Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-26-000-2021-00153-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-26-000-2021-00153-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-26-000-2021-00153-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
1 de septiembre de 2022
Demandante: Carlos Ossa Barrera
Demandado: Departamento
Administrativo de la Función Pública
Rad: 11001-03-26-000-2021-00153-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación No. 11001-03-26-000-2021-00153-00
Demandante: CARLOS OSSA BARRERA
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FUNCIÓN
PÚBLICA
Objeto de control: Artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 “por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública”
Temas: Elección de personero municipal. Concurso público de méritos.
Convocatoria pública.
FALLO DE ÚNICA INSTANCIA
Corresponde a la Sala dictar sentencia de única instancia en el marco del medio de
control de nulidad referido, en el cual se solicitó la anulación parcial del artículo 2.2.27.4
del Decreto 1083 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda y pretensiones
1. El 15 de junio de 20212 el señor Carlos Ossa Barrera solicitó la nulidad3 de la
expresión “con la persona que ocupe el primer puesto de la lista” del artículo 2.2.27.4 del Decreto
1083 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública”, expedido por el Gobierno Nacional, en este caso integrado por el
presidente de la República y la directora del Departamento Administrativo de la Función
Pública. Elevó de forma concreta la siguiente pretensión:
“Se pretende con base a lo expuesto anteriormente la declaración de nulidad de la
expresión “con quien ocupe el primer puesto de la lista” del Articulo 2.2.27.4 del Decreto
1083 de 2015.”
1
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
2
Acta de reparto con fecha del 15 de junio de 2021, según las constancias que obran en el expediente digital visible en SAMAI. La
demanda fue presentada inicialmente, ante el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo de Bogotá.
3
Inicialmente el actor presentó demanda de nulidad por inconstitucionalidad. El proceso ingresó al despacho el 22 de marzo de 2022
y con auto de la misma fecha, el despacho ponente inadmitió la demanda y le concedió el término legal para que adecuara el medio
de control al de nulidad simple. El término para subsanar la demanda corrió del 29 de marzo de 2022 al 18 de abril del mismo año.
Mediante correo electrónico enviado el 30 de marzo de 2022, el señor Carlos Ossa Barrera subsanó la demanda.
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1.2. Hechos y omisiones fundamento del medio de control, expuestos en la
demanda
2. El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”
3. En el artículo 170 se establece, entre otros aspectos, que los concejos municipales o
distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de 4 años,
previo concurso público de méritos.
4. Dicha disposición fue modificada por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, el cual
estableció, entre otras cosas, que “Los Concejos Municipales o distritales según el caso,
elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10)
primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso
público de méritos.”
5. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1083 del 26 de mayo de
2015, Único Reglamentario del sector de la Función Pública, en cuyo artículo 2.2.27.4
incorporó el texto del artículo 4 del Decreto 2485 de 2014, norma compilada por el
primero.
6. La norma demandada es del siguiente tenor: (en negrilla el aparte demandado).
ARTÍCULO 2.2.27.4 Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el concejo
municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se
cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto
de la lista.
7. Como normas vulneradas, señaló el artículo 1704 de la Ley 136 de 19945, los
artículos 1º, 13, 126 y numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política.
8. El concepto de violación se resume de la siguiente manera:
9. En primer lugar, manifestó que los artículos 313 de la Constitución Política y 170 de
la Ley 136 de 1994 establecen que los concejos municipales o distritales, según sea el
caso elegirán al respectivo personero, previo un concurso de mérito, sin disponer un
porcentaje específico que se deba atribuir a cada etapa del concurso.
10. En esa línea, expuso que el Decreto 1083 de 2015 no deja margen alguno de libertad
a los concejales para poder determinar quién será el personero, pues únicamente les
permite incidir en el 10% del puntaje total adquirido en el concurso de méritos.
4
ARTÍCULO 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales
de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo
concurso público de méritos, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de
marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.
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Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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11. En consecuencia, a juicio del actor, el aparte demandado supone que el concejo
carece de discrecionalidad para elegir el personero, como quiera que está obligado a
nombrar a quien quede de primero en el concurso respectivo, violando los principios de
descentralización y de autonomía territorial.
12. En punto a lo anterior, indicó que el espíritu del artículo 170 de la Ley 136 de 1994
es conferirle la facultad al órgano elector de escoger el personero, previo un concurso de
méritos, pero ello no conlleva que debe designar a quien quede primero, pues no se trata
de un cargo de carrera administrativa, sino que, es un empleo de periodo fijo.
13. Por lo anterior, consideró que se excedió la potestad reglamentaria del presidente de
la República al desarrollar la ley mencionada, pues se dedujo una consecuencia no
establecida por el legislador6.
14. Manifestó que, el aparte demandado de la norma permite que los aspirantes se
presenten a un sinnúmero de procesos de selección, con el fin de conocer las preguntas
que se realizan y así obtener altos puntajes para acceder al cargo, situación que a su
juicio vulnera el principio según el cual, debe prevalecer el interés general sobre el
particular.
15. Por último, adujo que “si un personero no hace controles preferentes disciplinarios, no
interpone acciones populares, no demanda en marco de controversias contractuales, no hace
absolutamente nada, este puede presentar pruebas en otros municipios de igual categoría, luego
aplicar esta prueba en el municipio donde está ejerciendo y será reelegido, sin oposición ni
observaciones por parte del respectivo Concejo Municipal, (…). Del mismo modo es prudente
recordar que si una bancada de oposición no considera que cierto candidato que ganó el primer
puesto sea bueno o un personero en reelección lo ha hecho mal, estos estarían obligados a votar
por aquel que ganó el primer puesto sin consideración de ninguna clase.”
16. En segundo lugar hizo referencia al principio de igualdad, para indicar que la
disposición demandada lo contraviene, porque si bien para el cargo de personero debe
llevarse a cabo un concurso público de méritos, en el cual única y exclusivamente se
puede elegir al primero de la lista de elegibles, lo cierto es que en otros casos análogos,
como por ejemplo, la elección de los contralores del orden territorial y municipal, hay una
terna que se escoge previo un proceso meritocrático, de la cual se elige sin la obligación
de designar a quien ocupó el primer lugar, es decir, existe un margen de discrecionalidad
en la decisión.
17. Adicionalmente manifestó, “Así mismo es importante anotar que las personas en situación
de discapacidad o que no tengan recursos para viajar y conocer todas las preguntas de la prueba
de conocimientos que saldrán en otro municipio están en condición de desigualdad frente a las
que sí tienen recursos económicos, no sufren de discapacidad y son las principales en ser
escogidas como personeros.”
6
Para el efecto, citó la sentencia de la Corte Constitucional C-302 DE 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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18. En tercer lugar, consideró que se vulnera el artículo 126 de la Constitución Política
debido a que la norma demandada no garantiza la equidad de género 7 y permite “la
trampa”, ya que algunos concursantes pueden presentar el examen de conocimiento
varias veces y, así conocer las preguntas, frente a lo cual afirmó lo siguiente:
“(…) al solo ser elegido el primero que ocupa la plaza de primero ya que estos están
habilitados para presentar el concurso en todos los municipios del país y conocen las
preguntas primero, acción que a todas luces no es transparente, por ejemplo la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP hace exámenes en todo el país en municipios de
categoría sexta y quinta son más de 500 municipios y si deciden hacer todos los exámenes
el mismo día los concursantes ponen acciones de tutela para atrasar la fecha del examen
en los municipios que aplicaran (sic), para hacer otra prueba en un municipio de igual
categoría con fines a (sic) conocer las preguntas con anterioridad, hacer que solo sea electo
el primero de la lista hace que esta práctica se vuelva costumbre, a fin que no se cumplan
los requisitos de acceso a la función pública.”
19. Resaltó que el texto del artículo 126 Superior establece que la elección de
servidores públicos, debe estar precedida por una convocatoria pública, reglada por la
ley, circunstancia que no se concreta para la elección de personeros municipales, por lo
que se vulnera lo allí establecido por el constituyente.
20. Transcribió el artículo 1º de la Constitución e hizo énfasis en los principios de
descentralización y autonomía territorial, frente a lo cual manifestó:
“Se debe entender en primer plano que la norma acusada viola el principio de
descentralización de las entidades territoriales toda vez lo único que le es permitido es
contratar a la firma que hará el concurso de méritos y participar DE FORMA MINIMA EN EL
estando obligados a votar por el que tenga el mayor puntaje, so pena de sanciones penales
y disciplinarias, por lo tanto se violó el primer Artículo de la Constitución Política de
Colombia.
Por otro lado la expresión: “en la prevalencia del interés general.” También resulta
vulnerado en esta oportunidad toda vez que la norma expedida por el DAFP permite que
las personas se presenten en todo el país, conociendo las preguntas en distintos
municipios, por lo que es claro que sacaran el primer puesto en alguno, lo que hace que los
elegidos personeros no correspondan a asuntos de mérito sino de viveza, en presentar las
pruebas en municipios que contrataron con la misma entidad, en contra del interés general.”
(sic a lo transcrito)
1.3. Actuaciones procesales
1.3.1. Admisión
21. Con auto del 21 de abril de 2022, se admitió la demanda al observar que se
ajustaba a las exigencias del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, por lo que se ordenó
a la Secretaría General del Consejo de Estado que informara si se presentaron en la
Corporación otras demandas contra el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 y/o
contra el artículo 4 del Decreto 2485 de 2015, compilado por el primero de éstos.
7
Al respecto, el actor se limitó a afirmar lo siguiente: “Lo primero por mencionar es que la norma demandada no aplica ningún tipo de
equidad de género ni equidad en general.”
