Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-02556-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2019 › Radicado 68001-23-31-000-2000-02556-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: no condena. Daño causado por la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2000-02556-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-31-000-2000-02556-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
28 de marzo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condena. Daño causado por la administración de justicia / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Delito de rebelión / TIPO DE PRIVACIÓN O RESTRICCIÓN - Detención administrativa / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Fiscalía se abstuvo de imponerla / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - El sindicado no cometió el delito / FALLA DEL SERVICIO / CAPTURA ILEGAL
[S]e probó que el señor John Jairo Hurtado Orozco fue capturado el 2 de febrero de 1997, a las afueras de un centro hospitalario, por miembros del Ejército Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación el día siguiente, junto con un informe de inteligencia en el que se le sindicó de pertenecer a un grupo armado al margen de la ley. Adicionalmente, se acreditó que, con sustento en el referido informe de inteligencia, al señor Hurtado Orozco se le vinculó a una actuación penal por el delito de rebelión y que permaneció privado de su libertad hasta el 21 de febrero de 1997, cuando el funcionario instructor resolvió su situación jurídica en el sentido de no imponerle medida de aseguramiento. Asimismo, se probó que la actuación penal finalizó con preclusión a su favor, dado que no existían pruebas que lo relacionaran con el delito investigado. (…) A juicio de los demandantes, a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional le asiste responsabilidad por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco, de una parte, porque la captura fue ilegal y, de otra, dado que rindió el informe de inteligencia que constituyó el sustento para que la Fiscalía General de la Nación lo vinculara a la respectiva actuación penal.
DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Competencia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Fundamento normativo / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00(34985), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Procedencia / NORMATIVIDAD DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”. En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 16
ACUERDO CONCILIATORIO - Celebrado entre la parte actora y la Fiscalía General de la Nación / COSA JUZGADA MATERIAL - Por acuerdo sobre el 50% de la condena
Toda vez que en el caso sub examine se logró un acuerdo conciliatorio respecto del 50% de la condena impuesta, para la Sala no cabe duda de que la Nación-Fiscalía General de la Nación asumió dicho porcentaje y que la parte demandante admitió el reconocimiento de esa fracción, renunciando expresamente a la solidaridad. Así las cosas, la Sala precisa que respecto del aludido acuerdo conciliatorio celebrado operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material -artículo 66 de la Ley 446 de 1998-.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 66
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA - Imputación efectuada en contra el Ministerio de Defensa Ejército Nacional
La Sala, mediante providencia del 6 de abril de 2018, unificó su jurisprudencia en relación con el alcance del recurso de apelación y buscó salvaguardar el principio de congruencia, pues limitó la competencia del juez de segunda instancia a los aspectos que señale expresamente el recurrente o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso, siempre que favorezcan al apelante único; de manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito. Así las cosas, dado que respecto de la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación operó la cosa juzgada y que la parte actora renunció expresamente a la solidaridad, la Subsección únicamente analizará la imputación efectuada en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, consultar providencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Ejercicio oportuno
En relación con las acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. (…)En ese orden de ideas, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2000, se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación en favor del señor John Jairo Hurtado Orozco. NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
CAPTURA - Eventos en los que procede / DETENCIÓN ADMINISTRATIVA / ESTADO DE FLAGRANCIA
En vigencia del Decreto 2700 de 1991 procedía la captura por orden escrita de autoridad judicial competente, cuando era públicamente requerida o sin previa orden judicial, en las situaciones de detención administrativa y en los estados de flagrancia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 372
CLASES DE CAPTURA - Flagrancia / CONFIGURACIÓN DE LA FLAGRANCIA - Presupuestos
[L]a Subsección precisa que la flagrancia se refiere a aquellas situaciones en las que una persona es sorprendida y capturada al momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los que se deduzca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito. En ese sentido, para que se configure resulta necesario que la persona sea sorprendida en la comisión del hecho, dado que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia, “en todos los eventos el sorprendimiento de la persona está inescindiblemente ligado a la captura y en cada uno de ellos se establece una diferencia temporal de menor a mayor, en todo caso limitada por una determinada inmediatez a la comisión del delito y a la posibilidad de predicar la identificación y consecuente autoría del aprehendido”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los requisitos para la configuración de la flagrancia, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 30 de noviembre de 2006, Exp. 25135.
