Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00609-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00609-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00609-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Edith María Hernández Hernández
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra
la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de
noviembre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, Pensiones de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, solicitó
infirmar la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30
de noviembre de 2015, que accedió a las pretensiones de la demanda formulada
por la señora Edith María Hernández Hernández contra Pensiones de Antioquia,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05 001 33
33 027 2013 01026 00.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia emitida por el Juzgado
Veintisiete Administrativo Oral de Medellín del 30 de noviembre de 2015, y en su
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
lugar, negar «las pretensiones de reliquidación de la señora EDITH MARÍA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ».
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 21 de mayo de 2004, a través de la Resolución 064, Pensiones de Antioquia
reconoció una pensión de jubilación a la hoy demandada en cuantía de $ 609.128,
a partir del 28 de noviembre de 2004. Para tal efecto, la entidad, en virtud del
principio de favorabilidad, aplicó los artículos 33 y 34 de la Ley 797 de 2003, de
manera que liquidó la prestación en el equivalente al 85 % sobre los factores
salariales objeto de cotización, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994. Aquel
acto fue modificado por la Resolución 332 del 1.° de abril de 2005.
ii) La señora Edith María Hernández Hernández solicitó a Pensiones de Antioquia
la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta el último año de
servicio y todos los factores salariales devengados en ese período, sin embargo,
aquella petición fue resuelta de forma negativa por Pensiones de Antioquia.
iii) El 30 de noviembre de 2015, el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de
Medellín profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:2
[…] SEGUNDO. SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. 064 del 21 de Mayo de
2004, por la cual se resuelve una solicitud de pensión; de la Resolución No. 332 del 1.°
de abril de 2005, por la cual se ordena modificar la Resolución No. 064 del 21 de Mayo
de 2004 y de la Resolución No. 003740 del 19 de octubre de 2012, mediante la cual
se resuelve una solicitud de reliquidación de pensión, en cuanto no se incluyeron para la
liquidación de la pensión de jubilación todos los factores salariales devengados por Edith
María Hernández Hernández en el año anterior al retiro del servicio.
TERCERO. SE CONDENA a Pensiones de Antioquia, a efectuar la reliquidación de la
pensión de vejez reconocida a Edith María Hernández Hernández, con la inclusión, no
solo de la asignación básica, sino todos los factores salariales devengados por la
demandante durante el año anterior a su retiro del servicio, esto es, en el período
1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
2 Folios 68 al 82.
2
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Demandante: Pensiones de Antioquia
comprendido entre el 27 de [n]oviembre de 2003 y el 27 de [n]oviembre de 2004, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
[…] QUINTO. SE DECLARA PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la
parte Demandada sobre el PAGO de las sumas a reconocer, pues este fenómeno
jurídico operó respecto de los periodos causados con anterioridad al 16 de Agosto de
2009, conforme lo dispone el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, por lo expuesto
en las consideraciones precedentes.
SEXTO. La entidad demandada podrá realizar los descuentos correspondientes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones, sobre los factores salariales
reconocidos, para lo cual también hará la actualización con la misma fórmula señalada
en esta providencia. […] (Resaltado original del texto)
iv) Pensiones de Antioquia presentó recurso de apelación contra la sentencia citada,
sin embargo, el 31 de marzo de 2016, el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de
Medellín, lo declaró desierto.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 30
de noviembre de 2015,3 accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
la señora Edith María Hernández Hernández contra Pensiones de Antioquia, con
sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario debían incluirse, en la liquidación de las pensiones de jubilación, todas
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio.
Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la
cual observa los principios de igualdad, seguridad jurídica, progresividad y
favorabilidad en materia pensional y en ese sentido, es procedente apartarse del
criterio fijado en las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la
Corte Constitucional, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.
3 Folios 68 al 82.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicación
2500023250002006-0750901 (0112-09).
