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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00912-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00912-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por Pensiones de Antioquia, contra la señora María Martínez Marín, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se infirme la sentencia del 31 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que revocó la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2016 por el Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 050013333011201501296. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00912-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00912-00 (6515-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., seis (06) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00912-00 (6515-2019)
Demandante: PENSIONES DE ANTIOQUIA
Demandado: MARÍA MARTÍNEZ MARÍN

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación Ley 33 de 1985, beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-056-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia, con
el fin de que se infirme la sentencia del 31 de julio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que revocó el fallo de primera
instancia emitido el 16 de diciembre de 2016 por el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la señora María Martínez Marín en su contra.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La señora María Martínez Marín, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la
acción consagrada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, demandó1 la nulidad de la Resolución 3417 del 26 de
diciembre de 1996 y el Oficio 2015013003 del 24 de septiembre de 2015, actos
mediante los cuales se negó la liquidación de su pensión de jubilación con inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, de
conformidad con las disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985.

1 Demanda a páginas4 a 15 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
050013333011201501296, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00912-00 (6515-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a Pensiones de Antioquia a: i) reliquidar la pensión de jubilación, a favor
de la señora María Martínez Marín en una suma de $267.259,71 equivalente al 75% de
todos los factores devengados durante el último año de servicio, inclusive la doceava
parte de la prima de vacaciones y la prima de navidad, y el subsidio de transporte; ii)
pagar el retroactivo a partir del 14 de julio de 2012 hasta que se haga efectivo el pago
de la diferencia adeudada; iii) inaplicar por excepción de inconstitucionalidad la
Ordenanza 3780 del 5 de diciembre de 1991, que prevé una cotización al sistema de
seguridad social del 5% del salario de los empleados departamentales; iv) indexar los
valores adeudados; v) reintegrar a la pensionada el 5% que le fue descontado por
concepto de cotización por aportes en virtud de la Ordenanza 3780 del 5 de diciembre
de 1991; vi) declarar la prescripción trienal sobre los aportes dejados de efectuar,
conforme al artículo 155 del Código de Procedimiento Laboral y 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y vii) cumplir la sentencia de acuerdo con la Ley 700 de 2001 y
condenar en costas a la demandada.

Como pretensión subsidiaria, solicitó que, en caso de no acceder a la declaratoria de
prescripción de los aportes no realizados, la deducción de aquellos se surta
únicamente a partir del 30 de junio de 1995, fecha en que entró en vigor la Ley 100 de
1993 para los empleados del orden territorial.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:

1. La señora María Martínez Marín laboró para el Departamento de Antioquia,
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, entre el 28 de julio de
1976 y el 15 de agosto de 1996.

2. Por medio de la Resolución 3417 del 26 de diciembre de 1996, Pensiones de
Antioquia le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $210.529,85, efectiva a
partir del 16 de agosto de 1996. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado
entre el 30 de junio de 1995 y el 15 de agosto de 1996, de acuerdo con el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3. El 14 de julio de 2015 la señora María Martínez Marín pidió la reliquidación de
la prestación con inclusión de todos los factores devengados durante el último año de
servicio, solicitud que fue negada mediante Oficio 2015013003 del 24 de septiembre
de 2015.

Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos,
1, 2, 4, 6, 13, 29, 46, 48, 53, 58 y 209 de la Constitución Política; 10 de la Ley 1437 de
2011; Convenio 95 de la OIT, Leyes 33 y 62 de 1985, Decreto 1045 de 1978. Así como
las sentencias del 4 de agosto y del 26 de agosto de 2010 del Consejo de Estado y la
Circular 054 de 2010, emitida por la Procuraduría General de la Nación.

Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que los actos acusados
están afectados por la causal de nulidad de infracción directa de la Constitución.
Argumentó que, al liquidar su pensión con fundamento en los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993, Pensiones de Antioquia contrarió el principio de progresividad
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Demandante: Pensiones de Antioquia
contemplado en el artículo 48 de la Carta2 y desconoció el precedente judicial
obligatorio sentado por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo3 en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010
y en sentencia del 26 de agosto de 2010, según el cual las pensiones reconocidas en
el marco del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
deben calcularse de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985 en su integridad, y que
dicha normativa no contiene una lista taxativa de factores salariales que integran el
IBL, sino que se limita a señalar que son todos aquellos que reciba el trabajador de
forma habitual y periódica como retribución de su labor. Agregó que esta tesis fue
adoptada con observancia del principio de favorabilidad en materia laboral.

