Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00418-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00418-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00418-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2 024)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00418-00 (1013 -2020) (REV)
Accionante: Pe nsiones de Antioquia
Demandado: O maira Obregón García
Tema: Ca usales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar fundada parcialmente la acción
ACCIÓN ESPECI AL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, decide la acción especial de revisión 1 consagrada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 2 presentada por
Pensiones de Antioquia en contra de la sentencia de 10 de
noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado 05001333 302720130043102.
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en
sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-000-2012-00561-
00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 4 de noviembre de 2019 (f. 5), de manera que está regulado
por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión d el inciso 3.º del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
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Accionante: Pensiones de Antioquia
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda 3
2. La señora Omaira Obregón García , por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrad o en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo co ntra Pensiones de Antioquia , con el objetivo de
obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas :
• La nulidad de la Resolución 000229 del 31 de mayo de 2012,
proferida por Pensiones de Antioquia , por medio de la cual se
le negó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos en el último año de
prestación de servicios y del Oficio No.201200078616 de 21
de septiembre de 2012 , expedido por el director de
prestaciones sociales y nómina del departamento de
Antioquia que le negó el pago de los aportes correspondientes
a los factores de salario sobre los que no cotizó seguridad
social.
• A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordene a la demandada a que disponga el pago de los aportes
a pensión correspondiente a los factores que constituyen
salario , esto es, la s primas de navida d, vida cara, vacaciones,
el incentivo por antigüedad y el subsidio de transporte, los
cuales no fueron tenidos en cuenta por el departamento de
Antioquia para liquidar el IBC.
• Como pretensión subsidiaria , solicit ó la reliquidación de la
pensión de vejez a favor de la señora Omaira Obregón García,
teniendo en cuenta el salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio anterior al
3 Visible a folios 51 y s.s. del expediente.
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retiro, esto es entre el 31 de agosto de 2009 y 31 de agosto
de 2010; que se actualizará con base en el IPC desde la fecha
de retiro el 31 de agosto de 201 0, hasta la fecha de
cumplimiento de requisito de edad el 22 de febrero de 2011,
para luego aplicar a esta cifra el 75% que corresponde a la
cuantía inicial de la primera mesada pensional que se
reconocerá a la be neficiaria a pa rtir d e la fecha y hacia f uturo,
con los incrementos de ley.
2.1.2 Hechos relevantes 4
3. La señora Omaira Obregón García prestó sus se rvicios durante
más de 20 años en el sector oficia l, en el periodo comprendido entre
el 10 de mayo de 1977 y el 30 de agosto de 201 0, fecha
inmediatamente anterior a su retiro del servicio y , cumplió los 55
años de edad el 22 de febrero de 2011.
4. Mediante Resolución 000230 de 13 de junio de 2011, Pensiones
de Antioquia le reconoció y ordenó el pago de la pensión con base
en el régimen de transición de la Le y 100 de 1993, a partir del 23
de febrero de 2011 , por un valor eq uivalente al 75% del salario
devengado durante los últimos 10 a ños de servicio anteriores a l
retiro, teniendo en cuenta como factor salarial para su liquidación
únicamente la asignación básica, lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 5.
5. El departamento de Antioquia pagó los aportes a pensión,
teniendo como factor salarial única mente la asignación básica y
desconociendo otros factores que constituyen salario, tal es como
las primas de navidad, vida cara y de vacaciones, el incentivo por
antigüedad y subsidio de trasporte.
4
Visible a folios 51 y s.s. del expediente.
5En la Resolución 000230 de 13 de junio de 2011 visible a folio 40 y s.s. del
expediente, se aprecia que la liquidación se efectuó con el promedio de lo devengado
entre el 11 de julio de 2000 y el 01 de junio de 2010
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2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
6. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados
desconocieron los artículos 2.º , 48 y 53 de la Constitución Política;
los artículos 1 .° y 3.° de la Ley 33 de 1985, modificado este último
por el artículo 1 .° de la Ley 62 de 1985 ; el Decreto 1919 de 2002
en concordancia con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978; los artículo s 22, 36, 272 y
288 de la Ley 100 de 1993 ; los artículos 1.°, 2.°, 3.°,10.° 138, 155,
156, 157, 162 a 167, 189, 183, 192, y 207 de la Ley 1437 de 2011 y
demás normas concordantes.
7. En cuanto al concepto de violación , indicó q ue el acto
demandado desconoció lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 33
de 1985, de acuerdo con el cual su pensión de vejez debió
liquidarse con el 75% de lo devengado durante el último año de
servicio . Así mism o, señaló que en atención a la Ley 62 de 1985, que
modificó la precitada norma, para efectos de liquidar la pensión
debió tenerse en cuenta la totalida d de los factores salariales .
