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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00018-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00018-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP en contra la sentencia del seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00018-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00018-00 (0027-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandada: Gladys Marleny Canencio España

Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce
prestación periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento
sustitución pensional sin cumplimiento de requisitos legales.
Tiempo de convivencia. DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra la sentencia del seis (6) de junio de dos mil
diecinueve (2019) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, para
lo cual invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que, mediante la Resolución 27436 del 7 de diciembre de 2001, CAJANAL
reconoció al señor Guillermo López Ospina una pensión gracia por valor de $84.334,
efectiva a partir del 16 de enero de 1992 y con efectos fiscales desde el 11 de febrero
de 1995, por prescripción trienal.

2. Que, con ocasión de su fallecimiento, ocurrido el 24 de septiembre de 2011, la
señora Gladys Marleny Canencio España solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, la cual fue negada por la UGPP mediante la Resolución RDP 024010
del 24 de mayo de 2013, decisión confirmada a través de las Resoluciones RDP
031964 del 16 de julio de 2013 y RDP 036746 del 12 de agosto de 2013, al resolverse
los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

1 La presentación de la acción se efectuó el 15 de diciembre de 2020, de acuerdo con el registro que obra en el

índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la proferida el 8 de junio de 2016 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de

Cali que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 76001-33-33-010-2014-0001-01.

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3. Que promovió proceso ordinario de declaración de existencia de unión marital de
hecho y de sociedad patrimonial, ante el Juzgado Cuarto de Familia de
Descongestión del Circuito de Cali, el cual mediante sentencia del 26 de agosto de
2015, negó las pretensiones; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, al no encontrarse acreditada la existencia de una comunidad
de vida permanente.

4. Que, posteriormente, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
contra los actos administrativos que negaron la sustitución pensional y el Juzgado
Décimo Administrativo de Cali accedió a sus pretensiones y ordenó el reconocimiento
y pago de la sustitución pensional a partir del 25 de septiembre de 2011.

5. Que dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca mediante sentencia del 6 de junio de 2019. En cumplimiento de lo ordenado,
la entidad expidió la Resolución RDP 025744 del 28 de agosto de 2019, mediante la
cual reconoció la sustitución pensional en un 50%, dejando en suspenso el 50%
restante ante el eventual derecho del señor Víctor Manuel López Botero, hijo del
causante en situación de invalidez.

6. Que, mediante la Resolución RDP 036443 del 2 de diciembre de 2019, se levantó
la suspensión dispuesta en la Resolución RDP 025744 del 28 de agosto de 2019 y
se reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes al señor Víctor Manuel López
Botero, decisión que fue confirmada por las Resoluciones RDP 001560 del 23 de
enero de 2020 y RDP 002896 del 3 de febrero de 2020.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

7. En providencia del 6 de junio de 20193, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión de primera instancia al considerar que la señora Gladys
Marleny Canencio España sí tenía derecho a obtener el reconocimiento a la
sustitución pensional derivada de la prestación que en vida percibía su compañero
permanente Guillermo López Ospina.

8. Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

9. Que la pensión gracia de jubilación fue reconocida al causante a partir del 11 de
febrero de 1995, en cumplimiento de un fallo judicial, y que, para la fecha de su
fallecimiento (24 de septiembre de 2011), resultaba aplicable la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003. En ese sentido, destacó que el artículo 47 exige,
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al compañero permanente,
acreditar una convivencia mínima de 5 años continuos anteriores a la muerte.

10. En cuanto al material probatorio, señaló que las declaraciones extrajuicio y los

3 Véase archivo digital denominado «72_MemorialWeb_Otro-202100018Respuesta(.pdf) NroActua 75»,
disponible en la carpeta denominada «02CUADERNODESEGUNDAINSTANCIA», sub-archivo
«01SENTENCIADE SEGUNDA INSTANCIA», visible en el índice 00075 de SAMAI.