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1.3.2. Cumplimiento de la orden contenida en el auto admisorio
22. En acatamiento de la orden realizada a la Secretaría General del Consejo de
Estado, se recibieron las siguientes respuestas:
23. Informó que verificado el aplicativo SAMAI y los registros que reposan en su poder,
no encontró proceso dirigido contra el Decreto 1083 de 2015 y/o el artículo 4 del Decreto
2485 de 20148.
24. La Secretaría de la Sección Segunda informó que contra los artículos 2.2.27.4 del
Decreto 1083 de 2015 y 4 del Decreto 2485 de 2014 se presentaron las siguientes
demandas:
11001-03-25-000-2016-00001-00, la cual le correspondió al despacho del
magistrado William Hernández Gómez.
11001-03-25-000-2015-01089-00, la cual le correspondió al despacho del
magistrado William Hernández Gómez.
11001-03-25-000-2020-00683-00, la cual le correspondió al despacho del
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
1.3.3. Contestación de la demanda
1.3.3.1. Departamento Administrativo de la Función Pública
25. Con escrito enviado por correo electrónico, el apoderado del Departamento
Administrativo de la Función Pública solicitó negar las pretensiones de la demanda.
26. Para ello, afirmó que no se vulneró el principio de descentralización de las
entidades territoriales, pues el aparte de la norma demandada no atenta contra la
discrecionalidad de los concejos para designar al personero.
27. Lo anterior por cuanto no debe confundirse la arbitrariedad con la discrecionalidad.
Explicó que la designación del funcionario debe obedecer a criterios imparciales
relacionados con la idoneidad para ejercer el cargo, motivo por el cual se le otorgan un
menor valor a los criterios subjetivos de escogencia, entendidos como “las apreciaciones
derivadas del libre criterio y arbitrio de los concejales, que dicho sea de paso deben construir tan
solo un factor accesorio y secundario de la selección”. Para sustentar lo anterior, citó la
sentencia de la Corte Constitucional C-031 de 1995.
28. A juicio de la entidad demandada la norma acusada no afecta negativamente la
discrecionalidad de los concejos municipales, sino que por el contrario la fortalece, pues
en aplicación del principio de legalidad, la norma definió el procedimiento de selección
que deben seguir, el cual se funda en el mérito y la idoneidad de los concursantes.
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Iguales circunstancias refirieron las secretarías de las secciones 1, 3 y 4 de la corporación.
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29. Por otro lado, manifestó que no se vulnera el interés general porque el argumento
expuesto por el demandante, relativo a que los concursantes pueden presentar el
examen de conocimientos en distintos municipios y conocer las preguntas a través de
actos de “viveza”, corresponde a una simple afirmación del actor que carece de sustento
probatorio. Por esta razón, consideró que dicho cargo debe ser desestimado, en tanto y
en cuanto no corresponde a un análisis de confrontación entre la norma acusada y la
Constitución Política y la ley.
30. Adicionalmente, en relación con la presunta vulneración del artículo 126 superior,
la entidad arguyó que “la finalidad del concurso de mérito es asegurar que el funcionario elegido
sea seleccionado previo un procedimiento objetivo, garantizando la consecución de los fines
estatales, en la medida en que se designa a una persona que reúne las condiciones para ejercer
óptimamente el cargo en cuestión, de tal manera que pueden contribuir eficazmente para lograr
los objetivos y metas de las entidades públicas, y en consecuencia preservar la transparencia en
la actuación del Estado y el principio de igualdad.”
31. De otra parte, reiteró que los concejos conservan la discrecionalidad que les asiste
en la elección del personero, sin que aquella deba confundirse con arbitrariedad, por lo
que, a su juicio, no se violaron los artículos 170 de la Ley 136 de 1994 y 313 de la
Constitución.
32. Para explicar lo anterior, indicó que la elección de los personeros está constituida
por varias etapas -la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas-, dentro de las cuales
se encuentra la entrevista que deben realizar los concejos, fijando sus propios
parámetros y asignando la calificación que consideren hasta en un 10%, y que, al existir
este procedimiento se acredita que la elección del personero no es discrecional sino
reglada, atendiendo a criterios de objetividad e idoneidad.
33. Transcribió la norma demandada y de su literalidad concluyó que, “el supuesto
espíritu que alega el demandante no consiste principalmente en darle lugar al concejo municipal
para escoger personero, sino en la preponderancia del mérito sobre criterios subjetivos, toda vez
que si su finalidad radicara en lo que argumenta el accionante, no se admitiría si quiera la
realización de un concurso público de méritos, sin que esto implique el menoscabo de la
competencia de los mismos.”
34. Asimismo, puso de presente que el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 fue
modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, norma que dispone:
ARTÍCULO 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 170. Elección. Los concejos municipales según el caso, elegirán personeros para
periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes
de enero del año en que inicia su período constitucional, previo concurso público de méritos,
de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el
primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero
del cuarto año. (Subrayas fuera de texto)
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35. En relación con lo anterior, afirmó que la expresión “previo concurso público de
méritos”, fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-105 de
2013.
36. Finalmente, manifestó que el actor invoca la presunta vulneración del principio de
igualdad –artículo 13 de la Constitución Política- de manera contraria a la lógica, pues en
su criterio, sin perjuicio de la autonomía legislativa debe prevalecer el mérito, motivo por
el cual no resulta razonable pretender que la escogencia del personero se asimile a la de
otros funcionarios frente a los cuales no prevalece el criterio del mérito.
37. Propuso como excepciones de fondo las siguientes:
38. Legalidad de la norma acusada: según la cual, la norma no elimina “la
discrecionalidad de los concejos al momento de realizar la elección de los personeros, sino que,
por el contrario, con fundamento en el principio de legalidad que debe regir las actuaciones
administrativas, regula dicho procedimiento de selección, razón por la cual, los cargos formulados
por el accionante, carecen de entidad suficiente para desvirtuar la legalidad de la expresión “con
la persona que ocupe el primer puesto de la lista” del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.”
39. Además, arguyó que el aparte acusado se encuentra revestido de legalidad, ya
que fue expedido conforme con las disposiciones constitucionales y legislativas.
40. Ausencia probatoria que sustente las causales de nulidad invocadas en
contra de la norma demandada: en tanto la demanda se funda en meras afirmaciones
no probadas, por lo que no se logró desvirtuar la legalidad del artículo 2.2.27.4 del
Decreto 1083 de 2015 y, por ende, no existen causales legales que motiven su anulación.
41. Genérica: al solicitar que se declaren probadas las demás excepciones que
aparezcan acreditadas en el expediente.
1.3.4. Pronunciamiento del demandante sobre la contestación de la demanda9
42. Con escrito remitido electrónicamente el demandante insistió en la nulidad del
apartado demandado. Para el efecto, afirmó que sus argumentos no están dirigidos a
cuestionar la utilidad o necesidad del concurso de méritos, pues no discute que el
personero deba cumplir con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo,
por lo que, de declararse la nulidad del apartado demandado, no se estaría eliminado el
concurso, sino que se permitiría a los concejales elegir al mejor candidato dentro de los
que participaron.
43. Sin embargo, manifestó que sí se restringe la discrecionalidad de los concejales al
obligarlos a votar por quien ocupe el primer lugar en el concurso, pues dicho mecanismo
9
El traslado de las excepciones se realizó el 7 de julio de 2022. El término corrió del 8 de julio de 2022 hasta el 12 de julio del mismo
año a las 5:00 p.m.
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contradice el sentido propio del término elegir. Esto por cuanto la decisión discrecional
que adopten solo puede incidir en un 10% frente al resultado final.
44. Puso de presente que el mecanismo actual contraviene la Constitución Política,
porque el único margen de discrecionalidad existente es la participación en el concurso
más no la elección misma, cuando la Carta Política establece que este funcionario debe
ser elegido por el concejo.
45. Por otro lado, citó el Decreto 2485 de 2015, compilado y derogado por el Decreto
1083 de 2015, el cual contiene la norma demandada en el mismo sentido de la inicial, e
indicó que, según la disposición original, la potestad reglamentaria del ejecutivo está
destinada a reglamentar el concurso público de méritos, más no la elección misma del
personero.
46. Para ilustrar su posición puso de presente lo expresado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-302 de 1999, según la cual, la facultad reglamentaria del presidente de
la República encuentra sus límites en la Constitución Política.
47. Adujo que los argumentos de la entidad demandada van en contra de la
democracia, pues plantea un sistema basado en la tecnocracia donde las corporaciones
públicas no pueden intervenir.
48. Observó que, contrario a lo afirmado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, un concurso de méritos en el cual se conforme una terna permitiría el
ejercicio de la discrecionalidad con que debe contar el Concejo Municipal, mientras que
obligar a sus miembros a escoger un candidato se traduce en una imposición y no en una
escogencia y desnaturaliza a las corporaciones públicas.
49. Reiteró los argumentos relacionados con la vulneración del principio de igualdad,
recalcando que las elecciones de fiscal general y defensor del pueblo se realizan en
garantía de las funciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara de
Representantes, contrario a lo que ocurre con los personeros de cara a los concejos
municipales.
