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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00425-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00425-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por Pensiones de Antioquia, contra la señora Beatriz Elena Jaramillo López, con el fin de que se infirme la sentencia del 23 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que confirmó parcialmente la sentencia del 22 de junio de 2016 del Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05- 001-33-33-025-2014-00229, de acuerdo con la parte motiva. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00425-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

7 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: PENSIONES DE ANTIOQUIA
Demandado: BEATRIZ ELENA JARAMILLO LÓPEZ

Temas: Acción de revisión. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y
b). Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-040-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por Pensiones de Antioquia, con
el fin de que se infirme la sentencia del 23 de noviembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad que confirmó
parcialmente la providencia del 22 de junio de 2016 emitida por el Juzgado Veinticinco
Administrativo Oral de Medellín, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Beatriz Elena Jaramillo López contra Pensiones de
Antioquia de radicado 05001-33-33-025-2014-00229.

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO

La señora Beatriz Elena Jaramillo López, por intermedio de apoderado y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad
de los Oficios 003432 del 1.º de octubre de 2012 y 201200061886 del 2 de agosto de
2012, mediante los cuales se negó la reliquidación de la pensión de vejez con el
promedio de lo devengado el último año de servicios, y, el pago de los aportes para
pensión correspondientes a los factores de salario sobre los cuales no cotizó,
respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a la demandada a: i) Reliquidar la pensión de vejez en un monto
equivalente al 75% del promedio mensual devengado en el último año de servicio, esto

1
Folios 3 a 15 del proceso ce nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
es, entre el 29 de noviembre de 2010 y el 28 de noviembre de 2011, el cual incluye
asignación básica mensual, prima de navidad, incentivo por antigüedad, prima de
vacaciones y subsidio de transporte; efectiva a partir del 29 de noviembre de 2011,
con los incrementos de ley, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre de
cada año, previo descuento de las sumas pagadas por la entidad de seguridad social
por el mismo concepto. ii) Pagar los aportes para pensión correspondientes a los
factores que constituyen salario, esto es, prima de navidad, incentivo por antigüedad,
prima de vacaciones y subsidio de transporte, los cuales no fueron tenidos en cuenta
por el Departamento de Antioquia al calcular el IBC que ha de cancelarse a Pensiones
de Antioquia. iii) Reconocer y pagar las sumas debidas en forma indexada. iv) Pagar
las costas y agencias en derecho y v) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA.

De forma subsidiaria, solicitó ordenar a Pensiones de Antioquia la reliquidación de su
pensión de vejez teniendo en cuenta el salario promedio mensual que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio, esto es, entre el 29 de noviembre
de 2010 y el 28 de noviembre de 2011; prestación equivalente al 75% de dicho
promedio y efectiva a partir del 29 de noviembre de 2011, incluidas las mesadas
adicionales de junio y diciembre de cada año, previo descuento de las sumas pagadas
por la entidad de seguridad social por el mismo concepto.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora Beatriz Elena Jaramillo López nació el 16 de marzo de 1956 y laboró
para el Departamento de Antioquia entre el 25 de julio de 1990 y el 28 de noviembre
de 2011.

2. Por medio de la Resolución 000411 del 15 de septiembre de 2011, Pensiones
de Antioquia reconoció en favor de la señora Beatriz Elena Jaramillo López una
pensión de vejez en cuantía mensual de $3.037.244 efectiva a partir del retiro
definitivo. La liquidación de la prestación se efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de acuerdo
con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores previstos en
los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, sobre los cuales se efectuaron las
cotizaciones correspondientes.

3. El 2 de marzo y 7 de mayo de 2012 la señora Beatriz Elena Jaramillo López
solicitó la reliquidación de la prestación con el promedio del salario devengado durante
el último año de servicio y la inclusión de todos los factores salariales, habida cuenta
de que se desvinculó del Departamento de Antioquia a partir del 29 de noviembre de
2011.

4. Mediante Resolución 000322 del 29 de junio de 2012, Pensiones de Antioquia
reliquidó la pensión de vejez de la señora Beatriz Elena Jaramillo López
incrementándola a $3.049.039 a partir del 29 de noviembre de 2011, fecha del retiro

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
definitivo del servicio, en lo demás dejó en firme la Resolución 000411 de 2011 que
reconoció la prestación.

5. El 25 de julio de 2012 la señora Beatriz Elena Jaramillo López solicitó a la
Gobernación de Antioquia la reliquidación de la prestación con el 75% del promedio
de lo devengado en el último año de servicio, esto es, entre el 29 de noviembre de
2010 y el 28 de noviembre de 2011, con inclusión de la asignación básica, la prima de
navidad, la prima de vida cara, la prima de vacaciones, el incentivo por antigüedad y
el subsidio de transporte, sumas debidamente reajustadas. Dicha petición fue negada
mediante Oficio 003432 del 1 de octubre de 2012.

