Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00738-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00738-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00738-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Carlos David Romero Cárdenas
Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia proferido
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, que accedió a
las pretensiones de la demanda presentada por Carlos David Romero Cárdenas.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del medio de control de
1 En lo que sigue Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)
Demandante: Ugpp
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 54001-33-33-001-2013-00012-
00 (01), que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de Cúcuta, por medio del cual se accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Carlos David Romero Cárdenas contra la Ugpp y se
ordenó incluir todo lo devengado en el último año de servicio para la reliquidación
de su pensión.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria
de que Carlos David Romero Cárdenas no era acreedor de un derecho adquirido
amparable en la legislación colombiana y; iii) la orden de reliquidación y pago de la
pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los
factores de cotización taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Carlos David Romero Cárdenas nació el 14 de febrero de 1960, prestó sus
servicios al Departamento Administrativo de Seguridad2 desde el 11 de diciembre
de 1985 hasta el 30 de diciembre de 2007. El último cargo que desempeñó fue el
de detective profesional y adquirió el estatus pensional el 20 de diciembre de 2005.
3.2. Mediante la Resolución 6840 del 20 de marzo de 2007 Cajanal le reconoció una
pensión de vejez en cuantía de $866.288, efectiva a partir del 1° de febrero de 2006
condicionada al retiro del servicio.
3.3. Con la Resolución UGM 003447 del 5 de agosto de 2011 se reliquidó la pensión
en la suma de $1’009.013,69, efectiva a partir del 1° de enero de 2008 condicionada
al retiro definitivo del servicio y a través de la Resolución UGM 26405 del 16 de
enero de 2012 fue confirmanda esa decisión.
3.4. El 29 de enero de 2013 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo3 en contra de la Ugpp con el fin de que se declarara
la nulidad de las resoluciones por medio de los cuales se le negó la reliquidación de
su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del
2 En adelante DAS.
3 En lo sucesivo CPACA.
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Demandante: Ugpp
Circuito de Cúcuta, el que por medio de la sentencia del 13 de febrero de 20144
accedió a las pretensiones, para lo cual resolvió:
«PRIMERO: ABSTENERSE DE DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 06840 del
20 de marzo de 2007, por las razones expuesta al inicio de la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de las Resoluciones UGM 003447 de 2011
y UGM 026405 de 2012, en atención a las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento ORDÉNESE
a la Nación – CAJANAL EICE en liquidación, hoy UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, reliquidar la pensión del demandante, tomando como
base el 75% del promedio de todo lo que hubiere devengado el accionante, en el último
año de servicios, es decir, el sueldo básico, la prima especial de riesgo, la bonificación
por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de
navidad (…)» (sic)
3.5. Inconforme con lo decidido, las partes interpusieron recursos de apelación, los
cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014, que confirmó la providencia
recurrida.
3.6. Mediante la Resolución RDP 029632 del 13 de agosto de 2016 se reliquidó la
pensión del demandado, en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en cuantía de $1’481.432, efectiva a partir
del 1° de enero de 2008.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2014 confirmó la dictada por el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de Cúcuta, que accedió a las súplicas de la demanda.
5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 5:
5.1. Carlos David Romero Cárdenas prestó su servicio en el DAS entre el 9 de
diciembre de 1985 y el 31 de diciembre de 2007, de manera que fue beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, por lo que
era procedente realizar la liquidación de su pensión en la forma que se tenía
4 Cuaderno 4, folios 619 a 628.
5 Cuaderno 4, folios 641 a 649.
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Demandante: Ugpp
establecida en el régimen anterior que le era aplicable esto es los decretos 1047 de
1978, 1933 de 1989 y 3135 de 1968, con el 75% del promedio de lo devengado en
el último año de servicio, incluidos todos los factores que representaran retribución
directa al servicio.
5.2. No se halló razón a lo alegado por la Ugpp al señalar que para la liquidación de
la prestación sólo debieron tenerse en cuenta los factores enlistados en el Decreto
1158 de 1994, en atención a la adquisición del estatus el 20 de diciembre de 2005
y el consecuente beneficio del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, pues para la liquidación de la pensión de jubilación le resultaba
válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario.
