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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00818-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00818-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el fin de que se infirme la sentencia del 19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 27001-33-33-0003-2014- 00343-00/01. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00818-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00818-00 (5935-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00818-00 (5935-2019).
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Demandado: Sebastián Rivas.
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003.

Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 19 de abril de 2018 proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó2, que confirmó parcialmente la providencia del 20 de marzo
de 2015, dictada por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión del
Circuito de Quibdó, que concedió las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) solicita que se infirme la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó antes mencionada, porque considera que incurrió en la
causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que Sebastián Rivas
no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión en el
ingreso base de liquidación de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, puesto que este debe establecerse según el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. Sebastián Rivas, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Norma Moreno Mosquera, demandante: Sebastián Rivas, demandado: UGPP, rad. núm.: 27001-33-33-003-

2014-00343-00/01.
1

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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

demanda contra la UGPP. Lo anterior, con el fin de que se declarara la nulidad de las
siguientes resoluciones:

(i) Resolución núm. 14995 del 17 de junio del 2002, por medio de la cual, CAJANAL
ordenó el reconocimiento y pago de su pensión de vejez; núm. 51567 del 26 de
septiembre de 2006, en la que la mencionada entidad efectuó la reliquidación de
dicha prestación, de conformidad con la Ley 100 de 1993; y núm. 03404 del 29 de
enero de 2009, en la que negó la reliquidación con la inclusión de los factores
devengados durante el tiempo que le hacía falta al demandante para adquirir el
estatus pensional.

(ii) Resolución núm. RDP 046302 del 4 de octubre de 2013, RDP 050114 del 29
de octubre de 2013 y RDP 050761 del 31 de octubre de 2013, por medio de las
cuales, la UGPP negó la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio de
los factores devengados en el último año de servicio, y resolvió los recursos de
reposición y apelación, respectivamente.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de jubilación en una cuantía equivalente al 75% del
salario promedio del último año de servicio, con inclusión de todos los factores
percibidos, y con efectividad a partir del 1 de enero de 20063.

2.2. Sentencia de primera instancia4

3. El Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión del Circuito de Quibdó,
en sentencia del 20 de marzo de 2015, concedió las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de jubilación del señor Rivas, en
una cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
en el último año de servicio y con inclusión de los factores salariales de asignación
básica, bonificación por servicios prestados, reajuste salarial, y las primas de servicios,
navidad, vacaciones, semestral, alimenticia y de transporte.

2.3. Sentencia de segunda instancia5

4. El Tribunal Administrativo del Chocó, en sentencia del 19 de abril de 2018, confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia y resolvió lo siguiente:

«PRIMERO. MODIFICAR el numeral octavo de la sentencia [núm.] 31 del 20 de marzo de
2015, por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión del Circuito de
Quibdó […], el cual quedará así:

“OCTAVO: Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la entidad
demandada a reliquidar la pensión de vejez a favor [del] demandante señor SEBASTIÁN
RIVAS […], en [una] cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio, teniendo en cuenta como factores
salariales [la] asignación básica – bonificación por servicios prestados – prima de servicios
– prima de navidad – prima vacacional – prima semestral – prima alimenticia – prima de
transporte”».

3 Samai, índice 58, archivo «52RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270(.pdf) NroActua 58», página 66.
4 Folios 226 a 232 del cuaderno 2.
5 Folios 270 a 278 del cuaderno 2.

2

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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

5. La referida autoridad judicial indicó que el señor Rivas era beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1003, en la medida en que a
la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 —1 de abril de 1994— tenía 49
años, toda vez que nació el 10 de enero de 1945. Así, concluyó que su pensión debía
ser reconocida y liquidada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

6. En ese orden, precisó que el entonces demandante, en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional —31 de enero de 2005 a 31 de enero de 2006—,
devengó los factores de asignación básica, bonificación, y las primas de servicios, de
transporte, alimenticia, de navidad y vacacional; y que, pese a ello, la UGPP solo tuvo
en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados para la
reliquidación de la pensión. Por esa razón, confirmó la decisión apelada, pero excluyó
de la reliquidación de la pensión del señor Rivas el «reajuste salarial», porque
consideró que dicho concepto no constituía «factor de salario».

