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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00847-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00847-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar la legalidad condicionada del artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, «por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S.A. E.S.P y se ordena su disolución y liquidación.» , formulada por el señor Hernán Díaz Sanabria, en el sentido que, en la terminación de la vinculación de los trabajadores, se debe observar la protección especial, dispuesta en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, archívese el expediente, previas las constancias y anotaciones de rigor. 21 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 15 Número interno: 6203-2019 Demandante: Hernán Díaz Sanabria Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00847-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veinticinco (25) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-25-000-2019-00847-00 (6203-2019)
Demandante : Hernán Díaz Sanabria
Demandadas : Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-
Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento
Administrativo de la Función Pública y Ministerio de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad contra el artículo 16 del Decreto 1612
de 2003, por el cual, se suprime la empresa de
telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S.A- E.S.P y se
ordena su disolución y liquidación
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó el señor
Hernán Díaz Sanabria, contra el artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, por el
cual, se suprime la empresa de telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S.A-
E.S.P y se ordena su disolución y liquidación.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1

1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano Hernán Díaz Sanabria, presentó medio de control de
nulidad, contenido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en el que solicitó
la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 16 del Decreto
1612 de 2003, «por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del
Tolima, Teletolima S.A. E.S.P y se ordena su disolución y liquidación.»,

1
Expediente físico, folios 1 a 6.

2

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

2. El artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, establece:
«Artículo 16. Terminación de la vinculación. Como consecuencia de la supresión
de la Empresa de Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P. en
Liquidación, se dan por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores.»

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante consideró quebrantados los artículos 29 y 189, numeral
15, de la Constitución Política.

4. Como concepto de violación refirió que, el Gobierno nacional, valiéndose
a medias del artículo 189, numeral 15 de la Constitución, y, dentro del programa
de la renovación de la administración pública, suprimió y liquidó la empresa de
telecomunicaciones del Tolima Teletolima S.A. E.S.P, mencionando solamente,
la Ley 489 de 1998, y no, la Ley 790 de 2002.

5. Indicó que, la norma demandada desconoció el propósito del artículo 12
de la Ley 790 de 2002, dejando de lado el cumplimiento de la Constitución
Política en su artículo 189, numeral 15, que establece que los procesos de
supresión, deben efectuarse de conformidad con la ley, lo que, en su criterio,
también confronta el artículo 29 constitucional.

6. Consideró que, el artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, «nació muerto»
a la vida jurídica, al no regirse por los artículos constitucionales referenciados,
pues, estas normas hacen beneficiarios directos y obligatorios a los
trabajadores de Teletolima S.A. E.S.P. en Liquidación, hoy Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas Par.

1.2. Trámite procesal.

7. Por auto de Veintinueve (29) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024)2,
se admitió la demanda, adecuándola al medio de control de nulidad, y se ordenó
la notificación a las entidades demandadas.

8. El Siete (7) de mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), la Nación –
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC3,

2
Aplicativo Samai- índice 00004.
3
Aplicativo Samai- índice 00010.

3

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

interpuso recurso de reposición frente al auto admisorio de la demanda, por
considerar que, adecuado el medio de control, debió disponerse la inadmisión
de la demanda, a efectos que se cumplieran los presupuestos procesales frente
al medio de control. El recurso fue resuelto negativamente mediante auto del
Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Veinticinco (2025)4.

1.3. Contestación de la demanda

9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público5, se opuso a las pretensiones
al considerar, luego de referir la naturaleza jurídica de la entidad que, «si bien,
el epígrafe del Decreto 1612 del 12 de Junio de 2003, no señala de forma
explícita la ley 790 de 2002, también lo es que, la redacción del mismo -
epígrafe- no puede interpretarse de forma restrictiva, en cuanto utiliza la
expresión: “en especial”, otorgándole al mismo un sentido amplio y
comprensivo, es decir, que incluye las demás normas aplicables a dicho
proceso liquidatario».

