RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-00822-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00822-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00822-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 17 de octubre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 26

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00822-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Eloy Jaimes Fonseca

Temas: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de la pensión con el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Beneficiario de
la Ley 33 de 1985

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia del
17 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por medio de la cual se confirmó la decisión del 3 de abril de ese año
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Eloy Jaimes Fonseca2.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia 17 de octubre de 2014 proferida

1 En adelante Ugpp
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 54001-33-33-002-2012-00196-00(01);

actor: Eloy Jaimes Fonseca, demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Sociales.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que confirmó la decisión del
3 de abril de ese año dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Cúcuta, a través de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de la
demandada a partir del 1° de enero de 2011, en cuantía equivalente al 75% de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, esto es
sueldo básico, bonificación por servicios prestados y primas de servicios, de
vacaciones y de navidad.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la revocatoria de las sentencias
enjuiciadas y, en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional
de Eloy Jaimes Fonseca de conformidad con las reglas de interpretación previstas
en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017, T-039 de 2018 de la Corte Constitucional, es decir, con el ingreso
base de liquidación3 previsto en al artículo 21 o en el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Eloy Jaimes Fonseca nació el 1° de diciembre de 1965 y prestó sus servicios en
el Departamento Administrativo de Seguridad4 desde el 20 de enero de 1989 hasta
el 30 de diciembre de 2010. Desempeñó como último cargo el de detective
profesional 207-09 de la planta global, área operativa, asignada a la Subdirección
de la Interpol, dependiente de la Dirección General Operativa.

3.2. Por medio de la Resolución PAP 8969 del 12 de agosto de 2010, Cajanal le
reconoció una pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicios, de conformidad con lo establecido por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales de asignación básica y
bonificación por servicios prestados, en cuantía de $905.974, a partir del 1° de
octubre de 2009, pero condicionada al retiro del servicio.

3.3. Con la Resolución 1532 del 29 de noviembre de 2010 el DAS lo retiró del servicio
a partir del 31 de diciembre de 2010.

3.4. Mediante la Resolución UGM 037052 del 7 de marzo de 2012, Cajanal le
reliquidó la prestación por retiro del servicio con el 75% del promedio de lo

3 En lo sucesivo IBL
4 A continuación, DAS

2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

devengado en los últimos 10 años de servicios [entre el 1° de enero de 2001 y el 31
de diciembre de 2010] con la inclusión de la asignación básica y la bonificación de
servicios prestados, en cuantía de $926.878, a partir del 1° de enero de 2011.

3.5. Eloy Jaimes Fonseca solicitó la reliquidación de la pensión con la inclusión de
todos los factores devengados en el último año de servicio. Petición que fue negada
por medio de la Resolución RDP 005035 del 5 de julio de 2012, decisión contra la
que presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución
RDP 013793 del 30 de octubre de ese año, en el sentido de confirmar, en todas y
cada una de las partes, el acto recurrido.

3.6. Inconforme con la anterior decisión, Eloy Jaimes Fonseca presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo5 en contra de la Ugpp, con el fin de que se declarara la nulidad de
las resoluciones UGM 037052 del 7 de marzo y RDP 005035 del 5 de julio, por
medio de las cuales se le reconoció la pensión de vejez, y RDP 013739 del 30 de
octubre de 2012, que negó la reliquidación de la prestación. En consecuencia,
solicitó que se ordenara la reliquidación de conformidad con un monto equivalente
al 75% del promedio salarial percibido con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio. Este asunto le correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, que por medio de la sentencia del 3 de abril
de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones No. UGM 037052 del 7 de
marzo de 2012 suscrita por el Liquidador de CAJANAL EICE en Liquidación, No. RDP
005035 del 05 de julio de 2012, la No. RDP 013739 del 30 de octubre de 2012 a las que
se han hecho mención en la presente providencia, que niegan la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor ELOY JAIMES FONSECA, al no tener en cuenta todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se ordena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, reliquidar la pensión del demandante, tomando como
base el 75% del promedio de todo lo que hubiere devengado el accionante, en el último
año de servicios, es decir, el sueldo básico, la prima especial de riesgo, la bonificación
por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de
navidad conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP, a pagar al señor ELOY JAIMES FONSECA, identificado con la cédula No.
13.478.030 de Cúcuta, las diferencias que resulten entre el mayor valor que arroje el
reajuste dispuesto en el anterior numeral y el pago efectuado por la entidad, pago que

5 A partir de ahora CPACA

3

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

se hará efectivo desde el 1° de enero de 2011, fecha ésta en que se retiró efectivo del
demandante, sin que haya lugar a prescripción de mesadas y hasta que se dé
cumplimiento al mismo (…)» (sic).

3.7. En sentencia del 17 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander confirmó la decisión.

3.8. El anterior fallo quedó ejecutoriado el 28 de octubre de 2014.

3.9. Encumplimiento de lo resuelto en el proceso judicial, la Ugpp expidió la
Resolución RDP 017878 del 4 de [mayo] de 2016 en la que reliquidó la pensión de
vejez de Eloy Jaimes Fonseca.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En la sentencia del 17 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander confirmó la decisión del dictada por el Juzgado Segundo Administrativo
Oral de Cúcuta, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda
y ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del promedio salarial percibido
con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio.

