Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00714-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00714-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2022-00714-00
Consejero ponente: Consejo de Estado 000 Sca Sección Segunda de Bogota D.c.
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – ACCIÓN
ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandada: María Fernanda Sandoval Valero
Temas: Causales del numeral 7 del artículo 250 del CPACA y literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Pensión de
sobrevivientes hija inválida.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP
contra la sentencia del 27 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Tunja, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho 15000 23 31 000 2003 01736 00.
ANTECEDENTES
El Consejo de Estado asumió el conocimiento de este asunto para emitir el fallo
correspondiente, luego de que el despacho sustanciador, mediante auto del 14
de septiembre de 2020, declarara la nulidad de lo actuado a partir de la
sentencia proferida el 29 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, debido a la falta de competencia de este por el factor funcional, de
acuerdo con las normas vigentes en la época en la que fueron presentados los
recursos extraordinarios1. Esta decisión fue confirmada por la Subsección en
providencia del 19 de mayo de 20222.
Dentro del trámite que conservó validez, el Tribunal Administrativo de Boyacá a
través de auto del 31 de agosto de 2018, acumuló los dos recursos que radicó
la UGPP en contra de la señora María Fernanda Sandoval Valero, con ocasión
1 Ver índice 5 del expediente digital del proceso radicado 15001 23 31 000 2003 01736 01 (0935-
2020), que correspondía a la apelación del auto que aprobó la liquidación de la condena en
costas derivada de la sentencia emitida el 29 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá.
2 Índice 14.
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Radicación: 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022)
de la sentencia del 27 de mayo de 20133. El primero presentado el 1 de agosto
de 20164, y el segundo el 19 de junio de 20185.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el señor Gustavo Sandoval Sandoval, padre de la demandada, falleció el 7
de agosto de 1995 siendo pensionado de la Caja Nacional de Previsión Social.
Que a María Fernanda Sandoval Valero se le reconoció inicialmente la pensión
de sobrevivientes en su calidad de hija menor, efectiva a partir del 8 de agosto
de 1995 y hasta el 5 de octubre de ese mismo año, fecha en la que cumplió su
mayoría de edad. La cuantía de la pensión fue de un 50% de lo que recibía el
causante, correspondiéndole a su hermana Erika Sandoval Valero la otra mitad.
Que la Junta de Calificación de Invalidez de Boyacá mediante Dictamen No.
0073-2000 del 19 de junio de 2001, declaró la pérdida de capacidad laboral en
un 50% de la señora María Fernanda Sandoval Valero, estructurada a partir del
30 de marzo de 1999. Por esta razón, la demandada le solicitó a Cajanal el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su padre, en
calidad de hija mayor inválida.
Que Cajanal negó la solicitud a través de las Resoluciones 15301 del 19 de junio
de 2002 y 1404 del 12 de marzo de 2003, al advertir que la fecha de
estructuración de invalidez fue posterior a la muerte del causante.
Que en fallo de tutela del 4 de abril de 2013, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación tuteló los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la justicia de María Fernanda Sandoval Valero, en virtud de
la acción de amparo interpuesta contra las sentencias del 8 de febrero de 2010
por el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja y 24 de noviembre de 2011 por
el Tribunal Administrativo de Casanare, que negaron las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la que buscaba el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que fue negada por Cajanal a
través de las resoluciones antes indicadas.
Que en el marco de la acción de tutela el Consejo de Estado ordenó al Juzgado
Quinto Administrativo de Tunja proferir una nueva sentencia, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en el trámite de la acción constitucional,
relacionadas con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
3 Folios 444-446 del expediente físico 150002331000200301736-01, cuaderno principal No. 03.
4 Folios 1-15 del expediente físico 150013133005200301736-01, cuaderno principal No. 01.
5 Folios 46-68 del expediente físico 150002331000200301736-01, cuaderno principal No. 01.
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Que en consecuencia, el juzgado emitió sentencia el 27 de mayo de 2013, en la
que declaró la nulidad, en lo relativo a la negación de la pensión de
sobrevivientes, de las Resoluciones 15301 del 19 de junio de 2002 y 1404 del
12 de marzo de 2003; y a título de restablecimiento del derecho, ordenó a
Cajanal en liquidación reconocer y pagar la prestación en favor de María
Fernanda Sandoval Valero a partir del 30 de marzo de 1999, y en la cuantía que
resultara conforme con lo previsto en el inciso segundo del artículo 48 de la Ley
100 de 1993, deduciendo lo que ella recibió entre la fecha de estructuración de
su invalidez y el año 2002 por concepto de pensión de sobrevivientes por
escolaridad. Dicha providencia quedó ejecutoriada el 20 de junio de 2013.