10. El Ministerio de Salud y Protección Social6, se opone a las pretensiones
de la demanda argumentando que, el artículo 6 de la Ley 1444 de 2011 dispuso
escindir del Ministerio de la Protección Social los objetivos y funciones
asignados por las normas vigentes al viceministerio de salud y bienestar social,
para luego, conforme los artículos 7 y 9 de la misma norma, disponer su
reorganización, cambiar la denominación a Ministerio de Trabajo y crear el
Ministerio de Salud y la Protección Social. Destacando que, las funciones en
cabeza del extinto Ministerio de la Protección Social quedaron en cabeza del
Ministerio del Trabajo.

11. En cuanto a la declaratoria de nulidad del artículo 16 del Decreto 1612
de 2003, indica que, es un asunto ajeno a las competencias del hoy Ministerio
de Salud y Protección Social, por lo que, debería declararse su falta de
legitimación, pues, la entidad competente acorde a lo mencionado en el artículo
2 del Decreto 4108 de 2011, recae en cabeza del Ministerio del Trabajo y
atendiendo la naturaleza jurídica del Decreto 1612 de 2003, también sobre el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia,

4
Aplicativo Samai- índice 00018.
5
Expediente Samai – Índice 00012.
6
Expediente Samai – Índice 00014.

4

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

pues, es la entidad de orden nacional que debe ejercer la defensa en el
presente asunto.

12. Finalmente, concluye que, el artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, se
encuentra conforme a derecho, por no evidenciarse que la norma acusada haya
sido proferida con infracción a las normas en que debe fundarse, de forma
irregular, sin competencia, con desconocimiento del derecho de defensa,
mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de
quienes las emitieron, pues, se ajusta a i) las disposiciones del artículo 189
Num. 15 de la Constitución, artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y Decreto 254 de
2000; ii) fue proferida por los funcionaros competentes; iii) fue debidamente
publicada y; iv) fue motivada conforme los considerandos del mismo Decreto
1612 de 2003.

13. El Departamento Administrativo de la Función Pública7, en igual sentido,
se opuso a la prosperidad de la pretensión de nulidad invocada por el actor,
argumentando que, el Decreto 1612 de 2003 fue expedido en el marco de las
facultades constitucionales y legales8 que le asisten al Presidente de la
República, por lo tanto, no habría violación al debido proceso constitucional, ni
una desviación de las atribuciones propias del funcionario y/o entidades
públicas que participaron en la expedición de la norma acusada.

14. Destaca además que, las facultades del Gobierno Nacional, de
modificar, suprimir o fusionar entidades de la administración, no pueden verse
afectadas o disminuidas por «un grupo de trabajadores que se resistan al
cambio», máxime, cuando las mismas se encuentran acordes con los principios
de la administración pública y los fines del estado.

15. Finalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones9 reitera que, la norma acusada se ajustó a las facultades
constitucionales y legales que le asisten al Gobierno Nacional, y que el artículo
12 de la Ley 790 de 2002, no le era aplicable a la extinta Empresa de
Telecomunicaciones Teletolima S.A E.S.P en liquidación, toda vez que,

7
Expediente Samai – Índice 00015
8
Consagradas en el artículo 189 de la Constitución y el 52 de la Ley 489 de 1998, en las cuales se
autoriza para suprimir, disolver o liquidar entidades de la rama ejecutiva.
9
Expediente Samai – Indice 00022

5

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 13 idem tal prerrogativa resulta
solo aplicable a quienes ostentaban la calidad de servidores públicos.

16. También, señala que, luego de transcurridos 18 años desde la
liquidación de Teletolima, no guarda relevancia la discusión sobre el régimen y
naturaleza de la misma, cuando ya ha sido objeto de pronunciamientos por
parte del Consejo de Estado.

17. Por último, destaca que, el escrito de demanda no cumple con la carga
procesal de señalar un argumento sustancial que permita evidenciar que la
disposición vulnera las normas invocadas por la parte accionante, en especial
el artículo 29 de la Constitución Política, por lo que, no se desvirtúa la
presunción de legalidad del Decreto 1612 del Doce (12) de junio de Dos Mil
Tres (2003).

