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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00017-00

Fecha
13 de julio de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00017-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de 9 de febrero de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Ciro Alfonso Castellanos Vera, con T.P. 19.795 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en representación de la demandada, según el poder a él conferido, el cual obra en el índice 29 del aplicativo Samai. Cuarto. Una vez en firme esta providencia, realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Samai y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00017-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

13 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00017-00 (0017-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)
Demandado: María Silvia Amaya de Rodríguez

Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL de la Ley 33 de 1985

SENTENCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones (en adelante Foncep) contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de 9 de febrero de 2016, que confirmó
la del Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del circuito de Bogotá, de 29 de
julio de 2013, a través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

El Foncep pidió infirmar la sentencia de segunda instancia y, en su lugar, proferir una nueva
decisión en la que se declare lo siguiente:

SEGUNDO: Declarar que la pensionada MARÍA SILVIA AMAYA DE RODRÍGUEZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 41.518.569 de Bogotá, en relación con la liquidación de su mesada
pensional, no es acreedora de un DERECHO ADQUIRIDO amparable por la legislación
colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional
conforme a las reglas previstas en la sentencias: SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 DE
AGOSTO 28 DE 2018 – SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – C.P. CESAR PALOMINO
CORTEZ y C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018
proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO
BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las consignadas en
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE
COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto
en la ley (sic) 33 de 1985; por haber adquirido su status pensional conforme a las condiciones
del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes.

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Demandante: FONCEP

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al FONDO DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP-, RELIQUIDAR Y PAGAR la mesada pensional de
la pensionada MARÍA SILVIA AMAYA DE RODRÍGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía No.
41.518.569 de Bogotá, conforme con las reglas previstas en las sentencias de Unificación
del H. CONSEJO DE ESTADO y H. CORTE CONSTITUCIONAL enunciadas, esto es, adoptando como
INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3 del artículo 36 o las
consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES
BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL O TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto
en el artículo 36 de la ley (sic) 100 de 1993; por haber adquirido su status pensional conforme
a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones,
y no antes.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad accionante señaló los siguientes:

i) La señora María Silvia Amaya de Rodríguez nació el 3 de agosto de 1951,1 y prestó sus
servicios al Estado, en la Secretaría de Gobierno Distrital (de Bogotá), desde el 3 de
diciembre de 1974 hasta el 3 de junio de 1999, siendo su último cargo el de auxiliar
administrativo.2

ii) El 15 de junio de 2007, mediante la Resolución 0960, el Foncep, en aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez, en cuantía
de $819.433, para lo cual tomó como IBL lo que la interesada había devengado y cotizado
durante sus últimos diez años de servicio, y con efectos a partir del 3 de agosto de 2006.3

iii) El 20 de septiembre de 2007, a través de la Resolución 01789, el Foncep, al resolver el
recurso de reposición interpuesto por la beneficiaria contra el acto administrativo de
reconocimiento, decidió confirmar la decisión.4

iv) El 14 de abril de 2011, la señora María Silvia, en uso del derecho de petición, solicitó al
Foncep la reliquidación de su pensión, de manera que se le tuviera en cuenta y respetara
el tiempo, la edad y el monto, en aplicación del artículo 2 de la Ley 33 e 1985.5

v) El 4 de mayo de 2011, con el oficio 2011EE9127-01, el Foncep negó la solicitud.6

vi) El 9 de junio de 2011, a través del oficio 2011EE12257-01, la entidad reiteró la negativa.7

vii) La señora María Silvia, por conducto de apoderado, promovió acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Foncep con el fin de obtener la nulidad del acto
administrativo de reconocimiento de la pensión y la de los que negaron las solicitudes de
reliquidación. Por su parte, como restablecimiento del derecho, pidió que su prestación le

1
Según los fallos ordinarios obrantes en el CD adjunto al folio 18 de la demanda.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Archivo digital contenido en el CD que obra en el folio 18 de la demanda.
7
Ibid.

