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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00391-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00391-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la vulneración de los artículos 1 y 313.8. de la Constitución Política y 170 de la Ley 135 de 1994 ─modificado por el 35 de la Ley 1551 de 2012─, comoquiera que los argumentos presentados por el demandante para sustentar la nulidad del aparte demandado del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 ya fueron analizados por las Secciones Segunda y Quinta de esta corporación en sentencias del 9 de diciembre de 2019 y 1 de septiembre de 2022, respectivamente. Segundo. Negar la pretensión de nulidad de la «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en concreto, en lo que se refiere a los cargos de vulneración de los artículos 116 de la Constitución Política y 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Archivar el expediente de la referencia, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Salva el voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KBV Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00391-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)
Demandante: Carlos Ossa Barrera
Demandada: Departamento Administrativo de la Función Pública1

Tema: Nulidad parcial del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de
mayo de 2015. Excepción de cosa juzgada.

Sentencia de única instancia

Asunto

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
demanda de nulidad interpuesta contra la expresión «con la persona que ocupe el
primer puesto de lista» prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

1. Carlos Ossa Barrera presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso - Administrativo3 en orden a que se declarara la nulidad de la
expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista.», prevista en el
artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, «Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.», por el
presidente de la República.

2. La norma cuya anulación se solicita se encuentra en el título 27 [estándares
mínimos para la elección de personeros municipales] y su tenor literal es el
siguiente:

1 En adelante DAFP.
2 Folios 1 a 10 del cuaderno principal. También visible en Samai, índice 16, archivo «Anexo

notificación del 11_AUTOQUEADMITEDEMANDA»
3 En adelante CPACA.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)
Demandante: Carlos Ossa Barrera

«Artículo 2.2.27.4 Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el
concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de
elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la
persona que ocupe el primer puesto de la lista.»

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. Como tales se señalaron los artículos 1, 116 y 313.8 de la Constitución Política;
170 de la Ley 136 de 1994; y el 2.1.1.1. del Decreto 1083 de 2015; en su concepto,
porque:

4. Los artículos 313 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994
establecieron que los concejos municipales elegirían al personero municipal
previo concurso de méritos sin disponer porcentajes específicos para cada etapa
del concurso. Sin embargo, el Decreto 1083 de 2015 ─que reglamentó dicha
disposición─ no dejó margen alguno de libertad a los concejales para que
determinaran libremente quién sería el personero, pues se les asignó un 10% del
puntaje total adquirido en el concurso de méritos.

5. El espíritu del artículo 170 de la Ley 136 de 1994 le confirió la facultad al concejo
municipal de elegir al personero previo concurso de méritos más no a quien
quedara de primero en la lista, como si se tratara de un cargo de carrera
administrativa que no aplicaba a los personeros municipales comoquiera que
estos eran elegidos por períodos fijos.

6. Se desconocieron los principios de autonomía y descentralización de las
entidades territoriales que previó el artículo 1 de la Constitución Política, pues la
Ley 136 de 1994 dispuso que sería el concejo municipal el que escogería al
personero; no obstante, la norma acusada los obligó a votar por el primero de la
lista de elegibles.

7. La potestad reglamentaria no podía ir en contra de la ley, en este caso el
Decreto 1083 de 2015, el cual previó que el personero sería elegido por concurso
de méritos y no por el concejo municipal. Ello obligaba a los concejales a elegir a
la persona que ocupara el primer puesto de la lista, so pena de sanciones penales
y disciplinarias.

8. Se vulneró el artículo 116 superior, toda vez que el cargo de personero
municipal estaba dentro de la categoría de miembro del Ministerio Público y tenía
un componente político al ser electo por el concejo municipal; sin embargo, la
norma demandada los equipara a los cargos de carrera administrativa al obligar a
los concejales a votar por el primero de la lista.

9. Cuando desde la presidencia de la República «[s]e está ordenando por quién votar
y a quien elegir se viola el principio de descentralización y autonomía territorial».

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)
Demandante: Carlos Ossa Barrera

10. En casos análogos, los artículos 267 y 272 superiores establecieron que, para
la elección del contralor general, los contralores departamentales y municipales
se aplicaría también una lista de elegibles, pero en ese caso el Congreso no
estaba obligado a elegir al primero de la lista, por lo que «se pod[ía] apreciar en
todos los casos de elección para periodos fijos en los que la corporación elige esta tiene
un margen para escoger precedido de un concurso de méritos».

11. El artículo 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015 era contradictorio con lo dispuesto
en la norma demandada porque «se afirm[ó] que regula estándares mínimos pero lo
que hace es regular absolutamente todo incluso dictaminando por quien tienen que votar
los concejales.»

1.2. Contestación de la demanda

12. Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda,
con sustento en lo que sigue:

1.2.1. El DAPRE4

13. Se debían declarar probadas las excepciones de «inexistencia de violación
alguna de normas superiores», «indebida integración del contradictorio e indebida
representación de la Nación por parte de la Presidencia de la República y del Presidente
de la República» por lo siguiente:

14. El artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 se expidió con sujeción al
ordenamiento jurídico y de acuerdo con los principios constitucionales de
transparencia, objetividad, publicidad y mérito que en nada vulneraban la
autonomía de las entidades territoriales, de acuerdo con las sentencias C-520 de
1994 y C-037 de 2010 proferidas por la Corte Constitucional.

15. El precepto demandado materializó el principio constitucional del mérito,
puesto que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 ─modificado por el artículo 35
de la Ley 1551 de 2012─ señaló en forma expresa que la elección de personeros
debía estar precedida por concurso público de méritos.

16. La elección del personero municipal por parte del concejo debía realizarse a
través de concurso público de méritos, el cual debía sujetarse a los estándares
generales de la jurisprudencia constitucional, precisamente para asegurar el
cumplimiento de las normas que regulaban el acceso a la función pública, al
derecho a la igualdad y el debido proceso.

