RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00983-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00983-00

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00983-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por el señor Aicardo Perea Sánchez por la causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del CPACA, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 5 de septiembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001 3331 018 2010 00103 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00983-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez
Demandado: Contraloría General de la República
Temas: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA.
_____________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Aicardo
Perea Sánchez contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío1 del 5 de
septiembre de 2019, a través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado
Segundo Administrativo de Cali el 31 de mayo de 2013, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

1. Antecedentes

1.1. El recurso extraordinario de revisión

1.1.1. Las pretensiones
El señor Aicardo Perea Sánchez, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar
la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 5 de septiembre de 2019, a
través de la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Cali el 31 de mayo de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001 3331 018 2010 00103 01, con el fin de que, en esta
oportunidad, se confirme la providencia de primera instancia que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

1 El 29 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió auto a través del cual remitió

el proceso a descongestión en virtud del Acuerdo PCSJA 18-111334 del 31 de octubre de 2018.
El 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Quindío avocó conocimiento del proceso de radicado 76001-
3331-018-2010-00103-01. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

1.1.2. Hechos2

Como hechos relevantes, el apoderado del recurrente señaló los siguientes:

i) El señor Aicardo Perea Sánchez prestó sus servicios en la Contraloría General de la
República, de la siguiente manera:

• Desde el 28 de julio de 1991, mediante la Resolución 006757, fue nombrado en
el cargo de revisor de documentos, nivel técnico, grado 1 en la Auditoría
Regional ante el Servicio de Salud de Cali.
• El 18 de agosto de 1992, a través del Decreto 07061, fue trasladado en el empleo
de revisor de documentos, nivel técnico, grado 3, en la Auditoría Regional ante
el Fondo Nacional de Caminos Vecinales de Cali.
• El 10 de noviembre de 1994, por medio de la Resolución 04203, fue nombrado
en el cargo de profesional universitario, nivel profesional, grado 09, en la Unidad
del Sector de Minas y Energía de la Dirección Seccional Valle.
• Mediante el Decreto 271 de 2000, la Contraloría General de la República
suprimió la planta de personal que traía y estableció la nueva planta global de
personal. En ese orden, incorporó al actor en el cargo de profesional
universitario, grado 1, del régimen especial de carrera administrativa, a través
de la Resolución 01766 de marzo 10 de 2000.

ii) El demandante solicitó a la Contraloría General de la República, la nivelación salarial
respecto a lo devengado por el empleo de profesional universitario grado 2, sin
embargo, su petición fue negada bajo el argumento de que no había sido nombrado en
aquel cargo.
iii) El 31 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, mediante
sentencia de primera instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Perea Sánchez contra la Contraloría General de la República,3
en los siguientes términos:

1.- DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

2. - DECLÁRASE probada de oficio la excepción de PRESCRIPCIÓN del derecho al pago
de las mesadas salariales anteriores al 5 de Junio de 2006.

2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

3- DECLÁRASE al NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO OFICIO 81117 del 3 de Julio de
2009, por el cual la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN le negó al señor AICARDO
PEREA SANCHEZ el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el Profesional Universitario Grado 1 y el Profesional Universitario Grado 2.

4.- CONDÉNASE, a título de restablecimiento del derecho a al CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA a lo siguiente:

a) A pagar las diferencias salariales y prestacionales existentes entre el cargo de Profesional
Universitario Grado 1 y el Profesional Universitario Grado 2, a partir del 5 de Junio de 2006.

b) Las sumas que resulten de la condena anterior se actualizarán en su valor como lo ordena
el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula
[…]

[…] 5-. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado original del texto)

iv) El 5 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia
de segunda instancia,4 en el sentido de revocar la providencia del Juzgado Segundo
Administrativo de Cali, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Quindío,5 el 5 de septiembre de 2019, revocó la
providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, el 31 de mayo de
2013, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada
por el señor Aicardo Perea Sánchez contra la Contraloría General de la República, para
en su lugar, negarlas, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:6

i) El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que de
conformidad con la Resolución Orgánica 05044 del 9 de marzo de 2000, por medio de
la cual se establecen los criterios generales para los cargos de la planta general de la
Contraloría General de la República, en el sub lite se cumplían las dos situaciones
necesarias para el amparo del derecho a la igualdad solicitada. Es decir, a. acreditar
las funciones específicas correspondientes al cargo de profesional universitario grado
2; y b. que dichas funciones le hayan sido encomendadas expresamente por la entidad.