DETENCIÓN ADMINISTRATIVA - Eventos de procedencia / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
[L]a Sala advierte que, para la época de ocurrencia de los hechos, procedía la detención administrativa, en los términos precisados por la Corte Constitucional mediante sentencia C-024 de 1994, siempre que: i) se fundara en situaciones objetivas que permitieran concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona estaba vinculada a actividades criminales; ii) se diera en situaciones de apremio en las que no podía exigirse orden judicial; iii) su finalidad fuera verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) no transcurrieran más de 36 horas y v) resultara proporcional. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad del Estado por detención administrativa, consultar providencias de 23 de marzo de 2017, Exp. 38979, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y 13 de mayo de 2017, Exp. 47338, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL - Existente / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAPTURA ILEGAL / FALLA DEL SERVICIO - Detención administrativa sin cumplimiento de los requisitos legales / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Participación de la entidad en los daños censurados / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Fraccionamiento conforme a la partición de la entidad estatal
[L]a captura del señor Hurtado Orozco se produjo con clara violación de garantías fundamentales, dado que no existía orden de captura proferida por autoridad competente ni se daban los presupuestos para la flagrancia o la detención administrativa, aunado a que no se le informó, en oportunidad, de los motivos de su aprehensión y de los derechos que le asistían. Así las cosas, la Sala encuentra que el señor John Jairo Hurtado Orozco no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal con ocasión de su captura, de ahí que el daño a él irrogado se torne en antijurídico por la falla en el servicio presentada y, por ende, nazca la correlativa obligación de reparar, la cual, como acaba de verse, le resulta atribuible al Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. (…) [L]a Subsección precisa que a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional únicamente le resulta imputable responsabilidad por los perjuicios irrogados a la parte actora con la captura arbitraria e ilegal, sin que le resulten atribuibles los causados luego de que puso a disposición del ente acusador al señor John Jairo Hurtado Orozco. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad del Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional; sin embargo, la Sala fraccionará la condena tomando en consideración, de una parte, la participación de dicha entidad en los daños irrogados a los demandantes y, de otra, que la parte actora renunció expresamente a la solidaridad con ocasión de acuerdo conciliatorio que celebró con la Fiscalía General de la Nación.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Genera perjuicio moral / DAÑO MORAL - Se infiere del vínculo parental o marital
Con fundamento en las máximas de la experiencia, según la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Corporación, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.
PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Tasación / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Esta Sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un período igual e inferior a 1 mes resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV- tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente y de ii) 7,5 SMMLV para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención, verbigracia los hermanos. En ese sentido, el criterio jurisprudencial expuesto se fijó respecto de los eventos de “privación injusta de la libertad”, sin indicarse que sería aplicable en los casos en los que la restricción de esta garantía constitucional tiene una causa diferente, lo que no obsta para que la Sala tome en consideración los referidos parámetros indemnizatorios, en cuanto, para el efecto, el juez, en ejercicio del arbitrio iudicis y con fundamento en los principios de equidad y justicia, debe adoptar una decisión que resulte consecuente con asuntos en los que el daño antijurídico causado reviste la misma gravedad, por tratarse de una idéntica situación material. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios jurisprudenciales para tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
LUCRO CESANTE - Perjuicios indemnizables / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
De conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección, el perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido por el daño, no es susceptible de reparación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los perjuicios materiales a indemnizar, consultar providencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 12 de febrero de 2014, Exp. 31583, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de 29 de mayo de 2014, Exp. 35930, C.P. Hernán Andrade Rincón.
