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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00411-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00411-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP en contra la sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00411-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Jorge Emilio López Palacios

Temas: Revisión de providencia judicial en la que se reconoce
prestación periódica a cargo del tesoro público. Causales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento
sustitución pensional sin cumplimiento de requisitos legales.
Tiempo de convivencia. DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en contra la sentencia del veintiséis (26) de febrero de
dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño2, para lo cual
invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante la Resolución 025637 del 6 de octubre de 1998, CAJANAL le reconoció
a la señora Rosa Edith Enríquez Casanova una pensión gracia equivalente al 75%
del promedio devengado en el último año, por un valor de $171.886,48, con efectos
retroactivos desde el 26 de septiembre de 1993.

Que, tras el fallecimiento de la señora Rosa Edith Enríquez Casanova el 1.° de julio
de 2011, al señor Jorge Emilio López Palacios, le fue negada por la UGPP la pensión
de sobreviviente, por lo que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
y el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto acogió sus pretensiones, ordenando el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en el equivalente al 100% de la mesada,
con efectos a partir del 27 de julio de 2014, considerando la prescripción trienal.

1 La presentación de la acción se efectuó el 17 de agosto de 2023, de acuerdo con el registro que obra en el

índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la proferida el 4 de septiembre de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito

de Pasto que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 28 de febrero
de 2020 y en cumplimiento de lo ordenado, la entidad expidió la Resolución RDP
11317 del 11 de mayo de 2020, reconociendo al señor López Palacios la sustitución
pensional, efectiva desde el 2 de julio de 2011, día siguiente al fallecimiento de la
causante, por una cuantía igual a la que percibía la pensionada.

El señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo presentó, el 24 de octubre de 2022, una
denuncia ante la UGPP, en la que informó sobre un presunto fraude cometido por el
beneficiario para obtener el reconocimiento de la pensión gracia. Con fundamento en
dicha denuncia, la entidad ordenó la práctica de un estudio de seguridad con el fin de
verificar la veracidad de la información relacionada con la convivencia efectiva entre
el demandado y la causante.

Que el resultado se consignó en el Informe Técnico de Investigación Administrativa
393186 del 21 de diciembre de 2022, el cual concluyó que la convivencia entre el
señor López Palacios y la señora Enríquez Casanova se habría extendido por
aproximadamente 4 años, 9 meses y 25 días antes del fallecimiento de la causante.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En providencia del 26 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el señor Jorge Emilio
López Palacios sí tenía derecho a obtener el reconocimiento a la sustitución
pensional derivada de la prestación que en vida percibía su esposa Rosa Edith
Enríquez Casanova.

Para sustentar su decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

Que la pensión gracia de jubilación fue concedida a la causante por cumplir los
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, dado que prestó sus servicios como
docente territorial entre el 1.° de septiembre de 1975 y el 25 de septiembre de 1995,
acumulando un total de 20 años, 3 semanas y 3 días.

Consideró que por tratarse de una prestación creada exclusivamente para docentes
—servidores pertenecientes a un régimen especial excluido del Sistema General de
Seguridad Social, conforme al artículo 279 de la Ley 100 de 1993—, el
reconocimiento de la sustitución pensional se rige por lo previsto en la Ley 71 de
1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989, tal como lo ha señalado la
jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente en la Sentencia del 21 de junio
de 2018, exp. 520001-23-33-000-2013-00190-01 (1666-15), que a su vez remite a la
decisión del 10 de octubre de 1996 (exp. 11223).

Señaló que el Decreto 1160 de 1989, reglamentario de la Ley 71 de 1988, no
establece ningún requisito relacionado con un tiempo mínimo de convivencia para
acceder a la sustitución pensional reclamada por el cónyuge supérstite.

Que, en consecuencia, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a que se le reconozca

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y pague el 100% de la pensión que recibía la causante, en forma vitalicia, siempre
que demuestre tal calidad. En este caso, dicha condición quedó acreditada mediante
el registro civil de matrimonio, la escritura pública correspondiente, vigente al
momento del fallecimiento, y el registro civil de defunción de la señora Enríquez
Casanova.

