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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00820-00

Fecha
29 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00820-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 18 Nº Interno: 5940-2019 Demandante: UGPP Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en contra de la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual, confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha el Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Martha Beatriz Ortega Granadilla, conforme a la parte motiva. SEGUNDO.- Sin condena en costas a la parte recurrente. TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00820-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00820-00 (5940-2019)
Accionante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Accionada : Martha Beatriz Ortega Granadillo
Trámite : Acción Especial de Revisión (artículo 20 de la Ley 797
de 2003) causal literal b
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación, conforme a las
Leyes 33 y 62 de 1985

Procede la Sala a decidir la Acción Especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), en contra de la sentencia del Diez (10) de agosto de Dos
Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante
la cual, confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha el Veinticinco (25) de enero de Dos
Mil Diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con la que pretende se infirmen las sentencias del Diez (10) de agosto
de Dos Mil Diecisiete (2017) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Riohacha del veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se revoquen
las mencionadas providencias, y, declare que, la señora Martha Beatriz Ortega
Granadillo, no tiene derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada con la
totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicios y se
ordene la reliquidación y pago de la pensión que recibe, adoptando como ingreso

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

base de liquidación, las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la citada normatividad y, los factores de
salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994, de conformidad con lo señalado
por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230
de 2015, SU-395 de 2017.

Fundamentos fácticos y consideraciones de la parte demandante.

Refirió que, la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, nació el Treinta (30) de julio
de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (1955) y prestó sus servicios en el Hospital
San Rafael de San Juan del Cesar desde el Primero (1) de octubre de Mil
Novecientos Setenta y Seis (1976) al Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Tres
(2003).

CAJANAL a través de la Resolución UGM 015727 del Treinta y Uno (31) de octubre
de Dos Mil Once (2011), reconoció la pensión de vejez a la señora Ortega
Granadillo, con el 75% del promedio devengado a partir del Primero (1) de abril de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) al Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil
Tres (2003), en cuantía de Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y
Cinco pesos $784.575, efectiva a partir del Treinta (30) de julio de Dos Mil Diez
(2010), condicionada al retiro del servicio.

A través de las Resolución RDP 021040 del 26 de diciembre de 2012, y RDP 32546
de 27 de octubre de 2014, Cajanal le negó a la señora Ortega la reliuidación de la
pensión.

Precisó que, la señora Ortega Granadillo instauró acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CAJANAL, con el fin de obtener la nulidad
de las Resoluciones anteriormente mencionadas, que le negaron la reliquidación de
la pensión.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, el veinticinco (25)
de enero de dos mil dieciséis (2016) “anuló los actos administrativos y condenando
a la UGPP, a reliquidar la pensión en el 75% de todos los factores salariales

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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

devengados durante el último año de servicios, 31/3/2002 al 31/3/2003.”, Decisión
confirmada “parcialmente” por el Tribunal Administrativo de la Guajira, en
providencia del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Con Resolución RDP 35761 del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Dieciocho
(2018), la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales,
reliquidando la pensión de vejez a favor de la señora Ortega Granadillo, con el 75%
en cuantía de Un Millón Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y
Cinco pesos $ 1.253.255,oo, efectiva a partir del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Diez (2010) por prescripción trienal.

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha, mediante
sentencia del Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), accedió a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

El juzgado consideró que, la entidad demandada debe reliquidar la pensión de
jubilación que le fue reconocida a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, con
la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al retiro del servicio, esto es, la asignación básica, subsidio
de alimentación, incentivo de antigüedad, prima semestral, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados, bonificación especial, prima de navidad.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del acto administrativo por la Caja Nacional de
Previsión Social “CAJANAL” contenido en la (sic) Resoluciones No. UGM 015727 del
31 de octubre de 2011; por la cual se reconoció la pensión de jubilación a la señora
Martha Beatriz Ortega Granadillo; y la total de de (sic) la Resolución No. RDP 021040
del 26 de diciembre de 2012, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” mediante la
cual se negó la reliquidación de la pensión.