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Samai, índice 28, archivo «47_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA»

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

17. El precepto normativo que se demandó no transgredió la autonomía territorial
de los concejos que ─por demás─ no era absoluta y encontraba sus límites en la
Constitución y la ley.

18. Al tenor de lo establecido en los artículos 159 del CPACA, 115 y 208
constitucionales, los actos administrativos expedidos por el gobierno nacional
debían ser defendidos por el ministro y/o por el director del departamento
administrativo responsable de su expedición, quien ostentaba la capacidad de
representación judicial en torno a la respectiva materia. Fue un error vincular al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, puesto que no
participó en la expedición del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015
demandado.

1.2.2. El DAFP5

19. Se debían declarar probadas las excepciones de «legalidad de la norma
acusada», «ausencia probatoria que sustenten las causales de nulidad invocadas en
contra de la norma demandada», «cosa juzgada» y «genérica» porque:

20. El precepto acusado no atentó contra la descentralización, autonomía de las
entidades territoriales y la discrecionalidad de los concejos para la designación del
personero, por lo tanto, no podía confundirse dicha discrecionalidad con
arbitrariedad.

21. En ese sentido y siguiendo los lineamientos de la sentencia del «019 de 2017»
dictada por el Consejo de Estado, la designación del funcionario debía obedecer
a criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer
el cargo en cuestión y se tenía que otorgar menos valor porcentual calificable a
criterios subjetivos, entendidos como las apreciaciones derivadas del libre criterio
y arbitrio de los concejales que debían constituir tan solo un factor accesorio y
secundario de la elección. A la par, debía tenerse en cuenta la sentencia C-031
de 1995.

22. No se vulneraron los artículos 313.8 de la Constitución Política y 170 de la Ley
136 de 1994 porque los concejos municipales conservaban la discrecionalidad
que les asistía en la elección del personero. Además, la elección se encontraba
constituida por varias etapas como ─por ejemplo─ la entrevista que debían
realizar los concejales en la que fijaban la calificación que consideraran, hasta en
un 10%.

23.El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 fue modificado por el artículo 35 de la
Ley 1551 de 2012 y su expresión «previo concurso público de méritos» se declaró

5 Samai, índice 28, archivo «47_MemorialWeb_CONTESTACIONDEMANDA»

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

exequible en sentencia C-105 de 2013, pues se le dio prevalencia al mérito. El
espíritu de la ley que alegó el demandante no consistió en darle lugar al concejo
municipal para escoger personero, sino en la prevalencia del mérito sobre criterios
subjetivos, comoquiera que si su finalidad fuera lo señalado por el demandante
«no se admitiría si quiera la realización de un concurso público de méritos, sin que esto
impli[cara] el menoscabo de la competencia de los mismos» [sic].

24. Las normas que regulaban el proceso de elección de un funcionario público
estaban llamadas a privilegiar al mérito sobre cualquier otro criterio de selección,
por lo que no se podía equiparar la elección de los contralores con la de los
personeros.

25. No se desvirtuó la presunción de legalidad de la norma acusada, pues los
argumentos del demandante se basaron en afirmaciones sin sustento probatorio.

26. Se configuró la cosa juzgada, toda vez que la Sección Quinta del Consejo de
Estado con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate en el expediente
11001-03-26-000-2021-00153-00, demandante Carlos Ossa Barrera, con el
mismo escrito de la demanda y pretensiones, profirió la sentencia del 1 de
septiembre de 2022 que resolvió declarar la cosa juzgada en relación con la
sentencia dictada por la Sección Segunda el 9 de diciembre de 2019; estarse a lo
resuelto; y negar las pretensiones de la demanda.

27. Existía coincidencia exacta entre el objeto y causa petendi de las demandas
propuestas por el accionante en el medio de control antes señalado [en el cual se
dictó sentencia que ya había cobrado ejecutoria] y en el proceso de la referencia;
en consecuencia, la Sección Segunda se encontraba imposibilitada para ventilar
un asunto que ya tenía decisión judicial en firme.

28.Además, en otras sentencias6 ya se discutió la legalidad del mismo artículo y
decreto, por lo que resultaba un «despropósito» continuar con dicho debate jurídico,
pues no se encontró que se persiguiera una argumentativa diferente que
permitiera controvertir la legalidad de la norma acusada.

1.3. Medida cautelar7

29. En auto del 29 de agosto de 2023 se negó la medida de suspensión solicitada
con la demanda.

6 Expedientes 2015-01089-00 y 2016-00001-00, Subsección A de la Sección Segunda del

Consejo de Estado. Sentencia del 9 de diciembre de 2019, mediante la cual se negó la
pretensión de nulidad de las normas acusadas.
7 Samai, índice 37, archivo «64_AUTOQUERESUELVEMEDIDACAUTELAR»

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

1.4. Decisión sobre las excepciones previas8

30. Mediante auto del 4 de marzo de 2024 se declaró probada la excepción
denominada «indebida integración del contradictorio e indebida representación de la
Nación por parte de la Presidencia de la República» propuesta por el DAPRE,
comoquiera que en virtud del artículo 115 de la Constitución Política los actos
administrativos expedidos por el gobierno nacional solo podían ser ejecutados una
vez se encontraran suscritos por el ministro o director del departamento
administrativo correspondiente, quienes eran los que asumían la responsabilidad.
Además, el artículo 159 del CPACA dispuso que la representación del gobierno
nacional se materializaba a través de su ministerio o ministerios del ramo, sin que
requiriera la presencia del presidente de la República a través del DAPRE.

31. Las excepciones formuladas por el DAFP denominadas «legalidad de la norma
acusada», «ausencia probatoria que sustenten las causales de nulidad invocadas en
contra de la norma demandada» y la de «cosa juzgada» no constituían excepciones
previas que debieran ser resueltas en esa etapa del proceso, por lo que debían
ser estudiadas en la sentencia que resolviera el fondo del asunto.

