Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: LUCY LEGRO
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES,
COLPENSIONES
Temas: Causal de revisión del artículo 250-1 de la Ley 1437 de 20111.
Certificación como prueba recobrada.
SENTENCIA DE REVISIÓN O-015-2022
ASUNTO
La Sala conoce del recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora
Lucy Legro, con el fin de que se infirme la sentencia del 6 de diciembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, bajo el radicado
760013333010201300205.
ANTECEDENTES
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La señora Lucy Legro, por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de
control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó2 la nulidad parcial de
la Resolución GNR 113168 del 28 de mayo de 2013, por medio de la cual la
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, reconoció en su
favor pensión de vejez.
1
Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2
Folios 10 a 22 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a: i) reliquidar la pensión en un monto equivalente al 75% de todos los factores
devengados durante el último año de servicio, de conformidad con la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010; ii) pagar las
diferencias que se causen, debidamente indexadas; iii) cancelar los intereses de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y iv) cumplir la sentencia conforme
lo dispone el CPACA.
Fundamentos fácticos:
1. La señora Lucy Legro nació el 8 de mayo de 1956 y prestó sus servicios
en la Universidad del Valle, por más de veinte años, a saber, entre el 7 de enero
de 1976 y el 1º de febrero de 2014. El último cargo que ocupó fue técnico, adscrita
a la División Financiera de la institución.
2. Mediante Resolución GNR 113168 del 28 de mayo de 2013, la
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, reconoció en favor
de la señora Lucy Legro una pensión de vejez a partir del 1º de julio de 2013,
condicionada al retiro del servicio.
3. Durante el último año de servicios, la demandante percibió los siguientes
emolumentos: i) salario, ii) subsidio de transporte, iii) bonificación por servicios
prestados, iv) prima de antigüedad, v) prima de servicios, vi) prima de vacaciones
y vii) prima de navidad.
Como normas transgredidas, citó los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 36, 141 y
151 de la Ley 100 de 1993 y 138 del CPACA. Igualmente, adujo que se
desatendió la tesis jurisprudencial contenida en la sentencia del 4 de agosto de
2010, proferida por el Consejo de Estado.
A continuación, consideró que el acto acusado desconoce las normas de carácter
constitucional y legal en que debió fundarse, puesto que la entidad demandada
no incluyó en la liquidación de su prestación la totalidad de los factores salariales
efectivamente recibidos durante el último año de servicio, a saber, el salario, el
subsidio de transporte, la bonificación por servicios prestados, la prima de
antigüedad, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
Seguidamente, explicó que se deben atender los lineamientos que el Consejo de
Estado fijó en la sentencia del 4 de agosto de 2010, respecto de la aplicación de
la Ley 33 de 1985 a los beneficiarios del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993. Observó que dicha providencia es clara en determinar que el
derecho pensional se debe liquidar con inclusión de todos los factores salariales
que habitual y periódicamente devengó durante el último año de servicio el
trabajador.
3
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
CONTESTACION DE LA DEMANDA3
COLPENSIONES presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda. Consideró que el hecho de que la demandante se encuentre en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 implica que debe atenderse la Ley
33 de 1985 en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y
el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones,
señaló que se rigen por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y los factores
salariales que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado
efectivamente cotizó.
Propuso las siguientes excepciones:
• «FALTA DE AGOTAMIENTO E (sic) LA RECLAMACIÓN
ADMINISTRATIVA»: Aseguró que la demandante no elevó la reclamación
prevista en el artículo 6.º del CPL.
• «NO AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA»: Afirmó que la
pensionada no agotó la vía gubernativa. De ahí que no sea viable demandar a la
entidad a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION RECLAMADA»: Expuso que la
entidad pensional no le adeuda suma alguna a la señora Lucy Legro, ya que el
reconocimiento pensional atendió la normativa que le era aplicable.
• «PRESCRIPCIÓN»: Solicitó declarar prescritas las mesadas causadas y
no reclamadas dentro de los tres años que prevén los artículos 488 del CST y
151 del CPL.
• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION Y COBRO DE LO NO DEBIDO»:
Reiteró que el acto objeto de la demanda se profirió con observancia de la
constitución y la ley.
• «CARENCIA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA PARA DEMANDAR POR
PASIVA»: Aseveró que a la demandante no le asiste legitimidad para demandar
dado que entre aquella y la entidad no existe ningún vínculo.
• «INNOMINADA»: Pidió declarar cualquier excepción que se encuentre
probada en el decurso procesal.
3
Folios 42 a 46 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4
El Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad de Cali, mediante sentencia del
21 de noviembre de 2016, resolvió: i) declarar imprósperas las excepciones
formuladas por la demandada; ii) declarar la nulidad parcial del acto acusado; iii)
ordenar a COLPENSIONES que reliquide la pensión de la demandante en un
monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicio, comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, con inclusión
del sueldo básico, la bonificación por servicios, la prima de antigüedad, el
subsidio de transporte, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima
de navidad; y iv) negar las demás pretensiones de la demanda.
Expuso brevemente que, en materia pensional, el derecho de la demandante se
rige por las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, comoquiera
que aquella es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley 100 de
1993. Seguidamente, explicó que, tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en
sentencias del 21 de septiembre de 20005, 4 de agosto de 20106 y 17 de agosto
de 20117, el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 sería el contenido en la norma anterior, la cual no señala una
lista taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados
y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de servicio.
Luego, aseguró que, si bien la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 asumió una posición diferente a la descrita, en tanto
consideró que el IBL a tener en cuenta para los beneficiarios del régimen de
transición es el contenido en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo
cierto es que, en la primera de ellas se examinó únicamente la situación de los
congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios, condición
que no ostenta la demandante, motivo por el cual dicha interpretación no le es
aplicable; y, en cuanto la segunda, tampoco efectuó un análisis respecto de la
Ley 33 de 1995, normativa aplicable a la demandante, por lo que no resulta
exigible para el sub lite.
Al analizar el caso particular concluyó que la tesis aplicable para resolver el
asunto es la desarrollada por el Consejo de Estado, comoquiera que salvaguarda
en mayor medida los principios de favorabilidad, inescindibilidad y progresividad.
En ese sentido, ordenó reliquidar la pensión en un monto equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio, esto
es, desde febrero de 2013 y hasta enero de 2014; específicamente, incluyó el
sueldo, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad, el
4
Folios 101 a 115 del cuaderno principal, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5
Expediente: 470/99
6
Número interno: 0112-2009
7
Radicado: 2008-00342-01
5
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
subsidio de transporte, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima
de navidad; con exclusión de la bonificación por recreación, habida cuenta de
que esta última no constituye factor salarial para ningún efecto, de conformidad
con el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001, y las vacaciones, comoquiera que
son un descanso remunerado.
Finalmente, señaló que el hecho de que la entidad no haya efectuado el
descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión se ordena, no impide el reconocimiento de dichos conceptos para
efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser deducidos por la entidad
cuando se haga el reconocimiento prestacional.
RECURSO DE APELACIÓN8
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de COLPENSIONES presentó
recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.
Explicó que el acto objeto de nulidad fue proferido conforme lo dispone la ley,
pues si bien, la demandante es beneficiaria del régimen de transición que prevé
la Ley 100 de 1993 y, por ende, le son aplicables las disposiciones contenidas en
la Ley 33 de 1985 en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el
monto, lo cierto es que, el IBL será el promedio de los emolumentos sobre los
cuales cotizó la afiliada durante los últimos diez años, como lo establece la Ley
100 de 1993 y los factores para calcular la mesada son los previstos en el Decreto
1158 de 1994.
