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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00728-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00728-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la señora Cecilia Bejarano Díaz por las causales previstas en los numerales 1.°, 5.° y 8.° del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del Tribunal Administrativo San Andrés, Providencia y Santa Catalina del 23 de septiembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 72 Índice 1 de la plataforma SAMAI. 31 Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021) Demandante: Cecilia Bejarano Díaz Segundo. Condenar en costas a la recurrente y a favor de la parte demandada. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76 001 33 31 013 2010 00351 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00728-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz
Demandado: Municipio de Yumbo
Temas: Causales 1ª, 5° y 8° del artículo 250 del CPACA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Cecilia
Bejarano Díaz contra la sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, del 23 de septiembre de 2019, a través de la cual confirmó
la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali
el 31 de octubre de 2014, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda con radicado 76 001 33 31 013 2010 00351 01.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La señora Cecilia Bejarano Díaz, por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la
sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del
23 de septiembre de 2019, con el fin de que, en esta oportunidad, además, se ordene
a. expedir una sentencia sustitutiva; b. «dejar sin efectos» la providencia emitida por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali el 31 de octubre de 2014; y
c. declarar la legalidad de la Resolución 224 del 29 de julio de 2010, expedida por el
municipio de Yumbo, Valle de Cauca, por medio de la cual se reconoció una pensión
de jubilación a su favor.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

1.1.2. Hechos1

Como hechos relevantes, la apoderada de la recurrente señaló los siguientes:

i) El municipio de Yumbo, Valle del Cauca, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, cuestionó la legalidad de la
Resolución 224 del 29 de julio de 2010, a través de la cual reconoció una pensión de
jubilación convencional a favor de la señora Cecilia Bejarano Díaz, por considerar que
se tuvo en cuenta 17 años de servicio en calidad de empleada pública y 8 años de
servicio como trabajadora oficial.

ii) El 31 de octubre de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Cali, mediante sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda con fundamento en que señora Bejarano Díaz no era beneficiaria de la
convención colectiva de trabajo celebrada entre el municipio de Yumbo y sus
trabajadores, porque el tiempo que laboró para dicha entidad lo ejerció desempeñando
cargos y funciones propias de los empleados púbicos y no de los trabajadores oficiales,
a saber:2

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo contentivo en la Resolución #
224 del 30 de julio de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: NIEGASE las demás pretensiones de la demanda. (Resaltado original del texto)

iii) La decisión anterior fue apelada por la hoy recurrente, para lo cual aportó el contrato
de trabajo a término indefinido suscrito el 22 de octubre de 2021 con el municipio de
Yumbo y la copia de la respectiva convención colectiva de trabajo en la cual se
consagraba que la referida entidad territorial reconocería las pensiones de jubilación a
sus trabajadores al cumplimiento de 20 años de servicio continuos o discontinuos a su
servicio, sin tener en cuenta la edad, para la época de los hechos.

iv) El 18 de diciembre de 2015, a través de la Resolución GNR 412179, la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) reconoció una pensión de jubilación de
carácter compartida a la señora Bejarano Díaz, sin embargo, aquel acto no le fue
notificado.

1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho

acápite.
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.

2

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

v) El 11 de noviembre de 2016, el municipio de Yumbo le notificó la Resolución 888 del
27 de octubre de 2016, por medio de la cual se reconoció el mayor valor entre la pensión
extralegal de jubilación y la pensión de vejez otorgada por COLPENSIONES, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y Ordenar pagar, como en efecto se hace, a favor de la
señora CECILIA BEJARANO DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 31.467.688
expedida en Yumbo (V), el mayor valor o diferencia entre la pensión de jubilación extralegal
que venía cancelando el Municipio de Yumbo (V), mediante la Resolución No. 224 del 29 de
julio de 2010 y la pensión de vejez reconocida por la Administradora Colombiana de
Pensiones, COLPENSIONES, por medio de la Resolución No. GNR 412179 del 18 de
diciembre de 2015.

vi) El 23 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina profirió sentencia de segunda instancia, 3 en el sentido de confirmar la
providencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali.

vii) El 20 de mayo de 2021, el municipio de Yumbo expidió la Resolución 173 mediante
la cual la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 888 del 27 de octubre de 2016
y ordenó retirar de nómina a la señora Cecilia Bejarano Díaz, en virtud del cumplimiento
de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 23 de
septiembre de 2019, confirmó la providencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Cali, el 31 de octubre de 2014, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el municipio de Yumbo
contra la señora Cecilia Bejarano Díaz, con sustento en las siguientes consideraciones
jurídicas:4

i) El problema jurídico se circunscribe a determinar cuál es la naturaleza jurídica del
empleo de la señora Cecilia Bejarano Díaz y una vez resuelto lo anterior, si las
disposiciones de la convención colectiva de trabajo se aplicaron debidamente o no,
teniendo en consideración que la entidad demandante considera que la demandada no
debía ser beneficiada de aquella.

3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

ii) De acuerdo con el acervo probatorio se acreditó que la demandada prestó sus
servicios de la siguiente manera:

• Desde el 26 de septiembre 1984 hasta el 30 de septiembre de 2001, en el
municipio de Yumbo como profesional universitario, código 340, grado 4,
adscrita al Colegio Mayor de Yumbo, sin embargo, a raíz de la supresión del
cargo, fue indemnizada por la entidad.
• El 22 de octubre de 2001, suscribió contrato individual de trabajo a término
indefinido con el municipio de Yumbo, con el objeto de laborar en calidad de
obrero de servicios varios.
• Mediante las Resoluciones 2172 y 2492 de 2003, 568 y 78 de 2004, 274, 1051
de 2005 y 200.0702.1425.05 de 2005, y 536 de 2006, se confirieron varias
comisiones de servicios en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
para desempeñar las funciones de operador de planta. A través de las
Resoluciones 500 de 2008, 165 y 439 de 2010, se le otorgó una comisión de
servicios para realizar funciones de operar de planta en la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliaros de Yumbo.

iii) La demandada no ostentó la condición de trabajadora oficial de la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliaros de Yumbo, porque, en primer lugar, el contrato de
trabajo suscrito no fue con la referida empresa de servicios sino con el municipio de
Yumbo, entidad que la vinculó mediante contrato de trabajo a término indefinido. En
segundo lugar, porque deben considerarse las funciones que desempeñaba.

