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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00692-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00692-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó el fallo del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Lino Lambis Marrugo. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 27 Número Interno: 2077-2020 Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Demandada: Lino Lambis Marrugo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00692-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00692-00 (2077-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Lino Lambis Marrugo
Trámite: Acción especial de revisión
Tema: Revisión de la sentencia proferida el 19 de julio de 2019
por el Tribunal Administrativo de Bolívar que confirmó la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena de
17 de marzo de 2017. Causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la
sentencia del Diecinueve (19) de Julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que confirmó el fallo del Diecisiete (17) de
Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena, que accedió a las súplicas de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor Lino Lambis
Marrugo.

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Número Interno: 2077-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Lino Lambis Marrugo

I. ANTECEDENTES

1.1) La demanda de acción especial de revisión.

1. La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, con la que pretende, se infirmen las sentencias del Diecinueve
(19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que confirmó el fallo del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), proferido por el Juzgado Cuarto (4) Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena, dictadas dentro del expediente con radicado No. 13-001-33-33-004-
2015-00486-00 y, en su lugar, se revoquen las mencionadas providencias.

1.2. Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

2. Se declare que: i) la pensión de vejez del señor Lino Lambis Marrugo, debe
ser pagada únicamente en trece mesadas anualmente, con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Acto legislativo 01 de 2005. ii) que el señor Lino Lambis Marrugo,
debe efectuar la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de
reconocimiento de la mesada adicional o mesada 14, atendiendo al reconocimiento
de la pensión de vejez, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor
alguno en virtud de tal prerrogativa sin perjuicio de los intereses de mora que se
causen desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta la fecha de pago total,
liquidados a la tasa legal vigente aplicable.

3. Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la Caja Nacional
de Previsión Social E.I.C.E, con Resolución No. PAP 052336 del Seis (6) de mayo
de Dos Mil Once (2011), reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez al señor
Lino Lambis Marrugo al acreditar más de 26 años de servicio en la Rama Judicial.
La pensión se otorgó bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, aplicando

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Demandada: Lino Lambis Marrugo

el Decreto 546 de 1971, y se liquidó en un 75% del ingreso base de liquidación,
equivalente a $5.563.130, con efectos desde el Dos (2) de enero de Dos Mil Once
(2011).

4. Por medio de la Resolución No. UMG 053741 de Tres (3) de agosto de Dos
Mil Doce (2012), modificó parcialmente el acto administrativo de reconocimiento
pensional, en el sentido de establecer los valores a descontar por concepto de
liquidación de aportes sobre factores salariales no contemplados en el Decreto 1158
de 1994.

5. A través del Acuerdo Ordinario No. 009 de 21 de febrero de 2013, la Sala
Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, aceptó la renuncia del
señor Lino Lambis Marrugo, al cargo de Juez Único de Menores de Cartagena,
efectiva a partir del Dieciocho (18) de julio de ese año.

6. El pensionado en varias ocasiones solicitó la reliquidación de su pensión, sin
embargo, la UGPP las negó por medio de las Resoluciones RDP 050675 de Treinta
y uno (31) de octubre de Dos Mil Trece (2013), RDP 004666 del Once (11) de
febrero de Dos Mil Catorce (2014) y RDP 020343 de Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Catorce (2014) bajo el entendido de faltar el certificado de factores salariales y
en la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, que exigía liquidar con base en los
últimos 10 años. Incluso, bajo el principio de favorabilidad, concluyó que una nueva
liquidación resultaría menos favorable que la inicialmente reconocida.

7. Inconforme con la anterior decisión, se interpusieron los recursos de
reposición en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por medio de las
Resoluciones Nos. RDP 008541 de 12 de marzo de 2014, y No. RDP 008930 de 14
de marzo de 2014, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

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8. Posteriormente, el señor Lambis interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la negativa de reconocerle la mesada 14.

9. El Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, en fallo del Diecisiete (17)
de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), accedió a sus pretensiones y ordenó su
reconocimiento, al considerar que el demandante había causado su derecho
pensional el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco (2005), es decir, antes de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, que restringió este beneficio.

10. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Bolívar el Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019),
reiterando el principio de favorabilidad y señalando que el actor sí tenía derecho a
la mesada adicional. La sentencia quedó ejecutoriada el Cuatro (4) de octubre de
Dos Mil Diecinueve (2019).