Por otra parte, señaló que la Asamblea Departamental de Antioquia, a través de la
Ordenanza 3780 del 5 de diciembre de 1991 previó una cotización del 5% del salario,
para los empleados del orden territorial, lo que, en su criterio, es abiertamente
inconstitucional comoquiera que el artículo 150, numeral 19, literal e), de la
Constitución Política de 1991, atribuyó la competencia de definir el régimen salarial de
los servidores públicos al legislador y al gobierno nacional, de forma concurrente, así
que, en ningún caso pueden hacerlo las entidades territoriales.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA4

Pensiones de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento
en los siguientes argumentos:

Sostuvo que, al efectuar la liquidación pensional de la servidora, aplicó el artículo 36
de la Ley 100, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
168 de1995, que interpretó dicha norma de conformidad con las sentencias C-258 de
2013 y SU-230 de 2015 de la misma corporación. En ese sentido, explicó que la
servidora adquirió el estatus jurídico de pensionada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
razón por la cual tiene derecho a la pensión en las condiciones de edad, tiempo de
servicios y monto, este último entendido como la tasa de reemplazo, previstas en la
Ley 33 de 1985, empero, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la Ley
100 de 1993 , y con los factores salariales contemplados en los Decretos 1158 de 1994
y 1068 de 1995, en consonancia con el Acto Legislativo 1 de 2005.

Seguidamente, argumentó que la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la
exequibilidad de los artículos 10 y 102 del CPACA, en las sentencias C-539, C-634 y
C-816 de 2011, resaltó que las autoridades deben observar con preferencia los
precedentes sentados por aquella.

Finalmente, propuso como excepciones:

i) Inexistencia de la obligación: Insistió en que la liquidación pensional
discutida se efectuó con ajuste a las normas aplicables.

2 Citó la sentencia C-038 de 2004 de la Corte Constitucional.
3 Sobre el punto, citó las sentencias C-539 de 2011 y C-836 de 2001 de la Corte Constitucional.
4 Páginas 57 a 73, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.

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ii) Cobro de lo no debido: Indicó que no es procedente el cálculo de la
prestación con inclusión de emolumentos sobre los cuales no se realizaron
los aportes correspondientes.

iii) Buena fe: Sostuvo que su actuación fue de buena fe por cuanto se sustentó
en la protección del erario y la reserva pensional de los afiliados.

iv) Legalidad del acto administrativo demandado: Indicó que los actos acusados
se profirieron conforme a la Constitución y la Ley.

v) Prescripción: Pidió que, en caso de acceder a las pretensiones, se declare
la prescripción de las mesadas pensionales causadas con más de 3 años
de anterioridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín, mediante sentencia del 16 de
diciembre de 2016 negó las pretensiones de la demanda con el siguiente
razonamiento:

El a quo expuso la posición adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU-230
de 2015 y por el Consejo de Estado en sentencia del 25 de febrero de 2016 para
concluir que existía una discrepancia entre la postura de ambas cortes en torno al IBL
de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición. Luego, optó por
acoger el precedente sentado por el tribunal constitucional, pues estimó que aquel
debía aplicarse con preferencia, de acuerdo con la sentencia C-621 de 2015 y el auto
326 de 2014.

En ese orden, consideró que, del material probatorio allegado al plenario, es posible
inferir que la demandada está cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y que, por esa razón, la normativa aplicable para liquidar la pensión
de jubilación, en su caso, es la contenida en las Leyes 33 y 62 de 1985, en cuanto a
la edad y tiempo de servicios requerido para el reconocimiento del derecho pensional,
sin embargo, el IBL debe determinarse conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Así las cosas, explicó que los actos acusados son legales, comoquiera que la pensión
de la señora María Martínez Marín fue reconocida conforme a las normas que la
regulan y la interpretación que la Corte Constitucional efectuó de aquellas.

RECURSO DE APELACIÓN6

Inconforme con la anterior decisión, la señora María Martínez Marín la apeló. Indicó
que, en su criterio, las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto al IBL de las
pensiones reconocidas en el marco del régimen de transición se dirigen a la
jurisdicción ordinaria laboral; para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por

5 Páginas 181 a 192, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
6 Páginas 199 a 204, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.

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otra parte, es vinculante el precedente sentado por el Consejo de Estado como órgano
de cierre. Por esta razón, consideró que el a quo debió atender a la interpretación
efectuada en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016 por
el Consejo de Estado y, al desconocerlo, se incurrió en violación de los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima. A lo anterior agregó que las mencionadas
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y 427 de 2016 hacen referencia a
regímenes especiales, es decir que no son aplicables a su caso.