1.4. Trámite de sentencia anticipada

18. En el auto del Once (11) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)10, se dio
aplicación a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, respecto de la
sentencia anticipada, se fijó el litigio, se dispuso tener como pruebas, aquellas
presentadas con la demanda y su contestación, y se corrió traslado, para que
los sujetos procesales alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindiera el
concepto respectivo.

1.5. Alegatos de conclusión

1.5.1. Nación – Ministerio de Salud y Protección Social11

19. Insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva de la cartera
ministerial, por corresponder a un asunto a cargo del Ministerio del Trabajo y
del Ministerio de la Información y la Comunicaciones de Colombia – Min TIC.

20. También iteró la legalidad del acto administrativo demandado.

1.5.2. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público12

10
Aplicativo Samai- índice 00029.
11
Aplicativo Samai- índice 00035.
12
Aplicativo Samai- índice 00036.

6

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

21. La entidad adujo que, la ausencia de referencia expresa a determinada
disposición legal, dentro del epígrafe del decreto, no comporta por sí misma,
una omisión normativa ni un vicio de nulidad.

22. Consideró que, el actor incurre en una interpretación meramente
formalista, al afirmar que, el acto acusado sería inválido, porque no menciona
explícitamente el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, desconociendo que, la
validez del acto administrativo debe examinarse desde su fundamento material
y competencial, no desde una exigencia puramente nominal; razón por la cual,
concluyó que, el artículo 189 numeral 15 superior no fue vulnerado; por el
contrario, el ejecutivo ejerció una competencia constitucional expresa dentro
del marco normativo habilitante.

23. Manifestó que, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 estableció una
medida especial de protección laboral, respecto de determinados sujetos de
especial protección constitucional —denominada posteriormente “retén
social”— dentro de procesos de renovación administrativa. No obstante, dicha
disposición no prohibió la supresión de entidades, ni privó al presidente de la
República de la competencia constitucional para adelantar procesos
liquidatorios; tampoco erigió una prohibición abstracta de terminación de
vínculos laborales.

24. Exaltó que, la aplicación de dicha norma, exige necesariamente, un
análisis individual y concreto, respecto de las personas eventualmente
cobijadas por dicha protección, y, cualquier discusión relativa al eventual
desconocimiento del retén social, debe ventilarse mediante mecanismos
judiciales de carácter particular y concreto, orientados al restablecimiento de
derechos individuales, mas no, a través del medio de control abstracto de
nulidad contra un acto administrativo general, en donde de manera alguna se
está contrariando el ordenamiento jurídico.

25. Concluyó que, el demandante pretende convertir un eventual debate
sobre estabilidad reforzada individual, en una causal de invalidez abstracta del
decreto, operación jurídica que resulta improcedente. El artículo 16 acusado
simplemente reguló una consecuencia jurídica propia e inherente del proceso
liquidatorio, esto es, la terminación de las relaciones de trabajo derivada de la

7

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

supresión de la entidad, circunstancia compatible con el régimen constitucional
y legal aplicable.

1.5.3. Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MINTIC13

26. Insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, en
específico, en la ausencia de aplicabilidad del artículo 12 de la Ley 790 de 2002,
porque esta regula a los servidores públicos y no a los trabajadores
particulares, como es el caso de aquellos vinculados a Teletolima S.A. ESP.

27. Señaló que, el proceso de liquidación de Teletolima S.A. E.S.P.,
concluyó hace más de dieciocho (18) años, habiéndose declarado terminado el
proceso de liquidación mediante Acta del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil
Seis (2006), publicada en el Diario Oficial No. 45.217 del Trece (13) de junio del
Dos Mil Trece (2013), circunstancia que, hace que la discusión sobre la posible
aplicación del retén social, carezca de toda relevancia práctica y jurídica.

28. Asimismo, planteó que, en el contexto de la acción de nulidad, el artículo
29 de la Constitución no puede ser invocado en abstracto, como si se tratara
de una garantía de inamovilidad laboral. El debido proceso constitucional hace
referencia a las reglas de procedimiento que deben observarse en la expedición
de los actos administrativos y en los procesos judiciales, aspectos sobre los
cuales, la demanda no formula ningún reproche concreto.