11. En cumplimiento del fallo, la UGPP expidió la Resolución No. RDP 034357
de Dieciocho (18) de noviembre de Dos Mil Diecinueve (2019), reconociendo la
mesada 14 a partir del Primero (1) de enero de Dos Mil Catorce (2014).

12. Finalmente, interpuso acción de revisión, argumentando que el
reconocimiento de dicha mesada excede lo permitido por la ley y genera una
afectación al erario, al considerar que el beneficiario no cumple los requisitos
constitucionales para acceder a ese derecho, por lo que se busca dejar sin efectos
la decisión judicial que ordenó su reconocimiento.

1.2) Sentencia objeto de revisión.

13. A través de la sentencia proferida el Diecinueve (19) de julio de Dos Mil
Diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se confirmó la sentencia
del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Juzgado

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Cuarto (4) Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que concedió las
pretensiones de la demanda en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de
la mesada catorce según lo establecido en el Decreto 546 de 1971.

14. Bajo ese entendido, sostuvo que, conforme con las pruebas allegadas al
plenario encontró acreditado que el señor Lino Marrugo, laboró en la Rama Judicial
como juez único de menores de Cartagena por un periodo de 31.5 años, lo que
equivalen a 1.638 semanas.

15. Precisó que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, para la fecha en la que esta entró
en vigencia el primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994)
contaba con 43 años de edad, como quiera que, nació el Veinticinco (25) de julio de
Mil Novecientos Cincuenta (1950).

16. En ese orden, resaltó que las personas que se pensionaron en vigencia del
artículo 142 de la Ley 100 de 1993, tenían derecho a que se le pagara una mesada
adicional en el mes de julio de cada año, sin embargo, dicho beneficio fue eliminado
con la expedición del Acto legislativo 01 del 2005, según el cual, solo conservarían
el derecho a las personas que hubiesen adquirido el estatus antes de la entrada en
vigencia la reforma constitucional y quienes lo obtuvieran con posterioridad hasta el
Treinta y uno (31) de julio de Dos Mil Once (2011), siempre y cuando recibieran por
concepto de mesada pensional el valor de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales o menos.

17. Resaltó que, de acuerdo con el texto del acto legislativo que eliminó la
mesada 14, su vigencia sería a partir de su publicación, hecho que tuvo ocurrencia
el Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Cinco (2005), sin embargo, debido a errores
en el encabezado de la norma promulgada, debió ser corregida mediante el Decreto

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2576 de julio Veintisiete (27) del Dos Mil Cinco (2005), el cual fue publicado
nuevamente el Veintinueve (29) de julio del Dos Mil Cinco (2005).

18. Así las cosas, consideró que para el caso concreto el señor Lino Marrugo
adquirió su estatus pensional el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco (2005)
toda vez que, esa fue la fecha en la que cumplió con el último requisito para tener
derecho a la pensión, como lo es la edad de 55 años, teniendo en cuenta que el
requisito de los 20 años de servicio lo consolidó el Veinte (20) de febrero de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999).

19. A tono con lo anterior, advirtió que el derecho a reconocerle la mesada 14 al
actor depende directamente de la fecha que se tenga en cuenta para verificar la
vigencia del Acto legislativo 01 del 2005, ante lo cual, resaltó que, la Corte
constitucional ha sido clara en exponer que la fecha que se debe tener en cuenta
para verificar la entrada de vigencia de la norma constitucional es el Veintinueve
(29) de julio del Dos Mil Cinco (2005) en aplicación del principio de favorabilidad
laboral.

20. En tal razón, concluyó que existe una norma que puede ser interpretada de
diversas formas puesto que, el artículo 2 del Acto legislativo 01 del 2005, determina
que su vigencia inicia el día en el que el mismo se publique en el diario oficial, sin
embargo, en virtud del yerro cometido en el encabezado de la norma la reforma
constitucional fue publicada dos veces en el diario oficial, en esta segunda
oportunidad el Decreto 2576 del 2005, dispuso en su “Artículo 2. Publíquese en el
Diario Oficial el Acto Legislativo 01 de 2005 con la corrección que se establece en
el presente decreto”

21. De acuerdo con lo anterior, concluyó que en virtud del principio de
favorabilidad la fecha que debe ser tenida en cuenta para la entrada en vigencia del
Acto legislativo 01 de 2005 es el Veintinueve (29) de julio del Dos Mil Cinco (2005),

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por lo que al haber adquirido el actor su estatus pensional el Veintiocho (28) de julio
del Dos Mil Cinco (2005), no le es aplicable la reforma constitucional que elimina la
mesada 14 para los pensionados que devengaran tres salarios mínimos legales
mensuales o menos.

