Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00907-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00907-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00907-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de abril de 2022
Radicado: 11001032500020190090700 (6509-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001032500020190090700 (6509-2019)
Demandante: PENSIONES DE ANTIOQUIA
Demandado: MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CUARTAS
Temas: Acción de revisión. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y
b). Ley 1437 de 2011. IBL régimen de transición Ley 100 de 1993.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-024-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia, con
el fin de que se infirme la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta que revocó la sentencia del 31 de julio
de 2017 proferida por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Medellín, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Miguel
Ángel López Cuartas contra Pensiones de Antioquia.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
El señor Miguel Ángel López Cuartas, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad
parcial de la Resolución 609 del 14 de diciembre de 2009 y de la Resolución 2014047
del 31 de enero de 2014, actos mediante los cuales, en su orden, la entidad
demandada le reconoció la pensión de vejez en cuantía mensual de $967.557 y la
reliquidó para incrementarla a la suma de $1.200.778.
Adicionalmente, solicitó se declarara la excepción de inconstitucionalidad, consagrada
en el artículo 4.º de la Constitución Política, «toda vez que Pensiones de Antioquia solo
está facultada para cobrar cotizaciones de creación legal, por ello, la cotización del 5% de los
empleados departamentales, creada por decreto Ordenanzal 3780 del 5 de diciembre de 1991,
que rigió hasta el día 30 de junio de 1995, vulnera la Constitución y la ley».
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Folios 1 a 12 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) Reconocer y reliquidar la pensión de jubilación, a
favor del señor Miguel Ángel López Cuartas, con el promedio del salario devengado
en el último año de servicio y con inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante ese período, de acuerdo con el artículo 1 de las Leyes 33 y 62 de 1985 y el
Decreto 1045 de 1978, a saber, las doceavas partes de las primas de vacaciones, de
navidad, incentivo por antigüedad y el subsidio de transporte ii) Conforme a lo anterior,
pagar al señor Miguel Ángel López Cuartas como mesada pensional la suma de
$1.611.184, así mismo, cancelar el retroactivo por la diferencia dejada de pagar desde
el 29 de noviembre de 2013 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago,
debidamente actualizado iii) Ordenar a Pensiones de Antioquia la devolución al actor
de manera indexada del 5% de cotización que le fue girado por el empleador en
cumplimiento del Decreto 3780 de 1991 iv) Pagar las costas del proceso conforme al
artículo 188 del CPACA y v) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de la Ley
700 de 2001.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. El señor Miguel Ángel López Cuartas laboró para el Departamento de Antioquia
entre el 17 de febrero de 1978 y el 29 de noviembre de 2013.
2. Por medio de la Resolución 609 del 14 de diciembre de 2009, Pensiones de
Antioquia reconoció en favor del señor Miguel Ángel López Cuartas una pensión de
jubilación en cuantía de $967.557. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio
de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores
previstos en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, sobre los cuales se efectuaron
las cotizaciones correspondientes.
3. El 2 de diciembre de 2013 el señor Miguel Ángel López Cuartas solicitó la
reliquidación de la prestación, toda vez que fue reintegrado al Departamento de
Antioquia por fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, con el
IBL del último año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante este período.
4. El 31 de enero de 2014, mediante Resolución 2014047, Pensiones de Antioquia
reliquidó la pensión de vejez del señor Miguel Ángel López Cuartas incrementándola
a $1.200.778 a partir del 29 de noviembre de 2013, fecha del retiro definitivo del
servicio.
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58 y 209 de la Constitución Política; los artículos 10 y
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Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, Sentencia S2-548-AP del 13 de
diciembre de 2011, radicado 05001-33-31-007-2002-02069.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
102 del CPACA, los artículos 17, 22, 24 de la Ley 100 de 1993, la Ley 33 de 1985, la
Ley 62 de 1985, el Decreto 1045 de 1978, el Convenio 95 de la OIT y la tesis
jurisprudencial que sobre el asunto desarrolló el Consejo de Estado en la sentencia
del 4 de agosto de 2010.
Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que los actos acusados
están afectados por la causal de nulidad de infracción de las normas en que debieron
fundarse. Argumentó que Pensiones de Antioquia debió calcular su prestación de
acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, por cuanto quedó cobijado por
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
Convenio 95 de la OIT. Indicó que así lo sostuvo el Consejo de Estado en diversa
jurisprudencia3 y la Procuraduría General de la Nación en la Circular 054 del 3 de
noviembre de 2010.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4
Pensiones de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda. Seguidamente,
precisó que el hecho de que el demandante se encuentre en régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley
33 de 1985, en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el
monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que
se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y, los factores
salariales que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado
efectivamente cotizó, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-258
de 2013.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Inexistencia de la obligación: Señaló que la prestación discutida fue
liquidada conforme a la ley, por lo que Pensiones de Antioquia no tiene la
obligación de reliquidarla.
ii) Cobro de lo no debido: Indicó que no es procedente el cálculo de la
prestación con inclusión de emolumentos sobre los cuales no se realizaron
los aportes correspondientes.
iii) Buena fe: Explicó que es una obligación de las autoridades administrativas
actuar de buena fe, y que Pensiones de Antioquia al disponer de recursos
propios y ajenos vela siempre por el buen uso del patrimonio público y la
reserva pensional de sus administrados.
iv) Legalidad del acto administrativo demandado: Insistió en que los actos
administrativos demandados fueron proferidos conforme a la Constitución y
a la ley vigente.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 4 de agosto de 2010, radicado: 2006-07509
(0112-09), y del 26 de agosto de 2010 2005, radicado: 2005-02159 (1738-2008).
