Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00986-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2016-00986-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
Demandado: Municipio de San Juan del Cesar, Guajira
Temas: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA
_____________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial
de los señores Hernando José Fuentes Mendoza y otros contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de la Guajira, del 23 de septiembre de 2015, a través de la cual se
confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Riohacha, el 19 de septiembre de 2012, que había accedido las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, los señores Hernando Fuentes Mendoza y otros;1 mediante apoderado,
solicitó la revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira,
1 De conformidad con el recurso extraordinario de revisión, los demandantes son los siguientes: Hernando
Fuentes Mendoza, Mauricio Mendoza Gámez, Ricardo González Coronado, Rafael Enrique Vega Vega, Carlos
Enrique Núñez Núñez, Orlando Mejía Fuentes, Álvaro José Zedan López, Walter Mendoza Martínez, Lucas
Evangelista Guerra Manjarréz, Rodolfo Mora Manjarréz, Víctor Gámez Mendoza, José Antonio Montaño
Manjarréz, Carlos Manjarréz Mendoza, Víctor Carrillo Vega, Gloria Margarita Vergara, Olga Amaya Mendoza,
María Lucía Daza Fragozo, María Angélica Plata, María Mercedes Estrada, María Mercedes Amaya de
Brochero, Socorro Mercedes Rendón, María Josefa Cuello, Mirelvis González Guerra, Duasneth Díaz Mendoza,
Jorge Luis Fragozo Mendoza, en su condición de representante legal de los menos Liceth Sofía y Guillermo
Federico Fragozo Fragozo, herederos de Liceth Fragozo Vega (Q.E.P.D); Rosa Daza Manjarréz; Rita Lucía
Mindiola Añez, Obdilio Mendoza Gámez, Aura Cecilia Benjumea Plata y Janeth Maestre González. Folios 212
al 219.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
del 23 de septiembre de 2015, a través de la cual se confirmó parcialmente la
providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de
Riohacha, el 19 de septiembre de 2012, que había accedido las pretensiones de la
demanda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
44 001 33 31 001 2007 00554 00.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó modificar la sentencia del 19 de
septiembre de 2012, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de todas las
acreencias laborales, entre las que se encuentran, las siguientes: auxilio de
alimentación, primas de antigüedad, de servicios y de navidad, desde 2000 a 2006,
bonificaciones por servicios prestados y por recreación, auxilio de transporte,
dotaciones y calzado y demás derechos laborales reclamados en la demanda.
1.1.2. Hechos2
Como hechos relevantes, el apoderado de los accionantes señaló los siguientes:
i) El señor Hernando Fuentes Mendoza y otros radicaron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de San Juan del Cesar, Guajira, con
el fin de obtener el reconocimiento y pago, debidamente indexado, de los auxilios de
alimentación y de transporte, la prima de antigüedad, las primas de servicios y de
navidad desde 2001 a 2006, las bonificaciones por servicios prestados y por recreación
y las dotaciones. Igualmente, solicitaron el reconocimiento y pago, en forma retroactiva,
de la nivelación salarial.
ii) El 19 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Riohacha profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:3
Primero: Declarar la nulidad del oficio N° 299 del 24 de agosto de 2007 emanado del
despacho del Asesor Jurídico de la alcaldía del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira,
en cuanto: a) Estableció que las acreencias laborales citadas en los literales A y D (léase B,
por error de transcripción), del oficio recibido por dicho Municipio el 10 de mayo de 2007,
visto a folio 4 al 6 del presente expediente, “ya se están cancelando, las cuales fueron
incluidas, sin estarlas, en el presupuesto del año 2007”; b) Estableció que los literales C, E y
H del referido oficio no se cancelan porque dichas acreencias no están incluidas en los
presupuestos de rentas y gastos para los años cancelados; c) Estableció igualmente frente
al literal D del mismo oficio que no adeuda dinero alguno, adeudándolo, por concepto de
2 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.
3 Folios 31 al 82.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
Primas de Servicios y Prima de navidad; d) En cuanto no se pronunció sobre el literal F del
referido oficio, lo que para el despacho se entiende negado.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al Municipio de San
Juan del Cesar – La [G]uajira, a reconocer y a pagar a cada uno de los demandantes:
HERNANDO FUENTES MENDOZA; CARLOS MANJARREZ MENDOZA; ÁLVARO JOSÉ ZEDAN LÓPEZ;
MIRELVIS GONZÁLES (SIC) GUERRA; MARIA MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ; MAURICIO MENDOZA
GÁMEZ; MARIA JOSEFA CUELLO; MARÍA ANGÉLICA PLATA; VÍCTOR CARRILLO VEGA; ORLANDO MEJÍA
FUENTES; GLORIA MARGARITA VERGARA; RODOLFO MORA; OLGA AMAYA MENDOZA; MARÍA ESTRADA
VEGA; JOSÉ ANTONIO MONTAÑO; VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA; WALTER MENDOZA MARTÍNEZ; CARLOS
E. NUÑEZ N; RICARDO GONZÁLEZ CORONADO; LICETH FRAGOSO VEGA; RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ;
RAFAEL ENRIQUE VEGA VEGA; LUCAS EVANGELISTA GUERRA MONJARREZ; ROSA DAZA MANJARREZ;
DUASNETH DÍAZ; MARIA L (SIC); SOCORRO RENDÓN, exceptuando a OBDILIO MENDOZA GÁMEZ,
AURA CECILIA BENJUMEA PLATA, JANETH MAESTRE GONZÁLEZ Y MARÍA DAZA FRAGOZO, las
acreencias laborales señaladas en los folios 40 a 56 del expediente, a excepción de la
dotación y vestidos de labor, por lo manifestado anteriormente, teniendo además en cuenta
que solamente para los años 2003, 2004, 2005 y 2006 se cancelaron la prima de navidad y
la prima de servicio.
