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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00426-00

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00426-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 31 de octubre de 2014, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 05001333100420110054400 y adicionada mediante auto de 11 de febrero de 2015, que confirmó parcialmente la sentencia de 20 de marzo de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - En consecuencia, infirmar parcialmente la sentencia del 31 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, adicionada mediante auto de 11 de febrero de 2015. En consecuencia, se modificará el 835 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020) Accionante: Pensiones de Antioquia numeral primero del auto de 11 de febrero de 2015, en cuanto modificó el numeral cuarto de la sentencia de 31 de octubre de 2014, que quedará así: «PRIMERO: Se aclara el numeral 4.° de la sentencia de N.228 AP de 31 de octubre de 2014, el cual queda del siguiente tenor: “4. ° A título de restablecimiento del derecho, se ordena a PENSIONES DE ANTIOQUIA reliquidar la pensión ordinaria del señor FRANCISCO SOLANO JARAMILLO MUÑOZ, con la inclusión de todos los factores que habitual y periódicamente recibió el empleado como retribución por sus servicios prestados en el año anterior al estatus de pensionado (27 de diciembre de 2005 a 27 de diciembre de 2006). Estos son las primas de vacaciones, navidad, subsidio de transporte y horas extras. TERCERO. - MANTENER en todo lo demás la sentencia del 31 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. CUARTO. - SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones señaladas. QUINTO- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00426-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020) (REV)
Accionante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Francisco Solano Jaramillo Muñoz
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración

Decisión: Declara parcialmente fundada la acción.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por Pensiones de Antioquia - en contra de la sentencia de 31 de
octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia3 dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
0500133310042011005440.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial4

2.1.1. La demanda

2. El señor Francisco Solano Jaramillo Muñoz por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo
contra Pensiones de Antioquia con el objetivo de obtener, en síntesis, las
siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 17 de febrero de 2020.

4 Según se indica en la sentencia de primera instancia, obrante a folio 21 y siguientes del cuaderno principal.

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• La nulidad parcial de la Resolución 144 del 20 de febrero de 2007,
proferida por Pensiones de Antioquia, por medio de la cual se concedió
una pensión de jubilación al señor Jaramillo Muñoz.
• La nulidad de las Resoluciones 358 de 10 de mayo de 2007 y 6786 de 14
de abril de 2011 a través de las cuales se negó la reliquidación de la
pensión de jubilación.
• A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la demandada
a que reliquide y pague la pensión de jubilación con la inclusión de todos
los factores salariales percibidos en el último año de prestación de
servicios, y las mesadas causadas desde el día en que cumplió los
requisitos para obtener la prestación.
• Así mismo, solicitó que se ordene a la demandada dar cumplimiento al
fallo de conformidad con los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

2.1.2 Hechos relevantes 5

3.El señor Francisco Solano Jaramillo Muñoz prestó sus servicios en el
departamento de Antioquia desde el 5 de abril de 1984 hasta el 25 de diciembre
de 2006.

4. Mediante Resolución 144 de 20 de febrero de 2007, Pensiones de Antioquia
le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a partir del retiro del servicio,
esto es desde el 27 de diciembre de 2006, con base en el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de febrero de 2011, por un valor equivalente
al 75% del salario devengado durante los últimos 10 años de servicio anteriores
al retiro, teniendo en cuenta como factor salarial para su liquidación únicamente
los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y 1068 de 1995.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación6

5. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron
los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 53, y 58 de la Constitución Política; las Leyes 54
de 1962 la 33 de 1985, y 62 de 1985; el Decreto 1919 de 2002; el Decreto 1045
de 1978 y la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 proferida por el

5 De acuerdo a con la sentencia de primera instancia Visible a folios 51 y s.s. del expediente.

6 De acuerdo a con la sentencia de primera instancia Visible a folios 51 y s.s. del expediente.
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Consejo de Estado y la circular 054 de 3 de noviembre de 2010 expedida por el
Procurador General de la Nación.