3
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Demandante: Pensiones de Antioquia
ii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en
su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud de los principios de favorabilidad y de
inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
iii) Revisado el acervo probatorio se observa que la señora Hernández Hernández
es beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. En consecuencia, en el ingreso base de liquidación de su pensión de
jubilación deben incluirse todos los factores devengados durante su último año de
servicio, comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 27 de noviembre de
2004, los cuales fueron la asignación básica, las primas de vida cara, de navidad,
de vacaciones y el incentivo por antigüedad.
iv) En ese orden, se impone declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, en lo atinente a la base y monto de la liquidación de la prestación. En
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho se ordena a Pensiones de
Antioquia reliquidar, de manera actualizada, la pensión de jubilación reconocida a
la actora, con efectos desde el 16 de agosto de 2009, por prescripción trienal, en
los términos de la Ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta los factores salariales
percibidos en el último año de servicio.
Finalmente, se autoriza a la referida entidad a realizar el descuento de los aportes
a pensión correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los
cuales no se hubiere efectuado la deducción legal.5
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) La sentencia recurrida transgrede el derecho al debido proceso lo cual configura
una vía de hecho y vulnera el principio de supremacía constitucional, en la medida
5
El Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín igualmente declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento de Antioquia. Folios 68 al 82.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
que el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, bajo los términos de la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y vinculantes de
la Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las normas legales
que regulan la materia.
ii) El juzgado aplicó ilegalmente el precedente sentado por el Consejo de Estado al
desconocer que la inclusión en el IBL solamente debe observar los factores
salariales de creación legal, de conformidad con el Decreto 1158 de 1994. Lo
anterior, en razón a que tuvo en cuenta el incentivo por antigüedad y la prima de
vida cara, los cuales fueron creados por la Asamblea del departamento de
Antioquia.
iii) En consecuencia, se elevó la mesada a la suma de $ 801.956, lo cual reportó un
aumento del 31.65 %. Por lo tanto, la mesada pensional devengada por la hoy
demandada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema
pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
Vencido el término para presentar contestación al recurso extraordinario de revisión,
la parte demandada guardó silencio.6
2. Consideraciones
2.1. Competencia
6 Tras revisar el expediente y el sistema SAMAI, la Sala advierte que la señora Edith María
Hernández Hernández, guardó silencio. Lo anterior, pese a que el 22 de septiembre de 2021, el
Tribunal Administrativo de Antioquia, cumplió el despacho comisorio ordenado por esta Subsección
y en sentido, notificó personalmente a la demandada el contenido de la acción especial de revisión
interpuesta por Pensiones de Antioquia y de su auto admisorio; actuación visible a folio 161.
5
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 31 de marzo de 20169
y la acción especial de revisión se interpuso el 5 de diciembre de 2019,10 por lo que
es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.
2.3. Legitimación
7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9 Índice 12 de la plataforma SAMAI, en el cual obra, de manera digital, el expediente del proceso
ordinario y folio 67 del cuaderno de la acción especial de revisión.
10 Folio 134.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Sobre la legitimación de Pensiones de Antioquia para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió lo siguiente:
(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de
un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago
de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero.
Por su parte, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de
pensiones de Antioquia se creó para, entre otros fines, asumir el reconocimiento de
derechos pensionales causados a cargo de administradoras del régimen de prima
media. Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-368 de 2018 de la Corte
Constitucional y la sentencia del 12 de abril de 201811 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
Por lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión objeto de estudio.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo Oral
de Medellín, del 30 de noviembre de 2015, se encuentra inmersa en las causales
de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15-
000-2017-02284-01.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
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Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró12 que el recurso extraordinario
12 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
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de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,13 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».14
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».15
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
13 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
14 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
15 Ibidem.
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primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».16
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación
del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,17 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,18 la ley y la Corte Constitucional,19 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
18 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.4.4. De la prima de vida cara y del incentivo por antigüedad
Mediante los artículos 1 y 2 del Acuerdo 028 de 1977; el artículo 3, literal b) del
Acuerdo 029 de 1978 y los artículos 1 y 2 del Acuerdo 049 de 1989, el Concejo
municipal de Medellín creó y reguló la prima de vida cara para los empleados del
orden municipal. Por su parte, mediante las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre
de 1973, 033 del 30 de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del
17 de noviembre de 1981 y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981, la Asamblea
departamental y la Gobernación de Antioquia fijaron la prima de vida cara para los
funcionarios del departamento, consistente en pagar a todos sus trabajadores la
mitad de la asignación básica mensual, una vez por año y por otro lado, a favor de
los docentes oficiales vinculados al departamento.