Adujo que, aunque no era exigible acreditar la convivencia, las declaraciones de la
señora Dalia Elizabeth Ramos Guerrero evidencian que, para el 31 de octubre de
2005, el señor Jorge Emilio López Palacios convivía de forma permanente e
ininterrumpida con la causante, situación que se mantuvo hasta su fallecimiento,
demostrando así una vida marital superior a cinco años. A ello se suman los
testimonios de las señoras Ximena Enríquez Burbano y Sara Leonor Ortiz Burbano,
que confirman este hecho.

Que carece de fundamento el argumento del apelante según el cual no es posible
establecer con certeza los extremos temporales de la convivencia, pues, aunque no
existe una fecha exacta de inicio, los testimonios aportados acreditan una relación
superior a cinco años.

Que, finalmente, frente a la afirmación del apelante, basada en que del registro civil
de matrimonio solo sería posible inferir una convivencia de 4 años y 10 meses, resulta
infundada, no solo desde el punto de vista fáctico sino también jurídico, y no
constituye razón válida para desconocer el derecho del actor.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP interpuso acción de revisión3 la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

Que la postura asumida por el Tribunal Administrativo de Nariño resulta equivocada,
en la medida en que desconoció el cumplimiento de los requisitos legales para que el
señor Jorge Emilio López Palacios pudiera hacerse acreedor a la prestación
reclamada. Ello al constatar que, de acuerdo con los elementos probatorios obrantes
en el expediente, entre el beneficiario y la causante solo existió convivencia por un
período de 4 años, 9 meses y 25 días, según se desprende del registro civil de
matrimonio.

Que esta circunstancia resulta aún más gravosa si se tiene en cuenta que, en el
marco del Estudio de Seguridad ordenado por la UGPP, el señor Carlos Julio
Enríquez Jaramillo, sobrino de la causante y conocedor directo de sus circunstancias
personales, manifestó expresamente que el señor Jorge Emilio López Palacios y la
señora Rosa Edith Enríquez Casanova no convivieron efectivamente durante los
cinco (5) años anteriores al fallecimiento de esta última.

Por el contrario, manifestó que el mismo Carlos Julio Enríquez Jaramillo interpuso
denuncia ante la UGPP, radicada bajo el número 2022200502825952 del 24 de

3 Véase índice 00002 de SAMAI, archivo digital denominado «DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 2».

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octubre de 2022, en la cual afirma que el señor Jorge Emilio López Palacios y la
señora Cristina del Pilar Enríquez Burbano —sobrina de la causante— sostenían una
relación sentimental, fruto de la cual procrearon una hija. Señaló, además, que ambos
acordaron tramitar la sustitución pensional con el fin de apropiarse del derecho
pensional reconocido a la causante, a pesar de saber que no les asistía tal derecho.

Que estas afirmaciones encuentran corroboradas en el Informe Técnico de
Investigación Administrativa 393186 del 21 de diciembre de 2022, en el que se
recogen las declaraciones del denunciante y de la señora Ana Milena Enríquez
Jaramillo, también sobrina de la causante, quienes coinciden en señalar que la
presunta convivencia entre el señor López Palacios y la señora Enríquez Casanova
nunca se llevó a cabo. Indicó que el informe concluyó que no se logró establecer que,
entre el 7 de septiembre de 2006 y el 1.º de julio de 2011, la pareja compartiera techo,
lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida.

Que el solicitante, durante la entrevista practicada en el marco de la investigación, no
aportó información relevante para desvirtuar estos hechos; por el contrario, adoptó
una actitud evasiva y renuente frente a las preguntas de protocolo. Adicionalmente,
adujo que tanto el denunciante como otros familiares de la causante coinciden en que
los implicados no convivieron juntos hasta el fallecimiento de la señora Enríquez
Casanova, y que, en realidad, el señor López Palacios mantenía una relación marital
vigente con la señora Cristina del Pilar Enríquez Burbano, con quien procreó una hija.
Todo ello evidencia la existencia de un acuerdo fraudulento entre ambos, con el
objetivo de obtener indebidamente el beneficio pensional.

Que conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de
la Ley 797 de 2003, para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,
el cónyuge solicitante no solo debe acreditar su vínculo conyugal con el causante,
sino también demostrar convivencia efectiva y continua por un período no inferior a 5
años inmediatamente anteriores a su fallecimiento.