5.3. El DAS le adeudaba a la Ugpp unos aportes para pensión de los factores de
salario del demandante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 100 de
1993, en cuanto a que el monto de cotización en pensión correspondía en un 75%
de la cotización total al empleador y el 25% restante al trabajador, era necesario
hacer el descuento de los aportes adeudados a Carlos David Romero Cárdenas.
1.2. Las causales de revisión invocadas
6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20036, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:
6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la
reliquidación de la pensión de vejez no se ajustó a derecho, pues lo procedente era
dar una correcta interpretación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 en
cuanto se refieren al IBL y a los factores que debieron haberse incluidos al momento
de liquidar la prestación, por lo que las providencias acusadas transgredieron los
principios constitucionales al acceder a la reliquidación de la prestación conforme
con una interpretación errada de las normas.
6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 427 de 2016 entre otras, lo que constituye una grave afectación a la
sostenibilidad financiara del sistema.
7 Cuaderno 1, folios 3 al 9.
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Demandante: Ugpp
1.3 Contestación a la acción especial de revisión
7. Carlos David Romero Cárdenas solicitó declarar infundada la acción especial de
revisión, con fundamento en el ejercicio del cargo de detective en actividades de
alto riesgo durante 22 años, su vinculación al DAS antes de la vigencia del Decreto
1385 de 1994, lo cual lo hacía beneficiario del régimen de transición previsto en esa
norma y de las disposiciones del régimen especial estipulado en los decreto 1047
de 1978, 1848 de 1969, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, sin que se tuviera en cuenta
los términos de la Ley 100 de 1993 en el artículo 36, inciso 2.
1.4 El Ministerio Público
8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un
término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».
12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 7
8 En lo que sigue CPACA.
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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de octubre de 201410 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 4 de
octubre de 201811 fue oportuna.
2.3 Los problemas jurídicos
13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander se expidió con vulneración del debido
proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿si la cuantía del derecho
reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la
reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4 Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.
10 Según el certificado de la secretaria del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta
índice 45 de Samai, actuación denominada: 35RECIBE
MEMORIAL_55692019RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 45.
11 Cuaderno 1, folio 10, reverso.
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor
general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra
de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como
el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Demandante: Ugpp
encuadren en dichas causales»15.
19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.
2.4.2 Régimen pensional de los servidores del DAS que ejercieron funciones
establecidas por la ley como actividades de alto riesgo y su ingreso base de
liquidación
20. El gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 17, en virtud
del cual dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por 20 años, continuos o
discontinuos, y hubieran aprobado el curso de formación que esta entidad impartía,
tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad.
21. Con la expedición del Decreto 1933 del 28 de agosto de 198918 se extendió este
beneficio a los empleados del DAS que desarrollaran las funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, en
sus diferentes grados y denominaciones, en tanto se indicó que en materia
pensional se regirían por las disposiciones del Decreto Ley 1047 de 197819.
22. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en
atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que
definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto
riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».
15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
17 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
18 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
19 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad. Los empleados que cumplan funciones de
dactilocopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo
establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978,
cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.»
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Demandante: Ugpp
Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada
actividad.
23. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 199420, por el cual clasificó la labor de los detectives del DAS
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial21 para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Sin embargo, el Decreto Ley 2090 del 26
de julio de 200322 derogó el anterior (el Decreto 1835) y definió una vez más cuáles
actividades serían consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS.
24. Empero, la Ley 860 de 200323 se ocupó nuevamente de regular la materia y al
efecto señaló que «[e]l régimen de pensiones para el personal del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1° y 2° del Decreto 2646
de 1994 o normas que lo modifiquen o adicionen» sería el que allí se define. En tal
sentido permitió que los detectives y otros empleados de la aludida entidad, se
beneficiaran de un régimen especial que integra el Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 199324.
25. Ahora bien, el parágrafo 525 del artículo 2 de la norma aludida previó el régimen
de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados antes del 3 de agosto de
1994 y con 500 semanas de cotización, a la entrada en vigencia de la norma en
mención. Este régimen garantizó el reconocimiento pensional con las condiciones
20 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
21 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido
o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993. Para los demás servidores las condiciones
y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de
las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
22 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
23 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
24 Por virtud de lo dispuesto en el artículo 140 al que se hizo alusión en líneas anteriores.
25 «Parágrafo 5°. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto
de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas
les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994».