LUCRO CESANTE - Eventos de liquidación con el smlmv / PRESUNCIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS / PRESTACIONES SOCIALES - Improcedente a trabajador independiente / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
[A]l revisar el expediente, es posible concluir, en los términos que lo hizo el a quo, que para cuando el señor John Jairo Hurtado Orozco fue privado de su libertad, se encontraba en edad productiva y recibía ingresos como “músico profesional”, de ahí que resulte procedente acceder a la reparación de esta tipología de perjuicio. Asimismo, en cuanto no se probó el monto al que ascendían sus ingresos, resultó acertado acudir al criterio jurisprudencial según la cual una persona devenga, al menos, un salario mínimo mensual. No obstante lo anterior, tal como lo ha señalado esta Sección, en consideración a que no se probó la condición de trabajador dependiente de señor John Jairo Hurtado Orozco no resultaba procedente aumentar el salario base de liquidación en un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales. Así las cosas, para efectos de establecer el monto que debe ser asumido por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la Sala efectuará la liquidación tomando en consideración el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia y el período por el cual estuvo privado de la libertad, es decir, 20 días. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho o reconocimiento de prestaciones sociales, consultar providencias de 3 de agosto de 2017, Exp. 51017, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 17 de agosto de 2017, Exp. 49850, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 68001-23-31-000-2000-02556-01(61683)
Actor: JOHN JAIRO HURTADO OROZCO Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ACUERDO CONCILIATORIO – celebrado entre la parte actora y la Nación – Fiscalía General de la Nación / COSA JUZGADA – Por acuerdo conciliatorio por el 50% de la condena / FALLA DEL SERVICIO DEL EJÉRCITO NACIONAL – DETENCIÓN ILEGAL – la captura no se produjo en cumplimiento de una orden judicial, flagrancia o detención administrativa y no se le informó al capturado de manera inmediata sobre los motivos de la misma y los derechos que le asistían
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación presentado por la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en contra de la sentencia proferida, el 19 de marzo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se trascribe de manera literal, incluidos posibles errores de forma):
“PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solidaria, administrativa y extracontractualmente responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación de la libertad del señor JOHN JAIRO HURTADO OROZCO, por las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.
“SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes cantidades:
NOMBRE
CALIDAD EN LA QUE COMPARECEN
REGISTRO CIVIL
PODER
Indemnización en S.M.L.M.V.
JOHN JAIRO HURTADO OROZCO
Víctima directa
de matrimonio fl. 32
Fol. 36
15 SMLMV
MARÍA EUGENIA GARCÍA ECHEVERRI
Esposa de la víctima
de matrimonio fl. 32
Fl. 36
15 SMLMV
JORGE MARIO HURTADO GARCÍA
Hijo de la víctima
Fl. 33
Fl. 35
15 SMLMV
DIEGO MAURICIO HURTADO GARCÍA
Hijo de la víctima
Fl. 34
Representado por sus padres por ser menor de edad
15 SMLMV
“Las anteriores sumas se cancelaran en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia.
“TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en forma solidaria a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de LUCRO CESANTE al señor JOHN JAIRO HURTADO OROZCO en su condición de víctima, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($539.210,69).
“CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en esta sentencia.
“QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ser canceladas en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
“SEXTO: DÉSELE cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para tal efecto, una vez ejecutoriada, entréguese copia de esta decisión a las partes y al Ministerio Público. A la parte actora por conducto de su apoderado, con la constancia de ser la primera copia de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 del C. de P.C.
“SÉPTIMO: Sin condena en costas.
“OCTAVO: Una vez en firme esta providencia, ARCHIVAR las diligencias precias las anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
El 4 de agosto de 2000, los señores John Jairo Hurtado Orozco y María Eugenia García Echeverry, actuando en nombre propio y en representación del menor (para esa época) Diego Mauricio Hurtado García, así como Jorge Mario Hurtado García, actuando en nombre propio, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación–Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les indemnizaran los perjuicios causados por la captura, privación de la libertad y vinculación a un proceso penal del primero de los mencionados por el delito de rebelión.