2.1.4. Sentencia de primera instancia 6
8. El Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Medellín , mediante
providencia de 27 de noviembre de 2015, declaró la nulidad parcial
del acto acusado y concedió parcialmente las súplicas de la
demanda.
9. Para tal efecto, señaló que la accionante era beneficiaria del
régimen de transición contenido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y que, de acuerdo con dicha disposición, las pensiones de quienes
cumplan con los re quisitos establecid os en el artículo 1 . ° de la Ley
33 de 1985 deben liquidarse de conformidad con lo establecido en
el inciso final del p recitado artículo 36. A su vez, i ndicó que, según
6 Folios 71 y s.s. del expediente
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esta norma , la liquidación debió efectuarse de conformidad con l a
Ley 33 de 1985, por resultar más benéfica para la demandante.
10. A dicha conclusión arribó luego de advertir que la accionante
nació el 22 de febrero de 1956, por lo que el 30 de junio de 1995,
fecha en la cual entró en vigencia la L ey 100 de 1993, contaba con
39 años de edad. Así mismo encontró acreditado qu e la señora
Obregón García laboró en el departamento de Antioquia , desde el
10 de mayo de 1977 al 20 de agosto de 1985 y desde el 27 de julio
de 1990 hasta el 30 de agosto de 2010 , por lo que contaba con 28
años y 130 días de servicio .
11. En consecuencia, estimó que las pretensiones de la demanda
estaban llamadas a prosperar, con lo cual, declaró la nulidad parcial
del acto atacado y ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, es decir, en un
porcentaje del 75% d el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, incluyendo la totalidad
de los factores salariales devengados durante dicho año . Sin
embargo, el A quo no se pronunció sobre la indexación solicitada .
2.1.5. Recurso de apelación 7
12. Inconforme con la anterior decisió n, la apoderada de la entidad
demandada interp uso recurso de ap elación, en el que indicó que
de acuerdo a l régimen de transición establecido en el inciso 3.° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la pensión debe reconocerse
teniendo en cuenta la edad, tiempo de servicio y monto pensional
del sistema anterior, sin embargo, para efectos de determinar el
IBL, debió tenerse en cuenta lo dispuesto el artículo 21 de la misma
ley, porque le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho y
en tal sentido, debió tener en cuenta los factores dispue stos en los
Decretos1058 de 1994 y 1168 de 1995.
7 Según se indica en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
de 10 de octubre de 2012. (Ff. 142 y s.s. Cdno. 1) .
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13. El apoderado de la accionante recurrió la decisión de primera
instancia y señaló que, aunque estaba de acuerdo con la decisión
de incluir todos los factores salariales devengados durante el último
año se servicio, se omitió señalar que dicho promedio debe
efectuarse con IPC causado entre la fecha de retiro del servicio y
la fecha de cumplimiento de la edad, lo que implica una indexación
de la primera mesada pensional.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión
14. El Tribunal Administrativo de Antioquia, dictó sentencia de
segunda instancia el 10 de noviembre de 2017 8, en la cual , modificó
los numerales tercero y quinto, adicionó y confirmó en lo demás la
providencia proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo del
Circu ito Judicial de Medellín el 27 de noviembre de 2015, con los
siguientes argumentos:
15. En primer lugar, estimó que la pensión de vejez de la
demandante debió liquidarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, es decir, con el eq uivalente al
75% del salario pro medio de lo devengado durante el último año de
servicio y no como lo contempla el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
16. Frente a los factores que deben tenerse en cuenta para la
liquidación de la pensión, indicó que deb ían incluirse todos los
conceptos de remuneración que se pudieran calificar co mo factores
salariales de ley, lo anterior, de acu erdo con la sentencia de 4 de
agosto de 2010 proferida por esta Corporación, en la que se
concluyó que, para determinar la cuant ía de las pensiones de los
servidores público s se debe tener en cuenta todos los factores que
constituyen salario.
8 Aportada a folios 178 y s.s. del expediente.
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17. Advirtió que, de acuerdo con el acervo probatorio, durante el
año anterior a su retiro la señora Obregón García devengó, además
de la asignación básica, las primas de navidad , de vacaciones, de
vida cara, el ince ntivo por antigüedad y el subsidio de transporte,
y que, como la prima de navidad, de vacaciones, el subsidio de
trasporte y el ince ntivo por antigüedad se encuentran consagrados
en el Decreto 1045 de 1978 deben estimarse como factores
salariales para el reconocimiento de la pensión . Sin embargo,
excluyó la prima de vida cara al considerarla extralegal.
