Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A- SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá D.C., veint e (20 ) de enero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001 -03-25-000-2019-00549-00 (4357 -2019) REV
Ac cionante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Jorge Granado Galeano
Temas: Causales a) y b) del artícul o 20 de la Le y 79 7 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECI AL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. AS UNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artícu lo 20
de la Ley 797 de 2003 2 presentada por Pensiones de Antioquia en
contra de la sent encia de 28 de julio de 2014 prof erida por el
Tribunal Administrativo de Antio quia, Sala Segunda de Oralidad 3,
que conf irmó la decisión de 26 de julio de 2013, dictada por el
Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
050013333022201200273 -00/01.
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 19 de julio de 2019 (f. 5 Cdno. 1), de manera que está regulado por los artículos
248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia de la magistrada dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00549-00 (4357-2019)
Accionante: Pensiones de Antioquia
II. ANTECEDE NTE S
2.1. Proceso ordinario inicial 4
2.1.1. La demanda 5
2. El señor Jo rge Granado Galeano, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el a rtículo 138 del
CPACA, contra Pensiones de Antioquia , con el objetivo de obtener,
en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas :
La nulidad de la Resolución 0000178 de 7 de ma yo de 2012,
expedida por el gerente de Pensiones de Antioquia , por medio
de la cual se le negó su solicitud de reliquidación pensional
con la incl usión de todos los f actores salariales de vengados
en el último año de prestación de servicios.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordene a la demandada a reliquidar le su pensión de jubilación
teniendo en cuenta todos los f actores sa lariales de vengados
en el último año de prestación de servicios, comprendido
entre el 28 de noviembre de 2009 y el 28 de noviembre de
2010, (ii) pa garle las dif erencias pensionales generadas
desde el día en que cumplió los requisitos para obtener el
reconocimiento pensional , dando cumplimiento a la sentencia
en los términos de los artículos 176 y 177 del «CCA».
2.1.2 Hechos Relevantes
3. El señor Jo rge Granado Galeano nació el 7 de octubre de 1954 y
prestó sus servicios como empleado público en la Gobernación de
Antioquia entre el 12 de f ebrero de 1990 y el 28 de noviembre de
2010, sin interrupción alguna.
4. Mediante Resolución 000323 del 14 de julio de 2010 Pensiones
Antioquia le reconoció la pensión atendiendo únicamente al sueldo
4 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 050013333022201200273-00/01.
5 Folio 1 del expediente originario 050013333022201200273-00/01.
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Accionante: Pensiones de Antioquia
percibido por el demandante durante los últimos 10 años de
servicios.
5. El 28 de octubre de 2011 presentó reclamación administrativa
ante Pensiones de Antioquia con el f in de obtener el reconocimiento
y pago del reajuste pensional , con base en todo lo p ercibido durante
el último año de servicios .
6. En respuesta a su solicitud la entidad prof irió la Resolución
000178 del 7 de mayo de 2012, en la cual negó su petición.
2.1.3 Normas vi ol adas y concepto de violación
7. Como disposiciones vulneradas, adujo que los acto s acusados
desconocieron los artícu los 48 y 53 de la Constitución Política; 1.°
de la Ley 33 de 1985 , 3.° de la Ley 62 de 1985 y 36 de la Ley 100
de 1993.
8. En cuanto al concepto de viol ación sostuvo qu e el acto
administrativo demandado se encontraba af ectado de f alsa
motivación toda ve z que el demandante era benef iciario del régimen
de transición , que debe aplicarse de forma integral; en e sa medida
no era acertada la tesis de la entidad demandada segú n la cual la
pensión de jubilación debe reconocerse bajo los parámetros del
artícu lo 21 de la Ley 100 de 1993 por cuanto ello desconoce la tesis
de unif icación del Consejo de Estado expresada en la sentencia de l
4 de agosto de 2010, con ponencia del Dr. V í ctor Hernando
Alva rado Ardila, donde se estableció que la liquidación de las
pensiones de jubilación de los empleados públicos, que se
encuentren cobijados por el régimen de transición de la Ley 10 0 de
1993, debe realizarse con el promedio de todo lo deve ngado
durante el último año de servicios.
2.1.4. Sentencia de primera instancia 6
9. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín ,
mediante providencia de 26 de julio de 2013 , declaró la nulidad del
acto acusado y accedió a las súplicas de la demanda.
6 Folios 160 y s.s. del expediente originario
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10. Como f undamento de su decisión explicó que el régimen
pensional aplicable al señor Jorge Granado Galeano , ref erente a la
edad, el tiempo y el monto , es el anterior al previsto en la Ley 100
de 1993 toda ve z que se encontraba amparado por el régimen de
transición del a rt ículo 36 , inciso segu ndo , por cuanto, al entrar en
vigo r la citada norma , el 30 de junio de 1995, contaba con más de
40 años de edad.
11. En consecuencia, estimó que debían aplicársele las Leyes 33 y
62 de 1985, en virt ud de lo cual tenía derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación en un monto equivalente al 75% del salario
básico devengado en el último año de servicios, con la inclusión de
los f actores de salario percibido s, tal como lo señaló el Consejo de
Estado en sentencia de 18 de febrero de 2010, dentro del proceso
radicado interno 0836 -08 con ponencia del consejero Gustavo
Gómez Aranguren.
12. Igualmente citó la sente ncia de 4 de agosto de 2010 con
ponencia del c onsejero Víctor He rnando Alvarado Ard ila y con base
en tales razonamientos declaró la nulidad del acto demandado y a
título de restablecimiento del derecho condenó a Pensiones de
Antioquia a reliquidar la pens ión de jubilación, con inclusión de la
prima de vacaciones y el incentivo por antigüedad, a partir del 29
de noviembre de 2010, sin que en este caso hubiera operado el
f enómeno de la prescripción toda ve z que la petición se presentó el
3 de octubre de 2012 , es decir, antes de que hubieran transcurrido
más de 3 años para acudir a la jurisd icción.
13. Estimó que las vacaciones no podían incluirse toda ve z que
constitu ían remuneración del descanso y , además, la bonif icación
por recreación no podía tenerse en cuenta comoquiera que no era
un f actor salarial , tal como lo determinó el Consejo de Estado , en
sentencia de l 3 de f ebrero de 2011 , con ponencia del consejero Dr.
Víctor Hernando Alva rado Ardila , dentro del proceso radicado
interno 0670 - 2010.
14. Finalmente se abstuvo de imponer condena en costas a cargo
de la entidad accionada .
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2.1.5. Recurso de apelación 7
2.1.5.1. Inconf orme con la anterior decisión, el apoderado de la
entidad demanda da interpuso recurso de apelación, en el que
sostuvo que, en este caso, no era posible acceder a liqu idar la
pensión del accionante con las condiciones planteadas en la
demanda, puesto que a los benef iciarios de la t ransición , af iliados
al régimen general de pensiones , se les debe respetar la edad , el
tiempo y el monto de dicho sistema pensional anterior , sin embargo ,
el IBL al cual debe acudirse , es el consagrado en el inciso 3.° del
citado artícu lo 36 de la Ley 100 de 1993 si al af iliado le f altan menos
de 10 años para adquirir el derecho o el del art ículo 21 de la misma
ley si le f altan 10 años o más para adquirir el derecho.
15. Conjuntamente, debía acudirse a los f actores taxativamente
incluidos en la norma aplicable, como es el Decreto 1158 de 1994
y no se pueden incluir f actores sobre los que no se hicieron aportes,
al ir en contravía de los principios de solidaridad, orden justo,
sostenibilidad f inanciera y f iscal del sistema pensional.
16. Además, sostuvo que dicha entidad venía dando aplicación al
criterio de la Corte Constitucional plasmado en la sentencia C – 258
de 2013, las cuales consideró como prevalentes sobre las del
Consejo de Estado.