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Demandante: FONCEP

fuera reliquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio del salario devengado en su
último año de servicio y la inclusión de todos los factores, conforme a la Ley 33 de 1985.8

viii) El 29 de julio de 2013, el Juzgado Octavo Administrativo de Descongestión del circuito
de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad
parcial de la resolución de reconocimiento y la nulidad total de los demás actos
administrativos demandados. Como restablecimiento del derecho, ordenó reliquidar la
pensión de la señora María Silvia en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado en el año inmediatamente anterior a su retiro, teniendo en cuenta, además de
la asignación básica, las primas de antigüedad, alimentación, transporte, secretarial y
navidad (en una doceava parte).9

ix) Contra la anterior decisión, el Foncep presentó el correspondiente recurso de apelación,
donde solicitó revocar la sentencia y negar las pretensiones de la demanda, al considerar
ajustados a la legalidad los actos administrativos demandados.

x) El 9 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E confirmó la decisión de primera instancia.10

1.1.3. La sentencia objeto de revisión11

Se somete a revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, de 9 de febrero de 2016, que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho adelantado por María Silvia Amaya de Rodríguez contra el
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, confirmó la de primera
instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda. Los fundamentos fácticos
y jurídicos de la decisión fueron los siguientes:

i) La demandante es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad y 20 de servicio; por lo
que tiene derecho a que su pensión se reconozca y liquide bajo las condiciones de las leyes
33 y 65 de 1985.

ii) De acuerdo con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, de 4 de agosto de 2010, las normas en comento no señalaron taxativamente los
factores que conforman el IBL, sino que enunciaron algunos, por lo que pueden incluirse
otros que hayan sido devengados por el trabajador en su último año de servicio.

iii) Así las cosas, conforme a las pruebas allegadas al proceso, se tiene que, durante su
último año de servicio, la señora María Silvia devengó, además de los ya reconocidos, los
siguientes conceptos: alimentación, transporte y las primas de antigüedad, secretarial,
navidad, vacaciones y semestral. No obstante, comoquiera que el a quo no incluyó las de
vacaciones y semestral, no hay lugar a reconocerlas, dado que se trata de un apelante
único y debe respetarse el principio de la non reformatio in pejus.

8
De acuerdo al resumen de la demanda ordinaria contenido en la sentencia de primer grado.
9
Conforme a la copia de la sentencia adjunta en archivo digital dentro del CD del folio 18.
10
El contenido de la sentencia se resume en el siguiente punto.
11
Conforme a la copia de la sentencia adjunta en archivo digital dentro del CD del folio 18.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00017-00
Demandante: FONCEP

iv) En consecuencia, le asiste el derecho a la demandante de que su pensión de vejez sea
reliquidada con «en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último
año de servicio (3 de junio de 1998 a 3 de junio de 1999), por concepto de asignación
básica, las primas de antigüedad, alimentación, transporte, prima de Navidad (en una
doceava parte) y la prima secretarial, desde el 3 de agosto de 2006, y a pagar las diferencias
de mesadas debidamente indexadas desde el 19 de abril de 2008, pues las causadas con
anterioridad a esa fecha se hayan prescritas».

La sentencia cobró ejecutoria el día 18 de febrero de 2016.12

1.1.4. Las causales de revisión invocadas

La UGPP considera que la providencia demandada está incursa en las causales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de una sentencia judicial
ejecutoriada cuando se vulnera el debido proceso o «(…) la cuantía del derecho reconocido
excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».13 Lo anterior, sobre la base de los siguientes argumentos:

i) La sentencia vulnera el debido proceso, porque el reconocimiento y la orden de
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Silvia Amaya no correspondía,
pues lo procedente y legal es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

ii) La decisión comporta un abuso del derecho, pues la reliquidación de la pensión en los
términos allí consignados excede lo debido según la normativa reguladora, ya que si bien
«es indiscutible que el régimen especial (sic) aplicable a la señora María Silvia Amaya de
Rodríguez es el contemplado en la ley (sic) 33 de 1985, de conformidad con el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 (…)»,14 lo correcto [sería] que se ordene aplicar el promedio de los
últimos 10 años o el tiempo que le hiciere falta con los factores salariales enlistados en el
Decreto 1158 de 1994, conforme lo establece [el] inciso tercero del artículo 36 concordante
con el artículo 21 de dicha Ley».15

iii) El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca atenta contra la sostenibilidad fiscal
del Estado y constituye un «abuso palmario del derecho», comoquiera que la orden de
reliquidación pensional no atendió debidamente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a los
precedentes vinculantes respecto de la forma de computar el ingreso base de liquidación
de las personas sujetas al régimen de transición, en concreto, a las sentencias de la Corte
Constitucional C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 y en la sentencia de unificación del
Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018.

