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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00788-00

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00788-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, de 7 de julio de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00788-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

14 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00788-00 (5900-2019)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Margoth Gamba de Briceño

Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL de la Ley 33 de 1985

SENTENCIA

Decide la Sala la acción especial de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia (en adelante el Fondo) contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión,
de 7 de julio de 2015, que modificó, adicionó y confirmó la del Juzgado Octavo
Administrativo de Descongestión de Bogotá, de 17 de septiembre de 2012, a través de la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

El Fondo pidió revocar (infirmar) la sentencia de segunda instancia1 y, en su lugar, proferir
una nueva decisión en la que se declare lo siguiente:

b. (…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN E, SALA DE DESCONGESTIÓN (…) revocar en su totalidad la sentencia de primera
instancia dictada por el juzgado 8 administrativo de descongestión de Bogotá (...) haciendo
pronunciamiento y aplicación de la sentencia SU230 del 29 de abril de 2015 proferida por la
SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL y negando las pretensiones de la demanda
incoadas por la señora Margoth Gamba de Briceño.

c. Se condene y ordene a Margoth Gamba de Briceño el pago, devolución y/o compensación
de los mayores valores, sumas de dinero que le fueron cancelados por conceptos de pensión
(mesadas pensionales), retroactivo y demás ordenados en la resolución por medio de la cual
se dio cumplimiento al fallo del (sic) proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(…) que fueron liquidadas con lo devengado en el último año de servicio y las sumas que se

1 Aunque la entidad también solicitó infirmar la sentencia de primer grado, la Sala solo abordará el estudio de la decisión

proferida en la alzada, toda vez que fue esta la que puso fin al proceso ordinario.

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obtengan por los mismos ítems, pero con la liquidación de lo devengado en los últimos 10
años, desde la fecha de reconocimiento de la pensión, en razón de la SU230 de 2015.

d. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene y ordene a Margoth
Gamba de Briceño el pago (sic), devolución y/o compensación de los mayores valores y/o
diferencias que se obtengan de comparar las sumas de dinero que le fueron cancelados por
conceptos de pensión (mesadas pensionales), retroactivo y demás, ordenados en la
resolución a través de la cual se le dio cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (….).

e. Que como consecuencia de las anteriores (sic) se ordene liquidar la pensión y se le baje
el monto de la pensión al señor (sic) Margoth Gamba de Briceño al monto que le fuere
reconocido mediante resolución 0435 del 17 de diciembre de 2010 y 0121 del 11 de mayo
de 2011.

[…]

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:

i) La señora Margoth Gamba de Briceño nació el 23 de enero de 1948,2 y prestó sus
servicios al Estado, en la Universidad Nacional de Colombia, desde el 1 de marzo de 1973
al 1 de abril de 2004;3 siendo su último cargo el de docente en la facultad de enfermería.4

ii) El 7 de febrero de 2003, por medio de la Resolución 0039, la Caja de Previsión Social de
la Universidad Nacional le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez sobre los
últimos diez años de servicio, con efectos fiscales a partir del 1 de abril de 2004.

iii) El 8 de junio de 2004, mediante la Resolución 0317, la entidad reliquidó la pensión, por
retiro definitivo, con el 75% del promedio de lo devengado desde la fecha en que entró en
vigencia la Ley 100 de 1993 hasta que adquirió su derecho, es decir, el 30 de marzo de
2004, actualizada al IPC.

iv) El 29 de octubre de 2009, la señora Margoth solicitó a la entidad de previsión social
reliquidar su pensión en aplicación del artículo 1 de la Ley 33 de 1985; es decir, teniendo
en cuenta todos los factores salariales percibidos en su último año de servicio.

v) El 17 de diciembre de 2010, mediante la Resolución 0435, la directora de la Caja de
Previsión Social de la Universidad Nacional resolvió negativamente la petición y,
posteriormente, a través de la Resolución 0121 de 11 de mayo de 2011, confirmó la
decisión.

vi) El 21 de septiembre de 2011, la demandada, por conducto de apoderado, promovió la
acción de nulidad y restablecimiento con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos, que negaron su solicitud, y la consecuente reliquidación de su pensión de
vejez con la inclusión de todos los factores salariales devengados en su último año de
servicio.