4 Expediente digital visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.
5
El 29 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió auto a través del cual remitió
el proceso a descongestión en virtud del Acuerdo PCSJA 18-111334 del 31 de octubre de 2018.
El 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Quindío avocó conocimiento del proceso de radicado 76001-
3331-018-2010-00103-01. Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.
6 Expediente digital visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Por lo tanto, sostuvo que el actor tenía los requisitos para el cargo de profesional
universitario Grado 2, por ser abogado especialista en derecho administrativo, de
manera que debía aplicarse el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades. En consecuencia, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró, de oficio, la excepción de prescripción del derecho al pago de las
mesadas salariales anteriores al 5 de junio de 2006.

ii) Los artículos 2.°, literal j) y 3.° de la Ley 4a de 1992, establecen que para la fijación
del régimen salarial (y prestacional también) se tendrá en cuenta el nivel de los cargos,
esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas
para su desempeño; y el sistema salarial de los servidores públicos, respectivamente.

iii) El Consejo de Estado ha señalado que el empleado público que pretenda el
reconocimiento de la nivelación salarial, debe acreditar que cumplió las mismas
funciones asignadas al cargo del cual reclama el salario, que el empleo tiene idénticas
responsabilidades y categoría y, además, que reúne los requisitos que se exigen para
ocuparlo, pues cumplidos estos presupuestos, es posible, a la luz del artículo 53 de la
Constitución Política, emplear el postulado «a trabajo igual, salario igual», toda vez que
no existen, en principio, razones válidas para tratarlos de forma distinta.

iv) De acuerdo con el acervo probatorio, se acreditó que a raíz del proceso de
reestructuración de la Contraloría General de la República, el demandante mediante
Resolución 01766 del 10 de marzo de 2000, fue incorporado a la planta global de la
referida entidad en el cargo de profesional universitario, perteneciente al nivel
profesional, grado 1, del régimen especial de carrera administrativa.

v) Si bien el a quo realizó el cuadro comparativo de las funciones correspondiente a los
cargos de profesional universitario grado 01 y profesional universitario grado 02, lo
cierto es que estos cargos no concuerdan con las funciones y requisitos para el
desempeño de los empleos que conforman la planta de personal de las Gerencias
departamentales, previstos en el artículo 36 de la Resolución 05044 del 9 de marzo de
2000 y propiamente al grupo del Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones,
Comercio Exterior y Desarrollo Regional. En efecto, el paralelo de cargos lo hizo
teniendo en cuenta un cargo a nivel central de profesional universitario grado 1, el cual
tenía como jefe inmediato el contralor General, mientras que el cargo que ostenta el

4

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

demandante está adscrito a una gerencia departamental, cuyos requisitos y funciones
son diferentes entre sí.

Además, al revisar el expediente, contrario a lo afirmado en la sentencia apelada, no
obra constancia o certificación que demuestre que el señor Aicardo Perea Sánchez,
sea abogado, especializado en derecho administrativo, pues al revisar la página web
del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, no figura inscrito como
abogado.

vi) Si bien al cotejar los cargos de profesional universitario grado 01 y grado 02, existen
algunas funciones similares de acuerdo con la Resolución 05044 de 2000, también hay
diferencias, aunado a la falta de similitud de los requisitos de estudio y experiencia para
ocupar dichos cargos, a saber:

Profesional - Grado 1 Profesional Grado 2

Cargo Jefe Inmediato: Gerente Cargo Jefe Inmediato: Gerente
Departamental. Departamental.

