misma anualidad, proferidas en su orden, por
el Juzgado Civil del Circuito de Funza y el Tribunal Superior del Distrito de
Cundinamarca, Sala Laboral, son un documento recobrado o encontrado y, en
caso de serlo, las razones que no le permitieron aportarlo en la etapa procesal
oportuna.

(i) Que se trate de una prueba documental. Es preciso indicar que según
el artículo 24326 del CGP27 las sentencias son documentos públicos. No obstante,
solo tienen carácter probatorio cuando se pretende demostrar la existencia de la
sentencia o el derecho reconocido o declarado por ésta en el caso particular y,
para efectos de aquel, verbigracia, cuando se aduce al proceso como título
ejecutivo, se allega a una entidad para hacer efectiva la condena impuesta, o se
utiliza para demostrar la cosa juzgada, entre otras28.

Sobre el punto, la Sección Tercera de esta corporación, como medio de prueba
en otros procesos judiciales, ha sostenido que no son conducentes para soportar
elementos distintos a su propia existencia, la fecha de su suscripción, lo que se
resolvió en ellas, cuándo y cuál autoridad la profirió. Textualmente, señaló29:

«[…] Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales se ha afirmado
lo siguiente:

“...aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en
esta ciudad... no puede perderse de vista que la copia de una decisión
jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su
existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las
motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede
afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una
sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación,
en la fecha mencionada, más no sirve para la demostración de los hechos
que fundamentaron tal resolución... pues como lo ha reiterado la Sala
tener como plenamente acreditados los hechos tenidos como ciertos
en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, podría
suscitar eventos“...incompatibles con principios básicos de derecho
procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien

26
Artículo 243. Distintas clases de documentos (…) Los documentos son públicos o privados.
Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con
su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de
funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por
el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien
haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.
27
Consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 20 de agosto de 2021, exp: 2020-02925 (REV).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de
mayo de 2021, C.P: Rocío Araujo Oñate, exp: 2021-00012-00 (REV).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 7
de mayo de 2008, radicado: 19.307.

15

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
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correspondería valorizar y analizar las pruebas para formar su propia
convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría
obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y
las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni
intervenir en su producción...” […]»

En suma, la Subsección considera que las providencias judiciales son
documentos públicos y tienen valor probatorio para acreditar en otros procesos
los eventos expuestos anteriormente.

De ahí, que, sea razonable inferir que los fallos del 24 de enero de 2017 y 3 de
marzo de la misma anualidad, proferidos en su orden, por el Juzgado Civil del
Circuito de Funza y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
Sala Laboral, para el caso concreto, son un documento público que puede tener
valor probatorio, ya que con ellas se pretende demostrar la cancelación de la
inscripción de la Subdirectiva de la Asociación Sindical de Profesores
Universitarios, Seccional de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia,
ASPU-UNAD.

(ii) El documento debe ser recobrado o encontrado. La parte demandante
aduce que las decisiones judiciales constituyen una prueba recobrada, y que la
decisión objeto de revisión «es injusta».

Al respecto, en primer lugar, la Subsección advierte que en el escrito introductorio
no se expone porqué las sentencias tienen la calidad de prueba recobrada, por
el contrario, los argumentos se limitan a señalar que la decisión acusada se
fundamentó en una condición que ostentaba el señor Yuri Emilio Jaaman Meza
como integrante de la junta directiva de la Subdirectiva de la Asociación Sindical
de Profesores Universitarios, Seccional de la Universidad Nacional, Abierta y a
Distancia, ASPU-UNAD. De igual manera, se reiteraron los argumentos
desarrollados durante todas las etapas del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cual, no es del resorte del recurso extraordinario de revisión.

En segundo lugar, se observa que la razón por la cual no fueron aportadas al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es porque se emitieron con
posterioridad a la sentencia objeto de censura. En efecto, las decisiones del 24
de enero de 2017 y 3 de marzo de la misma anualidad fueron proferidas, en virtud
de la actuación desplegada por la universidad ante el juez ordinario y, se
materializaron con posterioridad al fallo que se revisa, ya que este se emitió por
el Tribunal Administrativo del Casanare el 26 de octubre de 2016.