1.2. Contestación a la acción de revisión

1.2.1. El apoderado de la señora María Silvia Amaya de Rodríguez manifestó que el
proceso ordinario, de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 2011-00173,

12
Según constancia de ejecutoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obra en CD del folio 18.
13
Folios 1 de la acción de revisión.
14
Folio 7.
15
Folio 12.

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Demandante: FONCEP

que promovió contra el Foncep, para que le fuera reliquidada su pensión mensual vitalicia
de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados por ella en su último año de servicio al Estado, fue justamente resuelto en las
dos instancias.16

1.2.2. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio.17

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La demanda, que en ejercicio de la acción de revisión ocupa la atención de la Sala, fue
interpuesta el 13 de diciembre de 2019,18 esto es, en vigencia del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),19 por lo que esta
corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 249 ejusdem20. Asimismo, atendiendo al criterio de especialización,
por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la Subsección a la
que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del recurso
extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo de
2019.21

De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo de
Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias judiciales «que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza (…) a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación».22

2.1.2. Legitimación

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, consideró que, «además de los
sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003», están legitimados para acudir ante la Corte
Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión
previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», con
el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un
abuso del derecho.

16
Según el memorial adjunto al índice 29 del aplicativo Samai.
17
Constancia secretarial folio 31.
18
Folio 13 de la acción de revisión.
19
El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
20
«Artículo 249. Competencia. […]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales
Administrativos.» (Resalta la Sala).
21
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
22
Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la UGPP como sujeto activo
para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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En ese sentido, puesto que el Foncep es la entidad administradora de pensiones encargada
del pago de la prestación económica periódica reconocida a favor de la señora Amaya de
Rodríguez, tiene competencia para adelantar o asumir la presente acción especial de
revisión.

2.1.3. Oportunidad

El Foncep invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003. En ese sentido, puesto que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 2016,23 y la acción
especial de revisión se interpuso el 13 de diciembre de 2019,24 la presente demanda se
encuentra dentro del término de los cinco años que prevé el artículo 251 del CPACA para
estos eventos.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de 9 de febrero de 2016, está inmersa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la revisión
cuando se vulnera el debido proceso y «(…) la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 200325 estableció la posibilidad de revisar las providencias
judiciales que hubieran decretado (o decreten) el reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública, cuando se dieran las siguientes
circunstancias:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. [Apartes tachados INEXEQUIBLES] Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción
o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

23
Según constancia de ejecutoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obra en CD del folio 18.
24
Folio 13 de la acción de revisión.
25
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

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a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien el precepto jurídico transcrito indica que la acción de
revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, actualmente regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto es que presenta
ciertas particularidades que han sido advertidas y señaladas tanto por la jurisprudencia del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, como los
autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de
acuerdos, tales como los de transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición: el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación (artículo 20 de la Ley 797
de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de
lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y
su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público,
la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio
de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos
concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b),
cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al
que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento
de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que
rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que estos mecanismos se
instituyeron como una excepción que solo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en
estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido
proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por
la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del CPACA
en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró26 que el recurso extraordinario de revisión,

26
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar
a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite

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Demandante: FONCEP

previsto en la mayoría de las áreas del derecho,27 procede contra sentencias ejecutoriadas
«buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas por el
legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso extraordinario y, por
ende, la acción especial que en este caso se impetra.

2.3.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor señalan
lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.
[…]
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Sobre el particular, cabe recordar que en la exposición de motivos28 de la Ley 797 de 2003,
que introdujo en el ordenamiento la acción de revisión, se precisó que el propósito de las
causales de revisión era contrarrestar los graves casos de corrupción que se estaban
presentando en los reconocimientos pensionales en todo el país, de manera que se evitaran
los perjuicios que por esta razón sufriera el erario. Concretamente, se indicó lo siguiente:

Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las transacciones que
han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no corresponden a la ley.
Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas.
De esta manera, se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. (Negrillas fuera del texto)

En cuanto a su finalidad, esta corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren
en dichas causales (…)».29 Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado
que el objeto de la citada norma «(...) consistió en incluir causales cualificadas de revisión,
con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma

en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la
decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate
habertur para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir
un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado».
27
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se encuentran regulados:
(i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30
y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso
Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario
de revisión en materia contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
28
Publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de octubre de 2002
Véase: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/xp_exm_l0797003.htm#Art%C3%ADculos%2020%20y%2021
29
Ibidem.