EDUCACIÓN: TITULO PROFESIONAL EN: EDUCACIÓN: TITULO PROFESIONAL EN:
Economía, Administración Pública, Economía, Administración Pública,
Administración de Empresas, Derecho, Administración de Empresas, Administración
administración Financiera, Contaduría, Pública pública, Ingeniería Electrónica, Comercio
y las demás disciplinas afines con la naturaleza exterior, Administración regional y urbana,
del cargo. Derecho, Contaduría, Pública y las demás
disciplinas afines con la naturaleza del cargo.

EXPERIENCIA EXPERIENCIA
No exige Tres (3) años de experiencia

Específica o relacionada con el cargo.
(Resaltado original del texto) (Resaltado original del texto)

De conformidad con la historia laboral, el demandante acreditó estudios de técnico
profesional intermedio en contabilidad, cursó y aprobó un programa de finanzas y otro
en auditoría gubernamental con enfoque integral 1, que si bien le permitió ingresar al
cargo de profesional universitario grado 1, a raíz del proceso de reestructuración de le
entidad demandada; no corre igual suerte respecto a los requisitos exigidos para el
cargo de profesional universitario grado 2.

Por otra parte, si bien el testigo Édison Sotelo señaló que las funciones realizadas por
el actor eran similares al cargo de profesional universitario grado 2, que en algunas

5

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

ocasiones fue designado líder en procesos de auditoría y a pesar de aportar copia de
un memorando interno donde se lo encarga como tal; lo cierto es que es una función
propia del cargo de profesional universitario grado 1, conforme a la Resolución 05044
de 2000.

vii) El actor no cumplió con su deber de la carga probatoria comoquiera que en la
demanda no se planteó de manera puntual qué aspectos marcaban la discriminación
alegada, pues nada se dice si la carga laboral era similar, si la complejidad de los
asuntos asignados era la misma para dichos empleos, ni se aporta al proceso los
estudios técnicos, o los antecedentes que dieron origen al manual de funciones por
aquellos. Aquellos elementos son esenciales para realizar una verdadera comparación
entre los presuntos cargos símiles y con ello, entrar a deducir si la diferencia de
remuneración estaba justificada o no.

viii) En consecuencia, los dos cargos que no están en igualdad de características,
puesto que uno tiene exigencias más altas que el otro, lo que implica que la escala
salarial de uno no sea igual a la del otro. Por lo expuesto, se impone revocar la
sentencia apelada.

1.2. La causal de revisión invocada

El apoderado del recurrente invocó la causal primera del artículo 250 del CPACA, y en
desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:

i) Se acredita la causal primera del artículo 250 del CPACA, pues los documentos
decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, son los
siguientes:

a. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos
públicos de la planta global de la CGR, código: GTH -81117- M-01 de 2013, en el
que se advierte que más allá de los sinónimos empleados en la redacción, las
funciones de los dos cargos son idénticas. La única diferencia radica en dos
funciones asignadas al profesional grado 2: la número 3, que consiste en ser
enlace entre el equipo auditor y la entidad auditada, es decir, fungir como líder
de auditoría, y la número 4, que significa adelantar indagaciones preliminares.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Sin embargo, en la práctica, esas dos funciones no constituyen diferencia
alguna.

b. Designaciones al actor como líder de auditoría, de la siguiente manera:

c. La más reciente actualización del Manual Específico de Funciones y
competencias Laborales de la CGR contenida en el documento GTH-01-MA-001
con fecha de publicación en el SIGECI 18 de febrero de 2020. En esta
actualización ha sido suprimida la labor de liderar las auditorías, con lo cual, se
hace más evidente que las funciones asignadas a los profesionales grado 1 y
grado 2 son idénticas.

d. Las «concertaciones y en las evaluaciones de desempeño aportadas tanto al
expediente como en este recurso de revisión».

e. Documento de concertación de objetivos de febrero de 2020 a febrero de 2021.

f. Seguimiento de la concertación del actor, año 2020.

g. «Evaluación de objetivos».