6. Por Oficio 201200061886 de 2 de agosto de 2012, la Gobernación de Antioquia
negó la reliquidación de la pensión con inclusión de factores que no se encuentre en
listados en los artículos 1 del Decreto 1158 de 1994 y 7 del Decreto 1068 de 1995.
Precisó que el departamento de Antioquia realizó las cotizaciones al Sistema General
de Pensiones de conformidad con lo previsto por la ley, y por lo tanto no le adeuda
suma alguna a Pensiones de Antioquia.

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 48 y 53 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 33 de 1985, modificado
este último por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; 42 del Decreto 1042 de 1978; 45 del
Decreto 1045 de 1978; 22, 36, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 1919 de
2002 y el artículo 10 del CPACA, así como la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 proferida por el Consejo de Estado y la Circular 054 de 2010 de la
Procuraduría General de la Nación.

Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que los actos acusados
están afectados por la causal de nulidad al desconocer normas de rango constitucional
y legal que debían acatar. Argumentó que la entidad debió calcular su prestación de
acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, toda vez que la pensionada es
beneficiaria del régimen de transición contenido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que tal como lo sostuvo el Consejo de Estado en su jurisprudencia2 y la
Procuraduría General de la Nación en la Circular 054 del 3 de noviembre de 2010 los
beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que su pensión se liquide con
el promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de todos
los factores recibidos de forma habitual y periódica durante dicho lapso. Destacó que
este criterio salvaguarda los principios de progresividad, igualdad, primacía de la
realidad sobre las formas y favorabilidad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA3

Pensiones de Antioquia

Pensiones de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda. Precisó que el
hecho de que la demandante se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de
2
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado: 2006-07509
(0112-09).
3
Por Pensiones de Antioquia, visible a folios 107 a 111 y por el Departamento de Antioquia visible a
folios 72 a 81 del expediente ordinario.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985,
en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación, sin embargo, el IBL al cual debe acudirse es el consagrado en el inciso 3.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional4. De ahí que su pensión se liquidara de conformidad con la Ley 100 de
1993 y los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995.

De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:

i) Inexistencia de la obligación: Señaló que la prestación discutida fue
liquidada conforme a la ley y en aplicación del principio de favorabilidad
contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, por lo que Pensiones de
Antioquia no tiene la obligación de reliquidarla.

ii) Cobro de lo no debido: Indicó que no es procedente el cálculo de la
prestación con inclusión de emolumentos sobre los cuales no se realizaron
los aportes correspondientes.

iii) Buena fe: Explicó que es una obligación de las autoridades administrativas
actuar de buena fe, y que Pensiones de Antioquia al disponer de recursos
propios y ajenos vela siempre por el buen uso del patrimonio público y la
reserva pensional de sus administrados.

iv) Legalidad del acto administrativo demandado: Insistió en que los oficios
atacados fueron proferidos conforme a la Constitución y a la ley vigente.

v) «Cosa juzgada constitucional de los incisos primero y segundo del artículo
primero de la Ley 62 de 1985»: Puso de presente que la Corte Suprema de
Justicia por medio de sentencia del 1.º de febrero de 1989 se pronunció
sobre la exequibilidad de los incisos 1.º y 2.º de la Ley 62 de 1985 que
modifican el artículo 3.º de la Ley 33 del mismo año, considerándolos
exequibles. Argumentó, por lo tanto, que una postura contraria como la
adoptada por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 resulta
inconstitucional por lo cual debe inaplicarse.

vi) Prescripción: Solicitó que se declarara la prescripción trienal de carácter
laboral, teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 41 del Decreto 3135
de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Departamento de Antioquia

El Departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda.
Seguidamente, explicó que el hecho de que el demandante se encuentre en régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 implica que deben atenderse las condiciones edad,
tiempo y monto contenido en las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985.

4
Sentencias T-158 de 2006, T-1225 de 2008 y C-258 de 2013.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
Precisó que no desconoce la providencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el
Consejo de Estado, en la que se unificó la forma de calcular el IBL de los beneficiarios
del régimen de transición. No obstante, de acuerdo con lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-539 de 2011, consideró que, si bien este tipo de
sentencias deben ser acatadas por constituir precedente, lo cierto es que, deberá
preferirse la aplicación de la interpretación que sobre el asunto efectuó la Corte
Constitucional, en la medida que las decisiones por ella proferidas son jerárquicamente
superiores.

A continuación, indicó que en todo caso, debió analizarse que también la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia5 había abordado el tema, y, aclaró
que el monto porcentual difiere del IBL y que el régimen de transición beneficia solo
para efectos de aplicar el monto porcentual, tiempo de servicios y edad del régimen
anterior.

En cuanto a los factores salariales tenidos en consideración, insistió en que la prima
de vida cara devengada por la demandante no debe ser incluida en el cálculo del IBL
por tratarse de un emolumento de creación extralegal.

