Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01017-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-01017-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandada: Ramón Marino Restrepo Saavedra
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Reliquidación pensión de jubilación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP) contra la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la
decisión adoptada el 7 de febrero de 2017, por el Juzgado Séptimo Contencioso
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D. C., que accedió a las pretensiones de
la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el señor Ramón Marino Restrepo Saavedra.
ANTECEDENTES
La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003
contra la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para lo cual invocó las
causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Ramón Marino Restrepo Saavedra, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social EICE (en adelante CAJANAL), con el fin de obtener la nulidad de
las Resoluciones N°22481 de 2008, N°09102 de 2009, N°RDP 054884 de 2013 y
N°RDP001423 de 2014, por medio de las cuales se negó la reliquidación de la
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio.
Que, como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a la entidad demandada
a: i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los
factores devengados y que fueron pretermitidos desde el 1 de enero de 2005, ii)
reconocer y pagar las sumas debidas en forma indexada y los intereses moratorios,
de acuerdo con el artículo 192 del CPACA; y iii) cancelar las costas que resulten en
el proceso.
Que el Juzgado Séptimo Contencioso Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.
C., el 7 de febrero de 2017, profirió sentencia de primera instancia1 a través de la
cual accedió a las pretensiones y ordenó reliquidar la pensión de jubilación con una
tasa de reemplazo del 75% de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio, esto es, entre el 30 de octubre de 1990 al 30 de octubre de 1991,
incluyendo además de los factores reconocidos en la Resolución N°4271 de 2005,
la prima de antigüedad, los auxilios de transporte y alimentación, la bonificación por
servicios, la prima de servicios y la prima de navidad.
Dentro de la motivación de la providencia el a quo consideró que resulta inaplicable
el precedente contenido en la Sentencia SU-230 de 2015, dado que el argumento
de desigualdad económica y social que sustentó la decisión sobre el IBL del régimen
de transición no puede extenderse a las demás pensiones de los regímenes
especiales del sector público que no tienen dichas características excepcionales.
Igualmente, adujo que los actos administrativos demandados resultaron violatorios
de las normas superiores, al no aplicar el régimen contenido en la Ley 4 de 1966 y
ni en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969; así como también consideró que
se cumplieron los presupuestos para la aplicación del precedente jurisprudencial del
4 de agosto de 2010, emitido por el Consejo de Estado.
Inconforme con la anterior decisión, la UGGP interpuso recurso de apelación
sustentando que el legislador no incluyó en el régimen de transición establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación por lo que el
actor no tiene derecho a la reliquidación en los términos dispuestos por el a quo y
que al solo contar con una expectativa de pensionarse con las normas pensionales
anteriores se debían negar las pretensiones de la demanda.
El 27 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A emitió sentencia confirmando la decisión de primera
instancia; la cual quedó ejecutoriada el día 23 de agosto de 20172.
1
Obrante en el documento incorporado en SAMAI “24Principal_22_RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO_25_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ONEDRIVE_20211211”, Sub
archivo J07 2014-183 F283, folios 181 y siguientes.
2
De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante en la página 340 ibid. y en consideración a que la
notificación de la decisión se llevó a cabo el 17 de agosto de 2017, tal y como se constata de la constancia
obrante a folio 337 ibid.
2
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SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 27 de julio de 2017, confirmó la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la UGPP, como sucesora
procesal de la extinta CAJANAL, la reliquidación de la pensión de jubilación del
señor Ramón Marino Restrepo Saavedra con una tasa de reemplazo del 75% sobre
los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
Para arribar a dicha decisión precisó que el actor adquirió el derecho pensional
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1° de abril de 1994) y que,
al quedar regido por las normas vigentes, es decir, las Leyes 33 y 62 de 1985, era
aplicable la interpretación efectuada por el Consejo de Estado el 4 de agosto de
2010.