Como consecuencia de lo anterior, por perjuicios morales, los demandantes pidieron, para cada uno, 2.000 gramos oro.
Asimismo, el señor John Jairo Hurtado Orozco solicitó el pago de los salarios dejados de percibir entre el 2 y el 21 de febrero de 1997.
2. Los hechos
Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:
El 2 de febrero de 2007, miembros del Ejército Nacional capturaron al señor John Jairo Hurtado Orozco, en momentos en que salía de un centro hospitalario en donde era atendido por las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito, por el delito de rebelión, dado que aparecía relacionado en un informe de inteligencia como cabecilla de una organización guerrillera.
El 3 de febrero de 1997, la Fiscalía General de la Nación, con sustento en el informe de inteligencia aportado por el Ejército Nacional, dispuso la apertura de instrucción en contra del señor Hurtado Orozco por el delito de rebelión, de manera consecuente le recibió indagatoria.
El 21 de febrero de 1997, el funcionario instructor resolvió la situación jurídica del señor Hurtado Orozco, de una parte, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento y, de otra, ordenó su libertad inmediata.
El 12 de agosto de 1998, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario y precluyó la investigación en favor del procesado, en cuanto concluyó que no existían elementos probatorios que dieran cuenta de su responsabilidad por el delito investigado; la providencia fue confirmada, en sede de consulta, por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional.
A juicio de los demandantes, los daños irrogados le resultan atribuibles a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, dado que la captura del señor John Jairo Hurtado Orozco fue ilegal y, además, con sustento en un informe de inteligencia, se le vinculó injustamente a una actuación penal que finalizó con decisión de preclusión a su favor.
3. Trámite de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander admitió la demanda mediante providencia del 9 de agosto de 2001, decisión que se le notificó al Ministerio Público el 10 de agosto de 2001, a la Nación – Fiscalía General de la Nación, el 2 de abril de 2002 y a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el 29 de abril de 2002.
3.1. Contestación de la demanda
3.1.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda.
Señaló que, aun cuando fueron miembros de dicha institución quienes capturaron al señor Hurtado Orozco, no se podía desconocer que no le asistía responsabilidad por los supuestos perjuicios reclamados por los demandantes, dado que no se acreditó una falla en el servicio en ese procedimiento.
Adicionalmente, explicó que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, dado que su actuación se limitó a dejar al capturado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que dispuso su vinculación al proceso penal y le impuso las medidas restrictivas de su libertad.
3.1.2. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Indicó que actuó en cumplimento de la función que le fue asignada por el artículo 250 Constitucional, sin que se probara una actuación irregular que le resultara imputable, en consideración a que las decisiones proferidas dentro del proceso penal se sustentaron en la normativa aplicable y en las pruebas recaudadas en el plenario.
Señaló que la medida de aseguramiento de detención preventiva se impuso ante la evidencia de que para ese momento obraban, entre otros, una denuncia y un informe de inteligencia que daban cuenta de la probable responsabilidad del procesado en relación con el delito investigado.
Agregó que, en todo caso, se configuró el hecho de un tercero, causa extraña que la eximía de responsabilidad, toda vez que una denuncia y un informe de inteligencia aportado por el Ejército Nacional resultaron determinantes para la vinculación del ahora demandante a la actuación penal.
Finalmente, precisó, por un lado, que los perjuicios morales solicitados en la demanda resultaban desproporcionados y, por otro, que no se probaron los daños materiales.
3.2. Etapa probatoria
El Tribunal Administrativo de Santander, a través de providencia del 8 de julio de 2010, decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, por auto de 30 de enero de 2015, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
3.3. Alegatos de conclusión
3.3.1. La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional pidió negar las pretensiones de la demanda.
Reiteró las razones expuestas en la contestación de la demanda y por las cuales considera que no le asiste responsabilidad por los eventuales perjuicios irrogados a los demandantes.