h. Encargos en el empleo de profesional universitario grado 2, a favor de los
funcionarios Lina María Burbano, Jesus Pantoja y Victoria Eugenia Acevedo,
quienes desempeñaban el cargo de profesional universitario grado 1; y las
concertaciones de funciones en los nuevos cargos, en los casos de i) la señora
Burbano, de fechas del 23 de julio de 2019 al 14 febrero de 2020, del 15 de
febrero de 2020 al 13 de julio de 2020, del 14 de julio de 2020 al 14 de febrero
de 2021; ii) el señor Pantoja, de fechas del 15 de febrero de 2017 al 24 de enero
de 2018, desde el 15 de febrero hasta el 7 de noviembre de 2018; y iii) de la

7

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

señora Acevedo, en las fechas del 15 de febrero al 22 de julio de 2019, del 23
de julio de 2019 al 14 de febrero de 2020 y del 15 de febrero de 2020 al 14 de
febrero de 2021.

De acuerdo con las concertaciones de objetivos suscritas antes y después de
los encargos en el grado de profesionales grado 2, se comprueba que los
profesionales grado 1 ejercían las mismas labores antes y después de sus
respectivos encargos. Es decir, los encargos únicamente mejoraron sus salarios,
ya que las obligaciones son exactamente iguales.

i. Ayudas de memorias 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de auditorías a la Fiscalía General de la
Nación, Subdirección Regional de apoyo del pacífico, vigencia 2019 CGR – CDDJS,
de mayo de 2019, mediante el cual el actor fungió como líder y en las cuales se
plasmó todo el proceso auditor desde la presentación del equipo al ente
auditado, como la planeación, ejecución e informe final de todo el proceso y se
puede observar que el equipo auditor en su conjunto desarrolla todas las
actividades independiente del grado que obstante cada auditor.

j. Ayudas de memorias a la actuación especial distrito de Buenaventura 1, 3, 4 y
5, en la cual fue líder, vigencia 2017 CGR – GDCV 001-2019, de diciembre de 2019.

Con ello, se demuestra que no existe diferencia fáctica entre el trabajo ejecutado por
un profesional grado 1 y el de un profesional grado 2.

ii) En consecuencia, debe observarse el principio de la realidad sobre las formalidades
con el fin de aplicar al sub lite el principio de a trabajo igual, salario igual, conforme lo
ha sostenido la Corte Constitucional en las Sentencias T-079 de 1995, SU-519 de 1997,
T-369 de 2016 y T-029 de 2016 y el Consejo de Estado en providencia del 15 de febrero
de 2007.

1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

8

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión, la
parte demandada guardó silencio.7

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019.9

2.2. Oportunidad

El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[…] podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el
sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 25 de noviembre de
2019,10 y el recurso de revisión se interpuso el 1.° de octubre de 2020;11 por lo tanto,
el recurso fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.

2.3. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 5 de
septiembre de 2019, se encuentra inmersa en la causal de revisión del numeral 1.° del
artículo 250 del CPACA que establece «1. Haberse encontrado o recobrado después de

7
Tras revisar el sistema SAMAI, la Sala advierte que la Contraloría General de la República, guardó silencio.
Lo anterior, pese a que el 30 de marzo de 2022, la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, le
notificó personalmente, por medios electrónicos, el contenido del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Aicardo Perea Sánchez; visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas

por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.».
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Consta en el expediente digital del proceso ordinario que la sentencia objeto de revisión fue notificada por

edicto fijado de durante los «días hábiles del 7 al 25 de noviembre de 2019. (Términos suspendidos durante los
días 21 de noviembre de 2019 paro nacional y 2 de noviembre del mismo año, por jornada programada por la
ARL)»; visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.
11 Índice 2 de la plataforma SAMAI.

9

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión

El artículo 248 del CPACA prevé, sobre el recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos».

De acuerdo con el precepto transcrito, este recurso extraordinario tiene por finalidad
invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada, lo cual,
a la luz del artículo 250 ibidem, solo se puede materializar a partir de las causales
taxativamente señaladas en la ley.12 Estas últimas, tal y como lo ha entendido esta
Subsección, buscan el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron permeadas
por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de
hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades originadas al tiempo de proferir la
sentencia.13

Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca
el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de 1993, rad.
040 (rev).
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de marzo de 2018, rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).