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

7. La UGPP, por medio de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del 19 de abril de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó. En su escrito, planteó la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Que se revoque la sentencia cuestionada.

(ii) Que se ordene la reliquidación y pago de la pensión de jubilación de Sebastián Rivas,
de acuerdo con las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional, y en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado.

(iii) Que se condene al señor Rivas a reintegrar a la UGPP la totalidad de los dineros
percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la mesada pensional, en virtud
de las órdenes que fueran impartidas en la sentencia objeto de revisión.
8. La parte recurrente manifestó que la reliquidación de la pensión en los términos de
la Ley 33 de 1994 excede lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, precisó que el
IBL debía ser calculado de conformidad con el régimen de transición de la Ley 100 de
1993, es decir, con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho y con los factores

6 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 2 a 52.
7 Ley 797 de 2003, artículo 20. «Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o
del Procurador General de la Nación. // La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. // La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para
el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además: // a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso, y // b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

9. Por otro lado, manifestó que en ese caso se configuró un «abuso palmario del
derecho», en virtud del cual, el señor Rivas obtuvo ventajas irrazonables por el
incremento del valor de su prestación en grave afectación del erario.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

10.Esta corporación, mediante auto del 28 de noviembre de 20198, admitió la acción
especial de revisión interpuesta por la UGPP y ordenó notificar personalmente a
Sebastián Rivas y al Ministerio Público. El Ministerio Público guardó silencio.

11. Posteriormente, en proveído del 20 de mayo de 20219, se ordenó el
emplazamiento de Sebastián Rivas, ante la imposibilidad de notificarlo personalmente.
Sin embargo, el señor Rivas no compareció al proceso. Por esta razón, se designó
como curador ad litem a la abogada Gloryan Eliana Murcia Quiñones10 para que lo
representara en el presente trámite.

12. La abogada Murcia Quiñones, en la condición antes mencionada, contestó la
acción especial de revisión. En su escrito, manifestó que se oponía a las pretensiones
formuladas por la UGPP, por cuanto la sentencia cuestionada fue proferida de
conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia. También adujo, que la
causal invocada por la mencionada entidad no se encontraba configurada.

13. Esta corporación, en auto del 27 de agosto de 202411, abrió la etapa probatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 254 del CPACA. Así mismo, indicó que tendría
como pruebas los documentos que fueron aportados al expediente y ordenó que se
corriera traslado de aquellas, de conformidad con el artículo 110 del Código General del
Proceso (CGP) y ordenó su notificación en los términos del artículo 205 del CPACA.

14. La Secretaría General de la Sección Segunda de esta corporación corrió traslado
de las pruebas aportadas al expediente, el 21 de octubre de 2024, por el término de 3
días12. Cumplida esta actuación, el expediente pasó al despacho de la magistrada
ponente para fallo13.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

15. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el inciso
2 del artículo 249 del CPACA14. A su vez, la Sección Segunda es competente para
8 Folios 357 a 358 del cuaderno 2.
9 Folio 367 del cuaderno 2.
10 Samai, índice 42, archivo «41_110010325000201900818001NOTIFICACIONES20230502153913.pdf».
11 Samai, índice 51, archivo «47_Autoqueordena_59352019ABREPERIODOP_0_20240827125501147.pdf».
12 Samai, índice 61, archivo «55_TRASLADO_59352019_0_20241021101301247.pdf».
13 Samai, índice 63, archivo «58_ALDESPACHOPAR_5935_0_20241108110242857%20(1).pdf».
14 CPACA, artículo 249. «Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según
la materia. // De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos. // Las reglas de competencia previstas en los incisos

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conocer de la acción especial de revisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201915, por tratarse de un asunto de carácter
laboral.