De igual forma la nulidad del acto ficto o presunto de la no contestación de la petición
interpuesta por la accionante el 15 de julio de 2014, por medio de la cual se solicitó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de sobrevivientes con la
inclusión de todos los factores salariales devengados por su causante (sic) durante el
último año de prestación de servicios, de conformidad con lo expuesto en la parte

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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento CONDÉNESE a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
“UGPP”, a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la señora Martha Beatriz
Ortega Granadillo, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales
devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro efectivo del servicio, es
decir, desde el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2003.

TERCERO: CONDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” a cancelar las diferencias
de las mesadas entre lo que se ha venido pagando por concepto de la pensión de
jubilación reconocida mediante Resolución No. UGM 015727 de fecha 31 de octubre
de 2011 y la reliquidación aquí ordenada debidamente indexada.

III. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo de La Guajira, con sentencia del Diez (10) de agosto de
Dos Mil Diecisiete (2017), confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha del veinticinco (25) de enero
de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, y agregó un nuevo párrafo al ordinal segundo (2°) de la sentencia,
ordenando “excluir los factores salariales provenientes de normas locales, conforme las
motivaciones precedentes”

El Tribunal luego de comprobar que la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, es
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de
1993, y la aplicación del régimen previsto por la ley 33 de 1985, hizo alusión que los
actos demandados están viciados de nulidad, toda vez que, los valores pagados a
la demandante son inferiores a aquellos que arroja la liquidación con todos los
factores.

De acuerdo con la certificación salarial de la demandante consta los factores que
sirvieron de base para los aportes de la pensión durante el año anterior al servicio
de Treinta y Uno (31) de marzo de Dos Mil Dos (2002) a Treinta y Uno (31) de
marzo de Dos Mil Tres (2003), que se establecieron tales como: la asignación básica
mensual, subsidio de alimentación, incentivo de antigüedad, prima semestral, prima
de vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación especial por
recreación, prima de navidad y recargos nocturnos y festivos, los cuales deben
incluirse para efectos de liquidar la pensión.
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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

Por lo anterior, hace referencia a la sentencia de unificación del Cuatro (4) de agosto
de Dos Mil Diez (2010) proferida por la sección Segunda del Consejo de Estado
radicado 25000-23-25-000-2006-07509 (0112-09), para explicar el principio de
sostenibilidad financiera de pensiones y por ello, “ordenará que de aquellos factores
que no se tuvieron en cuenta para realizar aportes al Sistema General de
Pensiones, pero que si se ordenan incluir en la liquidación de la pensión en primera
instancia, se hicieran los descuentos respectivos, aspectos de confirmación (…)”

IV. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso acción especial de revisión1, el
Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Diecinueve (2019), contra la anterior
providencia, con fundamento en la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones: b) «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables»,

Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita, ordenó un ajuste pensional que
excede lo establecido por la legislación, pues es claro que de acuerdo con las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-
631 de 2017, debe adoptarse como ingreso base de cotización las directrices
fijadas en el inciso 3° del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según el caso, toda vez que, los factores salariales se debe aplicar
únicamente los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y teniendo en cuenta el
promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para adquirir la
pensión o 10 años.

V. TRÁMITE PROCESAL

4.1 Admisión del recurso. Mediante auto del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Veinticuatro (2024), se admitió la acción especial de revisión y se ordenó la
notificación a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo.

1
Folios 1-10 del cuaderno principal núm. 2.
5

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

4.2. Contestación de la demanda de revisión.

La demandada se opuso a las pretensiones de la acción de revisión, por cuanto, las
decisiones judiciales están debidamente sustentadas en los lineamientos
normativos y jurisprudenciales aplicables al momento del debate, además, tiene
derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con los factores salariales
devengados el último año de servicios conforme lo ordena el artículo 1 de la Ley 33
de 1985.

4.3. Ministerio Público.

No emitió concepto.