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Demandante: FONCEP

contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».30

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde al juez
determinar que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadren
en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún
caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias
ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente,
se verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no corresponda
a lo previsto y ordenado en la ley.

En lo que respecta a la causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es
necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los
núcleos esenciales que lo componen.31 Sin embargo, si lo planteado por el recurrente es
que la sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, su examen se
debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

En definitiva, el principal objetivo de la introducción de las causales especiales para la
acción era garantizarle a la Administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las
pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de
cantidades injustas que afectaran gravemente al erario.

2.3.3. Efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de la Sala Plena del Consejo
de Estado, de 28 de agosto de 2018

Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de agosto de 2018,32 la Sala Plena
de lo Contencioso-administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de los
criterios interpretativos del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, relativos a si se
aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL
como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello,
o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

30
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado 2014-00845-00 (2743-13), C.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
31
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado: 2018-01884-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
32
Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012-00143, C.P.:
César Palomino Cortés.

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Demandante: FONCEP

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores
al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice
de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• 95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia,
así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional
está previsto en la Ley 91 de 198933. Por esta razón, estos servidores no están cobijados
por el régimen de transición.

• 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.

De acuerdo con ellas, la interpretación que debe dársele al inciso 3.º del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó en la disposición jurídica, es decir, que las
personas beneficiarias del régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con
la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior; mientras que los restantes requisitos y condiciones, como el IBL, deben regirse
por lo previsto en el inciso 3.º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta corporación, según la
Constitución Política,34 la ley y la Corte Constitucional,35 tiene valor vinculante por emanar
de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que expone en sus
sentencias tiene características de permanencia, identidad y obligatoriedad. En virtud de
ello, la Sala Plena estableció como efectos de la mentada decisión, los siguientes:

La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en
forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en
virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. (Negrillas fuera del texto)

33
Ley 100 de 1993. «Artículo 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica
[…] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos
pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]».
34
Constitución Política, Artículo 237, ordinal 1.
35
C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.

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Demandante: FONCEP

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. En otras
palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de resolver en recurso
extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica, los efectos
de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y que hicieron
tránsito a la cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben analizarse
de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se profirió la sentencia
objeto del recurso, precisamente, por los efectos retrospectivos de la nueva tesis
jurisprudencial.

2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.4.1. De la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

EL Foncep considera que la sentencia objeto de la acción de revisión fue expedida con
violación al debido proceso, porque la reliquidación de la pensión de la demandada se
sustentó en normas y en jurisprudencia que no resultaban aplicables al caso, lo que generó
el reconocimiento de una mesada pensional superior a la que se debía conforme a los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución
Política, ha sido entendido por la Corte Constitucional en los siguientes términos: 36

[...]

[es] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que
durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su
vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades
de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer
jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los
hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y
la ley; (iii) [e]l derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos
y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte,
el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los
derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el
proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con
fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

36
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014. Reiterado en la sentencia de la Sala Plana de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado del 27 de febrero de 2018, exp. núm. 11001-03-15-000-2017-00558-00.

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Conforme lo anterior, la Sala encuentra que el argumento expuesto por la entidad
recurrente, para sustentar la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, no hace referencia a ninguna de las garantías que componen el derecho al debido
proceso, tales como el derecho a la jurisdicción, al juez natural, el derecho de defensa, la
publicidad del proceso o que la decisión se profiera con independencia e imparcialidad.

Por el contrario, la entidad previsional se limita a cuestionar el ingreso base de liquidación
(IBL) aplicado en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conformado
por factores salariales que no debieron serle incluidos a la accionada. Esto permite colegir
que la sustentación referida se dirige a controvertir la cuantía de la pensión ordenada en la
sentencia; razón por la cual la Sala despachará de manera desfavorable la pretensión
encaminada a declarar configurada la causal por vulneración al debido proceso y procederá
con el análisis de la siguiente.