1.5. Trámite de sentencia anticipada9

32. En auto del 7 de mayo de 2024 se impartió trámite de sentencia anticipada.
Con esa finalidad, se realizó un pronunciamiento sobre el decreto de pruebas; se
fijó el litigio; y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.

33. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿Se configura total o parcialmente la
excepción mixta de cosa juzgada en relación con el objeto de la controversia? En caso
negativo, se analizará lo siguiente: -¿La expresión «con la persona que ocupe el primer
puesto de la lista», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 contraría el
numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 170 de la Ley 136 de
1994 por vulnerar el principio de discrecionalidad con el que cuentan los concejos
municipales y distritales en el ejercicio de su función de elegir? -¿La expresión
demandada desconoció los principios de descentralización y autonomía territorial
previstos en el artículo 1 constitucional?».

1.6. Alegatos de conclusión

34. El DAFP10 solicitó negar por improcedente la nulidad de la expresión acusada
e insistió en los argumentos expuestos con la contestación de la demanda, así
como en las excepciones.

8
Samai, índice 45, archivo «70AUTOQUEDECIDE_08472020EXCEPCIONESN»
9 Samai, índice 50, archivo «74Auto que corre _08472020Adoptamedida»
10 Samai, índice 54, archivo «76_MemorialWeb_Alegatos-20246000495401»

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)
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35. Por su parte, el demandante guardo silencio.

36. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

37. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le
corresponde a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decidir en única instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo,
por el criterio de especialidad, los artículos 1311, modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 201912 señalan que la sección segunda conoce de los asuntos de carácter
laboral.

2.2. Problema jurídico

38. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver
el siguiente interrogante:

38.1. ¿Se configuró total o parcialmente la excepción de cosa juzgada en relación
con el objeto de la controversia?

39. En caso de que la respuesta al anterior planteamiento sea negativa,

39.1. ¿La expresión «con la persona que ocupe el primer puesto de la lista», prevista
en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 contraría los artículos 116
y 313.8 de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994- modificado
por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012?

39.2. ¿La expresión demandada desconoció los principios de descentralización y
autonomía territorial previstos en el artículo 1 de la Constitución Política?

40. Con el fin de resolver los interrogantes, la Sala seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial de la cosa
juzgada y se examinará si se configuró o no en el caso concreto. En caso de que

11 Reglamento interno del Consejo de Estado.
12 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019,

y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

se llegue a la conclusión de que no, se examinarán los demás problemas jurídicos.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Cosa juzgada

41. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse
sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio
planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene
como efectos procesales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como
efectos sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»13.

42. Se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos
consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen
por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al
juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en
dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento
jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a
la comunidad, volver a entablar el mismo litigio» 14.

43. Esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del Código General
del Proceso15, según el cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.»

44. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar si existe i) identidad de objeto, ii) identidad de
causa e iii) identidad jurídica de partes. Estos elementos han sido definidos por la
jurisprudencia constitucional en los siguientes términos16:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado
o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de
un derecho que no fueron declarados expresamente.

13 Sentencia C-100 de 2019.
14 Sentencia C-774 de 2001.
15 En adelante CGP.
16 Sentencia C-774 de 2001.

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• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos
o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada».

45. Es pertinente resaltar que el referido artículo 303 solo establece de manera
expresa una excepción a la cosa juzgada, esto es cuando se trata del recurso
extraordinario de revisión. En ese sentido señala que «[l]a cosa juzgada no se opone
al recurso extraordinario de revisión».

46. El artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber de dictar
sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada
la cosa juzgada. A su turno, el artículo 189 del CPACA dispuso que «[l]a sentencia
que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad
de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las
cuales se haga el examen.» [se subraya]

47. En línea con lo anterior esta corporación ha dicho que «en cuanto al límite
subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla general interpartes, con excepción
de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual los mismos son
oponibles de manera general»17.

48. Lo anterior significa que, al ser sus efectos erga omnes y no interpartes y en
atención a que el propósito del juicio de nulidad simple que es conocer la legalidad
objetiva del acto administrativo de carácter general, lo importante es determinar la
causa petendi para efectos de establecer si se configuró la cosa juzgada, motivo
por el cual no resultaba necesario comprobar la identidad de las partes del litigio18.

49. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.

17 Providencia del 7 de diciembre de 2017. Expediente 05001-23-33-000-2015-02253-01.
Auto del 29 de octubre 2020. Expediente 08001-23-33-000-2020-00022-01.
18 Sentencia del 14 de octubre de 2021. Expediente 11001-03-24-000-2009-00100-00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00391-00 (0847-2020)
Demandante: Carlos Ossa Barrera

2.4. Caso concreto

2.4.1. Artículos 1 y 313.8 de la Constitución Política, 170 de la Ley 136 de
1994 y el argumento relacionado con la elección de contralores. Cosa
juzgada

50. A efectos de resolver el primer problema jurídico y determinar si se configuró
o no la excepción de cosa juzgada, se procederá a exponer el contenido de la
sentencia C-105 de 2013 dictada por la Corte Constitucional, en particular, lo
relacionado con la elección de los personeros municipales o distritales. Después
se analizarán los procesos en los cuales se demandó el artículo 2.2.27.4 del
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 ante esta corporación.

 Sentencia C-105 de 2013 dictada por la Corte Constitucional

51. En la providencia referida, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de
la expresión «previo concurso de méritos» y la inexequibilidad de la expresión «que
realizará la Procuraduría General de la Nación», dispuesta en el artículo 35 de la Ley
1551 de 2012 que modificó el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, con base en su
precedente jurisprudencial, por cuanto el artículo 125 de la Constitución Política
estableció que los funcionarios públicos debían ser nombrados a través de
concurso público y que los empleos en los órganos y entidades del Estado eran
de carrera, por lo que el ingreso y el ascenso en la misma debía efectuarse
mediante dicho procedimiento.