Respecto de la prima de vida cara, esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:20
[…] En suma las Asambleas departamentales y los Concejos municipales no pueden
crear prestaciones sociales o establecer su régimen general ni siquiera en relación a los
trabajadores oficiales, esto es, los vinculados a las respectivas entidades territoriales
mediante contrato de trabajo...”
Reitera el anterior criterio jurisprudencial, el artículo 234 del Decreto Ley 1222 de 1986
al señalar que el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los departamentos, es el que establece la ley.
20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de noviembre de 1986,
radicado 071-1986.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Queda claro que la Asamblea de Antioquia carecía de competencia para crear la llamada
“prima de la vida cara”, con base en las disposiciones constitucionales analizadas en la
sentencia transcrita. Es más la Ley 43 de 1975 al nacionalizar la educación primaria y
secundaria determinó igualmente el carácter de los empleados del sector docente como
funcionarios públicos del orden nacional sujetos al régimen prestacional previsto para
estos, como pasa a verse.
[…] 3a. Con base en las consideraciones anteriores se concluye:
1o. La Asamblea Departamental de Antioquia carece de competencia para crear
prestaciones legales como la llamada prima de la vida cara. […] (Resaltado, comillas y
cursiva original del texto)
En relación con el cómputo de la prima de vida cara en la liquidación de pensiones,
la Sección Segunda de esta corporación en sentencia del 17 de junio de 2010,
señaló:21
[…] En el presente caso, el actor pretende el pago de las prestaciones contenidas en la
Ordenanza No. 034 de 1973, la cual creó la prima de vida cara consistente en pagar a
todos sus trabajadores la mitad de la asignación básica mensual, una vez por año; y en
el Decreto No. 001 BIS de 1981 el cual recopila y actualiza las primas de los educadores,
generando de esta manera un beneficio adicional para los funcionarios del
Departamento; sin embargo, y de acuerdo con la normatividad transcrita anteriormente,
vigente para la época en que se expidieron los mencionados actos administrativos, (esto
es, Acto legislativo No. 1 de 1968) carecían de esa facultad, pues ni la Asamblea
Departamental, ni mucho menos el Gobernador, tenían competencia para crear
emolumentos o factores prestacionales o salariales a favor de los mismos.
Posteriormente, en sentencia del 17 de marzo de 2011, sostuvo:22
[…] Siendo así, es claro que la competencia para crear o suprimir un emolumento o factor
prestacional o salarial no se encuentra radicada en las autoridades y corporaciones
territoriales, pues a éstas les está permitido únicamente la determinación de la escala
salarial y sus emolumentos dentro de la competencia concurrente que tienen con el
Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
[…] En el presente caso, la actora pretende el pago de las prestaciones contenidas, en
primer lugar, en la Ordenanza No. 034 de 1973, la cual creó la prima de vida cara
consistente en pagar a todos sus trabajadores la mitad de la asignación básica mensual,
una vez por año; y en segundo lugar, en el Decreto No. 001 BIS de 1981 quien a su vez
recopila y actualiza todas las primas de los educadores y, genera, un beneficio adicional
para los funcionarios del Departamento; no obstante, y de acuerdo con la normatividad
transcrita anteriormente, vigente para la época en que se expidieron los mencionados
actos administrativos, esto es, Acto legislativo No. 1 de 1968, se puede establecer que
carecían de esa facultad, pues ni la Asamblea Departamental, ni mucho menos el
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2010, radicado 05001-23-31-000-2005-02066-01(0842-09).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de marzo de 2011, radicado 05001-23-31-000-2005-00076-01(2055-10).