VI. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 2 y 20 de la Ley 797 de 2003 3 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación
contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia quedó
ejecutoriada el Veintidós (22) de enero de Dos mil Quince 5 ; la demanda fue
presentada el Catorce (14) de enero de Dos mil Veinte (2020)6, razón por la cual,
no fue superado el término de 5 años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
3
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias
[…]»
4
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
5
De conformidad con la certificación expedida por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda, visible a folio 448 del cuaderno 3, expediente físico
6
Folio 1, cuaderno 1 expediente físico. E índice 1 del aplicativo Samai
6

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

2.3 Problema jurídico

Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si la sentencia del Diez (10)
de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de
la Guajira, se encuentra inmersa en el supuesto fáctico previsto en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como causal de revisión invocadas por la UGPP.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el
procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material7 y comporta
una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe
admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en este

7
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.

7

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 8.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar
la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, convertir
esta vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de los
instrumentos extraordinarios9.

Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la
Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del Cuatro (4) de
junio de Dos Mil Diecinueve (2019), «que la acción especial contenida en esa
normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el
trámite10 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 11, dado que,
más allá de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso
extraordinario de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de
2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes
Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
10
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
11
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.

8

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

entidad propia12», tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de
esta acción especial13.

2.4.2 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 -.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente
se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y C-168 de 1995,
a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel no hace
parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que, impone un análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los
requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte
de los servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma
que tenía previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y
llegara a los 55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio» .

12
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
9

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
en los siguientes términos:

«ARTICULO.36.-Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez,
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años
a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. (…)»

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual,
la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)14, acogió el principio de inescindibilidad,
conforme al cual, dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran
destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de
1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230
de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia
referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el
ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones
deben ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.
10

Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

régimen anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de
1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo que fue superada hasta
la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)15, en la cual, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que sostenía la Sección
Segunda, en los siguientes términos:

«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para
aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos
de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto
en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es: Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
(…)
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.»

En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), la posición unificadora del Máximo Tribunal de
lo Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus sentencias.

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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de Veintiocho (28)
de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), y con el objeto de aclarar los efectos de ese
fallo, estableció las consecuencias de la decisión de la siguiente manera:

«115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.»

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una
cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de
aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201816 no configura, por sí solo, infracción
de las normas pensionales que fijan el ingreso base de las pensiones
reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201817 en las que no se hubiere
dado aplicación a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no

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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el reconocimiento de
pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, siempre que se basaran en la posición de unificación impuesta por esta
Corporación con fallo de 4 de agosto de 2010.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.5 Caso concreto

Descendiendo al sub lite, se tiene que la UGPP pretende se infirme la sentencia
del Diez (10) de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, mediante la cual, confirmó el fallo del veinticinco (25)
de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), del Juzgado Primero Administrativo Oral
Circuito Judicial Riohacha, dentro del expediente con radicado 44001-33-33-001-
2013-00284-01, mediante la cual, se condena “a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP”, a reliquidar la
pensión de jubilación reconocida a la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo, teniendo en cuenta
el 75% de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al retiro
efectivo del servicio, es decir, desde el 31 de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2003.”

La UGPP invocó la causal contenida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», al sostener que el Tribunal

Administrativo de la Guajira interpretó de manera equivocada los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, sino que, desconoció el precedente obligatorio y vinculante
sentado por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, por ordenar reliquidar
la pensión con la totalidad de los factores devengados el último año de servicios.

La demandada se opone a las pretensiones de la demanda, toda vez que, las
decisiones judiciales están debidamente sustentadas en los lineamientos
normativos y jurisprudenciales aplicables al momento del debate, además, tiene
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Nº Interno: 5940-2019
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Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con los factores salariales
devengados el último año de servicios conforme lo ordena el artículo 1 de la Ley 33
de 1985.

Expuestos los extremos de la controversia que corresponden a la presente acción,
la Sala reitera la subregla de aplicación normativa, según la cual, las sentencias
proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)18 en las
que se hubiere preferido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por
esta Corporación con fallo de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), y no
seguir la tesis expuesta en la sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese
solo hecho, las normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En ese sentido, está demostrado en el expediente que la sentencia del Diez (10) de
agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de la
Guajira, mediante la cual, confirmó el fallo del Juzgado Primero Administrativo Oral
Circuito Judicial Riohacha y agregó un nuevo párrafo al ordinal segundo (2°) del
fallo, ordenando “excluir los factores salariales provenientes de normas locales, conforme las
motivaciones precedentes”, tuvo como sustento de motivación la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010.