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testimonios rendidos por los señores Ricardo Alberto Duque Gómez y Luis Miguel
Alfaro Arteaga evidenciaban que conocían a la pareja desde hacía varios años —
más de ocho y once años, respectivamente—. Ello, en la medida en que el primero
los conoció con ocasión de los trabajos realizados en sus inmuebles, mientras que
el segundo tuvo conocimiento de la relación en su calidad de trabajador de un
restaurante al que la pareja acudía con frecuencia. Ambos coincidieron en afirmar
que entre ellos existía una relación afectiva estable y permanente.

11. Indicó que, según la declaración rendida por la madre del causante, Etelvina
Ospina de López, y su hermana, Omaira López Ospina, la señora Gladys Marleny
Canencio España convivió maritalmente con el señor Guillermo López Ospina
durante más de 26 años, aportando económicamente, con sus ingresos, a la
adquisición y mejoramiento de los bienes que conformaban el patrimonio común.

12. Que los testimonios practicados en sede judicial fueron coincidentes en señalar
que la pareja sostenía una relación normal, estable y permanente, propia de una vida
marital, que compartían vivienda, espacios cotidianos y eran reconocidos
socialmente como compañeros. Igualmente, evidenciaban colaboración en aspectos
económicos, participación en la gestión de bienes y conocimiento mutuo de asuntos
personales y patrimoniales, lo que demostraba la existencia de una verdadera
comunidad de vida.

13. Con fundamento en lo anterior, dijo que los testimonios eran coherentes,
coincidentes y contundentes para acreditar la convivencia continua de la pareja, en
especial durante el término exigido por la ley e indicó que dichos medios probatorios
no fueron tachados ni controvertidos por la entidad demandada.

14. En consecuencia, a partir de la valoración integral del acervo probatorio,
concluyó que la actora convivió con el causante durante al menos los 5 años
anteriores a su fallecimiento, razón por la cual es beneficiaria de la sustitución
pensional.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

15. La UGPP interpuso acción de revisión4 la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

16. Sostuvo que la postura asumida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
resulta equivocada, en la medida en que desconoció el cumplimiento de los requisitos
legales para que la señora Gladys Marleny Canencio España pudiera hacerse
acreedora a la prestación reclamada.

17. Considera que el régimen aplicable no era la Ley 100 de 1993, sino la Ley 71 de
1988 y el Decreto 1160 de 1989, en razón a que el causante estaba afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que lo excluye del Sistema
Integral de Seguridad Social, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y a la

4 Véase índice 00002 de SAMAI, archivo digital denominado «DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2».

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jurisprudencia del Consejo de Estado (sentencias de 4 de marzo de 2010, exp. 0824-
09, y 27 de mayo de 2019, exp. 3114-15).

18. Afirma que la señora Gladys Marleny Canencio España no tenía acreditada la
calidad de compañera permanente, porque en el proceso ordinario de familia
adelantado bajo el radicado núm. 76001-31-10-2012-00419 se negó la declaración
de la unión marital de hecho en ambas instancias, decisión que tampoco prosperó en
sede de casación. Igualmente, reprocha que dicha circunstancia no fue informada
oportunamente en el proceso surtido ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

19. Destacó una diferencia sustancial entre la valoración probatoria efectuada por el
juez de familia y la realizada por el juez de lo contencioso administrativo. Dijo que el
primero estimó que los testimonios —entre ellos el del señor Ricardo Alberto Duque
Gómez, quien también declaró en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho— carecían de credibilidad, en razón de inconsistencias y del limitado
conocimiento que los declarantes tenían sobre la relación, derivado principalmente
de vínculos laborales. En esa línea, afirmó que en dicho proceso se concluyó que las
declaraciones de los trabajadores del señor Guillermo López Ospina no resultaban
idóneas para acreditar —en contravía de lo considerado por el juez de lo contencioso
administrativo— la existencia de una unión marital de hecho, pues su conocimiento
se circunscribía a lo observado en el marco de sus labores.