1.3) Causal de revisión invocada.

22. La entidad accionante aun cuando en el acápite de pretensiones de la acción
de revisión, invoca las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo
cierto es que, la motivación se centra únicamente en la causal b), según la cual,
procede la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. “Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables.”

23. Aduce que, la sentencia cuya revisión solicita, reconoció a favor del señor
Lino Lambis Marrugo la mesada 14 pensional sin tener derecho a ello, toda vez que,
el valor de la mesada pensional que le fue reconocida al demandado se causó con
posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005 y excede
los tres salarios mínimos que contempla la disposición constitucional para acceder
a tal prerrogativa.

24. Expone que, en cumplimiento del artículo 142 de la Ley 100 de 1993, se
estableció el derecho a que se reconociera a los pensionados una mesada adicional
de junio o mesada 14, no obstante, con la reforma constitucional introducida con el
Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso su eliminación, para aquellas personas que
causaran su derecho a partir de su entrada en vigencia, la cual, aduce haber
acaecido el Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Cinco (2005), en el Diario Oficial No.

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45980, de manera que a partir de esa fecha ninguna pensión podría otorgarse en
14 mesadas, salvo la excepción prevista en el parágrafo transitorio No. 6º.

25. En ese tenor, es claro que el señor Lino Lambis Marrugo al Veinticinco (25)
de julio de Dos Mil Cinco (2005), fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo
No. 01 de 2005, no había cumplido con los requisitos para hacerse acreedor de una
pensión de vejez, motivo por el cual no podría considerarse que había adquirido el
derecho o que este hubiera ingresado a su patrimonio, y por ende ser beneficiario
de la prerrogativa consagrada en el artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

26. Por el contrario, se evidencia del material probatorio que obra en el
expediente prestacional y judicial, que el señor Lino Lambis Marrugo, consolidó su
derecho el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco (2005), fecha para la cual había
perdido rigor el artículo 142 de la Ley 100 de 1993, y por consiguiente ya había
desaparecido la mesada adicional o mesada 14, y en ese entendido no podía ser
reconocida tal prerrogativa prestacional.

27. Resalta que a la luz del acto reformatorio de la constitución en su parágrafo
transitorio No. 6, quedarían exceptuados de la reforma pensional que estableció el
pago de únicamente trece mesadas pensionales, aquellas personas que cumplieran
dos condiciones: i) Que el valor de la mesada pensional corresponda a cifra inferior
a 3 SMLMV. ii) Que dicho derecho pensional se haya causado antes del Treinta (31)
de julio de Dos Mil Once (2011).

28. Sostiene que, al señor Lino Lambis Marrugo no le asistía el derecho al
reconocimiento de la mesada catorce como quiera que su derecho a la pensión de
vejez lo consolidó con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No.
01 de 2005.

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29. Adicionalmente, al evaluarse la excepción consagrada en el parágrafo
transitorio 6 del acto reformatorio de la constitución, encontró que el señor Lino
Lambis Marrugo, cumplió con el primer requisito como quiera que causó su derecho
pensional entre la entrada en vigencia del citado acto legislativo y el Treinta (31) de
julio de Dos Mil Once (2011).

30. No obstante, al estudiar el segundo requisito, es evidente que la mesada
pensional que le fue otorgada al pensionado supera ampliamente los 3 SMLMV de
la época del reconocimiento del pago de la prestación aludida ($1.768.500 pesos),
motivo por el cual, colige que, no tenía derecho a mesada catorce.

1.4) Contestación de la demanda de revisión.

31. El señor Lino Lambis Marrugo, actuando por medio de apoderado judicial
presentó contestación de la demanda, en el sentido de oponerse a la prosperidad
de las pretensiones, en tanto que, considera que en el sub examine no se estructura
la causal de la acción de revisión alegada por la parte demandante.