15
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Gobernador, tenían competencia para crear emolumentos o factores prestacionales o
salariales a favor de los mismos.
Dichos acuerdos fueron declarados nulos, por medio de la sentencia del 26 de julio
de 2012 del Consejo de Estado, al encontrar configurada la falta de competencia de
la autoridad que los profirió. La decisión se fundamentó en que las entidades
territoriales no están facultadas para crear factores salariales, como lo es la prima
de vida cara, toda vez que a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 1968,
que modificó el artículo 76 de la Constitución de 1886, establecer el régimen salarial
y prestacional de los empleados públicos compete privativamente al Congreso de
la República, y luego, por mandato del literal e) del numeral 19 del artículo 150 de
la Constitución Política de 1991, se dejó como una materia que debía ser regulada
de manera concurrente entre el legislador y el ejecutivo.
Así lo expuso:23
[E]l Concejo Municipal de Medellín carecía de competencia para crear emolumentos o
factores prestacionales o salariales a favor de los mismos, pues se arrogó facultades,
que conforme a la normatividad transcrita, están reservadas al Gobierno Nacional,
potestad que éste ejecuta dentro de un marco trazado por el legislador, en este caso
inicialmente bajo la potestad del Acto Legislativo de 1968, luego a través de la
Constitución de 1991 y finalmente mediante la Ley 4ª de 1992.
Bajo el mismo razonamiento, esta corporación en sentencia del 12 de abril de 2018,
declaró la nulidad de las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre de 1973, 033 del 30
de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del 17 de noviembre de
1981 y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981, mediante los cuales la Asamblea
departamental y la Gobernación de Antioquia fijaron la prima de vida cara para los
funcionarios del departamento consistente en pagar a todos sus trabajadores la
mitad de la asignación básica mensual, una vez por año y por otro lado, a favor de
los docentes oficiales vinculados al departamento, en los siguientes términos: 24
La Asamblea Departamental de Antioquia no tenía competencia para ordenar el pago de
una prima de vida cara para los servidores públicos de dicho departamento, a través de las
Ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981, como tampoco la tenía
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de julio de 2012, radicado: 05001-23-31-
000-2005-00971-01(1865-11).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de 2018 del
Consejo de Estado radicado 050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606
02 (0091-2012) (acumulados).
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el gobernador de Antioquia para expedir los numerales 3, 5 y 6 del artículo 1 del Decreto
001 Bis del 7 de enero de 1981 a través de los cuales estableció una prima de clima y
otras bonificaciones en favor de los docentes del ente territorial, pues de conformidad
con la reforma introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968 a la Constitución Política de
1886, las autoridades administrativas del orden territorial no estaban habilitadas para crear
factores salariales ni prestacionales, dado que aquella estaba atribuida, de manera
privativa, en el Congreso de la República.
Por otro lado, en relación con el incentivo por antigüedad, esta corporación a través
de la sentencia del 2 de octubre de 2014, radicado 15001 23 31 000 2008 00557 01
(0456-11), declaró la nulidad de la Ordenanza que lo regulaba para los servidores
del departamento de Antioquia, por encontrar que estaba afectado por falta de
competencia.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en
relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en
relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión25 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»
25 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
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Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el periodo y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La inconformidad de la entidad recurrente consiste en sostener que la sentencia del
Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín, del 30 de noviembre de 2015,
habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Con ello, afirma que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, a partir de las cuales se determinó que para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de
dicha norma o en el artículo 21 ibidem y que los factores a tener en cuenta para
realizarla deben ser los que taxativamente recoge el Decreto 1158 de 1994.
