Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00049-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00049-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00049-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Tema: Causal 5ª del artículo 250 del CPACA
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial
del señor José Vicente Peña Sánchez contra la sentencia del Tribunal Administrativo
de Santander, del 15 de agosto de 2019, a través de la cual se revocó la providencia
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, el 10 de
agosto de 2018, que había accedido a las pretensiones de la demanda, en el proceso
radicado 686793333003 2017 00267 01.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, el señor José Vicente Peña Sánchez, mediante apoderado, solicitó la
revisión de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, del 15 de
agosto de 2019, con el fin de obtener su nulidad y, en su lugar, se dicte una nueva
sentencia que confirme la decisión de primera instancia y se condene en costas a la
parte demandada en sedes ordinaria y de revisión.
1.1.2. Hechos1
1 Algunos hechos corresponden al concepto de violación, razón por la que se resumen en dicho acápite.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:
i) El señor José Vicente Peña Sánchez laboró como docente oficial por más de 20 años.
ii) El 28 de junio de 2002, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
expidió la Resolución 1188, por medio de la cual reconoció a favor del actor una pensión
de jubilación sin incluir todos los factores salariales.
iii) El señor Peña Sánchez radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con el fin de solicitar la reliquidación de su pensión de jubilación, con la inclusión de
todos los factores salariales devengados.
iv) El 10 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San
Gil profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder a las pretensiones
de la demanda, en aplicación de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
proferida por el Consejo de Estado.
v) El 15 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la sentencia
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda con fundamento en la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 15 de agosto de 20192
revocó la providencia del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil
del 10 de agosto de 2018 y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en
atención a los siguientes fundamentos jurídicos:
i) El Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sostuvo
que en la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, se debe tener en cuenta solo los factores sobre los que se hayan efectuado
2 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. Por lo tanto,
no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
ii) Por otro lado, está acreditado que a. por medio de la Resolución 1390 del 3 de
septiembre de 2012, le fue reconocida al demandante una pensión de jubilación con la
inclusión del «Sueldo Uniforme y Prima Vacacional»; y b. el actor devengó la prima de
navidad.
iii) Si bien el a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del actor en el
equivalente al 75 % con la inclusión de la prima de navidad y todos los factores
percibidos en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, con
fundamento en la posición del Consejo de Estado vigente para la fecha de la expedición
de la providencia de primera instancia; lo cierto es que aquella decisión debe ser
revocada teniendo en cuenta la actual postura del alto tribunal contenida en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019.
En esa medida, se desvirtúan los argumentos que sirvieron de base para ordenar la
reliquidación pensional en los términos expuestos por el a quo.
iv) No es posible ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación del actor para incluir
la prima de navidad, pues conforme al artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, no constituye
base de liquidación de los aportes, así como tampoco se demostró que sobre aquel
emolumento se hubiera efectuado cotizaciones.
v) Por lo expuesto, se impone revocar la decisión de primera instancia que había
accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas. Sin condena
en costas en ambas instancias.
1.1.4. La causal de revisión invocada
El apoderado de la parte recurrente invocó la causal quinta del artículo 250 del CPACA,
que señala «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación» y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes
argumentos:
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
i) El Juzgado Tercero Administrativo de San Gil, concluyó que al accionante le asistía
el derecho de la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta la totalidad
de factores salariales devengados en el último año de servicio al cumplimiento del
estatus de pensionado.
ii) El FOMAG, en el recurso de apelación interpuesto, centró su inconformidad en el hecho
de que no era admisible el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías definitiva, para lo cual citó las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. Se observa que la discusión propuesta por el FOMAG no guarda
congruencia con la demanda y tampoco con la sentencia apelada, pues, la una y la otra
se basan en el argumento de que el entonces demandante tenía derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de factores
salariales devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional.
iii) A pesar de ello, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander revocó la
decisión de primera instancia luego de aceptar los argumentos de la entidad apelante,
sin percatarse que hubo incongruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación y
objeto del recurso de apelación, ya que la parte demandada no satisfizo la finalidad
sustancial del recurso y no brindó un marco argumentativo que permita analizar las
inconformidades con la decisión. Lo anterior, condujo a que el tribunal desconociera los
artículos 320 y 328 del CGP
1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, en los siguientes términos:3
i) La sentencia objeto de censura no tiene ningún vicio que genere nulidad como
manifiesta el recurrente, pues, por el contrario, observa el precedente del Consejo de
Estado contenido en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Así las cosas,
las pretensiones de la demanda, no están llamadas a prosperar, en atención, a que la
3 Memorial allegado por correo electrónico, visible a índice 16 adjuntado a SAMAI.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
prima de navidad, no es factor constitutivo en la base de liquidación de los aportes,
conforme al artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.
