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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00397-00

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00397-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, la señora Agueda Elvira Meza Barrera, presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 13 de septiembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la recurrente y a favor de la parte demandada. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso ejecutivo con radicado 110013334205020170018401 al tribunal de origen y archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00397-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado
judicial de la señora Agueda Elvira Meza Barrera contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 13 de
septiembre de 2019, a través de la cual se revocó la providencia emitida por el
Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, el 12 de febrero de 2018,
que había ordenado continuar con la ejecución de las diferencias de las mesadas
pensionales a favor de la demandada, en el proceso radicado 11-001-334-2050-
2017-00184-01.1
1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la

1 En el referido proceso, el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá a través de la

providencia del 12 de febrero de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP, de
acuerdo con las condenas contenidas en las sentencias del 31 de mayo de 2012, emitida por el
Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá y del 14 de mayo de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de
Descongestión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
11001333101720110004101. Folios 8 al 52 del cuaderno 1 del proceso ejecutivo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

Ley 1437 de 2011, la señora Agueda Elvira Meza Barrera, mediante apoderado,
solicitó la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 13 de septiembre de 2019, y en
su lugar i) reconocer como constancias de ejecutoria el Edicto S2-EF-1075, el Oficio
3348 de mayo de 2013 y «los documentos proferidos por el Juzgado Cincuenta
Administrativo de Bogotá en el marco de proceso ejecutivo, radicado
110013342050201700184, en los cuales […] se pronuncia y afirma la ejecutoria de
las sentencias»;2 y ii) ordenar al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá
continuar con el proceso ejecutivo, en el estado en el que se encontraba antes de
que se profiriera la sentencia reprochada.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:

i) El 1.° de febrero de 2011, la señora Agueda Elvira Meza Barrera radicó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra CAJANAL, cuyo reparto inicialmente
correspondió al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, radicado 2011-00041.
Posteriormente, el proceso fue remitido al Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá.

ii) El 31 de mayo de 2012, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá profirió sentencia, en el sentido de acceder a las pretensiones
de la demanda. De esta manera, ordenó a CAJANAL, hoy UGPP, reliquidar la pensión
de jubilación de la actora.
iii) El 31 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, confirmó parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, en el sentido de
modificar el numeral tercero de su parte resolutiva, en los siguientes términos:3

2 Folio 16 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
3 Folio 32 al 52 del cuaderno 1 del proceso ordinario.

La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
modificó la decisión emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de
Bogotá, el 31 de mayo de 2012, en el entendido de incluir la doceava parte de la bonificación por
servicios devengada por la señora Agueda Elvira Meza Barrera, en la liquidación de su pensión de
jubilación y no teniendo en cuenta su valor total, como lo había ordenado el juzgado.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 31 de mayo de
2012 por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, el cual quedará así:

“Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL
E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, a reliquidar el valor de la mesada pensional de jubilación de la
señora AGUEDA ELVIDA MEZA BARRERA […] con base en el setenta y cinco por
ciento (75 %) del salario promedio mensual devengado en el último año de servicio, con
todos los factores salariales devengados en el último año de prestación de servicio, 1°
de noviembre de 2003 al 31 de octubre de 2004) (sic), esto es: la asignación básica,
auxilio de alimentación y la doceava parte de la bonificación por servicios
prestados, primas de servicios, vacaciones y de navidad y siempre que resultare ser
esta liquidación más favorable que la actual que se encuentra devengando la actora.

Así mismo, se autoriza a la demandada para descontar de los valores que resulten a
favor de la actora, los aportes que aquella le corresponde para el Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, por virtud de los nuevos factores que no se hubiere realizado el
aporte en su momento.

La reliquidación pensional se hará efectiva a partir del 01 de febrero de 2008, por virtud
de la prescripción trienal”. […] (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)

iv) El 8 de junio de 2017, ante el incumplimiento por parte de CAJANAL, hoy UGPP, de
las sentencias previamente referidas, la señora Meza Barrera interpuso acción
ejecutiva ante el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá por ser el despacho
de origen de conocimiento.

v) El 11 de agosto de 2017, el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá emitió
auto a través del cual señaló, lo siguiente:4

[…] Las sentencias obrantes en el proceso cumplen con las exigencias formales
establecidas en la ley, por contener una obligación clara, expresa y exigible, y de la
fecha de su ejecutoria se infiere que ha trascurrido el término legal requerido, siendo
exigible la obligación, sin encontrarse caducada la acción.

