Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00421-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00421-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00421-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Demandado: Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de cónyuge supérstite de
Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D)
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia contra
la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del
23 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó y aclaró la providencia
emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, el 18 de julio de
2016, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, Pensiones de Antioquia, por conducto de apoderado judicial, solicitó
infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, a través de la cual se confirmó y aclaró la
providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, el 18
de julio de 2016, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda
formulada por el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D) contra Pensiones
de Antioquia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
radicado 05 001 33 33 001 2015 00819 01.
Con fundamento en lo anterior, pretendió revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 23 de noviembre de 2017, y en su lugar, negar «las
pretensiones de reliquidación del señor GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ CORREA,
fallecido y sustituido en sus derechos por la señora LUZ GLORIA ATEHORTUA
SOTO».
1.1.2. Hechos1
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 11 de febrero de 2008, a través de la Resolución 000036, Pensiones de
Antioquia reconoció una pensión de jubilación al señor Gustavo Adolfo Sánchez
Correa, en calidad de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Para tal efecto, la entidad estimó la prestación en la cuantía de
$ 619.289, tuvo en cuenta la edad, el tiempo de servicio y el monto del régimen
anterior y respecto al IBL acudió al artículo 21 de la referida ley y al Decreto 1158 de
1994.
ii) El señor Sánchez Correa, mediante derecho de petición, solicitó a Pensiones de
Antioquia la reliquidación de su pensión de jubilación, con el fin de que se le aplicara
el precedente contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 01112-
2009, proferida por el Consejo de Estado. Aquella petición fue resuelta de forma
negativa.
iii) El 18 de julio de 2016, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín profirió
sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:2
PRIMERO: SE DECLARA la nulidad de la Resolución No. 00000036 del 11 de febrero
de 2008, de la Resolución No. 00000319 del 18 de julio de 2008 y de los oficios o actos
Administrativos Nos. Código 130-04-04 del 27 de agosto de 2012 y el No. 130-07-07 del
1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho
acápite.
2 Folios 82 al 89.
2
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
28 de enero de 2015, expedidos por PENSIONES DE ANTIOQUIA, mediante los cuales
se negó el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez a GUSTAVO ADOLFO
SÁNCHEZ CORREA, en cuanto para su liquidación no incluyó todos los factores
salariales devengados por esta persona en el último año de servicios.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a PENSIONES DE
ANTIOQUIA, a efectuar la correspondiente reliquidación de la pensión de jubilación del
señor GUSTAVO ADOLFO SÁNCHEZ CORREA, con cédula de ciudadanía
70.058.259 incluyendo para tal efecto, los factores salariales certificados creados por
normas de carácter legal que devengó durante el último año de servicio. Dicho
reconocimiento y re-liquidación (sic) deberá hacerse desde el momento que al
demandante se le reconoció la pensión de jubilación.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a PENSIONES DE
ANTIOQUIA, A PAGAR las diferencias que resulten de la re-liquidación (sic) ordenada
en el numeral anterior frente al pago de las mesadas causadas de la pensión de
jubilación, a partir de 06 de octubre de 2011.
[…] QUINTO: SE AUTORIZA a PENSIONES DE ANTIOQUIA, para que realice los
respectivos descuentos para pensión, sobre los factores salariales que en su debido
momento, dejó de efectuar el Nominador.
SEXTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. […] (Resaltado y
subrayado originales del texto)
iv) El 23 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad, emitió sentencia de segunda instancia, en el sentido de
confirmar y aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia del
Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín, en los siguientes términos:3
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo
de Oralidad de Medellín, el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACLARAR el numeral segundo del fallo apelado, en cuanto a que los
factores de creación legal a tener en cuenta son los siguiente[s]: las primas de
vacaciones, de navidad, el subsidio de transporte y la asignación básica. […] (Resaltado
original del texto)
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante
sentencia del 23 de noviembre de 2017,4 confirmó y aclaró el numeral segundo de
la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Medellín, el 18 de julio de 2016, que había accedido parcialmente a las
3 Folios 90 al 101.
4 Folios 90 al 101.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
pretensiones de la demanda presentada por el señor Gustavo Adolfo Sánchez
Correa (Q.E.P.D) contra Pensiones de Antioquia, con sustento en las siguientes
consideraciones:
i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio. La anterior postura fue reiterada por el alto tribunal a
través de la sentencia del 25 de febrero de 2016.6
Frente a este aspecto, se ratifica la posición sentada por el Consejo de Estado, la
cual observa los principios de progresividad y favorabilidad en materia pensional y
en ese sentido, es procedente apartarse del criterio fijado en las Sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, emitidas por la Corte Constitucional, para efectos de
determinar el IBL a la luz de la Ley 33 de 1985.