Por consiguiente, luego de realizar una lectura analítica del numeral VI.1 de la
Convención Colectiva suscrita entre el municipio de Yumbo y sus trabajadores oficiales,
se concluye que sólo se pretendía cobijar a quienes desempeñaran cargos relacionados
directa o indirectamente con la construcción y/o sostenimiento de obra pública, que para
el caso concreto de la señora Bejarano Díaz no corresponde a tal descripción. De
hecho, en relación con los operadores de planta de tratamiento de agua, la convención
precisa que se consideraban trabajadores oficiales en cuanto su labor esté dirigida al
mantenimiento y reparación de la misma, que no es el caso de la demandada, quien,
de acuerdo con diversos documentos que obran en el expediente, era tecnóloga
química - analista química y entre otras funciones debía apoyar en procesos y análisis

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

químicos necesarios rutinarios y especializados en la planta de tratamiento de agua del
municipio de Yumbo.

En consecuencia, la labor de la señora Bejarano Díaz en la planta de tratamiento de
agua no era el mantenimiento y reparación de la misma, sino esencialmente desarrollar
funciones tendientes a verificar las condiciones de potabilidad del agua y efectuar
análisis químicos.

iv) Si bien la demandada manifiesta que siempre se desempeñó como trabajadora
oficial ya que laboraba en la planta de acueducto municipal del municipio de Yumbo, el
cual prestaba de manera directa el servicio público domiciliario de acueducto para la
zona de laderas, operada con personal de trabajadores oficiales (entre quienes se
contaba la señora Cecilia Bejarano Díaz como operadora de planta); lo cierto es que
dentro del expediente está demostrado que fue comisionada en muchas oportunidades
para desempeñar funciones en la planta de acueducto, pues la entidad municipal, a
través de su administración central, durante varios años prestó directamente el servicio.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que las labores desarrolladas por la demandada,
vinculada en el municipio de Yumbo, no eran propias de la construcción y sostenimiento
de obra pública, no se acreditó su condición de trabajadora oficial.

v) La cláusula convencional dispone que «[l]a entidad Municipio de Yumbo, jubilará a
sus trabajadores al cumplimiento de veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos al servicio del Municipio de Yumbo sin tener en cuenta la edad». Una
interpretación razonable implica sostener que las condiciones pactadas sólo pueden ser
entendidas en beneficio de quienes válidamente pueden celebrar convenciones
colectivas, esto es, los trabajadores oficiales, tal como lo ha afirmado el Consejo de
Estado en la sentencia del 26 de julio de 2018, radicado 11001 03 325 000 2014 01511
00 (4912-14).

Ahora bien, la señora Bejarano Díaz tuvo la calidad de empleada pública por 17 años,
comoquiera que ejerció el cargo de profesional universitario, código 340, grado 4,
adscrita al Colegio Mayor de Yumbo desde el 26 de septiembre de 1984 hasta el 30 de
septiembre de 2001.

Por su parte, si en gracia de discusión se admitiera que tuvo la condición de trabajadora
oficial desde el 22 de octubre de 2001 hasta julio de 2010 (fecha en que la se reconoció

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

a su favor una pensión convencional), esto es, por un período de menos de 9 años, ello
no le permite ser beneficiaria de la pensión de jubilación convencional que le fue
reconocida a través de la Resolución 224 del 29 de julio de 2010, comoquiera que no
era pertinente acumular los tiempos de servicio de empleada pública y trabajadora
oficial.

Lo anterior, en consideración a que para el reconocimiento de la pensión de jubilación
convencional no resultaba aplicable el criterio general de acumulación de tiempos de
servicio que se tiene en cuenta para la pensión de jubilación ordinaria, ya que aquel es
un beneficio que únicamente se puede extender a los trabajadores oficiales de la
entidad específica que así lo haya pactado.

vi) Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la recurrente invocó las causales primera, quinta y octava del artículo
250 del CPACA, y en desarrollo de estas, expuso los siguientes argumentos:

i) Se acredita la causal primera del artículo 250 del CPACA, pues los documentos
decisivos son los siguientes:

a. Resolución GNR 412179 del 18 de diciembre de 2015, emitida por COLPENSIONES, a
través de la cual se reconoció una pensión de jubilación de carácter compartida a la hoy
demandada.

La pensión de jubilación convencional otorgada por el municipio de Yumbo por
acreditar 20 años sin solución de continuidad a su servicio, fue reemplazada o
superada cuando COLPENSIONES, le reconoció una pensión de vejez mediante el
referido acto administrativo, con ocasión de una solicitud realizada por aquel municipio.

No obstante, la entonces entidad demandante no remitió al Tribunal Administrativo de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Resolución GNR 412179 de 2015, a
sabiendas que «era su deber comunicar esta situación».

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

b. Resolución 888 del 27 de octubre de 2016, emitida por el municipio de Yumbo «[p]or
medio de la cual se reconoce y ordena pagar el mayor valor entre la Pensión extralegal
de jubilación reconocida por el Municipio de Yumbo (V) y la Pensión de Vejez otorgada
por la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES» (Cursivas originales
del texto)

«Al cumplirse 10 meses de otorgada la Pensión de Vejez por Colpensiones a Cecilia
Bejarano Díaz, el [m]unicipio de Yumbo comunica esa situación a la señora Cecilia
Bejarano a través de la Notificación de la Resolución No. 888 del 27 de octubre de 2016
que se realizó el día 11 de noviembre de 2016».