18. De otra parte, aclaró que, como la demandante adquirió el
estatus pensional el 22 de febrero de 2011, pero el año base de
liquidación era el comprendido entre el 31 de agosto de 2009 y el
30 de agosto de 2010, debía indexarse la primera mesada
pensiona l.
19. Finalmente , autorizó a Pensiones de An tioquia a efectuar los
descuentos correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión se orde nó sobre los cuales no se haya efectuado la
deducción en debida forma.
2.1.7. La acción especial de revisión 9
20. Pensiones de Antioquia invocó como causales de revisión las
consagradas en los literales a) y b ) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud
de revisión contra acuerdos conciliat orios o providencia s judiciales
que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimie nto se haya obtenido con violación al
debido proceso.
9 Folios 1. ° y s.s. del expediente.
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables.
23. Como pretensiones de la acción de revisión, so licitó, en
síntesis, lo siguien te:
(i) Revocar la sentencia de 10 de noviembre de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso
ordinario de nulid ad y restablecimiento del derecho instaurado
por Omaira Obre gón García contra Pensiones de Antioquia ,
radicado 050013333027201300431 02 que confirmó parcialmente
el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Veintisiete
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín de 27 de
noviembre de 2015.
(ii) Declarar que a la señora Omaira Obregón García no le asiste
el derecho a que se reliquide su pensión.
21. Para fundamentar ambas causales de revisión Pensiones de
Antioquia sostuvo que la señora Obregón García no tenía derecho
a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria
del régimen de transición establecid o en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con
lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y con los factores de cotización establecidos taxativamente en los
Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.
22. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las
providencias de la Corte Constitucional, C -168 de 1995, C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 .
23. De otra parte, señaló que la pensión reconocida excedía lo
debido de acuerdo a la ley , pues se incluyeron factores salariales
de otras disposiciones ya derogadas por la Ley 100 de 1993. Indicó
que el Tribunal Ad ministrativo de Antioquia incluyó un in centivo por
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antigüedad , que es de origen territo rial confundiéndolo los
incrementos salariales por antigüedad del Decreto 1045 de 1978.
2.1.8. Contestación
24. La señora Omaira Obregón García fue notificada personalmente
de la admisión de la acción de revisión el 27 de agosto de 2021 ,
como se advierte en el índice 11 del expediente digital disponible
en Samai. Sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno.
III. CONSIDERACI ONES
3.1. Competencia
25. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recu rso de revisión del epígrafe,
de conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció
que cuando se trate de sentencias proferidas por l os Tribunales
Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia.
3.2. Oportunidad
26. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo», no obstante, la Corte Const itucional en la
sentencia C -835 de 2003 10, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
10 E nla sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de
revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo
funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro
del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo , o
dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en
todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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«[ …] Consecuent em ent e, la sol icit ud de r evisión que est ab l ece el
ar t í culo 20 acusado deber á f or m ular la el r espect ivo f uncionar io, de
acuer do con la j ur isdicció n que envuelv a al act o adm inist r at ivo,
dent r o del t ér m ino est ablecido e n el ar t í culo 187 del Códig o
Cont encioso A dm ini st r at ivo , o dent r o del t ér m ino pr evist o en el
ar t í culo 32 de la ley 712 de 2001. Tér m in os que en t odo caso t ienen
f uer za vinculant e a par t ir de est e f allo [ .. . ] ».
27. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que la solicitud de revisió n fue presentada en vigencia
de la misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla
general, debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem pre cisó lo siguiente:
«[ …] En los casos pr evist os en el art ículo 20 de la Ley 797 de
2003, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años
sigui ent es a la ej ecut or ia de la pr ovide ncia j udic ial o en l os casos
de que ella no se requier a, den t r o del m ism o t ér m ino contado a
par t ir del per f eccionam ient o del a cuer do t r ansaccional o
concil iat or io [ …] ».
28. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se
presentó en tiempo, toda vez que, la decisión judicia l cuestionada
fue proferida el 10 de noviembre 2017 por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia y si bie n no se aportó constancia de
ejecutoria, se advierte que la solicitud de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 4 de diciembre de 2019 . 11
3.3. Problema jurídico
29. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 10 de
noviembre de 2017, proferida por e l Tribunal Administrativo de
Antioquia, incurrió en las causales de revisión previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a
11 F l . 5 del expediente
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Pensiones de Antioquia , a reliquidar la pensión de jubilación de la
señora Omaira Obregón García con el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio , incluyendo
la totalidad de los factores salariales de ley devengados durante
dicho periodo , como lo son, la prima de navidad, la prima de
vacaciones , incentivo por antigüedad y subsidio de transporte .
30. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales
mencionadas, relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para luego verificar si procede infirmar la decisión judicial
cuestionada .
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas
en los literales a) y b) del artículo 2 0 de la Ley 797 de 2003 .
31. La acción especial de revisión es un medio que permite
impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y
cuando se configuren, de manera expresa, las causales señaladas
en el artículo 250 del CPACA 12 (antes artículo 188 del CCA),
situación que es posible entenderse como una de las excepciones
12 A r t í c u l o
250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1 . H a b e r s e e n c o n t r a d o o r e c o b r a d o d e s p u é s d e d i c t a d a l a s e n t e n c i a d o c u m e n t os
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constitu ya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
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Accionante: Pensiones de Antioquia
al principio de la cosa juzgada 13, que se aplica exclusivamente a
aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción
de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden subsistir
por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del
proceso.
32. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considerada precisamente como una acción especial 14,
con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimaci ón en
la causa por act iva. De esta manera, se estableció para controvertir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarres tar los
casos de corrupción en esta materia 15 y para ejercerla se requiere
de un solicitante calificado 16, que a su vez es un tercero que no
intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
13Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentenci a de veintidós (22)
de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-2004-05294-
01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría
Nacional del Estado Civil.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adm inistrativo. Sección Segunda.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión
social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cor tés « […] En
este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el
procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea
equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la “ acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se
concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso
ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto
de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del
sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda –
Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Góme z. Bogotá, D. C. diez
(10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01.
Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y Restableci miento
del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
16Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio
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Accionante: Pensiones de Antioquia
33. En este sentido, el artículo 20 d e la Ley 797 de 200 3 17 facultó
al Gobierno para que, por conducto del Ministe rio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, soliciten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.
34. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del
Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 18 el Gobierno Nacional
delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
35. Las causales alegadas por Pensiones de Antioquia son las
contempladas en los literales a) y b ) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, norma que señala:
« a) Cuando el r econ ocim ient o se haya o bt enido con vio laci ó n al debido
pr oceso, y
b) Cuando la cuant í a del d er echo r eco nocido exc edier e lo debido de
acuer do con la ley, pact o o convención colect iva que le er an legalm ent e
aplic ables ».
de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante:
U n i d a d A d m i n i s t r a t i v a E s p e c i a l d e G e s t i ó n P e n s i o n a l y C o n t r i b u c i o n e s P a r a f i s c a l es
de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite
acción de revisión.
17Por la cual se reforman algunas dis posiciones del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes
Pensionales exceptuados y especiales
18Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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3.5.1. En cuanto a la causal del lite ral a) del artícul o 20 de la
Ley 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con viol ación al debido proceso».
36. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de
naturaleza pública con violación del debido proceso. En relación
con esta causal, es claro que la part e interesada debe promover la
acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales
estructura su petición.
37.En este caso, Pensiones de Ant ioquia cuestiona la sentencia de
27 de noviembre de 2017, proferida el Tribunal Administrativo de
Antioquia, a través de la cual se confirmó la orden de reliquidación
pensional a favor de la señora Omaira Obregón García, para lo cual
se fundamentó en la violación al debido proceso, toda vez que en
su parecer la pensión debió determinarse conforme lo disponen las
Leyes 33 y 62 de 1985.
38.Al respecto, la Sala precisa que e l derecho fundamental al
debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad -
libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista
en favor de las partes y de los t erceros interesad os en una
actuación administrativa o judicial.
39. Según la citada norma, el debido proceso comprende
fundamentalmente tres grandes garantías:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las fo rmas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales
dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa.
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iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produ zca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in idem .
40. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la
Pensiones de Antioquia para fundamentar el cargo de violación del
derecho fundamental al debido proceso, se refieren al
desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.
41. Por el contrario, los argume ntos esbozados por la entidad están
dirigidos a cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal
Administrativo d e Antioquia en relación a la aplicación del régimen
de transición cont enido en la Ley 100 de 1993 , asunto que no
guarda relación co n la v iolación al de bido proceso, pues no se alega
el desconocimiento al juez natural o competente, ni que se
ignoraron las normas procesales correspondientes o que se omitió
algún aspecto del derecho de audiencia y defensa en los términos
ya indicados . En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel
planteamiento bajo la causal contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 .