10

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

procedimental.14 En sentencia de 8 de mayo de 2019,15 esta corporación, respecto de
los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:

[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se 11orre, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni 11orre oportunidades
para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.

Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo
que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una
parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede
únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y
recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto
por el CPACA de manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su
objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas.

Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con
la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni

14 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión,

conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser
eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que
involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de
nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez

Rico.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

2.4.2. Causal de revisión 1ª del artículo 250 del CPACA

La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria. […]

2.4.2.1. De la prueba encontrada o recobrada

En lo que respecta a la causal prevista en el artículo 250, numeral 1, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominada
jurisprudencialmente como «prueba recobrada», se debe señalar que para que
proceda, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de documentos, sino
a aquellos que se hubieran «encontrado» o «recobrado»,16 es decir, que ya existían
con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos o extraviados y por ello no
llegaron al conocimiento del juez del asunto objeto del recurso extraordinario, pero se
recuperaron en forma posterior a la sentencia. Adicionalmente, tales documentos deben
tener carácter decisivo, lo que quiere decir que se trata de pruebas que tengan la
entidad suficiente que, de haber sido valorados con las demás pruebas obrantes en
el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una decisión diferente.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017, radicado 44001
33 31 002 2005 00969 01 (47691) A, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa «es viable hablar de prueba
recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el
demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere
perdido algo que más tarde se recupera.»

12

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Al respecto, esta Subsección ha señalado que «a partir de la expedición de la Ley 1437
de 2011 la referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a
«dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». En
cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada o
recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las razones por
las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar sustentadas en fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.».17

ii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso, bien
sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

La Sala Plena de esta Corporación, en torno a la prueba recobrada, se pronunció en
los siguientes términos:

Ha entendido la jurisprudencia18, que la prueba recobrada es un elemento probatorio
nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia.
Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero
no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a
ello.19 [Destaca la Sala].

Adicionalmente, se ha señalado que la exigencia de una prueba recobrada, es decir,
aquella que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él, está
justificada en el carácter extraordinario del recurso y la procedencia, igualmente
extraordinaria, o excepcional, de la causal, pues, de permitirse la modificación de las
sentencias con documentos generados en una fecha posterior a estas, se atentaría
contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad jurídica. Así lo sostuvo esta
Corporación:

Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo20, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).
18 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del proceso REV-

096, Magistrado Ponente, Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA.»
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005, radicado

11001 03 15 000 1997 00143 01 (REV-00143), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
20 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).»

13

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó explicado,
el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin21.

Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez
que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues
bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción
o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio. Circunstancia que, por sus
consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso
evitar.22 [Se resalta].

Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre23 que la razón por la cual no pudo
aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la contraparte
orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial, o una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a las dos últimas
situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de demostrarse la fuerza
mayor se podría configurar la causal. Así ha discurrido:24

Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal,
en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación
jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar
por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo.

De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,25 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por
cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.26

21 Cita propia del texto transcrito: «Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005,
Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09.».
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2016, radicación

25000 23 26 000 1996 13158 01 (34697), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia
del 7 de febrero de 2017, radicado 11001 03 15 000 2016 01440 00 ( REV); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el
simple olvido, incuria o abandono de la parte”27 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen
razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente...” 28 -/ De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la
parte contraria, según el caso, deben probarse29 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente
fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 30» (cursiva y
números de cita propios del texto transcrito).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado 11001 03

25 000 2014 00329 00 (1001-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
25 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de

febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).».

14

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse,27 esto es, aportar elementos de convicción
acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible
el aporte oportuno de los documentos.28

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar
la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del
campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza
mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño.29

Así las cosas, para entrar a analizar los argumentos que sirvieron de base para la
procedencia de la causal, es necesario, en principio, verificar si los documentos que se
aducen como recobrados o encontrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros
expuestos por la jurisprudencia y, si está demostrado que la falta de aportación de estos
al proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar
de la parte contraria.