En la referida resolución, el municipio de Yumbo «reconoce la validez de la Resolución
No. 224 del 29 de julio de 2010, la cual tenía demanda en acción de lesividad y cuyo
caso ya estaba por dictarse sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal de
San Andrés, y aún así omitió una vez más y ocultó este documento, pues no lo remitió
al Tribunal».

ii) Se configura la causal quinta del artículo 250 del CPACA porque el tribunal carecía de
competencia territorial y funcional para conocer del asunto. En primer lugar, existe falta
de competencia territorial comoquiera que la entidad demandante fue el municipio de
Yumbo, la demandada prestó sus servicios en aquella entidad territorial y además ahí
tenía su domicilio; no obstante, el juzgador que dictó la sentencia objeto de revisión está
ubicado a 1.123 kilómetros de distancia del referido municipio, lo cual vulnera el artículo
156 del CPACA.

En segundo lugar, existe falta de competencia funcional porque al tratarse de un
proceso mediante el cual se persigue declarar la ilegalidad de una pensión de jubilación
convencional otorgada a una trabajadora oficial, que se concedió en virtud de la
existencia de un contrato de trabajo a término indefinido suscrito en el año 2001, su
conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral.

iii) Se acredita la causal octava del artículo 250 del CPACA comoquiera que la señora
Cecilia Bejarano Díaz ya había demandado con anterioridad al municipio de Yumbo por
la negativa de concederle una pensión jubilación convencional en el año 2005, por
acreditar 20 años de servicio. Aquella demanda fue radicada ante el Juzgado Décimo
Laboral del Circuito de Cali y el 27 de junio de 2006 emitió sentencia, dentro del proceso

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

ordinario con radicación 2005-0486, mediante la cual se condenó al municipio de
Yumbo al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a favor de la
señora Bejarano Díaz, a partir del 21 de septiembre de 2004.

No obstante, aquella decisión fue consultada ante el Tribunal Superior de Cali, quien
ordenó su nulidad y la remisión a la jurisdicción de lo contencioso administrativo del
Valle del Cauca «ya que en su opinión las funciones que ejerció la señora Cecilia
Bejarano Díaz no eran de Trabajador Oficial por cuanto no fueron específicamente
funciones de Construcción y Mantenimiento de Obra».

Finalmente, se advierte que la sentencia del 27 de junio de 2006 no fue propuesta como
excepción de cosa juzgada en el segundo proceso que fue el interpuesto por el
municipio de Yumbo en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento en
la modalidad de lesividad contra la señora Cecilia Bejarano Díaz.

1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión, la
parte demandada guardó silencio.5

a. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.6 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019.7

5 Tras revisar el sistema SAMAI, la Sala advierte que el municipio de Yumbo, guardó silencio. Lo anterior, pese

a que el 14 de julio de 2022, la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, notificó personalmente,
por medios electrónicos, a la entidad demandada el contenido del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por la señora Cecilia Bejarano Díaz; visible a índice 24 de la plataforma SAMAI.
6 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas

por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[…] podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el
sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 3 de noviembre de 2020,8
y el recurso de revisión se interpuso el 2 de noviembre de 2021;9 por lo tanto, el recurso
fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina del 23 de septiembre de 2019, se encuentra inmersa en
las causales de revisión contenidas en los numerales 1.°, 5.° y 8.° del artículo 250 del
CPACA.

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

El artículo 248 del CPACA prevé, sobre el recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos».

De acuerdo con el precepto transcrito, este recurso extraordinario tiene por finalidad
invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada, lo cual,
a la luz del artículo 250 ibidem, solo se puede materializar a partir de las causales
taxativamente señaladas en la ley.10 Estas últimas, tal y como lo ha entendido esta
Subsección, buscan el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron permeadas
por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de

8 Conforme consta en el expediente digital del proceso ordinario, obrante a índice 28 de la plataforma SAMAI.
9 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de 1993, rad.
040 (rev).

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades originadas al tiempo de proferir la
sentencia.11

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca
el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter
procedimental.12 En sentencia de 8 de mayo de 2019,13 esta corporación, respecto de
los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:

[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se 10orre, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni 10orre oportunidades
para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo
que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una
parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede
únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y
recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto
por el CPACA de manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de marzo de 2018, rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).
12 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión,

conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser
eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que
involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de
nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez

Rico.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con
la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni
para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

2.4.2. Causal de revisión 1ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

a. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. […]

2.4.2.1. De la prueba encontrada o recobrada

En lo que respecta a la causal prevista en el artículo 250, numeral 1, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominada
jurisprudencialmente como «prueba recobrada», se debe señalar que para que
proceda, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

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Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de documentos, sino
a aquellos que se hubieran «encontrado» o «recobrado»,14 es decir, que ya existían
con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos o extraviados y por ello no
llegaron al conocimiento del juez del asunto objeto del recurso extraordinario, pero se
recuperaron en forma posterior a la sentencia. Adicionalmente, tales documentos deben
tener carácter decisivo, lo que quiere decir que se trata de pruebas que tengan la
entidad suficiente que, de haber sido valorados con las demás pruebas obrantes en
el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una decisión diferente.

Al respecto, esta Subsección ha señalado que «a partir de la expedición de la Ley 1437
de 2011 la referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a
«dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». En
cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada o
recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las razones por
las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar sustentadas en fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.».15

ii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso, bien
sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

La Sala Plena de esta Corporación, en torno a la prueba recobrada, se pronunció en
los siguientes términos:

Ha entendido la jurisprudencia16, que la prueba recobrada es un elemento probatorio
nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia.
Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero
no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a
ello.17 [Destaca la Sala].

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017, radicado 44001
33 31 002 2005 00969 01 (47691) A, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa «es viable hablar de prueba
recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el
demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere
perdido algo que más tarde se recupera.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).
16 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del proceso REV-

096, Magistrado Ponente, Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA.»
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005, radicado

11001 03 15 000 1997 00143 01 (REV-00143), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Adicionalmente, se ha señalado que la exigencia de una prueba recobrada, es decir,
aquella que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él, está
justificada en el carácter extraordinario del recurso y la procedencia, igualmente
extraordinaria, o excepcional, de la causal, pues, de permitirse la modificación de las
sentencias con documentos generados en una fecha posterior a estas, se atentaría
contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad jurídica. Así lo sostuvo esta
Corporación:

Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo18, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o
solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó explicado,
el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin19.

Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez
que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues
bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción
o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio. Circunstancia que, por sus
consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso
evitar.20 [Se resalta].

Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre21 que la razón por la cual no pudo
aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la contraparte
orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial, o una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a las dos últimas
situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de demostrarse la fuerza
mayor se podría configurar la causal. Así ha discurrido:22

Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal,
en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación

18 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).»
19 Cita propia del texto transcrito: «Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005,
Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09.».
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2016, radicación

25000 23 26 000 1996 13158 01 (34697), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia

del 7 de febrero de 2017, radicado 11001 03 15 000 2016 01440 00 ( REV); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el
simple olvido, incuria o abandono de la parte” 27 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen
razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente...” 28 -/ De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la
parte contraria, según el caso, deben probarse29 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente
fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 30» (cursiva y
números de cita propios del texto transcrito).
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado 11001 03

25 000 2014 00329 00 (1001-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar
por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo.

De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,23 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por
cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.24

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse,25 esto es, aportar elementos de convicción
acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible
el aporte oportuno de los documentos.26

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar
la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del
campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza
mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño.27

Así las cosas, para entrar a analizar los argumentos que sirvieron de base para la
procedencia de la causal, es necesario, en principio, verificar si los documentos que se
aducen como recobrados o encontrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros
expuestos por la jurisprudencia y, si está demostrado que la falta de aportación de estos
al proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar
de la parte contraria.

En resumen, esta Subsección en sentencia del 17 de marzo de 2022, sostuvo lo
siguiente:28

[…] Entonces, para que se estructure la causal 1.a de revisión se requiere que el documento
que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los siguientes requerimientos:

23 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de

febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
24 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).».
25 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).»
26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de

diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

17 de marzo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios distintos tales
como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.

2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener en cuenta
que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o
algo sin buscarlo».29

Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[…] volver a tomar o adquirir lo que antes se
poseía o se tenía […]»,30 es decir, que existiera en la época en la que se tramitó el proceso
pero que hubiera estado refundido o extraviado.

3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la
voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria, eventos que deben encontrarse debidamente sustentados y probados.

4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto, hubieran podido
conducir a una decisión diferente. (Comillas originales del texto).

2.4.3. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]

Según el anterior precepto jurídico, para dar por probada la causal es necesario e
inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes dos elementos: i) que
exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin
al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.

En relación con el primer elemento, la nulidad originada en la sentencia, esta
corporación ha señalado que, en los aspectos no regulados por el CPACA, resultan

29 https://dle.rae.es/encontrar
30 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del CPC o del CGP, según
la vigencia de dichas disposiciones respecto del proceso que se tramita.

Ahora bien, el Consejo de Estado, a través de una de sus salas especiales de
decisión,31 adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y a la legalidad de las
nulidades, según la cual, las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en
el estatuto procesal civil, hoy artículo 133 del Código General del Proceso, así como
aquellas que se originan en la sentencia por violación al debido proceso que consagra
el artículo 29 de la Constitución Política.

En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del
CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de este último

cuerpo legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en atención
a la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,32 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta corporación, mediante sentencia del 8 de mayo de
2018,33 consideró que la nulidad (necesaria para la revisión) no se restringe a las
causales que contempla el ordenamiento procesal civil, ya que puede generarse por
violación del derecho al debido proceso y, por lo tanto, cabe aplicar el artículo 29 de la
Constitución Política. En este último evento, «corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en
comento».34

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión,

sentencia del 3 de febrero de 2015; radicado: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV).
32 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado:

1998-00153-01(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
34 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Revisión; sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 2016-

02260-00; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso administrativa ha identificado ciertos supuestos,35 todos ellos recogidos en
la sentencia del 31 de mayo de 2011,36 como pasa a exponerse:

En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción
o competencia37, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta38,
vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión39 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación40.

Ahora, cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», exige que
el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere el fallo, bien
sea por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de
esa actuación. Por lo tanto, no es posible, entonces, alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra
sometida a las reglas de oportunidad y legitimación prevista en el artículo 134 del
Código General del Proceso.

En este caso, siendo evidente que el recurso extraordinario se dirige contra «la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»,
corresponde a la Sala examinar la causal de nulidad procesal alegada.

35 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239
y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV- 2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad.
2006-00123.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00,

M.P. Mauricio Torres Cuervo.
37 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.

REV-093.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-

00170.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1.° de junio de 2005, Rad.

REV-062.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

2.4.3. Configuración de la causal de nulidad

De acuerdo con la interpretación realizada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación en reiteradas decisiones, la sola lectura del numeral
5.° del artículo 250 del CPACA, permite inferir que para que proceda la revisión bajo esta
causal es necesario que se cumplan las siguientes circunstancias: 41

[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se
realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla
de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal.

La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un
evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas
conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su
reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión.42

Bajo tales lineamientos, para resolver la revisión extraordinaria de una sentencia, con
fundamento en la causal 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, deben observarse las causales previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso.43

41
Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de 22 de noviembre de 2017; radicado: 2007-00187-01; C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
42 Sentencia citada por la Sección Terceda del Consejo de Estado en fallo de 12 de febrero de 2014; radicado

2009-00301-01; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En igual sentido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 2004-00729, de 24
de agosto de 2008, se refirió a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia, a saber:
«También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en un
proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión,
o si se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte. En idéntico sentido, se ha dicho que hay
nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se reforma la sentencia, igualmente cuando
se dicta por un número de magistrados menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se
dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar
cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o
cualquier incongruencia, tienen entidad suficiente para invalidar la sentencia.»
43 «Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar
o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6.
Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Si bien es cierto que los mencionados criterios vienen recogidos de manera expresa
por el Código General del Proceso, también lo es que estos forman parte de la
jurisprudencia de esta corporación, y en la actualidad siguen vigentes en los múltiples
pronunciamientos que se resuelven en revisión.44

Ahora, cuando el precepto se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», lo que
exige es que la irregularidad se configure en el preciso momento en que se profiere la
decisión. En ese sentido se pronunció esta corporación en sentencia de 2 de marzo de
2010:45

Cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia» exige que el vicio se
configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por
desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa
actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de
revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una
sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada.