Bajo esa misma línea argumentativa, pidió atender el contenido de las sentencias
SU-230 DE 2015 y SU-427 de 2016, dentro de las cuales la Corte Constitucional
señaló que el IBL no fue un elemento objeto de transición de la Ley 100 de 1993
y, por tanto, su cálculo debe atender las disposiciones contenidas sobre este en
la referida ley.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE REVISIÓN9
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 6 de
diciembre de 2018, revocó la decisión adoptada por el a quo y denegó las
pretensiones de la demanda. Los argumentos que sirvieron de fundamento
fueron los siguientes:
Inicialmente, destacó que antes de 2018 existían dos criterios diferentes para
calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
8
Folios 121 a 124 del cuaderno principal del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
9
Folios 12 a 19 cuaderno dos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
1993, a quienes les resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley
33 de 1985. El primero, desarrollado por el Consejo de Estado en sentencia del
4 de agosto de 2010, en el que se señaló que, en virtud de los principios de
inescindibilidad y progresividad, la Ley 33 debía aplicarse en su integridad y el
IBL estaba constituido por todos los factores devengados por el trabajador
durante el último año de servicio; y, el segundo, expuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, dentro de las
que se indicó que el IBL no fue objeto de transición, por lo que deberá respetarse
la edad, el tiempo y el monto que prevé la Ley 33 de 1985 pero el IBL atenderá
solo los factores sobre los que efectivamente se cotizó.
Más adelante, advirtió que la referida discrepancia desapareció con la sentencia
proferida por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 28 de agosto
de 2018, en la que se determinó que el IBL del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo, que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
monto de la Ley 33 de 1985. Bajo esta tesis, únicamente se pueden incluir
aquellos factores sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
sistema de pensiones.
Al analizar el sub lite concluyó que la demandante es beneficiaria del régimen de
transición comoquiera que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de
edad y contaba con más de quince años de servicio. Afirmó que, en aplicación
de la tesis vigente en el Consejo de Estado, no es factible tomar como IBL todos
los factores salariales recibidos por la señora Lucy Legro durante el último año
de servicio, ya que solo pueden incorporarse aquellos sobre los cuales se hayan
realizado aportes, bien sea en los últimos 10 años o en el tiempo que le hiciera
falta para adquirir el estatus de pensionada si fuere más favorable.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN10
La señora Lucy Legro recurrió la sentencia de segunda instancia a través del
recurso extraordinario de revisión, para lo cual invocó la causal consagrada en el
artículo 250 numeral 1 del CPACA. Esta norma se refiere a la posibilidad de hacer
uso de este mecanismo procesal en caso de haberse encontrado o recobrado,
después de dictada la sentencia, documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
Como pretensiones del recurso extraordinario de revisión, solicitó se revoque la
decisión proferida el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
10
Folios 1 a 14 del cuad. ppal.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
760013333010201300205, y en su lugar, se deje en firme la sentencia del 21 de
abril de 2016 emitida por el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad de Cali.
Al presentar el fundamento fáctico del recurso, la recurrente indicó que es
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y, por ende,
le son aplicables, en su integridad, las disposiciones contenidas en la Ley 33 de
1985. Así mismo, que el IBL deberá incluir todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicios. Tesis que se acompasa con el criterio
desarrollado por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
A continuación, advirtió que el Tribunal en la decisión objeto de revisión se limitó
a acoger la posición asumida por el Consejo de Estado en la sentencia del 28 de
agosto de 2018. En su concepto, ello vulnera los postulados de la Ley 33 de 1985
y desconoce los principios de igualdad, confianza legítima y favorabilidad.
Luego, indicó que dentro del proceso ordinario obra certificación emitida por la
Universidad del Valle en el 2013, con la cual se pretendía probar cuáles factores
eran tomados como base de cotización. No obstante, aquella no fue valorada por
el ad quem como se esperaba. Para el efecto, citó lo que este señaló así:
«Efectivamente, la demandante reclama tener como factores salariales el subsidio de
transporte, bonificación por servicios, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de
vacaciones y prima de navidad, pero no demostró que esas prestaciones laborales
sirvieran de sustento para los aportes pensionales, carga probatoria en cabeza del
demandante como lo exige el artículo 167 del CGP ».