52. Es decir que la obligatoriedad de ese sistema en los cargos de carrera no
excluía su utilización en aquellos que no tenían ese carácter. Por el contrario, de
acuerdo con la norma antes señalada el concurso era la regla general y las
excepciones que se establecieran en el derecho positivo debían estar respaldadas
y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional.

53. La Carta Política no solo avaló ese tipo de procedimiento para la elección de
funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encontraban
sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que además, sus
finalidades justificaban su aplicación, comoquiera que (i) ese tipo de vinculación
facilitaba y promovía la consecución de los fines estatales, en la medida en que
su objeto estaba justamente la identificación de las personas que reunieran las
condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, podían
contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas; (ii)
se trataba de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los que las
decisiones estaban determinadas por criterios y pautas objetivas que
garantizaban los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el
debido proceso en sede administrativa, y al trabajo.

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

54. Y finalmente, (iii) se excluían las determinaciones meramente discrecionales
para en su lugar aplicar criterios imparciales relacionados exclusivamente con la
idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, lo que aseguraba la
transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad.

55. El rol particular y las funciones de los personeros en los municipios y distritos
antes que excluir la aplicación del precedente jurisprudencial reforzaba la
necesidad de aplicar ese tipo de procedimiento, debido a la importancia de sus
funciones19 y el control que debían ejercer sobre los órganos del orden territorial,
entre ellos, al concejo. Lo que justificaba que su elección fuera reglada «y no
necesariamente una decisión discrecional que pueda comprometer la independencia y la
imparcialidad de la persona que resulte favorecida.»

56. Por lo tanto, el concurso para la provisión de cargos de servidores públicos
que no eran de carrera se encontraba avalado en virtud del reconocimiento
constitucional explícito a los fines estatales y los derechos fundamentales por cuya
realización se propendía. Por lo que dicho concurso era perfectamente aplicable
al caso de la elección de los personeros.

57. En lo relativo al desconocimiento del principio democrático y el procedimiento
para la elección del personero, se consideró que no era cierto que la previsión
normativa modificara el procedimiento constitucional de designación de los
personeros, toda vez que, el artículo 313 de la Constitución estableció las
competencias del concejo, entre ellas, la de «elegir personero para el período que fije
la ley y los demás funcionarios que ésta determine». Dicha norma era de orden
competencial y únicamente atribuyó a ese órgano la función de elegir ciertos
servidores públicos, pero en modo alguno podía ser entendida como una norma
procedimental que fijara el trámite para atender esta responsabilidad. En otras
palabras, la disposición únicamente definió la competencia del concejo, más no el
procedimiento mediante el cual se materializaría.

58. La suposición de que las corporaciones públicas debían deliberar y decidir
discrecional y libremente, en tanto estaban integradas por personas que
representan y actúan en nombre de la voluntad general, parte de una noción
restringida del principio democrático, pues el concurso público de méritos
materializaba la intervención ciudadana en distintos sentidos: de un lado, porque
cualquier persona que cumpliera los requisitos y condiciones para ejercer el cargo
de personero, podía tomar parte en el respectivo proceso de selección; y de otro
lado, comoquiera que se trataba de un procedimiento público y altamente
formalizado, cualquier persona podía hacer el seguimiento respectivo, y detectar,
informar y controvertir las eventuales irregularidades.

 Sentencias dictadas por las secciones Segunda y Quinta de esta corporación

19 Artículos 118 y 277 de la Constitución Política.

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

59. En esta corporación se tramitaron 3 procesos de nulidad simple de los cuales
se acumularon 2 y el 3 fue tramitado de forma individual. En estos se solicitó la
anulación de la norma aquí acusada a través del medio de control previsto en el
artículo 137 del CPACA, así:

11001-03-25-000-2015-01089-00
acumulado con el proceso 11001- 11001-03-26-000-2021-00153-00
03-25-000-2016-00001-00
Sentencia del 1 de septiembre de
Sentencia del 9 de diciembre de 2022
2019
Sección Segunda, Subsección A Quinta
Ponente William Hernández Gómez Rocío Araújo Oñate
Demandante: José Ignacio Arango
Bernal y David Alonso Roa Salguero Demandante: Carlos Ossa Barrera
Partes
Demandado: Departamento Demandado: Departamento
Administrativo de la Función Pública Administrativo de la Función Pública
y Ministerio del Interior y de Justicia
Proceso 2015-01089: La nulidad del
Decreto 2485 de 2014, así como del
Título 27 del Decreto 1083 del 26 de
mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al
2.2.27.6. En subsidio, la nulidad del
artículo 4 del Decreto 2485 de 2014,
compilado en el artículo 2.2.27.4 del
mencionado Decreto 1083 de 2015. Que se declarara la nulidad de la
expresión «con la persona que
Proceso 2016-00001: (i) la nulidad ocupe el primer lugar de la lista»
Objeto
parcial del artículo 2.2.27.4. del contenida en el artículo 2.2.27.4 del
(pretensiones)
Decreto 1083 de 2015, respecto de decreto 1083 de 2015.
la expresión «con la persona que
ocupe el primer puesto de la lista»; y
(ii) que los concejos municipales
podían elegir a quien consideraran
de la lista de elegibles que arrojara el
proceso de selección en el concurso
público de méritos. [Se subraya]

«PRIMERO: DECLARAR la
«Denegar las pretensiones de las configuración de la cosa juzgada
demandas instauradas por los relativa, en relación con la sentencia del
señores David Alonso Roa Salguero 9 de diciembre de 2019 proferida por la
en contra del Departamento Subsección A de la Sección Segunda
Decisión Administrativo de la Función Pública del Consejo de Estado dictada en el
radicado 2015-01089-00 y 2016-00001-
y José Ignacio Arango Bernal en 00, de conformidad con los motivos
contra de esta última entidad y de la expuestos en esta providencia.
Nación, Ministerio del Interior, de
conformidad con lo expuesto en la ESTARSE A LO RESUELTO en la
parte motiva de esta providencia.» sentencia del 9 de diciembre de 2019
antes señalada, en relación con la

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

presunta vulneración del principio de
autonomía de las entidades territoriales,
el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012,
modificatorio del artículo 170 de la Ley
136 de 1994, y de los de los artículos
126 numeral 4 y 313 numeral 8 de la
Constitución Política.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de
la demanda por los demás cargos
elevados contra el artículo 2.2.27.4 del
Decreto 1083 de 2015.»