Finalmente, aseveró que, en reiteradas oportunidades7, el Consejo de Estado ha
convalidado las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia, en las que ordenó
el reconocimiento de pensiones de jubilación conforme a la tesis expuesta en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA8

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, profirió sentencia
de segunda instancia el 31 de julio de 2018, mediante la cual revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad parcial de la Resolución 3417 del
26 de diciembre de 1996 y del Oficio 2015013003 del 24 de septiembre de 2015, y
ordenó la reliquidación pensional sobre el 75% de lo percibido durante el último año
de servicio, con excepción de la prima de vida cara, toda vez que su origen es
extralegal.

En primer lugar, hizo un recuento del régimen pensional contenido en las Leyes 33 de
1985 y 100 de 1993, precisó que esta última, en su artículo 36 estableció un régimen
de transición en virtud del cual, las mujeres y los hombres que contaran con 35 y 40
años de edad, respectivamente, o con 15 de servicio cotizados, continúan bajo las
condiciones de la ley anterior.

En segundo lugar, analizó las tesis jurisprudenciales vigentes para ese momento en
torno a la interpretación de dicha norma. En ese orden, recordó que el Consejo de
Estado precisó que la expresión monto comprende el ingreso base de liquidación y la
tasa de reemplazo9. Igualmente, arguyó que el máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, en sentencias del 18 de febrero de 2010 y 9 de abril de 2014, estimó
que, en aplicación de los principios de favorabilidad e inescindibilidad, el IBL de los
pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es el
contenido en la norma anterior, en su integridad.

Más adelante, señaló que las sentencias C-258 de 2013 de la Corte Constitucional no
constituye precedente para el caso estudiado, comoquiera que atañe únicamente a los
congresistas y otros altos funcionarios que se rigen por el artículo 17 de la Ley 4ª de
1992. En relación con la sentencia SU-230 de 2015, sostuvo que el análisis realizado

7 Citó las sentencias proferidas por el Consejo de Estado dentro de los procesos con radicados
11001031500020160033900, 110010315000201500331901, 2016009400, 20160010001 y
20160021900 y 20160022400.
8 Páginas 236 a 271, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
9 Sobre el punto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2014,

radicado: 250002325000201100360 (2768-2013) y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
25 de febrero de 2016, radicado: 2500023420002013015401.
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en sede de revisión de tutela no es aplicable en este proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el que el superior funcional es el Consejo de Estado,
corporación que mantiene una interpretación del IBL contrapuesta a la que realiza la
Corte Constitucional en su sentencia de unificación.

En cuanto a los factores, recordó que, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, realizó una interpretación distinta
por cuanto estimó que el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 es el contenido en la norma anterior y que aquella no
señala una lista taxativa de factores salariales, sino que estos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de servicio.

Frente a la prima de vida cara, indicó que aquella fue creada por la Asamblea
Departamental y la Gobernación de Antioquia sin tener competencia para ello, razón
por la cual no puede tenerse en cuenta para efectos de liquidar prestaciones sociales.

Así las cosas, concluyó que la pensión debe ser liquidada con el 75% de lo percibido
durante el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1995 y el 16 de agosto de
1996, a saber: la asignación básica, subsidio de transporte, prima de navidad y prima
de vacaciones devengados en su último año de servicio. Por último, ordenó al
Departamento de Antioquia el pago de los aportes no efectuados sobre los factores
salariales incluidos en la reliquidación y declaró prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 14 de julio de 2012.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN10

Pensiones de Antioquia presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. Declarar la «revocatoria» de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 31 de julio de 2018, dentro del proceso ordinario instaurado por la
señora María Martínez Marín, bajo el radicado 05001 33 33 011 2014 01804.

2. Negar la reliquidación pensional solicitada por la señora María Martínez Marín.

Como sustento de sus pretensiones, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 48 de la Constitución Política; 36 de la Ley
100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes.

10 Folios 1 a 6 del cuad. ppal.

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Al respecto, afirmó que el reconocimiento del derecho pensional en la decisión
cuestionada se efectuó con violación al debido proceso, en tanto desconoció el
precedente judicial sentado por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631
de 2017 y SU-023 de 2018. Sostuvo que debe atenderse al criterio expuesto en las
citadas sentencias, aun cuando el Consejo de Estado, en la sentencia del 4 de agosto
de 2010, adoptó una tesis distinta.