50. Aclaró que el objeto de la discusión es un asunto de pleno derecho, motivo por el
cual “la carga de la prueba en la imposibilidad normativa recae en él (Departamento
Administrativo para la Función Pública).” Y concluyó que “por ser un asunto de puro derecho
no tengo que mostrar pruebas de hecho pero en caso de ser refutada si se deben citar las leyes
o normas en general que hacen que mis argumentos sean inviables por lo que solicito declarar
no probada la excepción denominada “Ausencia probatoria que sustenten las causales de nulidad
invocadas en contra de la norma demandada”
51. Reiteró la vulneración del artículo 1º de la Constitución Política en relación con los
principios de descentralización y autonomía territorial, frente a lo cual, en respuesta a lo
argumentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública dijo:
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“Quisiera contestar esta afirmación en los siguientes ejes argumentales I) La Posición del
DAFP es contraria al Articulo 1 de la constitución politica de colombia Si observamos que
dice nuestra carta magna encontramos que describe a nuestro pais como “(…)un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” (subrayado
propio) a juicio del demandado la democracia está mal y en Colombia debe ser una mera
tecnocracia, sin el menor tipo de intervención de sus corporaciones públicas, por más que
la posición del DAFP sea esta, es claro que se demuestra que el decreto hecho por esta
entidad y la presidencia de la república son contrarias a lo ordenado por la Constitución,
dentro de la cual no somos como desearía el DAFP una tecnocracia sino democracia y
debe haber un espacio para elegir a directores de los entes de control en todos sus
ordenes.”(sic a lo transcrito)
1.4. Auto que resolvió las excepciones, fijó el litigio, decretó pruebas y corrió
traslado para alegar de conclusión
52. En providencia del 26 de julio de 2022, el despacho sustanciador se abstuvo de
pronunciarse sobre las excepciones propuestas por el apoderado del Departamento
Administrativo de la Función Pública, al ser de mérito, así como de la excepción mixta de
cosa juzgada.
53. Se introdujo la prueba documental aportada por la parte actora, esto es, la copia
del Decreto 1083 de 2015 y se ordenó al director del Departamento Administrativo de la
Función Pública allegar la totalidad del expediente administrativo del decreto acusado.
54. En esta ocasión, el despacho sustanciador incluyó como norma presuntamente
vulnerada el artículo 40 de la Constitución Política, debido a que los argumentos de la
demanda están dirigidos a establecer que se restringe el derecho a elegir de los Concejos
Municipales al obligarlos a escoger al primero de la lista para el cargo de personero
municipal.
1.4.1. Antecedentes administrativos
55. El 10 de agosto de 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en
cumplimiento del auto del 26 de julio de 2022, allegó los documentos solicitados; de igual
manera manifestó que lo incorporado en dicho memorial correspondía al 100% de los
antecedentes administrativos.
1.5. Alegatos de conclusión
1.5.1. Demandante – Carlos Ossa Barrero
56. Con escrito enviado por correo electrónico el 30 de agosto de 2022, el demandante
indicó que “en el caso en concreto se expone que la potestad reglamentaria del presidente por
medio del Departamento Administrativo para la Función Pública va dirigida a fijar los
ESTÁNDARES MINIMOS del concurso público y abierto para la elección de personeros
municipales más (sic) no la elección misma al punto de decir por quién tienen que votar y elegir
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los concejales. Este es un asunto que no ha sido estudiado por el Consejo de Estado, por lo que
considero el tema debe agotarse y no se debe declarar “cosa juzgada” en el estudio del exceso
del uso de la potestad reglamentaria presidencial.”
57. Adicionalmente manifestó que, en los procesos tramitados ante la Sección
Segunda, no se estudió el cargo propuesto en el sub judice, relativo a la vulneración del
principio de igualdad.
58. Al respecto citó la sentencia de la Corte Constitucional C-178 de 2014 y concluyó
que existe una vulneración de dicha garantía, por cuanto para la elección de otros
funcionarios, como por ejemplo el de Contralor de la República, no se obliga al ente
elector a optar por el primero de la lista.
59. Indicó que el Senado puede elegir al Procurador General de la Nación de una terna
conformada por, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de
la República, sin estar obligado a votar por uno en específico y que, así mismo lo hacen
por los magistrados de la Corte Constitucional. Sumado a lo anterior, afirmó:
“La Cámara de Representantes puede elegir de una terna enviada por el Presidente de la
República (a la que no se le exige ni concurso previo de méritos) al Defensor del Pueblo,
miembro del Ministerio Público al que también pertenecen los personeros.
Por otro lado los presidentes de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado y Corte Constitucional) pueden elegir de una terna (producto de un concurso público
de méritos) al Registrador General del Estado Civil; la Corte Suprema de Justicia en Pleno
elige al Fiscal General de la Nación de terna (que no necesita concurso público de méritos)
por parte del Presidente de la República. Los mismos magistrados de las altas cortes son
electos de una lista de elegibles, que evaluó el mérito sin que estén obligados a votar única
y exclusivamente por el primer puesto.
Las Asambleas departamentales pueden elegir de una terna (producto de concurso de
méritos) al contralor departamental.”
60. Dichas diferencias las consideró vulneradoras del principio de igualdad en relación
con los Concejos Municipales, quienes se ven obligados a votar por el primero de la lista,
sin que exista una justificación razonable.
61. Por otro lado, reiteró el argumento según el cual los concursantes se presentan a
varias pruebas, con el fin de conocer las preguntas del examen de conocimientos, lo que
pone en situación de desigualdad a quienes no tienen la posibilidad de viajar y presentar
la prueba varias veces.
62. Adicionalmente, puso de presente que la Corte Constitucional en la sentencia C-
034 de 2015, al hacer referencia al principio del mérito, no incluyó a los personeros
municipales, por lo que la norma resulta contraria al principio de igualdad y de los artículos
125 y 126 de la Constitución Política.
63. En relación con el principio de democrático indicó que aquel se ve afectado al no
darle un margen de discrecionalidad al Concejo Municipal en el ejercicio de función
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electoral, máxime si se tiene en cuenta que “la meritocracia como se quiere hacer ver en este
caso no es infalible son procesos dentro del mismo año más no simultáneos que abren el espacio
a que otros conozcan las preguntas con anterioridad, que el presidente de la corporación pueda
pasar las respuestas al candidato que desea que gane.”
64. Ahora, de cara a los problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio, indicó
que no se configura la cosa juzgada, por no existir identidad de causa petendi, la norma
actual no permite a los Concejos Municipales elegir al personero como lo determina el
artículo 170 de la Ley 136 de 1994, no existe justificación razonable para que el legislador
hubiere diferenciado entre la elección de personero y la de otros funcionarios que no son
de carrera, “el artículo 40 resulta violado ya que no es la misma oportunidad que tienen las
madres solteras, personas en situación de discapacidad y/o personas de escasos recursos contra
los que si los tienen y viajan de municipio en municipio conociendo las preguntas y respuestas, a
aquellas que solo pueden presentar el examen en un solo municipio” y reiteró los demás
argumentos expuestos en el libelo introductorio.
1.5.2. Departamento Administrativo de la Función Pública
65. Vencido el término para presentar los alegatos de conclusión, la entidad
demandada guardó silencio.
1.5.3. Concepto del Ministerio Público
66. Con escrito del 26 de agosto de 2022, la Procuradora Séptima Delegada ante el
Consejo de Estado solicitó se negara la nulidad de la expresión “con la persona que
ocupe el primer puesto de la lista”, contenida en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de
2015, lo anterior por cuanto no viola lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994
y en los artículos 1º, 13, 40, 126 y numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política,
en la medida que solo garantiza la meritocracia en el concurso para escoger Personero.
67. En relación con la cosa juzgada, manifestó lo siguiente:
“Así las cosas, el Ministerio Público considera lo siguiente: a) existe similitud entre la primera
de las causas por la cual aquí se ataca la expresión desarrollada en la norma en cuestión
y aquella por la cual se demandó ante la Sección Segunda del Consejo de Estado; b) la
autoridad contencioso administrativa que conoció es diferente a la Sala Electoral; y, c)
resulta imperativo interpretar que, mientras en la primera se abarcó una causa petendi de
naturaleza laboral administrativa, la presente, tiene como connotación la incidencia
electoral.
Por lo tanto, se advierte configurada una cosa juzgada parcial, en tanto, por un lado, existen
motivos adicionales dentro de los argumentos del aquí demandante, tales como la violación
al principio de igualdad, la falta de garantías frente a la equidad de género y la permisión
frente a la realización concurrente de pruebas del concurso público en diferentes municipios
y, por el otro, se trata una causa en sentido de incidencia electoral, con el propósito que
sea la autoridad natural y especializada para conocer de ese tema, en contraste con la
autoridad de lo contencioso laboral administrativo que valoró y decidió en primer lugar.”
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68. Por otro lado, aclaró que la forma de provisión para escoger personeros es
mediante el concurso de méritos, mientras que en la escogencia de contralor, se habla
de una convocatoria pública, para lo cual citó la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado10 y de la Corte Constitucional11, para concluir:
“De lo anterior se deduce que tal cualidad (mérito) desborda la órbita del concurso, que es
apenas una de las tantas formas de provisión del empleo público y, por ende, el hecho de
que se apele al mérito en la selección, no quiere decir que necesariamente se debe realizar
un concurso. El mismo discernimiento le dio el Constituyente a la reforma de 2015, cuando
en el artículo 126 Superior señaló que “Salvo los concursos regulados por ley, la elección
de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una
convocatoria pública reglada por la ley”. Ello significa que, si bien el mecanismo de
convocatoria consagrado en la Carta y el concurso público tienen como común
denominador el “mérito”, uno y otro no son equiparables, pues, mientras este último es la
regla general, el primero constituye un procedimiento exceptivo y, por tal, con
características propias.”
69. Puso de presente que no se vulnera el principio de igualdad, pues para la elección
del Contralor, el ordenamiento jurídico dispuso una convocatoria pública, mientras que
para los personeros municipales se acogió el concurso de mérito.
70. Así mismo, en relación con la violación del artículo 13 de la Constitución, porque
presuntamente se viola la equidad de género y se permite la trampa, adujo que el
concurso de méritos se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a los
postulados del debido proceso constitucional (artículo 29 Superior), por lo que no
encontró una conexión entre el argumento del demandante y la violación del principio de
equidad, pues el concurso de méritos vela por el acceso a los cargos públicos en
condiciones de igualdad y no distingue entre los participantes.