En razón a esto, la pensionada solicitó a la universidad una nueva certificación
en la que se determinaran los factores que fueron tomados como base de
cotización durante el último año de servicios. El 20 de febrero de 2019 la
institución profirió el documento pedido e indicó que los emolumentos que
sirvieron como base de cotización fueron: el sueldo básico, la bonificación por
servicios, la prima de antigüedad y las vacaciones.
Por último, aseveró que el citado documento se ajusta a lo dispuesto en el artículo
250 numeral 1 del CPACA. Así mismo, que con fundamento en él procede la
reliquidación de la pensión.
CONTESTACIÓN DEL RECURSO
La entidad demandada no contestó el recurso extraordinario de revisión, tal y
como se observa en la constancia secretarial suscrita el 24 de noviembre de
202011 y en el auto del 9 de abril de 202112.
11
Folio 10 del cuad. Ppal.
12
Índice 18 del sistema informático SAMAI.
8
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
señala en el artículo 250 que de los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 13.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la
competencia para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de
marzo de 201914.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer del recurso
extraordinario de revisión formulado por la señora Lucy Legro contra la sentencia
proferida el 6 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
Oportunidad
El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del plazo que prevé
el artículo 251 del CPACA en razón a que la sentencia recurrida del 6 de
diciembre de 2018 quedó ejecutoriada el 24 de enero de 201915 y el
correspondiente recurso de revisión se interpuso el 12 de abril de 201916.
Problema jurídico
El interrogante que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿El documento que se alega como recobrado después de la sentencia de
segunda instancia que aquí se estudia cumple con los requisitos previstos en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA?
La tesis que sostendrá la Subsección es que no se configura la causal invocada.
13
En concordancia con el lineamiento de la sentencia de inexequibilidad C-520 de 4 de agosto
de 2009.
14
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
15
Tal como se advierte en la constancia secretarial expedida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, obrante en el folio 27 del cuaderno dos del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
16
Folio 15 cuad. Ppal.
9
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos
jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada 17 y persigue el
restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía de las garantías
procesales, cuando éstas han sido lesionadas en una decisión judicial que fue
afectada por situaciones que no pudieron ser contempladas en el decurso
procesal.
Es un medio impugnativo que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada18, entendido éste como fundamento esencial del ordenamiento
jurídico y garantía del debido proceso.
Se trata de un recurso que por su naturaleza extraordinaria solo opera por razón
de las causales señaladas taxativamente en el artículo 250 del CPACA y en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que, de haberse conocido antes, habrían
conducido a otro resultado diferente al plasmado en el fallo impugnado.
El recurso extraordinario de revisión no puede considerarse como una
oportunidad para reabrir un debate jurídico, probatorio y fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido, tampoco es una ocasión para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso.
De lo anterior se concluye que el recurso extraordinario de revisión no habilita
una tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede
ordinaria19, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
15 de marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014.
Recurrente: Horacio Chala. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
18
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias,
en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico
de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual
implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos
variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Bogotá D.C.,
treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-
2010-01147-01(1365-14)
19
O replantear temas ya litigados.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
Causal 1 de revisión
La causal del recurso extraordinario de revisión invocada en el sub judice es la
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, cuyo tenor literal dispone:
«[…]1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […]»
En relación con esta causal, que ha sido denominada por la jurisprudencia como
«prueba recobrada», la Sala Plena del Consejo de Estado señaló lo siguiente:
«[…] Ha entendido la jurisprudencia, que prueba recobrada es aquella que
existiendo, no pudo ser aportada oportunamente al proceso, así la prueba
recobrada es aquél elemento probatorio nuevo, por ser recuperado luego de
proferida la sentencia, que pudo ser decisivo en el sentido de la decisión y
que no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo
presentarla oportunamente dentro del proceso, por motivos de fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte contraria […]»20
Denótese que tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia 21
han considerado que cuando hace referencia a la prueba recobrada se hace
relación únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto
de revisión, en garantía de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Así, por regla general, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando
se trata de otro tipo de pruebas, como testimonios, experticias, informes técnicos
o exámenes médicos especializados, o cuando ésta es producida u obtenida de
manera posterior a la sentencia que se revisa.
