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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00452-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00452-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar que en relación con los cargos de expedición irregular y falsa motivación por desconocimiento del principio de planeación, se configuró la cosa juzgada parcial en el asunto, con la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, dentro del expediente con radicado 4248- 2019. SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el expediente con las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00452-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00452-00 (3407-2019)
Demandante : Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-
Demandada : Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad en contra del Acuerdo CNSC-20181000006346
de 16 de octubre de 2018, “[p]or el cual se establecen las reglas del
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DISTRITAL
DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, “Proceso de selección No. 758
de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), presentó el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del
Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán Humberto García
Delgado, en contra del Acuerdo CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018, “[p]or
el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
• ATLÁNTICO, “Proceso de selección No. 758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

El 6 de junio de 2019, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-
representado legalmente por el señor Germán Humberto García Delgado2, a través de
apoderado judicial presentó demanda de nulidad en contra del Acuerdo CNSC-

1
Fls. 1-20 c. ppal.
2
Fl. 22 c. ppal.

2

Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

20181000006346 de 16 de octubre de 2018, cuyas pretensiones son del siguiente
contenido:

“1.- Declarar la nulidad del Acuerdo suscrito por la CNSC y la Alcaldía Distrital de Barranquilla
No. CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018, “Por el cual se establecen las reglas
del Concurso abierto de méritos y se convoca para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA-ATLÁNTICO “proceso de Selección No. 758
de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”.

2.- Ordenar que la sentencia que acceda a las pretensiones de la demanda se cumpla en los
términos del artículo 192 del CPACA”.

El acto administrativo objeto de demanda contiene el siguiente texto -por su extensión se
destacan los siguientes apartes-:

“Acuerdo No. CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018

Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos y se convoca para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA DISTRITAL DE
BARRANQUILLA-ATLÁNTICO “proceso de Selección No.758 de 2018-Convocatoria
Territorial Norte”

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC-

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el Artículo 130
de la Constitución Política, en los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004 y en los artículos
2.2.6.1. y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015 y,

CONSIDERANDO QUE:
(…)

En mérito de lo expuesto, la Comisión Nacional del Servicio Civil

ACUERDA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. PROCESO DE SELECCIÓN. Adelantar el concurso abierto de méritos para
proveer de manera definitiva cuatrocientos ochenta y cuatro (484) vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la ALCALDÍA DISTRITAL
DE BARRANQUILLA, que se identificará como “Proceso de Selección No. 758 de 2018-
Convocaatoria Territorial Norte”

ARTÍCULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para proveer las
cuatrocientos ochenta y cuatro (484) vacantes de la planta de personal de la ALCALDÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA, objeto del presente Proceso de Selección, estará bajo la
directa responsabilidad de la CNSC, la que, en virtud de sus competencias legales, podrá
suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes fases del
proceso de selección con universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior, acreditadas para realizar este tipo de procesos, conforme lo reglado en los artículos
30 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 3 del Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el artículo
134 de la Ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO 3. ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto se desarrollará para proveer las
vacantes previstas en el artículo 1° del presente Acuerdo,

3

Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

(...)

ARTÍCULO 11. EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera-OPEC-, de la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA que se convocan
por este Concurso abierto de méritos son:

NIVELES DENOMINACIÓN NÚMERO NÚMERO
DE DE
EMPLEOS VACANTES

Comisario De familia 1 10
Inspector de Policía 1 8
Urbano Categoría
Especial y 1
PROFESIONAL Categoría
Líder de proyecto 1 1
Profesional 37 52
Especializado
Profesional 49 129
Universitario
Profesional 1 2
Universitario Área
Salud
Inspector De 1 21
Tránsito y
TÉCNICO Transporte
Técnico Área Salud 2 7
Técnico Operativo 51 211
Auxiliar 36
ASISTENCIAL Administrativo
Auxiliar Área Salud 2 1
Secretario 1 1
TOTAL 148 484

PARÁGRAFO 1º. Bajo su exclusiva responsabilidad el aspirante deberá consultar los empleos
a proveer mediante este concurso de Méritos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera –
OPEC, registrada por la Entidad objeto del presente Proceso de Selección, la cual se encuentra
debidamente publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil
www.cnsc.gov.co enlace. SIMO y los Manuales de Funciones y Competencias Laborales
respectivos que hacen parte integral de la presente Convocatoria.

PARÁGRAFO 2. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada
por la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA y es de responsabilidad exclusiva de este,
por lo que, en caso de presentarse diferencias por error de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras entre la OPEC y el Manual de Funciones y Competencias Laborales o los
actos administrativos que determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en
el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así
mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes recaerá en la entidad
que reportó la OPEC.

PARÁGRAFÓ 3. La sede de trabajo de cada uno de los empleos vacantes objeto de la presente
selección, estará determinada en la OPEC, la cual forma parte integral del concurso.

CAPITULO III
(…)
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
publicación en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y/o enlace SIMO,

4

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Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C. el 16 de octubre de 2018

JOSE ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ ALEJANDRO CHAR CHALJUB
Presidente Representante Legal”.

Como sustento fáctico de las pretensiones, la parte actora sostuvo que: (i) mediante el Decreto
017 de 2015, el Concejo de Barranquilla otorgó facultades al alcalde para adelantar el proceso
de reestructuración orgánica y funcional de la administración central; (ii) con el Decreto Distrital
0945 de 2016 se estableció la planta de personal dentro del proceso de transformación y
modernización; (iii) a través del Decreto 0486 del 25 de julio de 2017, la administración distrital
adoptó el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la
planta de personal de la Alcaldía de Barranquilla; (iv) el 4 de julio de 2018, mediante el Decreto
194 se modificó el Decreto 0486 de 2017 y (v) el 16 de octubre de 2018, a través del
Acuerdo CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018, “se establecen las reglas
del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, “Proceso de selección No.
758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”, suscrito por el presidente de la CNSC y el
alcalde del Distrito de Barranquilla.

1.2. Normas violadas, concepto de violación y cargos de ilegalidad

La parte demandante considera que el acto administrativo acusado viola el preámbulo y
los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; así como el Decreto 051 de
2018, por medio del cual se modificó parcialmente el Decreto 1083 de 2015 (Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública y se deroga el Decreto 1737 de
2009).

En cuanto a los cargos de ilegalidad, la parte actora propuso los siguientes:

Expedición irregular y falsa motivación del acto acusado

Es de anotar que la parte actora esgrimió argumentos que son comunes para ambos
cargos, en los siguientes términos:

5

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Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

Señaló que la administración distrital no participó en la planeación del proceso de
selección y que el acto administrativo acusado fue expedido sin que se tuviera actualizado
el manual de funciones y sin que se hubiera definido los ejes temáticos, tal y como lo
exige el inciso 3º del Decreto 051 de 2018, pues, según su versión, “los ejes temáticos
para algunos de los cargos fueron enviados por la Comisión Nacional del Servicio Civil el
31 de enero de 2019, cuando el acuerdo ya había sido suscrito, la convocatoria había
sido publicada, inclusive ya se estaban vendiendo los pines para inscribirse al concurso”.

De igual forma, afirmó que la CNSC no coordinó con la Alcaldía Distrital de Barranquilla
las etapas del concurso de méritos, en claro desconocimiento del principio de planeación,
previsto en los artículos 113 y 209 de la Carta Política.

A lo anterior agregó que la CNSC ejerció una posición dominante con la entidad territorial,
pues “no tuvo en cuenta que financieramente al Alcaldía Distrital de Barranquilla no podía
realizar el concurso”.

Violación al debido proceso

La parte actora adujo que el acuerdo demandado desconoció, en síntesis, el derecho al
debido proceso, en la medida en que no se cumplió con la socialización del manual de
funciones y su modificación con las organizaciones sindicales, tal y como lo exige el
ordenamiento jurídico, esto es, el Decreto 051 de 2018, por medio del cual se modificó
parcialmente el Decreto 1083 de 2015, a cuyo tenor los artículos 1º y 3º disponen:

“Artículo 1. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Único del Sector de la Función Pública, el cual quedará así: "Parágrafo 3. En el marco de lo
señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término
señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual especifico de
funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición del acto
administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de
la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.

Artículo 3. Adicionar el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: "Artículo
2.2.6.34 Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de personal o quienes
hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específico o
especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los
empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera -
OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca. Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso
de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser firmada
por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública respectiva. Previo al
inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual de funciones y
competencias laborales y definir los ejes temáticos. En la asignación de las cuotas sectoriales las

6

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Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

dependencias encargadas del manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar
el monto de los recursos destinados para adelantar los concursos de méritos. Teniendo en cuenta
lo establecido en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto - EOP y el techo del Marco
de Gasto de Mediano Plazo, las entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para
adelantar los concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a concurso deberán
contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido
en el EOP” (Negrillas fuera de texto).

Adicional a lo anterior, se sostuvo que los decretos que adoptaron y modificaron el manual
de funciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla no habían sido publicados en la
Gaceta oficial y únicamente se hizo en la página web de la entidad y, por tanto, no podían
ser tenidos en cuenta por la CNSC para dar apertura a la convocatoria al concurso abierto
de méritos de los empleos en vacancia definitiva perteneciente al Sistema General de
Carrera Administrativa de la entidad territorial, lo cual se dio mediante el Acuerdo CNSC-
20181000006346 de 16 de octubre de 2018.

Violación al derecho a la igualdad

Para soportar este cargo de ilegalidad, la parte actora alegó que “al no estar el manual
ajustado se rompe el principio (sic) de igualdad, dado que pueden acceder personas al
mismo cargo sin que cumplan realmente con el perfil de este”. Además, la modificación
del manual consagró las mismas funciones para el personal operativo y para los
profesionales.

1.3. Suspensión Provisional

La parte demandante alegó, en síntesis, que en la expedición del acto administrativo
demandado no se cumplió con la socialización del manual de funciones y su actualización
con las organizaciones sindicales. Además, dicho manual no fue actualizado con
anterioridad a la convocatoria, ni fueron publicados en la gaceta oficial, lo que trajo como
consecuencia la causación de un perjuicio irremediable para los participantes del
concurso.