Tercero: Las acreencias laborales a reconocer y pagar en la presente decisión, serán las
comprendidas entre el 10 de mayo de 2007 al 10 de mayo de 2004, a excepción de la
bonificación por recreación, la cual se pagará a partir del año siguiente a la causación de las
vacaciones para cada demandante, pero enmarcado dentro del periodo comprendido entre
mayo de 2007 y mayo de 2003.
Cuarto: Disponer que las acreencias laborales a las cuales se condena al Municipio de San
Juan del Cesar – La [G]uajira, deberán cancelarse siempre y cuando no se haya hecho con
anterioridad a esta sentencia, y en todo caso y para todos los efectos, lo aquí reconocido se
deberá liquidar, y pagar de acuerdo a la normativa vigente para cada prestación económica
señalada, sin incurrir en dobles pagos ni en liquidaciones erróneas. […] (Resaltado y comillas
originales del texto)
iii) El 23 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de la Guajira, confirmó
parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Riohacha, en los siguientes términos:4
PRIMERO.- Modificar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 19
de diciembre (sic) de 2012 emanada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha, el cual quedará así:
Primero: Declarar la nulidad parcial del Oficio calendario 24 de agosto de 2007, a través
del cual se denegó a los(as) demandantes el reconocimiento y pago de los conceptos
denominados subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios, prima de
antigüedad, bonificación por servicios prestados, prima de navidad y bonificación por
recreación, en atención a las consideraciones expuestas en la parte motiva de ésta
sentencia.
SEGUNDO.- Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha
19 de diciembre (sic) de 2012 emanada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha, el cual quedará así:
4 Folios 84 al 98.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al Municipio de San
Juan, por conducto del Alcalde Municipal o quien haga sus veces, a reconocer y pagar, si
aún no lo hubiere hecho, las sumas que resulten deberse, por los conceptos que a
continuación se relacionan:
1.- Auxilio transporte: a favor de los señores HERNANDO FUENTES MENDOZA, CARLOS
MANJARREZ MENDOZA, ÁLVARO JOSÉ ZEDAN LÓPEZ; MAURICIO MENDOZA GÁMEZ, ORLANDO
MEJÍA FUENTES, RODOLFO MORA, JOSÉ ANTONIO MONTAÑO, VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA, WALTER
MENDOZA MARTÍNEZ, CARLOS NUÑEZ NUÑEZ, RICARDO GONZÁLEZ CORONADO y las señoras
MIRELVIS GONZÁLEZ GUERRA, MARIA MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ; MARIA JOSEFA CUELLO,
MARÍA ANGÉLICA PLATA, GLORIA MARGARITA VERGARA, OLGA AMAYA MENDOZA, MARÍA ESTRADA
VEGA, LICETH FRAGOZO VEGA, RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ Y SOCORRO RENDÓN GUTIÉRREZ, por
el lapso comprendido desde el 01 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005,
exceptuando respecto de la señora RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ, los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, por cuanto en dichos períodos su
salario fue superior al monto equivalente a dos salarios mínimo legales mensuales.
2.- Prima de Navidad: a favor de los señores HERNANDO FUENTES MENDOZA, CARLOS
MANJARREZ MENDOZA, ÁLVARO JOSÉ ZEDAN LÓPEZ, MAURICIO MENDOZA GÁMEZ, ORLANDO
MEJÍA FUENTES, RODOLFO MORA, JOSÉ ANTONIO MONTAÑO, VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA, WALTER
MENDOZA MARTÍNEZ, CARLOS NUÑEZ NUÑEZ, RICARDO GONZÁLEZ CORONADO, RAFAEL ENRIQUE
VEGA VEGA; LUCAS EVANGELISTA GUERRA MONJARREZ, y las señoras MIRELVIS GONZÁLEZ
GUERRA, MARIA MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ; MARIA JOSEFA CUELLO, MARÍA ANGÉLICA PLATA,
GLORIA MARGARITA VERGARA, OLGA AMAYA MENDOZA, MARÍA ESTRADA VEGA, LICETH FRAGOZO
VEGA, RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ; ROSA DAZA MANJARREZ, DUASNETH DÍAZ MENDOZA Y
SOCORRO RENDÓN GUTIÉRREZ, por el período comprendido desde el 10 de mayo de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2006. La entidad demandada al momento de liquidar la
prima de navidad deberá tener en cuenta todos los factores de salario enlistados en el
artículo 33 del Decreto 1045 de 1978, debiendo descontar así mismo lo pagado a cada
uno de los(as) demandantes por concepto de la prima en comento para las anualidades
reconocidas.