2.5.1.2. El apoderado del demandante interpuso recurso de
apelación 8 en el cual indicó que no se encontraba de acuerdo con
que se hubiera excluido de la orden de liquidación pensional tanto
la prima de navid ad, como la prima de vida cara, que f ueron
devengadas por el pensionado en su último año de prestación de
servicios, tal como se acredita en la liqu idación def initiva de
prestaciones sociales del demandante.
2.1.6. Sentencia de segunda instancia 9
17. El Tribunal Administrativo de An tioquia p rof irió se ntencia de
segunda instancia el 28 de julio de 2014 , en la cual conf irmó la
providencia prof erida por el Ju zgado Veintidós Administrativo del
7 Apelaron ambas partes. Folio 168 y ss. y 175 y s.s. expediente proceso originario.
8 Folios 175 y s.s. proceso originario.
9 Folios 106 y s.s. ibidem.
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Circu ito de Medellín y se abstu vo de imponer condena en costas de
segunda instancia.
18. En primer lugar, señaló que la Ley 100 de 1993 creó el sistema
de segurida d social integral y en su artículo 36 estableció un
régimen de transición en virtud del cu al, las mujeres y lo s hombres
que contaran con 35 y 40 años de edad, respectivamente, o con 15
de servicio cotiza dos, continúan bajo las condiciones de la ley
anterior.
19. Posteriormente expuso que el Consejo de Estado, en sentencia
del 18 de f ebrero de 2010, explicó qu e el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 debía ser interpretado conf orme al principio de
f avorabilidad; asimismo explicó que e n la sentencia de unif icación
prof erida por esta Corporación el 4 d e agosto de 2010, se advirtió
que, el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985, modif icado por la Ley 62
del mismo año, previó que el in greso base de liquidación para los
empleados of iciales del orden nacional está integrado por los
f actores salariales que hayan servido como base para efectuar los
aportes, sin hacer mención taxativa d e aquellos. Por ello , es posible
incluir cualquie r concepto que el trabajador haya deven gado de
f orma habitual y como contraprestación de su labor durante el
último año de servicios, con e xcepción de la indemnización por
vacaciones y la bo nif icación por recreación.
20. En ese orden, aseguró que el demandante acreditó los
requisitos para acceder al régimen de transición de la citada Ley
100 de 1993 y por esa razón, tiene derecho a que se le aplique en
su integridad el régimen integral consagrado en la disposición legal
anterior, que para el c aso es la Ley 3 3 de 1985.
21. Consideró que , de acuerdo con la resolución de liquidación de
salarios y prestaciones sociales def initivas a f avor del demandante,
allegada a f olio 81, se encontraba probado que devengó durante su
último año de servicios (2009 – 2010) la asignación básica, la prima
de vacaciones, el incentivo por antigüedad y la bonif icación por
recreación .
22. Frente a la bonif icación por recreación dijo, que ésta no podía
ser incluida toda ve z que no se encontraba consagrada en el
Decreto 1045 de 1978, art. 45, ni tampoco podía atenderse a la
prima de navidad ni la prima de vida cara, reclamadas en el recurso
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de apelación, toda ve z que no se demostró que el señor Granado
Galeano las hubiera devengado en el citado interregno.
23. En suma, estimó que debía con f irmarse la decisió n prof erida
por el Juzgado 22 Administrativo del Circu ito Judicial de Medellín y
se abstuvo de condenar en costas.
2.1.7. La acción especial de revisión 10
24. Pensiones de Antioquia in vocó como causal es de revisión la s
consagrada s en los literales a) y b ) del artícu lo 20 de la Ley 797 de
2003, norma que se ref iere a la posibilidad de interponer la solicitud
de revisión contra acuerdos conciliat orios o pro videncia s judiciales
que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de f ondos
de naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables.
25. Como pretensiones de la acción de revisión, solicit ó :
«[ …] la r evis ión de l a sen t encia de seg unda inst ancia No. S2 - 281
del 28 de j uli o de 20 14, exped ida dent r o del ME DI O DE CO NT RO L
DE NULI DAD Y RES T ABLECI MI ENT O DEL DEREC HO r adicado 05
001 33 33 022 2012 00273 01, por EL T RI BUNAL
AD MI NI ST RAT I VO DE ANT I OQ UI A, e n consecuencia, decr et e su
r evocat or ia y denieg ue las pr et ensiones de r eliq uidació n del señor
JO RG E G RANADO G ALEANO . »
26. Para f undamentar sus pretensiones la entidad recurrente
sostuvo que la orden de reliquidación pensional impartida en las
sentencias dictadas dentro del proceso 050013333022201200273-
00/01 se ef ectuó con violación al debido proceso, en tanto
desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia C -258
de 2013 proferida por la Corte Constitucional.
27. En cuanto a la segunda causal señaló que, de acuerdo con el
f allo del Tribunal Administrativo de Antioquia la cu antía de la
10 Folios 1 y s.s. cuaderno primero.
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pensión del señor Jorge Granado Galeano excedió lo debido, esto
en consonancia con los art ículos 21 y 36 de la Le y 100 de 1993 y
el Acto Legislativo 01 de 2005 , que son las nor mas legalmente
aplicables de conformidad con la interpretación dada al régimen de
transición en las sentencias C – 168 de 1995 y C – 258 de 2013 de
la Corte Constitucional.
28. Asimismo, en los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995 se
establecieron los f actores que constit uyen el salario mensual de los
servidores público s para calcular las cotizaciones en pensiones y
con base en ellos, el empleador ef ectuó los aportes a P ensiones de
Antioquia , la cual, con base en los mismos, c alculó el monto de la
pensión a f avor de su af iliado.
29. Indicó además que el Tribunal Administrativo d e Antioquia
aplicó ile galmente el pre cedente del Consejo de Estado que ordenó
la inclusión en el IBL sólo de f actores salariales de creación legal ;
esto, porque inclu yó el incentivo por a ntigüedad que f ue creado por
la Asamblea de Antioquia . En este sen tido, señaló que tanto el juez
de primera instancia como el Tribunal Administrativo de Antioquia
confundieron ese factor salarial con los incrementos salariales por
antigüedad del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, los cuales
nunca devengaron los empleados del departamento de Antioquia .
30. Según el apoderado, una vez liquidada la pensión de veje z como
consecuencia de la condena, la mesada pensional ascendió a
$1´850.850 resultando un aumento del 36.89% que repercute
negativamente en las f inanzas del f ondo común que constituye el
régimen de prima media con prestación def inida .
2.1.8. Contestación
31. El señor Jorge Granado Galeano , no contestó la demanda pese
a que se ef ectuó su notif icación al correo electrónico
raulacosta121770@gmail.com que f ue suministrado por la parte
demandada vía telef ónica, como da cuenta el auto de 5 de marzo
de 2021, visible a folio 134.
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III. CONSIDER ACI ONES
3.1. Competencia
32. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recu rso de re visión del epígraf e,
de conf ormidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció
que cuando se trate de sentencias prof eridas por los Tribunales
Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Esta do según la materia. Igualmente, corresponde su
conocimiento a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.
3.2. Oportunidad
33. La Sala precisa, en primer luga r, que de conf ormidad con lo
señalado en el artículo 20 de l a Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo», no obstante, la Corte Const itucional en la
sentencia C-835 de 2003 11, declaró la inexe quibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[ …] Co nsecuent em ent e, la sol icit ud de r evis ión q ue est ab l ece el
ar t ícu lo 20 acusado deber á f orm ular la el r espect ivo f uncionar io, de
acuer do con la j ur isdicció n q ue envuel va al act o adm inist r at ivo,
dent r o del t ér m ino est ablecido e n el ar t ícu lo 187 de l Códig o
Cont encioso A dm ini st r at ivo, o dent r o del t ér m ino pr evist o en el
ar t ícu lo 32 d e la le y 712 de 2001. T ér m inos q ue en t odo caso t ienen
f uer za vincu lant e a par t ir de est e f allo [ .. . ] ».
34. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que l a solicitud de revisió n fue presentada en vigencia
de esta 12, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general,
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepcion es a dicha
regla, el inciso f inal ibide m precisó lo sigu iente:
11 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
12 El 19 de julio de 2019, según da cuenta el sello de Secretaría de esta Corporación, que se aprecia a folio
5 vto. del cuaderno principal.
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«[ …] En los casos pr evist os en el art ículo 20 de la Ley 797 de
2003, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años
sig uient es a la ej ecut or ia de la pr o vide ncia j udic ial o en l os casos
de q ue ella no se req uier a, dent r o del m ism o t ér m ino contado a
par t ir d el perf eccionam ient o del a cuer do t r ansaccional o
concil iat or io [ …] ».
35. Ahora bien, en este caso, la solicitud de re visión se presentó
en tiempo, toda vez que, la decisión judicial de segunda instancia
que se cuestiona fue prof erida el 28 de julio de 201 4 por parte del
Tribunal Administrativo de Antio quia , se notif icó el 29 de julio
sigu iente (f . 109), quedando ejecutoriada el 1 .° de agosto de ese
año y el escrito de revisión se ra dicó en la Secretaría de la
Corporación el 19 de julio de 2019 13.
3.3. Problema jurí dico
36. En este caso deberá verif icar la Sala si la sentencia de 28 de
julio de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo d e Antioquia ,
conf irmatoria de la providencia de 26 de julio de 2013 dictada por
el Juzgado Veintidós Administrati vo de Medellín incurrió en la s
causales de re visió n prevista s en los literales a) y b ) del artícu lo 20
de la Ley 797 de 2003 al condenar a Pensiones de Antioquia , a
reliquidar la pensión de jubilació n del señor Jorge Granado
Galeano, con la in clusión de la totalidad de los f actores salariales
devengados durante el último año de servicios.
37. Acorde con lo anterior, la Sala se ref erirá a la s causales
mencionada s, relacionada s en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para luego verif icar si procede inf irmar la decisión judicial
cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas
en los literales a) y b) del artículo 2 0 de la Le y 797 de 2003.
38. La acción especial de re visión es un medio que permite
impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y
cuando se conf iguren, de manera expresa, las causales señaladas
en el artículo 25 0 del CPACA 14 (antes artículo 188 del CCA),
13 Fl. 5 vto. Cuaderno primero
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
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situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada 15, que se aplica exclusivamente a
aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción
de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsi stir
por el gra ve desconocimiento de los principios f undamentales del
proceso.
39. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considera da precisamente como una acción especial 16,
con algunas dif erencias ref eridas a su f inalidad y la legitimación en
la causa por act iva. De esta manera, se estableció para controvert ir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagada s con cargo al tesoro público y contrarrestar los
casos de corrupción en esta materia 17 y para ejercerla se requiere
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
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de un solicitante calif icado 18, que a su ve z puede ser un tercero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
40. En este sentido, el art ículo 20 d e la Ley 797 de 2003 19 f acultó
al Gobierno para que, por conducto del Ministe rio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y C rédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, soliciten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la re visió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan presta ciones periódicas a ca rgo del tesoro público o de
f ondos de naturaleza pública.
41. En este caso debe señalarse que , a través del Decre to 3780 de
1991 20, expedido por el gobernador del Departamento de Antioquia,
se creó «Pensiones de Antioquia», cuyos af iliados son los
servidores públicos de ese ente territorial, la Asamblea
Departamental, la Contraloría General de Antioquia y los servido res
públicos de las entidades descentralizadas del orden departamental
que, a 14 de abril de 1994, se encontraban laborando al servicio de
dichas entidades del orden territorial; esta ordenanza fue
modif icada hasta llegar f inalmente a la Ordenanza 30 d e 2003, en
la cual dejó de depender de una Secretaría Departamental y pasó
a administra r el Régimen de Prima Media con Prestación Def inida
dentro del Sistema General de Pensiones 21.
42. En cuanto a la legitimación de Pensiones de Antioquia para
promover la re visió n de providencias judiciales que haya n ordenado
reconocer pensiones, la Corte C onstitucional en la sentencia SU -
427 de 2016 def inió lo siguiente:
«[ F] r ent e a la leg it im ación par a int er poner el r ecur so de r evisión
por la conf ig ur ación de un abuso del de r echo, com oq uier a que la
Const it ución no r eg uló la t it ular idad par a int er poner lo, debe
ent ender se q ue r ecae, adem ás de los suj et os est ablecidos en la
Ley 797 de 2003, en cabeza de las adm inist r ador as de pensiones
encar g adas del pag o de las pr est acion es per iód icas r econ ocidas
de m aner a ir r eg ular , pues son las pr im er as inst it uci ones llam a das
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
20 Allegado a folios 34 y s.s. del cuaderno principal.
21 https://www.pensionesdeantioquia.gov.co/index.php/entidad
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dent r o del s ist em a pensiona l a velar p or su buen f unciona m ient o
f inancier o. ».
43. En consecuencia, se colige que Pensiones de Antioquia se
encuentra legitimada para la presentación de la acción de revisión.
3.5. Análisis de la Sala
44. Las causales alegadas por Pensiones de Antioquia son las
contempladas en los literales a) y b ) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, norma que establece:
«a) Cuando e l r eco nocim ient o se ha ya obt enido con vio la ción al
debido pr oceso, y
b) Cuando la cuan t ía del der echo r econocido exc edier e lo d ebido
de acuer do con l a l ey, pact o o con venc ión col ect i va q ue le er an
leg alm ent e aplicab le s».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artícul o 20 de la
Le y 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se ha ya
obtenido con vi ol ación al debido proceso».
45. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los f ondos de
naturaleza pública con violación del debido proceso. En relación
con esta causal, es claro que la part e interesada debe promover la
acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales
estructura su petición.
46. En este caso, Pensiones de Antioquia cuestiona la sentencia de
28 de julio de 2014 prof erida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Orali dad 22, que conf irmó la decisión de
26 de julio de 2013, dictada por el Juzgado Veintidós Administrativo
de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 050013333022201200273 -00/01, a tra vés de
las cuales se orde nó reliquidar la pe nsión a f avor del señor Jorge
Granado Galeano .
47. Para esto, esgrimió la violación al debido proceso, toda ve z que
en su parecer la pensión debió liquidarse con el promedio de los
salarios percibidos en lo s últimos 10 años de servicios y únicamente
22 Con ponencia de la magistrada dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
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con la inclusión d e los f actores expresamente señalados en el
Decreto 1158 de 1994.
48. Al respecto, la Sala precisa qu e el derecho f undamental al
debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad -
libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista
en f avor de las partes y de los t erceros interesad os en una
actuación administrativa o judicial.
49. Según la citada norma, el debido proceso comprende
f undamentalmente tres grandes garantías:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las f ormas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conf orme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y def ensa, que, desde luego,
inclu yen el derecho a of recer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la d ecisión y la ga rantía
de non bis in idem.
50. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por
Pensiones de Antioquia para f undamentar el cargo de violación del
derecho f undamental al debido proceso, se ref ieren al
desconocimiento de las garantías cit adas por parte de la autoridad
judicial al prof erir la sentencia judicial que se re visa.
51. Al contrario, los argumentos de la entidad se dirigen,
básicamente, a cuestionar el ré gime n aplicable al demandante, sin
hacer manif estación alguna en relación con la vulneración del
citado derecho, supuestamente ocasionada con las sentencias
dictadas el 26 de julio de 2013 y el 2 8 de julio de 2014 , prof eridas
por el Ju zgado Veintidós Administrativo de Medellín y e l Tribunal
Administrativo de Antioquia , razón por la cual, la causal esgrimida
por la entidad se declarará inf undada.