Considera que, si bien el señor López Palacios acreditó su condición de cónyuge
mediante el registro civil de matrimonio, no cumplió con el requisito de convivencia
mínima. Al contrastar las entrevistas rendidas en el Informe Técnico de Investigación
Administrativa con las declaraciones extrajuicio allegadas por el demandado, se
advierte que estas últimas carecen de veracidad y presentan contradicciones
sustanciales respecto de los hechos probados, lo que demuestra que el trámite de
sustitución pensional se obtuvo mediante un acto no ajustado a derecho.

Contestación a la acción especial de revisión

La parte demandada se opuso4 a las pretensiones al considerar que lo que pretende
es reabrir el debate sobre el cumplimiento del requisito de convivencia por un lapso
mínimo de 5 años, tema que ya fue objeto de discusión y que resulta improcedente,
dado el carácter excepcional y restrictivo del recurso extraordinario de revisión.

4 La demandada contestó el 14 de enero de 2025. Véase índice 00036 del aplicativo SAMAI.

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En relación con el literal a), sostuvo que dicha causal no está llamada a prosperar,
porque a la UGPP le fueron respetadas plenamente las garantías del debido
proceso en todos los escenarios judiciales. En ningún momento la ahora
demandante formuló incidente de nulidad ni alegó causal alguna que pudiera
invalidar las actuaciones surtidas dentro del proceso con radicado núm. 52001-33-
33-005-2017-00189-00, el cual fue objeto de saneamiento oportuno.

Que se demostró que entre los señores Jorge Emilio López Palacios y Rosa Edith
Enríquez Casanova existió una convivencia marital desde agosto de 2005 hasta el
1.º de julio de 2011, fecha del fallecimiento de la causante. En consecuencia, las
decisiones adoptadas en primera y segunda instancia se profirieron conforme a
derecho.

Respecto del literal b) señaló que, tal como lo admite la propia actora en el acápite
de pruebas, la prestación económica fue reconocida al señor Jorge Emilio López
Palacios en cuantía igual a la que percibía la causante en su condición de
pensionada. En tal sentido, la cuantía del derecho no excede lo legalmente debido,
razón por la cual no hay lugar a revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Nariño. Por lo tanto, no hay obligación de reintegrar suma alguna.

Afirma que se desconocen los documentos que integran el denominado
«expediente prestacional» de la señora Rosa Edith Enríquez Casanova, el cual se
pretende hacer valer en el presente trámite. Además, alega que no se allegó ni se
relacionó como medio probatorio la supuesta denuncia presentada por el señor
Carlos Julio Enríquez Jaramillo, por lo que su contenido es igualmente desconocido.
Frente a este punto, rechazó de plano la existencia de fraude, en tanto que, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con intervención judicial y
pleno ejercicio del derecho de contradicción, se probó la convivencia marital entre
la causante y el señor López Palacios por un periodo superior a 5 años.

En cuanto a la presunta denuncia atribuida al señor Carlos Julio Enríquez Jaramillo
advirtió que entre este y su padre, el señor Jorge Eduardo Enríquez Rosero, así
como con otros miembros de su familia, existen conflictos relacionados con
presuntas perturbaciones a la posesión, actualmente en investigación ante la
Inspección de Policía del Municipio de Ricaurte. En consecuencia, los
señalamientos provenientes del mencionado denunciante y de su hermana Milena
Enríquez Jaramillo carecen de objetividad e imparcialidad.

Aduce que toda vez que el domicilio y residencia del señor Carlos Julio Enríquez
Jaramillo se encuentra en la ciudad de Popayán (Cauca), carece de conocimiento
sobre la intimidad familiar de los señores López Palacios y Enríquez Casanova, así
como de la señora Milena Enríquez Jaramillo. En contraste, las pruebas recaudadas
y practicadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho permiten
concluir, de forma fehaciente, que la convivencia marital superó los 5 años exigidos
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993.

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Concepto del Ministerio Público

La Procuraduría Tercero Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Debe determinar la Subsección si se configuran las causales de revisión invocadas
por la entidad demandante, esto es, si el reconocimiento de la sustitución pensional
a favor del señor Jorge Emilio López Palacios, respecto de la pensión gracia que en
vida percibía la señora Rosa Edith Enríquez Casanova, se obtuvo con violación del
debido proceso y si dicho otorgamiento excedió lo legalmente debido, al haberse
concedido, presuntamente, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidad de la acción especial de
revisión, ii) Causales de revisión invocadas; y iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones5 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque la acción de revisión contemplada el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como una acción especial6 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación de quien
está habilitado para ejercer la acción.