RESUELVE

PRIMERO. SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO por la vía EJECUTIVA EN FAVOR
DE LA SEÑORA AGUEDA ELVIRA MEZA BARRERA en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, en la suma de […] (Subrayado y Resaltado
original del texto).

4 Folio 5 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

vi) El 12 de febrero de 2018, el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:5

[…] 4. RELACIÓN DE HECHOS Y FIJACIÓN DEL LITIGIO

[…] Las sentencias que sirven de título ejecutivo quedaron ejecutoriadas el 28 de
mayo de 2013 y la parte ejecutante radicó derecho de petición solicitando el
cumplimiento el 19 de septiembre del mismo año.

[…]

FALLA:

[…] TERCERO: Se sigue adelante con la ejecución respecto a las diferencias de
mesadas pensionales que se vienen causando desde el 1° de febrero de 2008 hasta la
fecha que se dé cumplimiento total de la obligación, indexándose dichas diferencia
(sic) hasta la ejecutoria de las sentencias 28 de mayo de 2013 y desde el día
siguiente intereses moratorios por el retroactivo ya pagado hasta el último año anterior a
la inclusión en nómina del mismo, para lo cual corresponde al apoderado de la señora
AG[U]ED[A] ELVIRA en la etapa de liquidación del crédito allegar constancia del mes de
inclusión en nómina, e intereses moratorios que se calculen por la nuevas diferencias
que se causen por el error de la entidad de no incluir las factores salariales en los valores
realmente devengados que se liquidarán desde el día siguiente a la ejecutoria de la
condena -29 de mayo de 2013- hasta la fecha del pago total de la obligación, conforme
a lo ya explicado. (Subrayado y Resaltado original del texto).

vii) El 13 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, emitió sentencia de segunda instancia, en el
sentido de revocar la providencia emitida por el juzgado el 12 de febrero de 2018 y
en su lugar, declaró, de oficio, la excepción de inexistencia del título ejecutivo.
Fundamentó su decisión en que no se aportó la constancia de ejecutoria de las
providencias que se aducían como título ejecutivo, como lo exigen los artículos 422
del CGP y 68 del CPACA.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 13 de septiembre de 20196 revocó la providencia del
Juzgado Cincuenta Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá del 12 de

5 Folios 5 y 6 ibidem. La recurrente señala que la fecha de ejecutoria de las providencias objeto de

la acción ejecutiva, fue reiterada por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá a través del
auto del 2 de marzo de 2018, proferido en el marco de la audiencia de conciliación de que trata el
artículo 192 del CPACA.
6 Folios 20 al 33 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.

4

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

febrero de 2018, que dentro del proceso ejecutivo 2017-00184-01, promovido por la
ahora recurrente, accedió a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos
jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

i) De conformidad con el artículo 114 del CGP, las copias de las providencias que se
pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de ejecutoria. Por su
parte, la Corte Suprema de Justicia ha explicado la importancia del estudio de los
requisitos del título antes de librar mandamiento de pago o incluso, en la decisión
de seguir adelante con la ejecución y señaló que «la revisión del título ejecutivo por
parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso
[que las obligaciones sean expresas, claras y exigibles], debe ser preliminar al
emitirse la orden de apremio y también en la sentencia que, con posterioridad,
decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa.». (Subrayado y Resaltado
original del texto).

ii) De acuerdo con la facultad del juez de verificación de oficio de la integración y
eficacia del título que sostiene la ejecución, a voces de los artículos 422 CGP y 68
del CPACA, este debería estar integrado por a. la providencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá del 31 de
mayo de 2012; b. la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 14 de mayo de 2013; y c. la constancia de
ejecutoria de aquellas sentencias. Sin embargo, en el sub lite no se acreditó la
existencia de un título ejecutivo, porque revisados los documentos que integran el
expediente, entre los que se encuentra un CD que contiene la actuación
administrativa, no se aportó la referida constancia de ejecutoria y en esa medida no
cumple con los requisitos formales.7

En ese sentido, no es procedente que el juez que conoce del proceso ejecutivo oficie
a la autoridad judicial o administrativa en la cual reposa el documento con el fin de
que lo remita, en razón a que ello constituye una carga del ejecutante que no puede
ser asumida por el juez ejecutor. En consecuencia, no es posible decretar una

7 El tribunal citó al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

auto del 14 de marzo de 2019, radicado 25000234200020150205701 (0044-16).