ii) En ese orden, la causal 5° del artículo 250 del CPACA resulta improcedente
comoquiera que el recurso extraordinario de revisión no es el mecanismo para
cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, pues no es una
tercera instancia en la que el afectado con la sentencia proponga argumentos que no
alegó oportunamente en el proceso originario.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El presente recurso de revisión se interpuso el 28 de octubre de 2020,4 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011),5 por lo cual, esta corporación es competente para
conocerlo, en virtud del inciso 2.° del artículo 249 ejusdem.6 Asimismo, atendiendo al
criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección
Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente
para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo
080, de 12 de marzo de 2019.7
2.2. Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...] podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.». En el
sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el día 26 de agosto de 2019,8
y el recurso de revisión se interpuso el 28 de octubre de 2020.9
4 Índice 2 de la plataforma SAMAI.
5 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
6 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas
por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.»
7 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8 Consta en el expediente digital del proceso ordinario que la sentencia objeto de revisión fue notificada
electrónicamente a las partes el 21 de agosto de 2019, visible a índice 8 de la plataforma SAMAI.
9 Índice 2 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Pues bien, a priori, la demanda estaría fuera del término establecido por el artículo 251
del CPACA para estos eventos, sin embargo, la Sala advierte que con ocasión a la
declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia por el COVID-19, el Consejo
Superior de la Judicatura expidió los siguientes actos administrativos en los que
suspendió los términos judiciales a nivel nacional entre el 16 de marzo y el 1.º de julio
de 2020:
ACUERDO FECHA DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
JUDICIALES
PCSJA20-11518 de 2020 Del 16 al 20 de marzo de 2020
PCSJA20-11521 de 2020 Del 21 de marzo al 3 de abril de 2020
PCSJA20-11526 de 2020 Del 4 al 12 de abril de 2020
PCSJA20-11532 de 2020 Del 13 al 26 de abril de 2020
PCSJA20-11546 de 2020 Del 27 de abril al 10 de mayo de
2020
PCSJA20-11549 de 2020 Del 11 al 24 de mayo de 2020
PCSJA20-11556 de 2020 Del 25 de mayo al 8 junio de 2020
PCSJA20-11567 de 2020 - Se ordenó el levantamiento de los
términos judiciales a partir del 1.º de
julio de 2020.
• Se prorrogó la suspensión entre el
9 de junio y el 1.º de julio.
A su turno, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de
2020, «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios
del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica», en el que se determinó lo siguiente:
Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial
o ante los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos
desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura
disponga la reanudación de los términos judiciales.
El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día
hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada
por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión
de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o
hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes
contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar
oportunamente la actuación correspondiente.
Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es aplicable en materia
penal. (Se resalta)
De acuerdo con lo anterior, se concluye que los términos judiciales estuvieron
suspendidos entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020, interregno en el cual las
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad de los medios de control y/o acciones
judiciales no operaron.
Bajo este contexto, y en principio, el actor tenía hasta el 26 de agosto de 2020 para
interponer la demanda de revisión; sin embargo, y debido a la suspensión de los
términos judiciales, descrita en el numeral que precede, el referido plazo de un año para
impetrarla no operó entre el 16 de marzo y el 1.º de julio de 2020.
Por consiguiente, su contabilización se hará de la siguiente manera:
i) Entre el 27 de agosto de 2019 (día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia
a revisar) y el 16 de marzo de 2020, transcurrieron 6 meses y 18 días. Es decir, le
faltaban 5 meses y 12 días para que venciera el término previsto en el artículo 251 del
CPACA.
ii) En vista de que el 1.º de julio de 2020 se levantó la precitada suspensión, el
plazo faltante transcurrió desde el día siguiente, esto es el 2 de julio de la referida
anualidad y hasta el 14 de diciembre de 2020 (nueva fecha límite para presentar el
medio de impugnación).
iii) Por lo tanto, y en razón a que el señor Peña Sánchez interpuso el recurso
extraordinario de revisión de la referencia el 28 de octubre de 2020, este se encuentra
en tiempo.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, del 15
de agosto de 2019, está incursa en la causal de revisión del numeral 5.° del artículo 250
del CPACA que establece «5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia
contraria a derecho»;10 por tal razón, su procedencia se limita a las causales
taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera
restrictiva.