71. Afirmó que, de conformidad con los criterios de objetividad, transparencia,
imparcialidad y publicidad que rigen los concursos de mérito y, teniendo como base
principios de igualdad y seguridad jurídica, la expresión “con la persona que ocupe el
primer puesto de la lista” contenida en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, no
viola lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y en los artículos 1º, 13, 40,
126 y numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
72. Esta Sala es competente para conocer y fallar el asunto de la referencia en única
instancia, de conformidad con lo contenido en el artículo 149 numeral 1º de la Ley 1437
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Radicación
numero: 11001-03-28-000-2016-00009-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 9 de marzo de 2017. Radicación numero: 73001-23-33-000-2016-00261-03. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
11
Sentencia C-123 de 2013. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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del 201112 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, toda vez que se demanda la nulidad simple de un acto de contenido
electoral expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 13.
2.2. Problema jurídico
73. De conformidad con los planteamientos de la demanda, así como las razones de
defensa expuestos por la parte demandada y teniendo en cuenta la fijación del litigio,
corresponde a esta Sala determinar si es procedente declarar la nulidad del apartado
demandado del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 201514, para lo cual deberá dar
respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se configura total o parcialmente la excepción de cosa juzgada en relación con
el objeto de la controversia? En caso negativo, se analizará y resolverá lo
siguiente:
¿Es contrario al artículo 170 de la Ley 136 de 1994 disponer que el cargo de
personero se llenará con la persona que ocupe el primer puesto en la lista de
elegibles por vulnerar el principio de discrecionalidad con el que cuentan los
concejos municipales y distritales en el ejercicio de su función de elegir?
¿Vulneró por esta vía el Gobierno Nacional el principio de igualdad, pues para la
escogencia de otros cargos en los que se realiza un concurso de méritos, se
escoge una terna de candidatos para que se elija a quien ocupará el puesto,
mientras que en el caso de personero se debe escoger al primero de la lista?
¿Se vulneraron los artículos 1º, 40, 126 y 133 numeral 8 de la Constitución Política,
al no garantizar la equidad de género y permitir que se realicen las pruebas del
concurso público en diferentes municipios?
2.3. Excepción de cosa juzgada
74. Como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, la cosa juzgada “se trata de una institución de naturaleza procesal, en virtud de
la cual “[…] los asuntos respecto de los que exista una decisión ejecutoriada no pueden volver a
12
Art. 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. (…) 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por
las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el
mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos.
13
En el auto inadmisorio del 22 de marzo de 2022 el despacho sustanciador indicó: “Sobre esta base, el despacho efectuará el análisis
de admisibilidad de la demanda conforme con el medio de control de nulidad de carácter electoral, pues así lo impone la naturaleza
y contenido de la disposición demandada, como se explica a continuación. De acuerdo con los pronunciamientos hechos por esta
Sección, se observa que el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 es un acto o disposición de contenido electoral, porque
reglamenta la lista de elegibles de los Personeros Municipales, en el marco del concurso público de méritos y del ámbito de aplicación
de la Ley 1551 de 2012, en cuyo artículo 35 modificó el artículo 170 de la Ley 136 de 1994. 33. Para determinar si el contenido del
acto demandado es electoral, la Sección ha fijado que un acto cumple con dicha naturaleza cuando tiene la capacidad de incidir en
la elección, porque “(i) establecen los parámetros generales para una elección -actos de convocatoria-, (ii) otorga o elimina la
personería jurídica de un partido o movimiento político, (iii) se registra o niega la inscripción del logo-símbolo de una colectividad
política, (iv) se desarrollan los mecanismos de participación ciudadana, (v) se establecen las reglas sobre las elecciones, lo que en
general aplica a (vi) los actos profiera la organización electoral18 ”. 34. En este caso, lo demandado es el artículo 2.2.27.4 del Decreto
1083 de 2015, por medio del cual se regula lo relativo a la lista de elegibles para ocupar el cargo de Personero Municipal, como
consecuencia de un concurso público de méritos. 35. En efecto, la disposición demandada, se encuentra al interior del título 27
denominado “estándares mínimos para la elección de Personeros Municipales”, cuyo artículo 2.2.27.1 al 2.2.27.6. regulan lo relativo
al concurso público de méritos para ocupar la vacante del empleo de Personero Municipal.” Estas consideraciones fueron reiteradas
en el auto admisorio del 21 de abril de 2022.
14
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
13
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ser ventilados ante la jurisdicción […]”15. Asimismo, se explicó que dicha institución ha sido
asimilada al principio del non bis in ídem y que este tiene por objeto que los hechos y conductas
que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a
ser debatidos en otro juicio posterior. […] En igual sentido, la Corte Constitucional ha considerado
que la cosa juzgada es una institución orientada a garantizar la seguridad jurídica y la definió
como la “[…] cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan
inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden
no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las
mismas partes y que persiga igual objeto […]”16”17.
75. Añádase a lo anterior que, el artículo 303 del Código General del Proceso18
aplicable en este asunto por remisión del artículo 30619 de la Ley 1437 de 2011, señala
que se configura la cosa juzgada cuando el nuevo proceso presenta identidad de partes,
objeto y causa petendi, elementos respecto de los cuales esta Corporación ha precisado:
“(…) se configura la cosa juzgada cuando el nuevo litigio presenta identidad en los
siguientes tres elementos, a saber:20
(i) Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser idénticas personas,
naturales o jurídicas, que figuraban como sujetos procesales en el anterior.
(ii) Objeto. Las pretensiones elevadas en el nuevo proceso son iguales a las
reclamadas en el primero ya decidido.
(iii) Causa petendi. El motivo o razón que fundamentó la primera demanda se
corresponde con el invocado en la segunda”21.
76. Debe recordarse que la cosa juzgada22 presupone la existencia de una sentencia
en firme y debidamente ejecutoriada, ya que solo en ese escenario puede predicarse que
determinado caso ya fue objeto de “juicio por parte de un tribunal con competencia para
ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes.”23
77. Así lo ha reconocido el máximo tribunal constitucional al definir este principio, en
los siguientes términos:
“La cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual
aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre
el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso,
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 07.12.2017. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Rad. 05001-23-33-000-2015-02253-01
16
Corte Constitucional, Sentencia T-565 de 18.10.2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 22.10.2019 M.P. Hernando
Sánchez Sánchez. Rad. 11001-03-15-000-2018-01294-01.
18
«Artículo 303.Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes. (…)».
19
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
20
Al respecto, se puede consultar la sentencia de 26/10/2017 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, expediente 76001-23-33-000-2013-00041-01 (0692-16), M.P. Dra. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25.02.2021. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 25000-23-
42-000-2018-02360-01(5803-19).
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11.04.2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-28-000-2018-00080-
00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 y 11001-03-28-000-2018-000130-00)
23
Corte Constitucional Sentencia C-462 del 17.07.2013. M.P. Mauricio González Cuervo reiterado en sentencia C-007 del 21.01.2016.
M.P. Alejandro Linares Cantillo
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ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto. Como institución, la
cosa juzgada responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias
llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la
sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada, destacándose la
sustancial importancia para la convivencia social al brindar seguridad jurídica, y para el
logro y mantenimiento de un orden justo, que pese a su innegable conveniencia y gran
trascendencia social no tiene carácter absoluto.”24
2.3.1. La excepción de cosa juzgada en el caso concreto
78. En atención a lo certificado por la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo
de Estado frente a la existencia de otros procesos, el despacho advierte lo siguiente:
79. El proceso identificado con el número 11001-03-25-000-2020-00683-0025 se
radicó el 20 de agosto de 2020 en el despacho del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter
y corresponde a una demanda de nulidad por inconstitucionalidad con solicitud de
suspensión provisional del artículo 3 del Decreto 2485 de 2014, así como del parágrafo
del artículo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015.
80. Al respecto, se observa que en dicho proceso las disposiciones normativas
demandadas son diferentes a las cuestionadas en el presente proceso, en el que se
demanda la nulidad del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 que reprodujo el
artículo 4 del Decreto 2485 de 2014. El texto de las respectivas disposiciones es el
siguiente:
Decreto 1083 de 26 de mayo de Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, artículo
2015, artículo 2.2.27.4 2.2.27.3
Mecanismos de publicidad. La publicidad de las
Lista de elegibles. Con los convocatorias deberá hacerse a través de los medios
resultados de las pruebas el que garanticen su conocimiento y permitan la libre
concejo municipal o distrital concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el
elaborará en estricto orden de reglamento que para el efecto expida el concejo
mérito la lista de elegibles, con la municipal o distrital y a lo señalado en el Código de
cual se cubrirá la vacante del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
empleo de personero con la Administrativo, en lo referente a la publicación de avisos,
persona que ocupe el primer puesto distribución de volantes, inserción en otros medios, la
de la lista. publicación en la página web, por bando y a través de
un medio masivo de comunicación de la entidad
(Decreto 2485 de 2014, art. 4) territorial.
PARÁGRAFO. Con el fin de garantizar la libre
concurrencia, la publicación de la convocatoria deberá
efectuarse con no menos de diez (10) días calendario
antes del inicio de la fecha de inscripciones.
(Decreto 2485 de 2014, art. 3)
24
Corte Constitucional Sentencia C-522 del 04.08.2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla
25
De conformidad con las actuaciones registradas en el sistema SAMAI, dicho proceso no ha sido admitido.
15
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81. Por lo anterior, al no advertirse unidad de objeto entre el proceso con radicado
2020-00683-00 y el subjudice es claro que no se configura la cosa juzgada frente a dicho
caso.