3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
42. Esta causal h a sido considerad a jurisp rudencialmente 19 como
un instrumento que persigue fortalecer el principio de la moralidad
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
D e c i s i ó n N ° 4 . C o n s e j e r a P o n e n t e : L u c y J e a n n e t t e B e r m ú d e z B e r m ú d e z . S e n t e n c ia
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administrativa 20 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han efectuado en exceso y que afectan los principios
filosóficos que orientan el Sistema General de Pension es 21, en
especial, el princip io de solidaridad 22 y equilibrio financiero.
43. Frente a esta causal, el apoderad o de Pensiones de Antioquia
estimó que es errónea la interpretación efectuada por el Ad quem,
frente al régimen de transición de la L ey 100 de 1993 y su aplicación
al caso de la señora Omaira Obregón García, quien es beneficiaria
del régimen de transición contenido en el art ículo 36 de la precitada
ley, pues nació el 22 de febrero de 1956, y para el 30 de junio de
1995, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba
con 39 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen
las prerrogativas de la transición según las cuales , se le debe
liquidar la pensión con el promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta p ara adquirir
el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales
cotizó y que se encuentran contenido s en el Decreto 1158 de 1994
y 1068 de 1995.
44.Así mismo, el recurrente señaló que la señora Obregón García
no tenía derecho ordenó la inclusió n del incentivo de antigüedad
para efectos de liquidar la pensión, por tratarse de un factor de
origen territo rial.
45.Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los
supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente
encuadran en dentro del contenido en ella dispuesto por el
de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001 -03-15-000-
2016-02022-00.
20 A r t í c u l o
209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la
Ley 489 de 1998.
21Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad,
inmediación, comprensividad y progresión racional.
22 R a t i o o razón de ser de la seguridad social.
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legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fo ndo del asunto
planteado.
46.La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la
acción se encuentra la afectación al patrimonio público, pues se
indicó que existe un aumento porcentual del 64.20% en el monto en
que se reconoció la pensión de la d emandante respecto del que
debió liquidarse .
47.Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la
presunta afectación al patrimonio público, la parte accionante
puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión
deprecada, de ahí q ue se examinará, si en el caso concreto, se
configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión
desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la indebida
aplicación del precedent e jurisprudencial.
3.5.2.2. Caso concreto
48.Para la Sala, esta causal se encuentra configurada parcialmente
en el presente asunto por los siguientes motivos:
49. En primer lugar, es necesario pre cisar que en este caso no se
discute que a la señora Omaira Obregón García le sea aplicable el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , tal como lo señaló
Pensiones de Antioquia en la solicitud de revisión y las providencias
judiciales cuestion adas.
50. Revisado el expediente se observa que la pensionada nació el
22 de febrero de 1956 como lo indica la copia de la cédula de
ciudadanía, que obra a folio 45 del cuaderno principal.
51. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró en el
departamento de Antioquia como secretaria de gobierno desde el
10 de mayo de 1977 hasta el 20 de agosto de 1985 y como
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profesional especializado de la Secretaría de Hacienda, desde el
27 de julio de 1990 hasta 15 de agosto de 2010 , según el certificado
de información laboral expedido por la Gobernación de Antioquia de
18 de agosto de 2010, visible a folio 18 del cuaderno principal.
52. De lo anterior se concluye que el 30 de junio de 1995 , fecha en
la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores
del nivel territoria l, la señora Obregón García tenía 14 años, 9
meses y 13 días de servicio y 39 años de edad.
53. Adicionalmente la reliquidación d e la pensión ordenada en las
sentencias objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el
sistema pensional anterior, en virtud del régimen de transición del
que es beneficiaria la señora Omaira Obregón García, bajo los
parámetros fijados por la ju risprude ncia unificada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se
definió el proceso judicial ( noviembre de 2017), esto es con el 75%
del promedio de los factores devengados durante el último año de
servicios (2009-2010), en los términos de la Ley 33 de 1985, que
consisten en: el salario básico, la p rima de navidad, la prima de
vacaciones, el ince ntivo por antigüedad y el subsidio de t ransporte .
54.Tales factores fueron efectivamente devengados por la señora
Omaira Obregón García durante el citado interregno, tal como se
advierte al verif icar la certif icación expedida por la Dirección de
Personal de la Gobernación de Antioquia, que obra a folios 119 y
120 del expediente .