En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo consideró
la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un detallado análisis
jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En dicha sentencia se
expuso lo siguiente:
Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como una
excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas,
para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro
que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto
en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las sentencias
ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las
cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión
y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de
revisión tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de
Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión existente en la
jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como se dirige contra
sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las características de la
cosa juzgada: la inmutabilidad.
[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo
civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando
esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada. (...) [Negrillas y cursivas del original]
10 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo
de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza
y alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia del antiguo
Código Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante,
la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la
constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su
utilización, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la
sentencia recurrida, con el fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva
sentencia. Así lo señalaba en la siguiente providencia de 2005:
Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se
abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y
sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo
con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisión ajustada a la
ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acción
impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo
no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme
cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden
hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.11
En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último
criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de
3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:
[…] el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese
a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la
que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y
procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el legislador en la
jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe
interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros
términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia,
a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.12
Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248
y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos».13 El plazo
para su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia
objeto de impugnación,14 y debe reunir los requisitos fijados en el artículo 252 ejusdem,
con indicación precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer.
Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca
el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter
procedimental.15 En sentencia de 8 de mayo de 2019,16 esta corporación, respecto de
los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para
que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.
12 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de
febrero de 2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
13 Artículo 249 CPACA.
14 Artículo 251 CPACA.
15 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión,
conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser
eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que
involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de
nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron
el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la
violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo
que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una
parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede
únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y
recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto
por el CPACA de manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su
objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas
periódicas que han sido reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con
la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni
para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del
proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
2.4.2. Causal de revisión 5ª del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[…] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]
Según el anterior precepto jurídico, para dar por probada la causal es necesario e
inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes dos elementos: i) que
exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin
al proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.
En relación con el primer elemento, la nulidad originada en la sentencia, esta
corporación ha señalado que, en los aspectos no regulados por el CPACA, resultan
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del CPC o del CGP, según
la vigencia de dichas disposiciones respecto del proceso que se tramita.
Ahora bien, el Consejo de Estado, a través de una de sus salas especiales de
decisión,17 adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y a la legalidad de las
nulidades, según la cual, las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en
el estatuto procesal civil, hoy artículo 133 del Código General del Proceso, así como
aquellas que se originan en la sentencia por violación al debido proceso que consagra
el artículo 29 de la Constitución Política.
En el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia del
CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de este último
cuerpo legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en atención
a la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,18 la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta corporación, mediante sentencia del 8 de mayo de
2018,19 consideró que la nulidad (necesaria para la revisión) no se restringe a las
causales que contempla el ordenamiento procesal civil, ya que puede generarse por
violación del derecho al debido proceso y, por lo tanto, cabe aplicar el artículo 29 de la
Constitución Política. En este último evento, «corresponderá al juez determinar si el
hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en
comento».20
Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso administrativa ha identificado ciertos supuestos,21 todos ellos recogidos en
la sentencia del 31 de mayo de 2011,22 como pasa a exponerse:
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión;
sentencia del 3 de febrero de 2015; radicado: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV).
18 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado:
1998-00153-01(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
20 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Revisión; sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 2016-
02260-00; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239
y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV- 2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad.
2006-00123.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00,
M.P. Mauricio Torres Cuervo.
12
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción
o competencia23, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta24,
vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión25 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación26.
Finalmente, en lo que respecta a la indebida aplicación o interpretación de las normas
(cual es uno de los fundamentos del presente recurso de revisión), cabe señalar que ni
el CPACA ni el CGP prevén este supuesto como una de las causales de nulidad de las
sentencias, por lo que, en principio, no cabría analizar la configuración de una causal
por tal motivo. Así lo consideró esta corporación en sentencia del 22 de noviembre de
2017,27 donde, sobre el particular, indicó lo siguiente:
[…] no es posible plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no
aplicación de una norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación, ya que todas
estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de la causal invocada, como ocurre en
el presente caso, en donde la parte recurrente funda su inconformidad en la indebida
aplicación de una disposición normativa.
Ahora, cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», exige que
el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere el fallo, bien
sea por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de
esa actuación. Por lo tanto, no es posible, entonces, alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra
sometida a las reglas de oportunidad y legitimación prevista en el artículo 134 del
Código General del Proceso.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad.
REV-093.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-
00170.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1.° de junio de 2005, Rad.
REV-062.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de noviembre de 2017; Rad:
500013331006200700187 01 (47.218); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
En este caso, siendo evidente que el recurso extraordinario se dirige contra «la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»,
corresponde a la Sala examinar la causal de nulidad procesal alegada.