TERCERO.- Revocar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia calendada
19 de septiembre de 2012, en tanto dispuso el reconocimiento y pago de los conceptos
denominados subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de antigüedad,
bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación, a favor de los
señores HERNANDO FUENTES MENDOZA, CARLOS MANJARREZ MENDOZA, ÁLVARO JOSÉ ZEDAN
LÓPEZ, MAURICIO MENDOZA GÁMEZ, ORLANDO MEJÍA FUENTES, RODOLFO MORA, JOSÉ ANTONIO
MONTAÑO, VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA, WALTER MENDOZA MARTÍNEZ, CARLOS NUÑEZ NUÑEZ,
RICARDO GONZÁLEZ CORONADO, RAFAEL ENRIQUE VEGA VEGA, LUCAS EVANGELISTA GUERRA
MONJARREZ, y las señoras MIRELVIS GONZÁLEZ GUERRA, MARIA MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ,
MARIA JOSEFA CUELLO, MARÍA ANGÉLICA PLATA, GLORIA MARGARITA VERGARA, OLGA AMAYA
MENDOZA, MARÍA ESTRADA VEGA, LICETH FRAGOZO VEGA, RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ, ROSA DAZA
MANJARREZ, DUASNETH DÍAZ MENDOZA Y SOCORRO RENDÓN GUTIÉRREZ, en atención a las
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
CUARTO.- Revocar parcialmente el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
de fecha 19 de diciembre (sic) de 2012 emanada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha, en tanto dispuso que la bonificación por recreación
se pagaría “a partir del año siguiente a la causación de las vacaciones para cada
demandante, pero enmarcado dentro del período comprendido entre mayo de 2007 y mayo
de 2003”.
QUINTO.- CONFIRMAR en sus demás apartes la sentencia calendada 19 de diciembre (sic)
de 2012. […] (Resaltado, subrayado y comillas originales del texto)
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Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante sentencia del 23 de septiembre de
2015, confirmó parcialmente la providencia del Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Riohacha del 19 de septiembre de 2012, que había accedido a las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Hernando Fuentes Mendoza y
otros contra el municipio de San Juan del Cesar, con sustento en las siguientes
consideraciones jurídicas:5
i) De conformidad con las certificaciones expedidas el 16 de julio de 2010, por la Alcaldía
municipal de San Juan del Cesar, está acreditado que los demandantes ostentan la
calidad de empleados públicos del orden territorial.
ii) Teniendo en cuenta que los demandantes solicitaron el reconocimiento del auxilio de
transporte desde el 1.° de enero de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2006, el a quo
ordenó su pago desde el 10 de mayo de 2004 hasta el 10 de mayo de 2007, por
prescripción trienal. Sin embargo, se advierte que el municipio de San Juan del Cesar
efectuó su pago en el período comprendido desde el 1.° de enero hasta el 30 de
noviembre de 2006, de manera que en ese lapso no resulta procedente su cancelación,
en consecuencia se modificará, en ese sentido, la sentencia apelada.
iii) Los demandantes no tienen derecho al subsidio de alimentación porque
fundamentaron sus pretensiones en el Decreto 2477 de 1970, modificado por los
Decretos 1042 de 1978 y 916 de 2005, no obstante, aquellas normas rigen a los
servidores públicos del orden nacional pues sólo hasta la promulgación del Decreto 627
de 2007, surgió ese derecho para los empleados del nivel territorial, sin que se haya
condicionado aquel a las disposiciones del Decreto 1042 de 1978. Así mismo, los
actores solicitaron su reconocimiento desde el 1.° de septiembre de 2002 hasta el 30
de noviembre de 2006, sin embargo, para ese lapso no estaba vigente el Decreto 627
de 2007.
iv) En lo atinente a la prima de servicio y a la bonificación por servicios prestados, los
actores fundamentaron su pretensión en el Decreto 1042 de 1978. Ahora bien, el
Decreto 1919 de 2002, extendió el régimen de prestaciones sociales de los servidores
5 Folios 84 al 98.
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Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
públicos de la rama ejecutiva del orden nacional a los servidores de la rama ejecutiva
del nivel territorial y a sus entes descentralizados.
No obstante, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-402 de 2003, al estudiar la
exequibilidad del Decreto 1042 de 1978, sostuvo que el Gobierno nacional no puede
extender el campo de regulación al régimen salarial de los servidores públicos de la
Rama Ejecutiva del nivel territorial, por el grado de autonomía que gozan las entidades
territoriales. Igualmente, señaló que proceder de forma contraria configuraría un exceso
en el ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno nacional por el
artículo 1.° de la Ley 5 de 1978.