Mediante auto del 29 de junio de 20223 se negó la medida cautelar, por considerar que
“la escasa justificación no se aviene al medio de control de nulidad”, toda vez que la parte
actora sustentó la solicitud en la protección de intereses personales y particulares,

3
Fl. 25 – 27 c. ppal.

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Demandada: CNSC

propósito que el legislador no instituyó para estos asuntos. Además, no se justificó por
qué razón el interés público resultaría afectado con la negativa de la medida.

Así mismo, en dicha providencia se desechó el argumento relativo a que el manual de
funciones no se había actualizado para el momento en que se expidió el acuerdo
acusado, pues fue modificado el 4 de julio de 2017, mediante el Decreto 194 y el acto
administrativo demandado fue expedido el 16 de octubre de 2018.

1.4. Trámite procesal

Por auto del 8 de septiembre de 20204 se admitió la demanda, se ordenó notificar la
decisión por estado a la parte demandante y personalmente a los señores presidente de
la Comisión Nacional del Servicio Civil y al alcalde del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla o a quienes hicieran sus veces, así como al representante del
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se
corrió traslado de la demanda.

1.5. Intervención de las partes accionadas

1.5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)5

La demandada contestó el libelo y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
cuanto el acto administrativo acusado se expidió conforme las facultades constitucionales
y legales otorgadas a la Comisión, con la finalidad de impartir instrucciones y lineamientos
para el desarrollo y ejecución del Proceso de Selección No. 758 de 2018 - Convocatoria
territorial norte, según la misión de la entidad.

Señaló que el acto administrativo acusado gozaba de presunción de legalidad, la cual no
había sido desvirtuada.

En cuanto a la falta de socialización del manual de funciones con las organizaciones
sindicales, la CNSC sostuvo:

4
Fl. 73 c. ppal.
5
Contestación Samai, índice 111.

8

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Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

“(…) se advierte que la legalidad del MEFCL que adopte cualquier entidad no está supeditada a
ningún requisito previo, puesto que el mismo Decreto 1083 de 2015, dispone la autonomía que
tiene el jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo, tal como lo señala el parágrafo
3 del artículo 2.2.2.6.1 del mencionado Decreto”.

Sobre la falta de planeación y falta de coordinación entre la entidad territorial y la CNSC,
adujo:

“(…) producto del trabajo conjunto de la Alcaldía de Barranquilla (Atlántico) y la CNSC, la Sala
Plena de la Comisión, en sesión del 9 de octubre de 2018 aprobó las reglas del Concurso abierto
de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla (Atlántico),
Proceso de Selección No.758 de 2018”.

De igual forma, puso de presente que, si bien la CNSC, en aras de adelantar las
convocatorias tiene en cuenta el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales, no participa en el levantamiento y adopción de tal documento, como tampoco
dentro de sus funciones constitucionales (artículo 130 CN) y legales (artículos 11 y 12 de
la Ley 909 de 2004) se encuentra la de avalarlo.

En el mismo escrito de la contestación de la demanda, la CNSC propuso la excepción
previa de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que no tenía
competencia para administrar la planta de personal de dicha entidad, tampoco la facultad
nominadora. Así mismo, alegó no tenía injerencia en la expedición del Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales (MEFCL).

Por otro lado, la CNSC formuló las excepciones de fondo que denominó “inexistencia de
causal de nulidad del acto administrativo demandado”, pues los argumentos invocados
no se enmarcaban dentro de ninguna de las causales contenidas en el artículo 137 del
CPACA, en la medida en que “en todos y cada uno de sus cargos no se explica las
razones jurídicas por las cuales considera fueron vulneradas, ni aporta pruebas sobre la
que se puede inferir que tenga alguna razón, distintos a sus apreciaciones erradas y sin
fundamentos jurídicos y fácticos que demuestren que la entidad que represento se haya
extralimitado en sus funciones”.

1.5.2 Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla6

No contestó la demanda a pesar de haber sido notificada en debida forma.

6
Fls. 88 y 91 c. ppal.

9

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Demandada: CNSC

1.6. Resolución de excepciones

Mediante auto del 29 de junio de 20227 se negó la excepción previa de falta de
legitimación por pasiva formulada por la CNSC, por cuanto, si bien el manual de funciones
fue expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la CNSC fue la autoridad que expidió
el acto administrativo demandado y dicho manual constituía requisito previo para que se
pudieran fijar las reglas del concurso de méritos.

1.7. Sentencia anticipada

Con auto del 1º de agosto de 20238 se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
por configurarse las causales previstas en los literales b) y c) del numeral 1º del artículo
182 A del CPACA. De igual forma, en la misma providencia se fijó el litigio, se tuvo por
contestada en tiempo la demanda por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC) y por no contestada por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
Además, se incorporaron las pruebas allegadas por las partes, se negó la solicitud de
decreto de pruebas, por encontrarse la documentación en el proceso y, finalmente, luego
de ordenar correr traslado del material probatorio obrante en el expediente, se corrió
traslado para alegar de conclusión.

1.8. Alegatos de conclusión9

El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla alegó que no le asistía razón a
la parte actora para controvertir la legalidad del acuerdo demandado, pues en este caso
la Alcaldía Distrital de Barranquilla dio cumplimiento al principio de publicidad, pues
publicó en su página web oficial los Decretos No. 0486 de 2017 y 0194 de 4 de julio de
2018, que adoptaron y modificaron el manual de funciones. Señaló:

“(…) los ajustes al manual de funciones y competencias laborales se vieron reflejados en la Oferta
Pública de Empleos de Carrera establecida para la Convocatoria 758 de 2018 encontrándose
publicada en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este hecho, además de ser
aceptado por el propio demandante y poder corroborarse en el sitio web de la entidad, es suficiente
para concluir que el manual fue divulgado a través de un mecanismo masivo y eficaz para tal fin”.

7
Fls. 81-85 c. ppal.
8
Fls. 87-91 c. ppal.
9
Índice 140 Samai.

10

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Demandada: CNSC

1.9. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público, en el plazo para rendir concepto, guardó silencio, según
constancia secretarial obrante en el proceso10.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 del CPACA, en armonía
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201911, expedido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, la Sección Segunda es competente para conocer en única instancia de los actos
administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

En el presente asunto, la disposición acusada fue expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, entidad del orden nacional, conforme al artículo 130 de la Constitución
Política, Ley 909 de 2004 artículo 7 y Acuerdo 001 de 2004 (artículo 2). Y, en cuanto a la
naturaleza del asunto, corresponde a un asunto laboral, pues versa sobre las reglas del
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la Alcaldía Distrital de Barranquilla, convocado en el acto demandado.

2.2. Cuestión previa

La Sala debe anotar que, mediante sentencia del 24 de agosto de 202312, la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación resolvió un caso similar en el marco del
medio de control de simple nulidad, adelantado por la Federación Unión Regional de
Trabajadores del Sector Público y Privado – URPP- contra la CNSC y la Alcaldía Distrital
de Barranquilla, con el objeto que se declarara la nulidad del Acuerdo CNSC-
20181000006346 de 2018.

10
Samai, índice 145.
11
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de
lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».
12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de agosto de 2023. Exp. 4248-2019. M.P. Cesar Palomino Cortés.

11

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Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

En dicha demanda, la parte actora adujo la violación del derecho a la igualdad, legalidad,
trabajo, debido proceso y derecho de escogencia de profesión u oficio. Así mismo, alegó
que la entidad demandada indujo en error al representante legal del ente territorial a firmar
la convocatoria, sin haber adelantado una coordinación previa con el mismo,
incumpliendo el principio de planeación y sin verificar los cargos disponibles para
convocar a concurso, toda vez que, de “932 cargos ejercidos por servidores en
provisionalidad solo se ofertaron 484”.

En dicha decisión se negaron las pretensiones de la demanda, por cuanto no se probó
que no hubiera existido coordinación y planeación entre la CNSC y la entidad territorial,
dentro de la estructuración del proceso de selección. Se destaca el siguiente aparte de
la decisión en este sentido:

“Acorde con la norma transcrita, es claro que a efectos de lograr realizar la convocatoria del
concurso de méritos deben concurrir tanto la CNSC como la entidad u organismo beneficiario de
la provisión de los empleos en su suscripción; tal y como se evidencia en el sub examine, pues
tanto la entidad enjuiciada como el ente territorial suscribieron el proceso de selección; es decir,
que en su desarrollo hubo participación de las dos voluntades para la expedición de la convocatoria
al concurso”.

Así mismo, se desestimó el argumento relativo a que el acto administrativo acusado
hubiera sido expedido sin que se hubiera actualizado el manual de funciones y
habiéndose definido los ejes temáticos, tal y como lo exige el inciso 3º del Decreto 051
de 2018.

De ahí que, en cuanto a este cargo (expedición irregular y falsa motivación por
desconocimiento del principio de planeación), la Sala aplicará el fenómeno de la cosa
juzgada parcial, como se hará en la parte pertinente del estudio del cargo invocado.

2.3. Problema jurídico

En el auto del 1º de agosto de 2023, donde se dispuso a dar aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, el litigio se fijó como sigue:

“Se precisa que la controversia atañe a la legalidad o no del Acuerdo CNSC – 20181000006346
de 16 de octubre de 2018, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), «[p]or el
cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos y se convoca para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA – ATLANTICO "Proceso
de Selección No. 758 de 2018 — Convocatoria Territorial Norte”», al estimar el demandante que
quebranta el preámbulo y los artículos 1°, 2°, 13, 113, 125 (inciso 3) y 209 de la Constitución

12

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Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

Política; 31 de la Ley 909 de 2004 y 1° y 3° del Decreto 51 de 2017, por cuanto el acto administrativo
demandado (i) desconoce el principio de planeación conjunta y armónica, (ii) se emitió sin que el
Distrito de Barranquilla contara con recursos financieros suficientes o disponibilidad presupuestal
certificada para tal fin, (iii) no fue socializado con las organizaciones sindicales y (iv) adolece de
falsa motivación, comoquiera que fue emitido sin el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 51
de 2017 (artículo 3), pues «[…] el Distrito de Barranquilla no ha participado con la Comisión
Nacional de Servicio Civil en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos,
[…] [ni] actualiz[ó] su manual de funciones y competencias laborales […]».