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52. Finalmente es de indicar que el argumento de vulneración del
debido proceso que alega la entidad sustentada en la f alta de
aplicación del precedente de la Corte Constitucional relacionado
con la interpretación del régimen de transición, será resuelto en el
acápite siguiente .
3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la
Le y 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la le y, pacto o convención
colecti va que le eran legalmente aplicables».
53. Esta causal h a sido considerad a jurisp rudencialmente 23 como
un instrumento que persigue f ortalecer el principio de la moralidad
administrativa 24 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han ef ectuado en exceso y que af ectan los principios
f ilosóf icos que orientan el Sistema General de Pensiones 25, en
especial, el princip io de solidaridad 26 y equilibrio f inanciero.
54. Frente a esta causal, el apoderado d e Pensiones de Antioquia
estimó que f ue errónea la interpretación ef ectuada en las
providencias judiciales cuestionadas , f rente al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso del señor
Jorge Granado Galeano .
55. En su parecer, esto originó que se le otorgara un d erecho que
no le asiste, comoquiera que, si bien su pensión de jubilación debía
reconocerse de acuerdo con las L eyes 33 y 62 de 1985, la
consagración del régimen de transición, sólo conservó la edad, e l
tiempo de servicios o las semanas cotizadas y el monto pensional,
pero entendido este último como la tasa de reemplazo def inida en
el régimen anterior, para dif erenciarla de la tasa f ijada por el
Sistema General de Pensiones y por ende, para el ingre so b ase de
liquidación de la norma anterior debía aplicarse el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 y atender a los f actores establecidos en el Decreto
1158 de 1994.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
24 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
25Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
26 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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56. Así mismo exp res ó que t anto el Juzgado Veintidós
Administrativo de Medellín, como el Tribunal Administrativo de
Antioquia se equivocaron al ordenar la inclusión del incentivo por
antigüedad, el cual, según lo indicó, es un f actor extrale gal, creado
por la Asamblea de Antioquia y el cual conf undieron con los
incrementos salariales por antigüedad, establecidos en el art ículo
45 del Decreto 1045 de 1978.
3.5.1.1. Caso concreto
57. En primer lugar, esta Sala encuentra que esta causal sí se
conf igura en el sub lite por los siguien tes motivos:
58. Es de destacar que en este caso no se discute que al señor
Jorge Granado Galeano le sea aplicable el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló Pensiones de Antioquia en
la solicitud de re visión y las pro videncias judicia les cuestionadas.
59. En ef ecto, revisado el e xpediente originario se tie ne que el
señor Granado Galeano nació el 7 de octubre de 1954, como lo
indica la copia de la cédula de ciudadanía, que obra a folio 37 del
expediente origin ario. Igualmente, se tiene que laboró en el
Departamento de Antioquia , como «34803 conductor» desde el 12
de f ebrero de 1990 al 28 de no viembre de 2010 27, con lo cual, para
el 30 de junio de 1995 , fecha de entrada en vigor de la preci tada
norma para el sector territorial , tenía más de 40 años de edad.
60. Adicionalmente , la reliquidación d e la pensión ordenada en las
sentencias objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el
sistema pensional anterior, en virtud del régimen de tra nsición del
que es benef iciario el señor Jorge Granado Galeano, bajo los
parámetros f ijad os por la ju risprude ncia unif icada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se
def inió el proceso judicial ( ju lio de 2014), esto es con el 75% del
promedio de los factores devengad os durante el último año de
servicios (28 de noviembre de 2009 a 28 de noviembre de 2010 ),
en los términos de la Ley 33 de 1985 .
27 Según la Resolución 0118167 de 7 de diciembre de 2010 , por medio de la cual se liquida y reconocen
salario y prestaciones sociales definitivas al demandante, expedida por la Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional de la Gobernación de Antioquia, que obra a folios 30 y 31 del expediente
050013333022201200273-00/01.
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61. En efecto, la sentencia de unif icación prof erida por la Sección
Segunda el 4 de agosto de 2010 así se ref irió al tema:
«[ …] la Ley 100 de 1993 cr eó un r ég im en de t r ansición, q ue ha
sido ent endido com o un benef icio consag r ado en f avor de las
per sonas q ue cum plan det er m inados r equisit os, par a q ue al ent r ar
en vig encia la nue va le y, en lo q ue atañe a la edad, t iem po de
ser vic io o núm er o de sem anas cot izadas y m ont o de la pensió n, se
sig an r ig iendo por lo est ablecido en el r é g im en ant er ior al cual se
encont r aban af iliado s.
T eniendo en cuent a las pr uebas al le g adas al e xped ient e, se
acr edit ó q ue al 1. ° de abr il de 1994 el act or t enía m ás de 40 años
de edad, por lo cual s e encuent r a dentr o de las pr evis ione s del
r ég im en de tr ansició n de la Ley 100 de 1 993.
En conclus ión, la no r m at ivida d apl icab le en est e caso par a ef ect os
de det er m inar los r eq uisit os de edad, t iem po de ser vici os y,
especia lm ent e, cuan t ía de l a pens ión de j ubilac ión, son las Leyes
33 y 62 de 1985.
( …)
En ar as de g ar ant izar los pr incipios de igualdad m at er ial, pr im acía
de la r eal idad sobr e las f orm alidades y f avor abi lid ad en m at er ia
labor al, l a Sa la, pr evi os debat es sur t idos con ap oyo e n
ant ecedent es hist ór i cos, nor m at ivos y j ur ispr udencia les, a t r avés
de la pr esent e sent encia de unif icación ar r iba a la conclusi ó n q ue
la Ley 33 de 198 5 no indica en f orm a t axat iva los f act or es
salar ia les q ue conf or m an la base de li q uidación pe nsion al , sino
q ue los m ism os está n sim plem ent e enunciados y no im pi den la
inclus ión de ot r os concept os deveng ados por el t r abaj ador dur ant e
el últ im o año de pr e st ación de ser vicios.
Est a decisión encue nt r a consonancia con la sent encia de 9 de j ulio
de 2009, pr of er ida por la Sección Seg un da de est a Cor por ación».
62. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia de unif icación de 28 de
agosto de 2018, f ijó reglas y subreglas jurisprudenciales,
providencia que constituye un prece dente vinculante y obligatorio
en la resolución de casos f áctica y jurídicamente iguales, con
ef ectos retrospectivos «[…] a todo s los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio d e seguridad jurídica, resultan
inmodif icables».
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63. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición f ijada en la ref erida sentencia de unif ica ción:
«El I ng r eso Base de Liq uidación de l inc i so t er cer o del ar t ícu lo 36
de la Ley 100 de 1993 hace par t e del r ég im en de t r ansición par a
aq uellas per sonas b enef iciar ias de l m is m o q ue se pensione n con
los r eq uisit os de edad, t iem po y t asa de r eem plazo del r ég im en
g ener al de pensione s pr evist o en la Le y 33 de 1985. ».
64. En cuanto a las subreglas: la primera, se ref iere al periodo para
liquidar las pensio nes de los servidores públicos que adquieran el
derecho conf orme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se f ijó en los siguientes términos:
«- Si f alt ar e m enos de die z ( 10) años par a adq uir ir el der echo a la
pensión, el ing r eso base de liq uidac ión ser á ( i) el pr om edio de lo
deve ng ado en el t iem po q ue les hicier e f alt a par a ello, o (ii) el
cot iza do dur ant e t odo el t iem po, el q ue f uer e super ior , act uali zado
anualm ent e con ba se en la var iac ión del Í ndice d e Pr eci os al
consum idor , seg ún cer t if icación q ue expi da el DAN E.
