Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00864-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00864-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00864-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00864-00 (2615-2020)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
Demandado: Lisandro Antonio Guardia Machado
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, del 27 de agosto de 2015, a través de
la cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Medellín, el 22 de noviembre de 2013, que
accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, por conducto
de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, del 27 de agosto de 2015, a través de la
cual se confirmó parcialmente la providencia emitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Medellín, el 22 de noviembre de 2013, que
accedió a las pretensiones de la demanda formulada por el señor Lisardo Antonio
Guardia Machado contra la referida entidad, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 05001 33 31 007 2012 0164 01.
Con fundamento en lo anterior, solicitó i) «revocar» la sentencia emitida por Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión de Medellín, el «26 de julio de 2016»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00864-00 (2615-2020)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia
(sic); ii) ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo
en cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o 21
de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en
las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU -210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y en los Autos
326 de 2014 y 229 de 2017; y por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01; iii)
condenar al demandado a reintegrar, de forma indexada y actualizada, al Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia la totalidad de los dineros
recibidos en exceso, como consecuencia del cumplimiento a las órdenes contenidas
en las providencias objeto de reproche; y iv) condenar en costas y agencias en
derecho al demandado.
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 12 de marzo de 2012, el señor Guardia Machado presentó demanda con el fin
de obtener la nulidad parcial de las Resoluciones PV 3578 de 2006, DP 008 de 2006,
PV 3976 de 2010, PV 3986 de 2010, PV 4088 de 2011, expedidas por el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia. A título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordenara a la referida entidad, entre otras cosas, reliquidar su
pensión de jubilación en los términos de las Leyes 33 y 62 de 1985, con la inclusión
de los factores devengados en el último año de servicio, a saber: asignación básica,
bonificaciones por servicios prestados, de bienestar universitario y de recreación,
quinquenio y primas de navidad, de vacaciones y de servicios.
ii) El 22 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Medellín profirió sentencia de primera instancia, en el entendido
de acceder a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:2
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de las Resoluciones Nos. 3578 P.V.
del 18 de agosto del 2006, 008 D.P. del 26 de octubre del 2006, 3976 P.V. del 30 de
1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
2 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia
septiembre del 2010, 3986 P.V. del 9 de diciembre del 2010 y 4088 P.V. del 15 de
septiembre del 2011, proferidas por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-
FONDO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA - FONDO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, que proceda a reliquidar y pagar la pensión de jubilación reconocida al
actor, sobre el 75 % de la totalidad de los factores salariales devengados en el año
anterior al que adquirió el estatus pensional conforme a los lineamientos señalados en
la parte motiva de esta sentencia, descontándose la sumas que se hubiesen cancelado,
incluido el valor de los aportes en caso de que no se hubieren efectuado, debiéndose
reajustar las sumas insolutas conforme a la fórmula especificada en la parte motiva de
esta providencia, teniendo en cuenta la prescripción trienal a partir de la presentación de
la petición demanda el 24 de mayo de 2011, esto es de las mesadas anteriores al 24 de
mayo de 2008. […] (Resaltado original del texto)
iii) El demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia arriba citada,
pues pretendía se modificara la parte resolutiva de la primera instancia, en el
entendido incluir en la reliquidación de su pensión de jubilación la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio.3
iv) El 27 de noviembre de 2014, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia presentó escrito de apelación adhesiva pues, en su concepto, el juzgado
debió considerar que la liquidación de la prestación debía realizarse únicamente con
los factores sobre los que se hubieran efectuado cotizaciones, en los términos del
Decreto 1158 de 1994. En consecuencia, señaló que era inadmisible incluir factores
extralegales y reconocidos como prestaciones.
v) El 4 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto
resolvió rechazar el recurso de apelación adhesiva presentado por la entidad
demandada, bajo el argumento que fue radicado de forma extemporánea, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 322 del Código General del Proceso.
vi) El 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Descongestión, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido confirmar
parcialmente la providencia del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
de Medellín y en esa medida, modificó el numeral segundo de su parte resolutiva,
en los siguientes términos:4
3
Expediente del proceso ordinario visible a índice 25 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.
