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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00284-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2016-00284-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, respecto de la sentencia del 25 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la entidad apelante según lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016) Tercero: Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, portadora de la tarjeta profesional Nº 10.254 del C. S. de la J., como apoderada general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 60 de la plataforma SAMAI. En consecuencia, en los términos del artículo 76 del CGP, dar por terminado el poder que en su momento fue otorgado al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la tarjeta profesional Nº 131.246 del C. S. de la J. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2016-00284-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Lacides Manuel Martínez Ávila

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Ausencia configuración causal
de revisión prevista en el literal b). Censura encaminada a reabrir
el debate probatorio.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del 25 de julio de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que confirmó la providencia del Juzgado Noveno
Administrativo de Barranquilla del 19 de diciembre de 2012, mediante la cual
accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovido por el señor Lacides Manuel Martínez.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso acción especial de revisión contra la sentencia del 25 de julio
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para lo cual invocó el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Lacides Manuel Martínez Ávila en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social (E.I.C.E CAJANAL) con el fin de obtener la nulidad del acto ficto
derivado del silencio administrativo negativo, originado en la petición que elevó el
actor el 14 de diciembre de 2009, encaminada al reconocimiento y pago de la
pensión gracia.

Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

Como consecuencia, solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reconocer y
pagar la pensión gracia a partir del 15 de febrero de 2009, fecha en la que cumplió
el estatus pensional con las correspondientes mesadas que se causaron desde el
momento que tenía derecho a ellas; ii) reconocer y pagar las sumas debidas en
forma indexada y los correspondientes intereses moratorios; iii) condenar en costas
a la parte demandada.

Que el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, el 19 de diciembre de 2012
profirió sentencia de primera instancia a través de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda y ordenó reconocer la pensión gracia de jubilación, a partir del 15 de
febrero de 2009.

Inconforme con la anterior decisión la UGPP interpuso recurso de apelación,
alegando que el fallador de primera instancia debió advertir la configuración de la
inepta demanda pues, los certificados de tiempos de servicios no se allegaron en
copia auténtica, lo que, a su juicio, impide avalar los tiempos allí suscritos, sumado
al hecho de que se expidieron por quien no tenía competencia para ello.

El 25 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Atlántico, emitió sentencia a
través de la cual confirmó la decisión de primera instancia, la cual quedó
ejecutoriada el 20 de octubre de 20141.

Que por Resolución RDP Nº 11399 del 24 de marzo de 2015, la UGPP dando
cumplimiento a los fallos enunciados, ordenó reconocer y pagar a favor del señor
Martínez Ávila, una pensión gracia en cuantía de $1'915.636 efectiva a partir del 15
de febrero de 2009.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección de Descongestión, en sentencia
del 25 de julio de 2014 confirmó la providencia del 19 de diciembre de 2012 a través
de la cual, el Juzgado Noveno Administrativo de Barranquilla, declaró la nulidad de
los actos acusados y, en consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia de jubilación al señor Lacides Manuel Martínez Ávila.

Consideró que el señor Lacides Manuel Martínez Ávila, laboró como docente de la
Escuela mixta de Codazzi por un término total de 1 año y 6 días en su primer
nombramiento a partir del 22 de febrero de 1974 hasta el 28 de febrero de 1975.

Seguidamente adujo que del certificado expedido por la Secretaría Municipal de
soledad concluyó que, con posterioridad al 28 de febrero de 1975, fue nombrado
como profesor de tiempo completo en el año de 1990 el día 21 de febrero en el
Colegio para Varones del municipio de Puerto Colombia y nombrado en propiedad
a partir del 7 de abril de 1997 hasta el 24 de noviembre de 2009.

1 Según constancia de ejecutoria de 9 de febrero de 2015, obrante a folio 110 del cuaderno principal.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

Que, por lo demás, el actor cumple con la totalidad de los requisitos establecidos
para la pensión gracia por haber prestado sus servicios al estado en calidad de
maestro desde el año 1974 hasta 1975 y al haber logrado 20 años de servicios como
docente a favor de la docencia nacionalizada luego de reintegrarse en 1990 al
Colegio Centro Cultural Nuestra Señora de la Misericordia de Soledad.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia al considerar que está
incursa en las causales allí establecidas, con base en los siguientes argumentos:

Que las decisiones de las instancias de lo contencioso se fundaron en la valoración
de las pruebas documentales arrimadas al proceso que, presuntamente daban
cuenta que el demandante cumplía con el requisito de tiempo de servicio para ser
beneficiario de la dádiva gracia, pues acreditaba más de 20 años como docente. Sin
embargo, el señor Martínez Ávila no tiene derecho a la pensión gracia, por cuanto
pretende sumar a sus tiempos nacionalizados -22 de febrero de 1974 al 28 de
febrero de 1975-, servicios de orden nacional -21 de febrero de 1990 hasta el 19 de
septiembre de 2011-, siendo estos últimos inválidos para el reconocimiento de la
prestación en comento.