Por tanto, la Sala vislumbra que, la sentencia materia de censura atendió la posición
jurisprudencial de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que
se profirió, razón por la cual, no se observa que configure una trasgresión normativa
directa, ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

Ahora bien, también corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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Al respecto, en sentencia del Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021),
se indicó19:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión
se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la
colectividad por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de
pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento
del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión
o ya sea por adoptarse una interpretación que no se acompasa con los principios
reguladores del sistema de seguridad social en pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en
pensiones se produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un
individuo con una posición económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que
ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían los principios de la seguridad
social en pensiones y resisten su orientación equitativa, tal como lo reconoció la
Sentencia C-258 de 2013 al sostener que <<para que se produzca este abuso del
derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser claramente
desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral>>.
Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las
acciones extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que
la ventaja irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento
fiscal del sistema y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de
seguridad social, con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, carga que
por supuesto, está a cargo de quien invoca la causal y que tiene el deber de
demostrarlo. […]»

A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia del
Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), estableció20:

«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una
pensión obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una
pensión injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía
de la pensión inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro
del señor García García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del
12 de agosto de 2003 (aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004)
y, posteriormente, determinada en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13
de junio de 2007, a través de la cual CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad
y restablecimiento del derecho, según consta en el folio 106 del cuaderno de anexos
del recurso extraordinario de revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el
Consejo de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-
2018-01426-00. Recurrente: UGPP. M.P. César Palomino Cortés.

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Nº Interno: 5940-2019
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Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

una repercusión en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales
condiciones, no pone en desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional,
primero porque no corresponde a una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas,
o a uno de los beneficios desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen
a la necesidad de modificar el sistema pensional para ponerles término21 y, segundo,
porque la sentencia recurrida en revisión, dispuso que en el evento de no haberse
pagado la totalidad de los aportes de ley, la Caja debería realizar las compensaciones
correspondientes, lo cual, responde precisamente a la observancia de este criterio de
sostenibilidad financiera del sistema, como reiteradamente lo consideraba el Consejo
de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en algunos de sus pronunciamientos,
que “la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación pensional, no podía
pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta Política (art.
48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema general
de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar […]» 22».

En el caso bajo estudio, se advierte que, la señora Martha Beatriz Ortega Granadillo,
nació el Treinta (30) de julio de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (1955)23, y,
adquirió el estatus jurídico de pensionado el Treinta (30) de julio de Dos Mil Diez
(2010)24; prestó sus servicios en la ESE Hospital Rafael y tuvo como último cargo
el de auxiliar de enfermería.

Que en virtud de las decisiones judiciales del Diez (10) de agosto de Dos Mil
Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante
la cual, confirmó el fallo del veinticinco (25) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) y
agregó un nuevo párrafo al ordinal segundo (2°) de la sentencia “excluyendo los factores
salariales provenientes de normas locales (...)” del Juzgado Primero Administrativo Oral
Circuito Judicial Riohacha, la UGPP, expidió la Resolución 035761 del 31 de agosto
de 2018, mediante la cual, realizó la reliquidación de la pensión de la demandada,
así:

Año Factor Valor Acumulado Valor IBL Valor Actualizado
2002 Asignación 8,697,576.00 6,523,182.00 9,318,611.00
Básica
2002 Bonificación 317,099.00 317,099.00 452,988.00