De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:

i) Inexistencia de la obligación: Señaló que al realizar los aportes, la entidad
obró de conformidad con la norma vigente.

ii) Prescripción: Solicitó declarar la prescripción trienal de carácter laboral
para todos los conceptos afectados por éste fenómeno.

iii) «Inaplicación del precedente judicial que comporta la sentencia del 4 de agosto
de 2010 proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, M.P. Dr. Víctor
Hernando Alvarado Ardila, en proceso radicado interno 0112-09»: Estimó que es
una obligación de las entidades públicas inaplicar el precedente judicial del
Consejo de Estado en la sentencia referida, toda vez que riñe con el
precedente constitucional existente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA6

El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín, mediante
sentencia del 22 de junio de 2016, resolvió: i) declarar la nulidad parcial de las
«Resoluciones 411 de 2011 y 322 de 2012»7, proferidas por Pensiones de Antioquia;
así como la nulidad total de los Oficios 3432 y 201200061886, emitidos por el
departamento de Antioquia; ii) condenar a Pensiones de Antioquia a reliquidar la
pensión de vejez, en favor de la señora Beatriz Elena Jaramillo López, en un monto
equivalente al 75% del promedio de lo recibido durante el último año de servicio, con

5
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Marzo
23 de 2011. Radicado 41433. / Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. M.P. Jorge
Mauricio Burgos Ruiz. Febrero 14 de 2012. Radicado 41070.
6
Folios 261 a 273 del expediente ordinario.
7
Fueron analizadas por el juez aun cuando no se demandaron.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
inclusión del incentivo por antigüedad y las primas de vacaciones y navidad,
devengadas durante dicho lapso; iii) ordenar al departamento de Antioquia a reconocer
y pagar a Pensiones de Antioquia a prorrata las sumas que como cotización debió
efectuar como empleador y iv) condenar en costas a las demandadas.

Para comenzar, el a quo expuso las posiciones existentes sobre la forma de calcular
el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sostenidas
tanto por el Consejo de Estado como por la Corte Constitucional. Indicó que, el Máximo
Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de la sentencia
del 4 de agosto de 2004, consideró que los beneficiarios del régimen de transición
tienen derecho a que se reconozca su pensión de conformidad con las condiciones de
edad, tiempo y monto previstas en el régimen anterior, con inclusión de todos los
factores devengados de forma habitual y periódica durante el último año de servicio.
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante las providencias C-258 de 2013 y SU-
230 de 2015, estimó que el IBL no es un elemento objeto de transición y, en
consecuencia, las disposiciones que se deben atender para el efecto son las prescritas
en los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según el caso.

Luego, del material probatorio allegado al plenario, concluyó que la demandante está
cobijada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por
el cual tiene derecho a que su pensión se liquide conforme lo prevé la Ley 33 de 1985
y demás normas concordantes. En cuanto al cálculo del IBL acogió la postura del
Consejo de Estado desarrollada tanto en la sentencia del 18 de febrero de 2010 (2004-
04269) como en la providencia del 4 de agosto de 2010. Estimó, en primer lugar, que
esta le resultaba más favorable a la pensionada, y en segundo, que la sentencia C-
258 de 2013, de la Corte Constitucional no se podía aplicar, dado que su análisis
estuvo restringido al régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de
1992. Agregó que tampoco habría lugar a tener en cuenta la providencia SU-230 de
2015, comoquiera que en ella se realizó una interpretación incorrecta de la C-258 de
2013.

En consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de la demandante con inclusión de los
factores salariales devengados durante el último año, particularmente, el incentivo por
antigüedad, la prima de vacaciones y la prima de navidad. Excluyó de la prima de vida
cara dado su carácter extralegal.

RECURSO DE APELACIÓN8

Tanto Pensiones de Antioquia como el Departamento de Antioquia impugnaron el fallo
de primera instancia.

Pensiones de Antioquia

Pensiones de Antioquia solicitó revocar las pretensiones de la demanda. Sostuvo que,
si bien la demandante es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley 100

8
Recuerso de apelación presentado por Pensiones de Antioquia visible a folios 50 a 51 del cuaderno
principal y el recurso presentado por el Departamento de Antioquia visible a folios 279 a 280 del
expediente ordinario.
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de 1993, y, por ende, le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 33 de
1985 en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto, lo cierto es
que, el IBL será el promedio de los emolumentos sobre los cuales cotizó la afiliada
durante los últimos diez años, como lo establece la Ley 100 de 1993 y los factores
para calcular la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994.

De igual forma, aseveró que el juez de primera instancia incurrió en una vía de hecho
al descartar el precedente constitucional contenido en las sentencias C-258 de 2013 y
SU-230 de 2015, para optar por la interpretación realizada por el Consejo de Estado.
Resaltó que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 no cobija el IBL y que la consolidación de dicha
postura en la SU-230 de 2015 hace obligatoria su acogida e improcedente la aplicación
de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

Insistió en que, bajo el argumento de la primacía de los principios de autonomía e
independencia de la función judicial, los jueces no pueden desatender el precedente
de la Corte Constitucional, so pena de desconocer la Constitución, en especial, los
postulados de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima en las instituciones. En
este orden de ideas, resultaría procedente la acción de tutela contra providencia
judicial pues se puede configurar un defecto sustantivo en la decisión, en cuanto no
acogió un precedente obligatorio.