Conforme a ello, considera la Sala que no será posible alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia. 46

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha aceptado la posibilidad
de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en
momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser
advertida por el recurrente durante el curso del proceso:47

cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se
advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
44 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia del 26 de mayo de 2010, radicado: 2001-01504 (35221).
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, REV: 11001-

03-15-000-2001-00091-01.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, REV: 11001-

03-15-000-2009-00050-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo
de 1998, Rev-93 y 13 de abril de 2004, Rev-132.
«No se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación
de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso
equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de verificar que se atiendan las reglas procesales
propias de la sentencia que de incumplirse vician su validez.
Entonces, resulta claro para la Sala que el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo condicionó la prosperidad de la causal 5ª de revisión extraordinaria a que la nulidad
alegada hallara su génesis en la sentencia que puso fin al proceso, lo cual, adicionalmente encuentra sustento
en lo dispuesto por el artículo 134 del Código General de Proceso, según el cual las nulidades pueden alegarse
durante una actuación posterior a la sentencia cuando tales nulidades «ocurrieron en ella». (Resaltado fuera
del texto)
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de abril de 2004, REV: 00132.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Así las cosas y como quiera que el proceso se adelantó con omisión del cumplimiento de la
exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo,
y aunque el vicio es anterior a la sentencia, según el 140 numeral 9º del Código de
Procedimiento Civil, como tal situación genera la nulidad de todo el proceso, forzoso es
concluir que se afecta la totalidad de las actuaciones surtidas, incluida la sentencia de
segunda instancia, con lo cual se configura la causal de revisión prevista en el numeral 6º
del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que se invocó como sustento del
recurso extraordinario. En efecto, el vicio aducido por el recurrente y probado en el caso
concreto es de naturaleza sustantiva porque afecta directamente el debido proceso y los
derechos de acceso a la justicia y de defensa del titular del derecho y se decretará con
fundamento en la causal procesal de nulidad definida en la citada norma del Código de
Procedimiento Civil, ya que como se indicó, es insubsanable y afecta todo el proceso y por
tanto éste debe renovarse en su integridad.

En definitiva, esta causal no puede alegarse con fundamento en situaciones que tengan
relación con la deficiencia en la motivación, con la estimación errada de los hechos por
parte del juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con la falta de
consideración de algunas pruebas; pues, si se admiten esta clase de reclamaciones,
se desconoce el carácter extraordinario del recurso, en tanto que con ello se convertiría
en otra instancia.48

2.4.3. Causal de revisión 8ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 8.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

[…] 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el
segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. […]

Para que se configure la causal en mención, la Sala advierte que es necesario que la
sentencia objeto de revisión sea contraria a una anterior que haya hecho tránsito a cosa
juzgada.

48 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Sobre la noción de cosa juzgada y los presupuestos para su existencia, el artículo 303
del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
CPACA, dispone:

Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos
por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de
derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como
parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las
comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

Por su parte, esta Corporación en sentencia del 5 de abril de 2016,49 frente a la causal
de desconocimiento de cosa juzgada, precisó lo siguiente:

[…] 17. La consagración de esta circunstancia -desconocimiento de la cosa juzgada- como
causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de modo que solamente
haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así, cuando la jurisdicción se agota
con una decisión, “ésta se vuelve intangible por antonomasia y ningún otro juez puede volver
sobre el asunto, pues de hacerlo, sería posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias
sobre idéntica controversia lo cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la
seguridad jurídica, pues la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico, no puede
conducir razonablemente a resultados distintos”50.

18. Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de tres
presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii) que la
sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue dictada
y frente al segundo proceso -lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un
proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se adelanta por la misma causa- y (iii) que
en el segundo proceso no se haya propuesto como excepción la cosa juzgada. Sobre esta
causal, ha dicho la jurisprudencia de la Corporación51:

Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que la alusión a un
término nuevo o segundo proceso deben analizarse lógicamente en relación con un primer
o anterior proceso, pues solamente cuando se inicia un proceso entre las mismas partes y
sobre el mismo asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro anterior, podría
argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en contravía del propósito de
la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones contradictorias sobre un mismo asunto
y entre las mismas partes.

49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, radicado

11001-03-15-000-2007-01433-00 (REV).
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de diciembre de 2014,

radicado 2012-00228-00(REV).
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, radicado

11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, al analizar
un recurso extraordinario de revisión interpuesto con fundamento en la causal octava de
revisión que se viene analizando, señaló:

“la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de
una sentencia y que sólo puede extenderse a aquéllos que por ser consecuencia necesaria
o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos. Igualmente, que
tratándose de sentencias dictadas en litigios interpartes, la cosa juzgada está sujeta a dos
límites: el objetivo, que mira hacia el objeto sobre el que versa el debate y la causa petendi
de la pretensión, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el
proceso” 52 (…).

Recapitulando lo expuesto se tiene que la cosa juzgada se estructura desde que la sentencia
queda ejecutoriada, es decir, desde que hace tránsito a cosa juzgada formal; y para que se
estructure la causal de revisión es necesario que se adelante un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada en otro anterior; que el nuevo proceso
sea entre las mismas partes, es decir, que haya identidad jurídica de partes más no de
personas, excepto cuando se trata de sentencias a las que la ley les otorga efectos erga
omnes; que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto entendido como las prestaciones
o declaraciones que se reclaman a la justicia; y que el nuevo proceso se adelante por la
misma causa que originó el anterior, entendiendo por causa la razón por la cual se demanda.