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),

C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció que es claro que las particularidades de la «acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».

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En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»7.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira8 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como fundamental,
encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones que se
surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito de
lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado9 como la Corte Constitucional10 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,

7 Ibidem.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1° de agosto de 2017. Exp: 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV).
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P: Alberto Yepes
Barreiro.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.

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incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem»11.

Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de
la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]» 12. De igual manera, se advierte que se
manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte
del Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para
revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la
ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Limitación y alcance de la sede de revisión

Dada la naturaleza excepcional de la revisión, las causas o motivos en que se
fundamenta esta acción no deben considerarse como una vía procesal para corregir
fallos o errores que las partes o sus representantes legales pudieran haber cometido
durante el desarrollo del proceso que dio lugar a la sentencia impugnada, ya que
este mecanismo no supone una nueva instancia ni brinda la oportunidad de
enmendar errores o negligencias derivados de la falta de diligencia del interesado.

En estos términos ya se pronunció esta Corporación al señalar que dicha acción
«[…] no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la
Ley, o en un valor mayor al que corresponde»13.

Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala se ocupará de

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Revisión. Sentencia del

2 de junio de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2020-03049-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la
prestación periódica con violación al debido proceso se encuentra debidamente
fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo,
se examinará si la segunda causal invocada frente al reconocimiento excesivo de la
pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta procedente revocar su
reconocimiento.

La UGPP reprocha que la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, al
confirmar el reconocimiento a la sustitución pensional a favor del señor Jorge Emilio
López Palacios, desconoció que este no cumplía el requisito legal de convivencia
mínima de 5 años exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la
Ley 797 de 2003, pues las pruebas del expediente acreditan una convivencia de solo
4 años, 9 meses y 25 días. Además, que del Informe Técnico 393186 y la denuncia
2022200502825952 evidencian la inexistencia de convivencia efectiva y revelan un
posible acuerdo fraudulento para apropiarse del beneficio.

Sobre este punto, la Subsección reitera que la acción especial de revisión no es un
mecanismo destinado a reabrir el debate propio del proceso ordinario ni a efectuar
nuevas valoraciones del acervo probatorio apreciado por los jueces de instancia.
Sin embargo, ello no obsta para que, bajo la causal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, se examine un cargo cuando el mismo no se dirige a discrepar con la
conclusión probatoria alcanzada, sino a denunciar una irregularidad que, de
verificarse, comprometería directamente las garantías del debido proceso en la
obtención del reconocimiento prestacional.

En consecuencia, se abordará el estudio del cargo dentro de la causal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 con el exclusivo propósito de verificar que el
reconocimiento pensional no se haya obtenido con violación de las garantías
propias del debido proceso, sin que ello implique reabrir el debate probatorio ni
sustituir el juicio de instancia.

El Tribunal consideró que la sustitución pensional derivada de la pensión gracia se
regía por las normas generales vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 279 de dicha ley, que excluye expresamente a los
docentes del ámbito de aplicación del sistema integral de seguridad social en
pensiones. En consecuencia, concluyó que el cónyuge supérstite solo debía acreditar
el vínculo matrimonial mediante el registro civil, conforme a lo previsto en la Ley 71
de 1988 y en su Decreto Reglamentario 1160 de 1989.

A esta conclusión arribó luego de citar la sentencia del 21 de junio de 2018,
expediente 520001-23-33-000-2013-00190-01 (1666-15), la cual, a su vez, retoma lo
decidido por esta Corporación en la providencia del 10 de octubre de 1996,
expediente 11223.

Esta línea interpretativa fue sostenida reiteradamente por la Corporación hasta la
expedición de la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202214. En dicha

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

decisión, luego de advertir la existencia de criterios disímiles respecto de la normativa
aplicable para el reconocimiento de la pensión gracia post mortem a los beneficiarios
del docente fallecido, la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo fijó una
posición unificada.

