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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00240-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00240-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmase la sentencia del 19 de febrero de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida contra Dina Margarita Zabaleta Molina, en calidad de personera del municipio de Valledupar, para el periodo 2024-2028, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 17 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: nulidad simple. Radicación No. 11001-03-26-000-2021-00153-00. 27 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jean Carlos López Rolón Demandada: Dina Margarita Zabaleta Molina Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2024-00240-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de junio de 2025

Demandante: Jean Carlos López Rolón
Demandada: Dina Margarita Zabaleta Molina
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01
Demandante: JEAN CARLOS LÓPEZ ROLÓN
Demandada: DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA – PERSONERA DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA EL PERIODO 2024-2028

Tema: Medio de control contra acto que revocó otro acto de carácter
general. Obligatoriedad de las reglas de la convocatoria.
Modificaciones a la convocatoria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por el
demandante contra la sentencia del 19 de febrero de 2025, por medio de la cual,
el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de
nulidad electoral promovida contra Dina Margarita Zabaleta Molina, en calidad de
personera del municipio de Valledupar, para el periodo 2024-2028.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. El ciudadano Jean Carlos López Rolón en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, instauró
demanda con el fin de obtener la nulidad del acto de elección de Dina Margarita
Zabaleta Molina, en calidad de personera del municipio de Valledupar, para el
periodo 2024-2028.

1.2. Hechos

2. El demandante señaló que el 20 de junio de 2024 en sesión plenaria del
concejo se eligió a Dina Margarita Zabaleta Molina como personera municipal,
quien tomó posesión del cargo el 27 del mismo mes y año.

3. Adujo que la designación estuvo precedida de un procedimiento lleno de
anomalías puesto que se realizaron dos convocatorias para el mismo proceso de
selección, la primera fue revocada de manera irregular y, la segunda, se modificó
de forma sustancial sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además,

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sostuvo que en esta ultima no se regularon aspectos fundamentales como el
salario a percibir y la metodología de votación desconoció las normas que regulan
el concurso.

1.2.1. Convocatoria al concurso público de méritos para elegir personero
municipal de Valledupar, periodo 2024-2028 contenida en la
Resolución 043 de agosto de 2023 (revocada por la núm. 019 del 21 de
febrero de 2024)

4. Expuso que el 11 de agosto de 2023, la Mesa Directiva del Concejo de
Valledupar expidió la Resolución 43 que reglamentó el concurso público. Este
acto contenía las reglas generales, los criterios de escogencia y el cronograma
del proceso de selección.

5. Señaló que el 19 de octubre de 2023 se suspendió temporalmente el proceso,
en cumplimiento de un fallo judicial y se reanudó el 28 de noviembre (Resolución
056 de esa fecha). El 30 de noviembre siguiente se publicaron los resultados
definitivos de las pruebas aplicadas por la Universidad del Magdalena, quedando
pendiente la etapa de entrevistas.

6. Narró que, aunque el cronograma establecía que el 2 de enero de 2024 debía
citarse a los aspirantes a la entrevista, para realizarla de forma presencial en el
recinto del concejo (4 de enero), previa publicación en la página oficial, esto no se
llevó a cabo en la fecha prevista.

7. Relató que el 3 de enero del mismo año se expidió la Resolución 002 que
modificó el cronograma del concurso a partir de la entrevista, para practicarla el
11 de enero siguiente, variación que no se ajustó a los presupuestos establecidos
en el reglamento del proceso. Además, dicho acto no fue suscrito por los tres
miembros de la Mesa Directiva y no se notificó de forma oportuna.

8. Indicó que al día siguiente presentó solicitudes para que se garantizara su
derecho a participar en la entrevista y que se restablecieran las condiciones
originales del concurso.

9. Sostuvo que, a través de la Resolución 006 del 11 de enero de 2024 (notificada
al día siguiente), se suspendió nuevamente el concurso de manera indefinida, a
pesar de que la etapa de entrevista ya estaba convocada para esa fecha, por lo
que esta no se llevó a cabo.

10. Refirió que el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias
Múltiples de Valledupar concedió el amparo del derecho al debido proceso del
demandante y ordenó al concejo municipal dar continuidad a las etapas restantes,
reanudar la entrevista y demás actividades pendientes.

11. Manifestó que, al cumplirse el plazo conferido por el juez constitucional,
esto es, el 14 de febrero de 2024, la Mesa Directiva prorrogó la suspensión del

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concurso.

12. Indicó que, posteriormente, por medio de la Resolución 019 del 21 de
febrero de 2024 se revocó la núm. 043 de agosto de 2023 y los demás actos y
actuaciones administrativas que de esta se derivaron, con el propósito de iniciar
un nuevo concurso.

1.2.2. Convocatoria al concurso público de méritos para elegir personero
municipal de Valledupar, periodo 2024-2028, contenida en la
Resolución 30 del 25 de abril de 2024

13. El actor manifestó que mediante la Resolución 030 del 25 de abril de 2024
se convocó nuevamente el concurso, aduciendo supuestas falencias en el
desarrollo del anterior y. en ejecución de este, se eligió a la demandada.

14. Explicó que dicho acto fue modificado en tres ocasiones mediante las
Resoluciones No 031 de 06 de mayo de 2024, No 033 de 15 de mayo de 2024,
No 040 de 07 de julio de 2024, pese a la obligatoriedad y vinculatoriedad de la
convocatoria.

15. Relató que se empleó un trámite diferente para la elección, al realizar una
votación entre los tres aspirantes que componían la lista de elegibles, es decir,
que no se dispuso elegir al primero de la lista sino al aspirante que tuviera mayor
votación.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

16. Para efectos metodológicos se agruparán los vicios descritos por el actor,
en: aquellos que recaen en la convocatoria contenida en la Resolución 43 de
agosto de 2023, revocada por la núm. 019 del 21 de febrero de 2024 (1.3.1.), y los
que supuestamente ocurrieron en el desarrollo de la regulada en la Resolución 30
del 25 de abril de 2024 (1.3.2.).

1.3.1. Irregularidades atribuidas a la realización del concurso convocado
con la Resolución 043 del 11 de agosto de 2023

17. Expuso el accionante, que la suspensión del proceso desconoció el fallo de
tutela del 9 de febrero de 2024 que ordenaba continuar las etapas pendientes del
concurso y las advertencias preventivas de la Procuraduría Regional, lo que
agravó la vulneración de derechos fundamentales de los participantes.

18. Relató que el cronograma podía modificarse por fuerza mayor, mediante
acto administrativo con publicación oportuna; sin embargo, los motivos señalados
en las resoluciones que cambiaron las fechas de algunas etapas del concurso, no
encuadraron en esas causales e introdujeron cambios sustanciales que alteraron
las condiciones básicas, vulnerando los principios de confianza legítima y
seguridad jurídica.

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19. Afirmó que la Mesa Directiva incurrió en falsa motivación al proferir la
Resolución 019 de 21 de febrero de 2024, mediante la cual, revocó la Resolución
043 de 11 de agosto de 2023, dado que invocó apreciaciones subjetivas, hechos
no probados o erróneos, por ejemplo, investigaciones disciplinarias o penales
inexistentes e informes técnicos presentados fuera de término.

20. Estimó que, si en los informes tenidos como sustento de la revocatoria se
detectaron errores en calificaciones (por ejemplo, procesamiento con algoritmos
de Excel), esa actuación, aunque eventualmente ocasionaría un vicio en las
calificaciones era válida para justificar la revocatoria directa de la convocatoria
general, sino que podía solucionarse a través de mecanismos contractuales o
actos administrativos particulares de exclusión.