60. De conformidad con lo expuesto, la Sala deberá determinar si el caso objeto
de estudio existe identidad de partes, objeto y causa petendi, en tanto la expresión
aquí demandada ya fue objeto de pronunciamiento por parte de las Secciones
Segunda y Quinta.

 Identidad de partes

61. Como quedó expuesto en el marco normativo, cuando se trata de procesos
de nulidad simple en los que se niegan las pretensiones de la demanda no es
relevante establecer si existe identidad de partes como elemento para determinar
la cosa juzgada; sin embargo, es menester precisar que el demandante de este
proceso y del que se tramitó en la Sección Quinta es el mismo.

62. A su vez, en la sentencia dictada por la Sección Quinta se negaron las
pretensiones de nulidad del aparte de la norma demandada contenida en un acto
administrativo de carácter general, por lo que dicha providencia produjo efectos
erga omnes en relación con la causa petendi20.

 Identidad de objeto

63. En el proceso de la referencia como el de la Sección Quinta se solicitó la
nulidad de la expresión «con la persona que ocupe el primer lugar de la lista» contenida
en el artículo 2.2.27.4 del decreto 1083 de 2015.

 Identidad de causa petendi

64. En lo relativo a la identidad de causa petendi, debe señalarse que se
circunscribe a los cargos en que se estructuran las pretensiones de la demanda

20 De conformidad con el artículo 189 del CPACA dispuso «Efectos de la sentencia. [L]a

sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de
las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen.»[Se subraya]

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de nulidad simple21.

65. Para tal efecto, se exponen cuáles fueron las normas que se invocaron como
violadas en este proceso y los adelantados por las Secciones Segunda y Quinta:

11001-03-25-000-2015-01089-
00 acumulado con el proceso 11001-03-26-000-2021-
11001-03-25-000-2016-00001- 00153-00
Proceso de la
00
referencia
Sentencia del 1 de
Sentencia del 9 de diciembre septiembre de 2022
de 2019
2016-01089: artículos 1, 2, 40,
189-11, 150, 287 y 313.8 de la
Constitución Política; 2, inciso 4,
del Acto Legislativo 2 de 2005;
Artículos 1, 116 y 313.8 35, inciso 1 de la Ley 1551 de
de la Constitución 2012; y 37 de la Ley 1437 de Consideró vulnerados los
Política; 170 de la Ley 2011. artículos 1, 13, 126, 313.8
136 de 1994; y el de la Constitución Política; y
2.1.1.1. del Decreto 2016-00001: artículos 313, 170 de la Ley 136 de 1994.
1083 de 2015 numeral 8, de la Constitución
Política; 35 y 170 de la Ley 136
de 1994, este último modificado
por el artículo 35 de la Ley 1551
de 2012.

66. Nótese que existe identidad en las 3 demandas frente a los artículos 1 y 313.8
de la Constitución Política y 170 de la Ley 136 de 1994, no así de los artículos 116
superior y 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015 [los cuales serán analizados más
adelante].

67. La coincidencia, por cuanto se consideró que se habían desconocido los
principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales al obligar
a los concejos municipales a escoger como personero al primero de la lista como
si se tratara de un cargo de carrera administrativa, siendo este de naturaleza
política.

68. A su vez, son iguales los argumentos relativos a que existen casos análogos
al de elección de los personeros, específicamente, la del contralor general de la
República y los contralores departamentales y municipales que se escogen previo
un proceso meritocrático en el que no se obliga a elegir al primero de la lista, por
lo que existe un margen de discrecionalidad en la decisión.

69.
70. Por lo anterior, la Sala establecerá si hay cosa juzgada con ambas sentencias,

21Providencia del 7 de diciembre de 2017. Expediente 05001-23-33-000-2015-02253-01.
Auto del 29 de octubre 2020. Rad. 08001-23-33-000-2020-00022-01.

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esto es las dictadas por las Secciones Segunda y Quinta. Para tal efecto, se
expondrán los cargos del concepto de la violación de esta demanda y se
compararán con los que ya fueron objeto de análisis el 9 de diciembre de 2019
[Sección Segunda] y 1 de septiembre de 2022 [Sección Quinta].

71.Entonces, frente a los artículos 1 y 313.8 de la Constitución Política, se
observa lo siguiente:

 Artículo 1

71.1. En la demanda del proceso de la referencia, frente al artículo 1, se argumentó
que «[c]uando desde la presidencia de la república se está ordenando por quién votar y
a quien elegir se viola el principio de descentralización y autonomía territorial».

71.2. El pronunciamiento sobre los principios de descentralización y autonomía
territorial ya fueron efectuados por las Secciones Quinta y Segunda, en su orden.

71.2.1. Sobre el principio de descentralización, la Sección Quinta resolvió el
siguiente cargo de nulidad:

«[e]l aparte demandado supone que el concejo carece de discrecionalidad
para elegir el personero, como quiera que está obligado a nombrar a quien
quede de primero en el concurso respectivo, violando los principios de
descentralización y de autonomía territorial».