Que en cumplimiento de la orden judicial, la UGPP reconoció la pensión de
sobreviviente a la demandada, a través de la Resolución RDP 041210 del 5 de
septiembre de 2013, por su calidad de hija mayor inválida. La cuantía de la
pensión fue de un 100% de lo que recibía su padre y esta se hizo efectiva desde
el 30 de marzo de 1999, fecha en la que se estructuró su invalidez.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En sentencia del 27 de mayo de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo de
Tunja accedió a las pretensiones de la demanda6, exponiendo que estaba
demostrado que María Fernanda Sandoval Valero era menor de edad en el
momento del fallecimiento de su padre y, por lo tanto, Cajanal le reconoció una
pensión, en una primera etapa hasta que cumplió su mayoría de edad el 5 de
octubre de 1995, y en una segunda hasta agosto de 2002, cuando terminó su
condición de escolaridad. Igualmente, que la única fuente de ingresos
económicos que percibió la señora María Fernanda durante esa época fue esa
prestación y que perdió su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%
desde el 30 de marzo de 1999.
Que se cumplieron los requisitos de filiación, invalidez y dependencia económica
que la Ley 100 de 1993, en su artículo 47 literal b), estableció para adquirir el
derecho a la pensión de sobreviviente para los hijos inválidos del causante,
frente a lo cual se resalta, como lo hizo la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 4 de abril de 2013 que motivó
la expedición del nuevo fallo, que la demandante adelantó sus estudios gracias
a la pensión por la muerte de su padre, y que lo importante, en virtud de la
protección especial a la que tienen derecho las personas en condición de
discapacidad, era esa dependencia económica y no la fecha de estructuración
de la invalidez.
6 Folios 175-184 del expediente físico 150013133005200301736-01, cuaderno 1, tomo 2.
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN
Causales invocadas en el recurso presentado el 1 de agosto de 2016
En criterio de la parte demandante, respecto de la anterior sentencia se
configuran los presupuestos procesales contenidos en el primer inciso del
artículo 20 de la Ley 797 de 20037, y la causal prevista en el numeral 7 del
artículo 250 del CPACA, al considerar que el Juzgado Quinto Administrativo de
Tunja desconoció los requisitos legales necesarios para reconocer la pensión
de sobrevivientes como hija invalida a la señora María Fernanda Sandoval
Valero, contenidos en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por
cuanto su estado de invalidez se estructuró a partir del 30 de marzo de 1999,
fecha posterior a la muerte del causante, que ocurrió el 7 de agosto de 1995.
Que para que la demandada pudiera tener derecho a esa pensión, era necesario
que su invalidez ya estuviera estructurada en el momento de la muerte del
causante, pues de no ser así, cualquier beneficiario podría alegar sin límite de
tiempo dicho reconocimiento.
Que el fallo de tutela del Consejo de Estado que motivó la expedición de la
sentencia cuya revisión se pretende, también violó el espíritu normativo del
literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
Que, en relación con la oportunidad para presentar el recurso extraordinario,
este fue radicado dentro del término de cinco años que prevé el artículo 251 del
CPACA para los casos señalados en el articulo 20 de la Ley 797 de 2003.
También, que la UGPP tiene la legitimación para interponerlo.
Causales contenidas en el recurso presentado el 19 de junio de 2018
En este la UGPP invocó la causal consagrada en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, exponiendo que la señora María Fernanda Sandoval Valero
no cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes
como hija inválida, los cuales están dispuestos en la Ley 100 de 1993 y en su
Decreto Reglamentario 1158 de 1994, así como en el Acto Legislativo 01 de
2005. Que por ello, la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de Tunja
transgredió el principio de legalidad, conforme lo consagran los artículos 1, 2, 6,
29, 121, 123 (inciso segundo) y 124 de la Constitución.
Que la sentencia recurrida comprometió los recursos públicos para satisfacer un
interés particular, en detrimento del general, lo que puede derivar en
7 La parte demandante hizo la siguiente transcripción: «Artículo 20. Revisión de reconocimiento
de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]».
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investigaciones disciplinarias, fiscales o penales para los funcionarios judiciales
que intervinieron en ella.
Que el fallo en estudio desconoció las formas propias de cada juicio, las cuales
se constituyen en pilar del derecho al debido proceso establecido en el artículo
29 de la Carta Política.