4.1. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos6:

4.2. El demandante era beneficiario del régimen especial para los detectives del DAS
previsto en el Decreto 1835 de 1994, toda vez que a su entrada en vigencia laboraba
en el cargo de detective agente [del 27 de septiembre de 1989 al 1° de marzo de
1996].

4.3. Pese a los requisitos dispuestos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para
beneficiarse del régimen de transición a la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones, el Decreto 1835 de 19947 señaló que, las actividades realizadas por
el personal de detectives del DAS en sus distintos grados y denominaciones eran
de alto riesgo [artículo 2] y que, quienes estuviesen vinculados antes de su
expedición «no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para
acceder a la pensión de vejez o de jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número
de semanas cotizadas, y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993» [artículo 4].

4.4. En tal medida, al demandante le eran aplicables los decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989 que establecen el régimen especial de pensiones para los empleados

6 Samai, índice 55, archivo «65RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250606zip(.zip) NroActua 55»,
carpeta 002-2012-00196, documento ExpedienteSegundaInstancia2012-00196, página 44 a 58.
7 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos»

4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

vinculados al DAS y exigen 20 de años de servicio, sin consideración a la edad, con
la inclusión de los factores salariales previstos en el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989. En consecuencia, tenía derecho a una pensión en cuantía equivalente al 75%
del promedio de todo lo devengado en el último año de servicio, es decir, asignación
básica, bonificación por servicios prestados, y primas de riesgo, servicios,
vacaciones y de navidad.

1.2. Las causales de revisión invocadas

5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6. Causalprevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
reconocimiento se obtuvo con violación del debido proceso.

6.1. La reliquidación de la pensión de vejez en los términos expuestos no
corresponde ni se ajusta a derecho, ya que lo procedente era interpretar
correctamente las disposiciones contenidas en los artículos 13 del Decreto 1835 de
1994 y, 36 y 21 de la Ley 100 de 1993. De tales disposiciones se extrae que el
régimen de transición previsto en el artículo 4 del mencionado decreto cobija los
requisitos de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, más no el ingreso
base de liquidación, toda vez que en su artículo 13 precisa que corresponde al
establecido en los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993. Este último dispone que,
para su cálculo, debe tomarse el promedio del salario durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la prestación.

6.2. «[L]os jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido normativa y
jurisprudencialmente accediendo a realizar la reliquidación de la prestación conforme a una
interpretación errada separándose así de lo debidamente probado en el trámite judicial,
conllevando a la violación del debido proceso en el caso concreto» (sic)

7. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cuantía del
derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley.

7.1. Eloy Jaimes Fonseca acreditó el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse
del régimen de transición establecido en el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 por
estar vinculado como detective del DAS antes de la expedición de esa norma, sin
embargo, tal transición cobijó los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto de
la pensión con el régimen anterior al contenido en la Ley 100 de 1993, pero no
incluyó el IBL «no por capricho», sino para regularlo más adelante en el artículo 13

8 Samai, índice 8, archivo «8_ED_CuadernoRevisiónSentenciaFolio1al139.pdf(.PDF) NroActua 8»,

páginas 4 a 27.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

del decreto que dispuso que se calcularía según lo establecido en los artículos 18 y
21 de la Ley 100 de 1993, razón para que el IBL correspondiera al 75% del promedio
de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento.

7.2. Las autoridades judiciales adoptaron la decisión con fundamento en una «norma
inexistente», toda vez que el beneficiario de la prestación no adquirió su derecho
antes del 1° de abril de 1994, sino con posterioridad y, por lo tanto, debían aplicarse
las disposiciones de la Ley 100.

7.3. La decisión objeto de revisión excedió lo debido de acuerdo con la ley, por cuanto
los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se complementan al aclarar
el concepto del IBL como distinto del monto pensional. El inciso tercero establece
que el IBL debe calcularse según las reglas de la Ley 100, mientras que el monto
pensional se refiere a la tasa de reemplazo del régimen anterior. Aplicar el IBL del
régimen anterior sería revivir una ley derogada, lo que va en contra de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Siendo ello así, los factores
salariales deben ser los contenidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 por
remisión expresa del artículo 13 del Decreto 1835 de 1994 a los artículos 18 y 21
de la Ley 100 de 1993.

7.4. Sedesconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
contenido, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326
de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -210 de 2017,
SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, que consiste en que el IBL no
es un aspecto incluido en la transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta
materia a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

7.5. Así las cosas, la pensión reconocida a favor de Eloy Jaimes Fonseca debía
liquidarse con el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años
anteriores al reconocimiento o en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el
derecho, computando los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

7.6. La sentencia objeto de revisión incurrió en las causales de revisión alegadas al
aplicar de manera contraria las disposiciones normativas y el precedente
constitucional. Con ello afectó de forma grave la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumentó en un 66.80% la mesada pensional del pensionado sin
justificación legal ni jurisprudencial, lo que se constituyó en un «abuso palmario del
derecho».