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Folios 60 a 65 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
v) «Cosa juzgada constitucional de los incisos 1.º y 2.º del artículo 1.º de la Ley 62
de 1985»: Puso de presente que la Corte Suprema de Justicia por medio de
Sentencia del 1.º de febrero de 1989 se pronunció sobre la exequibilidad de
los incisos 1.º y 2.º de la Ley 62 de 1985, que modifican el artículo 3.º de la
Ley 33 del mismo año, considerándolos exequibles. Argumentó que una
postura contraria, tal como la expuesta por el Consejo de Estado el 4 de
agosto de 2010, resulta inconstitucional, por lo que debe inaplicarse.
Adicionalmente, la entidad demandada presentó escrito por medio del cual llamó en
garantía5 al Departamento de Antioquia, quien ostentaba la calidad de empleador del
demandante para que comparezca en el proceso y ejerza su defensa sobre las
pretensiones de la demanda.
En consecuencia, a través del 4 de junio de 2015 el Juzgado Veinticinco Administrativo
Oral de Medellín admitió el llamamiento6.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7
El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante
sentencia del 31 de julio de 2017 denegó las pretensiones de la demanda instaurada
por el señor Miguel Ángel López Cuartas contra Pensiones de Antioquia, y condenó
en costas a la parte demandante.
El a quo consideró que, del material probatorio allegado al plenario, es posible inferir
que el demandante está cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, sin embargo, resaltó dos aspectos de dicho régimen sobre los cuales no
existe unanimidad en la interpretación realizada por las Altas Cortes, a saber: i) si debe
considerarse el IBL un elemento integrante o no del régimen de transición y ii) si se
incluyen o no todos los factores salariales. En el sub lite, el juzgado acogió la postura
de la Corte Constitucional, dentro de la cual se sostuvo que el régimen de transición
solo acoge la edad, el tiempo de servicios y el monto, pero el IBL debe liquidarse
conforme lo prevé la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes. Esto implica que
para quienes se encuentren cobijados por el régimen de transición, el IBL se calculará
como lo indican los artículos 21 y 36 inciso 3.º de la ley referida.
Invocó las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 para explicar que los factores
salariales a incluir en el IBL de aquellos a quienes les resulta aplicable la Ley 33 de
1985, corresponden únicamente a los señalados en el artículo 1.º del Decreto 1158 de
1994, sobre los cuales se debieron realizar las cotizaciones respectivas.
Aclaró que, según el criterio temporal defendido por la Corte Constitucional, sería
aplicable lo dispuesto por el Consejo de Estado en la providencia del 4 de agosto de
2010 si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho hubiera sido presentada
entre dicha fecha y el 7 de mayo de 2013, momento en el que la Corte Constitucional
5
Folios 77 y 78 del cuaderno principal.
6
Folio 4 del cuaderno de llamamiento en garantía.
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Folios 168 a 187 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
profirió la sentencia C-258 de 2013. Sin embargo, en el caso concreto se observa que
la demanda fue presentada el día 25 de junio de 2014 por lo que le resulta aplicable
esta última como precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional.
En consecuencia, revisados los actos demandados, encontró que, para la liquidación
de la pensión del demandante, la entidad tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley
33 de 1985, tal como lo señala el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y
aunque en los actos no se mencionan los factores salariales tenidos en cuenta para el
cálculo del IBL, aplicó lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. Con base en ello,
concluyó que dichos actos estuvieron ajustados a derecho.
En suma, consideró que no hay argumento para acceder a las pretensiones de nulidad
contenidas en la demanda, pues no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos controvertidos, los cuales se ajustan a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la materia.
RECURSO DE APELACIÓN8
El señor Miguel Ángel López Cuartas, impugnó el fallo de primera instancia y explicó
que, no obstante la controversia jurídica sobre la interpretación y aplicación de los
precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional (C-258 de 2013 y SU-230 de
2015) y Consejo de Estado, debe tenerse en consideración la sentencia de unificación
del 25 de febrero de 2016 que reafirma, en lo esencial, la postura del órgano de cierre
de la jurisdicción contencioso administrativa sobre el régimen de transición en
pensiones.