71.2.2. Al respecto, consideró que (i) la norma, al establecer que el concejo debe
escoger al primero de la lista no hizo más que presentar la única consecuencia
legal admisible, pues fue el legislador el que determinó que se debía adelantar el
concurso de méritos; (ii) este, «el concurso de méritos para la provisión de cargos de
servidores públicos que no son de carrera, como sucede en el caso de los personeros
municipales, encuentra su aval en el reconocimiento constitucional explícito y en los fines
estatales y los derechos fundamentales por cuya realización propende22»; (iii) la Corte
Constitucional estableció que el artículo 125 de la Carta ordenó que dicho
mecanismo de vinculación facilitaba y promovía «la consecución de los fines
estatales, en la medida en que su objeto [era] la identificación de las personas que reúnen
las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo». Por esto concluyó:

«135. Así las cosas, la Sala observa que el Departamento Administrativo de
la Función Pública al establecer en el artículo 2.2.27.4 que el Concejo
Municipal debe elegir personero municipal al primero de la lista producto del
concurso público de mérito, no vulneró el principio de descentralización
administrativa contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política, por
cuanto fue el legislador quien determinó este mecanismo para ocupar el
empleo de personero municipal y distrital, método que es constitucionalmente
admisible para la elección de cargos que no sean de carrera administrativa y

22 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-105 del 06.03.2013. M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez.

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cuya determinación corresponde al legislador.»

71.2.3. En cuanto al principio de autonomía, la Sección Segunda analizó el
siguiente cargo de nulidad:

«[p]ara encontrar un punto de equilibrio entre las competencias de los
concejos municipales y distritales, por un lado, y el mérito en la escogencia
de personeros, por el otro, la lista de elegibles debería permitir la preselección
de varios candidatos entre quienes obtuvieron los más altos puntajes a
efectos de que, entre ellos, los concejales abran un diálogo democrático fruto
del cual puedan elegir a quien debe ocupar el cargo. Agregó que la anterior
situación se traducía en el desconocimiento del principio de autonomía de las
entidades territoriales.»

71.2.4. Sobre el particular, expuso que fue en la sentencia C-105 de 2013 en la
que se concluyó que el hecho de que los personeros municipales fueran elegidos
a través de concurso de méritos, no transgrede el principio de autonomía de las
entidades territoriales. Además, sostuvo que «precisamente a efectos de respetar el
principio de autonomía de las entidades territoriales, la responsabilidad de dirigir y
conducir los concursos públicos de méritos para la elección de personero municipal debía
ser ejercida por los concejos municipales y no por el Ministerio Público, razón por la cual
decidió declarar la inexequibilidad de la expresión «[…] que realizará la Procuraduría
General de la Nación […]», contenida inicialmente en el Inciso 1, y de los incisos 2, 4 y 5
del Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012». Por ello, concluyó que el artículo 2.2.27.4
del Decreto 1083 de 2015 «no desconoc[ía] el principio democrático ni el de autonomía
de las entidades territoriales».

 Artículo 313, numeral 8

71.3. En este proceso, el actor sostuvo que el artículo 313.8 asignó a «los Concejos
Municipales la elección del Personero Municipal. La parte sujeta a nulidad de esta
demanda obliga a que los concejales en el país tienen obligatoriamente que votar por una
persona en específico, sin margen de debate alguno».

71.4. Este argumento ya fue objeto de análisis por la Sección Segunda. El cargo
fue el siguiente:

«[...] indicó que el artículo 313 superior, numeral 8, dispone que el concejo
municipal elegirá al personero municipal, lo que supone de conformidad con
el significado de dicho verbo que la corporación pública debe tener la facultad
de seleccionar entre varias opciones a la persona que ocupará el cargo, lo
que no se garantiza con la norma demandada puesto que su contenido
desnaturaliza ese proceso de selección a un simple acto protocolario en el
que los concejales se ven obligados a dar su voto al candidato que se ubique
primero en la lista de elegibles».

71.5. Para resolver el argumento, en la sentencia se precisó que el Título 27 del
Decreto 1083 de 2015 dispuso que el concurso adelantado por los concejos debía

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atender criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad, publicidad e
idoneidad de los aspirantes. En consecuencia, en lo que se refería al canon
constitucional, expuso:

«Visto lo anterior, en lo que se refiere al artículo 313 de la Constitución
Política, cuyo numeral 8 señala que corresponde a los concejos municipales
«[…] Elegir Personero para el período que fije la ley […]», se observa que no
sería viable predicar un vaciamiento de competencias por violación de una
reserva legal porque el precepto constitucional no admite duda en cuanto a
que aquello que debe definir la «ley», más allá de la acepción en que se esté
usando la palabra, es el «periodo» de los personeros municipales o distritales,
entendido como el lapso o término para el cual han de ser elegidos, asunto
que en modo alguno fue abordado en los actos administrativos objeto de la
actual demanda».

72. Y, en cuanto al artículo 170 de la Ley 136 de 1994 -modificado por el
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012-, en este proceso el actor argumentó que
«ordena que es el concejo municipal quien escoge el personero y no el concurso de
méritos, este es un requisito y no la elección. En este momento los concejos no eligen el
personero ya que son obligados a votar por el primero de la lista de elegibles de tal
manera que ellos no tienen poder alguno para elegir al personero, solo la mesa directiva
para contratar la entidad que hará el examen».

73. Sobre esta norma, la Sala encuentra que la Sección Quinta se estuvo a lo
resuelto en la sentencia del 9 de diciembre de 2019 proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda. Esta última resolvió el siguiente cargo de nulidad:

«[...] indicó que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de
la Ley 136 de 1994, no reguló en modo alguno que la vacante se ocuparía
con la persona que quede en el primer puesto de la lista. De ello emerge que,
a través del acto acusado, el Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio
de la facultad reglamentaria, desnaturalizando la intención que tuvo la Ley
1551 de 2012 de favorecer el debate democrático y la participación ciudadana
a través de los concejos municipales, en un proceso novedoso que, si bien
pretendía privilegiar el mérito, nunca buscó vaciar de competencia a dichas
corporaciones para elegir al personero municipal» [se resalta].