3
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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia
PRIMERO: SE MODIFICA EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del veintidós (22)
de noviembre de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Segundo (02)
Administrativo de Descongestión del Circuito de Medellín, el cual quedará así:
“SEGUNDO: En su lugar, se ORDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
– FONDO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, que proceda a
reliquidar y pagar la pensión de jubilación reconocida al actor, sobre el 75 % de la
totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior al que adquirió el
estatus pensional, los cuales son: sueldo, bonificación por bienestar universitario,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, sin perjuicio de lo ordenado mediante sentencia del 30 de julio de 2010, por el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, descontándose la sumas que hubieren
cancelado, incluido el valor de los aportes en casos (sic)que no se hubiese efectuado,
debiéndose reajustar las sumas insolutas conforme a la fórmula especificada en la parte
motiva de ésta providencia, teniendo en cuenta la prescripción trienal a partir de la
presentación de la petición demandada el 24 de mayo de 2011, esto es de las mesadas
anteriores al 24 de mayo de 2008”.
TERCERO. Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida. […] (Resaltado, comillas
y cursiva originales del texto)
vii) El 7 de marzo de 2016, se notificó por estado el auto emitido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a través del cual negó la nulidad planteada por el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, consistente en la indebida
aplicación de las normas procedimentales del CGP respecto al escrito de apelación
adhesiva interpuesto.
viii) El 19 de octubre de 2016, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia por medio de la Resolución FP 0386, dio cumplimiento a la orden
previamente transcrita.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, el 27 de
agosto de 2015, 5 emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar
parcialmente la providencia expedida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Medellín, el 22 de noviembre de 2013, que había accedido a las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Lisardo Antonio Guardia
Machado contra el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, con
sustento en las siguientes consideraciones:
5
Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.
4
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Colombia
i) Teniendo en cuenta el recurso de apelación interpuesto por el actor, el problema
jurídico se circunscribe a determinar si es procedente confirmar, revocar o modificar
la providencia recurrida, comoquiera que, si bien ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación en el equivalente al 75 % de la totalidad de los factores
devengados en el último año de servicio, no precisó los emolumentos que debían
tener en cuenta para tal efecto.
ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,6 emitida por el Consejo
de Estado, se fijó el criterio respecto de los factores salariales que deben tenerse
en cuenta para efectos de liquidación de las pensiones del régimen de transición y
según el cual, aunque la ley no señala taxativamente los factores de salario, debían
incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y periódica
el trabajador, en el último año de servicio, percibiera como contraprestación.
iii) No se desconoce el criterio fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
230 de 2015, para efectos de determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985, sin
embargo, en atención al problema jurídico planteado y al principio de non reformatio
in pejus, se decide con base en la posición sentada por el Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
iv) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo es el sub
lite, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de
inescindibilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
No obstante, la entidad demandada observó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
de manera que liquidó la prestación del actor con el 75 % del promedio de lo
cotizado durante los últimos 10 años de servicio.
v) Es pertinente modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
providencia emitida en primera instancia, pues el a quo si bien ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación del demandante, con efectos fiscales desde
el 24 de mayo de 2008, por prescripción trienal, en los términos previamente
expuestos, no determinó con exactitud los factores salariales que debían incluirse
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
5
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en la liquidación. En ese orden, se impone confirmar parcialmente aquella
sentencia, en el entendido de incluir los siguientes emolumentos: sueldo,
bonificaciones por bienestar universitario y por servicios prestados, primas de
servicios, de vacaciones y de navidad.
De conformidad con el Decreto 2710 de 2001, la bonificación por recreación no
constituye factor salarial para efectos prestacionales, toda vez que no pretende
remunerar directamente el servicio del empleado, sino que, por el contrario, su
vocación es ser un beneficio de la recreación del trabajador.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la sentencia del 30 de julio de 2010,
proferida por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, mediante la cual
reconoció al actor el quinquenio como factor a tener en cuenta en su pensión de
jubilación.