Que el haberle reconocido la pensión de sobrevivientes a la señora Sandoval
Valero por su invalidez estructurada más de tres años después del fallecimiento
de su padre, ignoró lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y lo dicho
por la Corte Constitucional en la sentencia C258 de 2013, en el sentido de que
los derechos pensionales amparados por el Constituyente son los causados de
conformidad con el ordenamiento jurídico y sin abuso al derecho, lo cual no se
satisfizo en este caso por la violación de lo dispuesto en el literal b) del artículo
47 de la Ley 100 de 1993.
Contestación a los recursos extraordinarios
Respecto del recurso extraordinario de revisión presentado el 1 de agosto de
2016, la demandada se opuso8 señalando que en el asunto se configuran las
excepciones previas por: i) improcedencia del recurso extraordinario de revisión
en contra del fallo de tutela proferido el 4 de abril de 2013 por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que fue la providencia que definió
que la señora Sandoval Valero tiene el derecho a la pensión de sobrevivientes
como hija inválida; ii) falta de legitimación en la causa por activa de la UGPP
para invocar las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii)
ineptitud de la demanda por no haberse indicado de manera precisa cual es la
causal alegada, respecto de las contenidas en el precepto que se acaba de
mencionar; y iv) caducidad de la acción frente a la causal consagrada en el
numeral 7 del artículo 250 del CPACA.
Que también se materializa la excepción perentoria por el cumplimiento pleno
de los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 por parte
de la señora María Fernanda Sandoval Valero para ser beneficiaria de la
pensión de sobrevivientes como hija inválida, los cuales consisten en que: a) la
incapacidad laboral sea superior a un 50%; b) que subsistan las condiciones de
invalidez; y c) que exista dependencia económica. En ese sentido, la
satisfacción de estas condiciones fue corroborada por el Consejo de Estado en
la aludida sentencia de tutela del 4 de abril de 2013, la cual no es posible revocar
a través de un recurso extraordinario de revisión.
Frente al recurso extraordinario radicado el 19 de junio de 2018, sostuvo9 que
en este caso se estructuran las excepciones previas por: i) la falta de
competencia del Tribunal Administrativo de Boyacá para revisar el fallo de tutela
8 Folios 429-436 del expediente físico 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022).
9 Folios 452-458 del expediente físico 150002331000200301736-01, cuaderno principal No. 03.
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proferido el 4 de abril de 2013 por el Consejo de Estado; y ii) la ausencia de
legitimación en la causa por activa de la UGPP para aducir la causal de revisión
del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por último, que la demandada cumplió con los requisitos para ser beneficiaria
de la pensión de sobrevivientes y que la UGPP no expresó argumentos
concretos relacionados con la causal alegada por violación al debido proceso
en el reconocimiento de la prestación periódica.
Concepto del Ministerio Público
No se pronunció en este proceso.
La Sala decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión
alegadas por la actora.
Cuestiones previas
Legitimación para demandar
Según el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013 10, la UGPP tiene
competencia para adelantar o asumir acciones de esta naturaleza. De igual
forma, la Corte Constitucional en sentencia SU427 de 2016 consideró que la
UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer la acción especial de revisión prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las
decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través
de sus Salas Especiales de Decisión11, ha admitido expresamente que la UGPP
está habilitada para adelantar esta clase de procesos.
De acuerdo con lo anterior, contrario a lo sostenido por la parte demandada, la
UGPP se encuentra legitimada para presentar estos recursos extraordinarios de
revisión.
10 «Artículo 6°. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá con las siguientes
funciones: […] 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen. […]»
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
25, sentencia del 2 de julio de 2019, rad. 110010315000201700744 00.
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Oportunidad para presentar las demandas
La Sala estima que, si bien la acción interpuesta el 19 de junio de 2018 fue
presentada dentro del término legal, respecto de la radicada el 1 de agosto de
2016 operó la caducidad. Esto se sustenta en las siguientes razones:
Como indicó la UGPP, la sentencia del 27 de mayo de 2013, proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, quedó ejecutoriada el 20 de junio de
ese mismo año12.
Al analizar la demanda de revisión presentada el 1 de agosto de 2016, se
encuentra que, como lo advirtió la demandada, en esta solo se señaló con
precisión la causal consagrada en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA,
como lo exige el numeral 4 del artículo 252 del CPACA13, y no se alegó la
configuración de las causales contenidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
más allá de que se invocó el primer inciso de ese precepto legal, que solo
establece la clase de providencias que pueden ser objeto de esa acción
especial, la competencia para conocerlo y la legitimación en la causa por activa
para interponerlo.