Destacó que la citada jurisprudencia del Consejo de Estado le resulta aplicable al
ostentar el carácter de empleado público perteneciente al régimen ordinario de
jubilación, siendo este precisamente el tema que aborda dicho fallo. Por lo tanto, afirmó
que aplicar el criterio de la Sección Segunda del Consejo de Estado no violenta el
principio de la razonabilidad en la prestación, pues este implica que los derechos
salariales y prestacionales conforman una base integral, y que la pensión de jubilación
es el reflejo de la realidad laboral del trabajador.
Señaló que los actos administrativos demandados dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho desconocieron las disposiciones contenidas en
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, vulneraron los
principios de integralidad, favorabilidad e inescindibilidad de la norma. En su concepto,
aquellos deben ser declarados nulos.
Insistió en que en el sub lite debe aplicarse la posición del Consejo de Estado por
resultar más favorable para el trabajador, por ende, solicitó que se revoque la
sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. En su criterio,
lo anterior responde a un entendimiento del régimen de transición de forma íntegra, en
aplicación de los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.
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Folios 189 a 194 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA9
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, profirió sentencia el 23 de
abril de 2018 por medio de la cual revocó el fallo de primera instancia, y en su lugar: i)
declaró la nulidad de los actos acusados; ii) ordenó a Pensiones de Antioquia reliquidar
la pensión de jubilación en favor del señor Miguel Ángel López Cuartas en un monto
equivalente al 75% de todos los factores percibidos durante el último año de servicio,
a saber, la asignación básica, la doceava de la prima de navidad, de la prima de
vacaciones, el subsidio de transporte y el incentivo por antigüedad; iii) declaró
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 2 de diciembre de 2010 y iv)
denegó las demás pretensiones. Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, señaló que la Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social
integral y en su artículo 36 estableció un régimen de transición en virtud del cual, las
mujeres y los hombres que contaran con 35 y 40 años de edad, respectivamente, o
con 15 de servicio cotizados, continúan bajo las condiciones de la ley anterior.
Seguidamente, reconoció la existencia de posturas diversas en las Altas Cortes frente
al alcance del mencionado régimen de transición. Destacó que el Consejo de Estado,
en sentencias del 18 de febrero de 2010 y 4 de agosto de la misma anualidad, sostuvo
que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía ser interpretado conforme al principio
de favorabilidad. Asimismo, que el ingreso base de liquidación para los empleados
oficiales del orden nacional está integrado por todos los factores salariales recibidos,
sin hacer mención taxativa de aquellos. En ese sentido, es posible incluir cualquier
concepto que el trabajador haya devengado de forma habitual y periódica, como
contraprestación de su labor durante el último año de servicio, con excepción de la
indemnización por vacaciones y la bonificación por recreación.
Por otro lado, explicó que la Corte Constitucional hace una interpretación más
restrictiva del artículo 36 de la cual se desprende que el régimen de transición cobija
solo lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y
tasa de reemplazo, y excluye el IBL, bajo el entendido que este se calcula con el
promedio de los salarios devengados por el trabajador en los últimos diez años de
servicio o el tiempo que le hiciere falta. Esta postura se consolidó en las sentencias
SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.
De acuerdo con lo expuesto, acogió la postura del Consejo de Estado, en virtud del
numeral 1.º del artículo 237 de la Constitución, por ser el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo, y en ese orden de ideas, la jurisprudencia vinculante para
resolver los conflictos cuya competencia le está atribuida a esta jurisdicción.
Resaltó que en el caso sub exámine se encuentra debidamente acreditado que el
señor Miguel Ángel López Cuartas prestó sus servicios al Departamento de Antioquia,
desde el 17 de febrero de 1978 al 28 de agosto de 2009, como auxiliar administrativo
en la Secretaría de Gobierno y, posteriormente, del 16 de marzo de 2012 al 29 de
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Folios 210 a 225 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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noviembre de 2013, como auxiliar administrativo en la Secretaría de Hacienda, al
haber sido reintegrado en virtud de sentencia judicial.
Para liquidar la mesada pensional, advirtió que el empleado era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, se debía tener en
consideración la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión conforme a lo
establecido en la Ley 33 de 1985. Dado que el peticionario cumplió con los requisitos
establecidos en la ley para hacerse acreedor de dicha prestación, esta debía
calcularse teniendo en cuenta el promedio de los salarios recibidos durante el último
año de servicio, estos son: la asignación básica, el subsidio de transporte, la prima de
navidad, la prima de vacaciones y el incentivo por antigüedad.
Precisó que, según lo consagrado en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos tiene
reserva legal, razón por la cual, no es viable incluir la prima de vida cara dentro del IBL
pensional, comoquiera que dicho emolumento es de creación extralegal. Explicó que
tampoco se incluyó la bonificación por recreación, toda vez que en la sentencia del 4
de agosto de 2010 el Consejo de Estado señaló que «[…] la bonificación por recreación
no constituye factor salarial para efectos prestacionales […] el objeto de dicho reconocimiento
no es remunerar directamente la prestación del servicio del empleado, sino, por el contrario,
contribuir en el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del mismo, como lo es
la recreación; razón por la cual, es válido afirmar que esta es una prestación social y, en
consecuencia, no puede ser incluida como factor para la liquidación de la pensión […]».