2 Según la copia simple de su C.C. obrante en el «Anexo» adjunto al índice 40 del Samai.
3 Resolución 156 de 2006, por medio de la cual se acepta la renuncia de la señora Castro, expedida por el gerente de

la ESE Hospital de Chapinero Nivel I, obrante en el «Cuaderno Principal» adjunto al índice 20 del Samai.
4 Ibidem.

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vii) El 17 de septiembre de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del
circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la
nulidad de las resoluciones atacadas y, como restablecimiento del derecho, ordenó a la
demandada reliquidar la pensión en el equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio, incluyendo todos los fatores salariales percibidos
en ese mismo período, tales como: asignación básica, bonificación por bienestar
universitario, bonificación especial por bienestar, gastos de representación docente y, en
forma proporcional, bonificación por bienestar universitario adicional, gastos de
representación adicional, bonificación por servicios prestados, primas de servicios,
vacaciones y navidad, con efectos a partir del 29 de octubre de 2007, por prescripción
trienal.

viii) Contra la anterior sentencia, la parte demandada presentó el correspondiente recurso
de apelación, donde solicitó revocar el fallo y negar las pretensiones de la demanda, al
considerar ajustados a la legalidad los actos administrativos demandados.

ix) El 7 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, Sala de Descongestión confirmó parcialmente la decisión.5

1.1.3. La sentencia objeto de revisión6

Se somete a revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, de 17 de julio de 2015, que dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Margoth Gamba de
Briceño contra el Fondo Pensional de la Universidad Nacional, confirmó parcialmente la de
primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos
fácticos y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

i) La demandante es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que, a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad y 20 de servicio; por lo
que tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones de las leyes
33 y 65 de 1985.

ii) De acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de 4 de agosto de 2010, las normas en comento no señalaron taxativamente los
factores que conforman el IBL, sino que enunciaron algunos, por lo que pueden incluirse
otros que hayan sido devengados por el trabajador en su último año de servicio.

iii) Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas al proceso, en concreto, «se confirmará
la decisión en torno a los factores salariales que devengó la demandante en el último año
de servicio (…) esto es: asignación básica, los gastos por representación y las doceavas
partes de la bonificación por servicios prestados y de las primas de servicios, vacaciones y
de navidad (…)».

5 El contenido de la sentencia se resume en el siguiente punto.
6 Conforme a la copia de la sentencia adjunta en archivo digital al índice 40 del Samai.

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iv) No obstante, se adicionará para precisar «que la demandante mantiene la obligación de
contribución de los aportes por aquellos factores, en la proporción legal que aquella le
corresponde y por el tiempo en que percibió cada uno de ellos».

v) Finalmente, debe revocarse para no incluir lo correspondiente a la bonificación de
bienestar universitarito y la bonificación especial de bienestar, comoquiera que, según el
Acuerdo 05 del 23 de febrero de 1998 de la Universidad Nacional, no constituyen factores
salariales.

vi) En consecuencia, le asiste el derecho a la actora de que su pensión de vejez sea
reliquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año
de servicio con la inclusión de todos los factores devengados en ese mismo período, tales
como: asignación básica, gastos de representación y las doceavas partes de la bonificación
por servicios prestados y de las primas de servicio, vacaciones y navidad, con sus
respectivos ajustes, con efectos fiscales a partir del 29 de octubre de 2007, por prescripción
trienal.