74. Este fue resuelto por la Sección Segunda en los siguientes términos:

«Para resolver este interrogante, basta remitirse a las consideraciones
efectuadas en desarrollo del primer problema jurídico pues allí quedó
establecido que la Corte Constitucional, en sentencia C-105 de 2013, resolvió
declarar exequible el inciso 1 del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto
contempló que los personeros municipales deben elegirse por las
corporaciones públicas, «previo concurso de méritos».

Así las cosas, es plausible concluir que, respecto de este tipo de empleos,
opera el precedente constitucional que admite el concurso público como
proceso de selección aplicable a funcionarios que no son de carrera. Al hacer
parte de una sentencia de constitucionalidad, dicha interpretación se integra
al contenido del precepto legal en comento, luego no es viable para el Consejo

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de Estado desatender el texto normativo admitiendo, como pretenden los
demandantes, que la elección de personeros municipales evada el estricto
orden en que debe aplicarse la lista de elegibles, lo que implicaría, según la
caracterización ampliamente explicada, que su elección se realice a través de
convocatoria pública y no mediante el concurso público de méritos».

75. Como se observa, aunque en distintos términos, los planteamientos en la
demanda son iguales, razón por la cual se advierte que se configura la cosa
juzgada con efectos erga omnes de la expresión «con la persona que ocupe el primer
puesto de la lista», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, en lo
relacionado con que se habían desconocido los artículos 313.8 de la Constitución
Política y 170 de la Ley 136 de 1994 -modificado por el artículo 35 de la Ley 1551
de 2012-. Así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

76. De otro lado, la Sala no pasa por alto que el demandante también acudió al
artículo 267 de la Constitución para indicar que «en el evento de elegir Contralor
General también aplica la lista de elegibles, pero en este caso el congreso no está
obligado a elegir al primero de la lista, esto coartaría la libertad de la corporación a elegir».

77. Tal como se expuso con las demás normas, este ya fue objeto de
pronunciamiento por parte de la Sección Quinta. El cargo de nulidad fue el
siguiente:

«En segundo lugar hizo referencia al principio de igualdad, para indicar que la
disposición demandada lo contraviene, porque si bien para el cargo de
personero debe llevarse a cabo un concurso público de méritos, en el cual
única y exclusivamente se puede elegir al primero de la lista de elegibles, lo
cierto es que en otros casos análogos, como por ejemplo, la elección de los
contralores del orden territorial y municipal, hay una terna que se escoge
previo un proceso meritocrático, de la cual se elige sin la obligación de
designar a quien ocupó el primer lugar, es decir, existe un margen de
discrecionalidad en la decisión».

78. En la providencia se consideró que la elección de los contralores «no se realiza
previo un concurso de méritos, con lo cual, dicho parámetro no puede servir de
fundamento para realizar el juicio de comparación que propone». Era así porque el
artículo 272 de la Constitución estableció que la elección se haría a través de una
convocatoria pública, figura que no podía ni debía «confundirse con el concurso
público y que, si bien, al igual que este último pretende salvaguardar el criterio del mérito
en la escogencia de la persona que debe ocupar el cargo, es un mecanismo que permite
que la elección no se realice con el primero de la lista». Por lo anterior, concluyó:

«114. De la norma en comento resulta evidente i) que el constituyente
derivado consideró la convocatoria pública como el mecanismo idóneo para
la elección de los contralores territoriales, el cual, valga la reiteración, se
introdujo desde la reforma del Acto Legislativo 02 de 2015 al artículo 272 de
la Carta, y, ii) que dicho mecanismo le otorga al órgano elector una mayor
discrecionalidad al momento de tomar su decisión y, en concreto, para el caso
de los contralores territoriales, le permite escoger entre tres candidatos que

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conforman la terna.

115. Ahora, para el personero municipal y distrital, el legislador, en ejercicio
de su amplia potestad de configuración legislativa, al expedir la Ley 136 de
1994 modificada por la Ley 151 de 2012, instituyó el concurso público de
méritos como mecanismo que regula la incorporación a los empleos y cargos
del Estado, por lo que es claro que no se trata del mismo proceso de elección
para el empleo.

116. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en
el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, y en desarrollo del artículo 35
de la Ley 151 de 2012, estableció que el cargo debía ocuparse con el primero
de la lista, pues ésta es la consecuencia necesaria y única que se deriva del
concurso público de méritos, método escogido por el legislador para la
designación de este cargo, por lo que tampoco se advierte que se haya
excedido la potestad reglamentaria, como lo alega el actor, al ser la misma
ley la que determinó dicho mecanismo.

117. Conforme con lo anterior, la Sala relieva que el demandante confunde
los conceptos de concurso público y convocatoria pública como si se tratara
de conceptos similares, mismos que, como se explicará a continuación,
presentan significativas diferencias.

[...] 120. Así las cosas, se observa que a pesar de que existan similitudes
entre la convocatoria pública y el concurso de mérito, la primera contiene un
grado de discrecionalidad que principalmente se ve reflejado i) en la
regulación de los parámetros que deben tener en cuenta quienes aspiren a
ser parte del trámite de designación y ii) en la designación de las personas
que resultan favorecidas. Este margen discrecional no tiene lugar entrándose
de los concursos públicos, pues la selección correspondiente obedece a
criterios netamente objetivos. […]»

79. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que también se configuró la
cosa juzgada en lo relativo a que, de acuerdo con los artículos 267 y 272
Constitucionales, existen casos análogos de elección de funcionarios públicos de
períodos fijos, como el de elección del contralor general y de los contralores
departamentales y municipales, en los que se les permitía elegir al funcionario y
no se les obligaba a designar al primero de la lista del concurso de méritos.