Finalmente, se autoriza a la referida entidad a realizar el descuento de los aportes
a pensión correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los
cuales no se hubiere efectuado la deducción legal.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) El tribunal transgredió el derecho al debido proceso porque, con fundamento en
el artículo 322 del Código General del Proceso, rechazó por extemporáneo el escrito
de apelación adhesiva presentado por la entidad hoy recurrente dentro del proceso
ordinario; cuando lo cierto es que de conformidad con el artículo 365 del Código de
Procedimiento Civil, la oportunidad para interponer aquel escrito, se extiende desde
que la radicación del recurso de apelación por parte de otra de las partes hasta el
vencimiento del término para alegar ante el superior; tal como actuó el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.
Así las cosas, pese a que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, desde la
vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debe tramitar los asuntos a su cargo por
6
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conducto del sistema oral, los procesos iniciados antes del 2 de julio de 2012 siguen
bajo la égida del Código Contencioso Administrativo (CCA). Por lo tanto, en el sub
lite se advierte que la fecha de radicación de la demanda data el 12 de marzo de
2012, por lo que la norma a aplicar es el CCA y no el CPACA.
Lo anterior, implica que en atención al artículo 267 del CCA sea posible remitirse a
otras normas de procedimiento como el Código de Procedimiento Civil ( CPC) y no
como erróneamente lo hizo el tribunal. En consecuencia, está acreditado que «el
recurso interpuesto por la parte demandante, que es la actuación principal fue
presentado el 18 de diciembre de 2013, en vigencia del Decreto 01 de 1984 y el
[C]ódigo de [P]rocedimiento [C]ivil por remisión y por lo tanto la apelación adhesiva
al ser accesoria a la apelación principal debe correr la misma suerte de esta como
lo es ser tramitada conforme a las norma[s] procesales vigentes para el momento y
no como lo hace el Despacho del TRIBUNAL.».
ii) La providencia objeto de reproche incurre en la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, porque vulnera el principio de supremacía constitucional, al
reconocer una pensión de jubilación con base en todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, bajo los términos de la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Esa actuación desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y
vinculantes de la Corte Constitucional,7 en especial el contenido en la Sentencia
SU-230 de 2015, y del Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas
al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y las normas legales
que regulan la materia.
Por lo tanto, la mesada pensional devengada por el hoy demandado se incrementó
sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
7 La entidad recurrente, además invoca las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, SU- 023 de 2018 y T-
039 de 2018 y los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
7
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iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la prestación que percibe el señor Guardia Machado, de conformidad con
el criterio trazado por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
El señor Lisardo Antonio Guarda Machado, por intermedio de apoderado, se opuso
a las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los
siguientes argumentos:8
i) Está acreditada la excepción de caducidad pues de conformidad con el artículo
251 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión debe presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso; sin embargo, en
el sub lite la entidad recurrente lo radicó el 11 de septiembre de 2020, sin considerar
que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia cobró ejecutoria el 18 de
septiembre de 2015.
ii) Los pagos recibidos de buena fe no generan la obligación de su devolución y
mucho menos su recaudo a través de un recurso extraordinario de revisión. Lo
anterior, además, en atención a que la providencia recurrida fundamentó su decisión
en la postura vigente al momento de su expedición, puesto que mantuvo la posición
de reconocer la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, incluyendo
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
iii) La conducta desplegada por la entidad recurrente no está enmarcada dentro de
los elementos mínimos de buena fe. En consecuencia, al activar el sistema judicial
y generar un desgaste en la administración de justicia, se le debe condenar en
costas y agencias en derecho.
1.4. El ministerio público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
solicitó declarar fundada la acción especial de revisión, por las razones que se
indican a continuación:9
8 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 21.