Además, porque, en su concepto, los emolumentos de prima de vida cara e
incentivo por antigüedad, no debieron reconocerse, por ser de creación extralegal.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito para declarar parcialmente fundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, en relación con la interpretación del ingreso base de
liquidación, la Sala debe precisar que el Juzgado Veintisiete Administrativo de
Medellín, con sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de esta
Corporación, el 4 de agosto de 201026 entendió que la expresión «monto»,
contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4
de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
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que habitual y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus
servicios», en el último año.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al período de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto lapso, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las
personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,27 fijó el criterio de esta Corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
27Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
19
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en lo
atinente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de la hoy
demandada, la sentencia del juzgado halló fundamento en la jurisprudencia de esta
Corporación vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
En tercer lugar, se advierte que la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, si bien
había sido expedida con anterioridad al fallo del juzgado que hoy se recurre, no
resultaba aplicable al caso de la señora Hernández Hernández, comoquiera que sus
efectos fueron limitados al régimen de los congresistas, al cual claramente no
estaba sujeta.
Por su parte, si bien es cierto el juzgado reconoció la existencia de la Sentencia SU-
230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, que invoca Pensiones de
Antioquia;28 también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación del criterio
vigente del Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto lo encontró
más ajustado a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.29
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió la
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
28 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
29 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV).
20
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por otra parte, respecto a los factores salariales que integran el ingreso base
de liquidación, la Sala al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, observa
que la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy
demandada a partir del 16 de agosto de 2009 por prescripción trienal, y sobre la
cual hay cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo
como fundamento la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio, comprendido desde el 27 de
noviembre de 2003 hasta el 27 de noviembre de 2004,a saber: la asignación básica,
las primas de vacaciones, de navidad y de vida cara y el incentivo por antigüedad.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por la
señora Edith María Hernández Hernández, conforme la certificación emitida por
Pensiones de Antioquia, visible a folio 132 reverso del cuaderno de la acción
especial de revisión. Por su parte, se acreditó que la demandada laboró desde el 3
de marzo de 1970 hasta el 27 de noviembre de 2004, en el departamento de
Antioquia y ocupó el cargo de auxiliar de servicios generales de la Secretaría de
Educación.30
Esta Subsección precisa que Pensiones de Antioquia circunscribió su argumento a
discutir que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse las
disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. Para tal
efecto, realizó específicamente reparo sobre la inclusión de la prima de vida cara y
del incentivo por antigüedad.
Pues bien, para la Sala, si bien el criterio acogido por el juez de instancia fue el
sostenido para la época por el Consejo de Estado, según el cual aquellos
trabajadores beneficiarios del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993, tenían derecho a la aplicación integral e inescindible de la Ley 33 de 1985; lo
30 Folios 109 y 110.
21
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
cierto es que aquella postura no permitía incluir emolumentos de carácter extralegal
en la liquidación de la prestación, ni tampoco se observa que el juez de instancia
hubiera citado algún precedente que permitiera tenerlos en cuenta con el fin de
fundamentar su decisión.
En este orden de ideas, en relación con el incentivo por antigüedad, como se expuso
en el acápite denominado «marco normativo» de esta providencia, esta corporación
a través de la sentencia del 2 de octubre de 2014, radicado 15001-23-31-000-2008-
00557-01 (0456-11), declaró la nulidad de la ordenanza que lo regulaba para los
servidores del departamento de Antioquia, por encontrar que estaba afectado por
falta de competencia.
Bajo ese panorama, esta Subsección en sentencia del 28 de abril de 2022, sostuvo
que el incentivo por antigüedad no puede ser tenido en cuenta en la liquidación de
una pensión de jubilación, a saber:31
[…] Así las cosas, si bien bajo el criterio contenido en la sentencia del 4 de agosto de
2010 el demandado tenía derecho a que se reliquide su pensión con todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio, también es cierto que, dentro de
dicha liquidación no era procedente la inclusión del incentivo por antigüedad, dada su
naturaleza extralegal, además de que la ordenanza por medio de la cual se creó y reguló
dicho emolumento fue anulada por esta corporación. De manera que desapareció del
ordenamiento el fundamento jurídico de tal incentivo. En razón a ello habrá de declararse
configurada la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en
tanto la prestación reconocida excede lo debido de acuerdo con la ley. […]
Lo expuesto permite a la Sala concluir que la señora Edith María Hernández
Hernández no tiene derecho a que se incluya el incentivo por antigüedad en la
liquidación de su pensión.