Adicionalmente, autorizó a Pensiones de Antioquia a descontar sobre los nuevos
factores incluidos los aportes que no se hubieren efectuado al Sistema General de
Seguridad Social.
Por último, negó la pretensión dirigida a obtener la devolución del 5% que se le
descontó como empleado departamental, dado que esto no fue pedido en sede
administrativa.
LA ACCIÓN DE REVISIÓN10
Pensiones de Antioquia presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. La «revocatoria» de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 23 de abril de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por Miguel Ángel López Cuartas, bajo el radicado 05-001-33-33-
025-2014-00834-01.
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Folios 1 a 6 del cuad. ppal.
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2. Negar la reliquidación pensional solicitada por el señor Miguel Ángel López
Cuartas.
A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.
Expuso que la decisión objeto de revisión viola el derecho al debido proceso, por
cuanto desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido
en la sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 que determinó que la pensión de
los beneficiarios del régimen de transición se liquida conforme las reglas previstas en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo
de servicios y monto del régimen anterior; para dar aplicación a la providencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, en la que se
consideró que, en esos casos, deberá aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985, lo
que implica que la prestación se liquidará con todos los factores devengados en el
último año de servicios.
También, aseveró que, tal como lo señaló la Corte Constitucional en las sentencias C-
816 de 2011, C-634 de 2011 y SU-918 de 2013, el precedente de dicha corporación
es prevalente por ser esta la encargada de interpretar la Constitución Política. Lo que
significa que, desconocer o inaplicar sus decisiones produce en el ordenamiento
colombiano una falta de coherencia, una afectación a la seguridad jurídica y una
desconexión con el texto constitucional.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Advirtió que el derecho reconocido en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una
reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993. Igualmente, explicó que el señor Miguel Ángel López Cuartas al estar
cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de 40 años de edad al
momento de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene
derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver con
el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo
1º del Decreto 1158 de 1994.
En ese mismo sentido, señaló que en cumplimiento de la orden objeto de revisión, se
reliquidó la pensión en favor del señor Miguel Ángel López Cuartas, por lo que se
aumentó a $1.599.854, generándose una diferencia de $399.076, es decir un
incremento del 33,23% de lo inicialmente reconocido. Aseguró que esta condena
repercute negativamente en las finanzas del fondo.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Igualmente, destacó que la decisión objeto de revisión incluyó, irregularmente, el
incentivo por antigüedad en el cálculo del IBL11, pues se trata de un emolumento
creado por la Asamblea de Antioquia.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN12
El señor Miguel Ángel López Cuartas, mediante apoderada judicial, dio respuesta a la
demanda de revisión para solicitar que se nieguen todas las pretensiones, comoquiera
que la decisión adoptada por el Tribunal atendió el derecho al debido proceso de las
partes, los lineamientos del régimen de transición, los principios de autonomía,
independencia, razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y la tesis que sobre el
particular desarrolló el Consejo de Estado, contenida en la sentencia del 4 de agosto
de 2010.
En su criterio, dentro del sub examine se configuran la falta de legitimación por pasiva
y la cosa juzgada. Respecto de la primera, explicó que la demanda debió dirigirse
contra el órgano que dictó el fallo, es decir, el Tribunal Administrativo de Antioquia. En
cuanto a la segunda, resaltó que la decisión quedó ejecutoriada antes de la sentencia
del 28 de agosto de 2018, por medio de la cual el Máximo Tribunal de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, varió su criterio en relación con la forma de calcular
el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que
su contenido no resulta aplicable. En otras palabras, en virtud del principio de
seguridad jurídica, la tesis jurisprudencial desarrollada en este último proveído no es
exigible a procesos fallados y ejecutoriados con anterioridad a su expedición.
Destacó que, para el 25 de junio de 2014, fecha de presentación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho estaba vigente la posición jurisprudencial del
Consejo de Estado desarrollada en sentencia del 4 de agosto de 2010, por lo que podía
acogerse al criterio de interpretación allí contenido.
Más adelante, consideró que la entidad lo que pretende con la acción de revisión es
reabrir el debate sobre la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido que no
prosperaron en el proceso ordinario, como si de una tercera instancia se tratara. Por
otro lado, argumentó que la acción de revisión incoada va en contra de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial y por ello no debe prosperar.
Por último, solicitó condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante,
por temeridad y abuso del derecho.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
11
Folios 2 y 4 del cuaderno principal.
12
Visible a índice 15 de SAMAI.
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sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.13.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201914.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación ».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por Pensiones de Antioquia contra la sentencia proferida el 23 de abril de
2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, mediante la cual
revocó la sentencia del 31 de julio de 2017 del Juzgado Veinticinco Administrativo Oral
de Medellín.
Legitimación
Conviene señalar que, sobre la legitimación de Pensiones de Antioquia para promover
la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la
corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió lo siguiente:
«frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad
para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema
pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.».