9 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 22.
8
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i) En suma, no se configura el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque
el reconocimiento pensional no tuvo origen en una vulneración del derecho al debido
proceso originada en la sentencia, sino que la discusión sobre la violación a dicho
derecho versó sobre actuaciones anteriores ya resueltas y con las oportunidades
procesales correspondientes agotadas.
ii) Se encuentra acreditada la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, comoquiera que en lo atinente a la determinación del IBL de las
pensiones de jubilación de quienes son beneficiarios del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el juzgador no aplicó el
precedente jurisprudencial sólido y reiterado de la Corte Constitucional fijado en las
Sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017,
SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017 y por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.
iii) Por lo expuesto, es procedente ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación del demandado, en aplicación del precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional, posteriormente adoptado por el Consejo de Estado. Todo lo anterior
hacia el futuro, sin que exista mérito para la devolución de las sumas pagadas en
exceso, pues no se acreditó mala fe por parte del señor Guardia Machado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión
en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es
competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.11
10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9
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De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 18 de septiembre de
201512 y la acción especial de revisión se interpuso el 11 de septiembre de 2020,13
por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en
la ley.
2.3. Legitimación
Sobre la legitimación del Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer
pensiones, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió lo
siguiente:
(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de
un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago
de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero.
Por su parte, de conformidad con el Acuerdo 009 de 2010, el Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia se creó, entre otros fines, con el objeto de
12 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.
13 Tal como lo hizo constar la Secretaría de la Sección Segunda de esta corporación, visible a índice
3 de la plataforma SAMAI.
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reconocer y pagar las obligaciones pensionales de los funcionarios del ente
universitario. Por lo anterior, se encuentra legitimada para la presentación de la
acción de revisión objeto de estudio.
2.4. Cuestión previa
Antes de abordar el problema jurídico a tratar, revisados los argumentos del recurso
de revisión interpuesto por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de
Colombia, la Sala observa que solicita, adicionalmente, como medida cautelar la
suspensión provisional de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, del 27 de agosto de 2015.
Pues bien, en cuanto a la procedencia de medidas cautelares dentro del trámite del
recurso extraordinario en mención, es necesario hacer énfasis en lo dispuesto en el
artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que establece:
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con
lo regulado en el presente capítulo. (Resaltado fuera del texto).
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa
y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán
ser decretadas de oficio.
De acuerdo con la norma transcrita, para el caso de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, solo son procedentes las medidas cautelares en los procesos de
naturaleza declarativa (nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y de
reparación directa) que se tramiten y se resuelvan en sede de instancias.
Al solicitarse, como medida provisional, la suspensión de los efectos de la sentencia
cuya revisión se depreca, se estaría desconociendo el principio de seguridad
jurídica que cobija un fallo ejecutoriado, debido a que su legalidad solo puede
desvirtuarse con la decisión del recurso extraordinario en caso de prosperar la
causal invocada. Por lo tanto, se concluye que el ejercicio del recurso extraordinario
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de revisión, por sí solo, no abre la posibilidad de impedir el cumplimiento de la
sentencia cuestionada.
Sobre el asunto, esta Corporación ha sostenido que las medidas cautelares
solicitadas en el marco de un recurso de revisión se tornan improcedentes, a
saber:14
Por todo lo expuesto, el despacho concluye que en el trámite del recurso extraordinario
especial de revisión no proceden las medidas cautelares tendientes a la suspensión de
los efectos de la sentencia objeto del mismo por cuanto:
• El recurso extraordinario especial de revisión tiene una pretensión impugnatoria
y no declarativa, así mismo no hace parte del proceso ordinario o general, sino que tiene
un procedimiento especial.
• Las medidas cautelares son taxativas frente a su procedencia en procesos
especiales; por tanto, al no estar contempladas para el recurso extraordinario especial
de revisión, no se pueden aplicar de manera extensiva.