32. Lo anterior, en razón a que lo que se refiere a la vigencia del Acto Legislativo
01 de 2005 que dispuso la eliminación de la mesada adicional o mesada catorce
(14) en los términos indicados, fue notificado inicialmente en el Diario Oficial No.
45.980 de fecha Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Cinco (2005), pero se advirtió
un yerro en su nominación, por lo que, se procedió a corregir de conformidad con
las facultades dadas mediante el Decreto 2576 del 2005, el cual fue expedido el
Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Cinco (2005) y notificado en el Diario Oficial
45.984 del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005), en virtud de lo cual, su
vigencia empezó a regir el Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Cinco (2005).

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33. Aduce que, dicho criterio se tuvo en cuenta en las sentencias que son materia
del recurso de revisión materia de esta contestación, el cual venía siendo
reconocido, en una sana hermenéutica jurídica y en aplicación del principio de
favorabilidad, por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiterados
pronunciamientos sobre la interpretación de la vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005 (Sentencia C-178 de 2007, SU-555 de 2014, T-370 de 2016 y C-530 de 2013,
entre otras).

34. En ese orden, resalta que no es cierto que el señor Lino Lambis Marrugo no
haya satisfecho los presupuestos Constitucionales para acceder al disfrute y goce
de la mesada 14, por cuanto no le es aplicable el Acto Legislativo No. 1 de 2005,
puesto que éste, conforme al criterio jurisprudencial anteriormente destacado, se
entiende que empezó a regir el Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Cinco (2005),
mientras que el señor Lambis Marrugo adquirió su estatus de pensionado el
veintiocho (28) del mis mes y año, en razón a que en dicha fecha cumplió 55 años
de edad y había laborado al servicio de la Rama Judicial 26 años, 5 meses y 9 días,
cumpliendo así con los requisitos para acceder a dicha prestación conforme a la
normatividad Constitucional y legal vigente con anterioridad al Acto Legislativo No.
1 de 2005.

1.5) Trámite de acción de revisión.

35. Mediante el auto del dos (2) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)1, el
despacho sustanciador admitió la acción especial de revisión, a su vez, negó la
solicitud de medida cautelar. De igual forma, ordenó las notificaciones de rigor. La
providencia fue notificada el Veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)2
y, dentro del término de traslado, la parte demandada presentó su contestación.

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1.6) Concepto del Ministerio Público.

36. El Procurador Delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado
rindió concepto3, en virtud del cual solicitó que se declare infundada la acción de
revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

37. En criterio del agente del Ministerio Público, la entidad recurrente no realizó
un estudio pormenorizado sobre cómo la pensión reconocida fue contraria a la ley,
además de plantear nuevamente la discusión propia de las instancias, cuyas
decisiones hoy acusa, aspectos que ocasionan de consuno la falta de fundamento
jurídico de la causal en la impugnación interpuesta, pero además omite los
argumentos que dichas instancias pusieron de presente para reconocer la Mesada
14 adicional al señor Lambis Marrugo, limitándose el recurso a citar un precedente
de la Corte Suprema de Justicia del Tres (3) de abril de Dos Mil Ocho (2008), para
la temática que había sido resuelta de fondo, relativa a la fecha Veinticinco (25) de
julio de Dos Mil Cinco (2005) como fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo
01 de 2005, fecha sobre la cual, sin embargo, se califica por la máxima instancia
ordinaria como fecha de la publicación inicial del Acto Legislativo en el Diario Oficial
No. 45980.

38. En ese sentido, el apoderado de la recurrente no se refirió en ningún otro
apartado de su escrito a los aspectos puestos de presente por los jueces de
instancia, pues advierte que el recurrente perdió de vista que dos de las sentencias
de la Corte Constitucional invocadas por la decisión impugnada del juez colegiado
de segundo grado contienen fechas distintas de entrada en vigor para el acto
legislativo en cuestión, así resaltó que la Corte Constitucional en sentencia SU 555

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de 2014 señalo que la fecha de promulgación Acto legislativo 01 de 2005, sería el
Veintinueve (29) de julio de Dos Milo Cinco (2005).