Es de anotar que, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de
pensiones de Antioquia se creó, entre otras cosas, para asumir el reconocimiento de
derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media.
13
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
14
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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En este mismo sentido, se reiteró en la sentencia T-368 de 2018 de la Corte
Constitucional y en la sentencia del 12 de abril de 2018 15 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la
presentación de la acción de revisión.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, quedó ejecutoriada el 27 de abril de
201816. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 19 de noviembre
de 201917, se concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años
previsto por el artículo 251 del CPACA.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 18 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»19.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15-
000-2017-02284-01.
16
Constancia de ejecutoria visible a folio 86 del cuaderno principal.
17 Folio 5 vuelto del cuaderno principal.
18
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
19
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación20.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones21.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira22.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 23.
Cuestión previa
En la contestación de la demanda el pensionado considera que se configuran la falta
de legitimación por pasiva y la cosa juzgada, las cuales pasarán a analizarse.
20
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
21
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Falta de legitimación por pasiva
En la contestación de la demanda, el señor Miguel Ángel López Cuartas afirma que el
Tribunal Administrativo de Antioquia debió ser vinculado como parte demandada
dentro del sub examine comoquiera que fue el que adoptó la decisión del 23 de abril
de 2018.
Al respecto, es preciso recordar que las partes que integran este nuevo proceso son
aquellas que, en virtud de su resultado puedan verse afectadas en el derecho
sustancial que fue objeto de controversia en las correspondientes instancias, que son,
por regla general, las mismas partes que participaron en ellas y, excepcionalmente,
terceros que tuvieron interés directo y que fueron vinculados al proceso original 24.
Por lo tanto, el Tribunal que profirió la decisión cuya revisión se pretende no puede
constituirse en parte demandada dentro del sub examine, comoquiera que es el señor
Miguel Ángel López Cuartas, el titular del derecho en discusión, y, quien,
eventualmente, podría verse afectado con la decisión que se tome en el fondo del
asunto. Por consiguiente, resulta improcedente vincular al Tribunal que emitió la
decisión.
En esas condiciones, no se configura la excepción de falta de legitimación por pasiva.
Cosa juzgada
El demandado estima que se configuró la cosa juzgada porque la sentencia objeto de
revisión se encuentra debidamente ejecutoriada. Al respecto, debe precisarse que la
finalidad de la acción especial de revisión es justamente invalidar los efectos jurídicos
de una sentencia que se encuentra ejecutoriada25 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cuando éstas
han sido lesionadas en una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no
pudieron ser contempladas en el decurso procesal. Es un medio impugnativo que
afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada 26, entendido este como
fundamento esencial del ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.
24
Para el efecto véase:
Sala Segunda Especial de Revisión, auto del 9 de septiembre de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-
2019-03661-00, actor: Carmen Marlene Quintero Romero, demandado: Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de
marzo de 2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio
Chala. Demandado.
26
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en
una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas,
ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad
jurídica. En términos de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e
inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver
sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción
de una nueva providencia […]». Consejo De Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
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Por lo expuesto, la acción de revisión contra la sentencia del 23 de abril de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia es procedente, pues la naturaleza
misma del proceso comporta que se dirija contra sentencias ejecutoriadas, de las que
se predica la cosa juzgada.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión del señor Miguel
Ángel López Cuartas, cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% de
todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de
servicios, con inclusión del incentivo por antigüedad y no el previsto por los artículos
36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con los factores descritos por el Decreto
1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para la acción de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia27. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 28:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
27
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
28
Sentencia C-341 de 2014
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acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales29, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 30 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»31. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
29
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
30
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
31
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Miguel Ángel López Cuartas debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y con el inciso 3 del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido
en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán el i) El ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».
Por su parte, la Ley 62 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
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objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
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Radicado: 11001032500020190090700 (6509-2019)
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sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia32, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 33 y 929 de 197634.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 35 así se refirió al tema:
32
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
33
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
34
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
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La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por Pensiones de Antioquia se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y
aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación.
En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la
ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis
contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que
pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003
Para comenzar, cabe precisar que no se discute que el señor Miguel Ángel López
Cuartas es beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En efecto, nació el 28 de agosto de 195436 y laboró para el Departamento
de Antioquia desde el 17 de febrero de 1978 hasta el 28 de noviembre de 201337, es
decir que, para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley
100 de 1993 para el orden nacional, y más aun para el 30 de junio de 1995, cuando
comenzó a regir para el orden territorial, contaba con más de 15 años de servicio y 40
años de edad. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionado el 28 de
agosto de 2009 cuando cumplió 55 años de edad.
Ahora, la Gobernación de Antioquia emitió reporte de nómina38 en el que se observa
que el señor Miguel Ángel López Cuartas devengó los siguientes emolumentos
durante su último año de servicio (29/11/12 a 29/11/13):
• Asignación básica
• Subsidio de transporte
• Bonificación por recreación
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Prima de vida cara
• Incentivo por antigüedad
• Vacaciones
36
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 19 del cuaderno principal.