1.5.4. Nación – Ministerio del Trabajo14

29. El ministerio adujo que, el acto administrativo del cual se pretende la
declaratoria de nulidad, se encuentra debidamente motivado y garantizó el
debido proceso, considerando que, los fundamentos jurídicos y supuestos
fácticos de la demanda, no corresponden a la realidad material y formal, siendo
claro que, la norma demandada no fue proferida con desconocimiento de las
causales de nulidad del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

II. CONSIDERACIONES

13
Aplicativo Samai- índice 00038.
14
Aplicativo Samai- índice 00039.

8

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Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

2.1. Competencia.

30. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 15, expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer
en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2 Problema jurídico.

31. De acuerdo con el auto del Once (11) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), mediante el cual, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
y se fijó el litigio, corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

«el artículo 16 del Decreto 1612 del doce (12) de junio de Dos Mil Tres
(2003), incurre en causal de nulidad parcial, por haber infringido las normas
en que debía fundarse. En particular, se analizará si el citado artículo
desconoce lo dispuesto en los artículos 29 y 189 numeral 15 de la
Constitución Política y artículo 12 de la Ley 790 de 2002. Lo anterior, por
cuanto, se vulneran los derechos constitucionales de los trabajadores.»

2.3. Caso concreto

32. En el presente asunto, la Sala debe dejar en claro que, como el aparte
normativo que se demanda, corresponde al artículo 16 del Decreto 1612 del
año 2003, el estudio de legalidad debe efectuarse, de conformidad con el
régimen jurídico vigente al momento de su expedición16.

33. Esta previsión resulta importante, por cuanto, la demanda de nulidad fue
interpuesta en el año 2019; sin embargo, no resulta jurídicamente admisible,
confrontarla con previsiones posteriores al momento en que fue proferida.

15
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia del Dieciséis
(16) de abril del Dos Mil Veinte (2020), Radicado No. 11001-03-25-000-2014-01107 00 (3494-2014). M.P. William
Hernández Gómez.

9

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Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

34. La normativa acusada, corresponde al artículo 16 del Decreto 1612 del
doce (12) de junio de Dos Mil Tres (2003), «por el cual se suprime la Empresa de
Telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S.A. E.S.P y se ordena su disolución y
liquidación.», que establece lo siguiente:

«Artículo 16. Terminación de la vinculación. Como consecuencia de la supresión de
la Empresa de Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P. en Liquidación,
se dan por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores.»

35. En criterio de la parte demandante, el apartado demandado, quebranta
el artículo 29 y el numeral 15 del artículo 189 de la Constitución Política, así
como, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, normas que, en su orden, consagran
lo siguiente:

«ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.»

«ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
1. (…)
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de
conformidad con la ley.
(…)»

«ARTÍCULO 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación
que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres
cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los
requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación
o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de
la presente ley.»

36. Para el accionante, el artículo 16 del Decreto 1612 del 2003, al momento
de regular la terminación de la vinculación de los trabajadores de la Empresa
de Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P., debió atender la
protección laboral contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y, en su

10

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

ausencia, la supresión dispuesta no se encuentra en consonancia con la ley,
como lo dispone el artículo 189 de la Constitución Política en su numeral 15,
cuestión que, también vulnera el derecho al debido proceso.

37. La Nación, actuando por intermedio de los ministerios de Hacienda,
Salud y Protección Social, y, Tecnologías de la Información, y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, se oponen a la declaratoria de nulidad
alegada, coincidiendo en la legalidad de la norma, a partir de la competencia
del presidente de la República para suprimir entidades, además, de la plena
sujeción de la norma, a las regulaciones que rigen la materia.

38. A efectos de resolver el presente asunto, la Sala considera importante
hacer claridad que, la demanda no se opone a la potestad de supresión de la
entidad, circunscribiéndose a la terminación de la vinculación de los
trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S.
A. E.S.P.

39. A partir de la norma acusada, la Sala advierte que, esta da por
terminados los contratos de “trabajo de los trabajadores”, sin señalar, el
carácter de estos.