39. En ese sentido, considera que es posible advertir, o bien una omisión de la
normativa posterior, o bien un error de distracción o incluso un lapsus scriptum en
cuanto a la alusión a la fecha señalada en la sentencia de tutela T-370 de 2016, no
solo por la confrontación con la carga argumentativa de la sentencia de unificación
de 2014 citada, sino porque en efecto, el artículo 2 del Decreto 2576 de 2005
dispuso publicar nuevamente el mismo Acto Legislativo 01 de 2005.

40. Así las cosas, indica que con ocasión de las dos publicaciones de un mismo
acto legislativo, cuya primera publicación hizo referencia además a un proyecto de
acto legislativo, se considera apropiado, por aplicación del principio de favorabilidad,
darle prelación de entrada en vigencia a la segunda publicación de la modificación
constitucional referida, razón por la cual, las personas que hubiesen adquirido el
status pensional en el periodo comprendido entre el Veinticinco (25) y el Veintiocho
(28) de julio de Dos Mil Cinco (2005), no deberían ser destinatarias de la prohibición
contenida en el inciso 8 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, sobre
inaplicabilidad de Mesada 14, tal como acontece con el caso del señor Lambis
Marrugo, además de aclarar que las partes procesales involucradas estuvieron de
acuerdo en la fecha de adquisición del derecho pensional causado, el Veintiocho
(28) de julio de Dos Mil Cinco (2005), por lo que considera más ajustada a derecho
la fecha de entrada en vigencia del Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005).

II. CONSIDERACIONES
2.1) Competencia.

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41. La Sala de Subsección es competente para conocer y decidir la presente
acción, según lo previsto en los artículos 249 del CPACA4 y 20 de la Ley 797 de
20035, en concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta
Corporación, contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil
diecinueve (2019)6.

2.2) Oportunidad.

42. La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia
revisada fue proferida el Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), por
el Tribunal Administrativo de Bolívar y la acción de revisión fue presentada el
Veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020) 7 , razón por la cual, no fue
superado el término de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.

2.3) Problema jurídico.

43. Corresponde a la Sala establecer: ¿La sentencia del Diecinueve (19) de julio
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
está incursa en la causal de revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es, la mesada catorce reconocida al demandado excedió lo
preceptuado por la ley?

4 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales

Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
[…]»
5 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento

que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7 Índice al despacho por reparto - 04ActaReparto-1-04ActaReparto.pdf
129 kb.

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44. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) el marco normativo y jurisprudencial de la acción especial
de revisión; 2.5) el caso concreto; y 2.6) la condena en costas.

2.4) Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1) Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.

45. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión
de providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado
de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse
por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

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46. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material8 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»9.

47. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

48. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado
que, la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime
a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios10.

49. Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el

8 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero

ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-
03-15-000-01027-00.

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referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 11 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 12, dado que, más allá de
que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 13»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción14.

2.4.2) Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.

50. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.

11 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite

propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la
sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de
revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-
02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25.
Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes
Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte
Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través
de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver:
Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
12 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta

providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o
“sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos
de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y
el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó
que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente
respecto de las sentencias.
13 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le

otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su
finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia

Velásquez Rico.

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51. Ahora bien, la inconformidad de la recurrente se funda en el reconocimiento
judicial de la mesada catorce a favor del demandado sin tener derecho a ello, toda
vez que, el valor de la mesada pensional se causó con posterioridad a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 2005 y excede los tres salarios mínimos que
contempla la disposición constitucional para acceder a tal prerrogativa.

2.4.3) La mesada adicional de junio o denominada «mesada catorce (14).

52. La Ley 100 de 199315, en su artículo 142 estableció una mesada adicional al
año la cual sería recibida por los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y
sobrevivientes, siempre y cuando se cumplieran de manera estricta los términos
señalados por la citada norma, en la cual se indicó:

«ARTÍCULO 142. MESADA ADICIONAL
PARA ACTUALES PENSIONADOS. <Expresiones tachadas
INEXEQUIBLES> Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y
sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como
los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del
primero (1o) de enero de 1988, tendrán derecho al reconocimiento y pago
de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por
el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de
cada año, a partir de 1994.

Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los
reajustes ordenados en el decreto 2108 de 1992, recibirán el
reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada adicional solo a
partir de junio de 1996.