1.3.2. Anomalías presuntamente ocurridas en desarrollo de la convocatoria
regulada en la Resolución 30 del 25 de abril de 2024

21. Resaltó que la Resolución 030 del 25 de abril de 2024 y sus modificaciones
incurren en vicios que trasgredieron la transparencia, publicidad, imparcialidad y
confianza legítima de los aspirantes al concurso.

22. Señaló que la convocatoria desconoció el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083
de 2015 dado que no se indicó de manera precisa el salario a percibir, por tanto,
los aspirantes no pudieron conocer el valor mensual de la remuneración; ni se
determinó cómo se protocoliza la designación y nombramiento del aspirante que
ocupó el primer lugar dentro del concurso de méritos.

23. Añadió que las modificaciones sustanciales llevadas a cabo a través de las
Resoluciones 031, 033 y 040 de 2024 vulneraron los principios de transparencia,
publicidad, imparcialidad confianza legítima y debido proceso, así como el respeto
por las legítimas expectativas de los concursantes y no se publicaron en los
medios previstos (página del Concejo y de la Universidad de la Costa/CUC,
carteleras informativas, etc.), lo que impidió que los aspirantes conocieran
oportunamente los ajustes; además introdujeron modificaciones sustanciales como
la variación de las condiciones adicionales a los requisitos mínimos, la vinculación
que se realizaba de la Procuraduría General de la Nación al proceso y el lugar
digital de las publicaciones.

24. Alegó que según el Acta No. 103 del 20 de junio de 2024, la Mesa Directiva
y Plenaria omitieron los lineamientos sobre la elección, según los cuales, debe
elaborarse lista de elegibles en estricto orden de mérito y cubrir la vacante con la
primera persona de la lista.

25. Agregó que el Concejo Municipal de Valledupar no protocolizó el acto de
designación contenido en el acta de sesión ordinaria 03 del 20 de junio de 2024,
en un acto administrativo como una resolución de nombramiento o, similar, ni

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realizó la publicación en los términos descritos en el artículo 65 del CPACA.

26. Argumentó que la suma de las irregularidades sustanciales en la
convocatoria, las fases del concurso, la gestión de las entrevistas, la publicidad y
alteración de los cronogramas, la revocatoria arbitraria y la votación, socavaron la
validez del proceso electivo y lesionaron derechos de los aspirantes y de la
comunidad.

1.4. Contestaciones de la demanda

1.4.1. Dina Margarita Zabaleta Molina

27. La demandada se pronunció sobre los hechos y el concepto de la violación y
solicitó que se negaran las pretensiones.

28. Refirió que el Concejo de Valledupar celebró un contrato con la Universidad
del Magdalena para realizar un concurso público de méritos para elegir al
personero municipal. El contrato terminó el 5 de octubre de 2023 sin que se
alcanzara a culminar el proceso de entrevistas, situación que afectó la validez del
procedimiento.

29. Narró que, posteriormente, se generaron controversias internas en el cuerpo
colegiado sobre el procedimiento seguido, lo cual llevó a la expedición de la
Resolución 019 del 21 de febrero de 2024, mediante la cual se revocó el concurso
anterior. Esta revocatoria se fundamentó, entre otras razones, en que la
Resolución 062 de 2023, que excluyó a una aspirante, no estaba en firme al
momento de realizar las entrevistas.

30. Relató que el concejo, ya integrado por nuevos cabildantes para el periodo
2024–2027, decidió convocar al concurso a través de la Resolución 030 del 25 de
abril de 2024. En este proceso, participaron diferentes aspirantes, entre ellos la
demandada, quien obtuvo el primer lugar y fue elegida personera mediante el Acta
103 del 20 de junio de 2024.

31. Expuso que el señor Jean Carlos López Rolón no participó en el nuevo
concurso. Por tanto, no puede considerarse sujeto afectado por el resultado del
mismo, ni está en posición de alegar perjuicio directo o lesión concreta de un
derecho subjetivo.

32. Alegó que la elección fue pública, transmitida por redes sociales, y su
posesión se realizó cumpliendo todos los trámites legales. Se firmó el acta
correspondiente y se respetaron los principios de transparencia, legalidad, mérito
e igualdad.

33. Indicó que todos los señalamientos que formula el actor en su demanda hacen
referencia a supuestas irregularidades del proceso anterior (2023), el cual fue
revocado y no tiene relación con el nuevo procedimiento que culminó con la

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elección de la accionada.

1.4.2. Municipio de Valledupar

34. El apoderado subraya que tanto la Resolución 019 de 21 de febrero de 2024
(por la cual se revocó el concurso anterior), como la Resolución 030 de 25 de abril
de 2024 (que convocó un nuevo proceso), y el acto de elección del 20 de junio de
2024, se encuentran debidamente motivados y fundamentados en derecho;
además que no existe prueba alguna que permita concluir que dichos actos sean
ilegales o arbitrarios.

35. Indicó que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad
mientras no hayan sido anulados judicialmente y que la carga probatoria es del
demandante, quien debe demostrar que las decisiones enjuiciadas desconocen
las normas invocadas.

36. Argumentó que los procedimientos se surtieron conforme a la Constitución
Política, la ley, los acuerdos del concejo y las normas que rigen los concursos
públicos.

1.4.3. Concejo Municipal de Valledupar

37. Alegó que actuó correctamente al revocar la Resolución 043 de 2023 y los
actos derivados de ella, mediante la Resolución 019 del 21 de febrero de 2024,
debido a «irregularidades protuberantes» advertidas por la misma Universidad del
Magdalena, principalmente que el «informe oficioso de revisión» del vicerrector no
fue autorizado por el rector y fue emitido fuera del término de ejecución del
contrato, lo que generó un vicio de legalidad y una extralimitación de funciones.

38. Apuntó que un informe de auditoría interna de la Universidad (26 de febrero de
2024) confirmó estas irregularidades y la extemporaneidad de las actuaciones del
vicerrector, recomendando incluso una investigación disciplinaria.

39. Adujo que el Concejo Municipal de Valledupar actuó dentro de su competencia
al expedir la Resolución 006 del 11 de enero de 2024 para suspender el concurso
temporalmente, debido a la necesidad de resolver recursos y recusaciones, y para
permitir a los nuevos concejales analizar la situación.

40. Enfatizó en que las posibles irregularidades contractuales en la contratación
de la universidad para el concurso no tienen incidencia en la declaratoria de
elección del personero.

41. Afirmó que la convocatoria para el nuevo concurso de personero municipal
(Resolución 030 de 25 de abril de 2024) se publicó de manera amplia y
transparente en la página del concejo, en la cartelera, en prensa escrita y en
medios radiales, lo que resultó en el concurso con el mayor número de inscritos en

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la historia de Valledupar. Actuaciones que cumplen con los principios de
publicidad y garantiza la libre concurrencia, incluso excediendo el plazo mínimo de
diez (10) días de anticipación antes de las inscripciones establecido por la ley.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

42. Mediante auto del 27 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de Cesar
admitió la demanda, luego, previo traslado de las solicitudes cautelares, negó la
suspensión provisional del acto de elección en proveído del 30 de octubre
siguiente, al considerar que «no puede asegurarse de manera preliminar que el
concurso de méritos que culminó con la elección de la señora Dina Margarita
Zabaleta Molina, hubiera sido desarrollado con violación de las normas
constitucionales y legales en que debía fundarse»; ordenó notificar a la
demandada, al municipio de Valledupar, al Concejo Municipal de esa ciudad y a la
agente del Ministerio Público. Determinaciones contra las que no se interpusieron
recursos.