55.Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda el 4 de agosto de 2010 así se refirió al tema:
« [… ] l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 c re ó u n ré g i m en d e tra n s i c i ó n , q u e h a s i d o
e n te n d i d o c om o u n b e n e fi c i o c o n s a g ra do e n fa v o r d e l a s p e rs o n a s q u e
c u m pl a n d e te rm i n ado s re q u i s i to s , p a ra q u e a l e n tra r e n v i ge n c i a la
n u e v a l e y , e n l o q ue a ta ñ e a l a e d a d , ti e mp o d e s e rv i c i o o n úme ro d e
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s e m an a s c o ti z a d as y m o n to d e l a p e n si ón , s e s i g a n ri g ie n d o p o r l o
e s ta b l e c i d o e n e l ré gi m en a n te ri o r a l c u a l s e e n c o n tra b a n a fi l i ad o s .
T e n i e nd o e n c u e n ta la s p ru e b a s a l le g a d as a l e x p e d i en te , s e a c re d i tó
q u e a l 1 ° d e a b ri l d e 1 9 9 4 e l a c to r t e n ía m á s d e 4 0 a ñ o s d e e d a d , p o r
l o c u a l s e e n c u e n t ra d e n tro d e l a s p re v i s i o n e s d e l ré g im e n d e
tra n s i c i ó n d e l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 .
E n c o n c l u si ó n , l a n o rm a ti v id a d a p li c a b le e n e s te c a s o p a ra e fe c to s d e
d e te rm i n a r l os re q u i s i to s d e e d ad , ti e m p o d e s e rvic i o s y ,
e s p e c i alm e n te , c u a n t ía d e l a p e n s i ó n d e j u b i l a ci ó n , s o n l a s L e y e s 3 3
y 62 de 1985.
(… )
E n a ra s d e g a ra n ti z a r l o s p ri n c i p i o s d e i gu a l d a d m a te ri a l , p ri ma c ía d e
l a re a l i d a d s o b re l a s fo rm a l id a d e s y fa v o r a b i li d a d e n m a te ri a l a b o ra l ,
l a S a l a , p re v i o s de b a te s s u rti d o s c o n a p o y o e n a n te c e d e n te s
h i s tó ri c o s , n o rm a ti v os y j u ri s p ru d e n c i al es , a tra v é s d e l a p r e s e n te
s e n te n c i a d e u ni fi c a ci ó n a rri b a a l a co n c l us i ó n q u e la L e y 3 3 de 1 9 8 5
n o i n d i c a e n fo rm a t a x a ti v a l o s fa c to re s s a l a ri a le s q u e c o n fo rm a n l a
b a s e d e l i q u i da c i ó n pe n s i o n al , s i n o q u e l o s m i sm o s e s tá n s i mp le m e n te
e n u n c i a do s y n o im pid e n l a i nc l u si ó n d e otro s c o n c e p to s d e v e ng a d o s
p o r e l tra b a j a d o r d u r a n te e l ú l ti m o a ñ o d e p re s ta c i ó n d e s e rv i c i o s .
E s ta d e c i s i ó n e n c u e ntra c o n s o n a n c i a c o n l a s e n te n c i a d e 9 d e j u l i o d e
2 0 0 9 , p ro fe ri d a p o r l a S e c c i ó n S eg u n d a de e s ta C o rp o ra c i ó n » .
56. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, fijó reglas y subr eglas jurisprudenciales,
providencia que constituye un precedente vinculante y obligatorio
en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con
efectos retrospectivos «[…] a todo s los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio d e seguridad jurídica, resultan
inmodificables».
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57.La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:
« E l In g re s o B a s e d e L i q u i da c i ó n d e l i n ci so te rc e ro d e l a r tíc u l o 3 6 d e
l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 ha c e p a rte d e l ré g i men d e tra n s i c i ó n p a ra a q u e l la s
p e rs o n a s b e n e fi c i a ri as d e l m i smo q u e s e p e n s i o n e n c o n l o s re q u i s i to s
d e e d a d , ti e m p o y ta s a d e re e m p l az o d e l rég i me n g e n e ra l d e p e ns i o n e s
p re v i s to e n l a L e y 3 3 d e 1 9 8 5 .» .
58. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para
liquidar las pensio nes de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
« - S i fa l ta re m e n o s d e d i e z (1 0 ) a ñ o s pa ra a d q u i ri r e l d e re ch o a l a
p e n s i ó n , e l i n g re s o b a s e d e l i q u i d a ci ó n s e rá (i ) e l p ro m e d i o d e l o
d e v e n g a d o e n e l ti e m p o q u e l e s h i c i e re fa l t a p a ra e l l o , o (i i ) e l c o ti z a d o
d u ra n te to d o e l ti e m p o , e l q u e fu e re s u p e ri o r, a c tu a l i z a d o a n u al m en te
c o n b a s e e n l a v a ri a c i ó n d e l Ín d i c e d e P re c i o s a l c o n s um id o r, s e g ú n
c e rti fi c a c i ó n q u e e x p id a e l D AN E .