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

8. Eloy Jaimes Fonseca se opuso a la prosperidad de la acción en los siguientes

6

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

términos9:

8.1. El Decreto 1047 de 1978 establece un régimen especial de pensiones para
quienes desempeñaban funciones dactiloscópicas, el cual reconocía el derecho con
20 años de servicios, continuos o discontinuos, sin exigencia de edad.
Posteriormente, el Decreto 1933 de 1989 extendió el régimen a los detectives del
DAS. Comoquiera que estas disposiciones no regularon la forma de determinar la
cuantía de la pensión, resultó aplicable la norma general vigente con anterioridad,
es decir, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 que fija el IBL en el 75% del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicio.

8.2. Las sentencias del 3 de abril y del 17 de octubre de 2014 se sustentaron en los
lineamientos jurisprudenciales proferidos en el órgano de cierre de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, tanto en la aplicación del Decreto 1137 de 1994 que
creó la prima especial de riesgo con carácter permanente para los empleados del
DAS, y la del 4 de agosto de 2010 que sostuvo que, para los beneficiarios del
régimen de transición, el IBL debía calcularse con base en el promedio de lo
percibido en el último año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales
recibidos como remuneración, según los principios de inescindibilidad normativa,
favorabilidad laboral y legalidad.

8.3. La demanda ordinaria también se sustentó en la vulneración del derecho a la
igualdad, al evidenciarse que a otros servidores del DAS cobijados por el régimen
especial se les reconoció la pensión con la inclusión de todos los factores salariales
recibidos en el último año de servicio, mientras que a él solo le incluyeron la
asignación básica y la bonificación lo que configuró un trato discriminatorio
injustificado.

8.4. Si bien la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 cambió la postura
del Consejo de Estado y señaló que el IBL no hacia parte del régimen de transición
y debía aplicarse para su liquidación la Ley 100 de 1993, sus efectos fueron
retrospectivos, es decir, únicamente aplicable a los casos pendientes de decisión
administrativa o judicial, situación que no lo cobijó.

8.5. La sentencia objeto de revisión fue proferida por autoridad competente, con
observancia de la ritualidad procesal, adecuada motivación fáctica y jurídica, y en
consonancia con el régimen especial que le era aplicable, como ex funcionario del
DAS. Asimismo, aplicó la jurisprudencia vigente entre el 4 de agosto de 2010 y el
28 de agosto de 2018, de acuerdo con el cual el IBL debía liquidarse con el 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio,

9 Samai, índice 17.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

incluyendo sueldo básico, prima especial de riesgo, bonificación por servicios,
primas de servicio, vacaciones y navidad, criterio reiterado específicamente para
exfuncionarios del DAS en la unificación del 1.º de agosto de 2013.

1.4. Concepto del Ministerio Público

9. El procurador delegado guardó silencio.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 22 de octubre de 2019 contra la sentencia del 17 de noviembre de
2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Sección
Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA.

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Cuestión previa

12. Previo al análisis de fondo del asunto, resulta pertinente precisar que, si bien la
Ugpp invocó las causales de revisión respecto de la sentencia de primera instancia,
la Sala abordará el estudio del fallo de segunda instancia, en tanto esta fue la
providencia que confirmó la decisión inicial y puso fin al proceso, razón por la cual
constituye el fallo definitivo susceptible de control en sede de revisión.

2.3. Oportunidad

13. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

14. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 17 de octubre de
2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y quedó ejecutoriada el
28 de octubre de 201410 y la acción se presentó el 22 de octubre de 201911, lo que

10 Samai, índice 55, archivo «65RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250606zip(.zip) NroActua 55»,

carpeta 002-2012-00196, documento ExpedienteSegundaInstancia2012-00196, página 104.
11 Lo que se corrobora según el auto admisorio del 12de marzo de 2020.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

permite concluir que fue en la oportunidad señalada por el inciso 4 del artículo 252
del CPACA.

2.4. Los problemas jurídicos

15. Se circunscriben a determinar ¿si la sentencia proferida el 17 de octubre de 2014
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se expidió con vulneración del
debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida
en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ¿si la cuantía del derecho
reconocido a Eloy Jaimes Fonseca excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de su pensión de vejez con el 75% del salario
percibido durante el último año de servicio y los demás factores salariales
devengados, en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 12 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

17. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

18. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

19. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del

12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.

20. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

21. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

22. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»15.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación16 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

23. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada « consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»17.

2.4.2. Régimen pensional de los servidores del DAS que ejercieron funciones
establecidas por la ley como actividades de alto riesgo y su ingreso base de
liquidación

24. El gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 18, en virtud
del cual dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el DAS por 20 años, continuos o discontinuos, y hubieran aprobado el curso de
formación que esta entidad impartía, tendrían derecho a gozar de una pensión de

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
18 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que

desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»

11

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

jubilación en cualquier edad.

19
25. Con la expedición del Decreto 1933 del 28 de agosto de 1989 se extendió este
beneficio a los empleados del DAS que desarrollaran las funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, en
sus diferentes grados y denominaciones, en tanto se indicó que en materia
pensional se regirían por las disposiciones del Decreto Ley 1047 de 197820.

26. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en
atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que
definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto
riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».
Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada
actividad.

27. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 199421, por el cual clasificó la labor de los detectives del DAS
como de alto riesgo. Asimismo, la norma estableció un régimen de transición
especial22 para aquellos que, a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de
1994, laboraran en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las
condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los
decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989. Sin embargo, el Decreto Ley 2090 del 26

19 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad»
20 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas

para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia
de jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal
de detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
21 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
22 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las

actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo
que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido
o el número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las
normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o
jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
particularmente en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»

12

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

de julio de 200323 derogó el anterior y definió una vez más cuáles actividades serían
consideradas de alto riesgo, sin incluir al DAS.

28. Empero, la Ley 860 de 200324 se ocupó nuevamente de regular la materia y al
efecto señaló que «(e)l régimen de pensiones para el personal del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, al que se refieren los artículos 1° y 2° del Decreto 2646
de 1994 ó normas que lo modifiquen o adicionen» sería el que allí se define. En tal
sentido permitió que los detectives y otros empleados de la aludida entidad, se
beneficiaran de un régimen especial que integra el Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 199325.

29. Ahora bien, el parágrafo 526 del artículo 2 de la norma aludida previó el régimen
de transición aplicable a los detectives del DAS vinculados antes del 3 de agosto de
1994 y con 500 semanas de cotización, a la entrada en vigencia de la norma en
mención. Este régimen garantizó el reconocimiento pensional con las condiciones
contenidas en el Decreto 1835 de 199427, las cuales se pueden resumir en la
posibilidad de acceder al beneficio pensional en las condiciones de edad, tiempo de
servicios o cotización, y el monto de los decretos 1047 de 197828 y 1933 de 198929.

30. En cuanto al IBL para el personal beneficiario de las normas anteriores a la Ley
100 de 1993, esto es, de los decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre de 2000 30,
consideró que los factores que debían aplicarse en su integridad eran los señalados
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a excepción de la prima de riesgo, la
que pasó por diferentes modificaciones normativas31.

31. Así, el Consejo de Estado, en un primer criterio, se abstuvo de ordenar la
inclusión de la prima de riesgo en atención a que el Decreto 2646 de 1994 y precisó

23 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y

señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
24 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones».
25 Por virtud de lo dispuesto en el artículo 140 al que se hizo alusión en líneas anteriores.
26 «Parágrafo 5°. Régimen de transición. Los detectives vinculados con anterioridad al 3 de agosto

de 1994 que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas
les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del régimen de transición
contenidas en el Decreto 1835 de 1994».
27 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».
28 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que

desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad».
29 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento

Administrativo de Seguridad».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
31 Decretos 1137 del 2 de junio de 1994; 2646 del 29 de noviembre de 1994.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

que aquella no constituye factor salarial32; no obstante, más adelante consideró que
debía acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto
de 201033, según el cual era válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el
trabajador percibía de manera habitual y periódica como contraprestación del
servicio independientemente de su denominación, en consideración a que el artículo
73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente
al 75% del promedio de los salarios y primas de toda especie recibidos durante el
último año de servicio, argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y
otras prestaciones que no estaban previstas por el artículo18 del Decreto 1933 de
1989 en la pensión de los detectives del DAS.

32. Sin embargo, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de julio de 202234, determinó que el IBL para los servidores del
DAS que desarrollaron actividades de alto riesgo y que fueron cobijados por el
régimen de transición de la Ley 860 de 2003, es el previsto por los artículos 21 y 36
de la Ley 100 de 1993, según corresponda.

33. Sobre el particular la Sala señaló:

«Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS, cobijados por los
regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de 1994, 2090 de 2003 y la Ley
860 de 2003, tienen derecho a que se respeten las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, entendido como el porcentaje o tasa de retorno, señalados por los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es
el previsto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993».

34. Asimismo, en esa oportunidad, la Corporación estableció que «(l)os factores
salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones aquí referidas son los
devengados por el servidor que, de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas
aplicables, constituyen la base de cotización para pensión. En el caso del personal del DAS
de que tratan los artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en
este decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en vigor de la Ley
860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la misma ley».

35. Finalmente, se destaca que las reglas señaladas en esa decisión constituyen un
precedente vinculante y obligatorio35 en la resolución de «todos los casos pendientes

32 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación:
25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23

25 000 2006 07509 01 (0112-09).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,

radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014) M.P. William Hernández Gómez.
35 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto

14

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, con
la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función
del principio de seguridad jurídica, son inmodificables».

2.3.3. En torno al abuso del derecho en materia pensional

36. El artículo 95 de la Constitución Política prevé:

«Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad» [Se resalta].

37. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 36 dispuso la creación de un
mecanismo legal encaminado a revisar aquellas sumas periódicas reconocidas
judicialmente con «abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados» bien sea por
error, ignorancia o desconocimiento de las normas reguladoras de la pensión, pero
también por adoptarse una interpretación que no se ajustara a los principios del
sistema de seguridad social en pensión.

órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
36 «Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».

15

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

38. Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992, la Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013, respecto de las
pensiones adquiridas con abuso o fraude a la ley señaló:

«4.4.1. Pensiones adquiridas con abuso al derecho o fraude de la ley

El artículo 58 Superior y el Acto Legislativo 1 de 2005 protegen los derechos adquiridos
siempre y cuando se hayan adquirido sin fraude a la ley ni abuso del derecho.

Es decir, no se configura propiamente un derecho adquirido cuando se ha accedido a
éste (i) por medios ilegales, (ii) con fraude a la ley o (iii) con abuso del derecho.