43. Al contestar la demanda, la parte accionada formuló la excepción de «inepta
demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de
pretensiones».

44. Mediante decisión del 16 de enero de 2025, el despacho sustanciador declaró
no probada la excepción previa propuesta. Además, decidió dar al proceso el
trámite de sentencia anticipada, por lo que fijó el litigio de la siguiente manera:

Corresponde a la Sala determinar si debe declararse la nulidad de acto
administrativo contenido en el Acta No. 103 del 20 de junio de 20245 por medio de
la cual se eligió a Dina Margarita Zabaleta Molina como Personera Municipal de
Valledupar para el período 2024-2028, con ocasión – según se indica en la
demanda - a los presuntos vicios que afectan el proceso de selección convocado
mediante la Resolución 030 de 25 de abril de 2024, junto con sus modificaciones.
Se establecerá igualmente, si en atención a lo dispuesto en el artículo 148 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), resulta procedente la inaplicación de “la convocatoria a concurso público
de méritos para la elección del cargo de Personero Municipal de Valledupar”,
contenida en la Resolución 030 de 25 de abril de 2024 y sus modificaciones, debido
a los vicios alegados en su expedición y desarrollo.1

45. En la misma providencia se pronunció sobre las pruebas, ordenó incorporar
las aportadas con la demanda y, corrió traslado a las partes, para alegar de
conclusión.

1.6. Concepto del Ministerio Público

46. No realizó pronunciamiento.

1 Se transcribe con posibles errores gramaticales.

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1.7. Sentencia de primera instancia

47. El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de
nulidad electoral, mediante fallo del 19 de febrero de 2025.

48. La corporación decidió los cargos presentados por el actor derivados de las
supuestas falencias cometidas en el desarrollo de la Resolución 043 del 11 de
agosto de 2023 y su revocatoria a través de la núm. 019 del 21 de febrero de
2024, de la siguiente manera:

49. Señaló que la modificación al cronograma con posterioridad a la fecha de
citación a la entrevista, originalmente prevista (Resolución No. 002 del 3 de enero
de 2024) se debió a la instalación del período constitucional de los concejales y a
la notificación de la exclusión de una aspirante el mismo día, que requería
garantizar el término de ejecutoria y que la decisión quedara en firme para no
vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa de la participante.

50. Sobre la suspensión temporal del concurso (Resolución No. 006 del 11 de
enero de 2024) consideró que se justificó por la necesidad de resolver las
recusaciones, conforme al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

51. Concluyó que las modificaciones y suspensiones tuvieron origen en
situaciones fácticas motivadas por la garantía del debido proceso y derecho de
defensa, considerándolas defectos meramente formales sin la magnitud de anular
la elección.

52. Examinó la Resolución 019 de 2024, expedida por la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Valledupar por la cual se revocó la núm. 043 del 11 de
agosto de 2023, fundamentada en varias solicitudes de revocatoria, controles de
legalidad, quejas disciplinarias y denuncias penales que «minaron la confianza de
la comunidad».

53. Concluyó que las irregularidades ocurridas en el concurso encajaban en las
causales de revocatoria directa (numerales 1 y 2 del artículo 93 del CPACA), ya
que continuar con un proceso viciado vulneraría principios como la buena fe,
moralidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y debido proceso. Por lo que
consideró que la revocatoria de la Resolución 043 del 11 de agosto de 2023
estaba ajustada a derecho.

54. Destacó un informe oficial de la Universidad del Magdalena (Oficio OAJ-035-
2024 del 6 de febrero de 2024) que refirió una «actuación oficiosa» del vicerrector,
por la cual se ordenó la exclusión de una participante y corrigió errores en el
examen, lo que ocurrió fuera del término de ejecución del contrato y sin
autorización del rector.

55. Finalmente, abordó una alegación del demandante sobre la Resolución No.

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002 del 3 de enero de 20242 y determinó que la falta de una firma no es un
requisito indispensable para la validez de un acto administrativo y no les resta
legalidad a las decisiones tomadas por la mayoría de los integrantes.

56. Frente a los alegatos esgrimidos contra el proceso de elección convocado con
Resolución 030 del 25 de abril de 2024, determinó lo siguiente:

57. Consideró que la mención al artículo 177 de la Ley 136 de 1994 en la
Resolución 030 de 2024, sobre el salario del personero era suficiente, ya que esta
norma establece que en municipios de categoría especial, primera y segunda
(como Valledupar) es el 100% del salario del alcalde y que, en todo caso, se
trataría de un defecto meramente formal que no causaría la anulación de la
elección.

58. Señaló que el Decreto 1083 de 2015, que establece las etapas del concurso,
no exige que se detalle el acto de protocolización en la convocatoria. Por lo tanto,
su omisión en la Resolución 030 de 2024 no vicia la elección.

59. Frente a las modificaciones realizadas a la segunda convocatoria estimó que
la practicada por la Resolución 031 se hizo para ajustarla al artículo 35 de la Ley
1551 de 2012, que solo exige un título de posgrado (sin especificar área jurídica),
dado que, mantener la exigencia de un posgrado en el área jurídica sí vulneraría
principios como la seguridad jurídica e imparcialidad.

60. Afirmó que la contenida en la Resolución 033 pretendió dar cumplimiento de la
Sentencia C-105 del 6 de marzo de 2013 que declaró inexequible la participación
de la Procuraduría General de la Nación en la realización de estos concursos, al
considerar que vaciaba las atribuciones constitucionales de los concejos.

61. Frente a la introducida con la Resolución 040 dijo que se consideró un error
meramente formal conforme al artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, ya que la
Universidad de la Costa «nada tenía que ver con este proceso de selección».

62. Luego estableció que la señora Dina Margarita Zabaleta Molina era la
aspirante con el mayor puntaje y que el proceso de votación se llevó a cabo
conforme al capítulo II, artículo 161 del Acuerdo No. 005 del 13 de mayo de 2021
(reglamento interno del Concejo Municipal de Valledupar).

1.8. Recurso de apelación

63. El demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia. Frente a la decisión relativa a la legalidad de la suspensión,

2 Por medio de la cual se modifican unas fechas en el cronograma del concurso de méritos
establecido en la resolución 043 de 2023 modificada por la resolución no 056 de 2023 “por medio
de la cual se reanuda el concurso de méritos para la elección del personero municipal 2024 – 2028
y la ejecución del cronograma de actividades establecido mediante resolución no 043 de 2023”.

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Demandante: Jean Carlos López Rolón
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modificaciones y revocatoria de la convocatoria regulada en la Resolución 043 del
11 de agosto de 2023, elevó los siguientes reparos:

64. Expuso que el tribunal no se pronunció específicamente sobre el hecho de que
las modificaciones y suspensiones del cronograma (Resoluciones 002 del 3 de
enero y 006 del 11 de enero de 2024) se hicieron posteriormente a las fechas
límite y sin comunicación oportuna.

65. Adujo que el a quo recurrió a planteamientos ambiguos e imprecisos que no
explican la legalidad de los actos demandados y no están respaldados en norma
jurídica alguna, o en una regla de la experiencia o, en general, en un criterio
razonable.

66. Cuestiona la afirmación de que el vicerrector actuó de manera oficiosa sin
autorización del rector y señala que el artículo 7 de la Resolución 663 de 2022 y el
Acuerdo Superior 022 del 2016, le delegaban facultades contractuales y de
ejecución a dicho funcionario.