3.3.2. La Nación- Fiscalía General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la demanda.
Insistió en que no se probó una actuación irregular que le resultara imputable, dado que adelantó el proceso penal y adoptó las medidas restrictivas de la libertad en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 250 Constitucional y, además, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 superior.
3.3.3. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de marzo de 2015, declaró patrimonialmente responsables a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco ocurrida entre el 2 y el 21 de febrero de 1997, con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión.
Lo anterior, en cuanto concluyó, de una parte, que el Ejército Nacional capturó al ciudadano y, además, aportó un informe de inteligencia que sustentó la vinculación a un proceso penal y, de otra, que la Fiscalía General de la Nación fue la entidad que impuso las medidas restrictivas de la libertad; en ese sentido señaló (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“(…) le es imputable la Responsabilidad a dichas entidades, puesto que en desarrollo de las atribuciones legales y constitucionales que le asistían en su momento, y en especial ésta última, que le impuso al señor JOHN JAIRO HURTADO OROZCO detención preventiva en establecimiento carcelario en las fechas antes citadas, en el curso de una investigación penal y con fundamento en indicios graves que determinó en que existían los presupuestos legales para tomar dicha decisión, y luego abstenerse de decretar medida de aseguramiento y posteriormente la preclusión de la investigación, evidenciándose deficiencias en las actuaciones adelantadas en la Nación – Ministerio de Defensa y Fiscalía General de la Nación”.
Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad por privación injusta de la libertad, el a quo condenó, solidariamente, a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación a pagar a cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, 15 SMLMV.
Adicionalmente, reconoció, a favor del señor John Jairo Hurtado Orozco, $539.210,69 por concepto de los ingresos que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, tomando como base de liquidación el salario mínimo vigente para la fecha de la sentencia, aumentado en un 25% por prestaciones sociales.
Finalmente, negó la indemnización pedida a título de daño emergente, toda vez que los actores no probaron el pago de honorarios al abogado que representó al señor Hurtado Orozco en la actuación penal.
5. Recursos de apelación
5.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación pidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Señaló que adelantó el proceso penal y adoptó las medidas restrictivas de la libertad en contra del demandante en acatamiento del mandato contenido en el artículo 250 Constitucional, sin que se probara una actuación irregular que le resultara atribuible.
5.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó revocar la sentencia, en cuanto declaró su responsabilidad, toda vez que no le asistía legitimación en la causa por pasiva.
Precisó que, aun cuando había capturado al señor Hurtado Orozco y, además, rendido un informe de inteligencia en el que se le sindicó de pertenecer a una organización guerrillera, dichas actuaciones no fueron irregulares y en modo alguno habían influido en la privación de su libertad, determinación que, en todo caso, fue adoptada, en ejercicio de atribuciones constitucionales y legales, por la Fiscalía General de la Nación.
6. Acuerdo conciliatorio
De conformidad con el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante proveído del 30 de abril de 2015, fijó fecha y hora para llevar a cabo audiencia de conciliación, dentro del proceso de la referencia.
La referida audiencia se llevó a cabo el 28 de julio de 2015 y, en ella, la Fiscalía General de la Nación y la parte actora llegaron a un acuerdo conciliatorio, en los siguientes términos (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“como apoderara de la Fiscalía General de la Nación manifiesto que el comité en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, determino proponer fórmula conciliatoria determinando el porcentaje del 70% del 50% del valor de la condena renunciado a la solidaridad. Excluyendo los perjuicios materiales por el concepto de lucro cesante el 25% de las prestaciones sociales como quiera que no fue solicitado en la demanda y tampoco se acreditó por el actor que para la fecha de los hechos tuvieron un vínculo laboral formal que le permitiera acreditar que devengaba prestaciones sociales, adicionalmente el reconocimiento generado en la sentencia objeto de conciliación surge a título indemnizatorio y no de reconocimiento de derechos laborales (…) A continuación se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante quien manifiesta: en nombre de mi poderdante acepto la propuesta de la Fiscalía como la presentó, en consecuencia de la solidaridad se rompe para que cada entidad responda con el 50% de la condena por la cual renunció expresamente a la solidaridad (…)” (se resalta).