PARÁGRAFO. Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su
cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el
salario mínimo legal mensual.»

15 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones»

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53. Frente al reconocimiento de la mesada adicional de junio o «mesada catorce
14», el Acto Legislativo 01 de 2005 adicionó el artículo 48 de la Constitución Política
y eliminó del ordenamiento jurídico su pago, de la siguiente manera:

«[…] Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la
vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13)
mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando
se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se
hubiese efectuado el reconocimiento.

[…]

Parágrafo transitorio 6°. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del
presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o
inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la
misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce
(14) mesadas pensionales al año […]» (Resalta la Sala).

54. La referida norma alude al momento en que se cause la pensión, es decir,
únicamente se refiere a quienes han colmado los requisitos de tiempo de servicio
(o número de semanas cotizadas) y edad, exigidos por la ley para acceder a una
pensión de jubilación o vejez.

55. Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación,
en concepto del 22 de noviembre de 2007, consejero ponente Enrique José
Arboleda Perdomo, en relación con el pago de la mesada adicional del mes de junio,
antes y después de la vigencia del Acto legislativo 01 de 2005, precisó:

«[…] 2.2. La supresión de la mesada adicional del mes de junio:

Con la finalidad de introducir como principio constitucional la indispensable
sostenibilidad del sistema de seguridad social y limitar la posibilidad de que por ley
o negociación colectiva continuara la multiplicidad de regímenes pensionales y su
impacto en las finanzas públicas, el gobierno nacional presentó dos proyectos de

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acto legislativo el 20 de julio y el 19 de agosto del 2004, los cuales fueron
acumulados para su estudio y trámite.

Ambos proyectos contenían la siguiente propuesta de norma constitucional:

‘Las personas a las que se les reconozca pensión a partir de la entrada en
vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas
pensionales al año.’

Esta propuesta no encontró reparos en el Congreso y desde el inicio de los debates
fue modificada para que la prohibición no quedara referida al reconocimiento de la
pensión sino a su causación; así, la norma aprobada como inciso octavo del artículo
1º del Acto Legislativo No. 01 del 2005, ordena:

‘Artículo 1º…
‘Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales
al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos
para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado su reconocimiento.’

En los debates, la propuesta fue aceptada en razón del impacto económico de esa
mesada adicional; pero también se dio el acuerdo de introducir una excepción para
los pensionados que reciban mesadas no superiores a tres salarios mínimos
mensuales legales vigentes, siempre que reúnan los requisitos para pensionarse
antes del 31 de julio del 2011; este acuerdo se recogió en el parágrafo transitorio 6º
del Acto Legislativo No. 01 del 2005:

‘Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del
presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31
de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año’.

De manera que, a partir del 25 de julio del 2005, fecha en la cual se publicó el Acto
Legislativo No. 01 del 200516, las personas que adquieran el derecho a la pensión
recibirán un máximo de trece mesadas al año, con la excepción establecida en el
parágrafo 6º transitorio, que, evidentemente, también está restringida en el tiempo y
en sus destinatarios […]» [negrilla de la Sala].

56. En igual sentido, esta Sala mediante sentencia del 28 de abril de
202217 señaló:

16
Diario Oficial No. 45.980
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 28 de abril de 2022, Expediente: 05001-23-33-000-2017-01733-01 (1693-2021), CP.
Carmelo Perdomo Cuéter

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«[…] De lo anterior se infiere que las personas a quienes se les causara la pensión
a partir del 25 de julio de 2005 (fecha en la cual empezó a regir el Acto legislativo 1
de ese mismo año), ya no tendrían derecho al reconocimiento de la mesada catorce
(14) por expresa prohibición constitucional; a menos que (i) adquirieran el derecho
a la pensión antes del 31 de julio de 2011 y (ii) su mesada fuese igual o inferior a
tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]» [Resaltado de la Sala].

57. Visto lo anterior, resulta importante resaltar que sobre la nota de vigencia del
Acto Legislativo No. 01 del 2005, publicado en el Diario Oficial 45.980 del
Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Cinco (2005), se anotó: «Corregido mediante
el Decreto 2576 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.984 de
Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005), 'Por el cual se corrige un yerro
en el título del Acto Legislativo número 01 de 2005, 'por el cual se adiciona el
artículo 48 de la Constitución Política' Eliminando las palabras 'PROYECTO DE' y
'Segunda Vuelta»

58. A su turno, el artículo 2 ibidem, estableció: «El presente acto legislativo rige
a partir de la fecha de su publicación.»