2.4.3. Configuración de la causal de nulidad
De acuerdo con la interpretación realizada por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación en reiteradas decisiones, la sola lectura del numeral
5.° del artículo 250 del CPACA, permite inferir que para que proceda la revisión bajo esta
causal es necesario que se cumplan las siguientes circunstancias: 28
[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se
realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla
de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó
equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al
ámbito de la aludida causal.
La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un
evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas
conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su
reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión.29
Bajo tales lineamientos, para resolver la revisión extraordinaria de una sentencia, con
fundamento en la causal 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, deben observarse las causales previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso.30
28 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de 22 de noviembre de 2017; radicado: 2007-00187-01; C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
29 Sentencia citada por la Sección Terceda del Consejo de Estado en fallo de 12 de febrero de 2014; radicado
2009-00301-01; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En igual sentido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 2004-00729, de 24
de agosto de 2008, se refirió a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia, a saber:
«También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en un
proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión,
o si se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte. En idéntico sentido, se ha dicho que hay
nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se reforma la sentencia, igualmente cuando
se dicta por un número de magistrados menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se
dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar
cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o
cualquier incongruencia, tienen entidad suficiente para invalidar la sentencia.»
30 «Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando
el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las
causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad
debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar
o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6.
Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
14
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Si bien es cierto que los mencionados criterios vienen recogidos de manera expresa
por el Código General del Proceso, también lo es que estos forman parte de la
jurisprudencia de esta corporación, y en la actualidad siguen vigentes en los múltiples
pronunciamientos que se resuelven en revisión.31
Ahora, cuando el precepto se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», lo que
exige es que la irregularidad se configure en el preciso momento en que se profiere la
decisión. En ese sentido se pronunció esta corporación en sentencia de 2 de marzo de
2010:32
Cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia» exige que el vicio se
configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por
desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa
actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de
revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una
sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada.
Conforme a ello, considera la Sala que no será posible alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia. 33
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se
advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.»
31 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia del 26 de mayo de 2010, radicado: 2001-01504 (35221).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, REV: 11001-
03-15-000-2001-00091-01.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, REV: 11001-
03-15-000-2009-00050-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo
de 1998, Rev-93 y 13 de abril de 2004, Rev-132.
«No se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación
de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso
equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de verificar que se atiendan las reglas procesales
propias de la sentencia que de incumplirse vician su validez.
Entonces, resulta claro para la Sala que el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo condicionó la prosperidad de la causal 5ª de revisión extraordinaria a que la nulidad
alegada hallara su génesis en la sentencia que puso fin al proceso, lo cual, adicionalmente encuentra sustento
en lo dispuesto por el artículo 134 del Código General de Proceso, según el cual las nulidades pueden alegarse
durante una actuación posterior a la sentencia cuando tales nulidades «ocurrieron en ella». (Resaltado fuera
del texto)
15
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación ha aceptado la posibilidad
de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en
momento anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser
advertida por el recurrente durante el curso del proceso:34
Así las cosas y como quiera que el proceso se adelantó con omisión del cumplimiento de la
exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo,
y aunque el vicio es anterior a la sentencia, según el 140 numeral 9º del Código de
Procedimiento Civil, como tal situación genera la nulidad de todo el proceso, forzoso es
concluir que se afecta la totalidad de las actuaciones surtidas, incluida la sentencia de
segunda instancia, con lo cual se configura la causal de revisión prevista en el numeral 6º
del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, que se invocó como sustento del
recurso extraordinario. En efecto, el vicio aducido por el recurrente y probado en el caso
concreto es de naturaleza sustantiva porque afecta directamente el debido proceso y los
derechos de acceso a la justicia y de defensa del titular del derecho y se decretará con
fundamento en la causal procesal de nulidad definida en la citada norma del Código de
Procedimiento Civil, ya que como se indicó, es insubsanable y afecta todo el proceso y por
tanto éste debe renovarse en su integridad.
En definitiva, esta causal no puede alegarse con fundamento en situaciones que
tengan relación con la deficiencia en la motivación, con la estimación errada de
los hechos por parte del juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con
la falta de consideración de algunas pruebas; pues, si se admiten esta clase de
reclamaciones, se desconoce el carácter extraordinario del recurso, en tanto que con
ello se convertiría en otra instancia.35
2.4.4. El principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar
en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. […]
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de abril de 2004, REV: 00132.