82. Por otro lado, el proceso con radicado 11001-03-25-000-2015-01089-00 (4824-
2015) fue acumulado al identificado con el número 11001-03-25-000-2016-00001-00
(0001-2016). En dicha ocasión se solicitó la nulidad del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083
de 2015 y del artículo 4 del Decreto 2484 de 2014 compilado por el primero, respecto de
la expresión “con la persona que ocupe el primer puesto de la lista”.
83. En los procesos 2015-01089-00 y 2016-00001-00, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dictó sentencia del 9 de diciembre de 2019, mediante la
cual negó la pretensión de nulidad de las normas acusadas26.
84. Con el fin de determinar si se configura o no, en el caso concreto la excepción
mixta de cosa juzgada, total o parcialmente, la Sala analizará la identidad de partes,
objeto y causa pentendi entre el caso objeto de la referencia y el fallado por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
85. En primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 189 de la Ley 1437 de
2011, existe cosa juzgada en los procesos contencioso administrativos, en los siguientes
eventos:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. (…).
86. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo de Estado ha establecido que “en cuanto
al límite subjetivo, los efectos de la cosa juzgada son por regla general interpartes, con excepción
de las decisiones que producen efectos erga omnes, caso en el cual los mismos son oponibles
de manera general”27.
87. Así las cosas, la Sala advierte que en el proceso conocido por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, se negó la pretensión de simple nulidad de
las normas demandadas contenidas en un acto administrativo de carácter general, motivo
por el cual la sentencia produjo efectos erga omnes en relación con la causa petendi.
88. Esto significa que, al ser sus efectos erga omnes y no interpartes, y en atención a
que en el juicio de nulidad simple el propósito es conocer la legalidad objetiva del acto, lo
26
Los problemas jurídicos planteados en aquella ocasión fueron los siguientes:
“1. ¿La materia objeto de los actos administrativos acusados está sometida a reserva de ley y, por ende, es totalmente nulo el Decreto
2485 de 2014 y parcialmente el Decreto 1083 de 2015, al haberse expedido por las entidades demandadas
2. ¿El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria
a través de los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015?
3. ¿Son nulos los artículos 4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 por desconocimiento del principio
democrático y el de autonomía de las entidades territoriales.”
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia del 7.12.2017. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Rad. 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 29.10.2020. M.P. Carlos Enrique
Moreno RUBIO. Rad. 08001-23-33-000-2020-00022-01
16
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importante, a efectos de verificar la configuración de la cosa juzgada, es la causa petendi,
motivo por el cual, no resulta necesario comprobar la identidad de partes por el extremo
activo28.
89. En el otro extremo, se observa que la parte demanda la conforma el Departamento
Administrativo de la Función Pública, tanto en el caso anterior como en el presente, pues
se demanda la misma disposición normativa que fue expedida por dicha autoridad.
90. Es del caso recordar que en el proceso conocido por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, se demandó también al Ministerio del Interior, por ser la
cartera ministerial que profirió el Decreto 2485 de 2014, cuyo artículo 4 contiene la norma
compilada en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.
91. Ahora bien, en este asunto el señor Carlos Ossa Barrera indicó también como
parte demandada al Ministerio del Interior, sin embargo, en el auto admisorio del 21 de
abril de 2022, el despacho sustanciador no lo consideró como extremo pasivo de la litis,
pues aun cuando la norma que aquí se demanda estuvo contenida en idénticos términos
en el artículo 4 del Decreto 2485 de 201429, lo cierto es que esta última disposición,
expedida por el Gobierno nacional y suscrita por el entonces ministro del Interior y por la
directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, fue derogada por el
artículo 3.1.1. del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector Función
Pública30, y en esos términos desapareció del ordenamiento jurídico.
92. En consecuencia, dicha diferencia en nada afecta el estudio de cosa juzgada que
se realiza ahora en el caso concreto.
93. En segundo lugar, frente a la identidad de objeto, la Sala observa que tanto en el
proceso conocido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
como en el de la referencia, se solicitó la nulidad de la expresión “con la persona que ocupe
28
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 14.10.2021. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 11001-03-24-000-2009-
00100-00. ““La Sala procede al estudio de los elementos de configuración de la cosa juzgada, en los siguientes términos:
Identidad jurídica de partes. En el presente asunto por tratarse de una demanda de nulidad (acción pública), el análisis resulta
irrelevante por las razones expuestas supra.
En efecto, respecto de la identidad de partes, la Sala reitera que, en tratándose de procesos de nulidad como el caso sub lite, la
identidad jurídica entre las partes, es un aspecto que carece de relevancia para la configuración de la cosa juzgada en la medida en
que, estando habilitado todo ciudadano para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la Ley, no es necesario
que la parte demandante del segundo proceso corresponda a la parte demandante del proceso primigenio, precisamente, porque
entre uno y otro existe un interés común, como es la defensa de la legalidad, resultando irrelevante la identidad de las personas que
participaron en el proceso.”
29
Artículo 4°. Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de
mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de
la lista
30
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de
conformidad con el artículo 3° de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas
al sector de Función Pública que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos: 1. No
quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales,
comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la estructura,
configuración y conformación de las entidades y organismos del sector administrativo. 2. Tampoco quedan cobijados por la derogatoria
anterior los decretos que desarrollan leyes marco. 3. Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza
reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente decreto, se encuentren suspendidas por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica. Los
actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y
ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto compilatorio.
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el primer puesto de la lista” contenida en el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, lo
que permite concluir que, en ambos procesos, el objeto es el mismo.
94. En tercer lugar, en relación con la identidad de causa pentendi, se advierte que
en el proceso fallado por la Subsección A de la Sala Laboral del esta Corporación, los
demandantes consideraron que, a través de los actos administrativos demandados el
Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función Pública excedieron
lo indicado en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136
de 1994, pues a su modo de ver este último no estableció en forma alguna que la vacante
de personero municipal se ocuparía con la persona que logre el primer puesto de la lista.
95. Ahora bien, de la revisión de la demanda de la referencia y teniendo en cuenta el
concepto de la violación expuesto en los antecedentes de esta providencia, se observa,
con toda claridad, que existe identidad de causa entre el caso resuelto con anterioridad
y uno de los cargos elevados en el presente proceso.
96. Lo anterior por cuanto que, en los dos procesos se alega la violación del artículo
170 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, en la
medida en que los demandantes consideran que la norma mencionada no establece que
los Concejos Municipales deban escoger como personero al primero de la lista31.
97. Al resolver el cargo mencionado, la autoridad judicial del pretérito proceso indicó:
“Para resolver este interrogante, basta remitirse a las consideraciones efectuadas en
desarrollo del primer problema jurídico pues allí quedó establecido que la Corte
Constitucional, en sentencia C-105 de 2013, resolvió declarar exequible el inciso 1 del
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en cuanto contempló que los personeros municipales
deben elegirse por las corporaciones públicas, «previo concurso de méritos».
Así las cosas, es plausible concluir que, respecto de este tipo de empleos, opera el
precedente constitucional que admite el concurso público como proceso de selección
aplicable a funcionarios que no son de carrera. Al hacer parte de una sentencia de
constitucionalidad, dicha interpretación se integra al contenido del precepto legal en
comento, luego no es viable para el Consejo de Estado desatender el texto normativo
admitiendo, como pretenden los demandantes, que la elección de personeros
municipales evada el estricto orden en que debe aplicarse la lista de elegibles, lo que
implicaría, según la caracterización ampliamente explicada, que su elección se realice
a través de convocatoria pública y no mediante el concurso público de méritos.
31
Concepto de la violación expuesto en los procesos 2015-01089-00 y 2016-00001-00 “En punto a este reproche, indicó que el artículo
35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, no reguló en modo alguno que la vacante se ocuparía con la
persona que quede en el primer puesto de la lista. De ello emerge que, a través del acto acusado, el Gobierno Nacional se extralimitó
en el ejercicio de la facultad reglamentaria, desnaturalizando la intención que tuvo la Ley 1551 de 2012 de favorecer el debate
democrático y la participación ciudadana a través de los concejos municipales, en un proceso novedoso que, si bien pretendía
privilegiar el mérito, nunca buscó vaciar de competencia a dichas corporaciones para elegir al personero municipal.” (…) “Al respecto,
indicó que el artículo 313 superior, numeral 8, dispone que el concejo municipal elegirá al personero municipal, lo que supone de
conformidad con el significado de dicho verbo que la corporación pública debe tener la facultad de seleccionar entre varias opciones
a la persona que ocupará el cargo, lo que no se garantiza con la norma demandada puesto que su contenido desnaturaliza ese
proceso de selección a un simple acto protocolario en el que los concejales se ven obligados a dar su voto al candidato que se ubique
primero en la lista de elegibles.” (…) “En línea con lo anterior, adujo que, para encontrar un punto de equilibrio entre las competencias
de los concejos municipales y distritales, por un lado, y el mérito en la escogencia de personeros, por el otro, la lista de elegibles
debería permitir la preselección de varios candidatos entre quienes obtuvieron los más altos puntajes a efectos de que, entre ellos,
los concejales abran un diálogo democrático fruto del cual puedan elegir a quien debe ocupar el cargo. Agregó que la anterior situación
se traducía en el desconocimiento del principio de autonomía de las entidades territoriales.”.
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En conclusión, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la Función
Pública no excedieron el ejercicio de la facultad reglamentaria a través de los artículos
4 del Decreto 2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, al disponer que la
vacante del empleo de personero se cubrirá con quien ocupe el primer puesto de la
lista.”
98. A esta conclusión llegó luego de diferenciar la convocatoria pública del concurso
de mérito, como se observa a continuación:
“Visto lo anterior, es importante ahondar en la distinción existente entre el «concurso público
de méritos» y «la convocatoria pública» pues a pesar de que ambos constituyen tipos de
proceso de selección, cada uno tiene características propias y responde a dinámicas
especiales.