• Si f alt ar e m ás de die z ( 10) años, el ing r eso base d e liq uidación
ser á el pr om edio d e los salar ios o r ent as sobr e los cual es ha
cot iza do el af iliado dur ant e los diez ( 10) años ant er iores al
r econocim ient o de la pensión, act uali za dos anualm ent e con base
en la var iac ión del índice de pr ecio s al consum idor , se g ún
cer t if icación q ue expida el D ANE. ».
65. La segunda, determina «que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de veje z de los servidores
públicos benef iciarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan ef ectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».
66. Es necesario indicar que si bie n es cierto que a ctualmente
existe un criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 distinto al que exist ía en el momento de decidir la controversia
resuelta a través de la sentencia de 28 de julio de 201 4, también lo
es que no se puede entender que el reconocimiento se haya
realizado con abuso del derecho, toda ve z que el cambio de tesis
jurisprudencial so lo ocurrió en agost o de 2018 .
67. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de
agosto de 2018 señaló que las re glas allí contenidas solo se
habrían de aplicar a asuntos pendi entes de resol ver, y que no
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operan respecto de situaciones definidas que hicieron tránsito
a la cosa juzgada, tal y como oc urri ó en este caso .
68. Sin embargo , en lo que se ref iere a la inclusión del incentivo
por antigüedad debe señalarse que verif icado el proceso
050013333022201200273 00/01 se tiene que en la sente ncia de 26
de julio de 2013 el Juzgado Veintidós Adminis trati vo de
Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, y con ello
declaró la nulidad de la Resolución 0000178 de 7 de mayo de 2012 ,
prof erida por el gerente de Pensiones de Antioquia , mediante la
cual se le negó al señor Granado Galeano la reliquidación pensional
y, en cuanto a la pretensión de restablecimiento señaló:
« D e e s ta m an e ra , p a ra l a l i q u id a c i ó n de la s p e n s i o n e s de j u b ila c i ó n
d e l o s em pl e a d o s c ob i j a d os p o r l a L e y 3 3 d e 1 9 8 5 , p o r e n c o n tra rs e
i n me rs o s e n e l ré g ime n d e tra n s i c i ó n , s e d e b e n te n e r e n c u e n ta to d o s
l o s f a c t o re s d e s a l a ri o d e ve n g a d o s e n e l ú l ti mo a ñ o d e s e rvi c i o ,
s i em p re y c u a n d o e fe c tiva me n te s e h a ya n d e ve n g a do e n e l ú ltimo
a ñ o d e s e rvic io i n c l u ye n d o l a s p ri m a s de n a vi d a d y va c a c i o n e s , a
l a s q u e e l l e g i s l a dor d e 1 9 7 8 l e s d i o e s e c a rá c te r p a ra e f e c to s
p re s ta c i o n a l e s e n e l a rtíc u l o 4 5 d e l D e c re to 1 0 4 5 d e 1 9 7 8 , a d e m á s
a q u e l lo s q u e n o te n ga n e l c a rá c te r d e l e ga l e s to d a ve z q u e ta l c o m o
f u e s e ñ al a d o e n l a s e n te n c i a d e u n i fi c a c ió n a n te ri o rm e n te
re f e re n c i a da d e b e n in c l u i rs e to d o s a q u e llo s q u e fu e ro n d e v e n g a d o s
p o r e l tra b a j a d o r , q u e s e re i te ra s i em p re q u e hu b i e se n s i d o
e f e c ti va m e n te d e ve ng a d o s e n e l úl tim o a ño d e s e rvi c i o s , e s d e c i r q u e
te n i e n d o e n c u e n ta q u e a l a c c i o n a n te c o mo c o n s ta a f o l i o 8 1 l e f u e ron
re c o n o c i d a s l a s c es a n tía s d e f i n i ti va s te n i e n d o e n c u e n ta l o s
c o n c e p to s d e va c a c i o n e s , p ri m a d e va c a c i o n e s , i n c e n ti vo p o r
a n ti g ü e d a d y b o n i f i ca c i ó n d e re c re a c i ó n , to d a ve z q u e l a s c e s a n tía s
d e c o n f o rmi d a d c o n e l n u m e ra l 1 ° d e l a r tíc u l o 2 5 3 d e l C ó d i go
S u s ta n ti vo d e l T ra b a j o s e rá n l i q u i d a da s to m a n do c o m o b a s e e l ú l ti mo
s a l a ri o m e n s u al d e ve n g a d o o e l p ro m edi o d e l o d e ve n g a d o e n e l
ú l ti mo a ñ o d e s e r vi c i o s c u a n d o h a ya va ri a c i ó n d e n tro d e l o s ú l ti m o s
tre s (3 ) m e s e s , d e b erá n te n e rs e e n c u e nta lo s fa c to re s s a la r ia le s
d e p rima d e va c a c io n e s e in c e n tivo p o r a n tig ü e d ad p ara la
liq u id a c ió n d e la p e n s ió n d e ju b ila c ió n d e l a c to r.
E n c u a n to a l a s va c a c i o n e s l a s m i sm a s co n s ti tu ye n l a re m u n e ra c i ó n
d e l d e s c a n s o y ti e n e n n a tu ra l e za d e p re s ta c i ó n s o c i a l d e a c u e rdo c o n
l o p re c e p tu a d o e n e l a rtíc u l o 5 ° d e l D e c re to 1 0 4 5 d e 1 9 7 8 y n o
c o n s ti tu ye f a c to r s a l a ri a l p a ra l a li q u i da c i ón d e n i n g u n a de l a s de m ás
p re s ta c i o n e s s o c i a l es e n d i c h a n o rm a c o n s a g ra d a ; p o r s u p a rte l a
b o n i fi c a ci ó n p o r re c re a c i ó n i g u alm e n te te n i d a e n c u e n ta pa ra l a
l i q ui d a c i ón d e l a s c e s a n tía s d e l a c c i o n an te e l 7 d e d i c i em bre d e
2 0 1 0 ,e n c u e n tra e l D e s p a c ho q u e l a mi s ma n o c o n s ti tu ye f a c to r
s a l a ri a l p a ra l o c u a l s e a n o ta l o s e ñ a l a d o p o r e l C o n s e j o d e E s ta d o
e n s e n te n c i a d e l tre s (3 )d e f e b re ro d e d o s m il o n c e (2 0 1 1 ), C o n s e j e ro
p o n e n te : V íc to r H e rn a n d o A l va ra d o A rd i la, c o n ra d i c a d o N o . 2 5 0 0 0 -
2 3 -2 5 -0 0 0 -2 0 0 7 -0 1 0 44 -0 1 (0 6 7 0 -1 0 ).
[… ]» (N e g ri l l a o ri g i na l , s u b ra ya s d e l a S a l a ).
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69. Como se aprecia, la decisión del Ju zgado, aludió
tangencialmente a que debían incluirse «además aquellos que no
tengan el carácter de legales toda vez que tal como f ue señalado
en la sentencia de unif icación anteriormente ref erenciada deben
incluirse todos aquellos que fueron devengados por el trabajador ,
que se reitera siempre que hubiesen sido ef ectivamente
devengados en el último año de servicios», no obstante no se ref irió
específ icamente al incentivo por antigüedad, del cual dedujo que
tenía carácter s alarial al ser incluido por la Gobernación de
Antioquia como factor para la liquidación de las cesantías
def initivas, en atención a la Resolución 118167 de diciembre de
2010 expedida por la Gobernación de Cundinamarca, allegada a
f olios 30 y 31.