Finalmente, en relación con los factores salariales, advirtió que, si bien excluyó del IBL
la prima de vida cara, lo cierto es que, omitió hacer lo mismo con el incentivo por
antigüedad, el cual no se puede incluir dada su naturaleza extralegal, ya que fue
creado por la Asamblea de Antioquia.

Departamento de Antioquia

El Departamento de Antioquia apeló el fallo de primera instancia y explicó que, si bien
la señora Beatriz Elena Jaramillo López es beneficiaria del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, ello implica que
solo se respetarán las condiciones de edad, tiempo y monto previstos en la normativa
pensional anterior, pero el IBL deberá liquidarse en los términos propuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015. Agregó que la interpretación
efectuada en esta providencia es de obligatoria observancia por parte de los jueces,
en la medida que constituye precedente.

Por otro lado, solicitó revocar la sentencia de primera instancia cuyas consideraciones
fueron desfavorables al Departamento, por considerar que la pensión que se debate
fue reconocida mediante resolución proferida por Pensiones de Antioquia, entidad
encargada de atender directamente la reclamación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA9

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, profirió sentencia el
23 de noviembre de 2017 por medio de la cual modificó el numeral segundo de la
decisión de primera instancia, así:
9
Folios 68 vuelto a 79 del cuaderno principal.
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Demandante: Pensiones de Antioquia

«ORDENAR como restablecimiento del derecho a Pensiones de Antioquia, la
reliquidación de la pensión de vejez de la señora Beatriz Elena Jaramillo López,
teniendo en cuenta como factores que componen el Ingreso Base de Liquidación
de la pensión, las primas de vacaciones y de navidad, devengados por la
demandante el último año de servicios antes del reconocimiento de la pensión y
que fueron acreditados, conforme a lo dispuesto por el Decreto 1045 de 1978, con
excepción de las primas extralegales, que haya percibido el (sic) demandante en
el año inmediatamente anterior al reconocimiento de la pensión, obteniendo el
promedio equivalente al setenta y cinco (75%) del salario, sin perjuicio de que la
entidad pueda descontarle los aportes que le hubiere correspondido pagar a la
demandante y sobre los cuales no se hayan efectuado las deducciones legales».

Confirmó en lo demás. Los argumentos que sirvieron de fundamento fueron los
siguientes:

En primer lugar, recordó que la Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social
integral y en su artículo 36 estableció un régimen de transición en virtud del cual, las
mujeres y los hombres, en su orden, que contaran con 35 y 40 años de edad, o con 15
de servicio cotizados, continúan bajo las condiciones pensionales de la ley anterior. En
segundo, reconoció la existencia de las diversas posturas en las Altas Cortes frente a
la comprensión del alcance del mencionado régimen.

Destacó que el Consejo de Estado, en sentencias del 18 de febrero y 4 de agosto de
2010, sostuvo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe ser interpretado conforme
al principio de favorabilidad. En ese sentido, el IBL se liquidará con el promedio de lo
devengado por el trabajador durante el último año de servicio, con inclusión de todos
los factores salariales recibidos en dicho lapso, ya que la norma no trae un listado
taxativo de ellos. Por su parte, la Corte Constitucional, en las sentencias SU-230 de
2015 y SU-427 de 2016, de forma restrictiva, consideró que el IBL no fue un elemento
objeto de transición, razón por la cual este se calcula con el promedio de los salarios
devengados por el trabajador en los últimos diez años de servicio o el tiempo que le
hiciere falta.

Así las cosas, y con fundamento en los principios de favorabilidad y seguridad jurídica
optó por acoger la posición del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo para
resolver el caso concreto. Aseguró que su decisión se encuentra circunscrita en la
causal segunda propuesta en la sentencia C-621 de 2015 para apartarse del
precedente jurisprudencial, a saber, el «ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas
realizadas en la decisión precedente».

De conformidad con lo anterior, analizadas las probanzas obrantes en el dossier,
consideró acertado declarar la nulidad de los actos acusados y confirmó la orden de
reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% del promedio de lo
percibido en el último año de servicio con inclusión de todos los factores salariales
devengados en ese mismo lapso, particularmente, las primas de vacaciones y navidad.

No obstante, en relación con el incentivo por antigüedad, la Sala advirtió que no
constituye un factor salarial susceptible de inclusión al haber sido creado por la
Asamblea de Antioquia mediante la Ordenanza 02 del 11 de abril de 2003, la cual fue

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
posteriormente anulada por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de octubre de
2014. De ahí que ordenó su exclusión.