Ahora, es de resaltar que a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011 la
referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a «dar
con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». En
cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada
o recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las
razones por las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar
sustentadas en fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Entonces, para que se estructure la causal 1.ª de revisión se requiere que el
documento que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los
siguientes requerimientos:
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, expediente 1999-00218.
21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de diciembre de 2000.
Expediente núm. 7269
11
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios
distintos tales como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.
2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener
en cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o
dar con alguien o algo sin buscarlo»22.
Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[…] volver a tomar o adquirir lo que
antes se poseía o se tenía […]»23, es decir, que existiera en la época en la que se
tramitó el proceso pero que hubiera estado refundido o extraviado.
3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias
ajenas a la voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente
sustentados y probados.
4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto,
hubieran podido conducir a una decisión diferente.
Caso concreto
Conforme a lo expuesto debe examinarse entonces si la certificación del 20 de
febrero de 2019, emitida por la División de Recursos Humanos de la Universidad
del Valle, en la que constan los factores que fueron base de cotización durante
el último año de servicio de la señora Lucy Legro, esto es, entre febrero de 2013
y enero de 2014, es un documento recobrado y, en caso de serlo, las razones
que no le permitieron aportarlo en la etapa procesal oportuna.
(i) Que se trate de una prueba documental.
En efecto, se trata de un documento con fecha del 20 de febrero de 2019, en el
que la División de Recursos Humanos de la Universidad del Valle certifica que la
señora Lucy Legro estuvo vinculada a la institución, así:
Vinculación período
Contrato de prestación de servicios Desde el 9/07/1975 hasta el 20/12/1975
Nombramiento Desde el 7/01/1976 hasta el 30/01/2014
Que durante el último año de servicio fueron factores base de cotización los
siguientes:
• Sueldo básico
22
https://dle.rae.es/encontrar
23
http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de antigüedad
• Vacaciones
(ii) El documento debe ser recobrado o encontrado.
La parte demandante aduce que la certificación que da cuenta de los factores
devengados durante el último año de servicio y, que sirvieron como base de
cotización para pensión, constituye una prueba recobrada. En consecuencia, a
ello se circunscribirá el análisis.
Al respecto, la Subsección considera que no le asiste razón a la recurrente, toda
vez que lo certificado por la Universidad del Valle después de que se emitiera la
sentencia de segunda instancia no es diferente de lo que acreditó en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. En la certificación de fecha 20 de
febrero de 2019, allegada con el recurso extraordinario, se suministraron los
mismos datos que se encontraban contenidos en la certificación del 4 de mayo
de 2015, obrante en el proceso ordinario. En efecto, en ellas, se indicó que,
durante el último año de labor, comprendido entre el 2013 y 2014, los
emolumentos tenidos como base de cotización en pensión fueron los siguientes:
• Sueldo básico
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de antigüedad
• Vacaciones
En estos términos, es razonable inferir que la referida certificación no tiene la
calidad de prueba recobrada. Repárese en que el verbo «recobrar» implica que
se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, para que una
prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente extraviada o refundida y, luego
haberse recuperado; bajo la premisa de que durante todo el proceso la parte
hubiere estado en la imposibilidad de aportarla por fuerza mayor, caso fortuito o
por obra de la parte contraria.
Las circunstancias expuestas por la parte recurrente no se enmarcan en el
concepto de la prueba recobrada. Además, aunque se admitiera que se trata de
una prueba encontrada, lo cierto es que su contenido no acredita un supuesto
fáctico distinto al que ya se encontraba probado en el proceso, esto es, los
factores respecto de los cuales se efectuaron aportes en el último año de
servicios.