La sentencia cobró ejecutoria el día 22 de julio de 2015.7

1.1.4. Las causales de revisión invocadas

El Fondo considera que la providencia demandada está incursa en las causales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de una sentencia judicial
ejecutoriada cuando se vulnera el debido proceso o «(…) la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».8 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

i) La sentencia vulnera el debido proceso, porque el reconocimiento y la orden de
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Margoth Gamba de Briceño no
correspondía, pues «si bien es cierto se debe dar aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la Ley 33 de 1985 en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicio y cuantía
o porcentaje de la pensión, también es cierto que la liquidación de la pensión se debe dar
aplicación a los artículos 36, 21 de la Ley 100 de 1993, decreto (sic) 1158 de 1994, es decir,
sobre el promedio devengado durante los últimos 10 años de servicio (…)».

ii) La decisión comporta un abuso del derecho, pues la reliquidación de la pensión en los
términos allí consignados excede lo debido según la normativa reguladora, ya que «el fallo
de segunda instancia no tuvo en cuenta ni dio aplicación a la SU230 de la Corte
Constitucional Sala Plena [y, por tanto] incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo
al confirmar una sentencia que condenaba al Fondo (…) a reliquidar la pensión de jubilación
de la señora (…) con el 75% del total de la sumatoria incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el año anterior a su retiro».

iii) El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca atenta contra la sostenibilidad fiscal
del Estado y constituye un abuso del derecho, comoquiera que la orden de reliquidación
pensional no atendió debidamente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los precedentes
vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidación de las personas

7 Según constancia de ejecutoria obrante en archivo adjunto al índice 40 del Samai.
8 Folio 3 de la acción de revisión.

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sujetas al régimen de transición, en concreto, a las sentencias de la Corte Constitucional
SU-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017,
SU-631 de 2017, T-039 y en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018.

1.2. Contestación a la acción de revisión

1.2.1. La parte demandada, por conducto de su apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda, al considerar, por un lado, insatisfecho el requisito formal de sustentar con
claridad la causal de vulneración del debido proceso, y, por otro, porque debe respetarse la
cosa juzgada de la decisión que, acertadamente, consideró que a la entonces demandante
le eran aplicables las leyes 33 y 62 de 1985, de forma inescindible, incluso en lo relacionado
con el IBL, a efectos de la liquidación de su mesada pensional.

A este último respecto, sostuvo que debe tenerse en cuenta la jurisprudencia vigente al
momento de proferirse la decisión demandada, es decir, la sentencia del 4 de agosto de
2010, de la Sección Segunda del Consejo de Estado; motivo por el cual, las reglas
contenidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, dictada por la misma
corporación, no pueden aplicarse, toda vez que «no había sido proferida cuando se dictó y
quedó ejecutoriada la providencia que es objeto de la presente acción extraordinaria».9

1.2.2. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio.10

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue
interpuesta el 18 de octubre de 2019,11 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),12 por lo que esta
corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 249 ejusdem13. Asimismo, atendiendo al criterio de especialización,
por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la
que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de
2019.14

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de
Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de

9 De conformidad con el memorial adjunto al índice 33 del Samai.
10 Constancia secretarial folio 34.
11 Reverso del folio 14 de la acción de revisión.
12 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
13 «Artículo 249. Competencia. […]

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
14 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación».15

2.1.2. Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, consideró que, «además de los
sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003», están legitimados para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», con
el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un
abuso del derecho.

En ese sentido, puesto que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional es la entidad
administradora de pensiones encargada del pago de la prestación económica periódica
reconocida a favor de la señora Margoth Gamba, tiene competencia para adelantar o asumir
la presente acción especial de revisión.

2.1.3. Oportunidad

El Fondo invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 22 de julio de 2015,16 y la acción
especial de revisión se interpuso el 18 de octubre de 2019,17 la presente demanda se
encuentra dentro del término de los cinco años que prevé el artículo 251 del CPACA para
estos eventos.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, de 17 de julio de
2015, está inmersa en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
permiten acudir a la revisión cuando se vulnera el debido proceso y «(…) la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 200318 estableció la posibilidad de revisar las providencias
judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a

15 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP

como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
16 Según constancia de ejecutoria obrante en archivo adjunto al índice 40 del Samai.
17 Folio 14.
18 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se

adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

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cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes
circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta
ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los
autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de
acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797
de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de
lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y
su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público,
la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio
de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b),
cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al
que corresponde.