Para terminar, advirtió que no operó la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto del Departamento de Antioquia, pues si bien dicha entidad no es la llamada
a responder por la pensión de vejez de la demandante, lo cierto es que, se pretende
la nulidad del Oficio 201200061886 del 2 de agosto de 2012 expedido por el ente
territorial que negó la cancelación de los aportes por los factores salariales sobre los
cuales no realizó las cotizaciones. Dicho de otro modo, encontró que esta entidad sí
está legitimada en la causa por pasiva por ser la empleadora de la pensionada y,
responsable del pago de los aportes.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN10

Pensiones de Antioquia presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» , y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. La «revocatoria» de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 23 de noviembre de 2017, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Beatriz Elena Jaramillo López, bajo el
radicado 05-001-33-33-025-2014-00229.

2. Negar la reliquidación pensional solicitada por la señora Beatriz Elena Jaramillo
López.

A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.

Expuso que la decisión objeto de revisión viola el derecho al debido proceso, por
cuanto desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido
en las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, dentro de las cuales se determinó
que la pensión de los beneficiarios del régimen de transición se liquida conforme las
reglas previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues solo fueron objeto de
transición los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior.
Destacó que el juez de instancia dio preferencia a la tesis desarrollada por el Consejo
de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, mediante la cual esta corporación
sostuvo que la norma pensional anterior debía aplicarse en su integridad, y que,
además, debían incluirse todos los factores devengados en el último año de servicios,
comoquiera que aquella no trae un listado taxativo, sino enunciativo.

10
Folios 1 a 6 del cuad. ppal.
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Bajo esa misma línea argumentativa, destacó que, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en las sentencias C-816 de 2011, C-634 de 2011 y SU-918 de 2013, el
precedente de dicha corporación es prevalente por ser esta la encargada de interpretar
la Constitución Política. Lo que significa que, desconocer o inaplicar sus decisiones
produce en el ordenamiento colombiano una falta de coherencia, una afectación a la
seguridad jurídica y una desconexión con el texto constitucional.

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Denotó que el derecho reconocido en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una
reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993. Explicó que la allí demandante al estar amparada por el régimen de
transición tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad,
tiempo de servicio y monto, previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que
ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
en el Decreto 1158 de 1994.

Insistió en que el Tribunal prefirió aplicar la posición del Consejo de Estado sobre la
desarrollada por la Corte Constitucional. Seguidamente, señaló que en cumplimiento
de la orden objeto de revisión, se reliquidó la pensión en favor de la señora Beatriz
Elena Jaramillo López, por lo que se aumentó a $3.722.406, generándose una
diferencia de $673.367, es decir un incremento del 22,08% de lo inicialmente
reconocido. En su criterio, esta condena repercute negativamente en las finanzas del
fondo.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN

La señora Beatriz Elena Jaramillo López no contestó la acción de revisión 11 interpuesta
por Pensiones de Antioquia.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .12.

11
La señora Beatriz Elena Jaramillo López se notificó del auto admisorio de la demanda el 5 de marzo
de 2021 (página 3, ítem 3 del archivo One Drive obrante a índice 12 de SAMAI).
12
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
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Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 13.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:

«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación ».

De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por Pensiones de Antioquia contra la sentencia proferida el 23 de noviembre
de 2017 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

Legitimación

Conviene señalar que, sobre la legitimación de Pensiones de Antioquia para promover
la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones, la
corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió lo siguiente:

«[F]rente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló
la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de
pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas
de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del
sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.».

Es de anotar que, de conformidad con el Decreto 3781 de 1991, la administradora de
pensiones de Antioquia se creó, entre otras cosas, para asumir el reconocimiento de
derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media.

En este mismo sentido, se reiteró en la sentencia T-368 de 2018 de la Corte
Constitucional y en la sentencia del 12 de abril de 2018 14 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, Pensiones de Antioquia se encuentra legitimada para la
presentación de la acción de revisión.

13
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de abril de 2018, radicación: AC 001-03-15-
000-2017-02284-01.
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Oportunidad

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 23 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, quedó ejecutoriada el 5 de
diciembre de 201715. Así las cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 18
de diciembre de 201916, se concluye que aquella se encuentra dentro del término de
los 5 años previsto por el artículo 251 del CPACA.

Acción de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 17 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»18.

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y

15
La sentencia fue notificada el 30 de noviembre de 2017, tal como consta a folio 320 del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
16
Folio 5 del cuaderno principal.
17
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.

• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 22.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora Beatriz
Elena Jaramillo López, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el
artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% de
todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de
servicio, y no el previsto por los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso,
con los factores descritos por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso

19
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para la acción de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia23. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son24:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».

Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de

23
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
24
Sentencia C-341 de 2014
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tutela contra providencias judiciales25, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 26 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»27. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la providencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia al disponer que se debe reliquidar la pensión de jubilación a que tiene
derecho la señora Beatriz Elena Jaramillo López teniendo en cuenta el ingreso base
de liquidación señalado por la Ley 33 de 1985 desconoció el inciso 3 del artículo 36 o
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores enlistados por
el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia sometida a revisión ordenó reconocer debe ser reducido en la misma
proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de
seguridad social en pensiones.

Para el propósito descrito se analizarán i) El ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985

En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:

25
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
26
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.

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«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».

Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:

«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
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anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con

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independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia28, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 29 y 929 de 197630.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 31 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso

28
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
29
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
30
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por Pensiones de Antioquia se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y
aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación.
En su criterio, ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la
ley. Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis
contemplada en el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que
pasa a estudiarse.

}

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La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003

Para comenzar, cabe precisar que no se discute que la señora Beatriz Elena Jaramillo
López es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En efecto, nació el 16 de marzo de 195632 y laboró para el Departamento
de Antioquia desde el 25 de julio de 1990 hasta el 28 de noviembre de 201133, es decir
que, para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley 100
de 1993 para el orden nacional, y más aún para el 30 de junio de 1995, cuando
comenzó a regir para el orden territorial, contaba con más de 35 años de edad. Lo
anterior implica que adquirió el estatus de pensionada el 16 de marzo de 2011 cuando
cumplió 55 años.

Ahora, la Gobernación de Antioquia emitió reporte de nómina34 en el que se observa
que la señora Beatriz Elena Jaramillo López devengó los siguientes emolumentos
durante su último año de servicio, esto es, de noviembre de 2010 a noviembre de 2011:

• Asignación básica
• Subsidio de transporte
• Bonificación por recreación
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Prima de vida cara
• Incentivo por antigüedad
• Vacaciones

Por medio de la Resolución 000411 del 15 de septiembre de 2011, Pensiones de
Antioquia reconoció en favor de la señora Beatriz Elena Jaramillo López una pensión
de jubilación en cuantía de $3.037.244. La liquidación se efectuó con el 75% del
promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores previstos en los
Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, y sobre los cuales se efectuaron las
cotizaciones correspondientes.

El 2 de marzo y 7 de mayo de 2012 la señora Beatriz Elena Jaramillo López solicitó la
reliquidación de la prestación con el promedio del salario devengado durante el último
año de servicios y la inclusión de todos los factores salariales, habida cuenta de que
se desvinculó del Departamento de Antioquia a partir del 29 de noviembre de 2011

Mediante la Resolución 000322 del 29 de junio de 2012, Pensiones de Antioquia
reliquidó la pensión de vejez de la señora Beatriz Elena Jaramillo López
incrementándola a $3.049.039 a partir del 29 de noviembre de 2011, fecha del retiro
definitivo del servicio, en lo demás dejó en firme la Resolución 000411 de 2011 que
reconoció la prestación.

32
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 125 del expediente ordinario.
33
Folio 33 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. También a folio 86 del cuaderno
principal.
34
Folios 34 a 37 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. También en el folio 104 del
cuaderno principal.
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Demandante: Pensiones de Antioquia
El 25 de julio de 2012 la señora Beatriz Elena Jaramillo López solicitó a la Gobernación
de Antioquia la reliquidación de la prestación con el 75% del promedio de lo devengado
en el último año de servicio, esto es, entre el 29 de noviembre de 2010 y el 28 de
noviembre de 2011, con inclusión de la asignación básica, la prima de navidad, la prima
de vida cara, la prima de vacaciones, el incentivo por antigüedad y el subsidio de
transporte, sumas debidamente reajustadas. Dicha petición fue negada mediante
Oficio 003432 del 1 de octubre de 2012.

Por medio del Oficio 201200061886 de 2 de agosto de 2012, la Gobernación de
Antioquia negó la reliquidación de la pensión con inclusión de factores que no se
encuentre en listados en los artículos 1 del Decreto 1158 de 1994 y 7 del Decreto 1068
de 1995. Precisó que el departamento de Antioquia realizó las cotizaciones al Sistema
General de Pensiones de conformidad con lo previsto por la ley, y por lo tanto no le
adeuda suma alguna a Pensiones de Antioquia.

El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral de Medellín en sentencia del 22 de junio de
2016 accedió las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Beatriz Elena
Jaramillo López, así:

«[…] Primero: DECLARAR la nulidad parcial de la (sic) Resoluciones Nº 411 de
15 de septiembre de 2011 y 322 del 29 de junio de 2012 y la nulidad del oficio 3432
del 1 de octubre de 2012, emitidos por Pensiones de Antioquia, así como la nulidad
del oficio 201200061886 de 2 de agosto de 2012 emitido por el Departamento de
Antioquia, por las razones consignadas en la parte motiva.
Segundo: ORDENAR como restablecimiento del derecho a Pensiones de
Antioquia, la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Beatriz Elena
Jaramillo López teniendo en cuenta como factores que componen el Ingreso Base
de Liquidación de la pensión, las primas de vacaciones y navidad, además del
incentivo por antigüedad devengados por la demandante en el último año de
servicios antes del reconocimiento de la pensión y que fueron acreditados,
conforme a lo dispuesto por el Decreto 1045 de 1978, con excepción de las primas
extralegales, que haya percibido la demandante en el año inmediatamente anterior
al reconocimiento de la pensión, obteniendo el promedio equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario, sin perjuicio de que la entidad pueda descontarle
los aportes que le hubiere correspondido pagar a la demandante y sobre los cuales
no se hayan efectuado las deducciones legales […]»