67. Alegó que el informe no fue extemporáneo pues el contrato CD-044A-2023
(firmado entre el Concejo Municipal de Valledupar y la Universidad del Magdalena)
establecía un plazo de ejecución condicional a la prestación de todos los servicios
conforme al cronograma, lo que, según el apelante, extendía la vigencia hasta la
fecha del informe final (27 de diciembre de 2023).

68. Argumentó que la actuación administrativa de expedir un informe final sí
estaba prevista en los términos de referencia contractuales, conforme la cláusula
segunda (literales j, k, l, m) del contrato, que incluye la obligación de presentar
informes finales y reportar anomalías.

69. Apuntó que el tribunal omitió el deber de someter a un análisis dialéctico y
razonado la motivación de la resolución de revocatoria y, en particular, no
respondió a la pregunta fundamental de qué disposición específica de la
Resolución 043 de agosto de 2023 contradecía manifiestamente una norma
constitucional o legal para justificar su revocatoria directa bajo el artículo 93 de la
Ley 1437 de 2011.

70. Frente al desarrollo del concurso convocado por la Resolución 030 de 2024
sustentó sus inconformidades así:

71. Sostuvo que dicho acto exigía un título de posgrado «en el área jurídica», pero
con la Resolución 031 se eliminó dicha condición de estudio. Esta «corrección»
posterior, según el apelante, fue una modificación sustancial de las reglas del
concurso que violó los principios de legalidad, mérito, transparencia, igualdad y
seguridad jurídica.

72. Además, indicó que la modificación del sitio de publicación de resultados (de

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

www.cuc.edu.co a www.concejodevalledupar.gov.co) fue un cambio sustancial en
las bases del concurso, en contravención con la prohibición de inmodificabilidad
de la convocatoria.

73. Argumentó que el tribunal se desvió del debate central, que era la ilegalidad
de someter a votación la elección del Personero Municipal, ya que el Decreto 1083
de 2015, en su Artículo 2.2.27.4, establece que la vacante «se cubrirá (...) con la
persona que ocupe el primer puesto de la lista de elegibles»; por lo tanto, someter
a votación una elección que debe ser por estricto orden de mérito vició el proceso,
ya que introduce la posibilidad de que no se elija al primero de la lista.

1.9. Trámite en segunda instancia

74. Mediante auto del 4 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación y se
ordenó poner a disposición de la parte demandada el memorial del recurso y, que
posteriormente, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.10. Traslado del recurso de apelación

75. Durante el término de traslado, la parte accionada no realizó ninguna
manifestación.

1.11. Alegatos de conclusión

76. Las partes presentaron escritos de alegaciones finales en esta instancia, así:

1.11.1. Municipio de Valledupar

77. Señaló que los argumentos del recurrente son infundados y carecen de
objetividad, dado que las modificaciones al cronograma del concurso están
permitidas por «necesidades del proceso de selección y garantía de éxito del
mismo», según ha señalado el Consejo de Estado.

78. Expuso que el Concejo Municipal de Valledupar actuó conforme a derecho al
expedir la Resolución No. 019 del 21 de febrero de 2024, que revocó la resolución
anterior (043 del 11 de agosto de 2023) y sus actos derivados, para adoptar las
correcciones pertinentes frente a la elección del personero.

79. Afirmó que el Decreto 1083 de 2015 que establece los lineamientos generales
para el concurso de méritos, no menciona la protocolización como un requisito que
deba quedar plasmado en el acto de convocatoria para la validez de la elección.

80. Alegó que la sentencia C-105 del 6 de marzo de 2013 de la Corte
Constitucional declaró inconstitucional la participación de la Procuraduría en la
realización del concurso, por lo tanto, la modificación que se hizo para excluirla no

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Demandante: Jean Carlos López Rolón
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afecta la validez del proceso.

81. Argumentó que la resolución fue firmada por dos de los tres miembros, es
decir, por la mayoría, y no es el acto primigenio de convocatoria.

1.11.2. Concejo Municipal de Valledupar

82. Adujo que la Mesa Directiva del Concejo Municipal actuó conforme a derecho
al expedir la Resolución 019 del 21 de febrero de 2024, que revocó la resolución
de convocatoria anterior para adoptar las correcciones pertinentes, con la
motivación jurídica necesaria.

83. Afirmó que el concurso que llevó al nombramiento de la demandada cumplió
con todas las etapas del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo
005 de 2021.

84. Enfatizó que el proceso tuvo el mayor número de inscritos en su historia
debido a esta amplia difusión.

1.11.3. Dina Margarita Zabaleta Molina

85. Argumentó que las resoluciones de un primer concurso de méritos que fue
revocado mediante la Resolución 019 de 21 de febrero de 2024 carecen de
incidencia jurídica sobre el nuevo proceso de selección que culminó con la
elección de la demandada.

86. Resaltó que la Resolución 019 de 2024 es un acto administrativo autónomo y
su legalidad se discute en un proceso de nulidad simple ante el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar (Radicado No. 20-001-33-33-008-
2024-00086-00).

87. Explicó que, en todo caso, la revocatoria se basó en observaciones de la
Universidad del Magdalena sobre irregularidades sustanciales en el primer
concurso, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 93 del CPACA.

88. Manifestó que frente a la supuesta omisión en la protocolización el actor
guardó silencio en la apelación, lo que implica aceptación tácita de la decisión de
primera instancia. Además, la protocolización del acto electoral se realizó
conforme al Reglamento Interno del Concejo Municipal.

89. Afirmó que las modificaciones realizadas mediante Resoluciones 031 del 6 de
mayo, 033 del 15 de mayo y 040 del 7 de julio de 2024 fueron de mero trámite y
no afectaron sustancialmente el proceso, pues recayeron sobre los siguientes
temas: si la hoja de vida se ajustó al artículo 35 de la Ley 1551 de 2012; exclusión
de la Procuraduría General de la Nación y, corrección de un error formal de sitio
de publicación (conforme al artículo 45 del CPACA).

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90. Reiteró que el Concejo Municipal eligió a la persona en primer lugar de la lista
de elegibles, respetando el principio de mérito y la votación fue una formalidad
exigida por el Artículo 161 del Reglamento Interno del Concejo Municipal (Acuerdo
No. 005 de 2021).

91. Sostuvo que el proceso de selección se desarrolló conforme a la Resolución
030 de 25 de abril de 2024, que marcó el inicio de un proceso independiente.

92. Relató que el salario del personero se reguló según el artículo 177 de la Ley
136 de 1994, sin que la no fijación previa del salario del alcalde afectara la validez
del concurso.

1.11.4. Parte demandante

93. Insistió en que las Resoluciones 002 y 006 de 2024, que modificaron y
suspendieron el cronograma inicial de la Resolución 043 del 11 de agosto de
2023, fueron expedidas y publicadas extemporáneamente, ya que modificaron
actividades (como la citación y realización de entrevistas) que ya habían vencido.

94. Adujo que la sentencia de primera instancia se basó en el oficio OAJ-035-2024
de la Universidad del Magdalena, que contenía afirmaciones «totalmente falsa»,
dado que: i) el vicerrector no actuó sin autorización, porque tenía facultades
delegadas por el rector para asuntos contractuales; ii) el plazo del contrato se
extendía al cumplimiento de todas las obligaciones y al cronograma del concurso,
que aún no había finalizado; iii) la presentación de un informe final y el reporte de
anomalías eran obligaciones contractuales expresas de la universidad.