En el ámbito de la función pública, el concurso de méritos puede definirse como un proceso
de selección para el desempeño del empleo público, llevado a cabo con plena garantía de
los principios de transparencia, objetividad e igualdad, en el que la escogencia del aspirante
que habrá de ocuparlo se realiza exclusivamente32 con base en el mérito, entendido este
como el reconocimiento que le corresponde a una persona en razón de las capacidades,
competencias y aptitudes que ha demostrado tener para el desempeño del contenido
funcional del cargo de que se trate.
De esta forma, cuando la provisión del empleo se encuentra sometida a concurso público,
siendo el mérito el único criterio por el que debe regirse la escogencia del empleado público,
queda descartado cualquier mecanismo que represente para el empleador facultades
discrecionales de selección de los aspirantes, pues aun cuando estas últimas no implicarían
per se arbitrariedad, sí afectarían la exigencia de aplicación exclusiva de tal criterio.
Respecto de las etapas que han de surtirse en este tipo de procesos de selección, el artículo
31 de la Ley 909 de 200433 señaló que son (i) la convocatoria34, (ii) el reclutamiento35, (iii)
la aplicación de pruebas o instrumentos de selección36, (iv) la conformación de lista de
elegibles37 y (v) el período de prueba38.
En particular, es oportuno precisar los alcances de dos etapas: (i) de «pruebas o
instrumentos de selección» y (ii) «conformación de las listas de elegibles». Veamos:
El propósito de la primera de ellas es el de evaluar la capacidad, idoneidad y cumplimiento
de las aptitudes de los concursantes en relación con las calidades necesarias para ejercer
efectivamente el contenido funcional del empleo público de que se trate.
Los resultados objetivos de las pruebas aplicadas son los que determinan el orden en que
debe elaborarse el listado que contiene el nombre de las personas que habrán de ser
designadas en las plazas vacantes, así lo indica el artículo 31, numeral 4, de la Ley 909 de
2004, que a su vez prevé que con la lista «[…] y en estricto orden de mérito se cubrirán las
vacantes […]». Al respecto, la corte Constitucional ha indicado lo siguiente:
32
Así lo establece el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 cuando regula el concurso público de méritos como mecanismo de provisión
de los empleos públicos de carrera.
33
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
34
Según el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 «[…] es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la
administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes […]».
35
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispone que « […] tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso […]».
36
Artículo 31, numeral 3 de la Ley 909 de 2004.
37
Artículo 31, numeral 4 de la Ley 909 de 2004.
38
Artículo 31, numeral 5 de la Ley 909 de 2004.
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[…] quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y
excluirá a los demás, en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que
preguntarse, como lo hace el demandante, ¿Para qué el concurso de méritos y
calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias?39 […]
(Negrilla fuera del texto original)
En similar sentido, en T-610 de 2017, el máximo juez constitucional señaló que:
[…] las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las destrezas,
aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, calidades,
competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas habilidades han sido
calificadas de manera objetiva, sólo aquél con mayor mérito debe ser designado en el
respectivo cargo, con exclusión de los demás concursantes […]40 (negrilla fuera del
texto original)
El análisis que antecede permite concluir que en los procesos que se adelantan bajo la
modalidad del concurso público, la escogencia del participante atiende a la aplicación
rigurosa y exclusiva del principio del mérito, sin que pueda existir otro parámetro al cual
obedezca tal decisión.
De otro lado, aparece el sistema de convocatoria pública como un proceso de selección
que involucra instrumentos de diferente naturaleza. Así, integra un componente
meritocrático al disponer la aplicación de pruebas como una de sus etapas, pero también
contempla uno de orden discrecional porque, a diferencia de lo que sucede en el concurso
público, los resultados obtenidos no son concluyentes de la elección. Esta última se realiza
por un órgano colegiado mediante la votación que hagan sus integrantes de una lista de
elegibles cuyo orden no condiciona la decisión.
Lo anterior evidencia que, aunque este procedimiento prevé una primera fase clasificatoria
en la que se aplican herramientas que responden exclusivamente al principio de mérito,
como lo son las pruebas que permiten la conformación de aquel listado, en la elección final
hay un importante margen de libertad para el nominador que le da la posibilidad de valorar
y escoger entre los candidatos.”
99. Así las cosas, se tiene que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, para resolver la inconformidad planteada por la parte actora en relación con
la violación del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que modificó el 170 de la Ley 136 de
1994 puso de presente que el concurso público de méritos, como mecanismo para
proveer los cargos de carrera o de periodo fijo, privilegia el mérito de manera estricta,
esto es, que el empleo debe ocuparse siempre con quien ocupe el primer puesto de la
lista de elegibles.
100. Así mismo, tuvo en cuenta la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-105 de 2013, en la cual dicha autoridad judicial expuso que “la elección de
funcionarios que no son de carrera, por parte de órganos a los que el derecho positivo les atribuye
39
Corte constitucional, sentencia T-040-1995, expediente D-652.
40
Corte constitucional, sentencia T-610-2017, expediente T-6177660.
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la correspondiente competencia, puede estar precedida de concurso público, incluso cuando el
órgano es de representación popular.” Motivo por el cual declaró exequible la expresión
“previo concurso de méritos” contenida en el inciso 1 del Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.
101. Esto quiere decir que, la disposición demandada no adolecía del vicio de nulidad
endilgado pues, (i) el legislador previó el concurso de méritos para la elección de
personeros municipales y distritales, (ii) cuestión que fue encontrada conforme a la
Constitución en la sentencia C-105 de 2013 y, finalmente, (iii) el hecho de que se previera
el concurso de méritos para ocupar este empleo, implica necesariamente que se debe
escoger al primero de la lista.
102. Por otro lado, en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, se analizó la presunta
violación de los artículos 126 y 313 numeral 8 de la Constitución Política, normas
igualmente consideradas como infringidas en el caso concreto. Este cargo fue
despachado desfavorablemente por los siguientes motivos:
“Ahora bien, con el fin de esclarecer si los artículos constitucionales 313, numeral 8, y 126,
inciso 4, implican una reserva de ley que fue desconocida con la expedición de los actos
demandados, es preciso recordar la materia que fue objeto de regulación mediante estos
últimos. Así, el Decreto 2485 de 2014, cuyo contenido es reproducido en el Título 27 del
Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., se encarga de fijar los estándares
mínimos para el concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros
municipales.
En ese sentido, lo que en esencia disponen las normas en cuestión es que el concurso sea
adelantado por los concejos municipales o distritales atendiendo a criterios de objetividad,
transparencia, imparcialidad, publicidad e idoneidad de los aspirantes. Así mismo, prevén
como etapas del concurso la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas; regulan los
mecanismos de publicidad; el uso de la lista de elegibles, al igual que la posibilidad de
celebrar convenios interadministrativos para la realización parcial de los concursos y el
diseño de las pruebas a ser aplicadas.
Visto lo anterior, en lo que se refiere al artículo 313 de la Constitución Política, cuyo numeral
8 señala que corresponde a los concejos municipales «[…] Elegir Personero para el período
que fije la ley […]», se observa que no sería viable predicar un vaciamiento de competencias
por violación de una reserva legal porque el precepto constitucional no admite duda en
cuanto a que aquello que debe definir la «ley», más allá de la acepción en que se esté
usando la palabra, es el «periodo» de los personeros municipales o distritales, entendido
como el lapso o término para el cual han de ser elegidos, asunto que en modo alguno fue
abordado en los actos administrativos objeto de la actual demanda.
Queda entonces por analizar si el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución Política,
modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015, consagra una reserva de ley y,
en caso afirmativo, si esta fue vulnerada por el Ministerio del Interior y el Departamento
Administrativo de la Función Pública. Según la norma en cuestión:
[…] Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a
corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la
ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito
para su selección […] (Subrayas fuera del texto original)
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De acuerdo con la explicación ofrecida en las anotaciones preliminares, la disposición en la
que el señor José Ignacio Arango Bernal pretende fundamentar la ilegalidad de los actos
administrativos demandados no es aplicable a los personeros municipales pues, según se
explicó, la provisión de este tipo de cargos debe efectuarse mediante concurso público,
proceso de selección que difiere del de convocatoria pública, contemplada en el Acto
Legislativo 2 de 2015.
En tales condiciones, no es factible predicar una alegada falta de competencia por
existencia de reserva de ley cuando el asunto del que se ocupan los decretos acusados no
se rige por la norma constitucional en la que, a voces de la demanda, se establece la
reserva en comento.
En conclusión, con la expedición del Decreto 2485 de 2014 y del Título 27 del Decreto 1083
del 26 de mayo de 2015, artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., el Ministerio del Interior y el
Departamento Administrativo de la Función Pública no infringieron el principio de reserva
de ley por desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 126 y 313 constitucionales, y el
35 de la Ley 1551 de 2012. En ese sentido, las entidades demandadas podían hacer uso
de su facultad de producción normativa a través del reglamento, respetando el contenido y
la estructura jerárquica del sistema de fuentes, cuestión que pasa a estudiarse a
continuación.”
103. Finalmente, la Sección Segunda encontró que la norma demandada no vulneraba
el principio de autonomía de las entidades territoriales, para lo cual expuso lo siguiente:
Principio de autonomía de las entidades territoriales
En materia de organización y estructura del Estado, la Constitución de 1991 introdujo el
principio de autonomía de las entidades territoriales en sus artículos 1 y 287, último que
lo desarrolló en los siguientes términos:
[…] ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los
siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales […]
En tales términos, la autonomía territorial se refiere a un cierto grado de libertad e
independencia que se les concede a las autoridades administrativas del nivel local con el
fin de que ejerzan un autogobierno de los asuntos que les conciernen. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la autonomía territorial puede entenderse como el poder de
dirección política y administrativa que, en virtud del principio democrático, se le atribuye a
cada entidad territorial a efectos de que gestione sus propios intereses.