En el sub lite, los demandantes no gozan de las prerrogativas contenidas en el Decreto
1042 de 1978, comoquiera que la Corte Constitucional declaró exequible la expresión
«del orden nacional», contenida en su artículo 1.°, que restringe sus efectos para los
servidores del nivel nacional, sin que sea posible, bajo las mismas consideraciones,
extender su aplicación en virtud del Decreto 1919 de 2002.
v) Frente a la prima de antigüedad, los actores fundamentaron su pretensión en el
Decreto 1045 de 1978 que consagra el derecho a la prima de antigüedad, implementado
por el departamento de la Guajira a través de las Ordenanzas 019 de 1981 y 025 de
1999. Sobre el particular, las referidas ordenanzas no fueron aportadas al proceso, lo
cual se corrobora en la relación probatoria de la demanda, por lo que no es posible
estudiar su contenido, comoquiera que le correspondía a la parte actora acompañar con
la demanda las normas invocadas como violadas siempre que no tengan alcance
nacional. Asimismo, el Decreto 1042 de 1978 no es aplicable por las razones expuestas
líneas atrás.
vi) Respecto al pago de la prima de navidad para los años 2000 a 2006, de las nóminas
allegadas al expediente no se evidencia su liquidación y pago. En consecuencia, en
este aspecto se confirmará la decisión apelada, precisando que para efectuar su
liquidación se deben tener en cuenta todos los factores salarias enlistados en el artículo
33 del Decreto 1045 de 1978, para lo cual descontará lo pagado por concepto de aquella
prima en las anualidades reconocidas.
vii) Los demandantes no tienen derecho al pago de la bonificación por recreación de
conformidad con los artículos 1.° de los Decretos 2720 de 2000, 1460 y 2710 de 2001,
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Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
660 de 2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, 916 de 2005, 372 de 2006 y 600 de 2007;
aunado al hecho que es improcedente su reconocimiento a los empleados del orden
territorial, sin que sea posible extenderse su aplicación en virtud del Decreto 1919 de
2002.
viii) Por lo expuesto, se impone confirmar parcialmente la sentencia apelada en el
sentido de a. declarar la nulidad parcial del oficio del 24 de agosto de 2007; b. revocar
el numeral segundo de la parte resolutiva, en tanto había ordenado el reconocimiento
a favor de los demandantes del subsidio de alimentación, las primas de servicios y de
antigüedad y las bonificaciones por servicios prestados y por recreación; c. revocar
parcialmente el numeral tercero que reconoció la bonificación por recreación a partir del
año siguiente a la causación de las vacaciones para cada demandante dentro del
período mayo de 2007 y mayo de 2003; y d. modificar el numeral segundo de la parte
de la parte resolutiva, en el sentido de reconocer lo siguiente:
1-. Auxilio transporte: a favor de los señores HERNANDO FUENTES MENDOZA, CARLOS
MANJARREZ MENDOZA, ÁLVARO JOSÉ ZEDAN LÓPEZ; MAURICIO MENDOZA GÁMEZ, ORLANDO MEJÍA
FUENTES, RODOLFO MORA, JOSÉ ANTONIO MONTAÑO, VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA, WALTER MENDOZA
MARTÍNEZ, CARLOS NUÑEZ NUÑEZ, RICARDO GONZÁLEZ CORONADO y las señoras MIRELVIS
GONZÁLEZ GUERRA, MARIA MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ; MARIA JOSEFA CUELLO, MARÍA
ANGÉLICA PLATA, GLORIA MARGARITA VERGARA, OLGA AMAYA MENDOZA, MARÍA ESTRADA VEGA,
LICETH FRAGOZO VEGA, RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ Y SOCORRO RENDÓN GUTIÉRREZ, por el lapso
comprendido desde el 01 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2005,
exceptuando respecto de la señora RITA LUCÍA MINDIOLA AÑEZ, los meses de agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003, por cuanto en dichos períodos su
salario fue superior al monto equivalente a dos salarios mínimo legales mensuales.
2.- Prima de Navidad: a favor de los señores HERNANDO FUENTES MENDOZA, CARLOS
MANJARREZ MENDOZA, ÁLVARO JOSÉ ZEDAN LÓPEZ, MAURICIO MENDOZA GÁMEZ, ORLANDO MEJÍA
FUENTES, RODOLFO MORA, JOSÉ ANTONIO MONTAÑO, VÍCTOR GÁMEZ MENDOZA, WALTER MENDOZA
MARTÍNEZ, CARLOS NUÑEZ NUÑEZ, RICARDO GONZÁLEZ CORONADO, RAFAEL ENRIQUE VEGA VEGA;
LUCAS EVANGELISTA GUERRA MONJARREZ, y las señoras MIRELVIS GONZÁLEZ GUERRA, MARIA
MERCEDES AMAYA FERNÁNDEZ; MARIA JOSEFA CUELLO, MARÍA ANGÉLICA PLATA, GLORIA
MARGARITA VERGARA, OLGA AMAYA MENDOZA, MARÍA ESTRADA VEGA, LICETH FRAGOZO VEGA, RITA
LUCÍA MINDIOLA AÑEZ; ROSA DAZA MANJARREZ, DUASNETH DÍAZ MENDOZA Y SOCORRO RENDÓN
GUTIÉRREZ, por el período comprendido desde el 10 de mayo de 2004 hasta el 31 de
diciembre de 2006. La entidad demandada al momento de liquidar la prima de navidad
deberá tener en cuenta todos los factores de salario enlistados en el artículo 33 del Decreto
1045 de 1978, debiendo descontar así mismo lo pagado a cada uno de los(as) demandantes
por concepto de la prima en comento para las anualidades reconocidas.