De lo anterior, se puede colegir que la cosa juzgada está sujeta a dos límites: el objetivo,
que refiere al objeto del debate y la causa petendi de la pretensión, y el subjetivo, que
guarda relación con las partes del proceso; así pues, para que se predique la figura de
la cosa juzgada en una providencia judicial respecto de la otra, es necesario que
concurran los siguientes elementos:

«a) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidenciaentre la razón o motivos
por los cuales se demanda, esto es, los hechos que dieron origen a la presentación de la
demanda y a la formulación de las pretensiones.

b) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o solicitudes de la
demanda en relación con la cual se dictó la sentencia definitiva, deben coincidir, a su vez,
con las peticiones de la nueva demanda respecto de la cual se busca que se declare la cosa
juzgada.

c) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y demandado en el
proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso».53

En tal sentido, esta Subsección en sentencia del 20 de febrero de 2020, sostuvo que
para que opere el fenómeno de la cosa juzgada es preciso que concurran los tres
presupuestos anteriores, es decir, que exista una sentencia anterior con identidad de

52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de diciembre de 1994, Rev.

038.
53 Sentencias del 6 de octubre de 2015, Sal Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de

Decisión, Consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2014- 00902-
00(REV) y del 27 de noviembre de 2008, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente Luis Rafael
Vergara Quintero, radicado 70001-23-31-000-2000-00803-01(1026-05).

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

objeto, causa petendi y partes. Así mismo, para que se estructure la causal de revisión
de desconocimiento de cosa juzgada, el interesado deberá demostrar:54

(i) que existen dos sentencias contradictorias; (ii) que la sentencia contrariada constituye
cosa juzgada entre las partes del proceso en que fue proferida y frente al segundo proceso
-lo cual ocurre cuando éste involucra a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre
el mismo objeto y se adelanta por la misma causa- y (iii) que en el segundo proceso no se
haya propuesto como excepción la cosa juzgada. La finalidad de esta causal de revisión es
evitar decisiones contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, se advierte que una de las causales del recurso extraordinario de
revisión que se invoca en el sub judice es la prevista en el numeral 1.º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011. En concreto, alega la recurrente que el Tribunal Administrativo
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al confirmar la sentencia de primera
instancia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, no tuvo conocimiento
de los siguientes documentos:

a. Resolución GNR 412179 del 18 de diciembre de 2015, emitida por COLPENSIONES, a
través de la cual se reconoció una pensión de jubilación de carácter compartida a la hoy
demandada.

En ese sentido, manifiesta que la pensión de jubilación convencional otorgada por el
municipio de Yumbo por acreditar 20 años sin solución de continuidad a su servicio,
fue reemplazada o superada cuando COLPENSIONES, le reconoció una pensión de vejez
mediante el referido acto administrativo, con ocasión de una solicitud realizada por
aquel municipio. No obstante, la entonces entidad demandante no remitió al Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Resolución GNR 412179
de 2015, a sabiendas que «era su deber comunicar esta situación».

b. Resolución 888 del 27 de octubre de 2016, emitida por el municipio de Yumbo «[p]or
medio de la cual se reconoce y ordena pagar el mayor valor entre la Pensión extralegal
de jubilación reconocida por el Municipio de Yumbo (V) y la Pensión de Vejez otorgada

54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicado 11001-

03-25-000-2013-00997-00 (2212-2013)

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

por la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES» (Cursivas originales
del texto)

Afirma que «Al cumplirse 10 meses de otorgada la Pensión de Vejez por Colpensiones
a Cecilia Bejarano Díaz, el [m]unicipio de Yumbo comunica esa situación a la señora
Cecilia Bejarano a través de la Notificación de la Resolución No. 888 del 27 de octubre
de 2016 que se realizó el día 11 de noviembre de 2016». En la referida resolución, el
municipio de Yumbo «reconoce la validez de la Resolución No. 224 del 29 de julio de
2010, la cual tenía demanda en acción de lesividad y cuyo caso ya estaba por dictarse
sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal de San Andrés, y aún así omitió
una vez más y oculto este documento, pues no lo remitió al Tribunal».
Pues bien, como se expuso en el acápite denominado «marco normativo» de esta
providencia, el verbo «recobrar» implica que se hubiere perdido algo que más tarde se
recupera. Así, para que una prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente
extraviada o refundida y, luego haberse recuperado, bajo la premisa de que, durante
todo el proceso, la parte hubiere estado en la imposibilidad de aportarla por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

A juicio de la Sala, no hay prueba de que los documentos que la recurrente alega como
recobrados, estuvieran desaparecidos y aquella tan solo los hubiera encontrado con
posterioridad al fallo objeto del recurso extraordinario de revisión. Aquella situación
debe probarse, esto es, aportar elementos de convicción acorde con los cuales se deje
en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte oportuno de los
documentos.55 Sin embargo, en el sub lite eso no ocurrió, pues la actora sólo se limitó
a señalar que «[los] documentos [fueron] expedidos con anterioridad a la sentencia
objeto de este recurso extraordinario de revisión y que por culpa y omisión del Municipio
de Yumbo (Demandante) no fueron conocidos por el Tribunal debido a que el Municipio
de Yumbo sabía que si colocaba en conocimiento del Tribunal dichos documentos era
muy probable que el Tribunal dictará una sentencia inhibitoria que sería en contra de
sus intereses».56

55 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
56 Índice 3 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Bajo ese panorama, la accionante debía hacer un análisis juicioso de las razones que le
imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la decisión,
pues se observa que el sub lite carece de esa labor argumentativa y probatoria a la cual
está llamado la revisionista, máxime si se tiene en cuenta que a tales pruebas accedió
la parte reclamante en desarrollo el proceso.