95. Refirió que la supuesta irregularidad de un acto particular (la exclusión de una
aspirante por la Resolución 062 de 2023) no podía justificar la revocatoria de un
acto de carácter general (Resolución 043 de 2023).

96. Arguyó que las modificaciones (Resoluciones 031, 033 y 040 de 2024) a la
segunda convocatoria (Resolución 30 de 2024) alteraron el literal b) del artículo
17.5 de la Resolución 030, exigiendo un título de posgrado en el «área jurídica»
cuando la ley solo requería «título de posgrado»; modificación que no fue un
simple «error involuntario de transcripción» sino un cambio sustancial que violó los
principios de legalidad, igualdad y confianza legítima.

97. Subrayó que se utilizó un mecanismo erróneo al someter la elección a
votación, en lugar de nombrar directamente a quien ocupó el primer puesto en la
lista de elegibles, tal como lo exige el Decreto 1983 de 2015 que rige la elección
por mérito.

1.12. Concepto del Ministerio Público

98. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto en
el que solicitó que se confirmara la sentencia apelada.

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99. Señaló que los vicios relacionados con las Resoluciones 002, 006 y 019 de
2024 no son relevantes, ya que se refieren a un concurso previo que fue revocado
y la elección de la demandada se basó en una nueva convocatoria (Resolución
030 de 25 de abril de 2024).

100. Respecto a las modificaciones a ese último acto consideró que se hicieron
para adecuar la convocatoria a la norma que lo regula (Artículo 35 de la Ley 1551
de 2012) o para subsanar errores formales, sin afectar sustancialmente el proceso
ni los derechos de los aspirantes.

101. En cuanto a la votación para la designación estimó que, aunque esta se
realizó, la demandada ya encabezaba la lista de elegibles, por lo que este
mecanismo no afectó el principio de mérito ni la elección.

102. Concluyó que las irregularidades alegadas por el demandante no se
presentaron o no tuvieron la incidencia necesaria para anular la elección.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado contra la
sentencia con la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones
de la demanda de nulidad del acto de elección de Dina Margarita Zabaleta Molina,
en calidad de personera del municipio de Valledupar, para el periodo 2024-2028,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1503, 152 numeral 7, literal b),4
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
en el artículo 135 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación6
modificado por el Acuerdo 434 del 2024.

3 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

(…) <inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
4«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. <Artículo

modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición
normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los Tribunales Administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. b) De la nulidad de la elección de
los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de
municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de
departamento.
5 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos

de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo,
así:
Sección Quinta:
(…)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
6 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de

Estado.

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2.2. El acto acusado

El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a la
elección de Dina Margarita Zabaleta Molina como personera del municipio de
Valledupar, para el periodo 2024-2028, contenido en el Acta No. 103 del 20 de
junio de 2024 de la sesión plenaria de dicha corporación.

2.3. Problema jurídico

103. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 19 de febrero de 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

104. Para el efecto, se deberá determinar si las irregularidades que
presuntamente rodearon el concurso de méritos que culminó con la designación
de la accionada son ciertas y tienen la capacidad de viciarla.

105. Para resolver los cuestionamientos planteados, la Sala abordará los
siguientes tópicos: (i) el marco general del concurso de méritos para la elección
del personero municipal y; (iv) el caso concreto.

2.4. Marco general del concurso de méritos para la elección de personero
municipal

106. El artículo 313 de la Constitución Política, dispone que: «Corresponde a los
concejos: (…) 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás
funcionarios que ésta determine».

107. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994, en relación con la elección de los
personeros establece:

Artículo 170. Elección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso,
elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los
diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo
constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría
General de la Nación7, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así
elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo
concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.

Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías
especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios
de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías
podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo,
en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado.

7 Aparte tachado declarado inexequible por la sentencia de constitucionalidad C-105 de 2013.

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Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de Derecho, podrán
prestar el servicio de práctica jurídica (judicatura) en las personerías municipales o
distritales, previa designación que deberá hacer el respectivo decano.

Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la Administración
Pública, se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas
profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano.

108. Por su parte, el artículo 2.2.27.1. del Decreto 1083 de 2015, señala que el
personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de
selección público y abierto adelantado por el Concejo municipal o distrital.

109. La referida norma precisa que los concejos municipales o distritales
efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a
través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas
o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

110. De otra parte, en el Decreto 1083 de 2015, se señalaron las etapas del
proceso de selección así:

ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos para la elección de
personeros. El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá
como mínimo las siguientes etapas:

a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del
Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la corporación. La
convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la
administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los
participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben
surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad en el proceso de elección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de
fijación; denominación, código y grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora
de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite de
reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de
conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el
puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de
los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo, que en
ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 1551 de 2012; y
funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso.

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número
de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto del
concurso.

c) Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar
la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una
clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar
con efectividad las funciones del empleo.

El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la
aplicación de las siguientes pruebas:

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1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el valor que se fije en la
convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% respecto del total del concurso.

2. Prueba que evalúe las competencias laborales.

3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo,
la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria.

4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%, sobre un total de valoración
del concurso. (Negrillas fuera del texto original)

ARTÍCULO 2.2.27.3 Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias
deberá hacerse a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la
libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el efecto
expida el concejo municipal o distrital y a lo señalado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de
avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios, la publicación en la
página web, por bando y a través de un medio masivo de comunicación de la entidad
territorial.

PARÁGRAFO . Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la publicación de la
convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días calendario antes del
inicio de la fecha de inscripciones.

ARTÍCULO 2.2.27.4 Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el
concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles,
con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe
el primer puesto de la lista.

111. De acuerdo con esta disposición, la convocatoria es la norma reguladora
del concurso con efectos vinculantes y obligatorios para la administración, los
participantes y las entidades que se contraten para el apoyo en la implementación,
desarrollo y ejecución del concurso. Al respecto esta Sección ha dicho «es tan
importante que su efecto obligatorio y vinculante conlleva a su respeto y
observancia, al punto que si no se emplean los mecanismos de modificación,
adición o supresión legales y legítimos puede dar lugar a la nulidad de la elección
que se ha efectuado con fundamento en la convocatoria de que se trate» 8.

2.5. Caso concreto

112. El demandante sustentó su inconformidad con la decisión apelada en los
siguientes puntos:

113. Contrario a lo señalado en primera instancia, los actos por medio de los
cuales se modificó y suspendió el cronograma estipulado en la Resolución 043 del
11 de agosto de 2023 que reglamentó la convocatoria del concurso público de
méritos para la elección del personero municipal de Valledupar, periodo
constitucional 2024–2028 (Resoluciones 002 del 3 de enero y 006 del 11 de enero
de 2024), fueron expedidas de forma extemporánea y sin notificación oportuna a

8 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de marzo de 2021. Expediente 05001-23-

33-000-2020-00495-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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los aspirantes.

114. El a quo no valoró las pruebas y argumentos presentados en la demanda
que demuestran la falsa motivación de la Resolución 019 de 2024, por la cual se
revocó la núm. 043 de 11 de agosto de 2023, dado que se fundó en apreciaciones
subjetivas o hechos no probados.

115. Las modificaciones sustanciales a la Resolución 030 de 2024, realizadas
mediante las Resoluciones 031 de 06 de mayo y 040 del 07 de julio de 2024
alteraron aspectos esenciales de la convocatoria, después de que esta había sido
publicada.