Así las cosas, las referidas providencias no tienen la calidad de prueba
recobrada, en tanto que fueron expedidas como resultado de las acciones
ejecutadas por la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD y en fecha
posterior a la decisión que se pretende infirmar. Repárese en que el verbo

16

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
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«recobrar» implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así
las cosas, para que una prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente
extraviada o refundida y, luego haberse recuperado; bajo la premisa de que
durante todo el proceso la parte hubiere estado en la imposibilidad de aportarla
por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Las circunstancias expuestas por la parte recurrente no se enmarcan en el
concepto de la prueba recobrada. Ello, por cuanto las sentencias que se allegan
para el estudio en sede extraordinaria no existían para el momento en que se
tramitó el proceso ordinario por parte del docente, pues fueron emitidas con
posterioridad, como consecuencia de la actuación del ente universitario.

En consecuencia, los documentos aducidos no cumplen con este requisito.

(iii) Que no hubiera podido ser aportado oportunamente por
circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente.

En lo relativo a esta exigencia, se advierte que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obra prueba de que la entidad ya había iniciado una
demanda en la que pidió la cancelación de la inscripción en el registro sindical de
la Subdirectiva Seccional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Lo
anterior, con el objeto de controvertir el fuero sindical del señor Yuri Emilio
Jaaman Meza, dado que la subdirectiva seccional ASPU se creó en contravía de
las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo Laboral, artículo 391
numeral 1.

El proceso fue tramitado por el Juzgado Quince Laboral de Bogotá, que, mediante
proveído del 22 de junio de 2015, ordenó cancelar la inscripción de la Asociación
Sindical. Empero, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Segunda de Decisión
Laboral, el 25 de agosto del mismo año30, revocó esta decisión, con fundamento
en lo siguiente:

«[…] [L]a acción seguida por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD, no encuentra sustento jurídico alguno y, por ende, las decisiones que
sobre el particular se tomen, pierden fuerza jurídica por no contar con
consecuencias que deriven de su condena, se itera, en la medida que las
subdirectivas fueron concebidas como delegaciones administrativas del
sindicato y, es por ello, que se accede a la inscripción únicamente de las
juntas directivas de las seccionales pero no como una asociación con
personería jurídica independiente.
De esta manera, la parte accionante bien pudo solicitar la nulidad del acto
administrativo del Ministerio del Trabajo, a través del cual se aprobó la
inscripción de los Estatutos o la Junta Directiva de las subdirectivas, pero en
manera alguna la cancelación de una personería.

30
Folios 229 a 237 del cuad. de Pruebas, Tomo 4 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho obrante en el índice 25 del sistema informático SAMAI.

17

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En armonía con lo anterior, la acción perseguida con la modificación de los
estatutos cuando se demuestre una vulneración a las normas del trabajo,
escapan del ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral, pues al tenor de la
Constitución Política y la Ley, este petitum se encuentra bajo la competencia
del Ministerio del Ramo al efectuar el control inicial de los citados
documentos; así, aprobada la inscripción de la junta del comité o subdirectiva
sindical y otorgada la capacidad para actuar, los jueces laborales no pueden
entrar a reformar las determinaciones avaladas por el Estado y que
configuran la autonomía propia de las colectividades sindicales […]

Se suma a lo precedente, que la causal alegada en la demanda no se
encuentra enmarcada en aquellas de que trata el artículo 401 del CST, como
específica para pretender la disolución, liquidación y cancelación de la
personería jurídica, a más que la misma se encuentra como regulación del
numeral 1º del artículo 380 ibidem que contempla especialmente las
sanciones a imponer […]». (Se resalta)

De acuerdo con lo transcrito, dado que previamente no se agotó el procedimiento
administrativo ante el Ministerio del Trabajo, se negaron las pretensiones de
cancelación de registro sindical.