Por otro lado, en relación con la prima de vida cara, esta Subsección considera que
le asiste razón a la entidad accionante, pues, como quedó visto, esta corporación,
en reiterados pronunciamientos vigentes para la época de la expedición de la
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 28 de abril de 2022, radicado 11001032500020190090700 (6509-2019).
En igual sentido, consultar sentencia de fechas 20 de enero de 2022, radicado 11001-03-25-000-
2019-00549-00 (4357-2019) REV; 7 de julio de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00425-00
(1023-2020).
22
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00609-00 (1492-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
sentencia objeto de revisión, consideró que la Asamblea de Antioquia carecía de
competencia para crear la referida prima.
Posteriormente, dicho criterio fue reiterado en la sentencia del 12 de abril de 2018,32
mediante la cual se declaró la nulidad de las Ordenanzas 034 del 28 de noviembre
de 1973, 033 del 30 de noviembre de 1974, 31 del 30 de noviembre de 1975, 17 del
17 de noviembre de 1981 y el Decreto 0001 Bis del 7 de enero de 1981.
Ahora, si bien el Juzgado Veintisiete Administrativo Oral de Medellín fundamentó su
decisión en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, emitida por esta
corporación, con el fin de ordenar la reliquidación de la prestación teniendo en
cuenta la prima de vida cara, la Sala pone de presente que dada su naturaleza
extralegal es posible considerar como criterio de referencia en el sub lite los
pronunciamientos emitidos por esta corporación en torno al incentivo por
antigüedad, en razón a que ostentaban igual connotación, en especial el contenido
en la sentencia del 28 de abril de 2022, previamente citada.33
En otras palabras, si bien bajo el criterio contenido en la providencia referida, la
demandada tenía derecho a que se reliquide su pensión con todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio, también es cierto que dentro
de dicha liquidación no era procedente la prima de vida cara, dada su naturaleza
extralegal.
La Sala no desconoce que la sentencia que declaró la nulidad de los actos
administrativos que crearon la prima de vida cara en beneficio de los servidores del
departamento de Antioquia, fue expedida en el año 2018, esto es, con posterioridad
al 30 de noviembre de 2015, fecha de la providencia objeto de revisión.
Sin embargo, esta Subsección en el marco de una acción especial de revisión
consideró que, frente a emolumentos de carácter extralegal, el juzgador debe
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado
050012331000200500974 01 (1231-2014) y 050012331000200507606 02 (0091-2012)
(acumulados).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 28 de abril de 2022, radicado 11001032500020190090700 (6509-2019).
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Demandante: Pensiones de Antioquia
justificar con algún precedente jurisprudencial su inclusión en la liquidación de la
prestación, pues de lo contrario se impone infirmar la decisión en razón, se reitera,
a su connotación extralegal. Así lo manifestó en la sentencia del 20 de enero de
2022:34
[…] 82. Frente a ello, es de indicar que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la
inclusión del incentivo por antigüedad en la liquidación pensional sin entrar a analizar su
naturaleza jurídica lo cual era necesario en tratándose de un empleado del sector
territorial para certificar si verdaderamente hacia parte de los factores del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 o del Decreto 1158 de 1994, como tampoco citó algún precedente
que permitiera ordenar la inclusión de factores extralegales en el reconocimiento
pensional a efectos de fundamentar su decisión.
83. Específicamente sobre este tema, es de recordar que en esta Corporación cursó el
proceso de nulidad radicado 05001-23-31- 000-2008-00557-01(0456-11), en el que a
través de sentencia de 2 de octubre de 201435 se declaró la nulidad de la Ordenanza que
regulaba el incentivo por antigüedad de los servidores del departamento de Antioquia,
por encontrar que estaba afectado por falta de competencia.