70. Ahora bien, los moti vos de a pelación de Pensi ones de
Antioquia consistieron, en que la pensión debió liquidarse con el
promedio de los salarios percibido s en los últimos 10 años de
servicios y únicamente con la inclusión de los f actores
expresamente señalados en el Decre to 1158 de 1994, aspecto éste
último f rente al cual señaló:
« E n c o n s e c u e n ci a , e n trá n d o s e e n e l a s u n to d e l a L i ti s , d e b e
e n te n d e rs e q u e e l i n c i s o s e x to d e l A c to L e g i s l a ti vo 0 1 d e 2 0 0 5 , q u e
m o di fi c ó e l a rtíc u l o 4 5 d e l a C o n s ti tu c i ó n P o l íti c a c o n s a g ró q u e. “p a ra
l a l i q u i da c i ó n d e l a s p e n s i o n es s o l o s e te n d rá n e n c u e n ta l o s f a c to re s
s o b re l o s c u a l e s c a d a p e rs o n a h u b i e re e f e c tu a d o l a s c o ti za c i o n e s … ”
[… ]
E s ta A d mi n i s tra d o ra c o n s e c u e n te c o n e l a c to l e g i s l a ti vo 0 1 d e 2 0 0 5
y c o n l a i n te rp re ta c i ó n j u ri s p ru d e n ci a l de l a C o rte C o n s ti tu c i o n a l
e s ta b l e c e c om o f a c to re s p a ra l a l iq u i da ci ó n d e l IBL , l o s d i s pu e s to s
e n e l i n c i s o s e g u n d o a rtíc u l o 1 ° d e l D e c re t o 1 0 6 8 d e 1 9 9 5 , e n e l c u a l
s e e s ta b l e c e :
[… ]
C o n b a s e e n e s to s f a c to re s o p a rá m e tro s s e re a l i za r o n l a s
c o ti za c i o n e s p o r p a r t e d e l D e p a rta m e n to d e A n ti o q u i a a p e n s i o n e s d e
A n ti o q u ía , m i sm o s f ac to re s c o n l o s c u a l e s P e n s i on e s d e A n ti o qu i a e n
c u m pl im ie n to d e l a no rm a ti vi d a d c a l c ul ó el m o n to d e la p e n s i ón q u e
re c o n o c e e n f a vo r d e s u s a f i l i ad o s .
[.. .]
E n c a s o d e se r c o n fi rm a da l a s e n te n ci a , P e n s i on e s d e An ti oq u i a ,
e n c u e n tra u n va c ío e n l a a u to ri za c i ó n q u e l e o t o rg a e l f a l l ad o r p a ra
d e s c o n ta r l o s a p o rte s o c o ti za c i o n e s n o e f e c tu a d o s , p u e s l o ha c e e n
a b s tra c to y n o e x p re s a l o s p o rc e n ta j e s c o rre s p o n d i e n tes d e l
e m pl e a d o y d e l tr a b a j a d o r, A d em á s d e b e d a rl e l a f a cul ta d a
P e n s i on e s d e A n ti o q u i a d e c o b ra r a l e m p le a d o r y c u o ta p a r ti s t a s l o s
a p o rte s q u e n o s e re a l i za ro n a l f o n d o .»
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71. Igualmente, como ya se dijo, e l apoderado del demandante
interpuso recurso de apelación a ef ectos de que f ueran incluidos
los f actores de «prima de vida cara y de la prima de navidad» 28
72. El Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de 28
de julio de 2014 , específ icamente f rente a los factores a incluir en
la liquidación pensional determinó lo sigu iente:
« A h o ra , re s p e c to d e l a a p l i c a c ió n d e l a rtíc u l o 4 5 d e l D e c re to 1 0 4 5 d e
1 9 7 8 , p a ra d e te rm i n a r l o s f a c to re s s a l a ri a l e s q u e s i rve n p a ra e l
c á l c u l o d e l a p re s ta c i ó n p e n s i o n a l , e l C o n s e j o d e E s ta d o , i n d i có q u e
d i c h o c a n o n e s e l l lam a d o a re g u l a r ta l a s p e c to c u a n d o e l b e n ef i c ia ri o
d e l a p e n s ió n d e e nc u e n tra d e n tro d e l ré g im e n d e tra n s i c ió n d e l a
Ley 33 de 1985, así lo indicó:
[… ]
C om o s e o b s e rva , s o l o s e rá n é s to s l o s f ac to re s s a l a ri a l e s ll am a d os
a e n g ro s a r l a b a s e d e l a l i q u i da c i ó n d e l a p re s e n te p e n s i ó n d e ve j e z ,
s i em p re y c u a n d o hu b i e s e n si d o ef e c ti va m e n te d e ve n g a d os p o r e l
a c to r d u ra n te e l ú l ti m o a ñ o d e s e rvi c i o s .
[… ]
A h o ra b i e n , a fo l io 8 1 o b ra R e s ol u c i ón N o . 0 1 1 8 1 6 7 d e l 0 7 d e
d i c i em b re d e 2 01 0 p o r m e d io d e l a c ua l s e l i qu i d a y re c o n o c e n
s a l a ri o s y p re s ta c i o n e s s o c i a l e s d ef i ni ti va s a l d e m a nd a n te , y a l l í s e
e vi d e n c i a q u e e l S e ño r J o rg e G ra n a d o s G a l e a n o l a bo ró d e s d e e l 1 2
d e f e b re ro d e 1 99 0 ha s ta e l 2 8 d e n o vi emb re d e 2 0 1 0 a l se rvi c i o d e l
D e p a rta me n to d e A nti o q u i a , a d em á s a l l í q u e d ó a c r e d i ta d o qu e e l
s e ñ o r J o rg e Gra n a d o Ga l e a n o d e ve n g ó , d u ra n te e l ú l ti m o a ñ o d e
s e rvi c i o s , (2 0 0 9 a 2 0 1 0 ) a d e m á s d e l a as i g n a c ió n b á s i c a , p ri m a d e
va c a c i o n e s i n c e n ti vo p o r a n ti g ü e d a d y b o n i f ic a c i ón p o r re c re a c i ó n .
L a a s i g n a ci ó n b á si c a, e l in c re me n to p o r a n ti g ü e d ad y l a p ri m a de
va c a c i o n e s s e e n c u e n tra n c o n s a g ra d a s e n e l D e c re to 1 0 4 5 d e 1 9 7 8
y e n e s te c o n te x to , a te n d i e n d o al p ri nc i p i o d e p ro g re si vi d a d , n o
re g re s i vi d a d y f a v o ra b i l id a d d e b e n e s ti m a rs e c om o f ac to re s
s a l a ri a le s p a ra l a re l iq u i d a ci ó n d e l a p e n s ió n .
L a b o n i fi c a c i ón p o r r e c re a c i ó n , n o s e e n c u e n tra c o n s a g ra d o (s i c ) e n
e l a rtíc u l o 4 5 d e l D e c re to 1 0 4 5 d e 1 9 7 8 c o m o f a c to r s a l a ri a l , p o r ta n to
l a p a rte d e ma n d a n te n o p ro b ó q u e di c h o c o n c ep to te n g a l a
c o n n o ta c i ó n d e s e r fa c to r s a l a ri a l ; a h o ra re s p e c to d e l a i n c l u si ó n d e
l a p ri m a d e n a vi d a d y p ri m a d e vi d a c a ra a l e g a d a p o r e l d e m a nd a n te
e n l a i m p ug n a c ió n , s e d i rá q u e l a p a rte d e m an d a n te n o p ro b ó q u e
ta l e s c o n c e p to s e fe c ti va m e n te h a ya n s i d o d e ve n g a d o s p o r e l
d e m an d a n te p a ra d e e s ta f o rm a o rd e n a r s u i n c l u s i ó n d e n tro d e l a
l i q ui d a c i ón d e l a p en s i ó n d e j u bi l a ci ó n re c o n o c i da a l s e ñ o r J o rg e
Gra n a d o Ga l e a n o .