No obstante, para la fecha en que se profirió el fallo —26 de febrero de 2020—
existían múltiples providencias de esta Corporación que respaldaban la interpretación
asumida por el Tribunal. En tal sentido lo señaló el auto del 30 de septiembre de 2021,
mediante el cual se decidió avocar conocimiento del asunto para efectos de
unificación, destacando, entre otras, las siguientes providencias:

«38. Segunda interpretación del Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Solo
se requiere acreditar el vínculo matrimonial: Conforme esta tesis se ha
entendido que para tener derecho a la pensión gracia post mortem el cónyuge
supérstite únicamente requiere acreditar el vínculo matrimonial, mediante el
registro civil, en estos casos también se ha acudido a la Ley 71 de 1988 y al
Decreto Reglamentario 1160 de 1989.

-Sentencia del 17 de agosto de 2011, proceso con radicado 15001-23-31-000-
2004-01994-01 (1071-10). “(…) la señora María de Jesús Silva Gutiérrez logró
reunir con suficiencia los restantes requisitos consagrados en la normatividad
especial para acceder a la pensión gracia, consistentes en la vinculación como
docente nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y el
cumplimiento de más de 20 años de servicios docentes ininterrumpidos bajo tal
calidad, resulta procedente el reconocimiento del derecho y la sustitución
pensional a favor de sus beneficiarios, en este caso a favor del señor Gerardo
Gutiérrez Gallo, en calidad de cónyuge supérstite de la causante, quien de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 14 del Decreto Reglamentario
1160 de 1989, logró acreditar tal condición con el Registro Civil de Matrimonio
y la Resolución No. 0391 del 11 de abril de 2002 allegados a folios 13 y 15 del
expediente, respectivamente”.

-Sentencia del 3 de septiembre de 2020, proceso con radicado 05001-23-33-
000-2015-01052-01 (2758-17) “En este orden de ideas, teniendo en cuenta la
normatividad y la jurisprudencia a las que se ha hecho alusión en esta
providencia, se concluye que para efectos del reconocimiento de la sustitución
pensional de la causante, no resultan aplicables las disposiciones de la Ley 100
de 1993, pues como se indicó, los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran excluidos de su aplicación,
en virtud de lo previsto en el artículo 279 de la misma Ley.

Por lo tanto, en este caso se debe dar aplicación a las disposiciones sobre
sustitución pensional contenidas en el artículo 3 de la Ley 71 de 1988 y en el
Decreto 1160 de 1989, normas que consagran este derecho a favor del cónyuge
sobreviviente y, a falta de éste, al compañero o a la compañera permanente del
causante.

Al respecto se advierte que las citadas normas no establecieron un tiempo
mínimo de convivencia como requisito para acceder a la sustitución
pensional, sino que, solamente establecieron como requisito para esta
prestación, acreditar la calidad de cónyuge o de compañero o compañera
permanente del pensionado”. (Resaltado fuera de texto).».

jurisprudencial SUJ -029- CE-S2 del 11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

En ese sentido, el Tribunal acogió una de las tesis que solo hasta el año 2022 fue
objeto de unificación15, según la cual, en materia de sustitución pensional, la pensión
gracia post mortem se rige por las normas generales vigentes con anterioridad a la
Ley 100 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el artículo 279 de dicha ley, que excluye
expresamente a los docentes del ámbito de aplicación del Sistema Integral de
Seguridad Social en pensiones. Así, consideró que el cónyuge supérstite debía
acreditar su condición los registros de matrimonio y de defunción, conforme a lo
previsto en la Ley 71 de 1988 y en su Decreto Reglamentario 1160 de 1989.

De ello se sigue que dicha tesis se encontraba vigente para la época en que se profirió
la decisión cuestionada, razón por la cual no puede afirmarse que haya existido una
indebida valoración probatoria sobre un aspecto —el tiempo de convivencia— que,
según la interpretación normativa acogida, no debía ser considerado. En efecto, el
Tribunal, aplicando la Ley 71 de 1988, valoró los elementos obrantes en el expediente
que resultaban relevantes bajo esa tesis, sin que fuese necesario, siquiera, verificar
el tiempo de convivencia para arribar a una decisión definitiva, aun cuando, de
manera complementaria, lo hubiera hecho.