20. Que en dicho proceso se indicó esas pruebas permitían desvirtuar los elementos
estructurales de la unión marital de hecho, particularmente la convivencia permanente
y la comunidad de vida. En consecuencia, consideró que no se acreditaba una
relación estable y singular, sino vínculos intermitentes y carentes de vocación de
permanencia. Así, expuso que se concluyó que el acervo probatorio, valorado en su
conjunto, no permitía tener por demostrada la existencia de una unión marital de
hecho, al no cumplirse los presupuestos exigidos por la ley y la jurisprudencia para
su configuración.

21. En contraste, expone que el juez de lo contencioso administrativo otorgó mayor
peso a las declaraciones extrajuicio y a los testimonios que daban cuenta de una
relación estable y permanente, aun cuando algunos de ellos provenían igualmente de
personas con vínculos laborales y concluyó que sí se acreditaban los requisitos para
el reconocimiento de la prestación.

22. A partir de esta divergencia, alega que el reconocimiento pensional resulta
indebido, en tanto se fundamentó en una valoración probatoria que desconoce lo
previamente decidido por el juez de familia sobre la inexistencia de la unión marital
de hecho, quien es la autoridad competente para definir este tipo de controversias.

23. Señala que la demandante hizo un uso inadecuado de las instancias judiciales,
al perseguir el reconocimiento de un derecho cuya improcedencia ya había sido
determinada por la jurisdicción ordinaria.

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Contestación a la acción especial de revisión

24. La curadora ad litem5 de la demandada se opuso a las pretensiones al considerar
que el reconocimiento no se produjo con vulneración del debido proceso. Señaló que
resulta inconcebible sostener que dos autoridades judiciales, independientes entre sí,
hubiesen concertado sus decisiones para proferir sentencias favorables a su
representada en desconocimiento de las garantías procesales, como lo afirma la
parte demandante.

25. Indicó que tampoco es razonable afirmar que dichas autoridades hubieran
actuado de manera coordinada para reconocer un derecho pensional sin el
cumplimiento de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y que no se ha
demostrado la existencia de un perjuicio para la entidad.

26. Sostuvo que lo que realmente se pretende es reabrir el debate relativo al
cumplimiento del requisito de convivencia por un lapso mínimo de 5 años, asunto que
ya fue objeto de análisis y decisión en su oportunidad, por lo que resulta improcedente
a la luz del carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario de revisión.

Concepto del Ministerio Público

27. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

28. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

29. Debe determinar la Subsección si se configuran las causales de revisión
invocadas por la entidad demandante, esto es, si el reconocimiento de la sustitución
pensional —correspondiente a la pensión gracia que en vida percibía el señor Jorge
Emilio López Palacios— a favor de la señora Gladys Marleny Canencio España, se
obtuvo con violación del debido proceso y si dicho otorgamiento excedió lo
legalmente debido, al haberse concedido, presuntamente, sin el cumplimiento de
los requisitos exigidos por la ley.

30. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidad de la acción especial de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

31. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro

5 La demandada contestó el 14 de enero de 2025. Véase índice 00036 del aplicativo SAMAI.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

32. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de
revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

33. Aunque la acción de revisión, por expresa disposición legal se rige por el
procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que
al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como
una acción especial7 por al menos tres razones: su finalidad, las causales para su
procedencia y la calificación de quien está habilitado para ejercer la acción.

34. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar
«(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de
una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»8.

35. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

36. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira9 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

37. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente

7 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),

C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
8 Ibidem.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV).

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aplicables».

38. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.

39. En lo que respecta a la causal contenida en el literal a), debe resaltarse que la
Constitución Política en su artículo 29, prevé el debido proceso como derecho
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

40. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado10 como la Corte Constitucional11
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»12.

41. Acerca de la segunda causal contenida en el literal b), la exposición de
motivos del proyecto que direccionó la expedición de la Ley obedeció precisamente
a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 13.