Que el señor Ramón Marino Restrepo Saavedra se vinculó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde el 16 de abril de 1969 hasta el 30
de octubre de 1991, por lo que, al cumplir los 20 años de servicio como servidor
público en 1989, no era posible aplicar las sentencias SU-230 de 2015 y C-258 de
2013 de la Corte Constitucional, al estar estas referidas al régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Respecto de los factores salariales que se deben tener en cuenta en el IBL de la
pensión, señaló que adoptaría el criterio establecido en la sentencia del 4 de agosto
de 2010, en aras a garantizar los principios de igualdad material y favorabilidad
material, tomado todas aquellas sumas que el trabajador de manera habitual y
periódica percibió como contraprestación de sus servicios en el último año de
servicio que, para el caso concreto, fueron los devengados entre el 30 de
septiembre de 1990 hasta el 26 de octubre de 1991, a saber: los auxilios de
transporte y alimentación y las primas de servicios, navidad y antigüedad.
Finalmente, adujo que tendría en cuenta la fecha de la solicitud elevada a la
administración para efectos de contabilizar el término prescriptivo, declarando
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 25 de noviembre de 2010.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en
las causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.
Indicó que existió violación al debido proceso por cuanto con base en un criterio que
no obra en ninguna norma y, además, en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, los jueces de conocimiento accedieron a la reliquidación de una
pensión en contravía de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993;
situación que generó un aumento en la mesada y que trae consigo un detrimento
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de los recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones que la Nación debe administrar.
Que, aunque el señor Ramón Marino Restrepo Saavedra es beneficiario del régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y tenía derecho a
conservar las condiciones para pensionarse con la edad, el tiempo y el monto (tasa
de reemplazo) del régimen anterior, el cálculo del ingreso base de liquidación debía
atender a las previsiones legales del inciso 3 del 36 de la Ley 100 de 1993, es decir,
el promedio de lo devengado en el tiempo que le faltare para ello, ya que a 1 de
abril de 1994, le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho.
Que se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, a partir de la cual
determinó que para los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido
en el inciso 3 o en el artículo 21 de dicha norma; criterio desarrollado a partir del
estudio de la constitucionalidad de los apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos
2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 19934, la exequibilidad del artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992 junto con las reglas del IBL para los beneficiarios del régimen
especial de congresistas y su reiteración del estudio en abstracto para todos los
beneficiarios de régimen de transición.
En cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional
que percibe el hoy demandado, adujo que debió atenderse a los salarios
devengados y reportados como base de cotización -artículo 28 del Decreto 748 de
1995- y los factores salariales previstos taxativamente en el artículo 1° Decreto 1158
de 1994.
Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, porque la mesada devengada incrementó sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se
traduce en un abuso palmario del derecho.
Contestación de la acción especial de revisión
El señor Ramón Marino Restrepo Saavedra, pese a ser notificado en debida forma
de la demanda, guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
Se decidirá previas las siguientes,
3
En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de
2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.
4 Sentencia C-168 de 1995
4
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CONSIDERACIONES
Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del señor
Ramón Marino Restrepo Saavedra, como beneficiario del régimen de transición
contenido en el parágrafo 2, inciso 1° del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, con la
inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a
lo previsto por la Ley.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión. ii) Causales de revisión invocadas en la demanda. iii) Aspectos
jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación. Y, finalmente, iv) se
examinará el caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones5 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para
el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 6 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
5 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
6
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00
(2129-12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial
de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales (…)»7. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte
que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20
de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de
la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
El apoderado judicial de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables .».
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado9 como la Corte Constitucional10 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el
derecho fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política,
comprende al menos tres elementos:
7 Ibidem.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
10 Ver: Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
6
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
Acerca de la segunda causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
mencionada ley, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, es preciso señalar que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 11.
De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del
Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la
conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit
fiscal, hacer factible en términos económicos el sistema pensional e introducir la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de
procedencia de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la
finalidad para la cual fue creada.
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
11 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
7
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley
100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».
8
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.»
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.