116. En lugar de cubrir la vacante con el elegible que tuvo el primer puntaje de
la lista, la plenaria del concejo efectuó una votación, contraviniendo el mandato
contenido en el Decreto 1083 de 2015, referente a escoger al aspirante que ocupó
el primer lugar en estricto orden de mérito.

117. La Sala se ceñirá a las inconformidades planteadas por el recurrente,
conforme a lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso
(CGP)9, que prescriben que este medio de impugnación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida10.

118. Determinado el marco de esta decisión, para efectos metodológicos se
realizará un breve recuento de las actuaciones surtidas en el marco del concurso
de méritos para proveer el cargo del personero municipal de Valledupar, elección
objeto de la demanda en cuestión.

119. La Mesa Directiva del Concejo de Valledupar expidió la Resolución 043 del
11 de agosto de 2023, mediante la cual reglamentó la convocatoria del concurso
público de méritos para la elección del personero municipal para el período
constitucional 2024-2028.

120. El 19 de octubre de 2023, por medio de la Resolución 054, la corporación
suspendió temporalmente el proceso y la ejecución de su cronograma de
actividades, en cumplimiento de un fallo de tutela y, luego, a través del Resolución
056 del 28 de noviembre de 2023 dispuso su reanudación.

121. El 30 de noviembre de 2023 se publicaron los resultados definitivos de las

9 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de

septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra,
sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de
presente que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación
con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.», disposición que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley».

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pruebas aplicadas por la Universidad del Magdalena en la página del concejo,
restando solo la entrevista.

122. El 27 de diciembre de 2023, el vicerrector de Extensión y Proyección Social
de la Universidad del Magdalena expidió un «INFORME TÉCNICO OFICIAL»
donde, entre otras cosas, señaló la exclusión de una participante, por un error en
la calificación de su examen de conocimientos. Por medio de la Resolución 062
del 29 de diciembre de 2023, la Mesa Directiva del Concejo Municipal excluyó a
dicha aspirante.

123. El 2 de enero de 2024, fecha programada para la citación a la entrevista, no
se evidenció su publicación en la página del concejo; el mismo día se instaló el
período constitucional de los concejales de Valledupar.

124. Mediante Resolución 002 del 3 de enero de 2024, se modificó la Resolución
056 de 2023 (que a su vez modificaba la Resolución 043 de 2023) en relación con
el cronograma. La actividad de entrevista fue reprogramada para el 11 de enero
de 2024. Pero, llegada esa fecha, la entrevista no fue incluida en el orden del día
ni realizada.

125. Por medio de la Resolución 006 (publicada el 12 de enero siguiente) se
suspendió temporalmente el concurso de méritos.

126. El 6 de febrero de 2024, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Universidad del Magdalena expidió el oficio OAJ-035-2024, en el que afirmó que la
actuación del vicerrector en el informe final pudo generar un vicio de
procedimiento y extralimitación de funciones.

127. El 9 de febrero de 2024 se profirió sentencia en una acción de tutela
interpuesta por el demandante, que ordenó al Concejo Municipal de Valledupar
dar continuación a las etapas restantes del concurso de méritos en un plazo de 48
horas. En respuesta, se emitió la Resolución 014, prorrogando la suspensión
temporal del concurso de méritos.

128. El 21 de febrero de 2024 el cuerpo colegiado expidió la Resolución 019, por
medio de la cual revocó la Resolución 043 del 11 de agosto de 2023 y los demás
actos derivados.

129. El 25 de abril de 2024 el Concejo de Valledupar, por conducto de su Mesa
Directiva, expidió la Resolución 030, con la cual convocó nuevamente el proceso
de elección de personero.

130. Para la realización de la prueba, la Corporación edilicia celebró contrato de
prestación de servicios con la Universidad de la Costa CUC, a quien se encargó
de formular, aplicar la prueba, expedir los resultados y atender las reclamaciones
respectivas.

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Demandante: Jean Carlos López Rolón
Demandada: Dina Margarita Zabaleta Molina
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

131. A través de la Resolución 031 del 6 de mayo de 2024 se corrigió un error en
la referida resolución, sobre la formación académica adicional.

132. El 15 de mayo de 2024 se modificó nuevamente la convocatoria con la
Resolución 033 que excluyó la participación de la Procuraduría General de la
Nación.

133. Mediante la Resolución 035 del 21 de mayo de 2024 se publicó el listado
definitivo de admitidos y no admitidos.

134. Por medio de la Resolución 040 del 7 de junio de 2024, se aclaró y corrigió
el artículo 23 de la Resolución 030 de 2024, cambiando el lugar de publicación de
los resultados de las entrevistas de la página de la Universidad de la Costa – CUC
a la del Concejo Municipal de Valledupar.

135. El 19 de junio de 2024 se expidió la Resolución 48 que conformó la lista
definitiva de elegibles para el cargo. El 20 de junio de 2024 se realizó el proceso
de elección mediante votación. La señora Dina Margarita Zabaleta Molina obtuvo
14 votos y fue elegida como personera para el período 2024-2028, determinación
que quedó consignada en el Acta 103 del 20 de junio de 2024. El 27 de junio de
2024 la demandada tomó posesión del cargo.

136. Del recuento realizado se extrae que la convocatoria al concurso de méritos
para elegir personero municipal realizada mediante Resolución 043 del 11 de
agosto de 2023 fue revocada por el Concejo Municipal de Valledupar, a través de
la Resolución 019 del 21 de febrero de 2024, aduciendo que se configuraban las
causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

137. La revocatoria de los actos administrativos es una forma para que la
administración pueda conseguir su desaparición o extinción de la vida jurídica, de
modo que se convierte en un ejercicio de autocontrol de sus propias decisiones.11
Esta figura puede ser solicitada por el sujeto pasivo del acto frente a la autoridad
que lo produjo o como medida unilateral de la administración para dejar sin efecto
decisiones que adopte.

138. La decisión que ordena la revocatoria directa de un acto administrativo
constituye otro acto de la misma naturaleza, pues contiene una determinación de
la administración que produce efectos jurídicos y, en tal medida, es pasible de
control jurisdiccional. Así lo ha precisado el Consejo de Estado12:

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2009.radicado 13001-23-31-000-2008-00586-01 (AC), consejera ponente: Martha
Teresa Briceño de Valencia.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 23 de

octubre de 2014. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 25000-23-41-000-2014-00674-01. Actor:
Ingeovista Limitada. Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, auto del 20 de septiembre
de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-24-000-2021-00256-00.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

[…] el acto que decida la solicitud de revocación directa no tiene
recursos, y el que la niegue no constituye acto administrativo definitivo, ya que
no hace parte de la vía gubernativa y no genera una situación jurídica nueva o
distinta a la del acto administrativo que se solicite revocar directamente, por lo
cual no es susceptible de acción contencioso administrativa. No así el acto
que conceda la revocación directa, es decir, el acto revocatorio, que
justamente por significar una nueva situación jurídica frente a la del acto
revocado, pasa a ser un nuevo acto administrativo, de allí que se considere
que la revocación directa es la sustitución o supresión de un acto
administrativo mediante otro […]. (negrillas fuera de texto original)

139. De acuerdo con lo señalado, si el actor consideraba que la entidad
demandada revocó el acto de convocatoria sin cumplir los presupuestos
consagrados en los artículos 93 y subsiguientes del CPACA, debió demandarlo.