40. En criterio de la Sala, para establecer la confrontación normativa
planteada por el demandante, debe esclarecerse dicho carácter, para lo cual,
corresponde analizar la naturaleza jurídica de la Empresa de
Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P, la cual, de acuerdo con
el artículo primero del Decreto 1612 de 2003, corresponde a:

«Artículo 1º. Supresión, disolución y liquidación. Suprímase la Empresa de
Telecomunicaciones del Tolima Teletolima S. A. E.S.P., Empresa de Servicios
Públicos oficial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio e independiente.
(…)» (subraya la Sala)

41. Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del
Dieciséis (16) de marzo del Dos Mil Doce (2012)17, al pronunciarse sobre la
legalidad del Decreto 1612 de 2003, estudió la naturaleza jurídica de la

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del Dieciséis (16) de marzo del
Dos Mil Doce (2012), Radicado No. 11001 0324 000 2005 00316 00. M.P.E. Marco Antonio Velilla Moreno.

11

Número interno: 6203-2019
Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Empresa de Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P, en los
términos que pasan a exponerse:

«La Sala utilizando las mismas razones que se expusieron en las citadas
sentencias18, encuentra que el cargo de falta de competencia, único invocado
por el demandante, no tiene vocación de prosperidad, como quiera que las
empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas hacen parte de las
entidades u organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público
en el orden nacional, a las que se refiere el artículo 38 de la Ley 498 de 1998
y, como quedó precisado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 189 núm. 15
de la C.P. y 52 de la citada ley, el Presidente de la República está facultado para
disponer la supresión, disolución y liquidación de tales entidades u organismos,
como en efecto lo hizo mediante el Decreto 1612 de 2003 respecto de la
Empresa de Telecomunicaciones del Tolima TELETOLIMA S.A. E.S.P.»

42. A partir del precedente referenciado, es claro para la Sala que, la
naturaleza jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Tolima
Teletolima, S. A. E.S.P, corresponde a la de servicios públicos de carácter
mixto, respecto de la cual, el artículo 84 de la Ley 489 de 1998, prevé lo
siguiente:

«ARTÍCULO 84.- Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas
oficiales de servicios públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen
por objeto la prestación de los mismos se sujetaran a la Ley 142 de 1994, a lo
previsto en la presente Ley en los aspectos no regulados por aquella y a las
normas que las complementen, sustituyan o adicionen.»

43. De acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994 o, estatuto general de
los servicios públicos domiciliarios, en su artículo 41, el legislador previó el
carácter de trabajadores particulares, para quienes desempeñan sus labores
en las empresas de servicios públicos mixtas, así:

«ARTÍCULO 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas
que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas,
tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las
normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las
personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la
vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17.,
se regirán por las normas establecidas en el inciso primero del artículo 5 del
Decreto-Ley 3135 de 1968.»

18
Lo que no constituye un desconocimiento de la norma legal que señala que los efectos de la sentencia que profiere la
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la C.P. son, por regla general,
hacia el futuro (ar. 45 de la ley 270 de 1996).

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Demandante: Hernán Díaz Sanabria
Demandada: Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Ministerio de Salud y Protección Social,
Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

44. Pese a que la norma referenciada, le otorga a los trabajadores de las
empresas de servicios públicos mixtas, la calidad de particulares, la Corte
Constitucional en la sentencia C- 736 de 2007, concluyó lo siguiente:

«6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta
señala que "son servidores públicos los miembros de las corporaciones
públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios". (Subraya la Corte) A su
turno, el artículo 125 ibidem establece que "(l)os empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley". Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho
ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende
diferentes especies, cuáles son los miembros de las corporaciones
públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. 19 Estos
últimos, como es sabido, no se vinculan a la Administración mediante situación
legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que
sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver
que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta
para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o
grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está
revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23
del artículo 150 de la Constitución Política.20 Así pues, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores
de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de
economía mixta y los de las empresas de servicios públicos, son servidores
públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas
categorías jurídicas.