Que con el reconocimiento del derecho pensional se creó una situación jurídica a
favor del docente Martínez Ávila y en detrimento del erario, al que se le impuso una
carga prestacional sin fundamento legal, con grave afectación al interés general.

Así las cosas, señala que el reconocimiento pensional que por la orden judicial se
profirió no puede mantenerse incólume, como quiera que además de contradecir la
normatividad que consagra la prestación, implica la destinación de recursos
públicos para financiar una pensión en términos no acordes a derecho.

Por tal razón, solicita se declare procedente la acción de revisión instaurada y se
revoquen las sentencias del Juzgado Noveno Administrativo del Barranquilla y del
Tribunal Administrativo del Atlántico, por no reunir el accionado la aptitud legal
necesaria para el reconocimiento de una pensión gracia, al no contar con los 20
años de servicios en el desempeño como docente de orden nacionalizado.

Contestación a la acción especial de revisión

El señor Lacides Manuel Martínez, por intermedio de apoderado judicial, se opuso
a las pretensiones de la acción y solicitó que se despachen desfavorablemente las
mismas, por considerar que la sentencia objeto de revisión se apegó a la ley y a los
lineamientos del órgano de cierre de la jurisdicción, para lo cual expuso dos
premisas fácticas que a su juicio dan claridad plena que la vinculación del señor
Lacides Manuel Martínez Ávila nunca fue de carácter nacional.

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Por un lado, indicó que el accionado fue nombrado mediante Decreto N° 086 del 14
de febrero de 1974, emanado por la Gobernación del Cesar para desempeñarse
como docente de dicho ente territorial; cargo para el cual tomó posesión el 22 de
febrero de 1974, ejerciendo hasta el 28 de febrero de 1975, cuando le fue aceptada
la renuncia por Decreto N° 114 de la misma fecha.

Por otro lado, que fue vinculado como maestro de tiempo completo en la Escuela
Nº 1 para varones de Puerto Colombia, a través de un acto legal y reglamentario
como lo fue el Decreto Nº 000079 del 7 de febrero de 1990, expedido por el
departamento del Atlántico junto con el secretario de educación del mismo ente
territorial y posteriormente, fue reubicado en el municipio de Soledad mediante
Resolución Nº 0158 del 10 de febrero de 1999, expedida por el mencionado ente;
por lo cual está probado que el Ministerio de Educación Nacional no expidió ningún
acto administrativo donde se nombre al accionado, lo cual da certeza que ostenta
la calidad de docente nacionalizado.

Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección sí en el presente caso es procedente a partir de la
argumentación expuesta por la parte demandante adentrase al estudio de alguna
de las causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En caso
afirmativo, examinar si se estructuran, o no, los presupuestos que la ley establece
para la configuración de alguna de ellas.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003; iii) Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión; y iv)
Se examinará el caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones2 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

2 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para
el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial3 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales (…)»4. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte
que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20
de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de
la norma pueden ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira5 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en su literal b) permite la revisión de
providencias judiciales ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables»

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de la causal especial
aludida.

3
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
4 Ibidem.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia

del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

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Acerca de la segunda causal, a saber, aquella la relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del
proyecto que direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció
precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]»6. De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión
por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República
la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones
irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…]
afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes
perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión

Esta corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente una censura
de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar alguna de las
causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura procesal está
limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las invoque tiene la carga
argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos que la soportan y,
especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración».

Tal y como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario de
revisión, los motivos para pretender la nulidad de la sentencia que ha reconocido el
derecho a una prestación periódica a cargo del tesoro de la Nación, «[…] son de
análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues tampoco le está permitido
al juzgador aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda o efectuar una
revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser una tercera instancia»7

Así, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de revisión, se
exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e indiscutible de
la causal o causales alegadas. En este sentido, se han precisado los alcances de
este recurso de la siguiente forma:

«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes a
las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben solo
a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de referencia

6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
7 Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022; Radicado: 11001-03-25-000-2017-00296-00 Nº interno:

1449-2017; MP:. César Palomino Cortés.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento judicial»8

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Comoquiera que en el presente proceso se invocan las causales de revisión
previstas en la Ley 797 de 2003, es menester indicar que dicha ley previó dos
causales cualificadas de revisión para controvertir providencias judiciales que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública,
a saber, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso
y cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

De la lectura que se hace del escrito del recurso extraordinario de revisión se
observa que la UGPP alega como causales violadas las previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, sin señalar de forma inequívoca si hacía referencia a la
causal establecida en el literal a o b o si hacía alusión a ambas, pese a que, como
antes se indicó quien ejerce el recurso extraordinario tiene la elemental obligación
de indicar con precisión cuál es la causal que invoca.