El problema jurídico que plantea el litigio exige resolver los siguientes interrogantes: (i)
¿el acto administrativo vulneró las disposiciones contenidas en el preámbulo y los
artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política; así como el Decreto 051 de
2018, por medio del cual se modificó parcialmente el Decreto 1083 de 2015 (Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública y se deroga el Decreto 1737 de
2009), pues la administración distrital no participó en la planeación del proceso de
selección y el acto administrativo acusado fue expedido sin que se tuviera actualizado el
manual de funciones y habiéndose definido los ejes temáticos, tal y como lo exige el
inciso 3º del Decreto 051 de 2018?; (ii) ¿el acuerdo demandado desconoció el derecho
al debido proceso y el principio de publicidad, en la medida en que no se cumplió con la
socialización del manual de funciones y su modificación con las organizaciones
sindicales, tal y como lo exige el ordenamiento jurídico, en especial, el Decreto 051 de
2018, por medio del cual se modificó parcialmente el Decreto 1083 de 2015?, y (iii) ¿los
decretos que adoptaron y modificaron el manual de funciones de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla no fueron publicados en la Gaceta oficial y únicamente se hizo en la página
web de la entidad, razón por la cual no podían ser tenidos en cuenta por la CNSC para
dar apertura a la convocatoria del concurso abierto de méritos?.

Para resolver tales interrogantes se expondrá el marco legal y jurisprudencial sobre los
temas involucrados en el análisis de los cargos de ilegalidad propuestos contra el acto
administrativo demandado.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Régimen general de carrera13

El artículo 125 de la Constitución Política dispone que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular, libre nombramiento

13
Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 5 de septiembre de 2024. Exp. 11001-03-25-000-
2019-00887-00 (6375-2019). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

13

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y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. El sistema de
nombramiento será por concurso público, el ingreso y el ascenso en los mismos se harán
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

El artículo 130 de la Constitución contempló la existencia de la Comisión Nacional del
Servicio Civil como la autoridad encargada de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, “responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

La presencia de un órgano nacional del más alto nivel, autónomo e independiente de las
ramas del poder público se explica ante la necesidad que la puesta en marcha de la
carrera administrativa y su permanente veeduría se encuentre revestida de las máximas
garantías de imparcialidad y transparencia, al margen del influjo de otras instancias del
poder público14.

En concepto del 13 de diciembre de 2019, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la
Corporación15 recordó que en el sistema jurídico existen tres categorías de carrera: (i) el
general, previsto en el artículo 125 antedicho y contenido en la Ley 909 de 2004; (ii) los
sistemas especiales de origen constitucional sujetos a una regulación diferente por parte
del legislador y, (iii) los sistemas especiales de carrera de origen legal.

La misma Sala16 ha señalado también, en concepto posterior del 18 de diciembre de
2020, que en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la Ley 443 de 1998 17 para
regular la carrera administrativa. Dicha ley fue derogada por la Ley 909 de 2004 18,
actualmente vigente, con algunas modificaciones. Entre los asuntos regulados por la Ley
909 están el empleo público y la carrera administrativa.

En su artículo 1º, la Ley 909, con base en las normas constitucionales, establece que
hacen parte de la función pública los empleos públicos de carrera y de libre nombramiento
y remoción, los empleos de periodo fijo y los empleos temporales.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 29 de mayo de 2020, Radicado No. 11001-03-25-000-2018-
00605-00.
15
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00(2437).
16
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2020-00205-00 (2455).
17
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
18
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

14

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En el artículo 5º reitera que los empleos públicos son de carrera, a la vez que señala
cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción en los distintos órganos,
organismos y entidades del Estado.

En el Título IV, la Ley 909 regula el ingreso y el ascenso al empleo público; en su artículo
23 clasifica los nombramientos en: i) ordinarios, para los cargos de libre nombramiento y
remoción; y ii) en periodo de prueba y iii) en ascenso, para los empleos de carrera, salvo
lo que se prevea en las carreras especiales. En el artículo 24, trata del encargo como un
derecho de los empleados de carrera para ocupar empleos inmediatamente superiores a
los que desempeñan en propiedad, si reúnen los requisitos señalados en la norma.

En el artículo 27 se definió la carrera administrativa como un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso
y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna.

El artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la ejecución de dichos
procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia e igualdad en el
ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia.

En el artículo 15 de la Ley 443 de 1998 preveía como regla general que los concursos de
ascenso fueran cerrados, en la medida en que solo podían participar los empleados de
carrera administrativa de cualquier entidad, que reúnan los requisitos exigidos para el
empleo y las demás condiciones que establezcan los reglamentos.

En efecto, el concurso está orientado a identificar y calificar las destrezas, aptitudes,
experiencia, idoneidad física y moral, así como otras aptitudes y cualidades de los
aspirantes19.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicado No. 11001-03-24-000-2015-00542-00, providencia del 14 de mayo
de 2020.

15

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Por su parte, para la Corte Constitucional20, la carrera administrativa es el mecanismo
preferente previsto por la Constitución para proveer los cargos de los organismos y
entidades del Estado, de acuerdo con el criterio objetivo del mérito, privilegiando la
igualdad en el acceso a la función pública, así como la eficacia, eficiencia, moralidad,
imparcialidad y transparencia.

La Corte21 recordó que en la Ley 909 de 2004 se establecieron las etapas del proceso de
selección o concurso, en los siguientes términos: (i) la convocatoria, que debe ser suscrita
por la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo cuyas necesidades de personal se
pretenden satisfacer, y que se convierte en el acto administrativo que regula todo el
concurso; (ii) el reclutamiento, que tiene como objetivo atraer e inscribir a los aspirantes
que cumplan con los requisitos para el desempeño del empleo convocado; (iii) las
pruebas, cuyo fin es identificar la capacidad, aptitud, idoneidad y adecuación de los
participantes y establecer una clasificación de candidatos; (iv) la elaboración de la lista
de elegibles, por estricto orden de mérito, la cual tendrá una vigencia de dos años y con
la cual se cubrirán las vacantes, y (v) el nombramiento en período de prueba de la
persona que haya sido seleccionada por el concurso.

Con la expedición de la Ley 1960 de 201922 se hicieron cambios a la Ley 909 de 2004.
El artículo 2 de esta normativa dispone:

“(…) Artículo 2. El artículo 29 de la Ley 909 de 2004 quedará así: Artículo 29. Concursos. La provisión
definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante procesos de selección
abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en
la que esta delegue o desconcentre la función.

En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar las
personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los empleos.

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de la
planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro funcional
de empleos. (…)”.

2.4.2. Administración y vigilancia de la carrera administrativa. Funciones de la
Comisión Nacional de Servicio Civil

La Constitución Política de 1991 creó la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC,
como una autoridad del más alto nivel, autónoma e independiente de las ramas del poder

20
Sentencia C-514 de 1994.
21
Sentencia T-340-20.
22
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

16

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público, encargada de la administración y vigilancia de la carrera administrativa de los
servidores públicos, con excepción de aquella de carácter especial, con el fin de asegurar
su implementación y adecuado funcionamiento.

De esta forma, el artículo 130 de la Carta prevé:

“Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan
carácter especial”.

Dentro este marco constitucional, mediante la Sentencia C-1230 de 2005, la Corte
Constitucional23 precisó que la CNSC es la autoridad que tiene asignada la función
constitucional de “administrar” y “vigilar” el sistema general de carrera y los sistemas
especiales creados por el legislador, de manera que únicamente están excluidos de su
competencia los sistemas especiales de rango constitucional.

El artículo 7º de la Ley 909 de 2004, por su parte, hizo referencia a la naturaleza de la CNSC
en los siguientes términos:

“Artículo 7º. NATURALEZA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. La Comisión
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la
administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de
garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos en la
presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del
poder público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera
administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de
objetividad, independencia e imparcialidad”.

En cuanto a las competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el artículo 11
de la Ley 909 de 2004 señala:

“(…) a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que
se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera
administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de conformidad con lo
dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar los concursos, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de
carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el
reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre evaluación del
desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos
de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren

23
Corte Constitucional, Sentencias C-1262 de 2005 y C-471 de 2013, entre otras.

17

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optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por
razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de
personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se
encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los
Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en carrera
administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que regulan la carrera
administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión del empleo
público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la evaluación del
desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa”.

En concordancia con el literal i) anterior, el artículo 30 de la Ley 909 de 2004 regula la
competencia de la CNSC para adelantar los concursos púbicos de méritos, así:

"Artículo 30. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de selección
serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios
interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos
serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos.

Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas que
tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté ubicada la entidad para la cual
se realiza el concurso.

La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las universidades
públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo soliciten y demuestren su
competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de selección de personal,
así como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El procedimiento de acreditación
será definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada
Comisión".

De conformidad con lo anterior, en síntesis, la CNSC tiene las siguientes competencias
en materia de concursos públicos de méritos: (i) fijar los lineamientos generales de los
procesos de selección (artículo 11-a); (ii) acreditar a las entidades que podrán adelantar
tales procesos (artículo 11-b); "elaborar" las convocatorias (artículo 11-c); (iv) "realizar" y
"adelantar" los concursos para el ingreso al empleo público (artículos 11-i y 30) y (v)
determinar los costos de los mismos (artículo 30, inciso final).

3. Análisis de los cargos de nulidad

Mediante el Acuerdo CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018, la CNSC
estableció las reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los

18

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empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, para
un total de 484 vacantes, “Proceso de selección No. 758 de 2018 - Convocatoria
Territorial Norte”, suscrito por el presidente de la CNSC y el alcalde de la entidad
territorial.

Frente al acto, la parte demandante formuló varios cargos de ilegalidad a saber:
expedición irregular y falsa motivación (comparten elementos comunes); violación del
derecho al debido proceso y al derecho a la igualdad.

Al respecto, la Sala procederá a abordar el estudio de cada uno de los cargos propuestos,
como pasa a explicarse:

Expedición irregular y falsa motivación del acto acusado

La expedición irregular de un acto administrativo o lo que también podría llamarse la
trascendencia de los defectos formales del acto, es un vicio de nulidad que se materializa
cuando no se cumple con el procedimiento establecido para su formación y expedición,
esto es, cuando se controvierte la forma en la que se profirió la decisión.

Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación ha señalado24:

“Este vicio o causal de nulidad de los actos administrativos se predica de los defectos en el
elemento formal del acto, el cual comprende dos aspectos a saber: el procedimiento y la forma
de la declaración 44. Sobre lo primero, la expedición irregular se configura cuando se incumplen
las condiciones y fases previstas en el ordenamiento jurídico para la formación del acto. Y frente
a lo segundo, el vicio se presenta en los casos en los que la manifestación unilateral de voluntad
de la administración adolece de formalidades esenciales para su validez, tales como la
motivación”.

Sobre el particular, el Consejo de Estado también ha dicho al respecto 25:

“La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se configura cuando la
decisión de la administración viola las normas de orden adjetivo que establecen el procedimiento
para su formación o la forma como éste debe presentarse. Cuando el acto es expedido con
vicios en el trámite debe verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el
sentido de la decisión. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es
sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición irregular, caso contrario, es decir,
cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar su anulación». (Negrita
fuera de texto).

24
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 26 de enero de 2023. Exp. 1324-2021. M.P. William Hernández
Gómez.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2011, rad. 11001 -03-
28-000-2010-00007-00.

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La doctrina, por su parte, ha indicado lo siguiente 26:

“[D]ebe precisarse que no toda irregularidad en la forma que afecte los anteriores principios da
lugar a la invalidez o ineficacia del acto […] los vicios de carácter puramente accidental, instituido
solamente en beneficio de la administración, son irregularidades que no alcanzan a desvirtuar la
naturaleza de los procedimientos, luego no son causal de nulidad, sino cuando sea
razonable suponer que de haberse cumplido con esta formalidad accidental se habría
producido un cambio en el contenido de la voluntad administrativa” (Negrita fuera de texto).

En cuanto a la falsa motivación, es importante anotar que la misma vicia de nulidad el
acto administrativo, en cuanto las razones que soportan su contenido y decisión no se
acompasan con la realidad.

Bajo esta línea de razonamiento, la Sección Segunda de la Corporación ha señalado que
la falsa motivación ha sido entendida como el fundamento sobre el cual la administración
soporta su decisión, pero lo hace de manera engañosa, simulada o sin veracidad. Así
mismo, dicho vicio se configura cuando la situación de hecho o el razonamiento de
derecho que se aduce para la expedición del acto, no guardan correspondencia con la
decisión o decisiones que se adoptan27.

Es de anotar que la parte actora esgrimió argumentos comunes para fundamentar ambos
cargos, en los siguientes términos:

Señaló que la administración distrital no participó en la planeación del proceso de
selección y que el acto administrativo acusado fue expedido sin que se hubiera
actualizado el manual de funciones, tal y como lo exige el inciso 3º del Decreto 051 de
2018.

De igual forma, afirmó que la CNSC no coordinó con la Alcaldía Distrital de Barranquilla
las etapas del concurso de méritos, en claro desconocimiento del principio de planeación.

Al respecto, la Sala encuentra que no le asiste razón a la parte demandante, en la medida
en que, previamente a la expedición del acto administrativo demandado, la CNSC y la
Alcaldía Distrital de Barranquilla participaron activamente en la estructuración del
concurso de méritos, acatando el principio de planeación que las obliga, sin que se

26
Miguel Largacha Martínez y Daniel Posse Velásquez, op. cit., p. 98.
27
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 12 de octubre de 2011. Exp. 68001-23-31-000-2008-00066-01(1982-10). M.P.
Gustavo Gómez Aranguren.

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hubiera demostrado un abuso de la posición dominante por parte de la Comisión o que
la motivación del acto no estuviera acorde con la realidad.

En efecto, en el caso sub exámine se tiene que, mediante el Acuerdo CNSC-
20181000006346 de 16 de octubre de 2018, la CNSC estableció las reglas del concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, para un total de 484 vacantes, “Proceso
de selección No. 758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”.

En los considerados de los incisos 8º a 11º del Acuerdo CNSC-20181000006346 de 16
de octubre de 2018 se puede observar la labor mancomunada adelantada entre la entidad
territorial y la CNSC en la planeación del concurso de méritos. Se destacan los siguientes
apartes:

“(…) la CNSC realizó conjuntamente con delegados de la Alcaldía Distrital de Barranquilla objeto
del presente proceso de selección, la etapa de planeación para adelantar el concurso abierto de
méritos, en cumplimiento del mandato constitucional y de las normas vigentes e instrucciones de
la CNSC, con el fin de proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema General de Carrera
Administrativa de su planta de personal en el marco del proceso de selección No. 758 de 2018 –
Convocatoria Territorial Norte. Para tal efecto se adelantaron reuniones y actividades conjuntas.

En este sentido, el representante legal y el jefe de talento humano o quien haga sus veces, de la
Alcaldía Distrital de Barranquilla consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera que en adelante
se denominará OPEC, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, que en
adelante se denominará SIMO y suscribió la respectiva certificación generada por este Sistema.

La convocatoria se adelantará en concordancia con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que
estableció las etapas del proceso de selección o concurso así: 1. Convocatoria. 2. Reclutamiento.
3. Pruebas. 4. Lista de elegibles y 5. Periodo de prueba.

Atendiendo lo expuesto, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 09
de octubre de 2018 aprobó convocar a concurso abierto de méritos los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de su planta de personal de la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, siguiendo los parámetros definidos en el presente acuerdo y con
fundamento en el reporte de vacantes realizado por dicha entidad”.

En cuanto a los empleos que se convocaron en el concurso, en el artículo 11 se dispuso:

NÚMERO
DE NÚMERO DE
NIVELES DENOMINACIÓN EMPLEOS VACANTES

Comisario de familia 1 10

Inspector de policía urbano categoría
especial y 1 categoría 1 8

PROFESIONAL Líder de proyecto 1 1

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Profesional especializado 37 57

Profesional Universitario 49 129

Profesional Universitario área salud 1 2

Inspector de Tránsito y transporte 1 21

Técnico área Salud 2 7

TÉCNICO Técnico Operativo 51 211

Auxiliar Administrativo 2 36

Auxiliar área salud 1 1

ASISTENCIAL Secretario 1 1

TOTAL 148 484

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que, contrario a lo sostenido por la parte
actora, sí hubo coordinación y planeación entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la
CNSC. Las afirmaciones elevadas en este sentido carecen de sustento, en la medida en
que, conforme la parte motiva del acto, en conjunto, la Comisión y delegados de la
Alcaldía Distrital de Barranquilla, se desarrolló la etapa de planeación para adelantar el
concurso abierto de méritos, el representante legal y jefe de talento humano consolidaron
la oferta en el sistema SIMO, suscribieron la certificación generada por este sistema y se
adelantaron las etapas de que trata el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (convocatoria,
reclutamiento, pruebas, listas de elegibles y periodo de prueba), por lo que, en sesión del
9 de octubre de 2018 aprobó convocar a concurso, con fundamento en el reporte de las
vacantes realizado por la entidad territorial participante.

Sin perjuicio de lo expuesto, sobre el desconocimiento del principio de planeación y
coordinación, la Sala debe anotar que este cargo fue analizado en la sentencia del 24 de
agosto de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, en los siguientes
términos:

“(…) cabe señalar que contrario a lo aducido por el presidente de la entidad accionante, la Alcaldía
Distrital de Barranquilla (como beneficiaria del concurso) participó en el desarrollo de la
convocatoria, llevando a cabo actividades que se enmarcan en el ámbito de la cooperación
interinstitucional para el buen y correcto cumplimiento de los fines del Estado; de manera que, la
entrega del estudio de las cargas de personal, listado de vacantes, emisión del certificado de
disponibilidad y registro presupuestal, se constituyen en acciones de planeación y concertación en
el marco de los principios de la función pública, que se erigen en manifestación inequívoca de su

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voluntad concurrente para la suscripción del acto administrativo que incorpora la convocatoria a
concurso.

En efecto, las labores desarrolladas previamente a la convocatoria por parte del ente territorial,
fueron necesarias para desarrollar vínculos de colaboración y acciones de coordinación dirigidas a
constituir una convocatoria exitosa en términos de los fines señalados por la Constitución y la Ley;
por lo que, los actos que desplegó, tales como suscribir una carta a la CNSC para pedir la
realización del concurso de méritos, proveer la lista de vacantes, realizar la asignación
presupuestal, expedir el certificado y registro presupuestal 28, y demás actuaciones dirigidas a la
preparación del concurso, constituyen, a su vez, manifestaciones expresas de voluntad,
encaminadas a demostrar su activa participación en la construcción del proceso, el cual derivó en
la suscripción del acto de convocatoria al concurso público de méritos.

En ese sentido, se observa en el expediente 29 que la Alcaldía de Barranquilla informó a la
CNSC que solo contaba con apropiación presupuestal en la vigencia 2018 para cubrir los
costos del concurso de mérito de 484 vacantes pues no tenía autorización presupuestal del
Consejo Distrital para comprometer vigencias futuras. Empero, la comisión solicitó realizar el
reporte de la OPEC de las 932 vacantes, remitir el Manuel de Funciones y Competencias Laborales
de ese ente territorial, e indicar el proceso de financiamiento del concurso de méritos para la
vigencia de los años 2018 y 2019; dado que, la convocatoria se realizaría en la vigencia de 2019.

Por lo anterior, la Alcaldía puso de presente que no podía firmar el proyecto por no contar con el
presupuesto para la apropiación de recursos de las 932 vacantes; motivo por el cual, la CNSC le
solicitó realizar el ajuste en la OPEC con las 484 vacantes ofertadas; por lo que, remitió la
certificación de la planta de personal compuesta por 148 empleos y 484 vacantes suscrita por el
alcalde de Barranquilla y el responsable de talento humano. Luego, es pertinente concluir que en
el desarrollo del proceso tendiente a lograr la convocatoria participaron funcionarios de ambas
entidades que trabajaron mancomunadamente para adelantar el concurso público de méritos.

Adicionalmente, tanto las acciones encaminadas a la introducción de las partidas presupuestales,
como la consecuente expedición del certificado de disponibilidad 181660 30 y de registro
presupuestal, destinados a sustentar económicamente el proceso de convocatoria pública, se
constituyen en actos propios de la ordenación del gasto que además son preparatorios del proceso
mismo; y que, por tanto, se erigen en elementos de prueba que deben ser tenidos en cuenta para
demostrar el interés de la entidad beneficiada con el concurso, no solamente en su realización
efectiva, sino también en la participación permanente del proceso de elaboración del acto
administrativo que para tal finalidad se expidió.