En resumen, esta Subsección en sentencia del 17 de marzo de 2022, sostuvo lo
siguiente:30

[…] Entonces, para que se estructure la causal 1.a de revisión se requiere que el documento
que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los siguientes requerimientos:

1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios distintos tales
como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.

2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener en cuenta
que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o
algo sin buscarlo».31

27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias

de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).»
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de

diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

17 de marzo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019).
31 https://dle.rae.es/encontrar

15

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[…] volver a tomar o adquirir lo que antes se
poseía o se tenía […]»,32 es decir, que existiera en la época en la que se tramitó el proceso
pero que hubiera estado refundido o extraviado.

3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la
voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria, eventos que deben encontrarse debidamente sustentados y probados.

4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto, hubieran podido
conducir a una decisión diferente. (Comillas originales del texto).

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

La causal del recurso extraordinario de revisión que se invoca en el sub judice es la
prevista en el numeral 1.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. En concreto, alega
el recurrente que existen documentos aportados al proceso ordinario, así como
sobrevinientes a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 5 de
septiembre de 2019, que hubieran permitido confirmar la sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Con ello, en su concepto, se demuestra que no existe diferencia fáctica entre el trabajo
ejecutado por un profesional grado 1 y el de un profesional grado 2. En ese orden,
manifiesta, debe ordenarse la nivelación salarial pretendida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho como consecuencia de la observancia del
principio de la realidad sobre las formalidades con el fin de aplicar al sub lite el postulado
de a trabajo igual, salario igual, conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional en las
Sentencias T-079 de 1995, SU-519 de 1997, T-369 de 2016 y T-029 de 2016 y el
Consejo de Estado en providencia del 15 de febrero de 2007.

El recurrente enlista los siguientes documentos:

i) Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos públicos
de la planta global de la CGR, código: GTH -81117- M-01 de 2013, en el que, en su
concepto, se advierte que más allá de los sinónimos empleados en la redacción, las
funciones de los dos cargos son idénticas. La única diferencia, afirma, radica en dos

32 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.

16

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

funciones asignadas al profesional grado 2: la número 3, que consiste en ser enlace
entre el equipo auditor y la entidad auditada, es decir, fungir como líder de auditoría, y
la número 4, que significa adelantar indagaciones preliminares. Sin embargo, en la
práctica, esas dos funciones no constituyen diferencia alguna.

ii) Designaciones al actor como líder de auditoría, de la siguiente manera:

iii) La actualización del Manual Específico de Funciones y competencias Laborales de
la CGR contenida en el documento GTH-01-MA-001 con fecha de publicación en el SIGECI
18 de febrero de 2020.

iv) Las «concertaciones y en las evaluaciones de desempeño aportadas tanto al
expediente como en este recurso de revisión».

v) Documento de concertación de objetivos de febrero de 2020 a febrero de 2021.

vi) Seguimiento de la concertación del actor, año 2020.

vii) «Evaluación de objetivos».

viii) Encargos en el empleo de profesional universitario grado 2 a favor de los
funcionarios Lina María Burbano, Jesus Pantoja y Victoria Eugenia Acevedo, quienes
desempeñaban el cargo de profesional universitario grado 1; y las concertaciones de
funciones en los nuevos cargos, en los casos de i) la señora Burbano, de fechas del 23
de julio de 2019 al 14 febrero de 2020, del 15 de febrero de 2020 al 13 de julio de 2020,
del 14 de julio de 2020 al 14 de febrero de 2021; ii) el señor Pantoja, de fechas del 15
de febrero de 2017 al 24 de enero de 2018, desde el 15 de febrero hasta el 7 de
noviembre de 2018; y iii) la señora Acevedo, en las fechas del 15 de febrero al 22 de
julio de 2019, del 23 de julio de 2019 al 14 de febrero de 2020 y del 15 de febrero de
2020 al 14 de febrero de 2021.