La providencia del 25 de agosto de 2015 fue valorada por el Tribunal
Administrativo de Casanare, de lo cual concluyó que para la fecha en la que se
expidieron los actos demandados «existía con registro vigente ante la autoridad del
trabajo la subdirectiva UNAD del sindicato ASPU, al parecer constituida en el año 2012
y hasta ahora no se ha probado que la inscripción de la composición haya sido revocada
por la autoridad administrativa no suspendida o anulada por decisión judicial. La
existencia de ASPU y la pertenencia del acto al comité de reclamos la conoce la UNAD
cuando menos desde el año 2010». A partir de ello, concluyó que para la época en
la que se dispuso el traslado del allí demandante, él estaba amparado por la
garantía del fuero sindical y, en relación con la presunción de legalidad del
registro sindical valoró:

«[…] Constituido el sindicato o las subdirectivas, el registro oficial o depósito
desencadena todas las garantías que dispone el ordenamiento; se trata de
un acto administrativo revestido de presunción de legalidad, que solo puede
ser retirado por su autor vía revocatoria directa, o por los jueces
competentes.

No es la autoridad nominadora del servidor presuntamente aforado quien
deba decidir si existen la organización sindical, las subdirectivas, los órganos
de dirección, los comités de reclamos o los fueros, los cuales tienen un
espectro ampliado de protecciones: al servidor o trabajador en perspectiva
individual; pero también y con mayor arraigo e importancia en el plano de
los derechos sociales y políticos, a la estructura sindical en sí misma y al
derecho de asociación como una reivindicación de las sociedades
industriales, de alta valía para la reconstrucción de la paz social en
economías en que concurren intereses a veces concordantes, más
frecuentemente tensiones y no pocos conflictos en la relación entre quienes
detentan el capital y quienes aportan la fuerza humana de trabajo […]»

18

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
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De lo expuesto se concluye que, antes de las sentencias que se traen al recurso
extraordinario de revisión, ya había un pronunciamiento que denegó la
cancelación del registro, el cual fue objeto de valoración por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y que solo fue posible obtener la
pretendida cancelación, cuando se instauró un nuevo proceso en el que se
subsanaron las actuaciones que habían dado lugar a su negativa, que más
adelante llevó a que se accediera a lo pretendido por la universidad, y, que hoy
pretende utilizarse como prueba recobrada.

De lo anterior se desprende que lo que persigue el demandante es reabrir la
etapa probatoria del proceso ordinario, como si de una tercera instancia se
tratara, para insistir en los argumentos expuestos en las instancias del proceso y
no se enmarca en los supuestos de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza
mayor y el caso fortuito31, ni mucho menos se atribuyen a la parte contraria.

En esas condiciones, se recalca que el recurso extraordinario no es una
oportunidad más para subsanar la negligencia de las partes frente a sus
actuaciones o para mejorar las pruebas ya aportadas dentro del proceso.

(iv) Que el documento o documentos que se afirman decisivos, hubieran
podido conducir a una decisión diferente.

Con las sentencias del 24 de enero de 2017 y 3 de marzo de la misma anualidad,
proferidas en su orden, por el Juzgado Civil del Circuito de Funza y por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, que se
aducen como prueba recobrada, la UNAD pretende demostrar que el aquí
demandado no estaba amparado por la garantía de fuero sindical, dado que más
adelante se canceló el registro sindical de la Subdirectiva de la cual él hacía
parte. De esta manera justifica el carácter decisivo de la prueba.

Sobre este particular, debe precisarse que, aunque se admitiera la tesis de la
demandante acerca de la existencia de un documento recobrado o encontrado,
la información que allí se plasma no cambia la situación fáctica ni jurídica ante
la que se encontraba el Tribunal Administrativo de Casanare al momento de
proferir la sentencia objeto de revisión.

Ciertamente, la cancelación de la inscripción del registro de la Subdirectiva de la
que hacía parte el señor Yuri Emilio Jaaman Meza surte efectos hacia el futuro,

31
Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de
agosto de 2014, radicación: 730012331000200002654 01 (30026), actor: Gerardo Ernesto Mejía
Alfaro y otros.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de marzo de 2015, radicación: 11001-03-
27-000-2014-00022-00 (21024), demandante: Municipio de Girardot.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación: 08001 23 31
000 2011 00768-01 (20904), demandante: Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas
COINPRA.

