Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00944-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00944-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00944-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: Armando Rafael Portela Quintero
Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de
enero de 2003. Cuantía reconocida excede lo debido.
Reconocimiento de la pensión gracia
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia
proferida el 9 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo del Cesar2, por
medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Armando Rafael Portela Quintero.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
La UGPP solicitó, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la revisión de la sentencia proferida el 9 de agosto de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 20001-33-33-001-2014-00444-01, que
accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Armando Rafael Portela
1 En adelante UGPP.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 20001-33-33-001-2014-00444-01;
actor: Armando Rafael Portela Quintero, demandado: UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
Quintero, cuya finalidad era la declaración de nulidad de las resoluciones RDP
017079 del 29 de mayo y RDP 025934 del 26 de agosto de 2014,
respectivamente, por medio de la cual la UGPP le negó el reconocimiento y pago
de la pensión gracia.
Como consecuencia de lo anterior solicitó i) revocar la sentencia objeto de
revisión; ii) declarar que la liquidación de la mesada pensional no es un derecho
adquirido; iii) ordenar que Armando Rafael Portela Quintero no acreditó 20 años
de servicio en calidad de docente con vinculación territorial o nacionalizado.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• Armando Rafael Portela Quintero nació el 3 de julio de 1946, prestó sus servicios
en calidad de docente nacionalizado entre el «12 de mayo de 1971 y el 17 de mayo
de 1972 y entre el 17 de abril de 1994 y el 7 de febrero de 2014»3.
• El demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; sin
embargo, la UGPP mediante las resoluciones RDP 017079 del 29 de mayo y RDP
025934 del 26 de agosto de 2014 respondió negativamente, con fundamento en
que, en la certificación de la información laboral del 13 de febrero de 2014,
expedida por la Secretaría de Educación de Valledupar, se indicó que la
vinculación entre 1993 y 2013 fue de carácter nacional.
• Inconforme con lo anterior instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. El 3 de abril de 2017, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar
negó lo pretendido por Armando Rafael Portela Quintero y el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó tal decisión.
• En contra de lo decidido presentó una solicitud de tutela que fue resuelta
favorablemente mediante providencia del 4 de julio de 2019, y en cumplimiento de
esa última providencia el Tribunal Administrativo de Cesar ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia sobre el 75% del promedio del salario
devengado en el último año de servicio anterior a la fecha en que adquirió el
estatus.
3 Tal como lo afirma en el escrito del recurso de revisión, pero no coincide con el material
probatorio allegado al expediente.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
1.1.3. Sentencia objeto de revisión4
Mediante sentencia del 9 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo del Cesar
dio cumplimiento al fallo de tutela proferido el 4 de julio de 2019 5, por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y accedió a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que Armando Rafael Portela Quintero
presentó contra las resoluciones RDP 017079 del 29 de mayo y RDP 025934 del
26 de agosto de 2014, por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia.
Para tal efecto, concluyó lo siguiente:
• Armando Rafael Portela Quintero cumplió 50 años de edad el 3 de julio de 1996.
El 7 de marzo de 2014, solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. Según las certificaciones allegadas al expediente trabajó durante los
siguiente periodos i) desde el 17 de septiembre de 1970 hasta el 17 de mayo de
1972 en calidad de docente nacionalizado en el departamento del Cesar, ii) desde
el 27 de abril de 1994 hasta el 26 de abril de 2004, como docente nacionalizado
en el departamento del Cesar y iii) desde el 26 de mayo de 2004 hasta el 29 de
julio de 2014 en igual cargo en el municipio de Valledupar, es decir por más de 20
años como maestro de carácter territorial municipal y nacionalizado, además no
percibía otra pensión o recompensa de carácter nacional, de modo que cumplió
con los requisitos exigidos para acceder a ella.
• En relación con el tipo de vinculación nacional del docente, comprendido entre el
26 de mayo de 2004 y el 29 de julio de 2014, lo cierto es que hizo parte del
personal incorporado a la planta de cargos adoptada por el municipio de
Valledupar con cargo al sistema general de participaciones, mediante Decreto
000110 del 26 de mayo de 2004, proferido por el alcalde Valledupar,
convirtiéndose en una vinculación de tipo nacionalizado. Ahora, si bien el formato
único para la expedición de historia laboral allegado por la Secretaría de
Educación Municipal indica que el vínculo laboral comprendido entre el 27 de abril
de 1994 y el 30 de julio de 2014 fue de carácter nacional, lo cierto es que ello es
determinado por el ente gubernativo que profiere el acto administrativo de
nombramiento y en el origen de los recursos que pagan las acreencias del
personal docente y como en el presente asunto lo profirió el alcalde municipal de
Valledupar, con cargo al patrimonio del sistema general de participaciones, se
4Folios 96 al 101 del cuaderno 2.
5 Expediente de tutela radicado 11001-03-15-000-2019-02318-00, demandante: Armando Rafael
Portela Quintero, demandado: Tribunal Administrativo del Cesar.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
entiende despejada la duda generada por la información del mencionado
documento.