17

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

ix) Ayudas de memorias 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de auditorías a la Fiscalía General de la Nación,
Subdirección Regional de apoyo del pacífico, vigencia 2019 CGR – CDDJS.

x) Ayudas de memorias a la actuación especial distrito de Buenaventura 1, 3, 4 y 5, en
la cual fue líder, vigencia 2017 CGR – GDCV 001-2019, de diciembre de 2019.

Pues bien, con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia objeto de revisión valoró las
pruebas aportadas al plenario, entre otras, las siguientes:33 a. la Resolución 05044 de
2000, mediante la cual la Contraloría General de la República adoptó las funciones y
requisitos para el desempeño de los empleos de la planta de personal de las Gerencias
departamentales, en especial en el artículo 36 se determinó las funciones de los
profesionales universitarios grado 01 y grado 02 del sector infraestructura física y
telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo regional; b. el historial laboral del
señor Perea Sánchez; y c. el testimonio rendido por Édison Sotelo.

En consecuencia, el tribunal, luego de valorar el material probatorio, revocó la sentencia
emitida el 31 de mayo de 2013, por el Juzgado Segundo Administrativo de Cali, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas.

Aquella decisión tuvo fundamento, además, en que los dos cargos no estaban en
igualdad de características, puesto que uno tenía exigencias más altas que el otro, lo
que implicaba que la escala salarial de uno no fuera igual a la del otro; máxime porque
el actor no había cumplido con su deber de la carga probatoria, comoquiera que en la
demanda no se planteó de manera puntual qué aspectos marcaban la discriminación
alegada, pues nada se dijo si la carga laboral era similar, si la complejidad de los
asuntos asignados era la misma para dichos empleos, ni se aporta al proceso los
estudios técnicos, o los antecedentes que dieron origen al manual de funciones por
aquellos.

Bajo ese panorama, como se expuso en el acápite denominado «marco normativo» de
esta providencia, el verbo «recobrar» implica que se hubiere perdido algo que más

33 Véase, Tribunal Administrativo del Quindío, sentencia del 5 de septiembre de 2019, Expediente digital del

proceso ordinario visible a índice 27 de la plataforma SAMAI.

18

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

tarde se recupera. Así, para que una prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente
extraviada o refundida y, luego haberse recuperado, bajo la premisa de que, durante
todo el proceso, la parte hubiere estado en la imposibilidad de aportarla por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Por su parte, es preciso tener en
cuenta que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar
con alguien o algo sin buscarlo».34

A juicio de la Sala, no hay prueba de que los documentos que el recurrente pretende
sean valorados en esta oportunidad, sean recobrado, o estuvieran desaparecidos y
aquel tan solo los hubiera encontrado con posterioridad al fallo objeto del recurso
extraordinario de revisión. Aquella circunstancia debe probarse, esto es, aportar
elementos de convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias
que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.35

Por el contrario, conforme a lo allegado en esta oportunidad por el actor, se advierte
que la razón por la cual no pudo aportar los documentos al proceso no fue producto de
la fuerza mayor o al actuar intencional de la contraparte orientado a impedir que la
prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial, sino que obedece a una conducta de
«olvido, incuria o abandono»,36 por parte de aquel quien pretende, en sede de revisión,
beneficiarse con las pruebas.

Aquella circunstancia debe probarse, esto es, aportar elementos de convicción acorde
con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible la entrega
oportuna de los documentos.37 Sin embargo, eso no ocurrió en el sub lite, pues el señor
Perea Sánchez guarda silencio, esto es, no manifiesta ninguna razón al respecto y se
limita a señalar que «tal como se demuestra con el acervo probatorio que reposa tanto
en el expediente, como el que se adjunta a este recurso de revisión, en la PRÁCTICA

34
https://dle.rae.es/encontrar
35 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
36 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de

febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
37 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»

19

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

no existe diferencia en las funciones desarrolladas por los profesionales grado 1 y grado
2. De ahí que se invoque la aplicación del derecho universalmente aceptado de “a
trabajo igual, salario igual” […] “[e]stos informes debido a su peso no se adjuntan
informando que pueden ser solicitados a la Contraloría General República o bajarse por
la página de la misma”» (comillas originales del texto).