• Tal y como lo interpretó la Corte Constitucional C-247 de 1995, el legislador no
permitió que se pueda solicitar la no ejecución del fallo o la suspensión de sus efectos,
cuando se inicie el trámite del recurso extraordinario especial de revisión contra la
sentencia de pérdida de investidura.
• La causal que sirve de sustento para la solicitud de la medida cautelar es la
contenida en el artículo 230 del CPACA, que está dirigida a los actos administrativos y a
la actuación administrativa, naturaleza jurídica que no tiene el fallo judicial. En efecto, la
regulación de las medidas cautelares en el CPACA previstas en los citados artículos, tiene
la finalidad de ampliar las facultades del juez para controlar de manera más eficiente y
oportuna el actuar de la administración, mas no las actuaciones que ya se surtieron en
sede judicial y que pueden ser objeto de revisión posterior, como es el caso de las
sentencias ejecutoriadas que puedan ser objeto del recurso extraordinario especial de
revisión. La legislación solo lo permite suspensión de los efectos de estas en casos
taxativos cuando se trata de sentencias con condenas de carácter económico.
• La sentencia sobre la que se pide la suspensión provisional está investida del
principio de cosa juzgada, la cual solamente se puede modificar o alterar mediante la
decisión definitiva que resuelva el recurso extraordinario especial de revisión,
únicamente si se prueban las causales que taxativamente contemplan el artículo 17 de
la Ley 144 de 1994 y el artículo 250 del CPACA. Por tanto, no es posible hacerlo
provisionalmente a través de una medida cautelar.
• La finalidad de las medidas cautelares es garantizar la efectividad de la sentencia
y en el recurso extraordinario especial de revisión existe una sentencia debidamente
ejecutoriada, sobre la cual recae la demanda de revisión. Por tanto, estas no son se
acompasan con la naturaleza de este procedimiento.
14
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de octubre de 2017, con
ponencia del Dr. William Hernández Gómez, bajo el número de radicado 11001-03-15-000-2015-
00110-00 Recurrente: Libardo Enrique García Guerrero
12
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En conclusión: Se tornan improcedentes medidas cautelares reguladas en los artículos
229 y 230 del CPACA, dentro del recurso extraordinario especial de revisión.
Como consecuencia de lo anterior se negará la solicitud realizada por el apoderado del
señor Libardo Enrique García Guerrero.
En este orden de ideas, en el sub lite, no hay lugar a impartirle trámite a la solicitud
de suspensión provisional de los efectos de las sentencias a revisar porque es
improcedente.
2.5. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Sexta de Descongestión, del 27 de agosto de 2015, se encuentra inmersa en las
causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.6. Marco normativo
2.6.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
14
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v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,16 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.6.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
15 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
16 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
15
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Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».17
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».18
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».19
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación
del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
17 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
16
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2.6.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,20 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
17
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ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,21 la ley y la Corte Constitucional,22 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
21 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
18
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través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.7. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en
relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en
relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión23 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»
Así mismo, esta Subsección en sentencia del 6 de octubre de 2022 sostuvo:24
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido por
todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien sea en
procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para proteger
a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de la justicia25.
Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son26:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario
acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo
decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida
por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual
exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de octubre de 2022, radicado 11001-03-25-000-2019-00912-00 (6515-2019).
25 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
26 Sentencia C-341 de 2014.
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(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por la
Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias judiciales.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina alrededor de
las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales27, que, de encontrarse probadas, llevan a la conclusión de que se
vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez del fallo, cuando el juez
incurre en graves falencias28 que hacen la decisión incompatible con la Carta Política.
Entonces, es forzoso tener en cuenta tales conceptos cuando se estudia la vulneración
de esta garantía en una sentencia. Por ello, son ineludibles al momento de evaluar la
configuración de la causal prevista por el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
(Resaltado fuera del texto)
La entidad recurrente manifiesta que la sentencia objeto de reproche viola el
derecho al debido proceso porque el tribunal, con fundamento el artículo 322 del
Código General del Proceso, rechazó por extemporáneo el escrito de apelación
adhesiva presentado por aquella entidad dentro del proceso ordinario. En su
concepto, de conformidad con el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, la
oportunidad para interponer aquel escrito se extendía desde la radicación del
recurso de apelación por la contraparte hasta el vencimiento del término para alegar
ante el superior.