1.2. Las causales de revisión invocadas
La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
• En relación con el literal a), la orden impartida en la sentencia objeto de revisión
se produjo con vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que Armando
Rafael Portela Quintero no reunía los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión gracia, puesto que el nombramiento en virtud del Decreto de
incorporación 000133 del 19 de septiembre de 1997 implicó que su vinculación
fuera de carácter nacional, comoquiera que los pagos mensuales provenían del
situado fiscal.
• En cuanto al literal b), la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de
acuerdo con la ley, puesto que desconoce lo dispuesto en la leyes 114 de 1913 y
116 de 1928 al haberse pasado por alto que el nombramiento realizado en virtud
del Decreto 000133 de 1997 del 19 de septiembre fue en calidad de docente
nacional, por ende los recursos de los cuales salió el pago de sus salarios
provinieron del situado fiscal, de manera que el tiempo laborado como
consecuencia de ese nombramiento no debió computarse en el estudio del
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, como
en efecto instó erróneamente el juez de tutela.
• Lo anterior fue respaldado por el certificado de información laboral (formato
único) del 23 de mayo de 2016 expedido por la Secretaría de Educación de
Valledupar, en el cual se indica que su vinculación fue de carácter nacional, pues
los recursos del situado fiscal son de la nación, no de las entidades territoriales, ni
mucho menos fueron cedidos por aquella a las entidades de orden territorial.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La parte accionada guardó silencio7.
6 Folios 1 al 6 del cuaderno 2.
7 Fue notificada a través de correo electrónico, según índice 19 del 22 de octubre de 2021 obrante
en SAMAI.
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Demandante: UGPP
1.4. Concepto del Ministerio Público
En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
La sentencia del 9 de agosto de 2019 objeto de revisión quedó ejecutoriada el 23
de agosto de 2019 y la presente acción fue radicada el 29 de noviembre de
201910, lo que permite concluir que se presentó en la oportunidad señalada por el
inciso 4º del artículo 251 del CPACA.
2.3. Los problemas jurídicos
Se circunscriben a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que accedió a las suplicas de la demanda interpuesta por
Armando Rafael Portela Quintero, permitió el reconocimiento de una prestación en
una cuantía que excede los parámetros establecidos en la ley y por lo tanto se
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 En virtud del sello de recibido por parte de la Secretaría de la Sección Segunda, visible a folio 6,
reverso, del cuaderno 2.
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Demandante: UGPP
configuran los supuestos de las causales enlistadas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (1.1) de
la acción especial de revisión de sumas periódicas a cargo del tesoro público; (1.2)
sobre la pensión gracia y el situado fiscal (2) caso concreto; (3) costas, y (4)
conclusión.
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2011 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
11 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del
derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo
componen13.
Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren
en dichas causales»15.
En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación16 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el
término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse
desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa
judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»17.
2.5. Caso concreto
En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre
otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión18 según la cual de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in ídem»
En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el reconocimiento de la prestación, es decir un aspecto sustancial de la
controversia suscitada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el cual se condenó a la recurrente al reconocimiento de una pensión gracia, sin
hacer manifestación alguna en relación con la vulneración de los elementos que
componen el derecho fundamental al debido proceso; por lo tanto, esta causal no
se encontró probada.
En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, los argumentos
expuestos por la entidad recurrente van dirigidos a cuestionar la decisión
mediante la cual el tribunal declaró la nulidad de las resoluciones RDP 017079 del
29 de mayo y RDP 025934 del 26 de agosto de 2014 a través de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración al
incumplimiento de los requisitos por parte de Armando Rafael Portela Quintero.
Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis de
la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues su
propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de una
prestación ya otorgada y respecto del cual (el derecho subjetivo y particular) no
hay discrepancias; contrario a lo ocurrido en el presente asunto, pues en la
aludida providencia se definió que Armando Rafael Portela Quintero había
completado los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, de manera que
18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Demandante: UGPP
la esencia de las pretensiones del medio de control revisado no guardan relación
con la forma en que debió realizarse la liquidación de la pensión.
En efecto, lo que se desprende de la demanda es el cuestionamiento dirigido a
provocar el estudio del cumplimiento de los requisitos por parte del docente
Armando Rafael Portela Quintero para ser acreedor de la pensión gracia,
pretensión que pudo ser invocada en la causal séptima del artículo 250 del
CPACA que dispone:
«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida».
En ese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los argumentos
expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo reconocido
en la sentencia revisada.
Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el
debido proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger
hechos y conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una
decisión que ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad
de invalidarla y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la
prevalencia de una injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.
Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.
Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
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Demandante: UGPP
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de
la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada19.
En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
UGPP, y ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.
2.6. Costas
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la causal invocada no es la
idónea para cuestionar el reconocimiento de la pensión gracia a favor del docente
Armando Rafael Portela Quintero.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
19 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en
ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de
2021 en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-
03-25-000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en el
mismo sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019)
Demandante: UGPP
Administrativo del Cesar el 9 de agosto de 2019, por las razones expuestas en la
parte motiva de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
12
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