Posteriormente, el Tribunal a quo, a través de providencia de 31 de julio de 2015, aprobó el referido acuerdo en cuanto “(…) se concilia sobre el 70% del 50% del valor total de la condena, renunciando a la solidaridad (…)” y declaró terminado el proceso en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación.
Adicionalmente, concedió el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
7. Trámite de segunda instancia
El recurso de apelación interpuesto por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se admitió por auto del 23 de agosto de 2018 y, mediante providencia del 16 de octubre de 2018, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
A la Sala, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de esta Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 01 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.
2. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el sub lite el debate versa sobre la privación de la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, para lo cual ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, por lo que, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
3. Acuerdo conciliatorio con la Fiscalía General de la Nación
Toda vez que en el caso sub examine se logró un acuerdo conciliatorio respecto del 50% de la condena impuesta, para la Sala no cabe duda de que la Nación-Fiscalía General de la Nación asumió dicho porcentaje y que la parte demandante admitió el reconocimiento de esa fracción, renunciando expresamente a la solidaridad.
Así las cosas, la Sala precisa que respecto del aludido acuerdo conciliatorio celebrado operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material -artículo 66 de la Ley 446 de 1998-
4. Alcance del recurso de apelación
La Sala, mediante providencia del 6 de abril de 2018, unificó su jurisprudencia en relación con el alcance del recurso de apelación y buscó salvaguardar el principio de congruencia, pues limitó la competencia del juez de segunda instancia a los aspectos que señale expresamente el recurrente o que se entiendan comprendidos dentro del marco del recurso, siempre que favorezcan al apelante único; de manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito.
Así las cosas, dado que respecto de la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación operó la cosa juzgada y que la parte actora renunció expresamente a la solidaridad, la Subsección únicamente analizará la imputación efectuada en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
En ese sentido, se precisa que, si bien el recurso de apelación está encaminado, en lo fundamental, a que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que esta comprende la declaratoria de responsabilidad y la estimación de los perjuicios efectuada por el Tribunal a quo, por lo que se entenderá que dichas determinaciones fueron objeto de cuestionamiento por parte de la mencionada entidad.
Además, la Sala, en uso de sus facultades oficiosas, analizará lo relacionado con la oportunidad en el ejercicio de la acción y la legitimación en la causa de los demandantes.
5. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, a la omisión, a la operación administrativa y a la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En relación con las acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el presente caso, los demandantes pretenden que se les reparen los perjuicios causados con restricción del derecho a la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco, razón por la cual el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción se analizará a partir de la regla expuesta.
Pues bien, la Fiscalía Regional de Cúcuta, mediante providencia del 12 de agosto de 1998, calificó el mérito de la investigación adelantada, entre otros, en contra del señor John Jairo Hurtado Orozco por el delito de rebelión, en el sentido de precluir la investigación, decisión confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, mediante providencia del 20 de noviembre de 1998.
En ese orden de ideas, como la demanda se presentó el 4 de agosto de 2000, se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad, es decir, dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación en favor del señor John Jairo Hurtado Orozco.
6. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
6.1. Legitimación en la causa de los demandantes
En el presente asunto, los señores John Jairo Hurtado Orozco, María Eugenia García Echeverry, Jorge Mario Hurtado García y Diego Mauricio Hurtado García corresponden a los demandantes en este asunto, en cuanto fueron las personas que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En relación con la legitimación material, encuentra la Sala que, de conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, está demostrado que el señor John Jairo Hurtado Orozco fue la persona a la que se le restringió el derecho a la libertad, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta jurisdicción, en este caso, como afectado directo.