35 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Sobre el particular, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 2018,36 precisó lo siguiente:
(…) Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia, según el
cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y lo que constituye
la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino además, a
los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en tratándose
de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es menester
señalar que el quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo que contenga el
concepto de violación, constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo
si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no
puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”37
(Negrilla fuera del texto).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso después de haberse
presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar en la etapa de alegatos de
conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no se ha
pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en los casos
autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de familia y de protección
de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las peticiones
concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional, solicitando del mismo una
actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión acota el contenido del proceso, fija
sus límites concretos, condiciona su tramitación y resultado y delimita el ámbito en el que
necesariamente ha de moverse el juzgador” (…).
De acuerdo con lo anterior, se colige que el principio de congruencia es entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas
aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita,38 como regla general.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado:
250002341000201300911-01.
37 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
17
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
En función de ello, el mencionado principio tiene dos connotaciones: i) una externa,
cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes; y ii) otra
interna, por haber coherencia entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en
la parte motiva de la providencia.39 Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:
(…) El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido
en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que inexorablemente debe darse
entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el
recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar
tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no
de las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios
(…).40
En definitiva, bajo el principio de congruencia, la disconformidad de las partes con la
decisión no debe confundirse con la falta de armonía sustancial entre la parte motiva y
la dispositiva del fallo. La primera puede deberse simplemente a una diferencia de
opinión, mientras que la segunda implica una falla lógica en la decisión (incongruencia)
que requiere ser corregida.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es preciso señalar que el
recurrente alega que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en la causal del
numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, pues, en su concepto, desconoció normas de
rango superior, como el artículo 29 constitucional, y de carácter legal, como el artículo
320 del Código General del Proceso.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
18
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
En ese orden, funda su inconformidad en la presunta configuración de una falta de
congruencia entre el recurso de apelación y la decisión de primera instancia emitida por
el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil el 10 de agosto de 2018.
Lo anterior, conllevó a que, afirma, el Tribunal Administrativo de Santander, realizara
un análisis de fondo de los argumentos presentados por el FOMAG, entidad apelante en
aquella oportunidad y en ese orden, de manera incorrecta revocara la decisión de
primera instancia luego de aceptar aquellos motivos, sin percatarse que hubo
incongruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación y objeto del recurso de
apelación, ya que la parte demandada no satisfizo la finalidad sustancial del recurso y
no brindó un marco argumentativo que permita analizar las inconformidades con la
decisión. Esa actuación, a su juicio, supone la nulidad de la providencia del 15 de agosto
de 2019.
Como antes se indicó, para que haya lugar a la declaratoria de nulidad es necesario
que se invoque alguna de las causales del artículo 133 del CGP o cualquier otra
irregularidad que atente contra el derecho fundamental al debido proceso, cuyo origen,
en ambos casos, debe establecerse en el momento mismo en que se promulgó la
providencia o, excepcionalmente, antes, siempre que se pruebe que la nulidad no pudo
ser advertida durante el proceso.
Pues bien, en el sub lite esto ocurrió comoquiera que revisado el expediente de nulidad
y restablecimiento del derecho se advierte que el señor José Vicente Peña Sánchez
cuestionó la legalidad del acto administrativo ficto o presunto producto del silencio
administrativo negativo ante la petición de reliquidación de su pensión de jubilación,
como consecuencia de la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en
el último año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional. A título de
restablecimiento, pretendió, entre otras cosas, la reliquidación de su pensión vitalicia de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en el año anterior
a la causación del derecho, es decir, entre el 3 de enero 2001 y el 2 de enero de 2002
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
y el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, en los
términos del artículo 192 del CPACA.41
En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil, mediante sentencia
del 15 de agosto de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
entre otras cosas, en el sentido de a. declarar la nulidad del acto administrativo ficto
originado en la petición presentada el 11 de agosto de 2014; b. condenar a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reliquidar la pensión de jubilación del señor José Vicente Peña Sánchez, en el
equivalente al 75 % del salario promedio más los factores tenidos en cuenta en sede
administrativa, incluyendo además la prima de navidad; y c. ordenar a la entidad
demandada pagar «las diferencias causadas a favor de los demandantes (sic),
efectuando de manera indexada los respectivos descuentos de los aportes que no
hayan sido descontados en su debida oportunidad y en la proporción correspondiente,
además por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que haya
lugar».
El juzgado fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:42
[…] El Juzgado reitera y asume el criterio que ha adoptado el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo,43 y es así como, de lo anterior, se colige que el listado de
factores salariales arriba enunciados no tiene un carácter taxativo sino enunciativo, pues
debe partirse de la base del concepto de salario consistente en toda retribución percibida por
el empleado de manera habitual y periódica como retribución directa por sus servicios
prestados, lo cual implica necesariamente que la asignación básica mensual no sea el único
factor a tener en cuenta para efectos de liquidar la pensión.