De otro lado, la Constitución también deja en manos del legislador el
establecimiento de la responsabilidad de los servidores públicos, cuando en
su artículo 124 indica que “La ley determinará la responsabilidad de los
servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.” Así pues, dado que
según se ha examinado en las consideraciones precedentes de esta
sentencia, tanto las sociedades de economía mixta como las empresas
de servicios públicos son entidades descentralizadas pertenecientes a
la Rama Ejecutiva, se tiene que las personas que les prestan sus
servicios son servidores públicos […]»

45. Decantado el carácter de los servidores de las empresas de servicios
públicos mixtas, quienes tienen la calidad de servidores públicos, es claro para
la Sala que, cuando el artículo 16 del Decreto 1612 de 2003, se refiere a los
trabajadores, debe tenerse como tales a los trabajadores oficiales.

19
Sentencia C-299 de 1994. M.P Antonio Barrera Carbonell.
20
Cf. Ibídem

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46. En este punto, resulta importante para la Sala, integrar al presente
estudio de legalidad, el artículo 13 de la Ley 790 de 2002, el cual consagra
expresamente:

«ARTÍCULO 13. Aplicación en el tiempo. Las disposiciones de este Capítulo se
aplicarán a los servidores públicos retirados del servicio a partir del 1° de
septiembre del año 2002, dentro del Programa de Renovación de la
Administración Pública del orden nacional, y hasta el vencimiento de las
facultades extraordinarias que se confieren en la presente ley.»

47. Dado que el artículo 13 de la Ley 790 de 2002, se encuentra en el mismo
capítulo que el artículo 12, resulta aplicable para los servidores públicos,
quienes, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política,
corresponden a los empleados públicos, trabajadores oficiales y, miembros de
corporaciones públicas.

48. En consecuencia, comoquiera que, el Decreto 1612 de 2003, «por el cual
se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del Tolima, Teletolima S.A.
E.S.P y se ordena su disolución y liquidación.», se inspira en el Programa de
Renovación de la Administración Pública, consagrado en la Ley 790 de 2002,
la desvinculación de sus trabajadores debió atender las normas superiores que,
fijaban una protección especial.

49. No obstante lo anterior, la norma demandada refleja que, no se fijaron
las hoy denominadas «acciones afirmativas», frente al personal sujeto de
especial protección, en tanto y en cuanto, de manera pura y simple se
estableció que, “Como consecuencia de la supresión de la Empresa de
Telecomunicaciones de Tolima Teletolima, S. A. E.S.P. en Liquidación, se dan por
terminados los contratos de trabajo de los trabajadores.”, sin precisar la excepción
respecto de las personas de especial protección, dispuestas en el artículo 12
de la Ley 790 de 2002.

50. Sin embargo, en criterio de la Sala, tal omisión no tiene como
consecuencia necesaria la nulidad de la norma demandada, en razón a que, la
supresión de la entidad obedece a una potestad constitucional del presidente
de la República, contenida en el artículo 189 de la Carta, lo cual, tiene como
consecuencia, la terminación de los empleos de las entidades suprimidas.

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51. Bajo esta óptica, la Sala considera que, para ajustar la norma
demandada a la legalidad, debe atemperarse al ordenamiento jurídico superior,
y, por lo tanto, se declarará la legalidad condicionada del artículo 16 del Decreto
1612 de 2003, bajo el entendido que, la desvinculación de sus trabajadores,
debe atender la protección especial de las madres y padres cabeza de familia
sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o
auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez,
regulada en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.

2.4. Condena en costas

52. Teniendo en cuenta que se trata de un medio de control de simple
nulidad, en el que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá
condena en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 21 del
CPACA.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar la legalidad condicionada del artículo 16 del Decreto 1612
de 2003, «por el cual se suprime la Empresa de Telecomunicaciones del
Tolima, Teletolima S.A. E.S.P y se ordena su disolución y liquidación.» ,
formulada por el señor Hernán Díaz Sanabria, en el sentido que, en la
terminación de la vinculación de los trabajadores, se debe observar la protección
especial, dispuesta en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, archívese el
expediente, previas las constancias y anotaciones de rigor.

21
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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