1.1.4. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la parte recurrente invocó las causales primera, quinta y octava del
artículo 250 del CPACA. Sin embargo, sólo expresó razones respecto de la primera, y no
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Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
desarrolló la de los numerales quinto y octavo ibidem.6 Los argumentos que sí fueron
expuestos se resumen a continuación:
i) Existen documentos y pruebas en las que se determina que el municipio de San Juan
del Cesar, Guajira, reconocía los derechos laborales reclamados, como lo es la
certificación expedida por el presidente del Concejo municipal el 24 de julio de 2006,
que constata que a los empleados que laboraban en esa entidad se les pagaba el
incremento de antigüedad, de conformidad con el Decreto 1919 de 2002. Igualmente,
ocurre en la «Personería [m]unicipal de San Juan del Cesar, la [G]uajira, tal como está
demostrado con la certificación expedida por la [s]ecretaria en la que certifica este pago
a los empleados de dicha corporación.»
ii) El Decreto 1919 de 2002 extendió las prestaciones sociales de los empleados de la
Rama Ejecutiva del nivel nacional a los servidores del nivel territorial. En concordancia
con ello, el Departamento Administrativo de la Función Pública en el concepto del 21
de febrero de 2005, al contestar el escrito de radicado 2005EE1707 radicado por el
señor Lucas Evangelista Guerra Martínez Manjarrez, señaló que las prestaciones
sociales a las que tenían derecho «los demandantes» eran las siguientes: vacaciones,
primas de vacaciones y de navidad, auxilios de recreación, de cesantías, de
enfermedad, funerario y de maternidad, subsidio familiar, intereses a las cesantías,
calzado y vestido de labor, pensión de sobreviviente, pensión de jubilación,
indemnización sustitución de esa prestación, bonificación especial por recreación,
asistencia médica, pensión de invalidez, indemnización sustitutiva de esa prestación e
indemnización por accidente de trabajo.
iii) La sentencia objeto de revisión es contraria al Decreto 1919 de 2002, el cual fue
objeto, además, de pronunciamiento por parte del Departamento Administrativo de la
Función Pública.
1.3. Contestación al recurso extraordinario de revisión
6 «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación. […] 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso
la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
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Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la parte
demandada guardó silencio.7
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El presente recurso de revisión se interpuso el 14 de octubre de 2016,8 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),9 por lo cual, esta corporación es competente para
conocerlo, en virtud del numeral 2.° del artículo 249 ejusdem.10 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080, de 12 de marzo de 2019.11
2.2. Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...] podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el
sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 21 de octubre de 2015,12
y el recurso de revisión se interpuso el 14 de octubre de 2016;13 por lo tanto, el recurso
7 Constancia secretarial visible a folio 266. Igualmente, tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala
advierte que la parte demandada, guardó silencio, pese a que el 11 de mayo de 2018, esta corporación, a través
de medios electrónicos, le notificó personalmente el contenido del presente recurso extraordinario de revisión.
Actuación visible a folios 262 y 264.
8 Folio 219 reverso.
9 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
10 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.»
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 Consta en el expediente que la sentencia objeto de revisión fue notificada por edicto fijado el 14 y desfijado
el 16 de octubre de 2015, de manera que cobró ejecutoria el 21 del mismo mes y año. Folio 99.
13 Folio 219 reverso.
La Sala advierte que el 14 de octubre de 2016, el señor Hernando José Fuentes Mendoza y otros, radicaron
recurso extraordinario de revisión y posteriormente, el cual fue admitido por esta Subsección a través del auto
del 22 de marzo de 2018 obrante a folio 258.
Finalmente, luego de que esta Subsección requiriera, en varias ocasiones, a los jueces de instancia, con el fin
de que se remitiera el expediente del proceso ordinario, el Tribunal Administrativo de la Guajira, el 21 de octubre
de 2022, informó que los Juzgados Primero y Segundo Mixto Administrativos de Riohacha, no encontraron
archivos relacionados con el expediente de 44-001-33-31-001-2007-00554-00. Índice 64 de la plataforma
SAMAI.
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fue presentado dentro del término establecido por la norma en cita.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de la Guajira, del 23
de septiembre de 2015, está incursa en la causal de revisión del numeral 1.° del artículo
250 del CPACA que establecen «1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada
la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria».
No se abordará lo concerniente a las señaladas en los numerales 5.° y 8.° del artículo
250 del CPACA, pues, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 252 ejusdem, es requisito
de este recurso extraordinario que se indique de manera precisa y razonada la causal
invocada, lo cual no fue cumplido en este caso.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
El artículo 248 del CPACA, prevé, sobre el recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos».