Por otro lado, si bien la UGPP también fundamenta la causal en el presunto
incumplimiento del requisito de convivencia, apoyándose en pruebas que ahora
aporta en esta sede —como el Informe Técnico de Investigación Administrativa
393186 del 21 de diciembre de 2022 y la denuncia 2022200502825952 del 24 de
octubre de 2022—, tales elementos no obraban en el expediente ordinario ni fueron
conocidos por los jueces de instancia al momento de decidir. En consecuencia, no es
posible reprochar al Tribunal una indebida valoración probatoria ni la vulneración del
debido proceso, pues dichas pruebas no existían para la época y, por tanto, no
pudieron ser objeto de contradicción dentro del trámite ordinario.

La jurisprudencia del Consejo de Estado16 ha sido clara en señalar que la acción de
revisión no procede para reabrir debates probatorios ni para suplir la inactividad de
las partes en la etapa ordinaria. Por ello, las pruebas sobre las cuales la UGPP allega
corresponden a hechos sobrevinientes que, en caso de requerir debate sobre su
validez o alcance, deben ventilarse a través de la causal específica prevista para ello,
la cual es distinta a las invocadas en esta oportunidad.

Respecto a la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP sostuvo que el otorgamiento de la sustitución pensional sin cumplir
los requisitos legales termina siendo un reconocimiento superior a la cuantía
legalmente debida por el Estado a la docente al no existir sustento que respalde esa
situación.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ -029- CE-S2 del 11 de agosto de 2022. Exp. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).
16
Entre otras, véanse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia de 4 de octubre de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2002-01074-01 (0372-12). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce
Especial de Decisión. Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV). C.P.
Alberto Montaña Plata.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

La Subsección considera que los argumentos propuestos por la UGPP están
encaminados a atacar propiamente el reconocimiento de la sustitución pensional,
puesto que lo que cuestiona precisamente es la falta de cumplimiento del requisito
de tiempo de convivencia y a la valoración probatoria que efectuó el juez de
instancia para dar por cumplido este; censura que de ninguna manera está asociada
a discutir la cuantía de la prestación en los términos indicados en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

De tal manera, la Sala resalta que la causal de revisión anotada parte del supuesto
teórico que la persona cumple los requisitos para acceder a la sustitución pensional
y por ello, el hecho que habilita a la administración para atacar la decisión
ejecutoriada es que el valor que se asignó en la providencia judicial resulte superior
a lo que establece la Ley.

Dicha interpretación ha sido sostenida tanto por la Salas Especiales de Decisión
núm. 3 y núm. 8, en sentencias del 3 de marzo de 202017 y 29 de agosto de 202318,
como por la Subsección B en sentencias del 4 de mayo de 202319 y 3 de agosto de
202320. En esta última decisión al estudiar un caso con similares supuestos fácticos
se adujo:

«Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis
de la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho,
pues su propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía
proveniente de una prestación ya otorgada y respecto del cual (el derecho
subjetivo y particular) no hay discrepancias [...].»21

Así las cosas, si la parte lo que pretendía era invocar otra causal debe anotarse
que por tratarse la revisión de un medio de impugnación extraordinario exige un
mayor rigor conceptual, en la medida que, no le está permitido al juzgador
aproximarse a una causal que no fue planteada ni respecto de la cual no se señaló
con claridad y exactitud cuáles son los motivos, las razones y especialmente los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran; así como también le está
vedado efectuar una revisión integral del fallo, pues este medio excepcional no es
una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

Por lo expuesto, no está llamado a prosperar el recurso de revisión frente a la causal
del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la UGPP no cuestiona la
cuantía, sino la falta de cumplimiento del requisito de tiempo de convivencia para
acceder a la sustitución de la pensión gracia, motivo que no encaja dentro de la
causal invocada.

En consecuencia, al no quedar demostrada la configuración de las causales de
revisión invocadas, se declarará infundada la acción.

17 Exp. 11001-03-15-000-2019-01815-00. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
18
Exp. 11001-03-15-000-2020-03604-00. CP: Nubia Margoth Peña Garzón.
19 Exp. N.I. 3096-2015 y N.I. 6642-2019. CP: Carmelo Perdomo Cuéter.
20 Exp. 11001-03-25-000-2019-00944-00. CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3

de agosto de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00944-00 (6642-2019). C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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12

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00411-00 (5548-2023)

Condena en costas

Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión, prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales detrimentos al
Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala,
con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se abstendrá de
imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por la UGPP
en contra la sentencia del veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020)
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUEGUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

22 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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