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado
desconoció lo dispuesto en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, de acuerdo con
el cual su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante
el último año de servicio. Así mismo, señaló que en atención a la Ley 62 de 1985,
que modificó la precitada norma, para efectos de liquidar la pensión debió tenerse
en cuenta la totalidad de los factores salariales.

2.1.4. Sentencia de primera instancia7

7. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
providencia de 20 de marzo de 2012, declaró probada la excepción de cosa
juzgada formulada por la entidad demandada.

8. Para tal efecto, señaló que en el expediente reposaba sentencia de primera
instancia de 18 de julio de 2008 en la que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito
de Medellín declaró que al demandante le asistía derecho al reajuste de la
pensión de vejez en aplicación integral del artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985 por
resultar más favorable.

9. Estimó que entre el proceso tramitado por el Juzgado Catorce Laboral y el
proceso tramitado en este juzgado existía identidad de partes y de objeto, por lo
cual declaró probada la excepción de cosa juzgada y negó las pretensiones de
la demanda.

2.1.5. Recurso de apelación8

10. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la parte demandante
interpuso recurso de apelación, en el que señaló que a pesar de que en el fallo
proferido por Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín se concedieron
las pretensiones de la demanda, dicha decisión fue revocada por el Tribunal
Superior de Medellín – Sala Laboral, y en esta instancia se ordenó la reliquidación

7 Folios 11 y s.s. del expediente

8 Según se indica en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia de 31 de octubre de

2014. (Folio. 59 del expediente).
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de la pensión teniendo en cuenta los últimos 10 años de servicio sin incluir la
totalidad de los factores devengados.

11. Indicó que, en materia pensional, la ley le otorga al demandante el derecho a
solicitar cuantas veces sea necesario la revisión de su pensión cuando existan
motivos que lo ameriten, sin que por ello exista cosa juzgada.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión9

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, dictó sentencia de segunda instancia
el 31 de octubre de 2014, y esta fue adicionada a través de auto de 11 de febrero
de 2015, 10 en la cual, revocó la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín el 20 de marzo de 2012, con los
siguientes argumentos:

13. En primer lugar, señaló que no se encontraba configurada la excepción de
cosa juzgada pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
competencia para establecer la legalidad de los actos administrativos está en
cabeza de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y, por tanto, el fin de este
proceso es desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

14.De otra parte estimó que la pensión de vejez del demandante debió liquidarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, es decir,
con el equivalente al 75% del salario promedio de lo devengado durante el último
año de servicio, lo anterior, en aplicación del principio de favorabilidad.

15. Frente a los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la
pensión, indicó que debían incluirse todos los conceptos de remuneración que se
pudieran calificar como factores salariales de ley, lo anterior, de acuerdo con la
sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por esta Corporación, en la que se
concluyó que, para determinar la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos se debe tener en cuenta todos los factores que constituyen salario.

16. Advirtió que, de acuerdo con el acervo probatorio, durante el año anterior a
su retiro el señor Jaramillo Muñoz devengó, además de la asignación básica, las

9
Folios 59 y s.s. del expediente.

10
Folios 74 y s.s. del expediente.
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primas de navidad, de vacaciones, la bonificación por antigüedad, el subsidio de
transporte y las horas extras, por los que estos debían ser tenidos en cuenta para
efectos de liquidar la pensión. Sin embargo, indicó que, aunque el demandante
devengó la “prima de vida cara” este factor no debía tenerse en cuenta para la
liquidación de la pensión por considerarla extralegal.

17. En ese orden, en el numeral 4. ° sentencia de 31 de octubre de 2014 la
Corporación ordenó la reliquidación pensional del señor Jaramillo Muñoz en los
siguientes términos:

“4. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a PENSIONES DE
ANTIOQUIA reliquidar la pensión ordinaria del señor FRANCISCO SOLANO
JARAMILLO MUÑOZ, con la inclusión de todos los factores que habitual y
periódicamente recibió el empleado como retribución por sus servicios prestados en
el año anterior al estatus de pensionado (27 de diciembre de 2005 a 27 de diciembre
de 2006). Estos son las primas de vacaciones, navidad, subsidio de transporte,
bonificación por antigüedad.”