2.4.2. De la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Sobre el particular, la inconformidad de la entidad recurrente parte de que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, 9 de febrero
de 2016, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó la orden del a quo de reliquidar la pensión de vejez
de la señora María Silvia Amaya de Rodríguez con el 75% del promedio de lo devengado
en su último año de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales que percibió
en ese mismo período, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 y la jurisprudencia
del Consejo de Estado.

En concreto, el Foncep, sin discutir la inclusión de algún factor en particular, considera
que la decisión del tribunal desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018) y del Consejo de Estado
(Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018), en cuya virtud, para los beneficiarios
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base
de liquidación aplicable sería el contenido en el inciso 3.° de dicha norma, y los factores a
tener en cuenta para realizarla deben ser los que taxativamente recoge el Decreto 1158 de
1994.

En lo que corresponde a la procedibilidad de la acción de revisión interpuesta por el Foncep,
la Sala la encuentra procedente, comoquiera que fue formulada i) con fundamento en una
de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; y ii) contra una sentencia
ejecutoriada, que puso fin a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 37

Establecido lo anterior, una vez examinados los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, de
acuerdo con las siguientes razones:

En primer lugar, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aplicación de la
otrora jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en particular, la
Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, consejero ponente Víctor Hernando

37
La sentencia recurrida cobró ejecutoria el día 18 de febrero de 2016.

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Alvarado Ardila,38 determinó que al ser la señora Amaya de Rodríguez beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la normativa que gobernaba su situación era
la establecida en las leyes 33 y 62 de 1985, por lo que la liquidación de su pensión y, en
concreto, los factores salariales dispuestos para ello, eran los consignados en el artículo 1.º
de la citada Ley 62 de 1985.

A este respecto, cabe señalar que el anterior argumento se acompasa con la tesis vigente
para esa época en esta corporación, que, como bien lo recordó el tribunal en su fallo, era
la contenida en la ya mencionada Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010,39 en
virtud de la cual se debía entender que el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985 (modificado por
la Ley 62 de 1985) no indicaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que estos estaban simplemente enunciados y no
impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante su último
año de servicio.

Por su parte, en cuanto a la forma de liquidación de la pensión de la hoy demandada, el
tribunal consideró incluir, como factores salariales, aquellos que este hubiera percibido
durante su último año de servicio (1998 a 1999), a saber, asignación básica y las primas de
antigüedad, alimentación, transporte, prima de Navidad (en una doceava parte) y la prima
secretarial; que encontró acreditados mediante la certificación de salarios expedida por la
Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno aportada al expediente;
además de que, en aplicación de la jurisprudencia de esta corporación, excluyó los
conceptos de bonificación por recreación y vacaciones, por no constituir factores salariales.

En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, la sentencia del 9 de febrero de 2016, lejos de
haber sido caprichosa al momento de definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable
a la señora María Silvia Amaya, fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que, sobre el
particular, había unificado la Sección Segunda del Consejo de Estado para la época. Por lo
tanto, no hay duda de que la posición adoptada por el tribunal guardó armonía con la
jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso-administrativo para la
fecha de su expedición, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser una situación
consolidada que goza de los efectos de la cosa juzgada.

En segundo lugar, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se observa que en ella se
estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al debate propuesto en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 199340, ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.

De hecho, sobre el artículo 36 ejusdem, en la sentencia se señaló que el legislador con
estas disposiciones legales excedía la protección de los derechos adquiridos, para
salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que

38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 agosto de 2010; radicado 25000-2325-000-2006-7509-01; C.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 agosto de 2010; radicado 25000-2325-000-2006-7509-01; C.P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila.
40
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el
aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada
en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años,
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».

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corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa
al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

Además, la providencia en cita consideró que el aparte final del inciso 3.º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para efectos de
la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado y los del sector
público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado
en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente
sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el artículo 13 de la
Constitución.

En definitiva, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que aquí se analiza no
guardan identidad, motivo por el cual no es posible sostener que aquel es un precedente
que debió atenderse en este caso y dar lugar a infirmar la sentencia cuestionada.