• S i fa l ta re m á s d e d i e z (1 0 ) a ñ o s , e l i n g re s o b a s e d e l i q u i d a c i ón s e rá
e l p ro m e d i o d e l o s s a l a ri o s o re n ta s s o b r e l o s c u a l e s h a c o ti z a d o e l
a fi l i a d o d u ra n te l o s d i e z (1 0 ) a ñ o s a n te ri o re s a l re c o n o c i mi e n to d e l a
p e n s i ó n , a c tu a li z a d os a n u a lm e n te c o n b as e e n l a v a ri ac i ó n del ín d i c e
d e p re c i o s a l c o n s umi d o r, s e g ú n c e rti fi c a c i ó n q u e e x p i d a e l D AN E .» .
59. La segunda, determina «que los factores salariales que se
deben incluir en e l IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».
60. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe
un criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley 1 00 de 1993
distinto al que existía en el momento de decidir la co ntroversia
resuelta a través de la sentencia de 10 de noviembre de 2017, lo
cierto es que no se puede entender que el reconocimiento se haya
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realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de
1985 de conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 2010.
61. En ese orden de ideas, se recue rda que la sentencia de 28
de agosto de 2018 señaló que las reglas allí contenidas solo se
habrían de aplicar a asuntos pendientes de resolver, y que no
operan respecto de situaciones definidas que hicieron tránsito a
la cosa juzgad a, tal y como ocurrió en este caso 23.
62. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las
sentencias de la Corte Constitucion al C -168 de 1995, C -258 de
2013 y SU-230 de 2015, se advierte que, la sentencia que se revisa,
proferida el 10 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo
del Antioquia , si bien no hizo referencia a la s sentencias de la Corte
C- 258 de 2013 y SU - 230 de 2015, dictadas con anterioridad,
empero justificó su decisión acogiendo el precedente de esta
Corporació n establecido el 4 de agosto de 2010.
63. Tal como lo señaló esa Corporación, el cambio jurisprudencial
solo ocurrió, cuando se profirió la sentencia de unificación de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de 28 de agosto de 2018, dictada dentro del proceso radicado
52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del consejero
César Palomino Cortés.
64. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso
no se configura la causal prevista en el literal b) del artí culo 20 de
la Ley 797 de 2003, frente al argum ento del desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en las sentencias C- 258 de
2013 y SU- 230 de 2015.
23
Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001 -23-33-
000-2016-02626-01 (3138-2020)]
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65. Por otra part e, Pensiones de Antioquia advirtió que, en la
sentencia objeto de revisión , el Tribunal Administrativo de Antioquia
ordenó la inclusión de l incentivo de a ntigüedad , que es un factor de
origen territorial, para efectos de liquidar la pensión,
confundiéndolo los incrementos salariales por antigüedad
establecidos en el Decreto 1045 de 1978.
66. Para la Sala, en este caso, el Tribunal Administrativo de
Antioquia debió analizar la naturaleza del incentivo por antigüedad
percibido por la pensionada durante su vinculación laboral, toda vez
que hacía parte de la discusión de la correcta liquidación pensional
que debía aplicarse a su caso, de acuerdo con el régimen
correspondiente.
67. De acuerdo con ello, un punto de la discusión era verifica r la
naturaleza jurídica de los factores devengados por la señora
Obregón García, es decir, sí correspondían verdaderamente a l os
enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 o en el
Decreto 1158 de 1994, para determinar si podía ser incluido en la
liquidación pensional, de acuerdo con la posición jurídica que
adoptara el Tribunal.
68.Sin embargo, el Tribunal Administrat ivo de Antioquia ordenó la
inclusión del incentivo por antigüedad en la liquidación pensional
sin entrar a analizar su naturaleza jurídica lo cual era necesario en
tratándose de una empleada del sector territorial para certificar si
verdaderamente hacia p arte de los factores del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 o del Decreto 1158 de 1994, como tampoco
citó algún precedente que permitiera ordenar la inclusión de
factores extralegales en el reconocimiento pensional a efectos de
fundamentar su decisión .
69. Ahora bien, sobre este tema, es de recordar que en esta
Corporación cursó el proceso de nulidad radicado 05001 -23-31-
000-2008-00557 -01(0456-11), en el que a través de sentencia de 2
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de octubre de 2014 se declaró la nulidad de la ordenanza que
regulaba el incentivo por antigüedad de los servidores del
departamento de Antioquia, por encontrar que estaba afectado por
falta de competencia.