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

prueba tendiente a constituir el título ejecutivo, pues se vulneraría el derecho al
debido proceso de la parte ejecutada.

iii) Por lo expuesto, tras verificar que el título de recaudo no cumple con los requisitos
legales que le son exigibles, se estima que este es inexistente, por lo que se impone
revocar la decisión de seguir adelante con la ejecución y en su lugar, se declara
probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo.

1.1.4. La causal de revisión invocada

El apoderado de la parte recurrente invocó la causal primera del artículo 250 del
CPACA, que señala «1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la

sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria» y, en desarrollo de esta,
expuso los siguientes argumentos:

i) El tribunal desconoció que el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá se
refirió, expresamente, en los autos del 22 de junio, del 11 de agosto de 2017, del 2
de marzo de 2018 y en la sentencia del 12 de febrero de 2018, a la fecha de
ejecutoria de las providencias que se pretenden sean consideradas como título
ejecutivo. En esa medida, aquellas afirmaciones realizadas por el juzgado, debieron
ser apreciadas objetivamente, pues tienen la virtualidad de ser constancias de
ejecutoria; sin embargo, en contravía del principio de primacía de la realidad sobre
las formas y del artículo 302 del CGP, la referida autoridad judicial consideró que se
debía aportar al expediente constancia de ejecutoria en un formato preestablecido.

ii) En el expediente del proceso ejecutivo, el cual fue remitido al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, reposaban los siguientes documentos que hacen
las veces de constancia de ejecutoria: a. el edicto S2-EF-1075, a través del cual se
señalaron las fechas en que se fijó y se desfijó aquel, esto es, el 21 de mayo de
2013, a las 8:00 a.m., y el 23 del mismo mes y año, a las 5:00 p.m., respectivamente;
y b. el Oficio 3348, mediante el cual se informó que la providencia emitida por el

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

referido tribunal, «se enc[o]ntra[ría] debidamente ejecutoriada tres (3) días
hábiles después de desfijado el EDICTO».8

En ese sentido, según el calendario de Colombia del año 2013, la fecha de
ejecutoria de las sentencias, que son los títulos ejecutivos que se presenten hacer
valer, corresponde al 28 de mayo de 2013, tal como de manera previa lo había
determinado el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá.

1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso
a la prosperidad de las pretensiones, en los siguientes términos:9

i) En los términos de los artículos 114 y 422 del CGP, los documentos necesarios
para el inicio del proceso ejecutivo en este proceso son a. las sentencias de primera
y segunda instancia; y b. la constancia de ejecutoria de estas. Este último no es
hace necesario cuando la ejecución se inicia ante el mismo juez que profirió la
sentencia.

Sin embargo, en el sub lite la sentencia (título ejecutivo) fue proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo de Descongestión de Bogotá y el mandamiento de pago lo libró
el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, de manera que al no iniciarse la
demanda ejecutiva ante el mismo juez que emitió el fallo, era necesario aportar con
la demanda, la constancia de ejecutoria a fin de acreditar la exigibilidad del título,
pues este es un requisito insaneable.

ii) La verificación de la publicación del edicto no suple a la constancia de ejecutoria
del título ejecutivo cuando este es requerido, es decir, con el solo hecho de revisar
este documento no se puede inferir la ejecutoria.

iii) El artículo 302 del CGP citado por la recurrente hace referencia a la ejecutoria de
las providencias, pero no lo hace respecto al trámite especial del proceso ejecutivo,

8 Folio 11 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
9 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 8 adjuntado a SAMAI.