En tercer lugar, se advierte que la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, si bien había
sido expedida con anterioridad al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no
resultaba aplicable al caso de la señora Amaya de Rodríguez, comoquiera que sus efectos
fueron limitados al régimen de los congresistas, al cual claramente no estaba sujeta la hoy
demandada. En cualquier caso, no existe prueba de que la pensión objeto de controversia
haya sido obtenida con abuso del derecho o fraude a la ley, razón por la cual no resulta
aplicable al sub examine.41

Por su parte, lo mismo ocurre con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, que también invoca la
entidad demandante como precedente jurisprudencial, pues, respecto de ellas, el ad quem,
en virtud de su independencia y autonomía judicial, decidió apartarse, en aplicación de los
principios constitucionales de favorabilidad laboral y confianza legítima.

En cuarto lugar, como en el presente asunto no se discutió que la señora María Silvia fuera
o no beneficiaria del régimen de transición (amparado por la Ley 33 de 1985),42 y teniendo
en cuenta que la tesis establecida por esta Sección, en la sentencia del 4 de agosto de
2010, indicaba que el IBL forma parte del régimen de transición y debían incluirse todos los
factores salariales percibidos por el solicitante «habitual y periódicamente», su pensión, tal
como lo consideró el tribunal, debía liquidarse con base en lo que devengó en su último año
de servicios.43

En ese orden de ideas, y comoquiera que en el caso de la señora María Silvia Amaya de
Rodríguez, según la certificación expedida por la Dirección de Gestión Humana de la
Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá,44 esta percibió, en su último año de servicios
(1998 a 1999), los mismos que ordenó incluir el tribunal en su sentencia, a saber: asignación
básica y las primas de antigüedad, alimentación, transporte, prima de Navidad (en una
doceava parte) y la prima secretarial; no puede afirmarse que en dicha decisión hubo algún
reconocimiento o liquidación que excediera a la norma aplicable.

41
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-
000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
42
Este aspecto no solo no fue objeto de discusión, sino que fue reconocido por la parte recurrente en la demanda (f. 7); por lo tanto, el
régimen al que se refiere la entidad demandante es el general previsto por la Ley 33 de 1985.
43
Con una tasa de reemplazo del 75%.
44
Folio 249 del ordinario.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00017-00
Demandante: FONCEP

Por todo lo anterior, los fundamentos normativos y jurisprudenciales empleados por el
tribunal se entienden ajustados a los criterios interpretativos de esta corporación vigentes
para la época; razón por la cual no hay lugar a declarar configurada la causal del literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Finalmente, en lo relacionado con la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de la Sala Plena
del Consejo de Estado, de 28 de agosto de 2018, resta precisar que en dicha providencia
se estableció, dentro de sus efectos jurídicos, excluir aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la seguridad
jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de situaciones definidas y
que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas con
base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la salvaguarda
de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad jurídica y la confianza
legítima.45

Siendo así las cosas, en el sub lite, la parte demandante no logró demostrar la vulneración
de la normativa y de la jurisprudencia citadas en el escrito contentivo de la acción de
revisión, en razón de que la interpretación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, plasmada en la sentencia objeto de la revisión, se alineó
con el criterio unificado y vigente de esta corporación para la época de su expedición.

En definitiva, puesto que no se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, habrá de declararse infundada la acción especial de revisión interpuesta por la
entidad recurrente.

2.4.3. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de interés
público, pues el Foncep busca controvertir una providencia judicial que ordenó la
reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la entidad demandante.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye que
en el presente caso no se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al confirmar la sentencia recurrida la orden de
liquidar la pensión de la demandada en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante su último año de servicios, con la inclusión, además de la asignación

45
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron
dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de
febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación;
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016),
demandante: UGPP.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00017-00
Demandante: FONCEP

básica, de las primas de antigüedad, alimentación, transporte, prima de Navidad (en una
doceava parte) y la prima secretarial. No se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de 9 de febrero de
2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Ciro Alfonso Castellanos Vera, con T.P.
19.795 del Consejo Superior de la Judicatura, para que actúe en representación de la
demandada, según el poder a él conferido, el cual obra en el índice 29 del aplicativo Samai.

Cuarto. Una vez en firme esta providencia, realizar las respectivas anotaciones en el
aplicativo Samai y archivar la acción de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437 de
2011.
CBT

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