Del mismo modo, la Alcaldía de Barranquilla allegó a la CNSC el estado de la oferta de empleos,
es decir, el número de empleos provistos de manera definitiva y la relación de las vacantes que
podrían ser ofertadas en el concurso abierto de méritos, con el correspondiente manual de
funciones y competencias laborales 31; documentos de tal valía, que, sin los cuales no hubiera sido
posible tan siquiera pensarse en iniciar una convocatoria a concurso.

Sumado, a como lo indicó el apoderado de la entidad beneficiaria del concurso en sus alegatos de
conclusión,32 que la entidad que representa “(…) suscribió acta de reunión de la mesa de trabajo y
oficios contentivos de cruce de información entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Comisión

[28] “Con el propósito de darle cumplimiento al requerimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en lo que respecta al proceso
de concurso de méritos de los 932 cargos que se encuentran en vacancia definitiva en nuestra planta de personal, en virtud a los
requerimientos constitucionales, legales y Circular No. 201610000057 de 2016 emitida por la Entidad vigilante, nos permitimos solicitar
incluir dentro del proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, la suma de $1.566.250.000 (Mil quinientos sesenta y seis millones
doscientos cincuenta mil pesos m.l.), para efectos de cubrir los costos para financiar dicho concurso. Es de anotar, que el valor por
cargo equivale a la suma de $3.500.000 para un total de $3.262.0000.000 (Tres mil doscientos sesenta y dos millones de pesos m.l.),
de los cuales para esta vigencia se otorgó certificado de disponibilidad presupuestal No. 181660 por valor de $1.695.750.000”.
[29] Informe técnico suscrito por el Gerente de Convocatoria Territorial Norte; Circular No. 201600000057 de 2016; Circular No. 17 de
2017; Oficio de entrada No. 20186000606882 del 31 de julio de 2018; Oficio enviado al alcalde de Barranquilla No. 20182210445341
de 13 de agosto de 2018; Oficio de entrada No. 20186000724472 de 7 de septiembre de 2018; Correo electrónico de 19 de octubre
2018, con radicado de entrada No.20186000889862; Certificado de disponibilidad presupuestal No. 181660 de comunicación
BARRANQUILLA-18-086553 de 17 de mayo de 2018; Certificación de la OPEC de la Alcaldía de Barranquilla; Oficio enviado a la
Secretaría Distrital de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla No. 20182210630961 del 9 de noviembre de 2018, Certificado
presupuestal del concurso de méritos; Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales Decreto 0194 de 2018, y Acta
de reunión No. 001-2017 del 15 de diciembre de 2017.
[30] El valor equivale a la suma de $3.500.000 para un total de $3.262.000.000, de los cuales para esta vigencia se otorgó certificado de
disponibilidad presupuestal por valor de $1.695.750.000. (soportes Samai).
[31] Contestación de la demanda Samai.
[32] Folio 527 a 535.

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Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

Nacional de Servicio Civil, se tiene el CDP y demás documentos soportes. En tal sentido, (…)
existió en todo momento coordinación y colaboración entre la Comisión Nacional de Servicio Civil
y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en el marco de la convocatoria 758 de 2018. Teniendo en
cuenta que por regla general el ingreso al servicio público se da por el sistema de méritos, y la
Comisión Nacional de Servicio Civil, tiene la función de i. administrar y vigilar la carrera
administrativa. ii. Elaborar las convocatorias a concurso, con la participación de la entidad de la
entidad beneficiaria, y el artículo 2.2.6.3. del Decreto 1083 de 2015, prevé que la convocatoria es
norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la
administración, a la entidad beneficiaria y a los participantes”.

En esa dirección debemos recordar entonces, que el proceso de trámite del acuerdo demandado,
se efectuó dentro de la legalidad de normas vigentes y aplicables, se suscribió acta de reunión de
la mesa de trabajo y oficios contentivos de cruce de información entre la Alcaldía Distrital de
Barranquilla y la Comisión Nacional de Servicio Civil, se tiene el CDP y demás documentos
soportes, tal y como se indicó en líneas atrás” (Negrillas fuera de texto).

De acuerdo con el análisis realizado en la anterior providencia, sobre la falta de
planeación y coordinación, fundamento de los cargos de expedición irregular y falsa
motivación, la Sala considera que en este punto se encuentra configurado el fenómeno
jurídico de la cosa juzgada parcial, conforme los supuestos previstos en el artículo 303
del Código General del Proceso (CGP)33, esto es, que en el presente asunto existe
identidad jurídica de objeto, causa y partes.

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones
contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de
inmutables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la terminación
definitiva de controversias que permita lograr la seguridad jurídica. Opera cuando por
razón de una decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la
posibilidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en un proceso anterior 34. Es
una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los
que exista una decisión ejecutoriada, no pueden volver a ser ventilados ante la
jurisdicción, se estructura a partir de dos premisas: una objetiva relacionada con el objeto
y la causa de la controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un
proceso. En cuanto al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla
general interpartes, con excepción de las decisiones que producen efectos erga omnes,
caso en el cual los mismos son oponibles de manera general.

33
“Artículo 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata
de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa
juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”
34
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 16 de septiembre de 2011, radicado No. 47001-23-31-000-2006-00878-02 (17771).

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Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

Como lo establece el artículo 189 del CPACA y como lo mencionó la Corporación, la
sentencia que decrete la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes de
manera plena, por lo que respecto de dicho acto no resulta posible adelantar un nuevo
proceso en el que se solicite su anulación; sin embargo, cuando se trate de sentencias
en las que se denieguen la nulidad, los efectos de cosa juzgada solo recaen sobre la
causa petendi, razón por la cual es posible que respecto de los actos que son objeto de
la decisión se puedan tramitar nuevos procesos, los cuales deben tener por fundamento
una causa distinta a la resuelta en la sentencia que negó la pretensión nugatoria. En lo
que atañe al objeto y la causa, tales aspectos se circunscriben al asunto sobre el que
versó el debate y las razones que se tienen para sustentar las pretensiones35.

En sentencia del 13 de junio de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado36
explicó que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene efectos de
cosa juzgada erga omnes, lo mismo con la que niegue la nulidad, pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. Para determinar si se presenta el fenómeno anterior con
la providencia que negó la nulidad se debe verificar: (i) identidad de las partes, pues al
proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y
obligados, pero cuando se trata de acciones públicas este requisito no aplica; (ii) identidad
de causa petendi, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada
deben tener los mismos fundamentos como sustento e (iii) identidad de objeto, ya que
debe versar sobre la misma pretensión.

En el presente asunto, tal y como se anotó en precedencia, se configura la cosa juzgada
parcial, respecto de los cargos de expedición irregular y falsa motivación, pues, en efecto,
tanto en el proceso 4248-2019 como en el sub lite, la demanda tuvo por objeto que se
declarara la nulidad del Acuerdo CNSC 20181000006346 de 2018, “Por el cual se
establecen las reglas del Concurso abierto de méritos y se convoca para proveer
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía Distrital de Barranquilla – Atlántico
“Proceso de Selección No. 758 de 2018 – Convocatoria Territorial Norte”. Así mismo, las
razones que dieron origen a ambos procesos, en cuanto al desconocimiento del principio
de planeación y coordinación, son comunes.

35
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 7 de diciembre de 2017, radicado No. 05001-23-33-000-2015-02253-01.
36
Radicado No. 11001-03-25-000-2010-00060-00 (0520-10), C.P William Hernández Gómez.

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Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
Humberto García Delgado
Demandada: CNSC

Por último, existe identidad jurídica de la parte pasiva en ambos casos, en cuanto la
autoridad administrativa que expidió el acto acusado fue la CNSC y la entidad territorial
a cuyo favor se adelantó el concurso de méritos es la Alcaldía Distrital de Barranquilla37.

Ahora bien, en cuanto al argumento relativo a que el acto administrativo acusado fue
expedido sin que se estuviera actualizado el manual de funciones y habiéndose definido
los ejes temáticos, tal y como lo exige el inciso 3º del Decreto 051 de 2018, en la sentencia
del 24 de agosto de 2023 también se analizó este punto en la siguiente forma:

“Ahora bien, y comoquiera que la Sala interpreta que otro de los motivos objeto de censura está
encaminado a que el acuerdo expedido por la accionada vulneró el debido proceso; esto es, “no
se ofertó sobre el Manual de Funciones existente en la Alcaldía”. En principio, se advierte que no
es cierto que para el momento en que se profirió el Acuerdo CNSC – 20181000006346 de 16 de
octubre de 2018, “que estableció las reglas del concurso para la provisión de empleos en la alcaldía
de Barranquilla” no estuviera en vigor el manual específico de funciones y competencias laborales
(MEFCL); puesto que, como lo demostró la CNSC, con su copia, había sido modificado por Decreto
194 de 4 de julio anterior, por la alcaldía de Barranquilla y lo recibió de este ente territorial el 7 de
septiembre de ese año; es decir, antes de que la CNSC emitiera el mencionado Acuerdo (índice
23 del aplicativo SAMAI); motivo por el cual, este cargo no tiene vocación de amparo, comoquiera
que quedó demostrado que se verificaron los cargos disponibles para convocar a concurso; esto
es, de 932 a 484, pues por cuestiones de presupuesto del municipio no se logró ofertar la totalidad
de los cargos.

Consecuente con lo anterior, esta Subsección precisa que lo aducido por el actor en el escrito de
demanda carece de sustento; dado que, se demostró que la CNSC y el Municipio de Barranquilla
elaboraron de manera coordinada (previo a la publicación del acto acusado), un proceso de
planeación presupuestal exigido por el legislador; en el que, la demandada estuvo atenta al
seguimiento de los ajustes necesarios para que se modificaran las vacantes publicadas en la
OPEC; ya que, por presupuesto del municipio no se logró ofertar los 932 cargos. Máxime que, el
ente territorial remitió a la CNSC el certificado de disponibilidad presupuestal por un valor de
$1.695.750.000 para cofinanciar los costos del concurso de méritos, la cual se ajusta con la
certificación de la OPEC de su planta de personal”.