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contenidas en el Decreto 1835 de 199426, las cuales se pueden resumir en la
posibilidad de acceder al beneficio pensional en las condiciones de edad, tiempo de
servicios o cotización, y el monto de los Decretos 1047 de 197827 y 1933 de 198928.
26. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28
de julio de 202229, determinó que el ingreso base de liquidación (IBL) para los
servidores del DAS que desarrollaron actividades de alto riesgo y que fueron
cobijados por el régimen de transición de la Ley 860 de 2003, es el previsto por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
27. Sobre el particular la Sala señaló:
«Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los
regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley
860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es
el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».
28. Asimismo, en esa oportunidad, la Corporación estableció que « [l]os factores
salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los
devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas
aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS
de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en
este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley
860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley».
29. Finalmente, se destaca que las reglas señaladas en esa decisión constituyen un
precedente vinculante y obligatorio30 en la resolución de «todos los casos
26 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
27 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
28 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) M.P. William Hernández Gómez.
30 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
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pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables».
2.5 Caso concreto
30. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
31. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
32. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión31 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) (e)l
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una
decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
33. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación reconocida a Carlos David Romero Cárdenas
pues, a su juicio, «la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los
términos ordenados en esta no le corresponden, pues lo correcto es que se tuvieran en
cuenta las disposiciones contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto
al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación […]
En cuanto a los factores salariales a tener en cuenta en la liquidación de los 10 últimos
años, el Decreto Reglamentario 1158 de 1994 de la Ley 100 de 1993», sin hacer
manifestación alguna en relación con la vulneración de los elementos que
componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del
recurso se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
31 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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34. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió la decisión objeto de revisión con sustento en los Decretos 1047
de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994 que para los detectives del DAS establecen
las condiciones para acceder a la pensión de jubilación, así como los factores
salariales para su liquidación.
35. Asimismo, se advierte que para el momento en que se produjo la decisión objeto
de revisión, se encontraba vigente la regla de unificación proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación32, según la cual «cuando se aplica el régimen de
transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin
desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del
derecho». La anterior posición fue reiterada en la sentencia del 1° de agosto de
201333, que se refirió al régimen especial de pensiones para los funcionarios del
DAS y en la que se admitió que los factores salariales del artículo 18 del Decreto
1933 de 1989 no son taxativos, razón por la cual para la liquidación de la prestación
pensional se deberían tener en cuenta todas las sumas que de manera habitual y
periódica recibía el trabajador como contraprestación, pues estos «son factores que
integran el salario que éste percibe».
36. Cabe aclarar que, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
realizaron interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto
del IBL aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto,
la Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, proferida el 30 de septiembre de 2014 no fue caprichosa y, por el
contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado
el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y
órgano de cierre de la jurisdicción.
37. Precisamente, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la
expedición de las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 34 y 28 de julio
de 202235, respectivamente, por lo que es claro que para la época en que se expidió
la sentencia recurrida (30 de septiembre de 2014), la posición era que las pensiones
de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores
constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del régimen de
transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado
25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1° de agosto de 2013, radicado 44001-23-
31-000-2008-00150-01 (0070-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
34 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
35 Expediente 2656-2014, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez.
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38. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó que la
pensión de Carlos David Romero Cárdenas se reliquidara con la inclusión de los
siguientes factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios, las
primas especial de riesgo, de vacaciones, navidad y servicios. En relación con lo
anterior, igualmente se advierte que el tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada
en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y 1° de agosto de 2013, que en lo
particular dispusieron:
«(…) los servidores a los cuales se aplica dicha norma quedan sometidos al régimen
anterior que en lo pertinente establecen los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Lo
anterior, porque en tanto una norma ‹especial› con fuerza de ley regula este aspecto
pensional para el personal señalado, no es posible recurrir a otras disposiciones de carácter
‹general› que también regulan factores pensionales, salvo situación especial que se pueda
presentar y que deba ser analizada en concreto.