ii) De conformidad con el mandato contenido en el artículo 150, numeral 19, literal
e) de la Constitución Política, al momento de liquidar la pensión de jubilación, deben
tenerse en cuenta los factores salariales de origen o creación legal. En ese orden,
las normas expedidas por Juntas Directivas, Asambleas departamentales o
Concejos municipales no son aplicables para tal efecto, por ser contrarias a la Carta
Política de 1991.
iii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse en
su integridad la Ley 33 de 1985 en virtud del principio de inescindibilidad de la ley,
es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
iv) Revisado el acervo probatorio se observa que el señor Sánchez Correa es
beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación
N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).
6 El tribunal cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 25 de febrero de 2016, radicado 25000234200020130154101.
4
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
1993, y por ello, para efectos pensionales, debía aplicarse la Ley 33 de 1985. En
consecuencia, en el ingreso base de liquidación de su pensión de jubilación deben
incluirse todos los factores de carácter legal devengados durante su último año de
servicio (1996 - 1997) esto es, la asignación básica, las primas de vacaciones y de
navidad y el subsidio de transporte, excluyendo la prima de vida cara por tratarse
de un emolumento de creación extralegal.
En lo que respecta al incentivo por antigüedad solicitado por el actor, no se realizará
estudio alguno pues no se probó que hubiere sido percibido en el último año de
servicio.
v) En ese orden, se impone confirmar la sentencia emitida por el Juzgado Primero
Administrativo de Medellín que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, comoquiera que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida al demandante en el equivalente al 75 % del salario promedio
devengado en el último año de servicio, con efectos fiscales a partir del 6 de octubre
de 2011, por prescripción trienal. No obstante, se aclara el numeral segundo de la
parte resolutiva, en el entendido de ordenar la inclusión de los factores salariales de
carácter legal percibidos en el referido lapso, esto es, la asignación básica, las
primas de vacaciones y de navidad y el subsidio de transporte, excluyendo la prima
de vida cara por tratarse de un emolumento de creación extralegal.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) La sentencia recurrida transgrede el derecho al debido proceso, lo cual configura
una vía de hecho que, además, vulnera el principio de supremacía constitucional,
en la medida que el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio, bajo los términos de
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, desconoce los precedentes jurisprudenciales obligatorios y
5
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Demandante: Pensiones de Antioquia
vinculantes de la Corte Constitucional sobre la forma de liquidar el IBL de las
personas sujetas al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
las demás normas legales que regulan la materia.
ii) La providencia cuestionada comporta un abuso del derecho, pues con la
reliquidación de la pensión de jubilación del causante, se excedió lo debido, en
contravía de la aplicación de los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 y del Acto
Legislativo 01 de 2005, conforme a la interpretación dada al régimen de transición
por la Corte Constitucional, a través de las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En
consecuencia, se elevó la mesada a la suma de $ 719.082, lo cual reportó un
aumento del 16.11 %.
Por lo tanto, la mesada pensional devengada por la hoy demandada se incrementó
sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta
gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la prestación reconocida al señor Sánchez Correa y que percibe la señora
Atehortua Soto, porque aquel adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia
de la Ley 100 de 1993 y del referido decreto.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de beneficiaria de la pensión de
jubilación reconocida al señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D), por
intermedio de apoderada, se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de
revisión, para lo cual expuso los siguientes argumentos:7
i) Las decisiones recurridas por un lado, se fundamentaron en los precedentes
jurisprudenciales vigentes para la fecha de su expedición y por el otro, están
protegidas por los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y confianza
legítima.
7 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI, visible a índice 10.