Bajo ese panorama, el accionante debía hacer un análisis juicioso de las razones que le
imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la decisión; sin
embargo, el sub lite carece de esa labor argumentativa y probatoria a la cual está
llamado el revisionista.

Por otro lado, la Sala recuerda la exigencia de una prueba recobrada significa que
aquella existía previamente al fallo y no se trata de una generada con posterioridad a
este, pues de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez
que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada.

No obstante, se advierte que el actor aporta, en esta oportunidad, los siguientes
documentos expedidos con posterioridad a la providencia objeto de revisión de fecha 5
de septiembre de 2019, que aquel denomina como «hechos sobrevinientes»: a. las
designaciones al actor como líder de auditoría; b. la actualización del Manual Específico
de Funciones y competencias Laborales de la CGR contenida en el documento GTH-01-
MA-001 con fecha de publicación en el SIGECI 18 de febrero de 2020; c. Documento de

concertación de objetivos de febrero de 2020 a febrero de 2021; d. seguimiento de la
concertación del actor, año 2020; e. las concertaciones de objetivos y su respectiva
evaluación, de los años 2020 y 2021, de los señores Lina María Burbano, Jesus Pantoja
y Victoria Eugenia Acevedo, quienes desempeñaban el cargo de profesional universitario
grado 2 en encargo; f. formatos de ayudas de memorias a la actuación especial distrito
de Buenaventura 1, 3, 4 y 5, en la cual fue líder, vigencia 2017 CGR – GDCV 001-2019, de
diciembre de 2019; y g. formatos de ayudas de memorias 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de auditorías
a la Fiscalía General de la Nación, Subdirección Regional de apoyo del Pacífico, vigencia
2019 CGR, elaboradas en febrero, marzo y abril de 2020.38

38 Véase, folios 50 al 69, 74 al del archivo denominado «anexo 1- pruebas» aportado por el recurrente, visible a

índice 2 de la plataforma SAMAI.

20

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Lo anterior impide, además, que el recurrente en el presente recurso extraordinario
acredite otro de los requisitos indispensables para que proceda la causal prevista en el
numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Respecto del carácter decisivo que les atribuye la recurrente a los documentos
aportados, habrá de señalarse que este requisito sería examinado en la medida que se
hayan acreditado los anteriores presupuestos.

En esta línea argumentativa, es preciso recordar que debido a su carácter extraordinario,
la revisión no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando
en los que incurra el fallador,39 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, sino
que su procedencia está delimitada por las causales taxativas consagradas por el
legislador.

Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo
que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del
cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 1.º del artículo 250 del
CPACA, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio de

taxatividad),40 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia, 41 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el
litigio ya resuelto.

39 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
40
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad
de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación
aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de
la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso».
41 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado 2001 00450 01,

(2597-07); M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas
restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que
el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para
pretender que se haga un nuevo supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda
interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado
a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la
jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y
ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del
mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para
remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las
partes».

21

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que el actor no logró
demostrar que los documentos que pretende hacer valer, constituyen una prueba
recobrada o encontrada y, por ende, no procede la causal invocada.

3. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,42 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas comoquiera
que si bien se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que
vencido el término para presentar la respectiva contestación, la parte demandada
guardó silencio.43

4. Conclusión

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-

2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
43 Tras revisar el sistema SAMAI, la Sala advierte que la Contraloría General de la República, guardó silencio.

Lo anterior, pese a que el 30 de marzo de 2022, la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, le
notificó personalmente, por medios electrónicos, el contenido del recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Aicardo Perea Sánchez; visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.

22

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00983-00 (2990-2020)
Demandante: Aicardo Perea Sánchez

Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que el
presente recurso extraordinario de revisión debe ser declarado infundado, puesto que
no se acreditó la configuración de la causal invocada, esto es, la señalada en el numeral
1.° del artículo 250 del CPACA. Sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por el
señor Aicardo Perea Sánchez por la causal prevista en el numeral 1.° del artículo 250
del CPACA, contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío del 5 de
septiembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001 3331 018 2010 00103 01 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SBZ

23

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.