Como se observa, en relación con este argumento también opera la cosa juzgada.

Sin perjuicio de lo anterior, según el material probatorio que reposa en el plenario, la Sala
encuentra que las consideraciones tenidas en cuenta en la decisión parcialmente
transcrita también tienen soporte en el presente asunto, pues, tal y como se encuentra
demostrado en el plenario, el manual de funciones, adoptado mediante el Decreto 0486
del 25 de julio de 2017, fue modificado por el Decreto 194 de 4 de julio de 2018 por la
alcaldía de Barranquilla y la CNSC lo recibió del ente territorial el 7 de septiembre de
2018, según el oficio No. QUILLA 18-153-595 del 24 de agosto de 2018, es decir, antes

37
Cabe anotar que, cuando se trata de acciones públicas este requisito no aplica, pues, en los casos de nulidad simple, conforme lo
establece el artículo 137 del CPACA, toda persona, por sí misma o por medio de representante pueden solicitar la nulidad de actos
administrativos de carácter general como el caso bajo análisis.

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Número interno: 3407-2019
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado -SUNET-, representado legalmente por el señor Germán
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Demandada: CNSC

que la Comisión emitiera el Acuerdo CNSC – 20181000006346 de 16 de octubre de 2018.
De ello da cuenta el contenido del índice 118 del aplicativo SAMAI38.

Por último, es importante anotar que, como se observa del contenido del aparte transcrito
de la sentencia, también carece de sustento la afirmación de la parte actora en cuanto
adujo que la CNSC ejerció una posición dominante con la entidad territorial, pues “no tuvo
en cuenta que financieramente al Alcaldía Distrital de Barranquilla no podía realizar el
concurso”. Ello, en la medida en que, además de quedarse solo en afirmaciones, las
actuaciones del proceso reflejan todo lo contrario, pues solo se ofertaron 484 cargos de
las 932 vacantes, justamente por falta de disponibilidad presupuestal para cubrirlos todos.

Violación al debido proceso

En relación con el derecho al debido proceso, la Sala debe recordar que el mismo se
predica respecto de las actuaciones administrativas como de los procesos judiciales.
Esto, en el marco del artículo 29 constitucional, a cuyo tenor se lee:

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
(…)”.

De esta forma, el derecho al debido proceso se erige en una garantía fundamental que
debe aplicarse a toda actuación -administrativa o judicial-, desde la etapa de inicio del
respectivo procedimiento hasta su terminación. Por tanto, las autoridades están obligadas
a observar el principio de legalidad, marco dentro del cual deben ejercer sus atribuciones.
De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una
actuación arbitraria o caprichosa39.

La parte actora adujo que el acuerdo demandado desconoció, en síntesis, el derecho al
debido proceso, en la medida en que no se cumplió con la socialización del manual de
funciones y su modificación con las organizaciones sindicales, tal y como lo exige el
ordenamiento jurídico, en especial, el Decreto 051 de 2018, por medio del cual se

38
Fl. 3 Samai.
39
Corte Constitucional. Sentencia T-1082-2012.

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modificó parcialmente el Decreto 1083 de 2015, a cuyo tenor los artículos 1º y 3º disponen
-se destacan los apartes sobre los cuales se fundamentó el cargo-:

“Artículo 1. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Único del Sector de la Función Pública, el cual quedará así: "Parágrafo 3. En el marco de lo
señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término
señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual especifico de
funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición del acto
administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la
autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo”.

“Artículo 3. Adicionar el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: "Artículo
2.2.6.34 Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de personal o quienes
hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específico o
especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los
empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera -
OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta
establezca. Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso
de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos.

La convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la
entidad pública respectiva.

Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual
de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.

En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo del
presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos destinados para
adelantar los concursos de méritos. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 110 del
Estatuto Orgánico de Presupuesto - EOP y el techo del Marco de Gasto de Mediano Plazo, las
entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto para adelantar los concursos de méritos.
Igualmente, los cargos que se sometan a concurso deberán contar con el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal, de acuerdo con lo establecido en el EOP” (Negrillas fuera de texto).

Adicional a lo anterior, la parte demandante sostuvo que los decretos que adoptaron y
modificaron el manual de funciones de la Alcaldía Distrital de Barranquilla no habían sido
publicados en la gaceta oficial y únicamente se hizo en la página web de la entidad y, por
tanto, no podían ser tenidos en cuenta por la CNSC para dar apertura a la convocatoria
a concurso abierto de méritos de los empleos en vacancia definitiva, perteneciente al
Sistema General de Carrera Administrativa de la entidad territorial, lo cual se dio mediante
el Acuerdo CNSC-20181000006346 de 16 de octubre de 2018.

En el presente asunto, la Sala tampoco encuentra acreditado el desconocimiento del
derecho al debido proceso, por las siguientes razones:

En primer lugar, en cuanto al hecho que el manual de funciones y su modificación no
habían sido actualizados al momento de la expedición de la convocatoria, la Sala
encuentra que no es cierta dicha afirmación, toda vez que, tal y como se señaló al resolver

28

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Demandada: CNSC

el cargo de expedición irregular y falsa motivación, para el momento en que se profirió el
Acuerdo CNSC – 20181000006346 de 16 de octubre de 2018, que estableció las reglas
del concurso para la provisión de empleos en la alcaldía de Barranquilla, ya se había
adoptado con el Decreto 0486 de 2017 y aún modificado con el Decreto 0194 del 4 de
julio de 2018 el manual específico de funciones y competencias laborales (MEFCL).

En efecto, en el proceso se encuentra acreditado que la CNSC recibió del ente territorial
la modificación del manual el 7 de septiembre de 2018, es decir, antes que la CNSC
emitiera el mencionado Acuerdo el 16 de octubre de 2018 (índice 118 del aplicativo
SAMAI).

De ahí que el acto administrativo acusado fue expedido teniendo en cuenta la
modificación o actualización que se hizo del manual de funciones, tal y como lo exige el
inciso 3º del Decreto 051 de 2018.

En cuanto al desconocimiento del principio de publicidad, la Sala no lo encuentra
probado, en la medida en que está demostrado en el plenario que la Alcaldía Distrital de
Barranquilla dio cumplimiento al principio de publicidad, pues publicó en su página web
oficial los Decretos No. 0486 de 2017 y 0194 de 4 de julio de 2018, que adoptaron y
modificaron el manual de funciones.

Lo anterior fue confirmado por el propio demandante en el libelo.

A lo anterior cabe agregar que el argumento tampoco está llamado a prosperar, pues la
Alcaldía Distrital de Barranquilla es una entidad del orden territorial y, en atención a lo
dispuesto en el artículo 65 del CPACA40 y a diferencia de lo previsto para el nivel nacional,
no está sujeta a un único medio de publicación de los actos administrativos generales.

En efecto, las entidades de la administración central y descentralizada de los entes
territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad tienen la posibilidad de
dar a conocer sus actos mediante los medios que garanticen una amplia divulgación,

40
El artículo 65 del CPACA dispone que «[…] no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas
territoriales, según el caso […]». No obstante, la misma norma admite que «[…] Las entidades de la administración central y descentralizada
de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad podrán divulgar esos actos mediante la fijación de avisos, la
distribución de volantes, la inserción en otros medios, la publicación en la página electrónica o por bando, en tanto estos medios garanticen
amplia divulgación […]».

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Demandada: CNSC

como lo es la publicación en la página electrónica, la fijación de avisos, la distribución de
volantes, entre otros.

Por tanto, si los decretos que adoptaron y modificaron el manual de funciones no se
publicaran en el Diario Oficial, ello no afectó en modo alguno su eficacia o ejecutoriedad,
la cual, según alegó la Alcaldía Distrital de Barranquilla se produjo en virtud de la
divulgación de dichos actos en medios de amplia circulación como su página web, hecho
último que no fue puesto en duda por el sindicato demandante y respecto del cual el ente
territorial allegó las respectivas pruebas.

Por último, en relación con la omisión de la CNSC de socializar el manual de funciones y
su modificación con las organizaciones sindicales, la Sala debe anotar, en primer lugar,
que los argumentos que sustentan el cargo relativo al desconocimiento del derecho al
debido proceso están más dirigidos a sustentar un cargo de expedición irregular del acto
administrativo, en la medida en que se trata de un requisito formal previsto en la ley,
previo a su formación o expedición.

En efecto, el artículo 1º del Decreto 051 de 2018, “Por el cual se modifica parcialmente
el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se
deroga el Decreto 1737 de 2009”, que adicionó el parágrafo 3º al artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, prevé que,
en el marco de lo señalado en el numeral 8º del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, las
entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las
modificaciones o actualizaciones al manual especifico de funciones y de competencias
laborales.

Así mismo, dispone que la administración, previo a la expedición del acto administrativo
lo socializará con las organizaciones sindicales, sin perjuicio de la autonomía del jefe del
organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.

Precisado lo anterior, cabe anotar que la expedición irregular de un acto como causal de
nulidad, como se señaló en líneas atrás, debe verificarse con la finalidad de tener certeza
que tal irregularidad en el proceso logra afectar la decisión, por cuanto es sustancial o
trascendente, al punto de concluirse que su configuración podría cambiar el sentido de

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la decisión administrativa. Por ende, cuando el defecto es formal e intrascendente, no
hay lugar a decretar su anulación.

Ahora bien, respecto al cumplimiento de dicho requisito formal, de la revisión de la norma,
la Sala encuentra que, si bien se exige que, previo a la expedición del acto administrativo
que adopta, modifica o actualiza el manual de funciones, la administración lo socializará
con las organizaciones sindicales, la norma al tiempo dispone que es sin perjuicio de la
autonomía del jefe o representante legal de la entidad, lo que permite concluir, en
principio, que tal requerimiento no constituye, per se, una condición sine qua non de
formación o exigibilidad del acto administrativo, entendido como expresión unilateral de
la voluntad de la administración pública, con la finalidad de generar efectos jurídicos.

En el presente asunto reposa copia del oficio No. QUILLA-19-038115 del 20 de febrero
de 201941, mediante el cual la Alcaldía Distrital de Barranquilla dio respuesta a un derecho
de petición, en el cual dio cuenta de haber adelantado varias actuaciones, en armonía
con la CNSC, tendiente a la provisión de los cargos dentro del proceso de modernización
de la administración, previo el adelantamiento del concurso de méritos.