21
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera
fue el fundamento del esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación
fiscal por la que venía atravesando el Estado, puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto
del reconocimiento y pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo sistema
pensional, con ocasión de un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el régimen anterior que fuera
aplicable, se presentó la necesidad de adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de
2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de conformidad
con la ley, sino que, además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir el pago de
la deuda pensional que estuviera a su cargo (subraya fuera del texto).
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14
de marzo de 2019, (exp. 2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
Folio 505 cuaderno principal
24
Ver Resolución UGM 015727 de 31 de octubre de 2011 a folios 68 a 72 cuaderno principal.
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Demandante: UGPP
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por servicios
prestados
2002 Prima de 1,630,800.00 1,630,800.00 2,329,659.00
antigüedad
2002 Prima de 1,158,230.00 1,158,230.00 1,654,575.00
Navidad
2002 Prima de 735,496,00 735,496.00 1,050,684.00
servicios
2002 Prima de 782,486.00 782,486.00 1,117,811.00
Vacaciones
2003 Asignación 2,311,599.00 2,311,599.00 3.302.206.00
Básica Mes
2003 Prima de 577.899.00 577,899.00 825,550.00
Antigüedad

En el expediente se acreditó que, con la certificación expedida por la Unidad
Funcional de Recursos Humanos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, que la
demandada durante su último año de vinculación periodo del Primero (1) de Enero
de Dos Mil Dos (2002) al Treinta y Uno (31) de Marzo de Dos Mil Tres (2003)
percibió los siguientes factores25:

1 de enero- 31 dic/02 1 enero – 31 marzo de 2003
Sueldo 724.798 8.697.576 Sueldo 770.533 2.311.599
Incremento x 2.174.394 Incremento x 577.900
Ant. Ant.
Prima de 735.496 Prima de 0
servicios servicios
Prima de 782.486 Prima de 0
Vacac. Vacac.
Bonifi. X Serv. 317.099 Bonifi. X Serv. 0
Prest. Prest
Bonif. Esp. 48.320 Bonif. Esp. 0
Recr. Recr
Prima de 1.158.230 Prima de 0
Navdad Navdad

Como se observa de lo anterior, se encuentra probado que, el Tribunal si bien
confirma la decisión de primera instancia que ordena la inclusión de los factores
devengados el último año de servicio prestado por la demandante, también es cierto
que, agregó un párrafo donde excluyó los emolumentos salariales provenientes de
normas locales, por lo tanto, la Resolución 035761 del 31 de agosto de 2018
expedida por la UGPP en cumplimiento de la decisión judicial, no exceden la tesis
expuesta en la sentencia de unificación dictada por esta Corporación de fecha
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010), en el cual, vale aclarar que, la

25
Folio 367 expediente físico
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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

bonificación especial por recreación relacionada en la certificación no fue incluida
en la reliquidación, toda vez que, no constituye factor salarial para efectos
prestacionales de acuerdo con lo previsto en los Decretos 2710 de 2001 y 660 de
2002.

Ahora bien, la demandante en la acción especial de revisión discutió de forma
genérica los factores ordenados en la sentencia, esto sin establecer de manera
concreta que, emolumento no corresponde como factor para reconocimiento de la
pensión y menos las normas sobre las cuales se vulnera el ordenamiento jurídico
con la decisión.

En consecuencia, es viable concluir que, la reliquidación efectuada en virtud del fallo
proferido por el tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la
mesada pensional, por lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho,
como tampoco que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

Así las cosas, comoquiera que la UGPP no logró acreditar los elementos
constitutivos de la causal prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, se impone para la Sala declarar infundada la presente acción, tal como será
dispuesto en la parte resolutiva de esta sentencia.

2.7. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que, no se evidencia que la demanda
haya sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios
para imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

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Nº Interno: 5940-2019
Demandante: UGPP
Demandado: Martha Beatriz Ortega Granadillo

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en contra de la sentencia del Diez (10)
de agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de
la Guajira, mediante la cual, confirmó parcialmente la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha el Veinticinco (25)
de enero de Dos Mil Diecisiete (2017) que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por la señora Martha Beatriz Ortega Granadilla, conforme a la parte motiva.

SEGUNDO.- Sin condena en costas a la parte recurrente.

TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente ordinario al
juzgado de origen y archívense las presentes diligencias, previas las anotaciones
que fueren menester.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

19

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