Regla de juicio probatorio: Carga de la prueba y demostración de la causal
invocada

42. El artículo 167 del Código General del Proceso impone una carga procesal14 a

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
13 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
14 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes

procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya

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las partes dentro del proceso judicial, consistente en la necesidad de presentar las
pruebas demostrativas de los hechos señalados en la demanda o de las
excepciones que se aleguen en la contestación para su respectivo éxito, ello con la
opción judicial de variar el titular de esta, en atención a las condiciones particulares
para aportar los medios de convicción.

43. De esta manera se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la
prueba se compone de tres principios fundamentales, i) al demandante le
corresponde probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada
una vez presenta excepciones, debe probar los hechos en que basa su defensa y;
iii) se predica la absolución del demandado si la parte activa no prueba los
supuestos de hecho en que fundamentó la demanda15.

44. Bajo esta línea de intelección se resalta que la inobservancia de la mentada
carga trae consecuencias desfavorables para la parte que no la satisface, puesto
que al no probar los supuestos de hecho que alega, se somete a que la decisión se
profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la otra parte o
por la ausencia de medios de comprobación.

45. Así, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de revisión, se
exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e indiscutible de
la causal o causales alegadas. En este sentido, se han precisado los alcances de
este recurso de la siguiente forma:

«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de
referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»16.

46. Además, esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente
una censura de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar
alguna de las causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura
procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las
invoque tiene la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos
que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su
configuración»17.

47. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos

inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
15 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de

la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05, MP: Alfonso Vargas Rincón.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.

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parámetros.

Caso concreto

48. La recurrente formula dos reproches: (i) la indebida aplicación del régimen
jurídico, al considerar que la sustitución pensional debía regirse por la Ley 71 de 1988
y el Decreto 1160 de 1989 y no por la Ley 100 de 1993 —modificada por la Ley 797
de 2003—; y (ii) la falta de acreditación de la calidad de compañera permanente de
la señora Gladys Marleny Canencio España, a partir de lo decidido por la jurisdicción
ordinaria en el proceso de unión marital de hecho.

49. Atendiendo a las causales planteadas, la Sala se ocupará de determinar si, en
efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación periódica con
violación al debido proceso se encuentra debidamente fundamentado, caso en el cual
se procederá al análisis de fondo y en caso negativo, se examinará si la segunda
causal invocada frente al reconocimiento excesivo de la pensión está llamada a
prosperar y, por tanto, si resulta procedente revocar su reconocimiento.

50. Sobre este punto, la Subsección pone de presente que la acción especial de
revisión no es un mecanismo destinado a reabrir el debate propio del proceso
ordinario ni a efectuar nuevas valoraciones del acervo probatorio apreciado por los
jueces de instancia18. Sin embargo, ello no obsta para que, bajo la causal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se examine un cargo cuando el mismo no se
dirige a discrepar de la conclusión probatoria alcanzada, sino a denunciar una
irregularidad que, de verificarse, comprometería directamente las garantías del
debido proceso en la obtención del reconocimiento prestacional.

51. En consecuencia, se abordará el estudio del cargo dentro de la causal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 con el exclusivo propósito de verificar que el
reconocimiento pensional no se haya obtenido con violación de las garantías
propias del debido proceso, sin que ello implique reabrir el debate probatorio ni
sustituir el juicio de instancia.

52. Examinada la actuación que dio origen a la presente acción, se advierte que
el Tribunal consideró que la sustitución pensional derivada de la pensión gracia debía
regirse por las disposiciones vigentes al momento del fallecimiento del causante. Así,
al encontrar que el deceso ocurrió el 24 de septiembre de 2011, determinó como
aplicable la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003. Con base en ello,
concluyó que la compañera permanente debía acreditar la convivencia durante los 5
años anteriores a la muerte del causante, apoyándose, en la sentencia del 2 de
octubre de 2015, expediente núm. 08001-23-31-000-2001-02315-01 (0964-2012).