6
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Demandante: Pensiones de Antioquia
ii) No puede otorgarse efectos retroactivos a la Sentencia C-258 de 2013, pues se
expidió con posterioridad al reconocimiento pensional del causante, esto es, el 11
de febrero de 2008. Así mismo, aquella providencia realizó el estudio de las
prestaciones percibidas por servidores con régimen especial, tales como los
congresistas, entre otros.
iii) Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los
que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo,
cuando se señala que las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda
de la referida corporación, no puede considerarse que lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley.
iv) Los argumentos de la entidad demandante carecen de veracidad porque se
encuentra acreditada la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva,
porque no existe relación jurídico sustancial entre aquella entidad y la hoy
demandada, por el contrario, fue con su difunto cónyuge, el señor Sánchez Correa,
en razón al vínculo laboral que tuvo con el departamento de Antioquia.
Finalmente, se encuentran acreditas las excepciones de cobro de lo no debido,
buena fe y legalidad del acto administrativo demandado.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.8 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
7
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.9
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 1.° de diciembre de
201710 y la acción especial de revisión se interpuso el 18 de diciembre de 2019,11
por lo que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en
la ley.
2.3. Legitimación
Sobre la legitimación de Pensiones de Antioquia para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió lo siguiente:
(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de
un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago
de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Folio 79.
11 Folio 5.
8
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero.
Por su parte, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de
pensiones de Antioquia se creó para, entre otros fines, asumir el reconocimiento de
derechos pensionales causados a cargo de administradoras del régimen de prima
media. Al respecto, ver, entre otras, la Sentencia T-368 de 2018 de la Corte
Constitucional y la sentencia del 12 de abril de 201812 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
Por lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión objeto de estudio.
Por otro lado, la Sala observa que si bien el CPACA no prevé la posibilidad de
proponer excepciones en el trámite del recurso extraordinario de revisión, lo cierto
es que la parte demandada, en la contestación de la acción especial, expuso que
se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala observa que esta corporación ha sostenido que la falta de
legitimación en la causa por pasiva se trata de una figura que puede ser abordada
desde dos perspectivas, una de hecho y otra material. La primera de ellas se
establece en virtud de la relación procesal que se teje entre demandante y
demandado con ocasión de la mera atribución que el primero de ellos formula en
contra del segundo a través de la pretensión procesal y de su vinculación al proceso
cuando se traba la litis. Por su parte, la legitimación material en la causa se refiere
a quienes tienen, de un lado, la titularidad del derecho y, de otro, la titularidad de la
obligación, es decir, a quienes verdaderamente corresponde asumir la condición de
partes dentro del proceso por ser los que, en realidad, ostentan la calidad para exigir
lo que reclaman y para negarlo.
Pues bien, la Sala encuentra demostrado en el expediente que el 8 de noviembre
de 2018, falleció el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa,13 quien fungió como
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15-
000-2017-02284-01.
13 Folio 109.
9
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
2015 00819 01. Este hecho condujo a que Pensiones de Antioquia expidiera la
Resolución 2019030017 del 9 de enero de 2019,14 a través de la cual reconoció a
la señora Luz Gloria Atehortua Soto, en calidad de cónyuge supérstite, una pensión
de sobreviviente.
Se recuerda que con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte,
la pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, son figuras jurídicas que están
dirigidas a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado
al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio
sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias
de dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
En ese orden, la hoy demandada está legitimada en la causa por pasiva,
comoquiera que es la beneficiaria de la prestación reconocida al causante en el
proceso ordinario, que tuvo como consecuencia la expedición de la sentencia hoy
recurrida.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, se encuentra inmersa en las
causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
14 Folios 131 y 132.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido
proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento
pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede
lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró15 que el recurso extraordinario
15 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,16 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».17
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».18
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
16 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
17 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
18 Ibidem.
13
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primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».19
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación
del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea
posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993
Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, del 28 de agosto de 2018,20 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.
14
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-2020)
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Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:
La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
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100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.
Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,21 la ley y la Corte Constitucional,22 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y
obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Resaltado fuera del
texto).
De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
21 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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pendientes de solución, tanto en vía administrativa como judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios de revisión, estos deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en
relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en
relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión23 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»
23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el periodo y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La inconformidad de la entidad recurrente consiste en sostener que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre
de 2017, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó y aclaró el numeral segundo de la parte
resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de
Medellín, el 18 de julio de 2016, que había ordenado la reliquidación de la pensión
de jubilación que percibe el hoy demandado, teniendo en cuenta todos los factores
salariales devengados en su último año de servicio, de conformidad con las Leyes
33 y 62 de 1985.