(…)
Los demandantes coincidieron en señalar que las normas acusadas vulneran el principio
democrático pues prever que la vacante del empleo de personero debe cubrirse con quien
ocupe el primer puesto de la lista implica omitir la deliberación y el proceso de participación
ciudadana que merece una elección de tal naturaleza.
De otro lado, estimaron transgredido el principio de autonomía de las entidades
territoriales, aspecto frente al cual argumentaron que se presentó un vaciamiento delas
competencias constitucionalmente atribuidas a los concejos territoriales en la elección de
servidores públicos que no son de carrera.
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La censura que en ese sentido formularon los señores José Ignacio Arango Bernal y otro
debe resolverse en forma desfavorable toda vez que ya fue objeto de pronunciamiento
por la Corte Constitucional en la citada sentencia C-105 de 2013, en la que se concluyó
que el hecho de que los personeros municipales fuesen elegidos «[…] previo concurso
público de méritos […]» no transgrede los principios constitucionales antedichos.
(Resaltado fuera de texto)
104. En consecuencia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 9 de diciembre de 2019 negó la nulidad de los artículos 4 del Decreto
2485 de 2014 y el 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.
105. Ahora, debe recordarse que la cosa juzgada presupone la existencia de una
sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, ya que solo en ese escenario puede
predicarse que determinado caso ya fue objeto de “juicio por parte de un tribunal con
competencia para ello y en aplicación de las normas procedimentales y sustantivas pertinentes.”41
Esta circunstancia se verifica en el caso concreto respecto de la providencia del 9 de
diciembre de 2019.
106. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que se configura en el caso
concreto la excepción de cosa juzgada frente al punto analizado, pues existe identidad
de causa y de objeto. Asimismo, por cuanto la sentencia del 9 de diciembre de 2019 hizo
tránsito a cosa juzgada con efectos erga omnes en relación con la presunta violación del
principio de autonomía de las entidades territoriales y dos de los problemas jurídicos que
plantea el medio de control que en este caso nos ocupa, que son los siguientes según la
fijación del litigio:
¿Es contrario al artículo 170 de la Ley 136 de 1994 disponer que el cargo de
personero se llenará con la persona que ocupe el primer puesto en la lista de
elegibles por vulnerar el principio de discrecionalidad con el que cuentan los
concejos municipales y distritales en el ejercicio de su función de elegir?
¿Vulneró el Departamento Administrativo de la Función Pública los artículos 126
y 313 numeral 8 de la Constitución Política, al establecer, en el artículo 2.2.27.4
del Decreto 1083 de 2015, que el concejo municipal o distrital cubrirá la vacante
del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista?
107. No obstante, la Sala evidencia que no se configura la excepción de cosa juzgada
en relación con los dos últimos problemas jurídicos planteados en esta providencia, esto
es, la violación del principio de igualdad y la vulneración del artículo 1 de la Constitución
Política, razón por la cual estos cargos serán analizados a continuación.
41
Corte Constitucional Sentencia C-462 de 2013 reiterado en sentencia C-007 de 2016. Criterio igualmente compartido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la Sentencia del 11.04.2019. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-28-000-2018-00080-00
(ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 Y 11001-03-28-000-2018-000130-00)
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2.4. Principio de igualdad – artículo 13 de la Constitución Política y del artículo
40
108. La Corte Constitucional, ha explicado que el principio de igualad tiene dos facetas,
la primera de ellas relativa a una igualdad formal, contemplada en el inciso primero del
artículo 13 superior y según el cual, los ciudadanos merecen el mismo trato ante la ley.
109. La segunda faceta, “reconoce las condiciones diferenciales de existencia entre distintos
grupos sociales, se manifiesta a través de la denominada “igualdad material”. Como lo prescriben
los incisos segundo y tercero del artículo 13 superior, el Estado colombiano debe adoptar medidas
promocionales y dar un trato especial –de carácter favorable–, a las personas y grupos
vulnerables o a los sujetos en condición de debilidad manifiesta. Esta visión social del Estado,
refleja una organización política comprometida con la satisfacción de ciertas condiciones y
derechos materiales, que reconoce las desigualdades que se presentan en la realidad, y frente a
las cuales es necesario adoptar medidas especiales para su superación con el fin de garantizar
un punto de partida equitativo entre los ciudadanos.”42
110. En el caso concreto, la parte actora considera que se vulnera este principio porque
para proveer el cargo de personero debe llevarse a cabo un concurso público de méritos,
en el cual, única y exclusivamente se puede elegir al primero de la lista de elegibles,
mientras que para otros casos análogos, como por ejemplo, la elección de los contralores
del orden territorial y municipal, hay una terna que se escoge previo a un concurso de
méritos, de la cual se elige al respectivo contralor. Es decir, existe un margen de
discrecionalidad en esta elección mientras que para la primera no lo hay.
111. Desde ahora la Sala pone de presente que no le asiste razón a la parte actora
pues la elección de contralores del orden territorial y municipal no se realiza previo un
concurso de méritos, con lo cual, dicho parámetro no puede servir de fundamento para
realizar el juicio de comparación que propone.
112. En efecto, la norma correspondiente, esto es el artículo 4º del Acto Legislativo 04
de 2019, modificatorio del artículo 272 de la Constitución Política, establece la elección
de los contralores mediante convocatoria pública, figura que no puede ni debe
confundirse con el concurso público y que, si bien, al igual que este último pretende
salvaguardar el criterio del mérito en la escogencia de la persona que debe ocupar el
cargo, es un mecanismo que permite que la elección no se realice con el primero de la
lista. El tenor de dicha disposición es el siguiente:
“(…) Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada
por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la
ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con
el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.”
42
Corte Constitucional, Sentencia C-220 del 19.04.2017. M.P. José Antonio Cepeda Amarás.
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113. De lo anterior43 se desprende que la designación del contralor se distingue por los
siguientes estadios:
Fase 1: La realización de una convocatoria pública guiada por los principios de
transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género,
de acuerdo con la ley que, en la actualidad, y mientras se expide un estatuto
especial para el caso de los contralores territoriales, es la Ley 1904 44 de 2018,
marco normativo de ese procedimiento de designación.
Fase 2: La puesta en marcha de la convocatoria debe dar lugar a la integración de
una terna compuesta por las personas que hayan alcanzado los mayores puntajes
en el desarrollo de las pruebas practicadas en el trámite –examen de conocimiento
y valoración de la formación profesional, de la experiencia, de la actividad docente
y producción de obras en el ámbito fiscal–.
Fase 3: La elección de uno de los ternados como contralor por la corporación
pública correspondiente según el caso -elección de contralor municipal,
departamental o distrital-.
114. De la norma en comento resulta evidente i) que el constituyente derivado
consideró la convocatoria pública como el mecanismo idóneo para la elección de los
contralores territoriales, el cual, valga la reiteración, se introdujo desde la reforma del Acto
Legislativo 02 de 2015 al artículo 272 de la Carta, y, ii) que dicho mecanismo le otorga al
órgano elector una mayor discrecionalidad al momento de tomar su decisión y, en
concreto, para el caso de los contralores territoriales, le permite escoger entre tres
candidatos que conforman la terna.
115. Ahora, para el personero municipal y distrital, el legislador, en ejercicio de su
amplia potestad de configuración legislativa, al expedir la Ley 136 de 1994 modificada
por la Ley 151 de 2012, instituyó el concurso público de méritos como mecanismo que
regula la incorporación a los empleos y cargos del Estado, por lo que es claro que no se
trata del mismo proceso de elección para el empleo.
116. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el artículo
2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015, y en desarrollo del artículo 35 de la Ley 151 de 2012,
estableció que el cargo debía ocuparse con el primero de la lista, pues ésta es la
consecuencia necesaria y única que se deriva del concurso público de méritos, método
escogido por el legislador para la designación de este cargo, por lo que tampoco se
advierte que se haya excedido la potestad reglamentaria, como lo alega el actor, al ser la
misma ley la que determinó dicho mecanismo.
117. Conforme con lo anterior, la Sala relieva que el demandante confunde los
conceptos de concurso público y convocatoria pública como si se tratara de conceptos
43
Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta providencias del 14.07.2022. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 81001-23-39-000-
2022-00042-01 y del 28.07.2022. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 76001-23-33-000-2021-01205-01
44
“Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República por el
Congreso de la República.” En el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018 se prescribe: “Las disposiciones contenidas en la presente ley
serán aplicables en lo que correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y municipales, en tanto el
Congreso de la República expida disposiciones especiales para la materia.”
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similares, mismos que, como se explicará a continuación, presentan significativas
diferencias.
118. De suyo, se recuerda que la jurisprudencia de la Sección45 ha distinguido entre (I)
designación como resultado de un concurso de méritos, (II) de la que estuvo precedida
de una convocatoria pública, reconociendo válidamente, frente a esta última, un “grado de
discrecionalidad con la que cuenta la Corporación Pública que elige”, aspecto que se encuentra
ausente del concurso, “que es un proceso enteramente objetivo, cuyo resultado depende
únicamente de los puntajes obtenidos por los aspirantes durante el desarrollo del mismo. Es decir,
en el concurso público el ganador será el concursante mejor calificado durante todo el proceso,
mientras que en la convocatoria pública, será el votado por la corporación correspondiente, del
listado de aspirantes que hayan superado todo el proceso, sin que necesariamente sea el mejor
puntuado en las etapas anteriores”46.
119. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil abordó el tema en el concepto de
10 de noviembre de 201547, en el cual precisó:
(…) la Sala observa que los antecedentes del Acto Legislativo 2 de 2015 ratifican que el
constituyente derivado quiso diferenciar la convocatoria pública del concurso público de
méritos del artículo 125 de la Constitución Política, particularmente porque en los procesos
de elección mediante convocatoria pública no existe un orden obligatorio de escogencia
entre los candidatos que superan las etapas de selección, tal como ocurre en los concursos
de méritos.