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

pues para este último, es menester acreditar la exigibilidad del título ejecutivo
adjuntando la constancia de ejecutoria.

iv) La UGPP dio cumplimiento del fallo judicial, hoy título ejecutivo, mediante la
Resolución RDP 42558 del 14 de noviembre de 2017. Además, ordenó y pagó los
intereses moratorios como consta en la Resolución SFO 2136 del 16 julio de 2019.

v) Es pertinente resaltar que las constancias de ejecutoria generalmente van en el
cuerpo del título ejecutivo o en una hoja anexa en la que se deja constancia escrita
por parte del secretario del número de folios que tiene el fallo, así como de la
fidelidad de su contenido y la fecha de ejecutoria; esto con el fin de que el Juez
Cincuenta Administrativo de Bogotá, pudiera librar mandamiento de pago. Además,
no es dable que el juez determine aquella fecha, ya que en los términos del CGP
solo puede dejar constancia de hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de
sus funciones.

vi) Las pruebas indicadas por la recurrente fueron objeto de valoración por el
tribunal, lo que implica que no fueron encontradas o recobradas. En estos términos,
no existiría un fallo diferente como se pretende, en la medida en que la autoridad
judicial después de la valoración de los elementos probatorios a su disposición,
tomó la decisión de terminar el proceso por inexistencia de título ejecutivo de oficio,
con fundamento en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

El presente recurso de revisión se interpuso el 28 de enero de 2020,10 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),11 por lo cual, esta corporación es competente

10 Folio 17 reverso del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.
11 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

para conocerlo, en virtud del numeral 2.° del artículo 249 ejusdem.12 Asimismo,
atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter
laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del
proceso, es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto
en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de 2019.13

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...]
podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.». En el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 15
de octubre de 2019,14 y el recurso de revisión se interpuso el 28 de enero de 2020;15
por lo tanto, el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma
en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, del 13 de septiembre de 2019, está incursa en la
causal de revisión del numeral 1.° del artículo 250 del CPACA que establece «1.
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria».

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

12 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada electrónicamente a las

partes el 9 de octubre de 2019, folios 229 al 231 del cuaderno 1 del proceso ejecutivo, de manera
que cobró ejecutoria el 15 del mismo mes y año.
15 Folio 17 reverso del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»;16 por tal razón, su procedencia se limita a las
causales taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse
de manera restrictiva.

En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha sentencia se expuso lo siguiente:

Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como
una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el
recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha
sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta
es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal como
quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias
ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado.
Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero
su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión existente en la
jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como se dirige
contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las
características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.

[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el
campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada. (...) [Negrillas y cursivas del
original]

16 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia
del antiguo Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión,
no obstante, la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias
ejecutoriadas y previa la constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas
causales que autorizan su utilización, permite enmendar errores o ilicitudes
cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho
al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en la siguiente
providencia de 2005:

Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en
relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la
Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de que
se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden
discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden fiscalizar
las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al aparecimiento
del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme cuando después
de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden hacer evidente
que el fallo fue erróneo o injusto.17

En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia
de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:

[…] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original.
Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la
sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para
su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el
legislador en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota
al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a
este recurso al igual que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó,
señala que este se debe interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382
respectivamente. En otros términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de

2005, Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.

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medio de control. En consecuencia, a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de
agosto quedó claro que el mencionado recurso es un nuevo proceso.18

Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos
248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces
Administrativos».19 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de
la ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación,20 y debe reunir los requisitos
fijados en el artículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal
invocada, acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su
poder y pretenda hacer valer.

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma
inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el
recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del
CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de

carácter procedimental.21 En sentencia de 8 de mayo de 2019,22 esta corporación,
respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo
siguiente:

[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales

18 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia

de 3 de febrero de 2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
19 Artículo 249 CPACA.
20 Artículo 251 CPACA.
21 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de

revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del
CPACA, deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor
intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal
(numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°,
referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez
intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la
decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado:
2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico.