Aplicación de la transición dentro de la Ley 33 de 1985
La Ley 33 de 1985, previó un régimen de transición para aquellos servidores que
para el momento de su entrada en vigor tuvieran 15 años de servicios, otorgándoles
la prerrogativa de regirse por la normatividad anterior, en relación con las exigencias
sobre edad, así:
" (…)
PARÁGRAFO 2°. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley
hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad
a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55),
si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo
con las disposiciones que regían en el momento de su retiro. (…)”
Por su parte, la Ley 6ª de 1945, en su artículo 17, literal b), estableció una pensión
vitalicia de jubilación en favor, en principio, de los empleados y obreros nacionales
de carácter permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
La norma en mención fue modificada expresamente por el artículo 3 de la Ley 65
del 20 de diciembre de 194612, en los siguientes términos: «[l]a pensión mensual
vitalicia de jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945
será equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados
en el último año de servicio.»
Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4 de 196613, modificó el literal b) del artículo 17
de la Ley 6 de 1945, en el sentido de que la pensión sería equivalente al 75% del
promedio mensual obtenido en el último año de servicio, siempre que cumplieran
50 años de edad y 20 de servicio al Estado.
Más adelante, el Decreto Ley 3135 de 196814 definió que los servidores públicos
tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20 años de
servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los varones;
prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio.
Ahora, esta corporación desde hace algunos años consideró que con la entrada en
vigencia de la Ley 33 de 1985 quedó derogado el artículo 27 del Decreto 3135 de
1968 y, por ende, la transición que opera en virtud del parágrafo 2° del artículo 1°
de aquella ley, remite a la Ley 6 de 194515.
Ante las diferentes interpretaciones jurisprudenciales en la forma como se aplica el
régimen de transición pensional16, la Sección Segunda del Consejo de Estado
adoptó la tesis según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135
de 1968, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
dependerá de la vinculación nacional o territorial del empleado público17.
De forma posterior, estableció que los beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 que consoliden su estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de
1993, se les aplicarán las siguientes condiciones18:
12 Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
13 Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones
de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
14 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 19 de abril de 2007, radicación:
150012331000199902187-01(1114-03), este criterio fue reiterado en las providencias de la Subsección B,
sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl
Armando Quiñones Villarreal; y en la sentencia de tutela T-013 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24
de marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019-
00699-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23-
31-000-2012-00247-01.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. Núm. 47001-
23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017) y Subsección A, Sentencia 24 de marzo de 2022, Exp. Núm. 11001-03-
25-000-2019-00699-00 (5398-2019).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24
de marzo de 2022, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001-03-25-000-2019-
00699-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 17001-23-
31-000-2012-00247-01.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
i) Conservan el requisito de edad de 55 años previsto en el Decreto 3135
de 1968,
ii) Les son aplicables los requisitos de tiempo y monto previstos en la Ley
33 de 1985, esto es, 20 años de servicios al Estado y la tasa de remplazo
del 75%,
iii) El ingreso base de liquidación que los rige es el establecido en el inciso
tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir,
con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para
adquirir el estatus pensional o el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior y;
iv) Los factores salariales a incluir en la base de liquidación son aquellos
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes sobre
los que cotizó y que se encuentren en la norma.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta que lo pretendido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la reliquidación de la
pensión de jubilación del señor Ramón Marino Restrepo Saavedra con el ingreso
base de liquidación señalado Ley 6 de 1945 que remite al artículo 45 del Decreto
1045 de 1978.
Ahora atendiendo a las causales planteadas por el recurrente, la Sala, en primer
lugar, se ocupará de determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del
reconocimiento de la prestación periódica reliquidada con violación al debido
proceso, se encuentra debidamente fundamentado, caso en el cual se procederá al
análisis de fondo y en caso negativo, analizará si la segunda causal invocada frente
al reconocimiento excesivo de la pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si
resulta necesario ordenar la reducción de su monto según la solicitud efectuada en
el recurso.
Al respecto, se advierte que la accionante únicamente sustenta la vulneración al
debido proceso en la errónea interpretación que efectuó el juez de conocimiento en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la normativa19 y la
jurisprudencia vigente20; situación que, a su juicio, genera un detrimento en los
recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones que la Nación debe administrar.