Así pues, el sistema de convocatoria pública mantiene un grado mínimo de valoración o
discrecionalidad política en cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre
quienes se encuentran en la “lista de elegibles”, aspecto que constituye el elemento
diferenciador entre la convocatoria pública de los artículos 126, 178A, 231, 257, 267 y 272
de la Constitución Política, y el concurso público de méritos a que alude el artículo 125 de
la misma Carta. Sin embargo, en lo demás (publicidad de la convocatoria, reclutamiento de
los mejores perfiles, transparencia, aplicación de criterios objetivos y de mérito, etc.) puede
decirse que no existen diferencias sustanciales entre uno y otro mecanismo de selección
de servidores públicos.
En consecuencia debe advertirse, como se evidencia también en los apartes del debate
legislativo anteriormente transcritos, que el concepto de “convocatoria pública” pese a no
ser equivalente al de “concurso público de méritos”, sí tiene elementos importantes de
similitud con este último al compartir la misma razón jurídica: asegurar mediante un
procedimiento reglado la mayor participación posible de interesados, la evaluación de sus
méritos y la selección de los mejores candidatos a cada cargo.
120. Así las cosas, se observa que a pesar de que existan similitudes entre la
convocatoria pública y el concurso de mérito, la primera contiene un grado de
discrecionalidad que principalmente se ve reflejado i) en la regulación de los parámetros
que deben tener en cuenta quienes aspiren a ser parte del trámite de designación48 y ii)
en la designación de las personas que resultan favorecidas. Este margen discrecional no
45
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 30.09.2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-28-000-2021-00006-00
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P: Carlos Enrique
Moreno Rubio, Radicado No. 11001-03-28-000-2018-00602-00.
47
Rad. 11001-03-06-000-2015-00182-00, C.P. Álvaro Namén Vargas.
48
Parámetros que, desde luego, deben respetar los límites constitucionales y legales.
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tiene lugar entrándose de los concursos públicos, pues la selección correspondiente
obedece a criterios netamente objetivos.
121. Estas mismas consideraciones resultan pertinentes para afirmar que no se vulnera
el principio de igualdad al establecer que, para el caso de los personeros municipales y
distritales se debe elegir al primero de la lista, mientras que para el caso de los contralores
nacional y territoriales, como también ocurre, por ejemplo, con el Fiscal General de la
Nación49, del Defensor del Pueblo50, se otorga discrecionalidad al órgano elector. Lo
anterior por cuanto, para la elección de dichos cargos no se previó el concurso público
de méritos.
122. Ahora, la Sala pone de presente que en los alegatos de conclusión el actor
manifestó que dicho principio se vio afectado por cuanto para la elección del Registrador
Nacional del Estado Civil y de los Magistrados de Altas Cortes no se obliga al elector a
escoger el primer puesto de la lista, sin embargo dicho cargo no fue alegado en la
demanda y no hizo parte de la fijación del litigio el cual quedó en firme en el auto
correspondiente.
123. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que con la norma demandada no
vulnera el principio de igualdad del artículo 13 superior, motivo por el cual el cargo será
negado.
124. Por otro lado, la parte actora alegó que la norma demandada violenta el principio
de igualdad y el artículo 40 de la Constitución Política, porque: “las personas en situación
de discapacidad o que no tengan recursos para viajar y conocer todas las preguntas de la prueba
de conocimientos que saldrán en otro municipio están en condición de desigualdad frente a las
que sí tienen recursos económicos, no sufren de discapacidad y son las principales en ser
escogidas como personeros.”
125. Adicionalmente y en complemento de este argumento, afirmó que la norma no
garantiza la equidad de género, frente a lo cual no realizó alguna explicación específica,
y permite “la trampa”.
126. Dicha situación la deduce del hecho referido a que, a su juicio, los candidatos al
cargo de personero municipal pueden presentar las pruebas de conocimiento varias
veces y en distintos municipios, con el fin de conocer las preguntas.
127. Al respecto, la Sala advierte que el argumento planteado por la parte actora
corresponde a una apreciación subjetiva, de la que extracta afirmativamente un hecho
49
Constitución Política. ARTICULO 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales
delegados y los demás funcionarios que determine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el
Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y
presupuestal.
50
Ley 24 de 1992. ARTÍCULO 2o. El Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el
Presidente de la República, para un período de cuatro años, contado a partir del 1o. de septiembre de 1992.
La terna será presentada en los primeros quince días siguientes a la instalación de las sesiones en el cuatrienio legislativo.
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que no tiene sustento probatorio; es decir, el cargo se sustenta en una mera afirmación
no probada, misma que no corresponde a un vicio de nulidad del acto administrativo
general51, y que, además, supone un estudio que escapa a la competencia del juez de la
nulidad, pues requiere de un análisis de casos concretos que no es propio de este medio
de control.
128. En este panorama, la Sala concluye que el cargo elevado por el demandante
carece de carga argumentativa en relación con la afirmación según la cual, el concurso
público de méritos establecido por el legislador para la elección de personero municipal,
afecta la equidad de género y permite “la trampa”.
129. En consecuencia, la Sala no estudiará el cargo porque carece de razones que
sustenten la vulneración alegada y el análisis de nulidad procede de cara a las causales
establecidas en la ley, mas no frente a las inconformidades y apreciaciones subjetivas
que puedan tener los ciudadanos en relación con las normas demandadas, cuando éstas
no son configurativas de una causal de anulación.
2.5. Violación del artículo 1º y de la Constitución Política
130. En relación con el artículo primero de la Constitución, consideró que la norma
acusada viola el principio de descentralización y autonomía de las entidades territoriales,
debido a que al obligarlos a escoger al primero de la lista de elegibles, despoja a los
Concejos Municipales de la discrecionalidad con la que deben contar para elegir al
personero.
131. En primer lugar, la Sala reitera que la disposición demandada al establecer que el
Concejo Municipal debe escogerse al primero de la lista de elegibles para ocupar el cargo
de personero municipal, no hace otra cosa que presentar la única consecuencia
legalmente admisible para el caso, ya que el legislador determinó que este cargo se
llenaría a través de un concurso público de méritos.
132. Por otro lado, para resolver el cargo planteado, la Sala pone de presente que,
como lo ha reconocido la Corte Constitucional52, la descentralización es una técnica de
administración en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones
del poder central a entidades periféricas, para que las ejerzan con un amplio grado de
discrecionalidad. Tiene como finalidad la eficiencia de la administración y su objeto son
las funciones de naturaleza administrativa en cabeza de los entes territoriales.
133. Por otra parte, advierte que el concurso de méritos para la provisión de cargos de
servidores públicos que no son de carrera, como sucede en el caso de los personeros
51
CPACA. Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…).
52
Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional C-478 del 06.08.1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-517 del
15.11.1992 M.P. Ciro Angarita Barón, C-004 del 14.01.1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-534 del 16.10.1996 M.P. Fabio Morón Díaz,
C-624 del 11.09.2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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municipales, encuentra su aval en el reconocimiento constitucional explícito y en los fines
estatales y los derechos fundamentales por cuya realización propende53.
134. En efecto, en palabras de la Corte Constitucional i) el artículo 125 de la Carta
Política establece que los funcionarios del Estado deben ser nombrados por concurso
público, que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y que el
ingreso y el ascenso en la misma debe efectuarse mediante dicho procedimiento y ii)
este mecanismo de vinculación facilita y promueve la consecución de los fines estatales,
en la medida en que su objeto es la identificación de las personas que reúnen las
condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo.
135. Así las cosas, la Sala observa que el Departamento Administrativo de la Función
Pública al establecer en el artículo 2.2.27.4 que el Concejo Municipal debe elegir
personero municipal al primero de la lista producto del concurso público de mérito, no
vulneró el principio de descentralización administrativa contemplado en el artículo 1º de
la Constitución Política, por cuanto fue el legislador quien determinó este mecanismo para
ocupar el empleo de personero municipal y distrital, método que es constitucionalmente
admisible para la elección de cargos que no sean de carrera administrativa y cuya
determinación corresponde al legislador.
2.6.1. Conclusión
136. De conformidad con los motivos expuestos, la Sala declarará configurada la
excepción mixta de cosa juzgada, en relación con la presunta vulneración del principio
de autonomía de las entidades territoriales, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que
modificó el 170 de la Ley 136 de 1994, así como de los artículos 126 numeral 4 y 313
numeral 8 de la Constitución Política, pues los argumentos elevados por la parte actora
para sustentar la nulidad del artículo 2.2.27.4 fueron analizados por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia del 9 de diciembre de 2019, providencia mediante
la cual se negó la pretensión de anulación.
137. En consecuencia, respecto de este cargo la Sala se estará a lo allí resuelto.
138. Adicionalmente, negará las pretensiones de la demanda ante la ausencia de
vulneración del principio de igualdad, así como de los artículos 1º y 40 de la Constitución
Política.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la configuración de la cosa juzgada relativa, en relación con la
sentencia del 9 de diciembre de 2019 proferida por la Subsección A de la Sección
53
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-105 del 06.03.2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Segunda del Consejo de Estado dictada en el radicado 2015-01089-00 y 2016-00001-00,
de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 9 de diciembre de 2019
antes señalada, en relación con la presunta vulneración del principio de autonomía de las
entidades territoriales, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo
170 de la Ley 136 de 1994, y de los de los artículos 126 numeral 4 y 313 numeral 8 de la
Constitución Política.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por los demás cargos elevados
contra el artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales, que en contra de la presente decisión no
procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
30
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