A s í l a s c o s a s , l a pe n s i ó n d e j u b il a ci ó n d e l s e ñ o r J o rg e Gra n a d o
Ga l e a n o d e be l i qu id a rs e i n c l u ye n d o co m o f a c to re s s a l a ria l e s el
i n c e n ti vo p o r a n ti g ü e d a d y l a p ri m a d e va c a c i o n e s , p o rq u e n o s e
28 Folio 175 y s.s. expediente originario.
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i n c l u ye ro n e n l a rel iq u i d a ci ó n p e n si o n al h e c h a p o r P en s i o ne s d e
A n ti o q u ia , y l o s c u a l e s e s tá n c o n s a g ra do s e n e l a rtíc u l o 4 5 d e l
D e c re to 1 0 4 5 d e 1 9 7 8 y s e e n c u e n tra d e b i d a m en te a c re d i ta d o q u e e l
d e m an d a n te l o s d e ve n g ó » . 29 ( S e re s a l ta ) .
73. Para dilucidar este argumento de la causal , debe recordarse las
f inalidades y requisitos del recurso de alzada, tema f rente al cual
esta Corporación 30 ha indicado que , para el juez de segunda
instancia , su marco fundamental de competencia lo constituyen las
ref erencias conceptuales y argumentativas que se aducen y
esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en
primera instancia, por lo cual, en p rincipio, los demás aspectos,
dive rsos a los pla nteados por el re currente en la ap elación, se
excluyen del debate en la instancia superior, toda ve z que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congru encia de la
sentencia como el principio dispositivo, ra zón por la cual la
jurisprudenc ia nacional ha sostenido que «las pretensiones del
recurrente y su voluntad de interponer el recurso, con dicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado
estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclu sivo sobre
el cual debe reso lver el ad quem: «tantum devolutum quantum
appellatum».
74. Así pues, cua ndo las normas lo exigen, el recurrente debe
señalar en f orma oportuna, esto es dentro de los términos
establecidos por la ley, tanto los asun tos o aspectos que considere
lesivos de sus derechos, como también justif icar las ra zones de su
inconf ormidad, a las cuales deberá ceñirse el jue z.
75. Ahora, es necesario recordar qu e el ámbito funcional de la
segunda instancia está circunscrito a revisar a quello s aspectos
que f ueron objeto de disenso en el recurso interpuesto por la parte
inconf orme con la decisión, en virtud de l artícu lo 320 31 del CGP, por
lo que son los argumentos esgrimidos en la alzada los que
determinan el ámbito funcional de esa instancia .
29 Índice 37 expediente digitalizado aplicativo SAMAI.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez
sentencia de 21 de febrero de 2011, radicación 25000-23-26-000-1995-01692-01(20046)
31 «Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión.
[…]».
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76. De acuerdo con lo anterior, en este caso el Tribunal
Administrativo de Antioquia debía analizar la naturaleza d el
incentivo por antigüedad percibido por el señor Granado Galeano
durante su vinculación laboral, toda ve z que hacía parte de la
discusión de la correcta liquidación p ensional que debía aplicarse
a su caso, de acuerdo con el régimen correspondiente.
77. Si bien ambas instancias examinaron las pruebas aportadas y
repararon en la Resolución 0118167 de 7 de diciembre de 2010
dictada por la Gobernación del Departamento de Antioquia 32, donde
se señaló que el señor Granado Galeano devengó en el último año
de servicios el incentivo por antigüe dad y, además, que el mismo
f ue parte de aquellos que se tu vie ron en cuenta para la liquidac ión
de la cesantía def initiva del servidor, debieron también ref erirse a
su naturaleza ju rídica a ef ectos de determinar si se tra taba de un
f actor salarial legal o extralegal y así establecer si podía ser
incluido o no en la liquidación de la citada prestación.
78. Obsérvese como desde el mismo agotamiento de la vía
administrativa, la apoderada del señor G ranado Galeano, acudió
ante Pensiones de Antioquia a ef ectos de lograr la reliquidación
pensional, como se aprecia en la petición ele vada en el año 2011,
visible a f olios 55 y 56 del cuaderno primero, donde solicitó,
además, la inclusión del citado incentivo, al indicar que se
encontraba enlistado dentro de aquellos señalados en el artícu lo 45
del Decreto 1045 de 1978 . (f . 55 vto.)
79. A través de la Resolución 000178 de 2017 la entidad negó la
solicitud de reliquidación pensional y f rente a los f actores a incluir
señaló que sólo deben tenerse en cuenta aquellos sobre los cuales
se hubieran hecho aportes y que estuvie ra n enlista dos en el
Decreto 1158 de 1994 33.
80. De acuerdo con ello, un punto de la discusión era verif icar la
naturaleza jurídica de los f actores devengados por el señor
Granado Galeano, es decir, sí corresp ondían verdaderamente a los
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 o en el
Decreto 1158 de 1994, para determina r si podía ser incluido en la
liquidación pensional , de acuerdo con la posición jurídica que
adoptara el Tribunal.
32 Visible a folios 30 y 31 del expediente.
33 Folios 62 a 64 del cuaderno primero.
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81. Ahora, es de advert ir que, la acción especial de revisión de la
Ley 797 de 2003 no constituye una tercera instancia donde se
reabra la cuestión de f ondo decidida en el proceso ordinario,
empero su propósito es la «revisión de los montos de las pensiones
reconocidas en contra de lo es tablecido por la le y, e n orden a
salvaguardar el e quilibrio entre la prestación y su legalidad, así
como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad de l sistema de segu ridad social
y el p rincipio de u niversalidad que lo gobierna» 34.
82. Frente a ello, es de indicar que el Tribunal Administrativo de
Antioquia ordenó la inclusión del incentivo por antigüedad en la
liquidación pensio nal sin entrar a an alizar su naturale za jurídica lo
cual era necesario en tratándose de un empleado del sector
territorial para ce rtif icar si ve rdaderamente hacia parte de los
f actores del artícu lo 45 del Decreto 1045 de 1978 o del Decreto
1158 de 1994, como tampoco citó algún precedente que permitiera
ordenar la inclusió n de f actores extra legales en el reconocimiento
pensional a ef ectos de fundamentar su decisión.
83. Específ icamente sobre este tema, es de reco rdar que en esta
Corporación cursó el proceso de nulidad radicado 05001 -23-31-
000-2008-00557 -01(0456-11), en el que a través de sentencia de 2
de octubre de 2014 35 se declaró la nulidad de la Ordenanza que
regulaba el ince ntivo por antigüedad de los servidores del
departamento de Antioquia, por encontrar que estaba afectado por
f alta de competencia .
84. Si bien esta decisión f ue prof erida con posterioridad a la
sentencia que se examina, deja claro que el citado incentivo se trató
de un emolumento extra legal, po r lo que si el Tribunal estimaba que
debía incluirse e n la liquidación pensional, debió analiza r su
naturaleza y just if ica r su posición citando algún precedente
jurisprudencial que permitiera avala r esa decisión.
85. De acuerdo con lo anterior es evidente que en este caso se
conf igura la causal de revisión alegad a por Pensiones de Antioquia
34 Sentencia del 1.° de agosto de 2017, sala especial de decisión 4, C.P Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Expediente 11001-03-15000-2016-02022-00 (REV).
35 Con ponencia del Consejero Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
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en cuanto a la decisión de inclusión pensional del incentivo por
antigüedad adoptada en la decisión de 28 de julio de 2014.
86. De otra parte, en cuanto al presunto desconocimiento de la
sentencia de la Corte Constitucional C- 258 de 2013 se advierte que,
la sentencia que se revisa, proferida el 28 de julio de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, no hizo alusión a la misma,
empero debe aclararse que la citada sentencia de la Corte se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios
del Estado, lo que no es el caso del señor Granado Galeano, pues
no se discute que él se desempeñó como conductor en el
Departamento de Antioquia, razón por la cual, en manera alguna
resulta aplicable al sub examine 36.