18. Mediante 1. ° del auto de 11 de febrero de 2015 la Corporación aclaró el
numeral 4. ° de la sentencia de 31 de octubre de 2014 pues, a pesar de que en
la parte motiva de la providencia se incluyeron las horas extras como factor
salarial para efectos de liquidar la pensión, omitió incluirlo en la parte resolutiva
de la providencia. La anterior aclaración se resolvió así:

“1.SE ACLARA el numeral 4. ° de la sentencia de Sata 228AP de 31 de octubre de
2014, la cual queda del siguiente tenor:

“4.A título de restablecimiento del derecho, se ordena a PENSIONES DE
ANTIOQUIA reliquidar la pensión ordinaria del señor FRANCISCO SOLANO
JARAMILLO MUÑOZ, con la inclusión de todos los factores que habitual y
periódicamente recibió el empleado como retribución por sus servicios prestados en
el año anterior al estatus de pensionado (27 de diciembre de 2005 a 27 de diciembre
de 2006). Estos son las primas de vacaciones, navidad, subsidio de transporte,
bonificación por antigüedad y horas extras.””

2.1.7. La acción especial de revisión11

19. Pensiones de Antioquia invocó como causales de revisión las consagradas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere

11 Folios 1. ° y s.s. del expediente.
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a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios
o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

20. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) Revocar la sentencia de 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Francisco Solano Jaramillo
Muñoz contra Pensiones de Antioquia, radicado 05001333100420110054401
que revocó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín de 20 de marzo de 2012 y en
consecuencia que se nieguen las pretensiones de reliquidación al señor
Jaramillo Muñoz.

21. Para fundamentar ambas causales de revisión Pensiones de Antioquia
sostuvo que el señor Jaramillo Muñoz no tenía derecho a obtener la reliquidación
ordenada, toda vez que es beneficiaria del régimen de transición establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de
acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
con los factores de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158
de 1994 y 1068 de 1995.

22. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-258 de 2013 y SU-427 de 2016.

23. De otra parte, señaló que la pensión reconocida excedía lo debido de acuerdo
con la ley, ya que se incluyeron factores extralegales toda vez que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incluyó la bonificación por antigüedad, factor que no
existe, pues lo que el actor devengaba era un incentivo por antigüedad, que fue
creado por la Asamblea de Antioquia confundiendo los incrementos salariales por
antigüedad del Decreto 1045 de 1978.

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2.1.8. Contestación.

24. El señor Francisco Jaramillo Muñoz fue notificado personalmente de la
admisión de la acción de revisión como se advierte en el índice 24 del expediente
digital disponible en Samai. Sin embargo, no emitió pronunciamiento alguno. Por
su parte el Ministerio Publico rindió concepto mediante escrito de 16 de marzo
de 202212 en el que solicitó que declare infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia suscrita por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 31 de octubre de 2014, pues estimó que la interpretación
jurisprudencial acogida por el Tribunal resultaba más favorable a los intereses del
pensionado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

26. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200313, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del

12 Índice 22 de samai.

13 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

27. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

28. En este caso, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 31 de octubre
2014 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y posteriormente
adicionada mediante auto de 11 de febrero de 2015. Esta decisión se fijó en
estado desde el 13 de febrero de 2015 hasta el 18 de febrero del mismo año,
fecha en la que quedó en firme y la solicitud de revisión se radicó en la Secretaría
de la Corporación el 17 de febrero de 2020, es decir que se presentó en tiempo.14

3.3. Problema jurídico

29. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 31 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrió en las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a Pensiones de Antioquia a reliquidar la pensión de jubilación del señor
Francisco Solano Jaramillo Muñoz con el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de los
factores salariales de ley devengados durante dicho periodo, como lo son, la
prima de navidad, la prima de vacaciones, la bonificación por antigüedad, el
subsidio de transporte y las horas extras.

30. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

14 Fl.1 del expediente
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3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

31. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA15 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada16, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.

32. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y está considerada
precisamente como una acción especial17, con algunas diferencias referidas a

15 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
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su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia18 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado19, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

33. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 20 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

34. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200921 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

35. Las causales alegadas por Pensiones de Antioquia son las contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

pensional […]»(subrayas de la Sala).
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
20 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
21 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020)
Accionante: Pensiones de Antioquia

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

36. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

37.En este caso, Pensiones de Antioquia cuestiona la sentencia de 31 de octubre
de 2014, proferida el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la cual se
revocó la decisión de primera instancia y se ordenó la reliquidación pensional a
favor del señor Francisco Solano Jaramillo Muñoz, para lo cual se fundamentó
en la violación al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió
determinarse conforme lo dispone la Ley 100 de 1993.

38. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión22 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión

22 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001

03 15 000 2018 01884 00.
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Accionante: Pensiones de Antioquia

motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.

39. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la Pensiones
de Antioquia para fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al
debido proceso, se refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte
de la autoridad judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.

40. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
en relación a la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de
1993, asunto que no guarda relación con la violación al debido proceso, pues no
se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni que se ignoraron las
normas procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto del derecho
de audiencia y defensa en los términos ya indicados. En ese sentido, la Sala
efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

41. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente23 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa24 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones25,
en especial, el principio de solidaridad26 y equilibrio financiero.

42. Frente a esta causal, el apoderado de Pensiones de Antioquia estimó que es
errónea la interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
24 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.

25 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
26 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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transición de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Francisco
Jaramillo Muñoz, quien es beneficiario del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la precitada ley, pues el 30 de junio de 1995, fecha en la cual entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con 15 años de servicios y más de 40
años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas
de la transición según las cuales, se le debe liquidar la pensión con el promedio
de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, con inclusión de los
factores salariales sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el
Decreto 1158 de 1994 y 1068 de 1995.

43.Así mismo, el recurrente señaló que el señor Jaramillo Muñoz no tenía
derecho ordenó la inclusión de la bonificación por antigüedad pues este factor no
existe y en realidad se trata del incentivo por antigüedad, que fue creado por la
Asamblea Departamental y este último no puede ser tenido en cuenta para
efectos de liquidar la pensión, por tratarse de un factor de origen territorial.

44.Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

45.La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 51.29% en el monto en que se reconoció la pensión del
demandante respecto del que debió liquidarse.

46.Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

47.Para la Sala, esta causal se encuentra configurada parcialmente en el
presente asunto por los siguientes motivos:

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Accionante: Pensiones de Antioquia

48. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que al
señor Francisco Solano Jaramillo Muñoz le sea aplicable el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló Pensiones de Antioquia en la solicitud
de revisión y la providencia judicial cuestionada.

49. Revisado el expediente se observa que el pensionado nació el 22 de
noviembre de 1950 como lo indica la Resolución de 26 de septiembre de 2019
que obra a folio 205 del CD visible a filio 78 del expediente.

50. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró como supervisor en la
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia desde el 5 de abril de 1984 al 27 de
diciembre de 2006 según el certificado expedido por la Gobernación de Antioquia
de 22 de junio de 2015, visible a folio 78 del expediente.

51. De lo anterior se concluye que el 30 de junio de 1995, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores del nivel territorial, el señor
Jaramillo Solano tenía 11 años, 2 meses y 25 días de servicio y 44 años de edad.

52. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en las sentencias
objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional anterior, en
virtud del régimen de transición del que es beneficiario el señor Francisco
Jaramillo Solano, bajo los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se definió
el proceso judicial (octubre de 2014), esto es con el 75% del promedio de los
factores devengados durante el último año de servicios (2005 -2006), en los
términos de la Ley 33 de 1985, que consisten en: el salario básico, la prima de
navidad, la prima de vacaciones, bonificación por antigüedad, el subsidio de
transporte y horas extras

53. El salario básico, la prima de navidad, la prima de vacaciones, bonificación
por antigüedad, el subsidio de transporte y horas extras fueron efectivamente
devengados por el señor Jaramillo Muñoz tal como se advierte al verificar la
certificación expedida por la Dirección de Personal de la Gobernación de
Antioquia, que obra a folios 89 y siguientes del expediente. Advierte la Sala que
el pensionado no devengó la “bonificación por antigüedad”, pero sí devengó “el
incentivo por antigüedad,” tal como lo señaló el recurrente.

54.Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:
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«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.

(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

55. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

56 .La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
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57. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».

58. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

59. Es necesario indicar que, aunque actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 31 de
octubre de 2014, lo cierto es que no se puede entender que el reconocimiento se
haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de adoptar
la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de conformidad
con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

60. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de
2018 señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso27.
61. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional, C-258 de 2013 y SU-427 de 2016, se advierte que, la

27
Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)]

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020)
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sentencia que se revisa, proferida el 31 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Antioquia, si bien no hizo referencia a la sentencia de la Corte
C- 258 de 2013 dictada con anterioridad, justificó su decisión acogiendo el
precedente de esta Corporación establecido el 4 de agosto de 2010, mientras
que la sentencia SU-427 de 2016 no había sido expedida al momento de proferir
la sentencia recurrida.

62. Tal como lo señaló esa Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.

63. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
frente al argumento del desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en la sentencia C- 258 de 2013.

64. Por otra parte, Pensiones de Antioquia advirtió que, en la sentencia objeto de
revisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la inclusión la
“bonificación por antigüedad”, que nunca devengó y que se trataba del incentivo
de antigüedad, que es un factor de origen territorial, por lo cual no debía ser
tenido en cuenta para efectos de liquidar la pensión.

65. Como se señaló en párrafos anteriores, el pensionado no devengó
“bonificación por antigüedad” sino “incentivo por antigüedad”.

66. Para la Sala, en este caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia debió
analizar la naturaleza del incentivo por antigüedad percibido por el pensionado
durante su vinculación laboral, toda vez que hacía parte de la discusión de la
correcta liquidación pensional que debía aplicarse a su caso, de acuerdo con el
régimen correspondiente.

67. De acuerdo con ello, un punto de la discusión era verificar la naturaleza
jurídica de los factores devengados por el señor Jaramillo Muñoz, para
determinar si podía ser incluido en la liquidación pensional, de acuerdo con la
posición jurídica que adoptara el Tribunal.
68.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó erróneamente, la
inclusión de la bonificación por antigüedad cuando en realidad se trataba del
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incentivo por antigüedad en la liquidación pensional sin entrar a analizar su
naturaleza jurídica lo cual era necesario en tratándose de un empleado del sector
territorial para certificar si verdaderamente era un factor de carácter legal, como
tampoco citó algún precedente que permitiera ordenar la inclusión de factores
extralegales en el reconocimiento pensional a efectos de fundamentar su
decisión.

69. Ahora bien, sobre este tema, es de recordar que en esta Corporación cursó
el proceso de nulidad radicado 05001-23-31- 000-2008-00557-01(0456-11), en
el que a través de sentencia de 2 de octubre de 2014 se declaró la nulidad de
la ordenanza que regulaba el incentivo por antigüedad de los servidores del
departamento de Antioquia, por encontrar que estaba afectado por falta de
competencia.

70. Igualmente es de indicar que, a través de providencia del 22 de enero de
2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00549-00 (4357-2019) proferida por esta
Subsección, en un caso de similares contornos fácticos, igualmente se negó la
inclusión del incentivo de antigüedad como factor salarial con base en la
sentencia de 2 de octubre de 201428 en la que se revisó la naturaleza del incentivo
y se concluyó que el mismo era de carácter extralegal.