Lo expuesto en la parte motiva de esta providencia permite establecer qué tipos de
pensiones corresponden a esta categoría.

En primer término, claro está no constituirán derechos pensionales adquiridos aquellos
que ha sido causados a través de conductas como la alteración de documentos, la
falsedad, entre otras. Este caso extremo puede haber ocurrido en muy pocas ocasiones,
pero no por ello debe dejar de mencionarse.

En segundo lugar, tal y como se explicó, en las figuras del fraude a la ley y abuso del
derecho, se presenta un elemento objetivo que se traduce en el aprovechamiento de
la interpretación judicial o administrativa de las normas o reglas, para fines o
resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y aquél que invoca las
normas de una forma claramente excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo
jurídico que persigue. En este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber
de evitar que se interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los
principios del sistema.

Recuerda la Corte que, para ese menester se tendrá en cuenta, de manera
preponderante, la dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho y fraude a
la ley, de manera que no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o
amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que, a la luz de lo
establecido en esta sentencia, resulta contrario a la Constitución y como resultado
de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera del sentido conforme a la
Carta del régimen pensional y que produce una objetiva desproporción y falta de
razonabilidad en la prestación.

En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho,
que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de
pensiones con ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del
peticionario, que generan un desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto
de un aprovechamiento de las interpretaciones que las autoridades judiciales y
administrativas han hecho de las normas.

Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del
régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último
año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no
corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y
desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. Ello en
aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la
transición y del Ingreso Base de Liquidación. Cabe señalar que para que se produzca

16

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

este abuso del derecho, el aumento, se repite, debe ser claramente desproporcionado y
debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral.

En estos eventos, los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus
últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera
salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que
acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer
un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida.

Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al cargo
en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de liquidación, a través de
figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas, el encargo en el caso de
Magistrados, y la provisionalidad, en los demás casos en que el artículo 17 de la Ley 4
de 1992, es aplicable.

En este punto debe recordarse que si bien es cierto la Corte ha avalado la existencia de
algunos regímenes pensionales especiales, también lo es que, dado su carácter
excepcional y su impacto en las finanzas públicas, sus reglas deben ser de interpretación
restringida y no pueden ser extendidas por analogía a casos de servidores no cobijados
por ellos.

Otro ejemplo se presenta cuando un servidor durante la mayor parte de su vida laboral
cotiza de acuerdo con las reglas que definen topes de las cotizaciones. Luego, en el
último año de servicios –según el régimen especial del que es beneficiario- cotiza al
sistema sin tope con el fin de luego obtener una pensión sin tope, amparado por la
doctrina de la integralidad de los regímenes pensionales.

En todos estos casos, el pensionado no tiene un derecho adquirido, y por tanto, en
aras de dar cumplimiento a la presente providencia, la Administración podrá proceder a
revocar y reliquidar el derecho pensional con el objeto de hacerlo compatible con el
ordenamiento jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde. En
efecto, en la concesión de estos derechos pensionales no se respetó la legalidad. Sin
embargo, dicha reliquidación no puede ser arbitraria.
(…)
De igual manera, se reitera que para proceder a esta revocatoria se requerirá: (i) el
respeto pleno del debido proceso, (ii) mientras se adelanta el procedimiento
administrativo no es posible suspender el pago de la pensión y (iii) corresponde a la
Administración desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto de
reconocimiento de la pensión.
(…)
En estos casos debe también tenerse en consideración el mínimo vital del
pensionado o de sus beneficiarios y asegurarse la protección de los derechos de
las personas de la tercera edad.» [Se resalta].

39. Ciertamente, si bien la sentencia en referencia solo se pronunció, principalmente,
respecto de las pensiones de los congresistas beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, dicho argumento, nuevamente, fue analizado por
esa corporación en la sentencia SU-631 de 2017, así:

«27. Un abuso del derecho, definido en los términos expuestos en los fundamentos
jurídicos precedentes, emerge de modo palmario, cuando la disfunción que engendra en
el sistema pensional salta a la vista y logra convencer al juez constitucional de que su

17

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

intervención en el asunto es imperiosa, con el ánimo de proteger intereses superiores.
Aquel debe tener la certeza de que la remisión del asunto a las vías ordinarias, hará
insostenible la dinámica solidaria del sistema pensional, en la medida en que los
incrementos pensionales ilegítimos resultan mensualmente tan cuantiosos, que
indudablemente lo desfinanciarán, en detrimento de quienes cuentan con menores
recursos económicos.

Sumado a las particularidades de cada caso concreto que hagan suponer al juez la
intención que alguien pueda tener de sacar un provecho desproporcionado, en
detrimento del sistema de seguridad social en pensiones, por desconocimiento de sus
principios y normas, debe analizarse el impacto desde el punto de vista que
contrasta el reconocimiento pensional con la historia laboral del interesado, para
concluir que hay un exceso de grandes niveles en el incremento que le favoreció.