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v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento
de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que
rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se
instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en
estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido
proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por
la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA
en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró19 que el recurso extraordinario de revisión,
previsto en la mayoría de las áreas del derecho,20 procede contra sentencias ejecutoriadas
«buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el
legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por
ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad accionante invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señalan lo
siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.
[…]
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos21 de la Ley 797 de 2003,
que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las

19 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto

pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la
acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos
en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una injusticia,
pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último
es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
20
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se
encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral,
en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia
contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley
446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa
están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
21 Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002

Véase:
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021

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causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se estaban
presentando en los reconocimientos pensionales en todo el país, de manera que se evitaran
los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que
han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley.
Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas.
De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. (Negrillas fuera del texto)

En cuanto a su finalidad, esta corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren
en dichas causales (…)».22 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado
que el objeto de la citada norma «(...) consistió en incluir causales cualificadas de revisión,
con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma
contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».23

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez
determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren
en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún
caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias
ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente,
se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda
a lo previsto y ordenado en la ley.

En lo que respecta a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es
necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los
núcleos esenciales que lo componen.24 Sin embargo, si lo planteado por el recurrente es
que la sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, su examen se
debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

En definitiva, el principal objetivo de la introducción de las causales especiales para la
acción era garantizarle a la Administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las
pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de
cantidades injustas que afectaran gravemente al erario.

2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de la Sala Plena del Consejo
de Estado, de 28 de agosto de 2018

22 Ibidem.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00

(2743-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
24 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado: 2018-01884-00,

C.P. Alberto Yepes Barreiro.

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Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de agosto de 2018,25 la Sala Plena
de lo Contencioso-administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los
criterios interpretativos del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se
aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL
como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• 95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia,
así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional
está previsto en la Ley 91 de 198926. Por esta razón, estos servidores no están cobijados
por el régimen de transición.

• 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.

De acuerdo con ellas, la interpretación que debe dársele al inciso 3.º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó en la disposición jurídica, es decir, que las
personas beneficiarias del régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior; mientras que los restantes requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse
por lo previsto en el inciso 3.º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta corporación, según la
Constitución Política,27 la ley y la Corte Constitucional,28 tiene valor vinculante por emanar
de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que expone en sus

25 Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012-

00143, C.P.: César Palomino Cortés.
26 Ley 100 de 1993. «Artículo 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley

no se aplica […] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de
conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]».
27 Constitución Política, Artículo 237, ordinal 1.
28 C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.

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sentencias tiene características de permanencia, identidad y obligatoriedad. En virtud de
ello, la Sala Plena estableció como efectos de la mentada decisión, los siguientes:

La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. (Negrillas fuera del texto)

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. En otras
palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso
extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, los efectos
de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que hicieron
tránsito a la cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben analizarse
de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se profirió la sentencia
objeto del recurso, precisamente, por los efectos retrospectivos de la nueva tesis
jurisprudencial.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.4.1. De la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

El Fondo Pensional de la Universidad Nacional considera que la sentencia objeto de la
acción de revisión fue expedida con violación al debido proceso, porque la reliquidación de
la pensión de la demandada se sustentó en normas y en jurisprudencia que no resultaban
aplicables al caso, lo que generó el reconocimiento de una mesada pensional superior a la
que se debía conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política, ha sido entendido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:29

[...]

29Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014. Reiterado en la sentencia de la Sala Plana de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado del 27 de febrero de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2017-00558-00.

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[es] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su
vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades
de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer
jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y
la ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte,
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con
fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el argumento expuesto por la entidad
recurrente, para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho al debido
proceso, tales como el derecho a la jurisdicción, al juez natural, el derecho de defensa, la
publicidad del proceso o que la decisión se profiera con independencia e imparcialidad.