84. Si bien esta decisión fue proferida con posterioridad a la sentencia que se
examina, deja claro que el citado incentivo se trató de un emolumento extralegal,
por lo que si el Tribunal estimaba que debía incluirse en la liquidación pensional,
debió analizar su naturaleza y justificar su posición citando algún precedente
jurisprudencial que permitiera avalar esa decisión.
85. De acuerdo con lo anterior es evidente que en este caso se configura la causal de
revisión alegada por Pensiones de Antioquia en cuanto a la decisión de inclusión
pensional del incentivo por antigüedad adoptada en la decisión de 28 de julio de 2014.
(Resaltado fuera del texto).
De acuerdo con lo anterior, es evidente que en este caso se configura parcialmente
la causal de revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
alegada por Pensiones de Antioquia, en cuanto a la decisión de inclusión pensional
del incentivo por antigüedad y la prima de vida cara, adoptada en la decisión del 30
de noviembre de 2015, pese a que no correspondía dado su carácter extralegal. En
ese orden, se impone infirmar parcialmente la decisión del Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín, del 30 de noviembre de 2015.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de enero de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00 (4357-2019) REV.
35 Cita a la «Sentencia del 1.° de agosto de 2017, sala especial de decisión 4, C.P Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Expediente 11001-03-15000-2016-02022-00 (REV).»
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Demandante: Pensiones de Antioquia
En su lugar, se ordenará modificar la sentencia del 30 de noviembre de 2015, en el
sentido de excluir, de la reliquidación pensional reconocida a la señora Edith María
Hernández Hernández, el incentivo por antigüedad y la prima de vida cara, conforme
se explicó en precedencia. La Sala aclara que los efectos de esta providencia, en lo
pertinente a la liquidación de la prestación regirán hacia el futuro, con el objeto de
salvaguardar los derechos de la pensionada que fueron reconocidos al amparo del
mencionado proveído.
Ahora, si en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Medellín, que, entre otras, ordenó incluir los aludidos factores
dentro de la liquidación de la pensión de la aquí demandada, no se dispondrá el
reintegro de estas por parte de aquella comoquiera que tales sumas fueron recibidas
de buena fe, además de que ello no fue objeto de pretensión por parte de la entidad.
Frente al principio de buena fe, esta Subsección trae a colación el artículo 83 de la
Constitución Política dispone «Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». A su vez, el
artículo 164, numeral 1, literal c) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que no habrá lugar a recuperar lo que fuese
pagado a particulares de buena fe, presunción que admite prueba en contrario, por
lo que a quien la echa de menos, le corresponde comprobar que el particular actuó
de mala fe.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues Pensiones de Antioquia busca controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
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Demandante: Pensiones de Antioquia
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que en
el presente caso se configura parcialmente la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar la sentencia recurrida reliquidar
la pensión de la demandada con la inclusión de la totalidad de los factores salariales
percibidos en el último año de servicio, en específico respecto a la prima de vida
cara y al incentivo por antigüedad, cuando lo procedente, según la jurisprudencia
aplicable, era su exclusión. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar parcialmente fundada la acción de revisión promovida por
Pensiones de Antioquia, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Juzgado Veintisiete Administrativo de
Medellín, del 30 de noviembre de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
Segundo. Infirmar parcialmente el numeral tercero de la sentencia del 30 de
noviembre de 2015, proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín,
el cual quedará así:
TERCERO. Condenar a Pensiones de Antioquia a efectuar la reliquidación de la pensión
de jubilación reconocida a Edith María Hernández Hernández, con la inclusión de los
factores salariales devengados en el año anterior a su retiro del servicio, esto es, en el
período comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004,
a saber, asignación básica y primas de vacaciones y de navidad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Mantener en lo demás la sentencia del 30 de noviembre de 2015, emitida
por el Juzgado Veintisiete Administrativo de Medellín.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda de revisión.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05 001 33 33 016 2015 00781 01 al
juzgado de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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