37
Conforme al certificado obrante a folio 19 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Así
como también a folios 128 a 145 del cuaderno principal.
38
Folios 20 a 23 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Así como también a folios 144
y 145 del cuaderno principal.
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Por medio de la Resolución 000609 del 14 de diciembre de 2009, Pensiones de
Antioquia reconoció en favor del señor Miguel Ángel López Cuartas una pensión de
jubilación en cuantía de $967.557. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio
de lo devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de
acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores
previstos en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, y sobre los cuales se
efectuaron las cotizaciones correspondientes.
El señor Miguel Ángel López Cuartas solicitó a Pensiones de Antioquia la reliquidación
de la prestación luego de haber sido reintegrado en virtud de sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, el 13 de diciembre
de 2011, bajo el radicado: 050013331007200202069. Dicha solicitud fue resuelta por
la entidad mediante Resolución 2014047 del 31 de enero de 2014, incrementándola a
$1.200.778 a partir del 29 de noviembre de 2013, fecha del retiro definitivo del servicio.
El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Medellín en sentencia del 31 de julio de
2017 negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Miguel Ángel López
Cuartas, por considerar que los actos controvertidos se ajustan a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en la materia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, en la sentencia del 23 de
abril de 2018, una vez analizó el criterio del Consejo de Estado, resolvió revocar la
sentencia de primera instancia, así:
«[…] Descendiendo al asunto sub examine, dentro del expediente se encuentra
acreditado que el señor Miguel Ángel López Cuartas prestó sus servicios al
Departamento de Antioquia, desde el 17 de febrero de 1978 al 28 de agosto de
2009, como Auxiliar Administrativo adscrito a la Secretaría de Gobierno, y
posteriormente, del 16 de marzo de 2012 al 28 de noviembre de 2013, como
Auxiliar Administrativo adscrito a la Secretaría de Hacienda (ver fl. 19)
Lo anterior, en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en sentencia del 13 de diciembre de 2011, mediante
la cual se declaró la nulidad parcial del Decreto 1984 de 2001, por medio del cual
se había suprimido el cargo desempeñado por el actor en el Departamento de
Antioquia, y del Decreto 2320 de 2001, a través del cual fue retirado del servicio
(fls. 132 a 143)
[…]
Asimismo, la Sala advierte que para el año 2013, además de sueldo, el actor
devengó subsidio de transporte, bonificación por recreación, prima de vacaciones,
incentivo por antigüedad, prima de vida cara, y prima de navidad, según la
certificación emitida para tal efecto por la Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional – Dirección de Personal – de la Gobernación de
Antioquia, que obra de (sic) folios 19 a 23.
[…]
De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente y no es objeto de discusión en la
presente instancia, que el demandante es beneficiario del régimen de transición;
inclusive, así lo verificó y aceptó la entidad demandada a lo largo del proceso, por
lo que no habrá necesidad de puntualizar en ello.
En lo que atañe entonces al tópico del ingreso base de liquidación como elemento
integrante del régimen de transición, esta Sala de Decisión acoge entonces la
postura jurisprudencial consignada en las sentencias de unificación de 4 de agosto
de 2010 y 25 de febrero de 2016 proferidas por el pleno de la Sección Segunda
de esta Corporación, y reiteradas vía de extensión de jurisprudencia por la misma
Sección, en providencia del 24 de noviembre de 2016 – Radicación número:
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11001-03-25-000-2013-01341-00 (3413-13) […] en los que con claridad se deja
expuesto que el precedente jurisprudencial aplicable al sub-lite lo constituyen las
decisiones adoptadas por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por
las razones que sucintamente se concretan en las siguientes:
• Es el Consejo de Estado quien constitucionalmente tiene la función de
aplicar la ley y dirimir los conflictos jurídicos asignados a esta jurisdicción.
• La decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-258-
2013 no atañe al asunto de autos, que no corresponde a una pensión de las
contempladas en el artículo 17 de la ley 4ª de 1992.
• Con respecto a lo indicado en las sentencias SU-230 de 2015 y SU-427
de 2016 por tratarse de una interpretación legal, que no constitucional, y por vía
tutela, a la que se hace mención en estas providencias, no tiene el alcance de
tener carácter vinculante para imponerse a la interpretación que en sus
sentencias de unificación ha determinado el Consejo de Estado sobre el
dispositivo legal.
[…]
Es por lo anterior, que en el ingreso base de liquidación de la pensión, si bien por
regla general deben incluirse sólo los conceptos de remuneración que puedan
calificarse como factores salariales – verbigracia, asignación básica, horas extras
y dominicales, bonificación por servicios prestados, entre otros-, diferenciados de
los que se considera prestaciones sociales, toda vez que el incentivo por
antigüedad, la prima de navidad, prima de vacaciones, y el auxilio de
transporte, se encuentran en las disposiciones legales antes vistas como factores
a considerar para pensión, es que se ha estimado acorde con la jurisprudencia del
Órgano de Cierre de esta jurisdicción, que tales conceptos deben estimarse como
factores salariales para el reconocimiento de esta prestación.