4.2. Oportunidad

16. El último inciso del artículo 251 del CPACA establece que «[e]n los casos previstos
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de
que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio».

17. En el presente asunto, la sentencia del 19 de abril de 2018 dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó fue notificada por correo electrónico enviado el 24 del mismo
mes y año, y quedó ejecutoriada el 30 de abril de 201816, de conformidad con el artículo
302 del CGP17. Por su parte, la acción especial de revisión fue presentada el 29 de
octubre de 201918, es decir, dentro del término previsto en la norma citada.

4.3. Legitimación en la causa

18. La legitimación por activa y por pasiva se verifica a partir de las siguientes
circunstancias:

19. La UGPP se creó con el fin de asumir el reconocimiento de derechos pensionales
causados a cargo de las administradoras del régimen de prima media del orden
nacional y de las entidades públicas del mismo carácter respecto de las cuales se haya
decretado su liquidación como sucedió con la Caja Nacional de previsión social EICE
(art. 156 de la Ley 1151 de 2007).

20. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 5021 de 200919 asignó a la
UGPP la función de adelantar la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003; disposición que fue reiterada en el Decreto 575 de 2013 20. A su vez, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016, indicó que la UGPP tiene legitimación
en la causa por activa para interponer el recurso de que trata el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, «con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho».

anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en
esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
15
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
16 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

página 400.
17 CGP, artículo 302. «Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez

notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. // Las que sean
proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
18 Folio 8 del cuaderno principal.
19 «Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– y las funciones de sus dependencias».
20 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».
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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

21.Por su parte, Sebastián Rivas está legitimado en la causa por pasiva, dada su
condición de demandante en el proceso nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se dictó la sentencia cuya revisión fue solicitada en el este trámite.

4.4. Problema jurídico

22. De acuerdo con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que
propuso la UGPP, corresponde a la Sala determinar si la sentencia cuestionada incurrió
en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para ello, se deberá dar respuesta
al siguiente problema jurídico: ¿la pensión de vejez reconocida a Sebastián Rivas se
reliquidó en una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a
juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado?

23. En este orden de ideas, para resolver el problema planteado, la Sala analizará las
generalidades de la acción especial de revisión, además de las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso
concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia21

24. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas22.

25.Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»23, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las

21 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-

000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
23 Cita original, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 27

de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se
indicó: «[…] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del
recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]» (subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

26. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que
lo caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado24 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia25.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado26.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por
la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social27.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde28.

27. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite “afrontar los graves casos de corrupción en esta

24 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión

Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
26 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia

del 1° de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,

sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación”»29.

28. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 30.

29. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

«[…] El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]”.

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular»31.

30.En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto del 27 de marzo de 2014,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
30 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,

sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia

de 5 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

31. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

4.6. Análisis del caso concreto

32. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor
Rivas se obtuvo en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de la
parte actora, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.

33. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) Sebastián Rivas nació el 10 de enero de 194532 y prestó sus servicios para el
Ministerio de Salud33. El último cargo que desempeñó fue el de auxiliar en salud
familiar y comunitaria34. En el último año de servicio devengó los siguientes factores:
asignación básica, reajuste salarial, bonificación por servicios prestados, y las primas
de transporte, de navidad, de servicios, semestral, alimenticia y vacacional35.

(ii) La Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) expidió la Resolución núm. 14995
del 17 de junio de 2002, por medio de la cual, ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez a favor del señor Rivas, en una cuantía equivalente a $380.179,
efectiva a partir del 1 de enero de 2002, con la condición de demostrar el retiro
definitivo del servicio36.

(iii) Posteriormente, la mencionada entidad, en Resolución núm. 51567 del 26 de
septiembre de 2006, reliquidó la pensión del señor Rivas de conformidad con la Ley
100 de 1993, en una cuantía de $583.026. Para ello, tuvo en cuenta la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados devengados en los últimos 10 años de
servicio37.