80. Así las cosas, como las sentencias referidas no se detuvieron en el análisis
de los artículos 116 de la Constitución y 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015, pasa
la Sala a examinarlos.

2.4.2. Artículo 116 de la Constitución Política

81. El demandante argumentó que este canon constitucional fue transgredido
porque «la naturaleza del cargo de personero municipal está dentro de la categoría de
miembro del Ministerio Público y tiene un componente político al ser electo por el concejo
municipal, la norma lo equipara a un cargo de carrera administrativa al obligar a los
concejales a votar por el primero de la lista».

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Demandante: Carlos Ossa Barrera

82. Al respecto, el artículo 116 de la Constitución Política, modificado y adicionado
por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2003 prevé:

«ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía
General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia.
También lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural.

El órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural será la Sala de Casación
Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de la
competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del Artículo
237 de la Constitución Política de Colombia.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será
permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales,
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos
en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.»

83. Como se puede evidenciar en la norma antes expuesta no se establece algún
asunto que se relacione con la naturaleza del cargo y elección del personero
municipal con aquellos que son de carrera administrativa, pues únicamente se
prevén las instituciones que componían la estructura del Estado, específicamente,
las encargadas de administrar justicia.

84. De cualquier modo, el reproche tampoco tiene vocación de prosperidad, toda
vez que la Corte Constitucional en la C-105 de 2103 puntualizó que para los
funcionarios de libre nombramiento y remoción que se encuentran sometidos a un
período fijo, como es el caso de los personeros, era válido que su elección se
realizara a través de concurso de méritos por ser la regla general del acceso a
cargos públicos, en el que se garantizan los fines estatales y los derechos
fundamentales de los interesados. En consecuencia, el cargo no está llamado a
prosperar.

2.4.3. Artículo 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015

85. El demandante considera que el artículo 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015
entraba en contradicción con el 2.2.27.4 ibidem, por cuanto en el primero se había
dispuesto que el objetivo de dicha reglamentación era regular los estándares
mínimos del concurso público de méritos para la elección del personero, «pero lo
que hizo fue regular absolutamente todo incluso dictaminando por quien votar los
concejales.»

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86. Sobre lo anterior, debe precisarse que ─en efecto─ el artículo 2.1.1.1 del
Decreto 1083 de 2015 prevé su objeto y compila en un solo cuerpo normativo los
decretos reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función pública,
entre ellos, los estándares mínimos para la elección de personero municipal.

87. En el Título 27 ibidem desarrolla lo relativo a la elección de los personeros
municipales o distritales a través de concurso público de méritos, se indican las
etapas del proceso y los trámites pertinentes que deben adelantar los concejos
directamente o a través de universidades o instituciones de educación superior
públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de
personal. Para ello, se dispuso que a través de la mesa directiva se deberá surtir
la convocatoria, el reclutamiento, las pruebas de conocimientos académicos y
laborales, la valoración de estudios y experiencia, la entrevista y, finalmente, la
conformación de la lista de elegibles.

88. Lo anterior significa que, en términos de la sentencia C-105 de 2013, el
concejo se enfrenta al desarrollo del concurso mediante herramientas técnicas y
logísticas y criterios objetivos para evaluar y cuantificar la experiencia y
habilidades de los participantes, lo que a su vez conlleva implícito el deber y la
competencia de establecer los lineamientos generales y/o mínimos del concurso,
así como su dirección, si es del caso, a través de un tercero especializado que le
brinde apoyo logístico.

89. En criterio de la Sala, la norma acusada no impone a los concejales el deber
de votar en determinado sentido porque el fin se dirige exclusivamente a
garantizar la libre concurrencia, objetividad y transparencia a través del
agotamiento de unas etapas que deberán ser previstas por el concejo y la
conformación de una lista de elegibles que corresponda al mérito y la designación
de un funcionario idóneo. Por consiguiente, este cargo tampoco prospera.

2.1. Conclusión

90. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala declarará configurada la
excepción de cosa juzgada, en relación con la vulneración de los artículos 1 y
313.8. de la Constitución Política y 170 de la Ley 135 de 1994 ─modificado por el
35 de la Ley 1551 de 2012─, comoquiera que los argumentos presentados por el
demandante para sustentar la nulidad del aparte demandado del artículo 2.2.27.4
del Decreto 1083 de 2015 ya fueron analizados por las Secciones Segunda y
Quinta de esta corporación en sentencias del 9 de diciembre de 2019 y 1 de
septiembre de 2022, respectivamente, decisiones que se encuentran
debidamente ejecutoriadas.

91. En cuanto a la vulneración de los artículos 116 de la Constitución Política y
2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015 se negarán, porque, respecto de la primera, no

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se estableció algún asunto relacionado con la naturaleza del cargo y elección del
personero y, en la segunda, en modo alguno se obligó a los concejales a votar de
una forma específica al establecerse los lineamientos generales y mínimos a
seguir para la elección del personero a través del concurso de méritos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación
con la vulneración de los artículos 1 y 313.8. de la Constitución Política y 170 de
la Ley 135 de 1994 ─modificado por el 35 de la Ley 1551 de 2012─, comoquiera
que los argumentos presentados por el demandante para sustentar la nulidad del
aparte demandado del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 ya fueron
analizados por las Secciones Segunda y Quinta de esta corporación en sentencias
del 9 de diciembre de 2019 y 1 de septiembre de 2022, respectivamente.

Segundo. Negar la pretensión de nulidad de la «con la persona que ocupe el primer
puesto de la lista», prevista en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 del 26 de mayo
de 2015, en concreto, en lo que se refiere a los cargos de vulneración de los
artículos 116 de la Constitución Política y 2.1.1.1 del Decreto 1083 de 2015.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Archivar el expediente de la referencia, previamente las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Salva el voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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