A lo anterior agregó que no es viable invocar el principio de favorabilidad para
interpretar el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
este fue expresamente regulado por el legislador en ejercicio de la libertad de
configuración legislativa.

También adujo que dicho reconocimiento excede lo debido de acuerdo con la ley. En
este sentido, explicó que la señora María Martínez Marín, al estar cobijada por el
régimen de transición, tenía derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985; no
obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos, que se constituían en precedente obligatorio para los jueces de
primera y segunda instancia.

Así mismo, consideró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera
del sistema, pues aumenta en un 17,43% la mesada pensional de la señora María
Martínez Marín, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial. Tal situación
permite observar que se configura un abuso palmario del derecho y un defecto
sustantivo, pues se presenta con el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

La señora María Martínez Marín no contestó la demanda dentro del término previsto
para el efecto11.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.12.

11 La señora María Martínez Marín se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el 7 de

julio de 2021 (Item 5 del archivo One Drive obrante a índices 9, 10, 11 y 12 de SAMAI), sin que haya
presentado contestación a la demanda.
12 «Artículo 249. Competencia.

(…)

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Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201913.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:

«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por Pensiones de Antioquia contra la sentencia proferida el 31 de julio de
2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, mediante
la cual revocó la sentencia del 16 de diciembre de 2016 del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Medellín.

Legitimación

Conviene señalar que, sobre la legitimación de Pensiones de Antioquia para promover
la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la
corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió lo siguiente:

«[F]rente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló
la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de
pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas
de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del
sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.».

Es de anotar que, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de
pensiones de Antioquia se creó, entre otras cosas, para asumir el reconocimiento de
derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media.

En este mismo sentido, se reiteró en la sentencia T-368 de 2018 de la Corte
Constitucional y en la sentencia del 12 de abril de 201814 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
13 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15-

000-2017-02284-01.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00912-00 (6515-2019)
Demandante: Pensiones de Antioquia

De acuerdo con lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la
presentación de la acción de revisión.

Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 31 de julio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Primera de Oralidad, quedó ejecutoriada el 2 de
agosto de 2018, de acuerdo con la constancia de ejecutoria emitida por la Secretaría
del Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín15. Así las
cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 18 de noviembre de 201916, se
concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto por el
artículo 251 del CPACA.

Acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200317 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»18.

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
15 Página 286 del ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
16 Folio 6 del cuaderno principal.
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-

835 de 2003.
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• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia22.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora María
Martínez Marín, beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio y con la inclusión de la
totalidad de factores recibidos en el mismo periodo, con excepción de la prima de vida
cara?

19 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,

sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,

sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) la causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) la causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985; iv) el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) la verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia23. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son24:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».

23 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
24 Sentencia C-341 de 2014

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Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales25, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias26 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»27. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora María Martínez Marín debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985 o con el inciso 3 del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso. En esa medida, se debe definir
si el valor de la prestación que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó
reconocer debe ser reducido en la misma proporción a efectos de contribuir a la
sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se analizarán el i) el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.

25 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
26 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
27 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985

En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».

Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:

«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
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aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
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magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia28, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 197129 y 929 de 197630.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 201031 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente

28 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
29 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados

de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
30 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la

Contraloría General de la República y sus familiares.».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
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enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por Pensiones de Antioquia se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y
aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación.
En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la
ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis
contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que
pasa a estudiarse.

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La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003

Para comenzar, cabe precisar que no se discute que la señora María Martínez Marín
es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En efecto, nació el 1.° de mayo de 193632 y laboró para el Departamento de
Antioquia, Secretaría de Educación, desde el 28 de julio de 1976 hasta el 15 de agosto
de 1996 como empleada pública en el cargo de aseadora del Liceo Lucrecio Jaramillo
Vélez33, es decir que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigor de la
mencionada Ley 100 de 1993 para el orden territorial, tenía 58 años de edad, y 18
años de servicio, es decir que adquirió el estatus de pensionada el 28 de julio de 1996,
cuando cumplió los 20 años de servicio oficial.