Señala que está demostrado que «el recurso interpuesto por la parte demandante,
que es la actuación principal fue presentado el 18 de diciembre de 2013, en vigencia
del Decreto 01 de 1984 y el [C]ódigo de [P]rocedimiento [C]ivil por remisión y por lo
tanto la apelación adhesiva al ser accesoria a la apelación principal debe correr la
misma suerte de esta como lo es ser tramitada conforme a las norma procesales
vigentes para el momento y no como lo hace el Despacho del TRIBUNAL.».
Pues bien, en el expediente del proceso ordinario está acreditado lo siguiente:
a. El 18 de diciembre de 2013, el señor Guardia Machado interpuso recurso de
apelación29 contra la sentencia del 22 de noviembre de 2013.
27 Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
28 Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de
2015.
29 Expediente digital obrante a índice 25 obrante en la plataforma SAMAI.
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b. El 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta
de Decisión, a través del auto admitió el recurso referido.30
c. El día 27 de noviembre de 2014, el Fondo Pensional de la Universidad de
Antioquia radicó escrito de apelación adhesiva.31
d. El 4 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Descongestión, a través de auto rechazó por extemporáneo el escrito de apelación
adhesiva referido, de conformidad con el artículo 322 del Código General del
Proceso.32
e. El 2 de marzo de 2016, 33 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema
Escrito, negó un incidente de nulidad interpuesto por la hoy entidad recurrente, en
el que se pretendía se declarara la vulneración del derecho al debido proceso, por
iguales motivos a los expuestos en la presente acción.
Bajo ese panorama, la Sala observa que la entidad recurrente expresamente
manifiesta que previamente interpuso incidente de nulidad por violación del derecho
al debido proceso, pues en aquella oportunidad advirtió el presunto error en la
aplicación de las normas contenidas en el CGP. Aquel fue resuelto, se insiste, de
forma negativa por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sistema Escrito, a
través del auto del 2 de marzo de 2016.34
Por su parte, esta Subsección advierte que el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional de Colombia, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, con el fin de que, entre otras
pretensiones, se tuviera en cuenta el escrito de apelación adhesiva rechazado por
aquella autoridad judicial. El conocimiento de la acción constitucional correspondió
a la Sección Cuarta de esta corporación, bajo el radicado 11001 03 15 000 2016
01053 00, quien a través de sentencia de primera instancia del 6 de julio de 2016,
30
Expediente digital obrante a índice 25 obrante en la plataforma SAMAI.
31 Expediente digital obrante a índice 25 obrante en la plataforma SAMAI.
32 Expediente digital obrante a índice 25 obrante en la plataforma SAMAI.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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negó por improcedente aquella acción, la cual fue confirmada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 13 de octubre de 2016.
En ese orden, la Sala precisa que las decisiones que afecten de forma negativa los
intereses de alguna de las partes no implican la vulneración del derecho al debido
proceso, máxime cuando tanto en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho como en sede de tutela, el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción respecto a su inconformidad en la, presunta, indebida
aplicación de las normas procesales. Así las cosas, no es dable que la entidad
recurrente, en sede de revisión, pretenda exigir una garantía que previamente agotó
en las instancias referidas.
Por lo expuesto, no se logró acreditar la configuración de la causal del literal a) del
articulo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por otro lado, la entidad recurrente manifiesta que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, del 27 de agosto de
2015, habría incurrido en la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, en tanto confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la
parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión de Medellín, el 22 de noviembre de 2013, que había ordenado la
reliquidación de la pensión de jubilación que percibe el hoy demandado, teniendo
en cuenta los factores salariales devengados en su último año de servicio, de
conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, a partir de las cuales se determinó que
para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.°
de dicha norma o en el artículo 21 ibidem y que los factores a tener en cuenta para
realizarla deben ser los que taxativamente recoge el Decreto 1158 de 1994.