19
Artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley
100 de 1993; el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
20 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, emitidas por la Corte
Constitucional y la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018, emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
En ese sentido, de lo planteado por la entidad puede inferirse que no se soporta con
suficiencia ni se traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el
juzgador de primera o segunda incurrieron en una equivocación que conlleve la
presunta afectación de las garantías al debido proceso. Tampoco se alega
circunstancia alguna que involucre la trasgresión al derecho fundamental de
defensa- el cual se encuentra atado con los principios de celeridad, transparencia e
imparcialidad- en la decisión ni se pone en evidencia irregularidad alguna en las
etapas procesales surtidas en el proceso objeto de discusión, por lo que, no están
dados los presupuestos para el estudio de la acción de revisión bajo la causal a) de
la Ley 797 de 2003.
Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se
proseguirá a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran en dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.
Aun cuando la UGPP no establece expresamente la diferencia monetaria existente
entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el
que debió haber sido liquidada, la Subsección encuentra que del hecho sexto y
decimoquinto de la demanda se logra inferir en qué consiste la afectación del
patrimonio público.
Por consiguiente, al haberse expuesto al menos de manera sucinta la presunta
afectación al patrimonio público la parte demandante efectivamente se encuentra
facultada para cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión
deprecada pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada, situación
que a su vez habilita a esta Corporación a continuar con el análisis. De ahí que se
pasará a evaluar, si en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal
prevista en el precepto normativo mencionado, es decir, si el quantum de la pensión
desbordó el límite legalmente establecido y si el mismo se dio a causa de la indebida
aplicación del precedente jurisprudencial.
El reproche de la UGPP radica en el periodo de liquidación y los factores sobre los
cuales se ordenó efectuar el reconocimiento pensional, como quiera que, a su
juicio, el Tribunal debió ceñirse al periodo establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y al cómputo de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes y
que estuviesen enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
Del material probatorio obrante en el expediente puede inferirse que el señor Ramón
Marino Restrepo Saavedra nació el 7 de febrero de 194921 y laboró para el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público entre el 16 de abril de 1969 y el 30 de octubre de
199122; el último cargo que ocupó fue el de guarda de aduanas, código 5160-11.
Conforme a ello, al 13 de febrero de 1985, fecha de entrada en vigencia de la Ley
33 de 1985, el señor Ramón Marino Restrepo Saavedra había prestado servicios
por 15 años, 9 meses y 26 días, motivo por el cual cumplía el presupuesto
establecido en el inciso primero del parágrafo 2º del artículo 1° de la Ley 33 de 1985
y se hacía merecedor a que se le respetara la edad pensional prevista en la norma
anterior.
En el consecutivo se encuentra acreditado también que, para el 1° de abril de 1994,
la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los
empleados del orden nacional, le faltaban 9 años, 10 meses y 6 días para adquirir
el estatus pensional, pues contaba con 44 años y solo alcanzó los 55 años, el 7 de
febrero de 2004; habiendo cumplido con los 20 años de servicios mucho antes de
esa fecha.
Adicionalmente, en el último año de servicios laborado entre el 30 de octubre de
1990 a 26 de octubre de 1991, devengó además de la asignación básica y prima de
antigüedad, las primas de servicio y navidad, los auxilios de transporte y
alimentación y la bonificación por servicios23, por lo que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, ordenó incluirlos de manera
integral.
Sobre el particular, debe precisarse que, ante la disparidad de criterios frente al
ingreso base de liquidación de las pensiones reguladas por el régimen de transición,
la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió sentencia de unificación el 4 de
agosto de 2010, precisando que los beneficiarios del régimen de transición tenían
derecho a que la mesada pensional se liquide incluyendo todos los factores
salariales que percibieron en el último año de servicio; considerando que la alusión
que hace la norma a dicho aspecto es meramente enunciativa y no taxativa. Es decir
que, el IBL de la prestación económica se regía por la normativa anterior y no
conforme a lo regulado en la Ley 100 de 1993.