De otra parte, la Gobernación de Antioquia certificó34 que durante el periodo
comprendido entre el 16 de agosto de 1995 y el 16 de agosto de 1996 la señora María
Martínez Marín devengó:

• Sueldo
• Vacaciones
• Subsidio de transporte
• Prima de vida cara
• Recargo nocturno
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad

Por medio de la Resolución 3417 del 26 de diciembre de 1996 35, Pensiones de
Antioquia le reconoció una pensión de jubilación en cuantía de $210.529,85, efectiva
a partir del 16 de agosto de 1996. La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado
entre el 30 de junio de 1995 y el 15 de agosto de 1996, de acuerdo con el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

El 14 de julio de 2015 la señora María Martínez Marín pidió la reliquidación de la
prestación con inclusión de todos los factores devengados durante el último año de
servicios36, solicitud que fue negada mediante Oficio 2015013003 del 24 de septiembre
de 201537, por considerar que aquella fue liquidada correctamente, pues si bien la
trabajadora tiene derecho a la pensión en las condiciones de edad, tiempo y monto del
régimen anterior, el IBL debe calcularse según la Ley 100 de 1993, los Decretos 1158
de 1994 y 1068 de 1995, y el Acto Legislativo 01 de 2005.

Dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra los
actos administrativos en comento, el Juzgado Once Administrativo Oral de Medellín,

32 De acuerdo con el acta de bautizo la diócesis de La Dorada, Guaduas, obrante a página 94 del ítem

3 del índice 16 de SAMAI.
33 Conforme al certificado laboral obrante a página 30, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
34 Páginas 96 a 105, ítem 3 del índice 16 de SAMAI.
35 Páginas 17 y 18 del ítem 3 índice 16 de SAMAI, y folios 21 y 22, c. ppal.
36 Páginas 19 a 22 del ítem 3 índice 16 de SAMAI.
37 Páginas 23 a 29 del ítem 3 índice 16 de SAMAI.

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mediante sentencia del 16 de diciembre de 2016, le negó las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos.

«El Juzgado considera que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplica desde
la expedición de la sentencia C-258 de 2013 […] y así lo determinó la misma
corporación en la sentencia SU-427 de 2016 […].

[…] se concluye que el reconocimiento pensional se llevó a cabo de la forma como
determinan las normas que gobiernan el tema y acorde con la interpretación
autorizada de las mismas que ha realizado la Corte Constitucional.
[…]
RESUELVE

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Costas a cargo de la parte demandante. […]».

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, emitió sentencia el
31 de julio de 2018, por medio de la cual revocó la decisión de primera instancia en el
sentido de ordenar la reliquidación pensional sobre el 75% de lo percibido durante el
último año de servicio, salvo la prima de vida cara por cuanto es de creación extralegal,
así:

«[…] se CONDENA a PENSIONES DE ANTIOQUIA a aplicar el régimen
establecido en la Ley 33 de 1985, reliquidando la pensión de jubilación de la
señora MARÍA MARTÍNEZ MARÍN, teniendo en cuenta los factores legales
devengados consistentes en la asignación de retiro (sic), subsidio de transporte,
prima de navidad y prima de vacaciones devengados en su último año de servicio,
desde el 16 de agosto de 1995 al 16 de agosto de 1996.

La entidad podrá descontar y trasladar los aportes o cotizaciones
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre el cual
no se haya efectuado la deducción legal correspondiente.».

Análisis de la Subsección

En la demanda de revisión, la UGPP sostuvo que la sentencia objetada contraría la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular, la posición adoptada a partir
de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

Ahora, es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, el criterio del Consejo de Estado en relación con el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 era el contenido en la sentencia del 4 de agosto de 201038, referida
en precedencia, pues también este elemento hacía parte de la transición. En la Corte
Constitucional, por otra parte, imperaba la tesis expuesta en la sentencia SU-230 de
2015, que extendió la interpretación efectuada en la sentencia C-258 de 2013, según
la cual el IBL pensional no es objeto de transición, línea que mantuvo en las sentencias
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y SU-023 de
2018.

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-

000-2006-07509-01.
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En el sub lite, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Oralidad optó por acoger el precedente sentado por el Consejo de Estado, por cuanto,
en su criterio, se acompasa con los principios de inescindibilidad normativa,
favorabilidad e igualdad material. Del mismo modo, recordó que el máximo tribunal de
lo contencioso administrativo precisó que la expresión monto comprende el ingreso
base de liquidación y la tasa de reemplazo39. Respecto a la sentencia C-258 de 2013
de la Corte Constitucional, sostuvo que aquella no constituye precedente para el caso
estudiado, comoquiera que atañe únicamente a los congresistas y otros altos
funcionarios que se rigen por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. En cuanto a la
sentencia SU-258 de 2013, reconoció que extiende tal interpretación a los beneficiarios
del régimen general de pensiones, pero optó por acoger la tesis vigente de su superior
funcional.