El inciso tercero de esa disposición prevé que la revisión frente a esa clase de
providencias u otros actos que «hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza» podrá
solicitarse por las causales consagradas en el CPACA y además por las
específicas preceptuadas en los literales a) y b) de esa norma. Por lo tanto, en
la medida en que no se mencionaron ni se desarrollaron estas últimas, ha de
entenderse que en esa primera demanda únicamente se pidió la revisión por la
causal del numeral 7 del artículo 250 de la aludida codificación.
Así, se debe considerar que, en relación con el término para presentar el recurso
extraordinario de revisión, el artículo 251 del CPACA establece lo siguiente:
«Artículo 251.Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente,
deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año
12 Este proceso se rigió por el Decreto 01 de 1984 (CCA) y el Juzgado conoció del asunto en
primera instancia. La sentencia fue notificada por edicto fijado entre el 31 de mayo y el 5 de junio
de 2013. En virtud de lo señalado en el artículo 212 del CCA, modificado por el artículo 67 de la
Ley 1395 de 2010, las partes tenían diez días para interponer el recurso de apelación, término
que venció el 20 de junio de 2013, sin que hayan ejercido ese derecho.
13 CPACA, art. 252, nº 4: «Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito
que deberá contener: […]
4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada. […]».
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siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio».
El término para interponer el recurso dependerá de la causal o causales que
sean invocadas, por lo que, al haberse alegado solo la preceptuada en el
numeral 7 del artículo 250 del CPACA, este se debió presentar dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dieron lugar a él.
Por ello, dado que la causa del recurso o acción especial de revisión es la
sentencia impugnada, y que esta surtió sus efectos jurídicos de manera plena
desde su ejecutoria el 20 de junio de 2013, la oportunidad para pedir su
invalidación venció el 20 de junio de 2014.
Al respecto, no se desconoce que la Corte Constitucional en la sentencia
SU427-2016 precisó que el término de caducidad respecto de la UGPP solo
podía empezar a contar desde el 12 de junio de 2013, cuando se inició por parte
de dicha entidad la sucesión procesal y defensa judicial de los asuntos que tenía
a cargo Cajanal. Sin embargo, dado que ese término en este caso inició en una
fecha posterior, no resulta alterado por esa regla jurisprudencial.
En consecuencia, la UGPP tenía hasta el 20 de junio de 2014 para presentar la
demanda de revisión y como la radicó solo hasta el 1 de agosto de 2016, frente
a ella operó la caducidad. De ese modo, no resulta procedente su análisis de
fondo en este fallo.
En lo que tiene que ver con la demanda interpuesta el 19 de junio de 2018, en
la que se indica claramente que se invoca la causal de revisión del literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, hay que afirmar que esta se presentó dentro
de la oportunidad legal prevista en el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro
de los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, término
que finalizaba el 20 de junio de 2018.
En consecuencia, la Sala procederá solo con el análisis de esta última causal,
que se materializa cuando el reconocimiento de una suma periódica a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública se haya obtenido con violación
al debido proceso.
Para el efecto, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) generalidades
del recurso extraordinario de revisión, ii) causal de revisión del literal a), artículo
20 de la Ley 797 de 2003, y iii) examen del caso concreto a la luz de esas
premisas.
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Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El artículo 248 del CPACA prevé, sobre el recurso extraordinario de revisión, lo
siguiente:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
De acuerdo con el precepto transcrito, este recurso extraordinario tiene por
finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra
ejecutoriada, lo cual, a la luz del artículo 250 ibidem, solo se puede configurar a
partir de las causales taxativamente señaladas en la ley14. Estas últimas, tal y
como lo ha entendido esta Subsección, buscan el restablecimiento del criterio
de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, respecto de: i)
decisiones judiciales que fueron permeadas por circunstancias no conocidas al
momento de proferir el fallo y ii) por la ocurrencia de hechos delictivos o
fraudulentos o por nulidades originadas al tiempo de proferir la sentencia15.
Ahora, es importante indicar que el recurso extraordinario en comento no es un
mecanismo que habilita una tercera instancia para discutir los problemas
jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas interpretaciones del
litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
Causal de revisión del literal a), artículo 20 de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone lo siguiente:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que […] hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de
octubre de 1993, rad. 040 (rev.).
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 15 de marzo de 2018, rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014).