Así mismo, el hecho que el empleador no hubiera efectuado los descuentos correspondientes
respecto de la totalidad de factores salariales percibidos por el demandante, no es razón
suficiente para denegar su inclusión al momento de liquidar la pensión, pues es claro que es
una de sus obligaciones descontar el porcentaje de los aportes que según la Ley conforman
el salario del trabajador, de tal manera que al acceder a las pretensiones de la demanda de
la referencia se ordenará a la accionada descontar de las mesadas correspondientes los
aportes no realizados por el demandante para efectos de la cotización de la pensión de
jubilación, en aras de evitar un detrimento patrimonial para la entidad empleadora.
41 Conforme consta en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor José
Vicente Peña Sánchez, visible en el expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma
SAMAI.
42 Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma SAMAI.
43
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en sentencia de cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010) Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación número: 25000-
23-25-000-2006-07509- 01(0112-09)». Ibidem.
20
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
[…] De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se tiene que la señor JOSE
VICENTE PEÑA SANCHEZ, es docente nacional (FI.111) y una vez adquirió los requisitos
de ley, al entidad demandada le reconoció una pensión vitalicia de jubilación a partir del 2 de
enero de 2002, mediante la Resolución No. 1188 del 28 de junio de 2002 (Fls. 16-18 del
expediente) y la misma fue reliquidada a través de Resolución 1390 de 03 de septiembre de
2012 (FI.67-68).
En el referido acto, para efectos de la liquidación de la pensión del accionante, sólo se tuvo
en cuenta el promedio de asignación básica mensual, prima de alimentación o alojamiento y
la prima vacacional. No obstante, teniendo en cuenta la certificación, visible a folio 111 del
plenario, el demandante devengó en el último año de servicios, además de los anteriores
factores ya reconocidos, percibió el siguiente factor: prima de navidad; el cual constituye
factor salarial, que debió tenerse en cuenta al ser una suma percibida por el demandante de
manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios. (Resaltado y
subrayado originales del texto). […]
Inconforme con el fallo de primera instancia, la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, formuló recurso de apelación
en el sentido de solicitar la revocatoria de la decisión emitida por el a quo, bajo los
siguientes argumentos:44
1. Dentro del referido proceso se han surtido todas las actuaciones procedentes hasta el
momento.
2. La parte demandante en su escrito de demanda asegura tener derecho a una sanción
moratoria por pago tardío, la cual no le asiste el derecho, tal y como es evidencio en los
mismo hechos parte de su demanda, confunde el tiempo de reconocimiento con el tiempo
de pago, y no tiene en cuenta que la disponibilidad del pago está sujeto a factores de
orden presupuestal y cronológico.
3. No es el ha vulnerado su derecho la reconocimiento de dicha prestación, por ol cual on
hay una afectación a sus derechos fundamentales.
4. Además hay falta de legitimación por pasiva ya que se la entidad territorial la encargada
de este trámite, por motivo de la descentralización administrativa.
5. Imponer una condena a la cual no hay lugar afectaría el presupuesto y las apropiaciones
hechas para diferentes fines, todos con miras al desarrollo social.
Así, en el escrito de alzada el FOMAG solicitó se declarara su falta de competencia y
también la del Ministerio de Educación, para expedir el acto administrativo censurado,
en su concepto, en atención al procedimiento fijado en los Decretos 2831 de 2005 y
1075 de 2015.
Por su parte, adujo que lo siguiente:45
[E]l acto administrativo demandado no fue expedido por la entidad demandada, como quiera
que tanto el reconocimiento de la prestación como la negación de inclusión de factores
salariales se realizó por parte de la secretaría de educación y no contiene la manifestación
de la voluntad de la entidad demandada NACION- MINISTERIO ED EDUCACIÓN- FONDO
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Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma SAMAI .
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Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma SAMAI .
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Debe tenerse en cuenta
que el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO es una
cuenta especial de la NACIÓN sin personería jurídica que consiste en un patrimonio
autónomo cuyos recursos están destinados a atender las prestaciones que los entes
territoriales reconozcan a su planta de docentes, por lo tanto, el reconocimiento de la
prestación no está a cargo de la entidad demandada.