70. Igualmente es de indicar que, a través de providencia de l 22 de
enero de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00 (4357-2019)
proferida por esta Subsección , en un caso de simila res contornos
fácticos, igualmente se negó la inclusión del incentivo de
antigüedad como factor salaria l con base en la sentencia de 2 de
octubre de 2014 24 en la que se revisó la naturaleza del incentivo y
se concluyó que el mismo era de carácter extralegal .
71. De acuerdo con dicha providencia el incentivo por antigüedad
se trató de un emolumento extralegal, por lo que, si el Tribunal
estimaba que debía incluirse en la liquidación pensional, debió
analizar su naturaleza y just ificar su posición cita ndo algún
precedente jurisprudencial que permitiera avalar esa de cisión.
72. De acuerdo con lo anterior , es evidente que en este caso se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, frente al argumento de inclusión del incentivo por
antigüedad en la pensión de la señora Omaira Obregón García , pero
no así frente al argu mento de desconocimiento de las sentencias
de la Corte Constitucional.
73. En ese sentido, el reconocimiento pensional debe mantenerse,
pero la liquidación de dicho reconocimiento debe modificarse en el
sentido de excluir la inclusión del in centivo por antigüedad como
factor base de liq uidación, pues éste no tiene sustento legal, ni
jurisprudencial.
24
Radicado 05001 -23-31-000-2008-00557-01(0456-11), con ponencia del consejero
Gerardo Arenas Monsalve.
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74. Finalmente , advierte la Sala que, en el escrito de la demanda,
Pensiones de Antioquia no solicitó la devolución de los dineros
pagados en exceso a la pensionada, razón por la cual esta
Corporación se abstendrá de pronunciarse al respecto.
75. Decisión: Se infirmará parcialmente la sentencia de 10 de
noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que confirmó parcialmente la decisión de 27 de
noviembre de 2015, dictada por el Juzgado Veintisiete
Administrativo Ora l de Medellín, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado
0500133330272013004 31-01/02
76. En su lugar, se revocará parcialmente la sentencia en cuanto
incluyó el incentivo por antigüedad como factor pensional.
3.6. Condena en costas
77. En este caso, considera la Sala que no hay lugar a la condena
en costas, conforme con el artículo 188 del CPACA, por cuanto la
acción especial de revisión se declara rá parcialmente fundad a. Este
hecho releva a esta Sala a realizar la fijación pues la norma tiva que
rige sobre el particular impone su improcedencia cuando ha
prosperado, según se advierte del nu meral 1. °, del artículo 365 del
CPG, aplicable por remisión normativa expresa del referido artículo
188 del CPACA.
78. En mérito de lo expuesto, el C onsejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO. – DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la acción
especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 10 de
noviembre de 2017, proferida en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm.
05001333302720130043102, que confirmó parcialmente la
sentencia de 27 de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado
Veintisiete Administrativo Ora l de Medellín, de acuerdo con lo
señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - En consecuencia, infirmar parcialmente la se ntencia
del 10 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por lo q ue se modificará su numeral
primero, sólo en cuanto modificó el numeral tercero de la sentencia
de 27 de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado Veintisiete
Administrativo del Circu ito de Medellín, que quedará así:
«PRI M ERO : Se m odif ican los num er al es t ercero y quint o de la
sent encia pr of er ida el 27 de nov iem br e de 2015, pr of er ida por el
Juzgado Ve int isi et e Adm inist r at ivo de l Cir cuit o de M ede llí n, los
cuales quedar án así :
“TERC ERO : Condenar a Pensiones de Ant ioquia a ef ect uar la
r eliqu idac ión de la pensión de vejez r eco nocida a O m air a O bregón
G ar cí a , con la incl usión , de la asign ación básic a y t odos los
f act or es legales como lo son las pr im as de navidad, de vacaciones
y el subsidio de t r anspor t e devengados por la dem andant e dur ant e
el últ im o año de ser vicios , t al com o se expuso en la par t e m ot iva
de la sent encia” . ».
TERCERO. - MANTENER en todo lo demás la sentencia del 10 de
noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
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CUARTO: En lo demás DECLARAR INFUNDADA la acción de
revisión promovida por Pensiones de Antioquia en contra del fallo
de 10 de noviembre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad , señalada en el numeral
primero de esta providencia.
QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.
SEXTO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una vez en firme esta
providencia DEVUÉLVASE el exp ediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQ UE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAE L FRANCIS CO SUÁREZ V ARGAS
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través
de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes d el Código General del Proceso.
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