Por el contrario, la entidad previsional se limita a cuestionar el ingreso base de liquidación
(IBL) aplicado en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conformado
por factores salariales que no debieron serle incluidos a la accionada. Esto permite colegir
que la sustentación referida se dirige a controvertir la cuantía de la pensión ordenada en la
sentencia; razón por la cual la Sala despachará de manera desfavorable la pretensión
encaminada a declarar configurada la causal por vulneración al debido proceso y procederá
con el análisis de la siguiente.

2.4.2. De la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sobre el particular, la inconformidad de la entidad recurrente parte de que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de 7 de julio
de 2015, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó la orden del a quo de reliquidar la pensión de vejez
de la señora Margoth Gamba de Briceño con el 75% del promedio de lo devengado en su
último año de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales que percibió en
ese mismo período, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado.

En concreto, el apoderado del Fondo, sin discutir la inclusión de algún factor en particular,
considera que la decisión del tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencias SU-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018) y del Consejo de Estado
(Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018), en cuya virtud, para los beneficiarios

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del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base
de liquidación aplicable sería el contenido en el inciso 3.° de dicha norma, y los factores a
tener en cuenta para realizarla deben ser los que taxativamente recoge el Decreto 1158 de
1994.

En lo que corresponde a la procedibilidad de la acción de revisión interpuesta por el Fondo,
la Sala la encuentra procedente, comoquiera que fue formulada i) con fundamento en una
de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y ii) contra una sentencia
ejecutoriada, que puso fin a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.30

Establecido lo anterior, una vez examinados los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, de
acuerdo con las siguientes razones:

En primer lugar, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aplicación de la
otrora jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en concreto, la
Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, consejero ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila,31 determinó que al ser la señora Margoth Gamba beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, la normativa que gobernaba su situación era la
establecida en las leyes 33 y 62 de 1985, por lo que la liquidación de su pensión y, en
concreto, los factores salariales dispuestos para ello, eran los consignados en el artículo 1.º
de la citada Ley 62 de 1985.

A este respecto, cabe señalar que el anterior argumento se acompasa con la tesis vigente
para esa época en esta corporación, que, como bien lo recordó el tribunal en su fallo, era
la contenida en la ya mencionada Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, 32 en
virtud de la cual se debía entender que el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985 (modificado por
la Ley 62 de 1985) no indicaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que estos estaban simplemente enunciados y no
impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante su último
año de servicio.

Por su parte, en cuanto a la forma de liquidación de la pensión de la hoy demandada, el
tribunal estimó incluir, como factores salariales, aquellos que este hubiera percibido durante
su último año de servicio (2003 al 2004), a saber, asignación básica, gastos de
representación y las doceavas partes de la bonificación por servicios prestados, así como
las primas de servicios, vacaciones y navidad; que encontró acreditados mediante el
Certificado de Salarios expedido por la jefe de la División Nacional y Salarial de la
Universidad Nacional.33

En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, la sentencia del 7 de julio de 2015, lejos de
haber sido caprichosa al momento de definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable
a la señora Gamba de Briceño, fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que, sobre el
particular, había unificado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época. Por lo
tanto, no hay duda de que la posición adoptada por el tribunal guardó armonía con la

30 La sentencia recurrida cobró ejecutoria el día 22 de julio de 2015.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 agosto de 2010; radicado 25000-2325-000-2006-

7509-01; C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 agosto de 2010; radicado 25000-2325-000-2006-

7509-01; C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
33 Folio 34 del ordinario.

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jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso-administrativo para la
fecha de su expedición, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser una situación
consolidada que goza de los efectos de la cosa juzgada.