De acuerdo con el precepto transcrito, este recurso extraordinario tiene por finalidad
invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra ejecutoriada, lo cual,
a la luz del artículo 250 ibidem, solo se puede materializar a partir de las causales
taxativamente señaladas en la ley.14 Estas últimas, tal y como lo ha entendido esta
Subsección, buscan el restablecimiento del criterio de justicia material y la supremacía
de las garantías procesales, respecto de: i) decisiones judiciales que fueron permeadas
por circunstancias no conocidas al momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de
hechos delictivos o fraudulentos o por nulidades originadas al tiempo de proferir la
sentencia.15
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de 1993, rad.
040 (rev).
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
15 de marzo de 2018, rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).
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Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca
el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter
procedimental.16 En sentencia de 8 de mayo de 2019,17 esta corporación, respecto de
los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para
que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo
que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una
parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede
únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y
recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto
por el CPACA de manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su
objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con
la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni
16 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión,
conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser
eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que
involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de
nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
2.4.2. Causal de revisión 1ª del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. […]
2.4.2.1. De la prueba encontrada o recobrada
En lo que respecta a la causal prevista en el artículo 250, numeral 1, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, denominada
jurisprudencialmente como «prueba recobrada», se debe señalar que para que
proceda, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
i) Que se trate de documentos, pero no se refiere a cualquier tipo de documentos, sino
a aquellos que se hubieran «encontrado» o «recobrado»,18 es decir, que ya existían
con anterioridad al proceso, pero estuvieron refundidos o extraviados y por ello no
llegaron al conocimiento del juez del asunto objeto del recurso extraordinario, pero se
recuperaron en forma posterior a la sentencia. Adicionalmente, tales documentos deben
tener carácter decisivo, lo que quiere decir que se trata de pruebas que tengan la
entidad suficiente que, de haber sido valorados con las demás pruebas obrantes en
el expediente, hubieran dado lugar a adoptar una decisión diferente.
Al respecto, esta Subsección ha señalado que «a partir de la expedición de la Ley 1437
de 2011 la referida causal incluyó el verbo «encontrar», cuya acepción está referida a
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017, radicado 44001
33 31 002 2005 00969 01 (47691) A, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa «es viable hablar de prueba
recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el
demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere
perdido algo que más tarde se recupera.»
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«dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o algo sin buscarlo». En
cualquier caso, es preciso destacar que la prueba que se aduce como encontrada o
recobrada debe ser decisiva y el recurrente tiene la carga de acreditar las razones por
las que le fue imposible aportarla al proceso, que deben estar sustentadas en fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.».19
ii) Que el recurrente no hubiera podido aportar tales documentos al proceso, bien
sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
La Sala Plena de esta Corporación, en torno a la prueba recobrada, se pronunció en
los siguientes términos:
Ha entendido la jurisprudencia20, que la prueba recobrada es un elemento probatorio
nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la
decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla
oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia.
Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero
no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a
ello.21 [Destaca la Sala].
Adicionalmente, se ha señalado que la exigencia de una prueba recobrada, es decir,
aquella que existía previamente al fallo y no una generada con posterioridad a él, está
justificada en el carácter extraordinario del recurso y la procedencia, igualmente
extraordinaria, o excepcional, de la causal, pues, de permitirse la modificación de las
sentencias con documentos generados en una fecha posterior a estas, se atentaría
contra los principios de la cosa juzgada y estabilidad jurídica. Así lo sostuvo esta
Corporación:
Por ello, tradicionalmente, se han establecido como inadmisibles en este recurso
extraordinario documentos generados con posterioridad al fallo22, al tiempo que
tampoco resulta válido que la causal se funde en aquellos que no pudieron ser aportados o
solicitados en las oportunidades procesales correspondientes pues, como quedó explicado,
el recurso extraordinario de revisión no fue establecido con ese fin23.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
10 de marzo del 2022, radicado 11001-03-25-000-2017-00446-00 (2108-2017).
20 Cita propia del texto transcrito: «Sentencia Proferida el día 20 de noviembre de 1995, dentro del proceso REV-
096, Magistrado Ponente, Dr. LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA.»
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de julio de 2005, radicado
11001 03 15 000 1997 00143 01 (REV-00143), M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
22 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).»
23 Cita propia del texto transcrito: «Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005,
Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09.».
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Y es que, de aceptarse la posibilidad de revisar una sentencia ejecutoriada cada vez
que surgieran nuevos medios probatorios, no habría entonces cosa juzgada, pues
bastaría al vencido que, una vez conocida la decisión desfavorable, intentara la producción
o el mejoramiento de la prueba para que se reabriera el litigio. Circunstancia que, por sus
consecuencias indeseables en términos de seguridad y estabilidad jurídica, es preciso
evitar.24 [Se resalta].
Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre25 que la razón por la cual no pudo
aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la contraparte
orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación judicial, o una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a las dos últimas
situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de demostrarse la fuerza
mayor se podría configurar la causal. Así ha discurrido:26
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal,
en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación
jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio
riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún
imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva
responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar
por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo.