Nótese que, dicha decisión resultó fundamental para el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial en el análisis y resolución de los casos, puesto que las
mencionadas interpretaciones fueron aplicadas por las distintas autoridades
judiciales del orden nacional, tal y como sucedió con la sentencia objeto de revisión,
21 Según la inscripción de nacimientos del Registro Civil de Nacimiento, obrante a folio 60 del archivo obrante
en SAMAI denominado 1Principal_2_EXPEDIENTE DIGITAL_2ED-02ANEXO 1 DEMANDA ACCION DE
REVISION UGPP CONTRA RAMON MARINO RESTREPO" y la cédula de ciudadanía que reposa en el folio
58 del mismo documento.
22 Certificado laboral obrante a página 75, ibídem.
23
De acuerdo con el Certificado expedido por el Coordinador del Grupo de Gestión Documental de la
Subdirección de servicios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obrante a folio 77 del archivo digital
denominado “J07 2014-183 F01 A F204” que reposa en el índice 24 de SAMAI.
13
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
la cual se apegó a este precedente vertical y siguiendo esa directriz, dispuso que
en la mesada del hoy demandado se incluyeran todos los factores que constituyen
salario y que fueron devengados en el último año de servicio.
De forma posterior, a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
el anterior criterio se modificó y se alineó con la postura adoptada por la Corte
Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013. Al referirse al régimen general
de pensiones precisó que «(…) los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones». En dicha providencia, además, señaló:
«(…) No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis,
será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada (…)»
Así las cosas, dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de
solución en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales
hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.
A partir de lo decantado, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el
proceso ordinario aumentó el valor reconocido en la prestación al incluir la totalidad
de los factores salariales devengados por el señor Ramon Marino Restrepo
Saavedra, tal situación no constituye por sí sola la configuración de la causal
alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente a la fecha en que se expidió
el fallo, como seguidamente se explicará.
Como ya quedara expuesto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 27 de
julio de 2017 y quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2017; es decir, en vigencia de
la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y mucho antes de que se
profiriera la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, lo que impide que las
reglas consagradas en ésta última puedan irradiar a una situación que hizo tránsito
a cosa juzgada.
La UGPP argumenta desconocimiento del precedente jurisprudencial desarrollado
por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013 y SU-230 de 201524, en el sentido de establecer que el IBL debió haber sido
tomado como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían tomarse como
factores de liquidación aquellos ingresos causados por el beneficiario, con carácter
remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones
respectivas. Sin embargo, observa la Sala que, en ningún momento, el recurrente
expuso de manera puntual las irregularidades que en el marco del proceso dieron
24
Además de aquellas que fueron enunciadas en el acápite “Acción especial de revisión”.
14
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
lugar al reconocimiento de los factores o su inclusión de manera no legal. Si en
gracia de discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior, este cargo por sí
mismo resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que la jurisprudencia
vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los factores discutidos
para la liquidación de la pensión.
Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de
la transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre el IBL, ante el
cual, se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de
cierre; también lo es, que el Juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía
e independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos instituciones antes mencionadas.
Por lo mencionado, contrario a lo que alega la parte accionante, el juez de
conocimiento para el caso, conforme a lo probado en el proceso, reconoció la
reliquidación del demandado y aplicó el criterio jurisprudencial adecuado
desarrollado por el Consejo de Estado, máximo órgano de lo contencioso
administrativo, luego de considerar la obligatoriedad del precedente vertical y la
sujeción al superior funcional, además indicó que tuvo en consideración que los
preceptos allí contenidos se acompasaban en mayor medida a los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad
normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales; motivo por el cual no
se advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.
En definitiva, esta Subsección estima que la tipificación de la causal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de
que se haya otorgado una suma periódica superior a la inicialmente reconocida y
que esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para
reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contrario del
ordenamiento jurídico; circunstancia que, se itera, no se avizora en el caso concreto
pues, la reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en la interpretación y
se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la
decisión.
En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por la UGPP y, por tal motivo se declarará infundada la
acción.
Condena en costas
Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que la UGPP buscó controvertir una providencia
judicial que ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación para evitar un
15
Radicado: 11001-03-25-000-2020-01017-00 (3129-2020)
posible detrimento al erario, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la entidad
demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
respecto de la sentencia del 27 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la
decisión de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda ordinaria,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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