En segundo lugar, en lo atinente a la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, si bien es
cierto que esta había sido expedida con anterioridad al fallo del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, también lo es que no resultaba aplicable al caso de la hoy demandada,
comoquiera que sus efectos fueron limitados al régimen de los congresistas, al cual
claramente no estaba sujeta. En cualquier caso, no existe prueba de que la pensión objeto
de controversia haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude a la ley, razón por la
cual no resulta aplicable al sub examine.34

Por su parte, lo mismo ocurre con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, que también invoca la
entidad demandante como precedente jurisprudencial, pues, respecto de la primera, el ad
quem, en virtud de su independencia y autonomía judicial, decidió apartarse de ella en
aplicación de los principios constitucionales de favorabilidad laboral y confianza legítima;
mientras que las siguientes son claramente posteriores al fallo objeto de esta acción y, por
lo tanto, no cabe considerarlas como precedente.

En tercer lugar, como en el presente asunto no se discutió que la señora Margoth Gamba
fuera o no beneficiaria del régimen de transición (amparado por la Ley 33 de 1985), 35 y
teniendo en cuenta que la tesis establecida por esta Sección, en la sentencia del 4 de
agosto de 2010, indicaba que el IBL forma parte del régimen de transición y debían incluirse
todos los factores salariales percibidos por el solicitante «habitual y periódicamente», su
pensión, tal como lo consideró el tribunal, debía liquidarse con base en lo que devengó en
su último año de servicio.36

Así las cosas, y comoquiera que en el caso de la demandada, según la certificación de
salarios expedida por la jefe de la División Nacional y Salarial de la Universidad Nacional,37
esta percibió, en su último año de servicio (2003 a 2004), los mismos que ordenó incluir el
tribunal en su sentencia, a saber: la asignación básica y los gastos de representación, así
como, en una doceava parte, la bonificación por servicios prestados y las primas de
servicios, vacaciones y de navidad; no puede afirmarse que en dicha decisión hubo algún
reconocimiento o liquidación que excediera a la norma aplicable. Sobre todo, cuando en la
providencia se adicionó el fallo del a quo para señalar la obligación de la actora de contribuir
con los aportes en la proporción legal que le correspondía y por el tiempo en que los
percibió, y la revocó para excluir los que consideró no eran factores salariales.

Por todo lo anterior, los fundamentos normativos y jurisprudenciales empleados por el
tribunal se entienden ajustados a los criterios interpretativos de esta corporación vigentes
para la época; razón por la cual no hay lugar a declarar configurada la causal del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

34 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:

11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
35 Este aspecto no solo no fue objeto de discusión, sino que fue reconocido por la parte recurrente en la demanda (f. 7);

por lo tanto, el régimen al que se refiere la entidad demandante es el general previsto por la Ley 33 de 1985.
36 Con una tasa de reemplazo del 75%.
37 Carpeta «AportaAntecedentes» del archivo digital del expediente ordinario obrante en el índice 40 del Samai.

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Finalmente, en lo relacionado con la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de la Sala Plena
del Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, resta precisar que en dicha providencia
se estableció, dentro de sus efectos jurídicos, excluir aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad
jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y
que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la salvaguarda
de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad jurídica y la confianza
legítima.38

Siendo así las cosas, en el sub lite, la parte demandante no logró demostrar la vulneración
de la normativa y de la jurisprudencia citadas en el escrito contentivo de la acción de
revisión, en razón de que la interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, plasmada en la sentencia objeto
de la revisión, se alineó con el criterio unificado y vigente de esta corporación para la época
de su expedición.

En definitiva, puesto que no se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, habrá de declararse infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
entidad recurrente.

2.4.3. De la condena en costas

En este caso, con fundamento en el inciso 2.º del artículo 188 del CPACA,39 se advierte
que los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses; por lo que esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye que
en el presente caso no se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al confirmar la sentencia recurrida la orden de
liquidar la pensión de la demandada en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante su último año de servicio, con la inclusión, además de la asignación
básica y de los gastos de representación, las doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados y las primas de servicios, vacaciones y navidad. No se condenará en
costas.

38 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época en la

que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP;
Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-
00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de
2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
39 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia, por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, de 7 de julio de
2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, realizar las respectivas anotaciones en el
aplicativo Samai y archivar la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de
2011.
CBT

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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