De lo anterior se colige que al personal de detectives que estuvieran vinculados con
anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994 se les debe respetar los derechos
establecidos en las normas vigentes anteriores a la Ley 100 de 1993 (…)
En este orden de ideas, la Sala reitera que los Decretos 1047 de 1978 y 1993 de 1989
establecieron un régimen especial de pensiones para los empleados vinculados al
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en los términos precisos de su
contenido respecto al tiempo de servicios, esto es 20 años, sin consideración a la edad
y teniendo en cuenta, que por mandato expreso del citado artículo 18 del decreto 1933,
los factores salariales para liquidar dicha prestación pensional».
39. En virtud de lo anterior, en el expediente administrativo obran los certificados de
factores devengados expedidos el 14 de febrero y el 8 de marzo de 2006 por el
pagador de la seccional DAS Norte de Santander36 según la cual, Carlos David
Romero Cárdenas devengó en el último año de servicio (2004-2005) los siguientes
factores: i) sueldo básico; ii) prima especial de riesgo; iii) bonificación por servicios
prestados; iv) prima de servicios; v) prima de vacaciones; y vi) prima de navidad.
40. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
40.1. Carlos David Romero Cárdena nació el 14 de febrero de 196037. Laboró al
servicio del DAS entre el 11 de diciembre de 1985 y el 30 de enero de 200638. El
último cargo que desempeñó fue el de detective profesional 207-1039.
36 Cuaderno 3 páginas 429 al 433 y 479.
37 Cuaderno 3 página 537 reverso.
38 Cuaderno 3 página 515 reverso.
39 Cuaderno 3 página 429.
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40.2. Mediante la Resolución 06840 del 20 de marzo de 2007 Cajanal le reconoció
una pensión de vejez en cuantía de $866.288,98, efectiva a partir del 1° de febrero
de 2006, condicionada al retiro del servicio40.
40.3. Con la Resolución UGM 003447 del 5 de agosto de 2011 se reliquidó la pensión
en la suma de $1’009.013,69, efectiva a partir del 1° de enero de 2008, condicionada
al retiro definitivo del servicio41.
40.4. A través de la Resolución UGM 026405 del 16 de enero de 2012 se resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión anterior y, en su lugar, la
confirmó42.
40.5. Mediante la Resolución RDP 029632 del 13 de agosto de 2016 se reliquidó la
pensión del demandado, en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en cuantía de $1’481.432, efectiva a partir
del 1° de enero de 200843.
41. Visto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que Carlos
David Romero Cárdena recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y la reliquidación efectuada en cumplimiento de la
orden impartida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander corresponde
a la suma de $472.419.
42. Así las cosas, la reliquidación realizada en virtud del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, sobre la pensión de jubilación reconocida a
Carlos David Romero Cárdena, no evidencia un incremento desproporcionado o que
no guarde relación con su trayectoria laboral. Por lo que, concluye la Sala, la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso
del derecho o fraude a la ley.
43. En consecuencia, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró
que i) el demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
860 de 2003; ii) su vinculación con el DAS fue anterior al 3 de agosto de 1994; iii) a
diciembre de 2003, contaba con más de 500 semanas cotizadas en el ejercicio de
actividades catalogadas de alto riesgo, en concordancia con el Decreto 1835 de
1994; y iv) durante el último año percibió los factores respecto de los cuales el
tribunal ordenó la reliquidación de la pensión. Adicionalmente, la Ugpp no acreditó
que la cuantía de la prestación reconocida excediera lo debido.
40 Cuaderno 3 páginas 514 al 516.
41 Cuaderno 3 páginas 557 al 560.
42 Cuaderno 3 páginas 576 al 578.
43 Cuaderno principal, folios 480 al 483.
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44. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de julio de 2022 44 la
Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de
unificación serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y
judicial, por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho
tránsito a cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues no
puede entenderse «en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición de los
servidores del DAS, con fundamento en (sic) tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso
del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la
reliquidación de la pensión con fundamento en la jurisprudencia diferente a la ratio decidendi
aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada».
45. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 30 de septiembre de
2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no incurrió en
las causales de revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y,
por lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.
2.6. Costas
46. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
47. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del
28 de julio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00738-00 (5569-2019)
Demandante: Ugpp
Administrativo de Norte de Santander, el 30 de septiembre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
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