[…]
En el caso que nos ocupa, el acto administrativo que le reconoció al prestación al docente
por concepto de la cesantía, expresamente señalo en su parte resolutiva que " el valor
reconocido será cancelado cuando exista disponibilidad presupuestal para tal fin y
corresponderá el turno de atención de la solicitud de acuerdo con la destinación de la
prestación", igualmente en la parte considerativa del acto administrativo se señaló que el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio no cuenta con los recursos
suficientes para el pago de todas las cesantías parciales que se encuentran en trámite. Lo
anterior en concordancia CON LE ARTICULO 14 ED LA LEY 34 DE 1996, QUE
ESTABLECIÓ QUE "LAS CESANTÍAS PARCIALES O ANTICIPOS DE CESANTÍAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS, SOLO PODRÁN RECONOCERSE, LIQUIDARSE Y PAGARSE
CUANDO EXISTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LE EFECTO".
El mismo artículo 14 de la ley 34 de 1996, establece que en los presupuestos públicos
anuales podrán incluirse apropiaciones legales para el pago de cesantías parciales o anticipo
de cesantías, y para reducir el rezago existente respecto del monto de solicitudes, lo cual se
acomoda a las prescripciones constitucionales, pues no solamente permite la adecuación de
conductas administrativas en materias de preparación del presupuesto a las perentorias
reglas del artículo 53 de la constitución, y sirve a los fines de satisfacer los derechos de los
trabajadores, sino que desarrolla a cabalidad los principios de igualdad, eficiencia, economía
y celeridad que rigen la función administrativa, según el artículo 209 de la C.P.
[…] Al respecto, como ya se explicó, el procedimiento estipulado en las normas precitadas
no depende únicamente de la entidad demandada NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
pues en dicho procedimiento concurre igualmente la Secretaria de Educación del ente
territorial certificado a cuya planta pertenece el docente, en cuanto es a quien le corresponde
elaborar el proyecto de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones y suscribir el
acto administrativo definitivo, y por otra parte, le corresponde a la sociedad fiduciaria
encargada de la administración de los recursos del fondo, emitir aprobación del proyecto de
acto administrativo y efectuar el pago respectivo de la prestación una vez reciba la copia del
acto administrativo definitivo de reconocimiento, siendo que para el caso concreto, ni siquiera
es posible determinar, en gracia de discusión, cuál de las entidades involucradas en el
procedimiento referenciado fue al que incurrió en mora respecto a los términos fijados en el
Decreto 2831 de 2005, siendo este un argumento adicional para fundamentar al
inaplicabilidad de la Ley 244 de 1995 para el caso de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de segunda
instancia el 15 de agosto de 2019, en el sentido de revocar la decisión de primera
instancia y en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto,
circunscribió el problema jurídico a determinar si «[l]as pensiones de los docentes
oficiales vinculados al servicio antes del 26.06.2003, que como tal son beneficiarios del
régimen pensional de la Ley 33 de 1985, deben liquidarse con la inclusión de conceptos
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
que no están enlistados en el art. 1 de la L.62/85, y sobre los cuales se realizaron
cotizaciones al sistema pensional.»46
En ese orden, el tribunal, en atención a la sentencia de unificación del SUJ-014-CE-S2
-2019 del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda de esta corporación,47
concluyó que la liquidación pensional debía atender los criterios fijados en torno a la
forma de determinación del IBL, aunado al hecho de que debían incluirse sólo los
factores descritos en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 o aquellos sobre los que se
hubieren efectuado las respectivas cotizaciones; donde no se encontraba contemplado
el emolumento de la prima de navidad.
Bajo ese panorama, la Sala observa que el tribunal al analizar el recurso de apelación
interpuesto por el FOMAG, transgredió el derecho al debido proceso por virtud de la
inobservancia al principio de congruencia, pues aquel escrito estuvo orientado a
cuestionar dos aspectos, por un lado, la falta de competencia de dicha entidad y del
Ministerio de Educación para expedir el acto administrativo reprochado, pues enfatizó
en que de conformidad con el Decreto 1075 de 2015, corresponde a los entes
territoriales reconocer prestaciones a su planta de docentes; y por el otro, el pago de
cesantías parciales o anticipo de cesantías y la existencia de disponibilidad
presupuestal para tal fin.
Dicho en otras palabras, si bien el tribunal concluyó que la liquidación pensional debía
incluir los factores descritos en la ley o aquellos sobre los que se hubieren efectuado
las respectivas cotizaciones, lo cierto es que desconoció el principio de congruencia,
esto es, se excedieron las competencias que le asisten al juez de segunda instancia,
comoquiera que no analizó los razonamientos descritos en el recurso de apelación;
máxime cuando se advierte que en el recurso de alzada presentado por el FOMAG, no
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Expediente digital del proceso ordinario obrante a índice 8 de la plataforma SAMAI .