19

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

pues mientras aquella estuvo vigente sus integrantes actuaron válidamente ante
las autoridades; y solo con la negativa de su inscripción ante el Ministerio
correspondiente o su cancelación judicial puede predicarse la pérdida del fuero,
tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia T-733 de 2011. Ello
en armonía con lo señalado por el artículo 380 del CST, numeral 1, literal c), que
prevé la cancelación de la inscripción del registro sindical como una sanción (art.
400, numeral 1, literal d) por cualquier violación de las normas allí contenidas32,
de lo cual se deriva la restricción de dar efectos retroactivos a dicha sanción33.

En estos términos, dado que la sentencia aportada como prueba recobrada se
emitió el 3 de marzo de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, Sala Laboral, es decir, con posterioridad a la providencia objeto
de revisión, que data del 26 de octubre de 2016, es razonable colegir que para
esa fecha el aquí demandado aún gozaba de las garantías del fuero sindical,
que solo perdió cuando la inscripción de la subdirectiva de la que él hacía parte
fue cancelada por la jurisdicción ordinaria.

Por lo expuesto, es plausible colegir que la situación jurídica del señor Yuri Emilio
Jaaman Meza se consolidó previo a la expedición de aquellas sentencias y, dado
que aquellas no tienen efectos desde el nacimiento del acto de registro sindical
de la directiva de la cual él hacía parte, no habría incidido en la decisión que se
adoptó. Por lo tanto, los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso extraordinario de revisión no tienen vocación de prosperidad.

En conclusión: No se configura la causal 1.º de revisión prevista en el artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, pues el documento aducido como recobrado después de la
sentencia de segunda instancia no tiene tal carácter. Además, su contenido no
resultaba decisivo en la providencia recurrida.

Decisión

Al no haberse demostrado la configuración de la causal invocada por la
demandante, la Subsección A, declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas en vigencia del CPACA, el Consejo de Estado34
puntualizó lo siguiente:

32
Segunda Parte sobre el Derecho Colectivo del Trabajo.
33
Sobre el principio de irretroactividad en materia sancionatoria, se puede consultar: Consejo
de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de octubre de 2002, radicación
1454, actor: ministro de transporte.
34
Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María
del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.

20

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
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«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –
CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se
“dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total
o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en
el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia
laboral, se fijará en atención a la posición de los sujetos procesales, pues
varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado,
estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así
como la complejidad e intensidad de la participación procesal - Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -.
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán
por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas - incluidas las agencias en derecho -, la hará el
despacho de primera o única instancia, como lo indica el CGP,35 previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»

De acuerdo con lo anterior, la Subsección considera que es procedente la
condena en costas en el caso sub examine toda vez que se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión según lo establecido en el numeral 1 del
artículo 365 del CGP36, en cuanto señala «[…] Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de […]
revisión que haya propuesto […]».

Así las cosas, teniendo en consideración que el Acuerdo 10554 de 2016 proferido
por el Consejo Superior de la Judicatura prevé que las costas se tasarán entre 1
y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes y, que la intervención de la
parte demandada se limitó a la oposición del recurso extraordinario, la
Subsección condenará en costas en una suma equivalente a un salario mínimo
mensual legal vigente a la fecha de la presente providencia, en favor del señor
Yuri Emilio Jaaman Meza y, a cargo de la parte recurrente, vencida en el presente
asunto. Lo anterior, en atención a la naturaleza, calidad y duración de la gestión
desplegada por el apoderado del demandado en el trámite del proceso, la cual
se evidencia en el plenario.

35
«[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
36
En ese sentido la Ley 2080 de 2021, en el artículo 255 también previo: « […] Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.»

21

Radicado: 110010325000201700446 00 (2108-2017)
Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD, con el fin de que se infirme
la sentencia del 26 de octubre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
bajo el número 850013333002201400314.

Segundo: Se condena en costas a la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia,
UNAD, quien deberá pagar una suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente a la fecha de la presente providencia, en favor del señor Yuri Emilio
Jaaman Meza.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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