Pues bien, en primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de esta
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corporación, el 4 de agosto de 201035 entendió que la expresión «monto», contenida
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas que habitual
y periódicamente reciba el empleado como retribución de sus servicios», en el último
año.
Concretamente, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:36
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al período de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto lapso, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las
personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,37 fijó el criterio de esta corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4
de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
24
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No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación la cual hace
tránsito a cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo
como fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la
inclusión de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual
se encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia.
Lo anterior, en atención a que el tribunal encontró probado que el señor Guardia
Machado era beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por consiguiente, confirmó parcialmente y modificó el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Medellín, el 22 de noviembre
de 2013. Así, por un lado, confirmó la orden de reliquidación de la pensión de
jubilación que devenga el hoy demandado a partir del 24 de mayo de 2008, por
prescripción trienal, con la inclusión de los siguientes factores devengados en el
último año de servicio.
Por su parte, modificó la parte resolutiva de la providencia de primera instancia, en
el entendido de precisar que los factores a incluir eran los siguientes percibidos en
el último año de servicio: sueldo, bonificaciones por bienestar universitario y por
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servicios prestados, primas de servicios, de vacaciones y de navidad. Lo anterior,
sin perjuicio de lo dispuesto en la sentencia del 30 de julio de 2010, proferida por el
Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral, mediante la cual reconoció al actor el
quinquenio como factor a tener en cuenta en su pensión de jubilación.38
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional en la acción de revisión, circunscribió su argumento a discutir
que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse las disposiciones
contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia que la
Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No obstante, no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección, siguiendo
el criterio de anteriores decisiones,39 contraerá su análisis a ello.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron devengados por el
señor Guardia Machado en el último año de servicio (2005-2006), conforme lo
certificó la Dirección de Personal, Sección de Nómina de la Universidad Nacional
de Colombia, visible a índice 4 del expediente digital obrante en la plataforma SAMAI.
Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta corporación
vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
38 Finalmente, autorizó a la hoy entidad recurrente realizar el descuento de los aportes a pensión
correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se hubiere efectuado
la deducción legal.
39 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00
(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
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Es decir, la sentencia del 27 de agosto de 2015 no fue caprichosa al momento de
definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión de jubilación
reconocida al demandado como beneficiario del régimen de transición previsto en
el citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que fue respetuosa de la tesis
jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del Consejo de Estado
para la época.
En tercer lugar, en lo atinente a la Sentencia C-168 de 1995, se observa que en ella
se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al debate propuesto en
este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2
y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,40 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos
adquiridos.
En cuarto lugar, respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, cabe señalar que si bien para entonces, en la Sentencia C-
258 del 7 de mayo de 2013, la Alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al
régimen pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una
condición que no reúne el señor Guardia Machado.
Por su parte, si bien es cierto el tribunal reconoció la existencia de la Sentencia SU-
230 de 2015, emitida por la Corte Constitucional, que invoca la entidad recurrente41
también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación del criterio vigente del
Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto lo encontró más
ajustado a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la norma.42
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió la
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
40 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo
36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente
ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
41 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
42 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV).
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al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, al no
haberse configurado las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que por un lado, no acreditó la vulneración
de las garantías propias del derecho al debido proceso y, por el otro, como quedó
visto, la sentencia cuestionada se profirió bajo los parámetros de las normas
aplicables y la jurisprudencia vigentes para aquella época en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de acuerdo con la ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
busca controvertir una providencia judicial que ordenó la reliquidación de una
pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad
demandante.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las
causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia, por las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Descongestión, del 27 de
agosto de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05 001 33 31 007 2012 0164 01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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