71 . De acuerdo con dicha providencia el incentivo por antigüedad se trató de un
emolumento extralegal, por lo que, si el Tribunal estimaba que debía incluirse en
la liquidación pensional, debió analizar su naturaleza y justificar su posición
citando algún precedente jurisprudencial que permitiera avalar esa decisión.

72. De acuerdo con lo anterior, es evidente que en este caso se configura la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, frente al
argumento de inclusión de la bonificación por antigüedad o incentivo por
antigüedad en la pensión del señor Francisco Jaramillo Muñoz, pero no así frente
al argumento de desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional.

73. En ese sentido, el reconocimiento pensional debe mantenerse, pero la
liquidación de dicho reconocimiento debe modificarse en el sentido de excluir la
inclusión del “incentivo por antigüedad” o “bonificación por antigüedad” como lo

28
Radicado 05001-23-31-000-2008-00557-01(0456-11), con ponencia del consejero Gerardo Arenas
Monsalve.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020)
Accionante: Pensiones de Antioquia

denominó el Tribunal, como factor base de liquidación, pues éste no tiene
sustento legal, ni jurisprudencial.

74. Finalmente, advierte la Sala que, en el escrito de la demanda, Pensiones de
Antioquia no solicitó la devolución de los dineros pagados en exceso a la
pensionada, razón por la cual esta Corporación se abstendrá de pronunciarse al
respecto.

75. Decisión: Se infirmará parcialmente la sentencia de 31 de octubre de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la decisión de
20 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001333100420110054400.

76. En su lugar, se revocará parcialmente la sentencia en cuanto incluyó el
incentivo por antigüedad como factor pensional.

3.6. Condena en costas

77. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho29, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso30 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

78. En atención a que la demanda fue presentada el 17 de febrero de 2020, como
se advierte a folio 14 del expediente, debe darse aplicación al artículo 188 del
CPACA, previo a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, norma que
disponía lo siguiente:

«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»

29 Artículo 361 del Código General del Proceso.
30 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
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Accionante: Pensiones de Antioquia

79. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la
entidad accionante para colegir que debe eximírsele de la imposición de condena
en costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de
1999.

80. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP,
norma aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales
1.° y 8.° dispone:

«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.»

81. En el sub lite se advierte que el señor Jaramillo Muñoz no compareció al
proceso razón por la cual no resulta procedente la condena en costas.

82. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. – Declarar parcialmente fundada la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 31 de octubre de 2014, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
05001333100420110054400 y adicionada mediante auto de 11 de febrero de
2015, que confirmó parcialmente la sentencia de 20 de marzo de 2012 proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, de acuerdo con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - En consecuencia, infirmar parcialmente la sentencia del 31 de
octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, adicionada
mediante auto de 11 de febrero de 2015. En consecuencia, se modificará el

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00426-00 (1025-2020)
Accionante: Pensiones de Antioquia

numeral primero del auto de 11 de febrero de 2015, en cuanto modificó el
numeral cuarto de la sentencia de 31 de octubre de 2014, que quedará así:
«PRIMERO: Se aclara el numeral 4.° de la sentencia de N.228 AP de 31 de octubre
de 2014, el cual queda del siguiente tenor:

“4. ° A título de restablecimiento del derecho, se ordena a PENSIONES DE
ANTIOQUIA reliquidar la pensión ordinaria del señor FRANCISCO SOLANO
JARAMILLO MUÑOZ, con la inclusión de todos los factores que habitual y
periódicamente recibió el empleado como retribución por sus servicios prestados en
el año anterior al estatus de pensionado (27 de diciembre de 2005 a 27 de diciembre
de 2006). Estos son las primas de vacaciones, navidad, subsidio de transporte y
horas extras.

TERCERO. - MANTENER en todo lo demás la sentencia del 31 de octubre de
2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
CUARTO. - SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones señaladas.
QUINTO- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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