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Radicación: 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022)
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse […] por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Al Respecto esta Corporación ha indicado que su objetivo es la protección del
erario frente al reconocimiento o liquidación irregular de pensiones o cualquier
clase de suma periódica, con la posibilidad de revisión, no solo de sentencias
ejecutoriadas como lo establece el artículo 248 del CPACA, sino también de
otras providencias judiciales, conciliaciones o transacciones, mediante las
cuales estas sumas hayan sido concedidas16.
En lo concerniente a la causal del literal a), se resalta que esta implica el análisis
de la legalidad del reconocimiento de la pensión o suma periódica desde la
perspectiva del derecho al debido proceso, el cual está consagrado en el
artículo 29 de la Constitución.
Según lo ha señalado la Corte Constitucional, el debido proceso comporta un
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico para las partes e
intervinientes en una actuación judicial o administrativa, que consisten, en
términos generales, en los derechos: (i) a la jurisdicción, (ii) al juez natural, (iii)
a la defensa, (iv) a un proceso público, (v) a la independencia del juez, y (vi) a
la imparcialidad del juzgador17.
Además, esta Corporación ha indicado que para que se configure la causal de
revisión citada, el demandante ha de demostrar que la prestación periódica fue
reconocida con violación las garantías que componen el debido proceso,
respecto de las cuales, bajo la lectura taxativa de las causales del recurso
extraordinario, no caben argumentos de derecho sustancial18, como los
relacionados con el monto del reconocimiento o la aptitud legal para obtenerlo,
pues estos se enmarcan en supuestos de revisión distintos, siendo estos,
respectivamente los del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y del
numeral 7 del artículo 250 del CPACA19.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión nº 4, sentencia del 5 de diciembre de 2017, rad. 10001-03-15-000-2017-01529-
00(REV).
17 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-341 de 2014.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 11 de mayo de 2023, rad. 11001-03-25-000-2018-01457-00 (4814-2018);
Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2023, rad. 11001-03-25-000-2020-00421-00 (1016-
2020); y Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia
del 5 de febrero de 2019, rad. 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), entre otras.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia del 28 de octubre de 2021, rad. 11001-03-25-000-2015-00867-00(3206-15).
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11
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022)
Caso concreto
Esta Subsección estima que la causal por desconocimiento del debido proceso
alegada por la UGPP no conlleva un cuestionamiento de las garantías que
componen este derecho, sino que se dirigen a reprochar la sentencia del
Juzgado Quinto Administrativo de Tunja en lo relativo a la aptitud legal de la
señora María Fernanda Sandoval Valero para obtener el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes como hija mayor inválida, a la luz de los requisitos
sustanciales consagrados en el literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
En ese orden, se considera que la mera afirmación que hizo la parte
demandante de que el fallo en estudio desconoció las formas propias de cada
juicio, sin explicar cuáles fueron esas formas y cómo fueron transgredidas, no
satisface el requisito de sustentación razonada de las causales de revisión
establecido en el numeral 4 del artículo 252 del CPACA al que ya se hizo
referencia.
Así, lo que observa la Sala es que, en esencia, la UGPP encuadró los mismos
argumentos expuestos en el recurso radicado el 1 de agosto de 2016 en el que
invocó la causal del numeral 7 del artículo 250 ibidem por falta de aptitud legal
para el reconocimiento de la prestación periódica, y sobre el que operó la
caducidad, en la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 por
violación al debido proceso, lo cual es improcedente.
Por lo dicho, se declarará infundada la acción especial de revisión en la que se
alegó esta causal.
De la condena en costas del recurso extraordinario de revisión
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, dado que se ventila un asunto
de interés público, pues la UGPP busca controvertir una providencia judicial que
ordenó la reliquidación de una pensión con cargo al erario, y a que el recurso
fue interpuesto con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021,
la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar probada la excepción de caducidad del recurso
extraordinario de revisión presentado por la UGPP el 1 de agosto de 2016 en
contra de la sentencia del 27 de mayo de 2013, proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Tunja en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
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12
Radicación: 11001 03 25 000 2022 00714 00 (6621-2022)
15000 23 31 000 2003 01736 00.
Segundo: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión radicado por
la UGPP el 19 de junio de 2018 para que se invalide la sentencia del 27 de mayo
de 2013, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja en la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho 15000 23 31 000 2003 01736 00.
Tercero: sin condena en costas.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, al Despacho de origen, háganse las
anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el
expediente del recurso extraordinario de revisión.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los consejeros,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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