53. Para la Sala, si bien este criterio fue objeto de unificación en la sentencia del 11
de agosto de 202219, lo cierto es que, para la fecha en que se profirió el fallo

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Revisión. Sentencia del

2 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-03049-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación

jurisprudencial SUJ -029- CE-S2 del 11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00018-00 (0027-2021)

cuestionado —6 de junio de 2019—, existían múltiples providencias de esta
Corporación que respaldaban la interpretación adoptada por el Tribunal, aun cuando
no hubiesen sido expresamente citadas en la decisión.

54. La propia sentencia de unificación puso de presente que, antes de fijarse una
postura unificada, coexistían distintas líneas jurisprudenciales en torno al régimen
aplicable a la sustitución de la pensión gracia, una de las cuales avalaba la aplicación
de la Ley 100 de 1993. Así se indicó en dicho pronunciamiento:

«(…) 67. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda, en materia de
sustitución de pensión gracia, para determinar la norma vigente ha partido
de dos criterios: el primero consistente en que se aplican las normas generales
anteriores a la Ley 100 de 1993, bajo el entendido que para los excluidos de la
referida Ley, en los términos del artículo 279, continúa vigente la Ley 71 de 1988
y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Ello, como quiera que el artículo 279
excluye a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de la aplicación del sistema integral de seguridad social en pensiones.

El segundo entendimiento refiere que para analizar la sustitución de
pensión gracia se aplica la Ley 100 de 1993, si esta norma está vigente a la
fecha del deceso, porque dicha pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el
artículo 279 ibidem solamente exceptúa las prestaciones a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así pues, se ha considerado
que como las normas que regulan la pensión gracia no prevén la sustitución
pensional, esta se rige por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 12 de Ley 797 de 2003, de modo que, el cónyuge supérstite o
compañero permanente debe acreditar 5 años de convivencia.

A reglón seguido (…) se relacionará la línea interpretativa que estudió la
sustitución de la pensión gracia bajo la Ley 100 de 1993, que regula la pensión
de sobrevivientes. (…)
(…)
77. En la sentencia del 25 de mayo de 2006, proceso con radicado 05001-23-
31-000-1999-03041-01 (7507-05) se explicó que la normativa de la pensión
gracia no se ocupó de desarrollar la sustitución pensional ni los órdenes de los
beneficiarios, siendo entonces necesario acudir al Sistema Integral de
Pensiones de la Ley 100 de 1993 “pues conforme a lo dispuesto en su artículo
279 , dicha situación no encajaría dentro de las excepciones que allí se prevén,
pues la gracia es una pensión del orden nacional reconocida por la Caja
Nacional de Previsión Social”.

78. Posteriormente, el 10 de octubre de 2019, en la sentencia dictada en el
proceso con radicado 05001-23-33-000-2014-01015-01 (3211-16), se indicó
que “la aplicación de la Ley 100 de 1993, para efectos de sustitución de pensión
gracia y de reconocimiento post mortem de dicha prestación ha sido aceptado
por esta Corporación en pronunciamientos de la Subsección A de la Sección
Segunda, tales como el realizado en sentencia de 28 de enero de 2010, C.P.
Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 0500 -23-31-000-2004-05315-01(1026-07)”.
A renglón seguido se hizo énfasis en que la normativa que gobierna la materia
son “los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de
2003, por lo que para el reconocimiento de la pensión gracia post mortem
deberá acreditar la demandante que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de
cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

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79. Así mismo, se debe referir la sentencia del 18 de marzo de 2021, proceso
con radicado 25000-23-42-000-2016-01989-01 (2864-18), donde se afirmó que
dada la fecha de deceso del causante, 15 de diciembre de 2013, la sustitución
de la pensión gracia estaba regida por la Ley 100 de 1993, modificada por la
Ley 797 de 2003, de modo que “no le asistió razón al a quo cuando decidió
acudir a la Ley 71 de 1988 y su Decreto reglamentario 1160 de 1989 para
resolver la controversia»20 (Resaltado y negrillas fuera de texto).