En efecto, conforme con lo acreditado en el expediente del proceso ordinario, la Sala
evidencia que el 20 de octubre de 2017, la señora Cecilia Bejarano Díaz, a través de
apoderada, radicó memorial ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el
fin de aportar las Resoluciones GNR 412179 del 18 de diciembre de 2015, emitida por
COLPENSIONES y 888 del 27 de octubre de 2016, expedida por el municipio de Yumbo,

para lo cual, entre otras cosas, señaló lo siguiente «[c]onsidero importante allegar esta
documentación al Despacho».57

Por su parte, la hoy demandante en el escrito del recurso extraordinario de revisión
expresamente manifiesta que tuvo conocimiento de la Resolución GNR 412179 de 2015,
porque el «[m]unicipio de Yumbo comunic[ó] esa situación a la señora Cecilia Bejarano
a través de la Notificación de la Resolución No. 888 del 27 de octubre de 2016 que se
realizó el día 11 de noviembre de 2016».58

Así las cosas, teniendo en cuenta que la sentencia objeto de revisión data del 23 de
septiembre de 2019, esta Subsección colige que la recurrente sí conocía, con
anterioridad, los documentos que pretende se tengan como recobrados o encontrados.

Dicho de otro modo, los documentos que la recurrente alega como recobrados o
encontrados no puede tenerse como un hecho súbito o repentino o «imprevisto al cual
no es posible resistir», comoquiera que se acreditó que sí los allegó en el curso de la
segunda instancia surtida, inicialmente ante el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y posteriormente ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Lo anterior impide, además, que la recurrente en el presente recurso
extraordinario acredite otro de los requisitos indispensables para que proceda la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

57 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 28 de la plataforma SAMAI.
58 Véase, recurso extraordinario de revisión presentado por la señora Cecilia Bejarano Díaz, obrante a índice 3

de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Respecto del carácter decisivo que les atribuye la recurrente a los documentos
aportados, habrá de señalarse que este requisito sería examinado en la medida que se
hayan acreditado los anteriores presupuestos.

En este punto, es preciso recordar que debido a su carácter extraordinario, la revisión
no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que
incurra el fallador,59 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, sino que su
procedencia está delimitada por las causales taxativas consagradas por el legislador.

Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo
que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del
cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 1.º del artículo 250 del
CPACA, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio de

taxatividad),60 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia, 61 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el
litigio ya resuelto.

Las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que la actora no logró
demostrar que los documentos que pretende hacer valer, constituyen una prueba
recobrada o encontrada y, por ende, no procede la causal invocada.

Por otro lado, la actora considera que la sentencia objeto de revisión incurre en la causal
contenida en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, porque se acreditó la falta de
competencia territorial y funcional del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

59 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
60 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad

de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación
aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de
la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso».
61 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado 2001 00450 01,

(2597-07); M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas
restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que
el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para
pretender que se haga un nuevo supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda
interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado
a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la
jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y
ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del
mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para
remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las
partes».

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Respecto al primer aspecto, esto es, frente a la presunta falta de competencia territorial,
de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, la Sala advierte que se acreditó lo
siguiente:62

a. El 31 de octubre de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Cali, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por
el municipio de Yumbo contra la señora Cecilia Bejarano Díaz, de radicado 76-001-33-
31-013 2010-00351-01.
b. El 18 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, emitió auto
mediante el cual avocó conocimiento del proceso referido en el literal anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura -
Sala Administrativa PSAA15-0402 del 29 de octubre de 2015 y PSAA15-10414 del 30
de noviembre de 2015, así como en la circular del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca No. 15-145 del 7 de diciembre de 2015. Posteriormente, mediante
auto del 23 de febrero de 2017, se aceptó el impedimento manifestado por el magistrado
Víctor Adolfo Hernández Díaz.

c. El 21 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, expidió auto
a través del cual, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA19-11276 del 17 de
mayo de 2019, remitió el proceso en comento, que se encontraba en turno para
sentencia.

d. El 2 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, profirió auto63 por medio del cual avocó conocimiento del expediente, en
cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo PCSJA19-11276 del 17 de mayo de 2019,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura. Aquella providencia fue notificada
por estado el 4 de julio de 2019.

Descrito lo anterior, encuentra esta Subsección que expresamente los Tribunales
Administrativos del Valle del Cauca y de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
señalaron que sus actuaciones se regían en virtud del Acuerdo PCSJA19-11276 del 17

62
Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 28 de la plataforma SAMAI.
63 El 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, emitió auto

mediante el cual aclaró la providencia del 2 de julio de 2019, en el entendido de precisar que el proceso que
avocaba conocimiento fue remitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente digital del
proceso ordinario obrante a índice 28 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

de mayo de 2019, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, 64 por medio del
cual «se adoptan unas medidas en la jurisdicción contencioso administrativa».

Por otro lado, la recurrente alega la presunta falta de «competencia funcional» por el
referido tribunal, porque, en su concepto, «al tratarse de un proceso mediante el cual
se persigue declarar la ilegalidad de una pensión de jubilación convencional otorgada
a una trabajadora oficial, que se concedió en virtud de la existencia de un contrato de
trabajo a término indefinido suscrito en el año 2001, su conocimiento corresponde a la
jurisdicción ordinaria laboral».65

Pues bien, la Sala advierte que la señora Bejarano incurre en una imprecisión
comoquiera que lo que pretende es alegar la falta de jurisdicción y por ende, ello implica
la falta de competencia. Al respecto, conforme a lo acreditado en el expediente del
proceso ordinario, se observa que aquella nada alegó en sus intervenciones realizadas
en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación y por el contrario,
mantuvo el debate porque entendió que el objeto del proceso eran cuestionar la
legalidad del acto administrativo que le había reconocido una pensión de jubilación
convencional.

Al respecto, se trae a colación el pronunciamiento realizado por esta corporación, partir
de la cual se sostuvo que lo siguiente:66

En un pronunciamiento posterior, la Sala Plena explicó:

En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente manera:

(...)

En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver el recurso
propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o competencia tiene que haberse

64 ARTÍCULO 3.° Redistribución de procesos del sistema escrito del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca remitirá al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina 150 procesos del sistema escrito que se encuentren para proferir el fallo, a excepción de
acciones populares, de grupo y procesos tributarios. Cada uno de los despachos de magistrado del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina recibirá 50 procesos.
Parágrafo primero. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca a partir del envío de los
expedientes enunciados, procederá a homologar las cargas entre los despachos del Tribunal Administrativo y
rendirá el informe correspondiente al Consejo Superior de la Judicatura.
Parágrafo segundo. Los procesos que reciba el Tribunal Administrativo de San Andrés deberán fallarse a más
tardar el 30 de noviembre de 2019.