De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,27 por parte de quien
pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por
cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.28
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra
de la parte contraria, deben probarse,29 esto es, aportar elementos de convicción
acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible
el aporte oportuno de los documentos.30
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2016, radicación
25000 23 26 000 1996 13158 01 (34697), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión; sentencia
del 7 de febrero de 2017, radicado 11001 03 15 000 2016 01440 00 ( REV); M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
«Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, “el
simple olvido, incuria o abandono de la parte” 27 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen
razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente...” 28 -/ De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la
parte contraria, según el caso, deben probarse29 y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente
fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 30» (cursiva y
números de cita propios del texto transcrito).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado 11001 03
25 000 2014 00329 00 (1001-14) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de
febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).».
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias
de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).»
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
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Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar
la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio
fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del
campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza
mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño.31
Así las cosas, para entrar a analizar los argumentos que sirvieron de base para la
procedencia de la causal, es necesario, en principio, verificar si los documentos que se
aducen como recobrados o encontrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros
expuestos por la jurisprudencia y, si está demostrado que la falta de aportación de estos
al proceso ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar
de la parte contraria.
En resumen, esta Subsección en sentencia del 17 de marzo de 2022, sostuvo lo
siguiente:32
[…] Entonces, para que se estructure la causal 1.a de revisión se requiere que el documento
que se aduce como prueba recobrada o encontrada cumpla los siguientes requerimientos:
1. Que se trate de una prueba documental. No se admiten medios probatorios distintos tales
como testimonios o inspecciones judiciales, entre otros.
2. El documento debe ser encontrado o recobrado. Al respecto, es preciso tener en cuenta
que «encontrar», hace referencia «dar con alguien o algo que se busca o dar con alguien o
algo sin buscarlo».33
Por su parte, el verbo «recobrar» se entiende «[...] volver a tomar o adquirir lo que antes se
poseía o se tenía [...]»,34 es decir, que existiera en la época en la que se tramitó el proceso
pero que hubiera estado refundido o extraviado.
3. Que no hubieran podido ser aportados oportunamente por circunstancias ajenas a la
voluntad del recurrente, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria, eventos que deben encontrarse debidamente sustentados y probados.
4. Que el documento o documentos que se afirman decisivos, en efecto, hubieran podido
conducir a una decisión diferente. (Comillas originales del texto).
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
31 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de
diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
17 de marzo de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00360-00 (2434-2019).
33 https://dle.rae.es/encontrar
34 http://dle.rae.es/?id=VShJp3R.
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2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La causal del recurso extraordinario de revisión que se invoca en el sub judice es la
prevista en el numeral 1.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a cuyo tenor:
«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria».
En concreto, alegan los recurrentes que el Tribunal Administrativo de la Guajira,
desconoció los siguientes documentos que establecen su derecho a percibir los
emolumentos reclamados en la demanda:
a. Las certificaciones expedidas por el presidente del Concejo municipal de San Juan
del Cesar, Guajira, el 24 de julio de 2006, mediante la cual se señaló que a los
empleados que laboraban en esa entidad se les pagaba el incremento de antigüedad,
de conformidad con el Decreto 1919 de 2002; y por la Personería municipal de San
Juan del Cesar, en la que se sostenía que se realizaba el pago del incremento de
antigüedad a los empleados de dicha corporación.
b. El concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el 21
de febrero de 2005, a través del cual se contestó un derecho de petición de radicado
2005EE1707, elevado por el señor Lucas Evangelista Guerra Martínez Manjarrez, en el
que se estudió el alcance del Decreto 1919 de 2002 y de las competencias del Gobierno
nacional para establecer elementos o factores salariales en los niveles nacional y
territorial.
c. El Decreto 1919 de 2002 «[p]or el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales
para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial».
La Sala advierte que los recurrentes en el acápite del recurso extraordinario de revisión
denominado «pruebas» relacionan otros documentos, sin embargo, en la
fundamentación del recurso únicamente hacen referencia a los descritos líneas atrás,
razón por la cual el presente estudio se contraerá a la motivación efectuada en él.
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Pues bien, como se expuso en el acápite denominado «marco normativo» de esta
providencia, el verbo «recobrar» implica que se hubiere perdido algo que más tarde se
recupera. Así, para que una prueba tenga tal entidad debió estar inicialmente
extraviada o refundida y, luego haberse recuperado, bajo la premisa de que, durante
todo el proceso, la parte hubiere estado en la imposibilidad de aportarla por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
A juicio de la Sala, no hay prueba de que los documentos que los recurrentes alegan
como recobrados, hubieran estado desaparecidos y aquellos tan solo los hubieran
encontrado con posterioridad al fallo objeto del recurso extraordinario de revisión.
Aquella circunstancia debe probarse, esto es, aportar elementos de convicción acorde
con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte
oportuno de los documentos.35 Sin embargo, en el sub lite eso no ocurrió, pues los
recurrentes sólo se limitaron a señalar que «en el curso posterior a la sentencia,
aparecieron documentos que no fueron aportados al expediente, y que prueban que los
derechos laborales que reclaman los demandantes en algunas vigencias fueron
pagados por el municipio del San Juan del [C]esar [, G]uajira, a varios empleados y a
otros no».36
Bajo ese panorama, los accionantes debían hacer un análisis juicioso de las razones
que les imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la
decisión, pues se observa que el sub lite carece de esa labor argumentativa y probatoria
a la cual está llamado el revisionista, máxime si se tiene en cuenta que a tales pruebas
hubiere podido acceder la parte reclamante inclusive, con antelación a la radicación de
la demanda o en desarrollo el proceso. En efecto, la Sala advierte que, por ejemplo, el
concepto que se pretende hacer valer, emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública el 21 de febrero de 2005, radicado 2005EE1707,37 fue dirigido al señor
Lucas Evangelista Guerra Manjarréz, quien ostentó las calidades de demandante en el
proceso ordinario, que dio origen a la sentencia objeto de revisión, y de recurrente en
esta oportunidad.