140. Esta corporación ha señalado que la procedencia de los medios de control
en ejercicio de los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta
jurisdicción no depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del
perjuicio alegado (si se trata de un acto, su contenido y la calidad de quien lo
profiere) y del fin pretendido.13

141. En línea con lo dicho es importante precisar que los actos electorales son
aquellos que contienen una elección, un nombramiento o un llamamiento y su
legalidad es estudiada de acuerdo con las ritualidades propias del medio de control
de nulidad electoral consagrada en el artículo 139 del CPACA.

142. Por su parte, los actos de contenido electoral responden al ejercicio de una
función administrativa y, por tanto, tienen una incidencia o repercuten frente a la
situación jurídica que crean, modifican o extinguen. Puntualmente esta sección14 ha
considerado:

A diferencia de los actos electorales, los de contenido electoral son derivados de los
actos administrativos, aunque versan sobre asuntos electorales, es decir, no
materializan la voluntad del elector sino una decisión de la administración
pertinente en el marco de decisiones electorales, como cuando, entre otros, se: (i)
establecen los parámetros generales para una elección -actos de convocatoria-; (ii)
otorga o elimina la personería jurídica de un partido o movimiento político; (iii) se
registra o niega la inscripción del logosímbolo de una colectividad política; (iv) se
desarrollan los mecanismos de participación ciudadana; (v) se establecen las reglas
sobre las elecciones, lo que en general aplica a, (vi) los actos que profiera la
organización electoral.

Por supuesto, como los únicos actos pasibles de control jurisdiccional son los
definitivos, la categoría de acto administrativo de contenido electoral no cobija actos de
trámite o preparatorios, sino que corresponde a aquellos (i) con los que culmina el
procedimiento adelantado por la autoridad electoral o que (ii) establecen

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto

del 16 de mayo de 2019, exp. 76001-23-33-007-2017-00671-01 (62.351).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente:

Luis Alberto Álvarez Parra. Providencia del 29 de noviembre de 2021.

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lineamientos generales sobre el procedimiento electoral, que es justo lo que
ocurre en el caso que nos ocupa. (Negrillas fuera del texto original).

143. En tal sentido, se advierte que la Resolución 019 del 21 de febrero de 2024
revocó el acto mediante el cual se habían regulado de manera general las reglas
de un proceso de selección y, en esa medida, puso fin a la actuación adelantada
con fundamento en dicha convocatoria y tiene la naturaleza de definitivo, por lo
que es pasible de control judicial de manera independiente.

144. Lo anterior en consideración a que, el acto de elección como personera de
Dina Margarita Zabaleta Molina se produjo en desarrollo de las reglas,
lineamientos y etapas de la convocatoria regulada a través de un acto
administrativo diferente, proferido con posterioridad (Resolución 030 del 25 de
abril de 2024), cuya observancia sí puede ser objeto de estudio a través del
presente medio de control de nulidad de electoral conforme al artículo 139 del
CPACA.

145. A partir de esta conclusión, los cuestionamientos relativos al
desconocimiento de las reglas de la convocatoria contenidas en la Resolución 043
del 11 de agosto de 2023, su modificación (Resolución 002 de 3 de enero de
2024) y suspensión (Resolución 006 del 11 de enero de 2024) y, a los vicios en
que presuntamente, incurrió la Resolución 019 del 23 de febrero de 2024
(mediante la cual se revocó el primer acto) no serán estudiados, atendiendo a que,
la primera salió del ordenamiento jurídico con motivo de la revocatoria y, la
segunda, constituye un acto administrativo susceptible de ser atacado de manera
independiente y no a través del acto de elección de la señora Dina Margarita
Zabaleta Molina.

146. A continuación, se revisarán los reparos formulados en relación con las
modificaciones realizadas a la Resolución 30 de 2024, por la cual se convocó al
concurso de méritos para seleccionar personero en el municipio de Valledupar, en
desarrollo del cual resultó elegida la accionada.

147. El parágrafo primero del artículo 23 de dicha disposición señala que «el
cronograma podrá́ ser modificado y dicha modificación será publicada en la página
del Concejo Municipal de Valledupar www.concejodevalledupar.gov.co, Carteleras
informativas del Concejo Municipal de Valledupar, teniendo en cuenta los términos
señalados en las normas aplicables y las previstas en la presente Resolución, por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o por necesidades de la
convocatoria, para garantizar el éxito de la misma, a través de un acto
administrativo que contenga los ajustes realizados».

148. Revisadas las Resoluciones 030 de 2024 (convocatoria) y las que la
modificaron (invocadas en el recurso): 31 del 6 de mayo y 40 del 7 de julio de
2024, se advierte que los cambios consistieron en lo siguiente.

Disposición Resolución 30 del 25 de Resolución 31 del 6 del Resolución 40 del 7 de
abril de 2024 mayo de 2024 julio de 2024

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Inciso primero, Atendiendo que el Municipio Atendiendo que el
literal B, de Valledupar, es de primera Municipio de Valledupar, es
articulo 17.5. categoría. Es requisito que de primera categoría. Es
todos los candidatos tengan requisito que todos los
un título de posgrado en el candidatos tengan un título
área jurídica, por lo tanto, la de posgrado, por lo tanto,
formación académica la formación académica
adicional en áreas del adicional tendrá una
derecho tendrá una puntuación hasta de cien
puntuación hasta de cien (100) puntos, por cada título
(100) puntos, por cada título de postgrado
de postgrado (Especialización, Maestría y
(Especialización, Maestría y Doctorado) que ostente el
Doctorado) que ostente el aspirante, la cual se
aspirante, la cual se obtendrá obtendrá de la sumatoria
de la sumatoria aritmética de aritmética de los siguientes
los siguientes factores: factores:
Parágrafo del El cronograma podrá́ ser El cronograma podrá́ ser
articulo 23 modificado y dicha modificado y dicha
modificación será publicada modificación será
en la página web del Concejo publicada en la página
Municipal de Valledupar web del Concejo
www.concejodevalledupar.go Municipal de Valledupar
v.co, Carteleras informativas www.concejodevalledupa
del Concejo Municipal de r.gov.co, Carteleras
Valledupar, y en la página informativas del Concejo
web de la Universidad de la Municipal de Valledupar,
Costa -CUC: teniendo en cuenta los
https://www.cuc.edu.co, términos señalados en
teniendo en cuenta los las normas aplicables y
términos señalados en las las previstas en la
normas aplicables y las presente Resolución, por
previstas en la presente circunstancias de fuerza
Resolución, por mayor o caso fortuito, o
circunstancias de fuerza por necesidades de la
mayor o caso fortuito, o por convocatoria, para
necesidades de la garantizar el éxito de la
convocatoria, para garantizar misma, a través de un
el éxito de la misma, a través acto administrativo que
de un acto administrativo que contenga los ajustes
contenga los ajustes realizados.
realizados.

149. Es importante resaltar que, la convocatoria es la norma que regula el
proceso de selección y, en esa medida, establece todas las demás condiciones
para que el proceso se delante de forma exitosa e impone exigencias a los
participantes, como los requisitos, los plazos y los puntajes, entre otras; y, a su
vez, fija los lineamientos que la administración debe observar, como los términos,
los recursos o los resultados de las etapas; en consecuencia, es obligatoria tanto
para los aspirantes como para la propia administración.

150. No obstante, esta Sección ha señalado que la convocatoria puede ser
objeto de modificaciones siempre que estén «justificadas y deben propugnar por la
protección de los derechos de los participantes, en aras de que aquellos no
resulten desconocidos a raíz de las modificaciones»15.