[…]
PRIMERO. SE REVOCA la providencia dictada el 31 de julio de 2017 por el
Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Medellín, mediante la cual, se
denegaron las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva, y en consecuencia se dispone:
“PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución
No.609 del 14 de diciembre de 2009 y de la Resolución No. 2014-047
del 31 de enero de 2014, ambas expedidas por PENSIONES DE
ANTIOQUIA, en cuanto no incluyeron los factores salariales percibidos
en el último año de servicios por el accionante MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
CUARTAS; de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a PENSIONES DE ANTIOQUIA efectuar una
reliquidación de la pensión de jubilación del señor MIGUEL ÁNGEL
LÓPEZ CUARTAS sobre el 75% de todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicios, esto es, además de la
asignación básica, la doceava parte de la prima de navidad, de la
prima de vacaciones, el subsidio de transporte, y el incentivo por
antigüedad, conforme a los lineamientos señalados en la parte motiva
de esta sentencia.
La reliquidación procede desde la fecha en que el demandante adquirió
el estatus de pensionado, pero el pago del retroactivo causado por la
diferencia pensional solo procede respecto de las mesadas causadas con
posterioridad al 02 de diciembre del 2010 en virtud de la prescripción
trienal declarada en la parte motiva de la presente providencia.
La reliquidación de la pensión decretada será ajustada hasta la fecha de
ejecutoria de la presente providencia, dando aplicación a la siguiente
fórmula:
R= Rh x Índice Final / Índice Inicial
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TERCERO.- Se autoriza a PENSIONES DE ANTIOQUIA a descontar del
retroactivo a pagar al demandante por concepto de la diferencia
pensional por inclusión de nuevos factores, los aportes correspondientes
a cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no haya efectuado la
deducción legal, para el sistema de seguridad social, pensión y fondo de
solidaridad, por toda la vida laboral, en la proporción que corresponde al
demandante, y debidamente indexados, teniendo en cuenta los
parámetros señalados en la parte motiva. Lo anterior en orden a observar
la sostenibilidad financiera en materia pensional.
PENSIONES ANTIOQUIA queda igualmente autorizado para repetir
contra el empleador, la proporción que a éste corresponde en relación
con los referidos aportes, por todo el tiempo de servicios del demandante
con la entidad, suma que deberá ser indexada a valor presente.
CUARTO.- NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.”
SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso, se condena en costas en esta instancia, a la parte demandada, en los
términos discernidos previamente, las cuales deberán ser liquidadas por la
Secretaría de la instancia previa. […].» (cursiva, negrita y subraya del texto
original).
La entidad dio cumplimiento al fallo mediante las Resoluciones 2018030236 del 21 de
mayo de 201839 y 2019030540 del 17 de octubre de 2019 40.
Análisis de la Subsección
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201041, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley, pues hacía parte de la transición.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se tiene lo siguiente:
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a las sentencias que se revisan,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 42 ii) derecho a la
39
Folios 79 y 80 del cuaderno principal.
40
Folios 154 a 157 del cuaderno principal.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
42
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
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igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecúa al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
De otra parte, conviene aclarar que la sentencia C-258 de 2013 se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. Este
no es el caso del demandado, pues no se discute que él se desempeñó como auxiliar
administrativo de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia desde el
17 de febrero de 1978 hasta el 28 de agosto de 2009 y como auxiliar administrativo de
la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia del 16 de marzo de 2012 al
28 de noviembre de 2013, razón por la cual, en manera alguna resulta aplicable al sub
examine43.
Ciertamente, en la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados
al aquel; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el
beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario
de dicha normativa especial.
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
43
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
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Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su
aplicación a regímenes distintos al allí analizado44, la Corte mediante proveído SU-230
de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen
especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición,
resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del
apartamiento judicial45, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial, tanto el a quo como el ad quem estaban facultados para acoger la desarrollada
por el Consejo de Estado.
A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
En consecuencia, se observa que el juez de segunda instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no
puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho,
sino que se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante.
De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
Examinada la decisión objeto de revisión, en principio, se advierte que, en lo atinente
a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, si bien el
criterio acogido por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo
de Estado, según el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional,
aquellos trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985
tendrían derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos
44
Ejemplo de ello se puede analizar en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez. En aquella oportunidad se sostuvo «[…]
A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de
transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera,
que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida
su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son
contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta
Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de
la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en
materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un
ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema
jurídico sobre el que expande sus efectos. […]»
45
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
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Radicado: 11001032500020190090700 (6509-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
que debían computarse en la base de liquidación de la prestación, lo cierto es que,
dentro de aquella liquidación no pueden incluirse emolumentos de carácter extralegal.