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019, radicado 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
se reprochó la inclusión del factor de la prima de navidad ordenado por el Juzgado
Tercero Administrativo de San Gil, aunado a que se expusieron argumentos relativos a
la figura de sanción moratoria los cuales no guardaban relación con las pretensiones
de la demanda, con lo probado en el proceso, ni con lo ordenado por el juez de primera
instancia. Así las cosas, la Sala advierte que el demandante se vio sorprendido con la
sentencia de segunda instancia.
Se recuerda que la congruencia, vista en el contexto de la competencia del fallador de
segunda instancia, al resolver la apelación con apelante único, implica entonces la
posibilidad de emitir o no pronunciamiento en relación con aspectos no planteados
directa o expresamente en el recurso de alzada. Al respecto, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en providencia del 28 de marzo de 2019,48 recordó
que:
La Sala, mediante providencia del 6 de abril de 2018, unificó su jurisprudencia en relación
con el alcance del recurso de apelación y buscó salvaguardar el principio de congruencia,
pues limitó la competencia del juez de segunda instancia a los aspectos que señale
expresamente el recurrente o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso,
siempre que favorezcan al apelante único; de manera que, si se apela un aspecto global de
la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el
apelante único, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito.
De acuerdo con ello, la congruencia en la decisión que resuelve la alzada comporta la
posibilidad del ad quem de pronunciarse sobre las razones expresamente consignadas
en la apelación; sin embargo, también sobre aspectos consustanciales a aquellas, sin
perjuicio de las cuestiones que de oficio se deban dirimir para producir un fallo que sea
justo y en pleno derecho.
En este punto, cabe agregar que la acusación por falta de congruencia en una sentencia
judicial es exigente, pues la disonancia entre los elementos constitutivos de la
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
radicado 68001-23-31-000- 2000-02556-01(61683), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
congruencia debe ser de tal entidad que sea muy evidente. Así lo señaló el Consejo de
Estado en sentencia del 13 de octubre de 2020,49 en la que se precisó lo siguiente:
La falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de nulidad de la
sentencia, que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado. Es importante
poner de presente que, normativamente este principio estaba previsto en el artículo 170 del
CCA y no de forma expresa en el CPACA. (...) El principio de congruencia se desprende del
artículo 281 del CGP y del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho fundamental
al debido proceso. (...) En ese sentido, la incongruencia genera la nulidad de la sentencia
cuando esta trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo
del proceso. Por esta razón, no cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o
interna estructura la causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo
debatido y lo probado sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso.
Resumiendo, hubo nulidad generada en la sentencia objeto del recurso
extraordinario, comoquiera que el tribunal obró con violación del debido proceso
por falta a la congruencia externa. Por lo expuesto, le asiste razón al recurrente
cuando afirma que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció el principio de
congruencia y el derecho al debido proceso.
En consecuencia, en el presente asunto se encuentra configurada la causal prevista
por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, razón por la cual el recurso extraordinario
de revisión habrá de ser declarado fundado y en ese orden, se declarará la nulidad de
la sentencia emitida el 15 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Santander. Por lo tanto, en atención al artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021,50 se impone devolver el proceso a la autoridad judicial de
origen para que dicte sentencia de nuevo.
49 C.P. Alberto Montaña Plata, Radicado 11001-03-15-000-2019-00119-00.
50 ARTÍCULO 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de
este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la
que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios,
frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba
para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio
lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o
dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
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Demandante: José Vicente Peña Sánchez
3. De la condena en costas
De acuerdo con el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021, el cual establece que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente», la Sala no condenará en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos jurídicamente al que ahora
es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que los argumentos
esbozados por el recurrente para invocar el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, se adecuan a las causales señaladas en dicha normativa, comoquiera que el
Tribunal Administrativo de Santander obró con violación del debido proceso por
falta a la congruencia externa, razón por la cual se impone declarar fundado el
presente recurso extraordinario de revisión.
Por lo tanto, en atención al artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, se impone a. declarar la nulidad de la sentencia del 15 de agosto de
2019, emitida por el referido tribunal; y b. devolver el proceso a la autoridad judicial
de origen para que dicte sentencia de nuevo. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la
causal 5ª del artículo 250 del CPACA, el señor José Vicente Peña Sánchez, presentó
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, del 15 de agosto de 2019,
por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00049-00 (0142-2021)
Demandante: José Vicente Peña Sánchez
Segundo. Declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, del 15 de agosto de 2019, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de este proveído.
Tercero. Devolver el expediente del proceso ordinario con radicado 686793333003
2017 00267 01, al tribunal de origen para que dicte sentencia de nuevo.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. Una vez en firme esta providencia, archivar el recurso extraordinario de
revisión, previas las anotaciones en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SBZ
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