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Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia,
en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé
oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las
que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una
acción sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera
irregular, por lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o
particularidades: i) una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas
a instaurarla; ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por
finalidad, la protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se
aplica el procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales
del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a
establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como
una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica,
por lo que no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

2.4.2. Causal de revisión 1ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria. […]

2.4.2.1. De la prueba encontrada o recobrada

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En lo que respecta a la causal prevista en el artículo 250, numeral 1, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominada
jurisprudencialmente como «prueba recobrada», se debe señalar que para que
proceda, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de documentos,
sino a aquellos que se hubieran «encontrado» o «recobrado»,23 es decir, que ya
existían con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos o extraviados y por
ello no llegaron al conocimiento del juez del asunto objeto del recurso extraordinario,
pero se recuperaron en forma posterior a la sentencia. Adicionalmente, tales
documentos deben tener carácter decisivo, lo que quiere decir que se trata de
pruebas que tengan la entidad suficiente que, de haber sido valorados con las
demás pruebas obrantes en el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una
decisión diferente.

Al respecto, esta Subsección ha señalado que «a partir de la expedición de la Ley
1437 de 2011 la referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está
referida a «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin
buscarlo». En cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como
encontrada o recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar
las razones por las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar
sustentadas en fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.».24

ii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso,
bien sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

La Sala Plena de esta Corporación, en torno a la prueba recobrada, se pronunció
en los siguientes términos:

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017,

radicado 44001 33 31 002 2005 00969 01 (47691) A, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa «es
viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y
luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El
verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera.»
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).

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Ha entendido la jurisprudencia25, que la prueba recobrada es un elemento probatorio
nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la
sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la
sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente
con posterioridad a ello.26 [Destaca la Sala].

Adicionalmente, se ha señalado que la exigencia de una prueba recobrada, es decir,
aquella que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él,
está justificada en el carácter extraordinario del recurso y la procedencia, igualmente
extraordinaria, o excepcional, de la causal, pues, de permitirse la modificación de
las sentencias con documentos generados en una fecha posterior a estas, se
atentaría contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad jurídica. Así lo
sostuvo esta Corporación:

Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo27, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados
o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó
explicado, el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin28.

Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada
vez que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada,
pues bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la
producción o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio. Circunstancia
que, por sus consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica,
es preciso evitar.29 [Se resalta].

Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre30 que la razón por la cual no
pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la

25 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del

proceso REV-096, Magistrado Ponente, Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA.»
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005,

radicado 11001 03 15 000 1997 00143 01 (REV-00143), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).»
28 Cita propia del texto transcrito: «Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-
117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril
de 2011, Rad. 0242-09.».
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2016,

radicación 25000 23 26 000 1996 13158 01 (34697), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión;

sentencia del 7 de febrero de 2017, radicado 11001 03 15 000 2016 01440 00 ( REV); M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio «Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba
documental en el proceso, “el simple olvido, incuria o abandono de la parte”27 que habría sido
beneficiada con la prueba no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia.

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contraparte orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación
judicial, o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno
a las dos últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de
demostrarse la fuerza mayor se podría configurar la causal. Así ha discurrido: 31

Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el
caso fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar
la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las
vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone
a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la
propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse
en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a
asumir su propio riesgo y a reparar por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta
ser ajeno al mismo.

De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,32 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer,
por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.33

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la
obra de la parte contraria, deben probarse,34 esto es, aportar elementos de
convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que
hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.35

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe
probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera
es criterio fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se
da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo
es de la fuerza mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el
daño.36

-/ También se ha dicho que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la
ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente...” 28 -/ De otra parte, la jurisprudencia
advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben
probarse29 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas
circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.30» (cursiva y
números de cita propios del texto transcrito).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado

11001 03 25 000 2014 00329 00 (1001-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
33 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).».
34 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).»
35 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó
unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio
ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito)
no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.»
36 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de

12 de diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de
Transporte.».

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Así las cosas, para entrar a analizar los argumentos que sirvieron de base para la
procedencia de la causal, es necesario, en principio, verificar si los documentos que
se aducen como recobrados o encontrados, en efecto, lo son, dentro de los
parámetros expuestos por la jurisprudencia y, si está demostrado que la falta de
aportación de estos al proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una
causa atribuible al actuar de la parte contraria.