59. Ahora, a raíz de su doble publicación, se generaron diferentes
interpretaciones sobre la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que fue puesto
en conocimiento de la administración de justicia, y frente a ello, se profirieron las
sentencias citadas por el Tribunal en la sentencia objeto de la presente acción de
revisión, tales como: C-178 de 2007, SU-555 de 2014, T-370 de 2016, C-530 de
2013 de cuyo análisis en concordancia con el principio de favorabilidad, acogió la
tesis bajo la cual, se tiene como fecha de vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005,
el Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005).

2.5) Caso concreto.

60. Descendiendo al asunto sub examine, la Sala recuerda que, la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

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Social – UGPP, pretende que se infirme la sentencia del Diecinueve (19) de julio de
Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
confirmó el fallo del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), proferido
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que accedió
a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada
por el señor Lino Lambis Marrugo, en el sentido de reconocerle la mesada catorce
(14), por cuanto considera que el estatus pensional del accionado lo adquirió el 28
de julio de 2005, esto es posterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01
de 2005, que a su juicio, acaeció el 25 de julio de 2005 y el reconocimiento pensional
superó los 3 SMLMV.

61. En el presente caso, evidencia la Sala que, mediante la sentencia del
Diecinueve (19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que confirmó el fallo del Diecisiete (17) de marzo de Dos
Mil Diecisiete (2017), proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, por cuanto para esa sede judicial, el derecho a la mesada
catorce (14), debía analizarse bajo la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005,
acaecida el 29 de julio de 2005 con su publicación en el Diario oficial No. 45.984.

62. Para dicho propósito, el Tribunal acudió a los precedentes que sobre la
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ha dilucidado la Corte Constitucional C-
178 de 2007, SU-555 de 2014, T-370 de 2016, C-530 de 2013, para a la luz del
principio de favorabilidad, colegir que dicho acto cobró vigencia a partir del
Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005), razón por la cual, consideró que
el hoy accionado era beneficiario de la mesada catorce, que contemplaba el artículo
142 de la Ley 100 de 1993, en razón a que, su estatus pensional lo adquirió el
Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco (2005), esto es, previo a la entrada en
vigencia del acto legislativo en mención.

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63. En ese orden, se advierte de la anterior providencia que los argumentos con
los cuales la hoy demandante pretendía que se revocara el derecho reconocido al
señor Lino Lambis Marrugo, son los mismos con los cuales acude a la demanda de
acción especial de revisión, con lo que desconoce qué, la acción especial de
revisión comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, sólo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se
hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley.

64. Así las cosas, se recuerda que las circunstancias específicas y objetivas no
pueden corresponder a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico
o probatorio, adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión
cuestionada. Por ello, se insiste que no puede utilizarse este medio impugnativo, so
pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue
realizada por el juez de instancia, toda vez que, no es dable pretender convertir la
presente vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta
clase de instrumentos extraordinarios.

65. Efectuada la valoración probatoria, da cuenta la Resolución No. PAP 052336
del Seis (6) de mayo de Dos Mil Once (2011), por medio de la cual, la Caja Nacional
de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, reconoció y ordenó el pago de una
pensión mensual vitalicia de vejez al señor Lino Lambis Marrugo, que su estatus
pensional lo adquirió el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco (2005)18, aspecto
sobre el cual, no existe discrepancia entre los extremos de la litis.

18
Índice sistema Samai expediente electrónico folios 65-67

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66. Luego entonces, la Sala vislumbra que la sentencia censurada observó la
posición jurisprudencial de la Corte Constitucional, que expresamente sobre la
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció:

«Cuestión previa: Vigencia del Acto Legislativo
Este Acto Legislativo se publicó por primera vez el 25 de julio de 2005 en el Diario
Oficial No. 45980 de esa fecha. Sin embargo, en dicha oportunidad hubo un yerro en
el encabezado y en lugar de decir “ACTO LEGISLATIVO” decía “PROYECTO DE
ACTO LEGISLATIVO”; igualmente, en la publicación decía entre paréntesis
“(segunda vuelta)”. Como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto 2576 de
julio 27 de 2005, que ordenó corregir el error y publicar nuevamente, orden que fue
cumplida en el Diario Oficial No. 45984 del 29 de julio de 2005.