65 Expediente digital visible a índice 3 de la plataforma SAMAI.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, radicado 11001-

03-15-000-1998-00153-01(REV).

28

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría originado a partir de
la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y en esta hipótesis no sería
causal de revisión.67 (Cursivas originales del texto) (Resalta la Sala)

Por su parte, esta corporación en sentencia del 7 de mayo de 2013, señaló: 68

Al respecto la Sala observa que la falta de jurisdicción, que apareja la falta de competencia
habida cuenta de la relación genero especie entre éstas, aducida por la recurrente no se
originó en la sentencia porque incorrecciones como esas se verifican cuando el juez que
carece de jurisdicción, y por contera de competencia, avoca el conocimiento del asunto, lo
que en el sub lite se dio en el momento que admitió la demanda.

Así, si el asunto que era de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su Especialidad del
Trabajo y la Seguridad Social y no obstante fue conocido por la especial de lo Contencioso
Administrativo, el posible vicio se habría configurado ab initio y no en la sentencia recurrida,
por manera que no configuraría la causal de revisión que se adujo y el cargo no prospera.

Por lo expuesto, no se configura la falta de competencia territorial ni funcional por parte
del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, la señora Bejarano Díaz considera que se configura la causal contenida en
el numeral 8.° del artículo 250 del CPACA porque se desconoció la decisión proferida por
el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, el 27 de junio de 2006, a través del cual
ordenó al municipio de Yumbo el reconocimiento y pago de su pensión de vejez
convencional a su favor, el cual constituye cosa juzgada.

Sobre el asunto, esta Subsección observa que en el expediente del proceso ordinario
obra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del
Circuito de Cali, el 27 de junio de 2006, en el marco de la demanda laboral impetrada
por la señora Cecilia Bejarano Díaz contra el municipio de Yumbo, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de una pensión convencional «con la respectiva
retroactividad, en razón de haber prestado sus servicios durante 20 años de manera
discontinua, de acuerdo con la convención colectiva de trabajo suscrita entre el
Municipio de Yumbo y Sintramunicipio para el período 2001-2004»;69 radicado
760013105 010 200500486 00.

Así, resolvió lo siguiente:70

67 Sentencia del 18 de octubre de 2005, expediente REV-00239.
68
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de mayo de 2013, radicado 11001-
03-15-000-2010-00038-00(REV).
69 Conforme consta en la parte motiva de la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de

Cali, el 27 de junio de 2006. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.
70
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.

29

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

PRIMERO: CONDENAR a la entidad territorial demandada, MUNICIPIO DE YUMBO,
representada legalmente por el doctor CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO, o por
quien haga sus veces, al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, en
favor de la señora CECILIA BEJARANO DIAZ, de condiciones civiles conocidas en el
proceso, a partir del 21 de septiembre de 2004, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio. Tásense por Secretaría.

TERCERO: ENVIESE EN CONSULTA a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior de
Cali. […] (Resaltado original del texto)

Posteriormente, el 12 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, emitió
providencia, en el marco de consulta, en los siguientes términos:71

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de lo actuado, a partir del auto admisorio de la demanda,
dentro del proceso ordinario promovido por la señora CECILIA BEJARANO en contra del
MUNICIPIO DE YUMBO.

SEGUNDO: REMITASE por secretaria el expediente Al JUZGADO DE ORIGEN, para que
éste a su vez lo remita, previa la cancelación de su radicación en esta Jurisdicción a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, por considerarla competente para conocer de este
asunto. (Resaltado original del texto)

El anterior pronunciamiento tuvo como fundamento que la hoy recurrente no tenía la
condición de trabajadora oficial en el municipio de Yumbo, pues el Tribunal Superior de
Cali, Sala Laboral, consideró que el concepto de «OBRERO DE SERVICIOS VARIOS»,
no era considerado como tal por la legislación.

Lo primero que la Sala destaca es que las sentencias mencionadas no son
contradictorias, por cuanto el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali, Sala
Laboral, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda,
esto es, también del contenido de la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Laboral
del Circuito de Cali, el 27 de junio de 2006, razón por la situación jurídica de la señora
Bejarano Díaz retornó a la situación inicial que ostentaba antes de radicar la demanda
ante la jurisdicción ordinaria; por el contrario, en la sentencia objeto de revisión se
definió, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, la legalidad de la Resolución 224 de julio de 2010, emitida por
el municipio de Yumbo, por medio de la cual se reconoció y se ordena pagar una
pensión de jubilación convencional a la señora Cecilia Bejarano Díaz.

71
Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 28 de la plataforma SAMAI.

30

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal prevista por el
numeral 8.° del artículo 250 del CPACA.

3. De la condena en costas

El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 establece
que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

Con base en tal mandato y en consideración a que el recurso extraordinario de revisión
fue radicado el 2 de noviembre de 2021,72 la Sala condenará en costas a la recurrente,
al no haber prosperado los argumentos de la revisión.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que el
presente recurso extraordinario de revisión debe ser declarado infundado, puesto que
no se acreditó la configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los
numerales 1.°, 5.° y 8.° del artículo 250 del CPACA. Con condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
señora Cecilia Bejarano Díaz por las causales previstas en los numerales 1.°, 5.° y 8.°
del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del Tribunal Administrativo San Andrés,
Providencia y Santa Catalina del 23 de septiembre de 2019, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

72
Índice 1 de la plataforma SAMAI.

31

Radicación: 11001-03-25-000-2021-00728-00 (4107-2021)
Demandante: Cecilia Bejarano Díaz

Segundo. Condenar en costas a la recurrente y a favor de la parte demandada.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76 001 33 31 013 2010 00351 01 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

32

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