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en la sentencia del
23 de noviembre de 2017, después de realizar un análisis tanto de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, resolvió confirmar parcialmente
la sentencia de primera instancia, así:

«[…] Con ocasión de las múltiples interpretaciones que se le ha dado a la norma
anteriormente citada, el H. Consejo de Estado unificó la jurisprudencia respecto al
tema, determinando que lo señalado en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, no
puede considerarse de manera taxativa, motivo por el cual, en el ingreso base de
liquidación de la pensión, deben incluirse todos los factores devengados, claro es,
realizando los aportes que correspondan y ordenando en la sentencia los
descuentos pertinentes en el evento que procedan. Así lo señaló dicha
corporación en la sentencia de unificación del día cuatro (4) de agosto de dos mil
diez (2010), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Exp. 0112-2009. […]

Del material probatorio obrante en el plenario se encuentra demostrado que la
señora Beatriz Elena Jaramillo López se encuentra beneficiada por el régimen de
transición, toda vez que cumplió uno de los presupuestos anteriormente

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señalados, pues tal como consta en la resolución pensional, la misma nació el 16
de marzo de 1956, es decir, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en
este caso para el sector territorial (30 de junio de 1995) tenía 39 años de edad
(fl.22), siendo entonces aplicable el régimen de transición por edad, en tanto la
norma es clara en indicar que no deben concurrir los dos requisitos, basta con
cumplirse con uno de ellos. […]

Así las cosas, considera la Sala acertada la orden proferida por el Juez de Primera
Instancia a la entidad demandada de reliquidar la pensión de la actora, sobre la
base del 75% del salario promedio, incluyendo todos los factores salariales
percibidos por el (sic) demandante de carácter legal, tales como las primas de
vacaciones, de navidad, previo descuento de los aportes que correspondan a los
factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la
deducción legal. Estos factores corresponden a los percibidos durante el último
año de servicios como se dijo anteriormente.

Ahora, en relación con el incentivo por antigüedad esta Sala advierte que no
constituye factor pensional, en tanto fue creado por la ordenanza No. 02 del 11 de
abril de 2003, fecha para la cual la Asamblea Departamental de Antioquia, no
contaba con la facultad constitucional para establecer directamente emolumentos
y mucho menos prestaciones sociales. Es así como dicha ordenanza fue anulada
por el H. Consejo de Estado según la sentencia del dos (2) de octubre de dos mil
catorce (2014) […]

De otro lado, advierte la Sala que no opera la Falta de Legitimación en la Causa
por Pasiva respecto del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, pues si bien es claro
que dicha entidad no es la llamada a responder por la pensión de jubilación de la
demandante, dicha parte lo que solicitó fue la nulidad del oficio No. 201200061886
del 2 de agosto de 2012, a través del cual el DEPARTAMENTO se negó a cancelar
los aportes por los factores salariales sobre los cuales no realizó cotización alguna,
por lo que, en lo que a esto respecta, dicha entidad si está legitimada en la causa
por pasiva, por ser en el presente caso el empleado y responsable del pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
[…]

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado
Veinticinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, el veintidós (22) de
junio de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO, así:

“ORDENAR como restablecimiento del derecho a Pensiones de
Antioquia, la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Beatriz
Elena Jaramillo López, teniendo en cuenta como factores que componen
el Ingreso Base de Liquidación de la pensión, las primas de vacaciones y
de navidad, devengados por la demandante el último año de servicios
antes del reconocimiento de la pensión que fueron acreditados, conforme
a lo dispuesto por el Decreto 1045 de 1978, con excepción de las primas
extralegales, que haya percibido el demandante(sic) en el año
inmediatamente anterior al reconocimiento de la pensión, obteniendo el
promedio equivalente al setenta y cinco 75% del salario, sin perjuicio de
que la entidad pueda descontarle los aportes que le hubiere
correspondido pagar a la demandante y sobre los cuales no se hayan
efectuado las deducciones legales”.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. […]» (Gramática, negrillas,
puntuación y ortografía del texto original)

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La entidad dio cumplimiento al fallo citado mediante la Resolución 2019030407 del 11
de septiembre de 201935.

Análisis de la Subsección

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201036, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley, pues también hacía parte de la transición.