55. En ese contexto, el Tribunal acogió una de las tesis jurisprudenciales vigentes
para la época, según la cual la sustitución pensional de la pensión gracia se rige por
la Ley 100 de 1993 cuando esta se encuentra vigente al momento del deceso, en
atención a que dicha prestación estaba a cargo de entidades distintas del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio — Caja Nacional de Previsión
Social y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional—, único exceptuado por
el artículo 279 de la referida ley.

56. De ello se sigue que no es posible predicar yerro en relación con los requisitos
analizados en la sentencia, entre ellos el tiempo de convivencia, en la medida en que
dicho aspecto fue examinado conforme al marco normativo que el fallador consideró
aplicable.

57. Por otra parte, la UGPP sustenta la causal en el presunto incumplimiento del
requisito de convivencia, con fundamento en la valoración probatoria realizada por el
juez de familia dentro del proceso núm. 76001-31-10-007-2012-00419-01. Sin
embargo, dicho planteamiento no es de recibo para la Sala.

58. En efecto, si bien las decisiones adoptadas en procesos de declaración de unión
marital de hecho pueden tener relevancia probatoria, no resultan vinculantes para el
juez de lo contencioso administrativo, quien conserva la facultad de valorar de manera
autónoma el acervo probatorio obrante en el expediente, con el fin de establecer si
se acredita la convivencia exigida por el legislador para el reconocimiento de la
sustitución pensional.

59. En esa misma línea, esta Subsección21 ha señalado que:

«(…) las decisiones y valoraciones probatorias efectuadas al interior de un
proceso, ya sea de esta u otra jurisdicción, no constituyen prueba ni atan al juez
al momento de estudiar la legalidad de un acto administrativo; en esa medida,
tampoco resultan obligatorias las valoraciones que realice la administración
como fundamento para revocar un acto que reconoce un derecho»22.

60. La Sala advierte, además, que el recurrente no plantea supuestos que habiliten

20 Ibid.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2

de octubre de 2024. Exp. 68001-23-33-000-2021-00399-01 (0367-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 En esta decisión se cita la sentencia de la Subsección B del 19 de enero de 2023. Exp. 54001-23-33-000-

2017-00245-01 (6142-2019), C.P. César Palomino Cortés, en la cual se precisó: «(…) a juicio de esta instancia
tal y como se advirtió al comienzo de la disertación, no se puede atar la decisión en sede administrativa que en
su momento le otorgó al demandado la pensión de sobrevivientes a Rafael Barroso -por haber reunido los
requisitos legales entre ellos el de la convivencia acreditada (…), con la decisión judicial de no declarar la
existencia de la unión marital de hecho, como quiera que tal exigencia se constituye en un requisito adicional
que no está previsto para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (…)».

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la procedencia de la revisión en materia probatoria, como sería la obtención de
pruebas con vulneración del debido proceso o la omisión en su valoración. En efecto,
no identifica pruebas que hubiesen sido decretadas e ignoradas, ni advierte la
valoración de pruebas obtenida con violación de las garantías fundamentales. Por el
contrario, la alegada vulneración del debido proceso se fundamenta en la
discrepancia frente a la forma en que las pruebas fueron apreciadas, por haber
arribado el juez a una conclusión distinta a la alcanzada en el proceso declarativo de
familia.

60. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la apreciación o valoración probatoria
que haga el juez en la sentencia sea que se haga de una forma u otra, no puede ni
debe considerarse como violación al debido proceso, por sí misma, ni habilita la
intervención del juez de revisión, salvo que se evidencie una actuación arbitraria o
caprichosa23, circunstancia que no fue demostrada en el presente caso.

61. Ello obedece a que la apreciación de las pruebas es una actividad propia de la
función de juzgamiento, amparada por los principios de autonomía e independencia
judicial, así como por las reglas de la sana crítica.

62. Finalmente, se observa que la parte recurrente participó activamente en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual tuvo la oportunidad de
aportar pruebas, controvertir las allegadas por la contraparte y ejercer plenamente su
derecho de defensa. En ese orden, el hecho de que la valoración probatoria realizada
por el juez no haya sido favorable a sus intereses no habilita el uso del recurso
extraordinario de revisión como una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio o introducir nuevos elementos de juicio24.