151. Para determinar si la modificación a la convocatoria fue sustancial y
vulneratoria de las garantías al debido proceso, la confianza legitima y la

15 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado ponente:

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA, Providencia del trece (13) de febrero dos mil veinticinco
(2025). Referencia: Nulidad Electoral. Radicación: 23001-23-33-000-2024-00051-01.

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transparencia, se observará en detalle en qué consistió el cambio.

152. La Resolución 30 del 25 de abril de 2024 (norma del concurso) reguló en su
título III, artículo 17°. los criterios de selección y evaluación, así:

153. El artículo 17.5 estableció como se realizaría la verificación y evaluación de
las hojas de vida, en los siguientes términos:

154. De la confrontación entre las Resoluciones 30 del 25 de abril y 31 del 6 del
mayo de 2024 se extrae que este último acto varió dos elementos: i) señaló que el
requisito para participar en el concurso era tener un título de posgrado y, no uno
en el área jurídica, como lo había dicho la convocatoria inicialmente; ii) indicó que
la formación académica adicional (segundo posgrado) tendría una puntuación
hasta de cien (100), por tanto, suprimió la condición que había establecido la
norma original referente a que dicha formación debía ser «en áreas del
derecho».

155. En la parte motiva de la Resolución 31 del 6 del mayo de 2024 se indicó:

Que una vez revisada la norma superior (artículo 35 Ley 1551 de 2012), se
evidenció que se ha incurrido en un error involuntario de transcripción en el literal b
del artículo 17.5 de la referida resolución, que estableció la condición de posgrado

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en el área jurídica así: “Es requisito que todos los candidatos tengan un título
de posgrado en el área jurídica, por lo tanto, la formación académica
adicional en áreas del derecho” , cuando lo correcto es “título de posgrado” y
“formación académica adicional”.

156. En atención a lo expuesto por la entidad en el acto que modificó la
convocatoria, se encuentra que el inciso tercero del articulo 35 de la Ley 1551 de
2012 dispone:

Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías
especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios
de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías
podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo,
en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado.

157. De la norma citada se extrae que, tal como lo advirtió el concejo, en los
municipios de primera categoría como Valledupar, el requisito para ser elegido
personero es tener título de pregrado en derecho y uno de posgrado, que puede o,
no, ser en especialidades jurídicas.

158. Por consiguiente, el artículo 17.5 de la convocatoria sí contenía un error en
la medida en que señalaba que los requisitos mínimos para inscribirse consistían
en tener título de abogado y de posgrado en derecho. De tal manera que, la
variación realizada a través de la Resolución 31 del 6 del mayo de 2024 permitió
ajustar a la ley dicha inconsistencia.

159. El otro cambio a la convocatoria recayó sobre los estudios adicionales a los
mínimos de inscripción (segundo posgrado), que se podrían tener en cuenta para
otorgar puntaje adicional. Con esa modificación no se introdujeron requisitos
adicionales, sino que, por el contrario, se flexibilizaron los que estaban
establecidos, al señalar que la formación adicional a la mínima para inscribirse no
debía ser únicamente en derecho sino en cualquier área del conocimiento.

160. Se trató entonces de una modificación que no restringió la participación de
la ciudadanía en la convocatoria, sino que, al contrario, eliminó requisitos que
condicionaban la formación académica exigida.

161. Aunado a lo anterior, fue proferida y publicada, antes de que iniciara el
plazo de inscripciones (7 a 10 de mayo de 2024) y en la página del concejo
municipal.

162. En tal sentido, no se advierte que dicho cambio hubiese podido impactar en
las garantías al debido proceso y la confianza legítima, transparencia y buena fe
que tenían los interesados en el proceso de selección.

163. En relación con la Resolución 40 del 7 de julio de 2024, el cambio fue
relativo a la dirección donde se publicarían las modificaciones al cronograma, esto,
pues inicialmente se había dispuesto que se realizarían en el sitio digital de la

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universidad, cuando lo procedente era que se hiciera en el del concejo municipal.

164. Esta modificación fue justificada en errores por cambio de palabras o de
transcripción y su corrección se sustentó en el artículo 45 del CPACA que
prescribe:

ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos
en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda.

165. De la lectura de la motivación esgrimida para realizar los cambios al acto de
convocatoria se considera que dicha situación cumple los presupuestos del
artículo 45 del CPACA, por manera que, no se trató de un cambio sustancial sino
de una corrección de errores que no influyeron en las reglas del concurso ni
cambiaron las condiciones iniciales con las que los aspirantes se inscribieron.

166. Superado el anterior escenario procede a revisarse la alegada vulneración
del artículo 2.2.27.4 del Decreto 1083 de 2015 que dispone: «Con los resultados
de las pruebas el concejo municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito
la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero con
la persona que ocupe el primer puesto de la lista».

167. Revisada el acta de la sesión plenaria del concejo donde consta la
designación de la personera, se advierte que se realizó con un método según el
cual, los concejales votaban por uno de los tres primeros candidatos en las
pruebas.

168. Al respecto esta sección ha señalado: «Quiere decir lo anterior, que en el
caso de la elección de personeros municipales o distritales, sólo aquel
participante que obtenga la mayor puntuación luego de consolidadas las
etapas del proceso de selección, es el llamado a ocupar el empleo ofertado a
través de la convocatoria pública (…)»16 (negrilla fuera de texto original).

169. En el mismo sentido, al conocer la demanda de nulidad contra la referida
disposición del Decreto 1083 de 2015 consideró: «Así las cosas, la Sala observa
que el Departamento Administrativo de la Función Pública al establecer en el
artículo 2.2.27.4 que el Concejo Municipal debe elegir personero municipal al
primero de la lista producto del concurso público de mérito, no vulneró el
principio de descentralización administrativa contemplado en el artículo 1º
de la Constitución Política, por cuanto fue el legislador quien determinó este
mecanismo para ocupar el empleo de personero municipal y distrital, método que

16
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del veintitrés
(23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Rad. No.: 25000-23-41-000-2016-00219-01.

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es constitucionalmente admisible para la elección de cargos que no sean de
carrera administrativa y cuya determinación corresponde al legislador»17.

170. Ahora bien, conforme al artículo 170 de la Ley 136 de 1994, los concejos
municipales o distritales según el caso, deben elegir al personero, dentro de los
diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo
constitucional, previo concurso público de méritos.

171. De la lectura de las normas citadas se extrae que dicho cuerpo colegiado
debe realizar la elección dentro del plazo señalado, la cual puede llevarse a cabo
a través de una votación, pero siempre que se acate la lista de elegibles
conformada una vez surtidas las etapas del concurso, como sucedió en este caso,
puesto que, la duma municipal eligió a la persona que ocupaba el primer puesto,
como se aprecia en la Resolución 48 del 19 de junio de 2024:

172. En conclusión, no se encuentran acreditados los vicios alegados por la parte
actora contra el acto de elección demandado, motivo por el cual, se confirmará la
sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmase la sentencia del 19 de febrero de 2025, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de
nulidad electoral promovida contra Dina Margarita Zabaleta Molina, en calidad de
personera del municipio de Valledupar, para el periodo 2024-2028, de acuerdo con
la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

17
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, consejera ponente: Rocío Araújo Oñate,
sentencia del primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: nulidad simple.
Radicación No. 11001-03-26-000-2021-00153-00.

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Demandante: Jean Carlos López Rolón
Demandada: Dina Margarita Zabaleta Molina
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00240-01

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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