Además del análisis de contexto que supone el ejercicio anterior, es importante
considerar la conducta de quien busca el beneficio pensional. De modo tal que
quien sin sustento normativo, más allá de una regla de un régimen especial que perdió
vigencia –como lo son aquellas que rigen el IBL-, busca a ultranza una ventaja
irrazonable en comparación con otros afiliados, podrá haber incurrido en forma notoria
en un abuso del derecho. Cuando la búsqueda sea evidente e inconfundible, al perseguir
un incremento monetario significativo sin arreglo a la normativa vigente, ese abuso debe
entenderse palmario.
(…)
Segundo: criterios para identificar eventos en los que el abuso del derecho emerge de
modo palmario

Sea lo primero aclarar que el abuso notorio del derecho, como el que se denuncia en los
casos acumulados, se presenta con ocasión de la obtención de una ventaja individual
irrazonable, fundada en una vinculación precaria.

La vinculación precaria puede provenir de dos escenarios distintos, de los que dan
cuenta los asuntos concretos que se analizan en esta oportunidad. De un lado puede
surgir con ocasión de la aplicación de un régimen especial para personas que cumplieron
los requisitos de acceso a la pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, dentro del cual se contemplaba un IBL distinto al de su artículo 36.

Para quienes por el contrario, cumplieron esas exigencias en vigencia de dicha norma,
el impacto de una vinculación precaria, solo puede concretarse cuando se hace una
aplicación ultractiva del régimen especial en lo que atañe al índice base de cotización.

Se trata de escenarios distintos, que conducen a la sobrevaloración de la cotización
efectuada en el marco de un servicio al Estado que se reputa débil en el tiempo. Para
efectos de la liquidación pensional la vinculación precaria, que al auspicio del régimen
especial para la Rama Judicial y el Ministerio Público, puede ser de tan solo un mes,
adquiere un poder determinante en la estimación de la mesada pensional que puede
resultar incompatible con la historia laboral del servidor público.

No solo puede presentarse cuando se aplica un índice base de liquidación consagrado
en un régimen especial, y no el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino en
reconocimientos pensionales que tuvieron ocasión con requisitos anteriores a ella, sin
perjuicio de su legitimidad desde el punto de vista de las disposiciones legales que
regulaban la pensión. En este último caso, la confrontación del reconocimiento debe
hacerse desde el punto de vista de los principios constitucionales que regían la situación

18

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

para cuando se consolidó el derecho pensional.

33. En esa medida la fijación de estos criterios ayudará al funcionario judicial a hacerse
una idea de la necesidad de su intervención, pero –se insiste- ello no obsta para que, en
consonancia con la independencia y la autonomía judicial que le asiste, consolide su
propia visión de los distintos casos concretos que se le presenten y determine la
procedencia, conforme su propio criterio, que deberá motivar conforme las
particularidades del caso concreto» [Se resalta].

40. En efecto, la Sala estima que para que se configure un abuso del derecho en
aquellas pensiones producto de providencias judiciales es necesario que i) se haya
desconocido o aplicado en forma indebida el IBL de la Ley 100 de 1993, en virtud
del régimen de transición; o ii) se advierta una vinculación precaria en un cargo con
mayores ingresos los cuales tengan incidencia en la liquidación de la prestación. Lo
anterior, toda vez que se impone el interés general sobre el particular y se le crea a
la nación la carga de proveer subsidios extremos para pagar la prestación
reconocida.

41. Sobre este particular, esta subsección en sentencia del 15 de junio de 2023 37
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un caso de similares supuestos fácticos
y jurídicos al aquí discutido, en la que sostuvo lo siguiente:

«[…] el nombramiento del jubilado al Congreso de la República por el término de 1 año
y 4 meses y el fallo judicial cuestionado, produjeron que su mesada pensional se
incrementara de $1.218.025 a $3.419.948 (efectiva para el 1 de abril de 2009), al
calcularse el IBL de la pensión de vejez del (…), con el 75% de los factores devengados
durante el último año de servicio. Nótese que a la fecha de presentación del recurso
extraordinario (2018), la UGPP informa que el valor de la mesada es de $4.749.430, 25,
que representa una diferencia de $3.057.905,45, respecto de la pensión reconocida en
los actos administrativos por el monto de $1.691.524,8 (actualizada a 2018).

En efecto, la Sala concluye que al efectuarse una valoración en conjunto de los criterios
indicativos para determinar un incremento injustificado y desproporcional de la mesada
pensional de la parte demandada, el nombramiento del señor (…) en el Congreso de la
República configura en materia pensional una vinculación fugaz, de cara a existencia
de una situación de abuso del derecho, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema
financiero del SGSSP, máxime cuando el referido aumento no corresponde a la historia
laboral del demandado y si bien el fallo judicial cuestionado aplicó la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, lo cierto es que tal postura jurisprudencial no abordó
los supuestos fácticos y jurídicos relacionados con vinculaciones precarias de los
jubilados durante el último año de servicio, las cuales inciden en el incremento
desproporcional de las mesadas pensionales, tal y como se evidencia en el presente
asunto, razón por la que se declarará fundado el recurso» [Se resalta].

42. Así las cosas, para esta Sala es claro que se presenta un claro abuso del derecho
cuando el reconocimiento pensional esta precedido de ventajas irrazonables frente

37 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 15 de junio de 2023, radicado 11001-03-25-

000-2018-01470-00. M.P. César Palomino Cortés.