(iv) Luego, el señor Rivas solicitó a CAJANAL la reliquidación de la pensión de
jubilación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y

32 Cédula de ciudadanía de Sebastián Rivas, visible en: Samai, índice 58, archivo
«52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf», página 8.
33 Constancia expedida el 9 de abril de 2002, por el coordinador del grupo de gestión del recurso y del talento

humano del Ministerio de Salud, visible en el folio 79 del cuaderno principal.
34 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

página 10.
35 Certificado emitido el 20 de enero de 2006, por el jefe de talento humano del departamento administrativo de

salud y seguridad social del Chocó, del Ministerio de la Protección Social, visible en el folio 89 del cuaderno principal.
36 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 9 a 12.
37 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas13 a 18.
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con la inclusión de todos los factores salariales devengados; petición que fue resuelta
de forma negativa, mediante Resolución núm. 03404 del 29 de enero de 2009 38.

34. Finalmente, el señor Rivas reiteró la solicitud de reliquidación de su pensión ante
a la UGPP. Sin embargo, la mencionada entidad negó esa petición en Resolución núm.
RDS 046302 del 4 de octubre de 201339; decisión que confirmó mediante las
resoluciones núm. RDP 05011440 y RDP 05076141, del 29 y 31 del mismo mes y año,
por medio de las cuales, resolvió los recursos de reposición y de apelación,
respectivamente.

35. Una vez expuesta la causal alegada y los presupuestos fácticos del asunto, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

«91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
38 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 20 a 22.
39 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 24 a 26.
40 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 30 a 36.
41 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 36 a 39.
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el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE
[…].

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones […].

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base42».

37. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.

42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado

número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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4.6.2. Verificación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley

38. La UGPP formuló la causal prevista en el literal b) porque consideró que la
sentencia cuestionada ordenó la reliquidación de la pensión de vejez sin tener en
cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ibidem y el artículo 1 del
Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales. Igualmente, indicó que
existió un abuso palmario del derecho, dado que la reliquidación pensional fue irregular
y concedió ventajas irrazonables al señor Rivas por el incremento de la pensión.

39. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente 43 para la
fecha en que el tribunal dictó la decisión censurada. Esto, acorde con los efectos del
fallo de unificación del 28 de agosto de 201844 de la Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que los casos respecto
de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».

40. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de
junio de 2020 CE-SUJ-S2-021-2045, se explicó que los conflictos judiciales resueltos
están amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la
seguridad jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.
41. Frente a lo anterior, cabe precisar que desde el año 2010 y hasta el cambio de
jurisprudencia introducido con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de
la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, la Sección Segunda de esta
corporación aplicaba las reglas establecidas en el fallo de unificación del 4 de agosto
de 2010. De acuerdo con esta última decisión, quienes hubiesen obtenido la pensión
de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, al ser beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, tenían derecho a la aplicación integral del régimen
anterior, y a que se tuvieran en cuenta todos los conceptos devengados por el
trabajador en el último año de servicio, en la medida en que el artículo 3 de la Ley 33
de 1985 no estableció, de forma taxativa, los factores que hacían parte del IBL.
42. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia el 19
de abril de 2018 en la que destacó el desarrollo jurisprudencial del IBL en la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, e hizo énfasis en que compartía la
posición del órgano de cierre expuesta en la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, respecto a que a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 se les aplicaba en su integridad el régimen pensional anterior.

43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-

2018-01458-00 (4815-2018).
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de

2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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43. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Chocó, que confirmó la decisión de incluir en la reliquidación
pensional todos los factores salariales devengados en el último año de servicio46,
siguió la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular. Así, en este
caso, prevalece la fuerza de cosa juzgada.

44. Con todo, la Sala no pierde de vista que para el momento en que se dictó la
sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional defendía una
tesis contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Sin embargo, tal y como se expuso, en el presente asunto, en el margen de la
autonomía funcional, el Tribunal Administrativo del Chocó decidió acogerse a la
postura del tribunal supremo de lo contencioso-administrativo (art. 237 de la C.P.);
situación que resulta razonable y que no es constitutiva de una circunstancia que
permita acreditar la configuración de la causal bajo estudio.