En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, enunciada en el escrito
introductorio se advierte lo siguiente:

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a las sentencias que se revisan,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 37 ii) derecho a la
igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

35
Folios 109 a 112 del cuaderno principal.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
37
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
En relación con la sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados
al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el
beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria
de dicha normativa especial.

Adicionalmente, dadas las dudas que generó la citada sentencia respecto de su
aplicación a regímenes distintos al allí analizado38, la Corte mediante proveído SU-230
de 2015 definió claramente que dicha interpretación no era exclusiva del régimen
especial que se analizó, pues el estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición,
resulta aplicable para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del
apartamiento judicial39, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia
judicial, los jueces de instancia estaban facultados para acoger la desarrollada por el
Consejo de Estado.

Con todo, es precisó destacar que el ad quem en la decisión de segunda instancia
reconoce la existencia de los dos precedentes disimiles frente al IBL que habrá de
tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, y consideraron que la interpretación expuesta por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ajustaba a los supuestos facticos y
jurídicos del sub lite, sumado al hecho de que era más favorable para la pensionada y
en virtud de ello la aplicó; cumpliéndose así con los requisitos que le permiten
apartarse40 del precedente de la Corte Constitucional.

En consecuencia, se observa que el juez de segunda instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa

38
Ejemplo de ello se puede analizar en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2014; radicación: 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014); demandante: Gladys Agudelo Ordoñez. En aquella oportunidad se sostuvo «[…]
A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en la aplicación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los regímenes de
transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral; de manera,
que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran regida
su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son
contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la Carta
Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011) y evidentemente a la propia Sentencia C-258 de 2013 de
la Corte Constitucional, que valga la pena resaltar, como regla jurídica de obligado acatamiento en
materia de constitucionalidad, contiene en sí misma una circunstancia antinómica, que amerita un
ejercicio interpretativo para facilitar su aplicación, en orden al principio de coherencia de todo el sistema
jurídico sobre el que expande sus efectos. […]»
39
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
40
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no
puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho,
sino que se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que la tesis acogida tanto en primera como
en segunda instancia en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la
sostenida por el Consejo de Estado. Aquella posición partió de una interpretación
según la cual la relación de emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de
1985 no era taxativa sino enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que
percibe el servidor como retribución de su labor durante el último año de trabajo.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas
junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis
de su superior funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese
sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria
a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada
en el precedente vinculante. De ahí que mantuvo la decisión de ordenar que en la
reliquidación de la prestación se tuvieran en cuenta los factores de carácter legal, en
especial, las primas de vacaciones y navidad, con exclusión del incentivo por
antigüedad, los cuales se demostró que la señora Beatriz Elena Jaramillo López
devengó durante su último año de servicio en el departamento de Antioquia.

Ciertamente, en relación con el factor denominado «incentivo por antigüedad», esta
Corporación dentro del proceso radicado 15001-23-31-000-2008-00557-01 (0456-11),
a través de sentencia del 2 de octubre de 2014, declaró la nulidad de la Ordenanza
que lo regulaba para los servidores del departamento de Antioquia, por encontrar que
estaba afectado por falta de competencia.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Beatriz Elena Jaramillo
López era beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de
discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de
servicios con una tasa de reemplazo del 75%, según lo establecido en la Ley 33 de
1985, modificada por el artículo 1 de la Ley 62 del mismo año. Tal normativa le era
aplicable por haber tenido una edad superior a los 38 años al momento en que la Ley
100 de 1993 entró en vigor y haber prestado más de 20 años de servicio público. Este
criterio guarda armonía con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente
para ese momento, que entendía que el IBL hacía parte del régimen de transición y se
debían incluir todos los factores salariales devengados.

Es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su
posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general, en
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, también es cierto que en dicha
providencia se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en principio,
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00425-00 (1023-2020)
Demandante: Pensiones de Antioquia
que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley […]». Así
las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede extender al presente
caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante para la época.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica41.

En esas condiciones, tampoco se estructura la causal contenida en el literal a), relativa
a la vulneración del debido proceso, en relación con la liquidación de la pensión
ordenada.

Conclusión: No se configuran las causales de que tratan los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de la señora Beatriz Elena
Jaramillo López atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985,
modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio,
con inclusión de los factores de carácter legal percibidos durante dicho lapso, en
especial las primas de vacaciones y navidad.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, se declarará infundada la acción de revisión
promovida por Pensiones de Antioquia en contra de la sentencia proferida el 23 de
noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05-001-33-33-025-2014-00229, por medio de la cual se confirmó la decisión de
reliquidación pensional, con exclusión del incentivo por antigüedad.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación42 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema

41
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de
1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: Pensiones de Antioquia
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por Pensiones de
Antioquia, contra la señora Beatriz Elena Jaramillo López, con el fin de que se infirme
la sentencia del 23 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que confirmó parcialmente la sentencia del 22 de
junio de 2016 del Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 05-
001-33-33-025-2014-00229, de acuerdo con la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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