87. En este sentido, el Tribunal sí justificó su decisión acogiendo el
precedente de esta Corporación, el cual, en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la
sentencia del 4 de agosto de 2010 37, antes referida, según la cual
aquel también se rige por las normas anteriores a dicha ley, pues
también hacía parte de la transición.
88. Asimismo, es de anotar que el cambio jurisprudencial solo ocurrió
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto
de 2018, dictada dentro del proceso radicado 52001 -23-33-000-
2012-00143-01, con ponencia del consejero César Palo mino Cortés,
con lo cual no se le puede endilgar que desconoció la citada
decisión judicial.
89. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso
se conf igura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2 003, frente al argumento de inclusión del incentivo por
antigüedad en la pensión del señor Granado Galeano pero no así
f rente al argumento de desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucion al C - 258 de 2013.
90. En relación con los pagos que ya realizó la entidad, con ocasión
de la providencia objeto de revisión, es pertinente indicar que no
36 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de
2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-000-
2006-07509-01.
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se genera el derecho a su devolución, en virtud del principio de
buena f e y conf ianza legít ima bajo el cual se ef ectuaron, p ues es
claro que Pensio nes de Antioquia lo hizo en garantía del
cumplimiento de la sentencia que aquí se inf irma, amparada por los
ef ectos que conf iere la cosa ju zgada f ormal 38 y en esa medida los
percibió el señor G ranado Galeano .
91. Con respecto al prin cipio de buena f e, esta Subsección 39 en
providencia relativa a recurso extrao rdinario de revisión, señaló:
«[ …] en lo q ue se ref ier e a la pet ición de or denar el r eint eg r o de
los diner os q ue se pag ar on en exces o al señor Car los Rang el
Mor eno en vir t ud de la r eliq uidación or denada en la sentencia
r evis ada, la S ala l a neg ar á, t oda vez q ue los pag os f uer on
ef ect uados y r ecibi dos de buena f e por lo q ue es aplica ble lo
est ablecid o en el or dinal 2. º del ar t ícu lo 136 del CCA seg ún el cual
« [ …] los act os q ue r econozcan pr est aciones per iód icas p odr án
dem andar se en cual q uier t iem po por la adm inist r ación o po r los
int er esados, per o n o habr á lug ar a r ecuper ar las pr est ac iones
pag adas a part icula r es de buena f e [ …]». Est o t oda vez q ue f ue
una decis ión j ud icia l la q ue or denó la r eliq uidac ión p ensio nal en
esos t ér m inos dent r o del pr oceso de nu l i dad y r est ab lecim ie n t o del
der echo por él inst a ur ado. »
92. Lo anterior permite reiterar que la s sumas de dinero ya pa gadas
en cumplimiento de la sentencia que se inf irma parcialmente no
pueden af ectar la prestación periódica reconocida, entre otras
razones porque no está demostrado probatoria mente que la
conducta del demandante haya sido contraria al principio de buena
f e o que haya dado origen a una acción u omisión f raudulenta o con
abuso del derecho que benef iciara al demandante. Para el caso en
concreto, el incremento pensional obedeció a una inadecuada
interpretación que realizó el tribunal al momento de fallar y que
propició el exceso del monto en el derecho pensional reconocido y
además la devolución de las sumas no f ue objeto de pretensión por
parte de Pensiones de Antioquia .
38 Doctrinaria y jurisprudencialmente la cosa juzgada formal, existe “cuando han vencido los términos para
instaurar recursos o la resolución de los mismos, es decir, cuando la providencia se encuentra ejecutoriada.
Igualmente, se ha dicho que a pesar de lo anterior, sólo cuando no es posible elevar el recurso extraordinario
de revisión, que cuestionaría la inmutabilidad de la sentencia, surge la cosa juzgada material, pues no
existen posibilidades jurídicas de cuestionar la decisión” Tomado de López Blanco, H.F. Instituciones de
Derecho Procesal Civil Colombiano y Sentencia T-218/12
39 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. Consejero
Ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). SE 65.
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Actor: Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República.
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93. En este orden de ideas, es claro que el reconocimiento
pensional debe mantenerse, pero la liquidación de dicho
reconocimiento debe modif icarse en el sentido de exclu ir la
inclusión del incentivo por antigü edad como f actor base de
liquidación, pues éste no tien e sustento legal, ni ju rispru dencial.
94. Decisión: Se inf irmará parcialmente la sentencia de 28 de julio
de 2014 prof erida por el Tribunal Ad ministrativo de Ant ioquia, Sala
Segunda de Oralidad 40, que conf irmó la decisión de 26 de julio de
2013, dictada por el Juzgado Veintidós Administrativo d e Medellín,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 050013333022201200273 -00/01.
95. En su lugar, se revoca rá parcialmente la sentencia de 26 de
julio de 2013 proferida por el Juzgado Veintidós Administrativo de
Medellín , en cuanto inclu yó el incentivo por antigüedad como f actor
pensional.
3.6. Condena en costas
96. En este caso, considera la Sala que no hay lu gar a la condena
en costas, conf orme con el artícu lo 188 41 del CPACA, por cuanto el
recurso ext raordinario de revisión se declarará parcialmente
f undado. Este hecho releva a esta Sala a realizar la f ijación pues
la normativa que rige sobre el particu lar i mpone su improcedencia
cuando ha prosperado, según se advie rte del numeral 1°, del
artícu lo 365 del CPG 42, aplicable por remisión normativa expresa
del ref erido artículo 188 del CPACA .
40 Con ponencia de la magistrada dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
41 «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».(Negrilla de la Sala)
42
ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
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97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
F ALL A
PRIMERO.- Declarar f undado parcialmente el recurso
extraord inario de revisión interpuesto por Pensiones de Antioquia ,
contra el f allo de 28 de julio de 2 014 prof erid o por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad 43, que
conf irmó la decisión de 26 de julio de 2013, dictada por el Ju zgado
Veintidós Administrativo de Medellín, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado
050013333022201200273 -00/01, de acuerdo con lo señalado en la
parte motiva.
SEGUNDO. En consecuencia, inf irmar parcialmente la sentencia del
28 de julio de 2014 prof erida por el Tribunal A dministrativo de
Antioquia , la cual quedará así
«Primero. Revoca r parcialmente el f allo de 26 de julio de
2013, dictad o por el Juzgado Veintidós Administrativo de
Medellín, dentro del proceso de nulida d y restablecimient o del
derecho con radicado 05001333 3022201200273 -00, en cuanto
inclu yó el incentivo por antigüedad para ef ectos del cálculo
de la prestación pensional.
Segundo: Ordenar a Pensiones de Antioquia que prof iera la
nueva liqu idación de la pensión de jubilación del señor Jorge
Granado Galeano, sin tener en cuenta el incentivo por
antigüedad .
Tercero: Declarar que no hay lugar a disponer la devolución
de las sumas pagadas al señor Jorge Granado Galeano ,
conforme se expresó en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Conf irmar en lo demás, la sentencia apelada. »
TERCERO: M AN TENER en todo lo demás la sentencia del 28
de julio de 2014 prof erid a por el Trib unal Administrativo de
Antioquia .
43 Con ponencia de la magistrada dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
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CU ARTO. En lo demás DECLAR AR INFUND AD A la acción de
revisión promovida por Pensiones de Antioquia en contra del fallo
de 28 de julio de 2014 prof erido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad 44, señalado en el numeral
primero de esta providencia.
QUINTO- Sin condena en costas, conf orme con lo señalado en la
parte motiva.
SEXTO.- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una ve z en f irme esta
providencia DEVUÉLV ASE el e xpediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
veinte (20) enero d e dos mil veintidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
44 Con ponencia de la magistrada dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz.
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