En efecto, en lo relativo a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección
estima importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1.° de abril de 1994, no se encontraren
afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos
por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria
de dicha normativa especial.

Adicionalmente, la Corte mediante proveído SU-230 de 2015 definió claramente que
dicha interpretación no era exclusiva del régimen especial que se analizó, pues el
estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
establecer que el IBL no es un aspecto de la transición, resulta aplicable para
determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que
pertenezca el trabajador.

No obstante, la Subsección advierte que, en aplicación de la teoría del apartamiento
judicial40, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia, el ad quem,
luego de valorar los argumentos esbozados por las partes, en consonancia con las
pruebas allegadas y la normativa aplicable, explicó las razones que lo llevaron a
acoger la tesis sostenida por el Consejo de Estado. En ese sentido, no puede
estimarse que la decisión del juez de segunda instancia haya sido caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho, sino que se encuentra razonablemente sustentada y
fundamentada en el precedente vinculante. Admitir lo contrario implicaría desconocer
que la acción de revisión no habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria.

39 Sobre el punto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2014,

radicado: 250002325000201100360 (2768-2013) y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
25 de febrero de 2016, radicado: 2500023420002013015401.
40 Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación

de un precedente obligatorio.
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En suma, se tiene que en el presente asunto no se discutió que la señora María
Martínez Marín era beneficiaria del régimen de transición y que, en la sentencia
cuestionada, se ordenó la reliquidación de su pensión de vejez con base en lo
devengado en el último año de servicio con una tasa de reemplazo del 75%, según lo
establecido en la Ley 100 de 1993. Este criterio se acompasa con la tesis
jurisprudencial contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, vigente para el
momento en que se profirió la decisión.

En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que la tesis acogida en segunda instancia
en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la sostenida por el Consejo
de Estado. Aquella posición partió de una interpretación según la cual la relación de
emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino
enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como
retribución de su labor durante el último año de trabajo. Por esta razón, el ad quem
ordenó la inclusión al IBL de los factores salariales devengados en el último año de
servicio, estos son: asignación básica, subsidio de transporte, prima de vacaciones y
prima de navidad, según la certificación expedida por la Gobernación de Antioquia,
con excepción de la prima de vida cara, habida cuenta de su creación extralegal, tal y
como lo sostuvo la jurisprudencia del Consejo de Estado41.

Se advierte que sobre los referidos emolumentos la entidad no efectuó reparo alguno,
por el contrario, su discusión se circunscribió en la forma en la que la decisión objeto
de revisión ordenó que se calculara el IBL de la pensión reconocida a la aquí
demandada. En su criterio, debió darse aplicación a lo previsto por los artículos 21 o
36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con las reglas definidas por la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, sin debatir o solicitar la exclusión de ningún factor en particular,
sino de todos aquellos que no están incluidos en el Decreto 1158 de 1994.

Es importante señalar que tampoco es admisible la aplicación de las reglas adoptadas
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado.
Ciertamente, en dicha providencia esta corporación acogió la tesis sostenida por la
Corte Constitucional según la cual el IBL no forma parte de la transición, y definió cómo
se deben liquidar las pensiones cobijadas por aquella. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que aquella es posterior a la sentencia que se revisa, además en esa
oportunidad también se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría
respecto de las situaciones consolidadas y en ese sentido se indicó:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

41Citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de julio de 2012, radicación:
050012331000200500971 01 (1865-2011)

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Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 48 de la Constitución
Política; 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como
desconocidos por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en
consideración a que la interpretación que la sentencia objeto de la acción impartió a
tales contenidos normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la
época en el Consejo de Estado.

Por las razones expuestas, es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en consecuencia, tampoco la del
literal a). Esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la
seguridad jurídica42.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión de la señora
María Martínez Marín, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicios y con la inclusión de la
totalidad de factores de origen legal recibidos en el mismo período.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configurada la causal de
revisión prevista en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 31 de julio de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que
revocó la sentencia del 16 de diciembre de 2016 proferida por el Juzgado Once
Administrativo Oral de Medellín.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación43 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

42 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias

de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: Pensiones de Antioquia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por Pensiones de
Antioquia, contra la señora María Martínez Marín, por las causales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se infirme la sentencia del 31 de julio de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
que revocó la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2016 por el Juzgado Once
Administrativo Oral de Medellín, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 050013333011201501296.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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