63. En consecuencia, no se acreditan los presupuestos requeridos para la
configuración de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

64. Respecto a la causal establecida en el literal b) del citado artículo, la UGPP
sostuvo que el reconocimiento de la sustitución pensional sin el cumplimiento de los
requisitos legales comporta el otorgamiento de una prestación superior a la cuantía
debida por el Estado.

65. La Subsección considera que los argumentos expuestos por la recurrente no
están dirigidos a cuestionar la cuantía de la prestación reconocida, sino el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la sustitución pensional, en particular,
el tiempo de convivencia y la valoración probatoria efectuada por el juez de instancia
para tenerlo por acreditado.

23 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión.
Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-02724-00. CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que la acción de revisión no procede para

reabrir debates probatorios ni para suplir la inactividad de las partes en la etapa ordinaria. Entre otras, véanse:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 4 de
octubre de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2002-01074-01 (0372-12). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del 13
de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV). C.P. Alberto Montaña Plata.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00018-00 (0027-2021)

66. Se trata, por tanto, de un reproche orientado a controvertir el reconocimiento
mismo del derecho, y no su liquidación; censura que de ninguna manera está
asociada a discutir la cuantía de la prestación en los términos indicados en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

67. De tal manera, la Sala resalta que la causal de revisión anotada parte del
supuesto teórico que la persona cumple los requisitos para acceder a la sustitución
pensional y por ello, el hecho que habilita a la administración para atacar la decisión
ejecutoriada es que el valor que se asignó en la providencia judicial resulte superior
a lo que establece la Ley.

68. Dicha interpretación ha sido sostenida tanto por la Salas Especiales de
Decisión núm. 3 y núm. 8, en sentencias del 3 de marzo de 202025 y 29 de agosto
de 202326, como por la Subsección B en sentencias del 4 de mayo de 2023 27 y 3
de agosto de 202328. En esta última decisión al estudiar un caso con similares
supuestos fácticos se adujo:

«Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis
de la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho,
pues su propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía
proveniente de una prestación ya otorgada y respecto del cual (el derecho
subjetivo y particular) no hay discrepancias [...].»29

69. Así las cosas, si la parte lo que pretendía era invocar otra causal debe anotarse
que por tratarse la revisión de un medio de impugnación extraordinario exige un
mayor rigor conceptual, en la medida que, no le está permitido al juzgador
aproximarse a una causal que no fue planteada ni respecto de la cual no se señaló
con claridad y exactitud cuáles son los motivos, las razones y especialmente los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran; así como también le está
vedado efectuar una revisión integral del fallo, pues este medio excepcional no es
una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

70. Por lo expuesto, no está llamado a prosperar el recurso de revisión frente a la
causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la UGPP no
cuestiona la cuantía, sino la falta de cumplimiento del requisito de tiempo de
convivencia para acceder a la sustitución de la pensión gracia, motivo que no encaja
dentro de la causal invocada.

71. En consecuencia, al no quedar demostrada la configuración de las causales de
revisión invocadas, se declarará infundada la acción.

25 Exp. 11001-03-15-000-2019-01815-00. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
26 Exp. 11001-03-15-000-2020-03604-00. CP: Nubia Margoth Peña Garzón.
27 Exp. N.I. 3096-2015 y N.I. 6642-2019. CP: Carmelo Perdomo Cuéter.
28 Exp. 11001-03-25-000-2019-00944-00. CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3

de agosto de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00018-00 (0027-2021)

Condena en costas

72. Dado que esta Sección ha señalado que la acción especial de revisión 30 tiene
como finalidad prevenir eventuales detrimentos al Tesoro y garantizar la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala, con fundamento en el
artículo 188 del CPACA, se abstendrá de imponer condena en costas, en la medida
en que la actuación estuvo orientada a controvertir una providencia judicial en
salvaguarda del interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
en contra la sentencia del seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019) proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

30 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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