19

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

a su verdadera historia laboral, por ejemplo, cuando en los últimos años de
servicios, se obtiene un incremento significativo, desproporcionado y evidente de
los ingresos salariales que afecta el IBL pensional y, por tanto, se causa una pensión
que no guarda relación con los aportes realizados a lo largo de su trayectoria
profesional.

2.5. Caso en concreto

43. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

44. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

45. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión38 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
(e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».

46. Se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a cuestionar los
factores considerados al liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en
relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental
al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

47. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es, la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander profirió la decisión objeto de revisión con sustento en los decretos 1047
de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994 que establecen para los detectives del DAS
las condiciones para acceder a la pensión de jubilación, así como los factores
salariales para su liquidación.

38 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

20

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

48. Asimismo, se encuentra que para el momento en que se produjo la decisión
objeto de revisión, se encontraba vigente la regla de unificación proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación39, según la cual «cuando se aplica el régimen
de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin
desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del
derecho». La anterior posición fue reiterada en las sentencias del 7 de abril de 201140
y 1° de agosto de 201341, que se refirieron al régimen especial de pensiones para
los funcionarios del DAS y en las que se admitió que los factores salariales del
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 no son taxativos, razón por la cual para la
liquidación de la prestación pensional se deberían tener en cuenta todas las sumas
que de manera habitual y periódica recibía el trabajador como contraprestación,
pues estos «son factores que integran el salario que éste percibe».

49. Al respecto, la recurrente sostiene que Eloy Jaimes Fonseca era beneficiario del
régimen de transición únicamente en las condiciones de edad, tiempo y monto, pero
como el IBL no hacía parte de la transición, se debía liquidar teniendo en cuenta las
disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

50. En efecto, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
proferida el 17 de octubre de 2014 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado
como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

51. Precisamente, el criterio del Consejo de Estado solo se modificó con la
expedición de las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 42 y 28 de julio
de 202243, por lo que es claro que para la época en que se expidió la sentencia
recurrida (17 de octubre de 2014), la posición era que las pensiones de los
servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los factores
constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del régimen de
transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado

25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2011, radicado

76001-2331-000-2007-00249-01(0953 – 2010).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1° de agosto de 2013, radicado 44001-23-

31-000-2008-00150-01 (0070-2011), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
42 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
43 Expediente 2656-2014, con ponencia del magistrado William Hernández Gómez.

21

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

52. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó que la
pensión de Eloy Jaimes Fonseca se reliquidara con la inclusión de los siguientes
factores salariales: asignación básica, bonificación por servicios y las primas de
servicios, de navidad, de vacaciones y de riesgo. En relación con lo anterior,
igualmente se advierte que en la sentencia de primera instancia que fue confirmada
por el tribunal se siguió la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, sobre
el particular se citó la sentencia del 1° de agosto de 201344 y a su tenor literal se
transcribió:

«Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al asunto
específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de
vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional, la Sala en esta ocasión
se permite precisar que dicha prima sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.

Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corporación45, ha entendido
por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor
del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por
una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra
denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en
razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual y
periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste percibe lo que
incide de manera directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de cotización y
liquidación de una prestación pensional.
(…)» (sic).

53. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra
un certificado laboral del 2 de septiembre de 200946, expedido por el subdirector de
Talento Humano del DAS, según el cual Eloy Jaimes Fonseca ejerció los cargos de
«detective alumno 4115-03» desde el 20 de enero de 1989 hasta el 27 de agosto de
ese año; «[d]etective rural 4115-04» desde el 28 de agosto de 1989 hasta el 26 de
septiembre de ese año; «[d]etective agente grado 05» desde el 27 de septiembre de
1989 hasta el 6 de julio de 1993; «[d]etective agente 208-05» desde el 7 de julio de
1993 hasta el 14 de marzo de 1994; «[d]etective gente 208-06» desde el 15 de marzo
de 1994 hasta el 9 de octubre de 1996 «[d]etective agente 208-07» desde el 10 de
octubre de 1996 hasta el 31 de enero de 2001 ; «[d]etective 208-07» desde el 1 de
febrero de 2001 hasta el 28 de febrero de 2006 ; y «[d]etective Profesional 207-9»
desde el 1° de marzo de 2006 sin fecha de finalización, y devengó en el último año
de servicios, [esto es del 31 de diciembre de 2009 al 31 de diciembre de 2010] de
enero los siguientes factores: i i) asignación básica; ii) bonificación por servicios

44 Radicado (0070-11), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
45 Sentencia del 8 de abril de 2010. Rad. 1026-2008. MP Gerardo Arenas Monsalve.
46 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta CC13478030, documento 6- Certificado de información laboral – causante.

22

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

prestados; iii) prima de servicios; iv) prima de navidad; v) prima de vacaciones; y vi)
prima de riesgo 47.

54. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, luego de considerar
la obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional,
preceptos allí contenidos que se acompasaban en mayor medida a los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad
normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se
advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario,
se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.

55. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

55.1. Eloy Jaimes Fonseca nació el 1° de diciembre de 196548.

55.2. Laboró al servicio del DAS entre el 20 de enero de 1989 y el 31 de diciembre
de 201049 y ocupó los cargos de ««detective alumno 4115-03»; «[d]etective rural 4115-
04»; «[d]etective agente grado 05»; «[d]etective agente 208-05»; «[d]etective gente 208-
06» «[d]etective agente 208-07»; «[d]etective 208-07»; y «[d]etective Profesional 207-9»50.