(iii) Que no hubiera podido ser aportado oportunamente por
circunstancias ajenas a la voluntad del recurrente. Tampoco se cumple con
este requisito, toda vez que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, a través del Oficio FA10.959 del 8 de mayo de 2015, la vicerrectora
Administrativa de la División de Recursos Humanos allegó certificación del 4 de
mayo del 2015 con la misma información que hoy contiene la certificación
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
emitida el 20 de febrero de 2019 por la División de Recursos Humanos de la
Universidad del Valle.
Por consiguiente, no puede considerarse que en el sub lite se dan los supuestos
de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor y el caso fortuito24, ni
mucho menos es atribuible a la parte contraria, pues el contenido material del
documento que se trae como prueba recobrada ya había sido aportado en el
decurso procesal y, valorado por los jueces de instancia.
(iv) Que el documento o documentos que se afirman decisivos, hubieran
podido conducir a una decisión diferente.
Para analizar este requisito, es oportuno tener presente que la pretensión de la
señora Lucy Legro estaba dirigida a que se ordenara la reliquidación de su
pensión con el promedio salarial recibido en el último año de servicios con los
factores salariales que le fueron pagados en el mismo período, en los términos
de la sentencia del 4 de agosto de 2010.
No obstante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la sentencia del
6 de diciembre de 2018, tuvo en cuenta la sentencia de unificación proferida por
la Sala Plena del Consejo de Estado25 que alineó su postura con la adoptada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015. En este sentido,
interpretó que el IBL debía definirse según lo previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y estaría constituido por los factores que fueron objeto de
cotización. Textualmente la mencionada providencia, citó: «El Ingreso Base de
Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del
régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen
con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985 ».
Ciertamente, la referida sentencia estableció dos subreglas, a saber:
24
Véase:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014,
radicación: 730012331000200002654 01 (30026), actor: Gerardo Ernesto Mejía Alfaro y otros,
demandado: Municipio de Ibagué y otro.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de marzo de 2015, radicación: 11001-03-
27-000-2014-00022-00 (21024), demandante: Municipio de Girardot, demandado: Empresa de
Energía de Cundinamarca.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación: 08001 23 31
000 2011 00768-01 (20904), demandante: Cooperativa de Insumos y Productos Agrícolas
COINPRA, demandado: U.A.E. DIAN.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente: 52001-23-33-
000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, demandado:
Caja Nacional de Previsión Social EICE En Liquidación.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
1. El período para liquidar las pensiones de los servidores públicos que
adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), se fijará según lo siguiente:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.»
2. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones.
En esas condiciones, se observa que la reliquidación pensional con inclusión de
factores que, a pesar de haber servido como base de liquidación de aportes no
fueron computados en la liquidación de la pensión que le fue reconocida. Con
todo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró el acto de
reconocimiento pensional y concluyó:
«[…] Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó
que a la actora le fue reconocida una pensión de jubilación a través de la
Resolución GNR 113168 del 28 de mayo de 2013 por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, liquidado de
conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, por remisión del artículo
36 de la Ley 100 de 1993- régimen de transición, el Acto Legislativo 01 de
2005 y los Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997, 1513 de 1998, y 13 de
2012, es decir, con el 75% del promedio de los factores salariales
establecidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985. (fls. 4-6 c1)
[…]
Sin embargo, atendiendo el marco normativo y jurisprudencial anteriormente
mencionado, señala la Sala que, contrario a lo dispuesto por el a-quo, las
pretensiones invocadas por la actora no tienen vocación de prosperar, en
tanto del plenario fue posible establecer, según el acto acusado, que la
pensión de vejez le fue reconocida con fundamento en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985,
en relación con la edad (55 años), tiempo de servicios (20 años) y monto
(75%),no obstante se desconoce cuál fue el periodo de liquidación y los
factores salariales objeto de la operación que da lugar al valor pensional de
$1.950.625 (fl.5 c-1) dado que el acto administrativo no se ocupó en detalle
de ese aspecto.