Asimismo, se encuentra probada la legitimación en la causa por activa de la señora María Eugenia García Echeverry, en consideración a que, mediante la copia de su registro civil de matrimonio, probó ser esposa del señor John Jairo Hurtado Orozco.
Igualmente, respecto de Jorge Mario Hurtado García y Diego Mauricio Hurtado García, en cuanto, a través de la copias de sus registros civiles de nacimiento, probaron ser hijos de la señora María Eugenia García Echeverry y el señor John Jairo Hurtado Orozco.
Así las cosas, la Sala encuentra probada la legitimación en la causa material de los referidos demandantes.
6.2. Legitimación de la demandada
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que, además de la Nación-Fiscalía General de la Nación cuya responsabilidad quedó definida en los términos señalados por el a quo, es a dicha entidad a la que se le imputan los daños objeto de la controversia.
Respecto de la legitimación material de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado por los demandantes.
7. Caso concreto
7.1. Hechos probados
En el presente asunto se acreditó que al señor John Jairo Hurtado Orozco se le capturó y vinculó a un proceso penal por el delito de rebelión, actuación de la que se encuentra probado lo siguiente:
7.1.1. El 2 de febrero de 1997, aproximadamente a las 15:00 horas, a las afueras de la Clínica Los Comuneros, miembros del Ejército Nacional capturaron, entre otros, al señor John Jairo Hurtado Orozco y lo trasladaron a las instalaciones de la Quinta Brigada de dicha institución.
7.1.2. El 3 de febrero de 1997, a las 9:30 horas, el Procurador Judicial 55 Penal visitó al señor Hurtado Orozco en las instalaciones del Batallón de Inteligencia 2, oportunidad en la que le informó sus derechos como capturado y que la aprehensión se efectuó en “flagrancia” por miembros de la Quinta Brigada del “Grupo Gaula”, por el delito de rebelión.
7.1.3. En la misma oportunidad, el defensor del señor Hurtado Orozco solicitó a la Fiscalía General de la Nación que, tan pronto asumiera conocimiento, ordenara su libertad inmediata, en cuanto consideró que el procedimiento de captura fue ilegal; en ese sentido señaló (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“(…) como es de su conocimiento, el ciudadano de la referencia se encuentra retenido en las instalaciones de la Quinta Brigada de esta ciudad. La retención fue ilegal, aproximadamente a las 2 de la tarde del día 2 de febrero del presente año, se obró sin previa orden de allanamiento, si ningún señalamiento, no existía orden de captura, tampoco existía flagrancia y lo más grave, aún no ha sido puesto a disposición de autoridad competente como lo consagra la norma, inmediatamente; además se requería allanamiento puesto que se encontraba dentro de la Clínica de los Comuneros en tratamiento Médico. Por lo anterior, señor Fiscal solicito que al asumir el conocimiento decrete la libertad inmediata (...)”.
7.1.4. Posteriormente, a las 11:30 am, un oficial de inteligencia BITE-2 del Ejército Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los capturados, junto con un informe de inteligencia en el que señaló que el señor John Jairo Hurtado Orozco correspondía a alias “Darío” y que pertenecía, como responsable “militar”, al Ejército Popular de Liberación.
7.1.5. Con fundamento en lo anterior, en la misma fecha, el Fiscal 29 Delegado ante los Jueces Regionales dispuso la apertura de investigación penal por el delito de rebelión y ordenó, entre otras determinaciones, recibirle indagatoria al capturado y mantenerlo retenido en la Cárcel Judicial del Distrito de Bucaramanga.
7.1.6. El 4 de febrero de 1997, un Oficial de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 2 precisó al funcionario instructor que la “retención” del señor Hurtado Orozco ocurrió el 2 de febrero de 1997 a las 15:30 horas “en momentos que abandonaban la Clínica Los Comuneros del Seguro Social, al haber sido dado de alta el último de los nombrados, hecho que fue previamente verificado”; en la misma oportunidad, el capturado rindió indagatoria y, finalizada dicha diligencia, continuó privado de su libertad.