55.3. Devengó en el último año de servicio [esto es del 31 de diciembre de 2009 al
31 de diciembre de 2010] los siguientes factores: i) asignación básica; ii)
bonificación por servicios prestados; iii) prima de servicios; iv) prima de navidad; v)
prima de vacaciones; y vi) prima de riesgo51.

55.4. Mediantela Resolución PAP 8969 del 12 de agosto de 2010, Cajanal le
reconoció una pensión de vejez con el 75% del promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicios, de conformidad con lo establecido por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales de asignación básica y
bonificación por servicios prestados, en cuantía de $905.974, a partir del 1° de

47 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta CC13478030, documento 27- Certificado de factores salariales – causante.
48 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 1901 REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 18-
2019-09-17_155834.
49 Retirado del servicio a través de la Resolución 1532 del 29 de noviembre de 2010, visible Samai,

índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B, subcarpeta
CC13478030, documento 31- Acto administrativo de retiro del servicio oficial – Causante.
50 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta CC13478030, documento 6- Certificado de información laboral – causante.
51 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta CC13478030, documento 27- Certificado de factores salariales – causante.

23

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

octubre de 2009, pero condicionada al retiro del servicio52.

55.5. A través de la Resolución UGM 037052 del 7 de marzo de 2012, Cajanal le
reliquidó la prestación por retiro del servicio con el 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicios [entre el 1° de enero de 2001 y el 31
de diciembre de 2010] con la inclusión de la asignación básica y la bonificación de
servicios prestados, en cuantía de $926.878, a partir del 1° de enero de 2011 53.

55.6. Con las resoluciones RDP 005035 del 5 de julio de 2012 54 la Ugpp negó una
solicitud de reliquidación pensional y, por medio de la Resolución RDP 013793 del
30 de octubre de ese año55 confirmó la decisión.

55.7. Por medio de las resoluciones RDP 017878 del 4 de mayo de 2016 56 y RDP
033896 del 19 de agosto de 201557, en cumplimiento del fallo objeto de revisión, la
UGPP reliquidó la pensión de jubilación y, por ende, el monto de la mesada
pensional aumentó a $1.546.048.

56. Además, se encuentra acreditado que aquel laboró al servicio del DAS por más
de 20 años, periodo en el que se desempeñó como detective agente y profesional,
entre otros.

57. Asimismo, se observa que en los actos administrativos que dieron cumplimiento
a la sentencia se dispuso el descuento de $5.515.365 por concepto de aportes para
pensión de factores salariales no efectuados y agregó «[l]o anterior, sin perjuicio de
que con posterioridad se determine que el pensionado adeuda valores adicionales o
superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes inicialmente
descontados deben ser objeto de la aplicación de algún tipo de actualización o ajuste en su
valor, y en consecuencia se proceda a adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar
una copia de la presente resolución al área competente. Igualmente, la Subdirección de
Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores previamente ordenados y
descontados en actos administrativos anteriores por el mismo concepto» (sic).

52 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE
LA PETICION 13-2019-09-17_155834.
53 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE
LA PETICION 53-2019-09-17_155837.
54 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE
LA PETICION 56-2019-09-17-155837.
55 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE
LA PETICION 57-2019-09-17_155837.
56 Samai, índice 8, actuación «6_ED_CD2Folio66B.zip(.ZIP) NroActua 8», carpeta CDFOLIO66B,

subcarpeta con bloqueo CC13478030, documento 2701 ACTO ADMINISTRATIVO QUE RESUELVE
LA PETICION 58-2019-09-17_155837.
57 Ibidem, folios 200 a 203.

24

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

58. Así las cosas, la reliquidación realizada en virtud del fallo cuya revisión se solicita,
sobre la pensión de jubilación reconocida al aquí demandando, no evidencia un
incremento desproporcionado o que no guarde relación con su trayectoria laboral.

59. En consecuencia, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró
que: i) el demandado era beneficiario del régimen especial de los empleados del
DAS [decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989]; ii) su vinculación a la entidad fue
anterior al 3 de agosto de 1994; iii) acreditó 20 años de servicios y ejerció
actividades catalogadas de alto riesgo, en concordancia con el Decreto 1835 de
1994; y iv) durante el último año percibió los factores respecto de los cuales el
tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.

60. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de julio de 2022 58 [a partir
de la cual, esta corporación se inclinó por la taxatividad de los factores] la Sección
Segunda del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación
serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por
lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues no puede entenderse
«en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición de los servidores del DAS, con
fundamento en (sic) tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de
Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra
sentencia ejecutoriada que haya reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con
fundamento en la jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el
carácter de cosa juzgada».

61. La Sala concluye que la sentencia del 17 de octubre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander no incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y, por lo tanto, se
declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.4. Costas

62. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.

3. Conclusión

63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del

28 de julio de 2022, expediente 25000-23-42-000-2013-02380-01 (2656-2014).

25

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00822-00 (5944-2019)
Demandante: Ugpp

configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander el 17 de octubre de 2014, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

26

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.