En virtud de lo expuesto, y para efectos de determinar la caducidad de la acción
pública contra este Acto Legislativo, en sentencia C-180 de 2007 esta Corte señaló
que la fecha de promulgación del mismo sería el 29 de julio de 2005.

En esta oportunidad, en consonancia con la anterior posición y en aplicación del
principio de favorabilidad laboral, esta Sala tendrá, para todos los efectos que ello
produzca, la segunda publicación (29 de julio de 2005), ya corregida, como fecha
de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.»

67. Por lo anterior, no se avizora que la decisión de tener el Veintinueve (29) de
julio de Dos Mil Cinco (2005), como fecha a partir de la cual, entró en vigencia el
Acto Legislativo 01 de 2005, comporte una transgresión normativa directa, ni resulta,
por sí sola, contraria al ordenamiento jurídico a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.

68. Así las cosas, de acuerdo con las particularidades del presente caso, no se
observa que la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de la mesada
catorce con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida en que la cuantía
haya excedido el límite legal.

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69. Al respecto, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno
(2021), la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó19:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción
de revisión se erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace
prevalecer el interés de la colectividad por encima del particular al detener o
armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea
por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o
administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea
por adoptarse una interpretación que no se acompasa con los
principios reguladores del sistema de seguridad social en pensiones
vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social
en pensiones se produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel
cobija, un individuo con una posición económica privilegiada obtiene, además
de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras adicionales que desafían
los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su orientación
equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que
<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada
pensional], se repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser
evidente que no corresponde a su historia laboral>>.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía
de las acciones extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales,
al constatar que la ventaja irrazonable que generó el fallo cuestionado
pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema y por ende, la
expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con
ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por
supuesto, está a cargo de quien invoca la causal y que tiene el deber
de demostrarlo […]»

70. Con base en lo expuesto en precedencia, se concluye que el reconocimiento
de la mesada catorce a favor del hoy demandado no constituye un abuso del
derecho, ni se advierte que la prestación haya sido reconocida con fraude a la ley,
ni que implique un incremento injustificado de la mesada pensional, pues, se

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021.
Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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advierte que dicha decisión fue el resultado de la correcta aplicación de la Ley 100
de 1993 artículo 142, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2005.

71. Finalmente, es oportuno precisar que el segundo argumento, consistente en
que la mesada pensional reconocida al demandado excede los tres salarios
mínimos que contempla la disposición constitucional y, por ello, no se podía acceder
a la mesada catorce, tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que, al
momento en que el demandado adquirió el estatus pensional, esto es, el Veintiocho
(28) de julio de Dos Mil Cinco (2005) y bajo la tesis expuesta por el tribunal
acompasada con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Acto Legislativo 01
de 2005 no se encontraba vigente para dicha fecha, luego entonces, el
reconocimiento de la mesada catorce se efectuó con fundamento en lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993, artículo 142, el cual no imponía las condiciones, que luego
trajo el Acto Legislativo en mención.

72. Así, se resalta que, el tribunal al concluir con apego a la jurisprudencia de la
H. Corte Constitucional citada en la providencia objeto de revisión, que el
Veintinueve (29) de julio de Dos Mil Cinco (2005), era la fecha a partir de la cual,
entró en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, al demandado no le resultaba
exigible que su mesada pensional fuese igual o inferior a tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para tener derecho a la mesada catorce, pues, se
reitera su estatus pensional lo adquirió el Veintiocho (28) de julio de Dos Mil Cinco
(2005), esto es, previo a la vigencia del acto en mención.

73. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que la entidad accionante
no logró acreditar los elementos constitutivos de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone para la Sala declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.

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Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Lino Lambis Marrugo

2.6) Condena en costas.

74. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia del Diecinueve
(19) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que confirmó el fallo del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017), que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, instaurada por el señor Lino Lambis Marrugo.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

27

Número Interno: 2077-2020
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandada: Lino Lambis Marrugo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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