Así, puso de presente que, luego de haberse concedido las facultades para rediseñar y
modernizar la alcaldía por parte del Concejo Distrital, en el mes de marzo de 2016 se
organizaron grupos interdisciplinarios con representantes de cada dependencia, para
revisar los procedimientos, las funciones, las cargas laborales y la procedencia de su
actualización.

De igual forma, en dicha comunicación la administración informó que “el manual de
funciones y competencias laborales ajustado mediante Decreto 194 de 2018 no fue
socializado con funcionarios y organizaciones sindicales”.

Al respecto, la Sala considera que, si bien se presentó la omisión en socializar el manual
de funciones con las organizaciones sindicales, la misma no vicia de nulidad la
convocatoria y permite que la entidad territorial adopte o modifique el manual de
funciones mediante acto administrativo, en ejercicio de su autonomía, como en efecto
ocurrió en el sub lite.

41
Fls. 67-68 c. ppal.

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Para sustentar lo anterior, la Sala realizará un barrido jurisprudencial sobre la materia.

Mediante sentencia del 3 de junio de 202142, la Sección Segunda privilegió la presunción
de legalidad del acuerdo que convocó a un concurso de méritos, al ponderar los principios
de publicidad o socialización con los de la función pública y de interés general. En este
caso se negaron las súplicas de la demanda, porque la omisión de la socialización del
manual de funciones con las organizaciones sindicales no era suficiente para invalidar un
proceso de selección. Se destaca el siguiente aparte:

“(…) en este medio de control no se probó que la omisión del requisito procedimental en comento haya
tenido implicaciones en la decisión final adoptada por la administración. Así pues, en este trámite, la
parte demandante no explicó ni demostró, por ejemplo, que la expedición del manual específico de
funciones del municipio, que fue tomado como base para la OPEC del concurso de méritos, se apartó
de los criterios de funcionalidad y cargas de trabajo, o que en el certamen reglamentado por el acuerdo
acusado se quisiera privilegiar a determinadas personas, o que de alguna manera se estuvieran
desarrollando las referidas competencias sin sujeción al principio del interés general. Así pues, por el
contrario, en este caso sí resulta evidente que la anulación de los actos acusados implicaría la eventual
vulneración de derechos y expectativas legítimas de los concursantes de la Convocatoria […] Por
esto, cabe concluir que la sola omisión del requisito de publicidad previa no es suficiente para
invalidar el concurso, pues su legalidad también tiene la vocación de proteger otras importantes
finalidades relacionadas con la realización del principio del mérito como pilar fundamental de la función
pública, el principio de eficacia en la función administrativa y también garantizar el derecho a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político, que puede materializarse, según el numeral
7.° del artículo 40 de la Constitución, a través del desempeño de funciones y cargos públicos […]»
(Negrillas fuera de texto).

Con la sentencia del 26 de mayo de 202243, la Sección Segunda fue enfática en afirmar
que los principios de publicidad y participación se satisfacen haciendo uso de cualquier
medio que resulte efectivo para tales fines, más aún cuando no existe reglamentación
que contenga los parámetros bajo los cuales se ha de llevar a cabo dicha socialización
con los sindicatos. Además, la obligación de socializar las modificaciones al manual
específico de funciones y competencias laborales, no se traduce en la necesidad de
convocar a una reunión con las organizaciones sindicales. De igual forma, se hizo
referencia a la necesidad de realizar un juicio de ponderación de los principios en mención
con los propios de la función pública y el interés general. Sobre el particular, se sostuvo:

“De otro lado, la inconformidad del sindicato referida a la falta de «citación a un espacio de
socialización» de los proyectos de acto administrativo en comento es fruto de una interpretación que
no se desprende del artículo 8.º, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 ni del parágrafo 3 del artículo
2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. El alcance de estos preceptos debe fijarse ponderadamente, de
manera que se garantice tanto la satisfacción de los principios de publicidad y participación como el
adecuado ejercicio de la potestad reglamentaria de la administración. En ese orden de ideas, la Sala
encuentra que la teleología de tales normas se satisface razonablemente cuando, haciendo uso de

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de junio de 2021, rad.
110010325000201801551 00 (5060-2018).
43
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 26 de mayo de 2022. Exp. 11001032500020190034700 (2234-2019). M.P. William
Hernández Gómez.

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cualquier medio que resulte efectivo para tal fin, (i) se da a conocer el contenido del proyecto de acto
administrativo a sus destinatarios; (ii) se concede la oportunidad y los mecanismos para que los
interesados puedan expresar sugerencias, desacuerdos, propuestas o cualquier otro tipo de
manifestaciones; y (iii) la administración se pronuncia de fondo frente a estas últimas. Es cierto que
para cumplir tal cometido las autoridades administrativas deben expedir un reglamento en el que
señalen los parámetros bajo los cuales se ha de llevar a cabo el proceso de publicación de los
proyectos de regulación. Sin embargo, de no existir aquella norma, las entidades no se encuentran
atadas a una vía o procedimiento determinado, de allí que en esos eventos interese definir si
sustancialmente se respetaron esas condiciones que constituyen el contenido mínimo de la obligación
objeto de estudio.
(…)

Ahora, es importante anotar que, según el Diccionario de la Lengua Española, «socializar» significa
«2. Tr. Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos». En ese sentido, mal
podría entenderse que, para cumplir con la obligación de socializar las modificaciones al manual
específico de funciones y competencias laborales, la UAESP tenía que haberle convocado a una
reunión. Este criterio, abanderado por la parte demandante, no se comparte pues se insiste que, no
existiendo una regulación interna que así lo dispusiera, la socialización podía efectuarse a
través de cualquier mecanismo que permitiera poner en conocimiento de la organización
sindical el contenido de las resoluciones cuestionadas.

(…)

Aunque en este caso no se evidenció la transgresión de aquel mandato, es importante anotar que,
incluso en eventos en los que se ha constatado su desobediencia, esta Sala de Subsección ha
negado la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados cuando, al ponderar los principios
de participación ciudadana y de eficacia en la función administrativa que entran en colisión,
advierte que este último tiene mayor peso según las circunstancias particulares del caso. Lo
anterior, como se explicó en precedencia, bajo el entendido de que el deber de darle publicidad a los
proyectos específicos de regulación no es per se un requisito esencial de validez de los actos
administrativos, lo que permite que las irregularidades asociadas a su cumplimiento se resuelvan
acudiendo a la ponderación anunciada” (Negrillas fuera de texto).

Mediante sentencia del 16 de febrero de 202344, la Sección Segunda también negó las
pretensiones en torno a los cargos de ilegalidad propuestos contra una convocatoria a
concurso de méritos. En cuanto a la socialización de los manuales, se estableció que,
per se, no conllevaba a la nulidad del acto administrativo, pues se requería ponderar los
principios en juego y, así mismo, establecer la transcendencia de la afectación en la
decisión enjuiciada. Al respecto, se señaló:

“(…) esta garantía [socialización] no influye en la unilateralidad que caracteriza al acto
administrativo, pues las observaciones y sugerencias de los interesados carecen de efectos
vinculantes para las autoridades quiénes sólo están sujetos a la Constitución y la ley y en general a
los principios que rigen la función administrativa. De esta manera se contempla en el Decreto 051 de
2018 cuando se establece que la socialización se realiza sin perjuicio de la autonomía del jefe del
organismo que lo expide.

(…)

(…) es necesario precisar que la Corporación ha señalado de manera reiterada que en virtud
de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal las irregularidades que no tengan
trascendencia en los derechos y garantías fundamentales pueden ser subsanadas y no
implican necesariamente la anulación del acto.

44
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 16 de febrero de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00295-00 (1892-2019). M.P.
Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandada: CNSC

En este sentido, a pesar que la entidad demandada dejó de aplicar una norma legal que contiene una
regla referida a una ritualidad prevista para el ejercicio del derecho de participación, la Subsección ha
sostenido que para concluir si el incumplimiento del requisito de socialización conlleva a la nulidad del
acto administrativo es necesario acudir al mecanismo de ponderación y determinar la transcendencia
de la afectación, que se vea representada en la posibilidad de haberse tomado una decisión diferente
a si la formalidad omitida o incumplida hubiese sido observada.

(…)

En el caso sub examine no se probó que la omisión de la socialización haya tenido
repercusiones graves en el contenido final de las decisiones (…).

Así las cosas, cabe concluir que la omisión de requisito de socialización no invalida per se la
adopción del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias del Plan de Vacantes 2018 de
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, pues no es un requisito esencial de validez del acto
administrativo lo que permite resolver las irregularidades acudiendo a la ponderación
realizada” (Negrillas fuera de texto).

Mediante sentencia del 6 de julio de 202345, la Sección Segunda de esta Corporación al
resolver una demanda de nulidad contra el Acuerdo CNSC -20181000006056 de 24 de
septiembre de 2018, «Por el cual se establecen las reglas del concurso abierto de méritos
para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ», identificado como «Proceso de
Selección N° (sic) 741 de 2018- Distrito Capital», reiteró la postura adoptada en las
sentencias del 26 de mayo de 2022 y del 16 de febrero de 2023, en los siguientes
términos:

“Ahora bien, tal como lo ha señalado esta Subsección en casos similares 46, de la norma “[…] se
desprende la intención de democratizar el procedimiento administrativo que como lo ha indicado esta
Subsección47 tiene por objetivo facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, lo
que permite que el acto administrativo tenga en consideración los intereses de dichos grupos”. […] No
obstante, esta garantía no influye en la unilateralidad que caracteriza al acto administrativo,
pues las observaciones y sugerencias de los interesados carecen de efectos vinculantes para las
autoridades quiénes sólo están sujetos a la Constitución y la ley y en general a los principios que rigen
la función administrativa. De esta manera se contempla en el Decreto 051 de 2018 cuando se
establece que la socialización se realiza sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo
que lo expide” (Negrillas fuera de texto).

Cabe anotar que, una vez realizada la aclaración que precede, en esta decisión la
Sección Segunda sí encontró acreditada la socialización del manual de funciones con las
organizaciones sindicales.