En todo caso y sin perjuicio de ello, no es factible jurídicamente tomar como
ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de la actora todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios, en tanto sólo
pueden incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
aportes al sistema de seguridad social sea en los últimos diez años o el
tiempo que faltare para adquirir el status de pensionado si fuere más
favorable aplicando el artículo 36 de la ley 100 de 1993. […]»
Así las cosas, se infiere que tampoco se cumple con este requisito, porque aun
admitiendo la tesis de la demandante acerca de la existencia de un documento
recobrado, la información que allí se plasma no cambia la situación jurídica en
la que se encuentra, pues lo cierto es que, el Tribunal optó por revocar la decisión
emitida por el Juzgado con fundamento en la tesis desarrollada por el Consejo
de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, vigente para la época.
Entonces, es plausible concluir que, de un lado, el sustento de la decisión que
denegó las pretensiones de la demanda no fue la certificación en la que constan
el tiempo de servicio y los factores percibidos durante el último año de labor por
parte de la pensionada, y de otro, que el documento allegado con el recurso
extraordinario como prueba recobrada no tiene tal calidad.
En otras palabras, no se cumplen los elementos que configure la causal aducida,
y la Subsección se percata de que la parte recurrente con su alegación solo
persigue un examen de la decisión como si se tratara de una tercera instancia,
pues insiste en que tiene derecho a la reliquidación pensional con inclusión de
todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio, bajo el
argumento de que proceder de forma diferente implica desconocer los principios
de inescindibilidad e igualdad, tal y como lo argumentó en sus actuaciones
procesales en las respectivas instancias, por lo que el recurso extraordinario
resulta infundado.
Con todo, es importante destacar que el Tribunal se encontraba facultado para
resolver el asunto con fundamento en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, comoquiera que el Consejo de Estado fue claro en determinar que
aquella constituía un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de
casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos «[…] a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
Así pues, teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión tiene por
finalidad desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las causales
deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, situación que no se cumple
en el presente caso, en el que el documento aportado no se adecúa a los
requisitos legales para la procedencia del recurso.
En conclusión: No se configura la causal 1.º de revisión prevista en el artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, pues el documento aducido como recobrado después de la
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
sentencia de segunda instancia no tiene tal carácter, ni dejó de ser aportado por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Además, su contenido
no resultaba decisivo en la providencia recurrida.
Decisión
Al no haberse demostrado la configuración de la causal invocada por la
demandante, la Subsección A, declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
Condena en costas
En cuanto a la condena en costas en vigencia del CPACA, el Consejo de Estado26
puntualizó lo siguiente:
«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –
CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se
“dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total
o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en
el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia
laboral, se fijará en atención a la posición de los sujetos procesales, pues
varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado,
estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así
como la complejidad e intensidad de la participación procesal - Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura -.
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán
por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas - incluidas las agencias en derecho -, la hará el
despacho de primera o única instancia, como lo indica el CGP,27 previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda
instancia.»
26
Al respecto ver las providencias del 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María
del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.
27
«[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019)
Demandante: Lucy Legro
Así las cosas, atendiendo los lineamientos sobre las costas descritos en
precedencia, y que a través del Acuerdo 10554 de 2016 el Consejo Superior de
la Judicatura ha previsto que aquellas se tasarán entre 1 y 20 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, la Subsección considera que, si bien en el sub lite
se dan los supuestos descritos en el numeral 1 del artículo 365 del CGP 28 para
que aquella proceda, lo cierto es que, no habrá lugar a ellas, dado que la parte
demandada no intervino ni ejecutó ninguna actuación en el decurso procesal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Lucy Legro, con el fin de que se infirme la sentencia del 6 de diciembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
760013333010201300205.
Segundo: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto ut supra.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
28 En ese sentido, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 255 también previo: «[…] Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.»
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