En resumen, esta Subsección en sentencia del 17 de marzo de 2022, sostuvo lo
siguiente:37

[…] Entonces, para que se estructure la causal 1.a de revisión se requiere que el
documento que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los siguientes
requerimientos:

1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios distintos
tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.

2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener en
cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar con
alguien o algo sin buscarlo».38

Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[...] volver a tomar o adquirir lo que antes
se poseía o se tenía [...]»,39 es decir, que existiera en la época en la que se tramitó el
proceso pero que hubiera estado refundido o extraviado.

3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la
voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria, eventos que deben encontrarse debidamente sustentados y probados.

4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto, hubieran podido
conducir a una decisión diferente. (Comillas originales del texto).

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Con el fin de abordar el problema jurídico planteado, es preciso recordar que debido
a su carácter extraordinario, la revisión no puede ser solicitada con el fin de
controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra el fallador,40 ni para

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019).
38 https://dle.rae.es/encontrar
39 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
40 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.

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reabrir el debate probatorio de las instancias, sino que su procedencia está
delimitada por las causales taxativas consagradas por el legislador.

Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto,
por lo que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del
cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 1.º del artículo 250
del CPACA, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio
de taxatividad),41 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su
jurisprudencia,42 la revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda
replantearse el litigio ya resuelto.
Ahora bien, alega la recurrente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, desconoció que el título ejecutivo que pretendía
ejecutar fue constituido en debida forma, comoquiera que, en su concepto, el
Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, a través de varias
providencias, realizó afirmaciones tendientes a determinar la fecha de ejecutoria de
las sentencias judiciales objeto de ejecución.43

En su concepto, a través de los autos del 22 de junio, del 11 de agosto de 2017, del
2 de marzo de 2018 y de la sentencia del 12 de febrero de 2018, el Juzgado

41 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la

taxatividad de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores
de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la
Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación
del debido proceso».
42 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado 2001

00450 01, (2597-07); M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la
siguiente manera: «Estas restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en
materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate
concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo supuesto
mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el
recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la
operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la
jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta,
rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador
como fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una
tercera instancia, utilizada para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir
el Tribunal por obra suya o de una de las partes».
43 Es decir, las sentencias proferidas el 31 de mayo de 2012, por el Juzgado Sexto Administrativo de

Descongestión de Bogotá y el 14 de mayo de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, radicado 11001333101720110004101.
Folios 8 al 52 del cuaderno 1 del proceso ejecutivo.

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Cincuenta Administrativo de Bogotá hizo alusión a que el 28 de mayo de 2013 cobró
ejecutoria la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, el 14
del mismo mes y año, emitida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicado 11001333101720110004101.

Igualmente, la actora manifiesta que en el expediente reposaban los siguientes
documentos que hacen las veces de constancia de ejecutoria y que constituyen una
prueba recobrada: a. el Edicto S2-EF-1075, suscrito por el secretario del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, Subsecretaría común, Sección
Segunda, a través del cual se señalaron las fechas en que se fijó y se desfijó la
referida providencia, esto es, el 21 de mayo de 2013, a las 8:00 a.m., y el 23 del
mismo mes y año, a las 5:00 p.m., respectivamente; y b. el Oficio 3348, emitido por
el mencionado secretario, mediante el cual se informaba que la providencia emitida
por el referido tribunal, «se enc[o]entra[ría] debidamente ejecutoriada tres (3)
días hábiles después de desfijado el EDICTO […]».44 (Subrayado y Resaltado
original del texto). En consecuencia, en su concepto, se desconoció el artículo 302
del CGP porque la norma no impone un formato específico o predeterminado.

Pues bien, se observa que los argumentos de la recurrente desconocen el carácter
extraordinario del recurso, comoquiera que tienen como finalidad controvertir
posibles errores in iudicando en los que, presuntamente, incurrió el juez de segunda
instancia y con ello reabrir el debate sobre el fondo del asunto, lo que hace
improcedente su análisis, ya que, se recuerda, el presente recurso extraordinario
de revisión se encuentra limitado a la configuración de la causal alegada, esto es,
la contenida en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA.