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, a partir de las cuales se determinó que
para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.°
de dicha norma o en el artículo 21 ibidem y que los factores a tener en cuenta para
realizarla deben ser los que taxativamente recoge el Decreto 1158 de 1994.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
con sustento en la sentencia emitida por la Sección Segunda de esta Corporación,
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el 4 de agosto de 201024 entendió que la expresión «monto», contenida en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «todas las sumas que habitual y
periódicamente reciba el empleado como retribución de sus servicios», en el último
año.
Concretamente, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:25
[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.
En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al período de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.
En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto lapso, el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones disímiles
respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable a las
personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-
23-33-000-2012-00143-01,26 fijo el criterio de esta corporación en torno a la
integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para concluir
que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta manera, la
Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4
de agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.
De acuerdo con lo anterior, las providencias que realizaron interpretaciones sobre
el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, antes de la expedición de la citada sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, son decisiones razonables, sustentadas en el principio de
autonomía judicial, que en su momento unificaron las diferentes tesis tanto del
Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se
encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia. Lo anterior, en atención a que el tribunal encontró
probado que el señor Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D) era beneficiario del
régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó y aclaró el
numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia emitida
por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín. Por un lado, mantuvo la orden
de reliquidación de la pensión de jubilación que devenga la hoy demandada a partir
del 6 de octubre de 2011, por prescripción trienal, con la inclusión de los factores
salariales devengados en el último año de servicio.
Por otro lado, aclaró el numeral segundo la parte resolutiva de la providencia de
primera instancia, en el entendido precisar que los factores a tener en cuenta en la
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reliquidación de la pensión de jubilación son la asignación básica, las primas de
vacaciones y de navidad y el subsidio de transporte, excluyendo la prima de vida
cara por tratarse de un emolumento de creación extralegal.
Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron percibidos por el señor
Gustavo Adolfo Sánchez Correa (Q.E.P.D), conforme lo certificó Pensiones de
Antioquia, para los años 1996 y 1997, visible a folio 141 del cuaderno de la acción
especial de revisión.
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reiterar que Pensiones de Antioquia en
la acción de revisión, circunscribió su argumento a discutir que, para calcular el IBL
del pensionado, debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994, en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha
desarrollado sobre el tema. No obstante, no expuso ningún reparo frente a algún
emolumento en particular, por lo que la Subsección, siguiendo el criterio de
anteriores decisiones,27 contraerá su análisis a ello.
Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, esto es, la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.
Es decir, la sentencia del 23 de noviembre de 2017 no fue caprichosa al momento
de definir el ingreso base de liquidación (IBL) aplicable a la pensión de jubilación
27 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00
(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
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reconocida al causante como beneficiario del régimen de transición previsto en el
citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y devengada por la hoy demandada, sino
que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.
Respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, cabe señalar que si bien para entonces, en la Sentencia C-258 del
7 de mayo de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reunió el señor Sánchez Correa (Q.E.P.D).
Por su parte, si bien es cierto el tribunal reconoció la existencia de las Sentencias
SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, emitidas por la Corte Constitucional, que invoca
Pensiones de Antioquia;28 también lo es que juzgó que debía optar por la aplicación
del criterio vigente del Consejo de Estado, en uso de su autonomía judicial, en tanto
lo encontró más ajustado a los principios de favorabilidad e inescindibilidad de la
norma.29
Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió la
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto, pues la decisión que se revisa se ajustó
al criterio vigente para la época.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por Pensiones de Antioquia, al no haberse configurado las causales
28 La entidad recurrente fundamenta la presente acción especial de revisión, además, en las
Sentencias SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
29 En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15- 000-2018-01943-00(REV).
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Demandante: Pensiones de Antioquia
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
comoquiera que por un lado, aquella entidad no hizo alusión a la vulneración de las
garantías propias del derecho al debido proceso, razón por la cual se abordó el
estudio respecto al literal b) y por el otro, como quedó visto, la sentencia
cuestionada se profirió bajo la jurisprudencia vigente para aquella época en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de
acuerdo con la ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues Pensiones de Antioquia busca controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las
causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por Pensiones de
Antioquia, por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
23
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Tercera de Oralidad, del 23 de noviembre de 2017, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05 001 33 33 001 2017 00819 01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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