35 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros
civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de
presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió
aportarlos en su momento.»
36 Folio 216.
37 Folios 126 al 131.
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Finalmente, los recurrentes pretenden que se tenga como prueba recobrada y decisiva
el Decreto 1919 de 2012 «por el cual se fija el [r]égimen de prestaciones sociales para
los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores
oficiales del nivel territorial».
Esta Subsección considera que la causal 1.° de revisión tampoco se configuró, porque
el Decreto 1919 de 2012 es una norma de alcance nacional que no requiere prueba de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del CGP38 pues una vez proferida surte efectos
a partir de su publicación. En consecuencia, no era necesario que se aportara al proceso
pues el juez de conocimiento debía tenerlo en cuenta siempre que considerara que era
aplicable al asunto que decide.
En esa línea de ideas, el Decreto 1919 de 2012 no es un documento que (i) fue
extraviado o refundido y que los demandantes lograron recuperar después que se
profirió la decisión del 25 de septiembre de 2015 o (ii) encontrado luego que se profirió
dicha sentencia. Tampoco existió la imposibilidad que pudiera allegarlo al proceso,
porque como se dijo, se trata de una norma que es de conocimiento público por lo que
no era necesario que fuera allegada al proceso.
Así las cosas, esta Subsección observa que los documentos que los recurrentes alegan
como recobrados o encontrados no pueden tenerse como un hecho súbito o repentino
o «imprevisto al cual no es posible resistir», comoquiera que no exponen las razones por
las cuales no fueron aportados.
Lo anterior impide, además, que los recurrentes en el presente recurso extraordinario
acrediten otro de los requisitos indispensables para que proceda la causal prevista en el
numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
38 «ARTÍCULO 177. PRUEBA DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El texto de normas jurídicas que no tengan
alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte.
La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país,
por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país. También podrá adjuntarse
dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto
a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como
abogado allí. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más
abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente. Estas reglas
se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será
necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
PARÁGRAFO. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia».
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Finalmente, respecto al requisito del carácter decisivo de los documentos aportados,
habrá de señalarse que este sería examinado en la medida que se hayan acreditado
los anteriores presupuestos.
En ese orden de ideas, los argumentos de los recurrentes desconocen el carácter
extraordinario del recurso, comoquiera que tienen como finalidad controvertir posibles
errores in iudicando en los que, presuntamente, incurrió el juez de segunda instancia39
y con ello reabrir el debate sobre el fondo del asunto, ni el debate probatorio de las
instancias, lo que hace improcedente su análisis, ya que, se recuerda, el presente
recurso extraordinario de revisión se encuentra limitado a la configuración de la causal
alegada, esto es, la contenida en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA.
Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo
que limita la argumentación y los fundamentos de la demanda al análisis del
cumplimiento de la causal invocada; en este caso, el numeral 1.º del artículo 250 del
CPACA, sin que haya lugar a interpretaciones extensivas o analógicas (principio de
taxatividad),40 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia, 41 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio ya
resuelto.
Las circunstancias anteriores, son suficientes para concluir que la parte actora no logró
demostrar que los documentos que pretende hacer valer, constituyen una prueba
recobrada o encontrada y, por ende, no procede la causal invocada.
39 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
40 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad
de las causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación
aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de
la nulidad que se presenta por la práctica de una prueba con violación del debido proceso».
41 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado 2001 00450 01,
(2597-07); M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas
restricciones propias del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que
el perdedor pueda a su antojo reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para
pretender que se haga un nuevo supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda
interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación encaminado
a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada. Por tal razón, conforme lo han reiterado la
jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está sujeta a la estricta, rigurosa y
ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como fundamento del
mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada para
remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las
partes».
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Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,42 en la
que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la medida de
su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o la temeridad de
las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo
caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está llamado
a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación jurídica de
sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer costas a
cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de
que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en segunda
instancia.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos
de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala concluye que los argumentos esbozados por los recurrentes
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Radicación: 11001-03-25-000-2016-00986-00 (4466-2016)
Demandante: Hernando José Fuentes Mendoza y otros
para invocar el numeral 1.ª del artículo 250 del CPACA no se adecuan a las causales
señaladas en dicha normativa para que haya lugar a infirmar una sentencia, razón por
la cual se impone declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la
causal 1ª del artículo 250 del CPACA, los señores Hernando José Fuentes Mendoza y
otros, presentaron contra la sentencia del Tribunal Administrativo de la Guajira, del 23
de septiembre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, archivar el recurso extraordinario de
revisión, previas las anotaciones en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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