Esta Subsección encuentra que el Edicto S2-EF-1075 y el Oficio 3348, no tienen la
calidad de prueba recobrada, porque, como se expuso en el acápite denominado
«marco normativo» de esta providencia, el verbo «recobrar» implica que se hubiere
perdido algo que más tarde se recupera. Así, para que una prueba tenga tal entidad
debió estar inicialmente extraviada o refundida y, luego haberse recuperado, bajo la

44 Folio 11 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.

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premisa de que, durante todo el proceso, la parte hubiere estado en la imposibilidad
de aportarla por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

A juicio de la Sala, no hay prueba de que los documentos que la recurrente alega
como recobrados, hubieran estado desaparecidos y aquella tan solo los hubiera
encontrado con posterioridad al fallo objeto del recurso extraordinario de revisión;
por el contrario, reconoce que «en el expediente reposaban varias constancias de
ejecutoria de las sentencias judiciales (títulos ejecutivos), las cuales no fueron
tenidas en cuenta por el a[d] quem».45

Bajo tal panorama, la presunta falta de valoración probatoria, alegada por la
demandante, del Edicto S2-EF-1075 y del Oficio 3348, emitidos el secretario del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, Subsecretaría común,
Sección Segunda, no puede tenerse como un hecho súbito o repentino o
«imprevisto al cual no es posible resistir».
En otras palabras, no se trata de un elemento probatorio que existía al tiempo de
dictarse la sentencia, pero que no haya sido conocido por el fallador, pues se advierte
que aquellos documentos fueron expedidos por la misma autoridad judicial que
emitió la sentencia de segunda instancia que se pretende ejecutar y que debían
reposar en el expediente del proceso nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior impide, además, que la señora Meza Barrera en el presente recurso
extraordinario acredite otro de los requisitos indispensables para que proceda la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, exponer cuál fue la
circunstancia de fuerza mayor que impide la aportación al proceso de la prueba.

Finalmente, respecto del carácter decisivo que les atribuye la recurrente a los
documentos aportados, habrá de señalarse que este requisito sería examinado en
la medida que se hayan acreditado los anteriores presupuestos.

No sobra agregar, en todo caso, que el reproche de la recurrente se circunscribe a
cuestionar que el tribunal, por un lado, inobservó el artículo 302 del CGP porque el

45 Folio 9 del cuaderno del recurso extraordinario de revisión.

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título ejecutivo contentivo de las sentencias emitidas en primera y en segunda
instancia, sí estaba bien constituido, lo cual permitía continuar con la ejecución
previamente ordenada por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá mediante
la sentencia de primera instancia del 12 de febrero de 2018; y, por el otro, no tuvo en
cuenta el Edicto S2-EF-1075 y el Oficio 3348, suscritos por el secretario del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, Subsecretaría común, Sección
Segunda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado
11001333101720110004101.

Lo anterior, quiere significar que el objeto perseguido consistió en hacer uso del
recurso extraordinario como una tercera instancia, pese a que esa no es la finalidad
de este mecanismo.

Por lo tanto, las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que la actora
no logró demostrar que los documentos que pretende hacer valer constituyen una
prueba recobrada, por lo cual se impone declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201646, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

21

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se
tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso47, la Sala condenará en costas a la
recurrente, al no haber prosperado los argumentos de la revisión y por cuanto la
UGPP contestó la demanda.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que los argumentos esbozados
por la recurrente para invocar el numeral 1.ª del artículo 250 del CPACA no se
adecuan a las causales señaladas en dicha normativa para que haya lugar a infirmar
una sentencia, razón por la cual se impone declarar infundado el presente recurso
extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

47 «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la

medida de su comprobación.».

22

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00397-00 (0855-2020)
Demandante: Agueda Elvira Meza Barrera

F A L L A:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de
la causal 1ª del artículo 250 del CPACA, la señora Agueda Elvira Meza Barrera,
presentó contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, del 13 de septiembre de 2019, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la recurrente y a favor de la
parte demandada.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente del proceso
ejecutivo con radicado 110013334205020170018401 al tribunal de origen y
archivar el recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones en el sistema
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

23

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