Sin embargo, por encima de la dificultad técnica anotada, la Sala encuentra que,
con el fin de no extremar el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y evitar menoscabar el principio de prevalencia del derecho
sustancial, se tendrá que la causal invocada fue la establecida en el literal b de la
mencionada norma pues, de la sustentación efectuada a lo largo del recurso se
logran evidenciar razones y motivos que están estrechamente relacionadas con
esta.

En ese sentido, se indicó expresamente dentro del concepto de violación que el
reconocimiento que se efectuó sobre la prestación «implica la destinación de
recursos públicos para financiar una pensión en términos no acordes a derecho» y
además se estableció en el acápite denominado «procedimiento» que el recurso
debía tramitarse conforme a las previsiones del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Ahora bien, establecido lo anterior la Subsección considera que los argumentos
propuestos por la UGPP están encaminados a atacar el reconocimiento pensional,
puesto que lo que cuestiona precisamente es la falta de cumplimiento del requisito
de tiempo para acceder a la pensión gracia y la valoración probatoria que efectuó
el juez de instancia para dar por cumplidos estos; censuras que de ninguna manera
están asociadas a discutir la cuantía de la prestación en los términos indicados en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

27 de octubre de 2011, N.I. 02270-05, MP:. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

De tal manera, la Sala resalta que la causal de revisión anotada parte del supuesto
teórico que la persona cumple los requisitos de edad y tiempo de servicios para
acceder a la pensión gracia y por ello, el hecho que habilita a la administración para
atacar la decisión ejecutoriada es que el valor que se asignó en la providencia
judicial resulte superior a lo que establece la Ley.

Dicha interpretación ha sido sostenida tanto por la Salas Especiales de Decisión
N°3 y N°8, en sentencias del 3 de marzo de 20209, N.I. 172, M.P: Julio Roberto Piza
Rodríguez y 29 de agosto de 202310, N.I. 5689, M.P: Nubia Margoth Peña Garzón,
como por la Subsección B en sentencias del 4 de mayo de 2023, N.I. 3096-2015,
M.P: Carmelo Perdomo Cuéter y 3 de agosto de 202311, N.I. 6642-2019, M.P: Juan
Enrique Bedoya Escobar. En esta última decisión al estudiar un caso con similares
supuestos fácticos se adujo:

«Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis de
la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues su
propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de una
prestación ya otorgada y respecto del cual (el derecho subjetivo y particular) no hay
discrepancias;[...].»

Así las cosas, si la parte lo que pretendía era invocar otra causal debe anotarse
que por tratarse la revisión de un medio de impugnación extraordinario exige un
mayor rigor conceptual, en la medida que, como se expuso en la parte considerativa
de esta decisión no le está permitido al juzgador aproximarse a una causal que no
fue planteada ni respecto de la cual no se señaló con claridad y exactitud cuáles
son los motivos, las razones y especialmente los hechos que le sirven de
fundamento y la configuran; así como también le está vedado efectuar una revisión
integral del fallo, pues este medio excepcional no es una instancia adicional en la
que pueda replantearse el litigio.

En esa línea, observa la Sala que la UGPP no alegó ni mucho menos aportó dentro
del trámite pruebas que permitieran demostrar la configuración de la afectación
patrimonial que supone el reconocimiento de la pensión, ni indicó siquiera de forma
concisa en cuánto resultó afectado el erario público con la decisión cuestionada,
aunque la carga de la prueba incumbe a quien alega los hechos del proceso, salvo
que la ley lo releve, situación que no acontece en el presente caso.

Llama la atención a la Sala que al parecer la parte actora considera implícito el daño
patrimonial alegado por el mero reconocimiento del derecho pensional ordenado por
el juez de instancia; sin embargo, debe resaltarse en ella se constituía la
obligación de probar la configuración de la causal alegada.

9 Radicado: 11001-03-15-000-2019-01815-00
10 Radicación: 11001-03-15-000-2020-03604-00
11 Radicado: 11001-03-25-000-2019-00944-00.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

Por lo expuesto, no está llamado a prosperar el recurso de revisión frente a la causal
de la letra b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la UGPP no cuestiona la
cuantía, sino la falta de cumplimiento del requisito de tiempo de servicio para
acceder a la pensión gracia, motivo que no encaja dentro de la causal invocada; en
consecuencia, se declarara infundado.

Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre
y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que, de los
argumentos del recurso de revisión, de su contestación y de los alegatos de
conclusión presentados por las partes no existe una carencia de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambas partes en sus
escritos manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP por la
causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, respecto de la sentencia del 25 de
julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la entidad
apelante según lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

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Radicado: 11001-03-25-000-2016-00284-00 (1634-2016)

Tercero: Reconocer personería adjetiva a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón,
portadora de la tarjeta profesional Nº 10.254 del C. S. de la J., como apoderada
general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura
pública visible en el índice 60 de la plataforma SAMAI. En consecuencia, en los
términos del artículo 76 del CGP, dar por terminado el poder que en su momento
fue otorgado al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, portador de la tarjeta
profesional Nº 131.246 del C. S. de la J.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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