45. Por otra parte, cabe destacar que la procedencia de las causales de revisión se
debe interpretar en consideración a la facultad de revisión de los reconocimientos
pensionales, que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del
Sistema General de Pensiones. En ese sentido, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso
que procede la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el
cumplimiento de los requisitos legales, de conformidad con el procedimiento
establecido por el legislador. Sin embargo, a la fecha este no ha sido expedido.

46. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013, precisó que «los
incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de servicios
—incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial— conducen a una
pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida
laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un subsidio muy
alto para poder pagar la pensión reconocida».

47. En este contexto, la Sala pasa a revisar la historia laboral del señor Rivas para
verificar si se está frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la
mesada pensional. Así, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente47,
la Sala observa en el que último año de servicio, el accionado devengó los siguientes
factores: (i) asignación básica, (ii) bonificación por servicios prestados, (iii) reajuste
salarial, y (iv) las primas de servicios, de transporte, de navidad, alimenticia y
vacacional. Tales conceptos fueron tenidos en cuenta para la liquidación de su
pensión, con excepción de aquellos que no son de carácter salarial (a juicio del Tribunal
Administrativo del Chocó), a saber, el reajuste salarial.

48.En ese orden, de la revisión de los documentos que obran en el plenario, la Sala
concluye que la liquidación de la pensión del señor Rivas no excedió lo debido de
acuerdo con la ley. Esto es así, por cuanto quedó demostrado lo siguiente:

(i) Que, en la medida en que Sebastián Rivas nació el 10 de enero de 194548 y
tenía más de 40 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,

46 Los factores salariales devengados en el último año de servicio fueron: (i) asignación básica, (ii) bonificación por

servicios prestados y (iii) las primas de servicios, de transporte, de navidad, alimenticia y vacacional.
47 Folios 89 del cuaderno principal y 277 del cuaderno 2.
48 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

página 8.
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era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esa norma.

(ii) Que el 10 de enero de 2000 adquirió el estatus jurídico de pensionado, al
haber cumplido 55 años de edad y completado más de 20 años de servicio 49.

(iii) Que trabajó para el Ministerio de Salud y se retiró definitivamente del servicio
el 1 de febrero de 200650.

(iv) Que en el último año de servicio, esto es, del 1 de febrero de 2005 al 30 de
enero de 2006, percibió los conceptos respecto de los cuales el Tribunal
Administrativo del Chocó ordenó la reliquidación de la pensión, con excepción del
reajuste salarial porque consideró que no constituía un factor salarial.

49. Visto lo anterior, es claro que la parte recurrente no logró acreditar que el
incremento de la mesada pensional dispuesto en la providencia cuestionada hubiese
aumentado significativamente el valor de la pensión sin guardar relación con los
salarios recibidos por el señor Rivas en su vida laboral.

50. En consecuencia, no se configura la causal en mención y, por ende, se declarará
infundada la acción especial de revisión.

4.7. Costas

51. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

52. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

53. En este este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
no se condenará en costas por la naturaleza del asunto. Por un lado, en la medida que
se trata de una acción en la que se ventila un interés público, pues la entidad legitimada
pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema general
de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese mecanismo
especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento pensional en
detrimento del erario51. Por otro, porque no se advierte que la demanda se haya
presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

49 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

página 10.
50 Samai, índice 58, archivo «52_RECIBEMEMORIAL_RVENVIOEXPEDIENTE270_0_20241001111650512.pdf»,

páginas 13 a 18.
51 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-

15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
14

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Radicación: 11001-03-25-000-2019-00818-00 (5935-2019)
Demandante: UGPP
Demandado: Sebastián Rivas

4.8. Conclusión

54. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) con el fin de que se infirme la sentencia del 19 de abril
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con número de radicado 27001-33-33-0003-2014-
00343-00/01.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

MMOG/JCBB

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