45
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 6 de julio de 2023. Exp. 11001 03 25 000 2019 00339 00 (2215 -2019). M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
[46] Sentencia de 16 de febrero de 2023 en el proceso radicado 11001- 03 -25 - 000 -2019 -00295 -00 (1892- 2019).
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de mayo de 2022,
Radicación 11001032500020190034700 (2234-2019).

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Mediante sentencia del 31 de agosto de 202348, la Sección Segunda señaló:

“De otro lado, es pertinente recordar que el artículo 2.2.2.6.1., parágrafo 3, del Decreto 1083 de
2015, establece que la socialización de las modificaciones de los manuales de funciones se realiza
“[…] sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo
acto administrativo””.

Lo anterior, “bajo el entendido que la administración es la encargada de expedir el acto
administrativo definitivo, debido a que tiene la atribución legal, así como la capacidad
técnica para determinar los perfiles de los empleos, especialmente su denominación,
nivel y grado; requisitos de formación académica y experiencia para ocuparlos; deberes
y funciones”.

Realizada dicha precisión, es preciso advertir que en el caso concreto estudiado en la
providencia en mención sí quedó probada la socialización del manual.

Por último, en sede de suspensión provisional, mediante auto del 30 de mayo de 2024 49,
la Sección Segunda, Subsección B, negó la medida cautelar formulada por la parte actora
contra el acto administrativo que estableció el manual específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Secretaría de
Educación; y el Acuerdo 20191000005906 del 14 de mayo de 2019 expedido por la
CNSC, por el cual se abrió el proceso de selección por mérito para proveer de forma
definitiva los empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera
administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Chocó, identificado como
convocatoria 1325 de 2019.

En el contenido de la providencia se destaca el siguiente aparte, en torno a la
socialización del manual de funciones con las organizaciones sindicales:

“(…) el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 dispuso que la socialización de
las modificaciones de los manuales de funciones se realiza “[…] sin perjuicio de la facultad de la
administración para la adopción y expedición del respectivo acto administrativo”, por lo que su
ausencia no vicia de nulidad el acto administrativo.

33. En este sentido, el Consejo de Estado 50 señaló que en estos casos «la administración es la
encargada de expedir el acto administrativo definitivo, debido a que tiene la atribución legal, así
como la capacidad técnica para determinar los perfiles de los empleos, especialmente su

48
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 31 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019) 11001-
03-25-000-2019-00035-00 (0097-2019) Acumulados. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
49
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 30 de mayo de 2024. Exp. 11001-03-25000-2022-00682-00 (6205-2022).
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
[50] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, Rad.:
0517-2019.

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denominación, nivel y grado; requisitos de formación académica y experiencia para ocuparlos;
deberes y funciones” (Negrillas fuera de texto).

De conformidad con el barrido jurisprudencial que antecede, la Sala comparte los
planteamientos allí expuestos, en torno al hecho que la omisión en socializar los
manuales de funciones con las organizaciones sindicales no invalida el acto
administrativo que convoca o da apertura al concurso de méritos, por cuanto constituye
una interpretación acorde con el ordenamiento jurídico. Además, no se demostró que la
omisión en adelantar dicha socialización, como se alegó por la parte actora conforme el
contenido del oficio del 20 de febrero de 2019, hubiera afectado el contenido o sentido
de los decretos que lo adoptaron y modificaron o que ello hubiera incidido en las reglas
de la convocatoria. De ahí que tal omisión no fue sustancial o trascendente, para que de
lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado.

En efecto, tal y como se anotó en las decisiones a las que se hizo referencia, la sola
omisión del requisito de publicidad previa no es suficiente para invalidar el concurso, pues
su legalidad también tiene la vocación de proteger otras importantes finalidades
relacionadas con la protección de interés general, la realización del principio del mérito
como pilar fundamental de la función pública, el principio de eficacia en la función
administrativa y también garantizar el derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político.

En este orden de ideas, la falta de «citación a un espacio de socialización» de los
manuales de funciones, no se acompasa con la interpretación que debe darse al artículo
1º del Decreto 051 de 2018, que modificó el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
1083 de 2015, pues el alcance de esta norma debe fijarse ponderadamente, de manera
que se garantice tanto la satisfacción de los principios de publicidad y participación como
el adecuado ejercicio de la potestad reglamentaria de la administración.

La finalidad de esta norma, o lo que es lo mismo, la intención del legislador está dirigida
a satisfacer el principio de publicidad, sin establecer condicionamientos o restricciones
no previstas en la ley. De ahí que el uso de cualquier medio que resulte efectivo para dar
a conocer el contenido del proyecto de acto administrativo a sus destinatarios.

De conformidad con lo anterior, no puede entenderse, desde ninguna óptica, que la
palabra «socializar» prevista en el artículo 1º del Decreto 051 de 2018 signifique que

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obligatoriamente la CNSC o la entidad territorial tuviera que haber convocado a una
reunión con las organizaciones sindicales.

Según el diccionario de la Real Academia Española51, socializar es
“Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos”, lo que se
traduce en dar a conocer algo o una decisión a un conglomerado social en general, lo
que se cumplió con la publicación del manual en la página web de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, tal y como quedó probado en el proceso y así fue confirmado por la parte
actora en la demanda.

Adicionalmente, es importante anotar que no se probó que al interior de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla existiera una regulación o reglamentación interna que
estableciera los parámetros o el procedimiento que debía adelantarse para realizar dicha
socialización de los manuales, previamente a su expedición, como condición necesaria
para su formación o exigibilidad. Por tanto, dicha socialización podía efectuarse a través
de cualquier mecanismo que permitiera poner en conocimiento de la organización sindical
el contenido del manual.

De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que, a pesar que no se cumplió con la
ritualidad contenida en la norma, la jurisprudencia de la Sección Segunda de la
Corporación ha sido uniforme al establecer que el incumplimiento del requisito de
socialización no trae como consecuencia necesaria la nulidad del acto administrativo, en
este caso, del acuerdo que convocó al concurso de méritos, el cual tuvo como soporte el
manual de funciones, pues, además que no constituye un requisito para la validez del
acto administrativo, no influye en la unilateralidad que lo caracteriza. De esta manera se
contempla en el Decreto 051 de 2018 cuando se establece que la socialización del
manual de funciones se realiza sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo que
lo expide, en razón a que emerge de una atribución legal, que lo habilita para establecer
los perfiles de los empleos, determinar su nivel, grado y funciones; así como prever los
requisitos de formación académica y experiencia para ocuparlos.

De lo anterior se desprende, así mismo, que la socialización de los cambios que se
realicen a los manuales de funciones sirven para expedir otros nuevos y, de esta manera
permitir que se adopten medidas de mejora y actualización estructural de las entidades

51
www.rae.es.

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públicas, pero no es una exigencia o requisito para planear un proceso de selección, y
mucho menos para convocar a un concurso.

A lo anterior se agrega que tampoco se probó que la omisión del requisito procedimental
en comento haya tenido implicaciones en la decisión final adoptada por la administración
en el presente caso.

La parte demandante no justificó ni probó que la expedición del manual, que fue tomado
en cuenta para la convocatoria del concurso de méritos, hubiera desconocido los criterios
para la nominación, categoría y grado de los cargos o para definir e identificar las
funciones y las cargas de trabajo. Tampoco se acreditó o adujo argumento tendiente a
enjuiciar el desconocimiento del interés general o la configuración de una desviación de
poder.

Por otro lado, la Sala debe destacar que, aún en eventos en los que se ha demostrado
que no se ha satisfecho la socialización, la Sección Segunda, como se pudo evidenciar
del contenido de las decisiones judiciales a las que se hizo referencia, ha negado la
declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados al ponderar los principios de participación
ciudadana y de eficacia en la función administrativa.

Violación al derecho a la igualdad

El artículo 13 de la Carta Política prevé que todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. De ahí que el Estado
está en el deber de promover las condiciones y adoptar las medidas necesarias para que
la igualdad sea real y efectiva.

En palabras de la Corte Constitucional52, el derecho a la igualdad, al tiempo que obliga
adelantar acciones en favor de quienes se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta, prohíbe la discriminación injustificada. Por tanto, para su aplicación adecuada,
“no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas
entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles”.

52
Corte Constitucional. Sentencia C-862-2018.

38

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Para soportar este cargo de ilegalidad, la parte actora alegó que “al no estar el manual
ajustado se rompe el principio (sic) de igualdad, dado que pueden acceder personas al
mismo cargo sin que cumplan realmente con el perfil de este”. Esto, en la medida en que
la modificación del manual consagró las mismas funciones para el personal operativo
como para los profesionales.

Al respecto, la Sala encuentra que el cargo formulado no cumple con la carga
argumentativa necesaria para poder establecer que las funciones eran distintas. Así
mismo, la parte actora tampoco cumplió con el impulso probatorio para demostrarlo,
pues, como se puede observar del contenido de los Decretos 0945 de 2016 y 0194 de
2018, en ellos no se indicaron las funciones, solo se definió la denominación de los
cargos, el código y grado, haciendo la correspondiente distinción entre profesionales y
personal operativo. Tampoco se allegó ningún documento anexo de los mencionados
decretos en los que se especificara las funciones de dichos cargos.

De ahí que tal afirmación resulte genérica y carente de sustento, pues la fundamentación
de la demanda no está nutrida con argumentos fácticos, jurídicos o probatorios que
permitan evidenciar que, en efecto, en el manual de funciones, con fundamento en el cual
se expidió la convocatoria al concurso de méritos, se hayan consagrado las mismas
atribuciones para el personal operativo como para el profesional.

III. DECISIÓN

La Sala negará las pretensiones de nulidad en contra del Acuerdo CNSC-
20181000006346 de 16 de octubre de 2018, “[p]or el cual se establecen las reglas del
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA - ATLÁNTICO, “Proceso de selección No.
758 de 2018 - Convocatoria Territorial Norte”, suscrito por el presidente de la CNSC y el
representante legal de la entidad territorial, por cuanto no se acreditaron los cargos de
ilegalidad propuestos en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

39

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III. FALLA

PRIMERO. Declarar que en relación con los cargos de expedición irregular y falsa
motivación por desconocimiento del principio de planeación, se configuró la cosa juzgada
parcial en el asunto, con la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación, dentro del expediente con radicado 4248-
2019.

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el
expediente con las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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