Ciertamente, en relación con el factor denominado «incentivo por antigüedad», esta
Corporación dentro del proceso de nulidad, radicado 15001-23-31-000-2008-00557-01
(0456-11), a través de sentencia del 2 de octubre de 2014, declaró la nulidad de la
Ordenanza que lo regulaba para los servidores del departamento de Antioquia, por
encontrar que estaba afectado por falta de competencia. De esta forma, se infiere que
el incentivo por antigüedad para los servidores del departamento de Antioquia es
diferente al incremento por antigüedad de que trata el Decreto 1045 de 1978 para los
servidores del orden nacional.
Así las cosas, si bien bajo el criterio contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010
el demandado tenía derecho a que se reliquide su pensión con todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio, también es cierto que, dentro
de dicha liquidación no era procedente la inclusión del incentivo por antigüedad, dada
su naturaleza extralegal, además de que la ordenanza por medio de la cual se creó y
reguló dicho emolumento fue anulada por esta corporación. De manera que
desapareció del ordenamiento el fundamento jurídico de tal incentivo. En razón a ello
habrá de declararse configurada la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en tanto la prestación reconocida excede lo debido de acuerdo con
la ley46.
Finalmente, no pasa por alto la Sala que esta Corporación, en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, acogió la interpretación impartida por la Corte
Constitucional en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas bajo las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con todo, es
de resaltar que en aquella providencia también se sostuvo que «No puede entenderse,
en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley», en esas condiciones, la Sala de Subsección estima que las reglas allí fijadas
no pueden ser extendidas al presente caso, en la medida en que la decisión de los
jueces de instancia se ajustó a la tesis adoptada por el Consejo de Estado para la
época.
Las razones expuestas son suficientes para concluir que el señor Miguel Ángel López
Cuartas no tiene derecho a que se incluya el incentivo por antigüedad en la liquidación
de su pensión, motivo por el cual habrá de infirmarse parcialmente la decisión para
excluir el referido emolumento.
Conclusión: Se configura parcialmente la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, en cuanto se ordenó la inclusión del incentivo por antigüedad en la liquidación
pensional, pese a que no correspondía dado su carácter extralegal.
46
Así lo ha admitido la Subsección A de esta corporación, véase: Sentencia del 20 de enero de 2022,
radicado: 11001032500020190054900 (4357-2019) REV. Demandante: Pensiones de Antioquia,
demandado: Jorge Granado Galeano.
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Radicado: 11001032500020190090700 (6509-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, se infirmará parcialmente la providencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, proferida el 23 de abril de
2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05-
001-33-33-025-2014-00834-01, en cuanto ordenó incluir el incentivo por antigüedad.
Así pues, se infirma en esta sentencia únicamente el numeral segundo de dicha
providencia, para en su lugar, ordenar:
Modificar el numeral segundo de la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, en el sentido de excluir, de la
reliquidación pensional, el incentivo por antigüedad, conforme se explicó en
precedencia.
Se aclarará que los efectos de esta providencia, en lo pertinente a la liquidación de la
prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de salvaguardar los derechos del
pensionado que fueron reconocidos al amparo del mencionado proveído.
Ahora, si en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta Mixta, que, entre otras, ordenó incluir el aludido factor dentro
de la liquidación de la pensión del aquí demandado, señor Miguel Ángel López
Cuartas, no se dispondrá el reintegro de estas por parte del pensionado comoquiera
que tales sumas fueron recibidas de buena fe, además de que ello no fue objeto de
pretensión por parte de la entidad.
En efecto, el artículo 83 de la Constitución Política prevé que: «Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». A su vez, el
artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese
pagado a particulares de buena fe, presunción que admite prueba en contrario, por lo
que a quien la echa de menos, le corresponde comprobar que el particular actuó de
mala fe.
Se denegarán las demás pretensiones de la demanda de revisión.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación47 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de
1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 11001032500020190090700 (6509-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar fundada parcialmente la acción de revisión presentada por
Pensiones de Antioquia, contra el señor Miguel Ángel López Cuartas, con el fin de que
se infirme la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta Mixta, que revocó la sentencia del 31 de julio de 2017 del
Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dictada dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05-001-33-33-025-
2014-00834-01, de acuerdo con la parte motiva.
Segundo: Infirmar parcialmente el numeral segundo de la sentencia del 23 de abril
de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto ordenó la
inclusión del incentivo por antigüedad en la liquidación de la pensión que recibe el
señor Miguel Ángel López Cuartas, la cual quedará así:
«[…] SEGUNDO.- ORDENAR a PENSIONES DE ANTIOQUIA efectuar una
reliquidación de la pensión de jubilación del señor MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
CUARTAS sobre el 75% de todos los factores salariales percibidos en el último
año de servicios, esto es, además de la asignación básica, la doceava parte de
la prima de navidad, de la prima de vacaciones y el subsidio de transporte,
conforme a los lineamientos señalados en la parte motiva de esta sentencia, con
exclusión del incentivo por antigüedad. […].»
Tercero: Denegar las demás pretensiones de la demanda de revisión.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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