7.1.7. El 7 de febrero de 1997, la Fiscalía 29 Delegada ante los Jueces Regionales remitió, por competencia, las diligencias a la Fiscalía Regional de Cúcuta para que resolviera la situación jurídica de los indagados.
7.1.8. El 13 de febrero de 1997, algunos de los miembros del Ejército Nacional que participaron del operativo en el que se capturó al señor John Jairo Hurtado Orozco rindieron declaración juramentada sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la aprehensión.
En ese sentido, el señor Jorge Mario Tobón Calderón señaló (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“si para el día de los hechos, recibí la orden del Sr. Comandante del GAULA de la Quinta Brigada, de apoyar a un personal del Batallón de Inteligencia a un operativo que se iba a realizar en las afueras de la Clínica Comuneros de esta ciudad, a eso de las 14:00 horas, de dicho día me desplacé con dos agentes de Inteligencia y nos ubicamos en el puente peatonal del parque de los niños y al frente de la Clínica, posteriormente de estar ahí uno de los agentes Inteligencia del Batallón del BITE, me informó que los dos señores que estaban ahí afuera de la Clínica Comuneros, eran los que debían ser aprehendidos, que de acuerdo a las informaciones que ellos tienen, estos perteneces al grupo narco-subversivo del E.P.L., por esto nos acercamos a ellos, nos identificamos y en forma respetuosa le solicitamos que nos acompañara hasta las instalaciones de la Quinta Brigada, donde los identificamos con los nombres que anteriormente fueron enunciados por este despacho de ahí en adelante todo lo demás quedó a cargo del Batallón de Inteligencia que es el que tiene todos los expedientes, sobre las actividades delictivas de los mencionados (…) PREGUNTADO: Sr. Oficial, sírvase manifestar, si las personas retenidas en el operativo al cual nos venimos refiriendo, tenían orden de captura o se encontraban en ese momento delinquiendo. CONTESTO: Tengo entendido que el Batallón de Inteligencia, con anterioridad había enviado pruebas suficientes para que le dictaran orden de captura a uno de los mencionados pero no sé exactamente si tenían la orden de captura y además como autoridad podemos solicitarle a una persona que nos acompañe hasta las instalaciones para investigar si cuenta con algún antecedente. PREGUNTADO: Precise Ud, Sr Oficial, contra cuál persona de las retenidas, se quiso obtener orden de captura como ud, lo ha manifestado y en qué fecha exactamente? CONTESTO: No sé exactamente, cuál de las personas le habían solicitado orden de captura, puesto que esa parte la maneja el Batallón de Inteligencia. PREGUNTADO: Con anterioridad, se le preguntó si las personas retenidas, estaban cometiendo algún delito en el momento de su aprehensión, comedidamente le solicito, responda. CONTESTO: que yo sepa en el momento de la aprehensión no estaban cometiendo ningún delito, pero yo tenía información que estos tienen un amplio record delictivo, el cual se encuentra registrado en el Batallón de Inteligencia. PREGUNTADO: Mencione Ud, algo del record delincuencial que dice tener conocimiento de las personas detenidas. CONTESTO: como anteriormente lo dije, eso se encuentra registrado en el Batallón de Inteligencia y dicho record delictivo se está haciendo llegar para que quede anexado como prueba a la investigación que se adelanta (…)” (se resalta).
A su turno, el señor Wilson Padilla manifestó (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“PREGUNTADO: sírvase manifestar si a usted le entregaron alguna orden de captura para que procediera a retener a las cinco personas que fueron llevadas a las instalaciones del Ejército. CONTESTO: No la información del registro delincuencial la tenía el BITE 2 y nosotros no solo procedimos a apoyar la captura y no de las cinco personas sino del señor que ya describí. (…) PREGUNTADO: Sírvase decir si el señor que usted retuvo se encontraba cometiendo un delito o tenia orden de captura si es lo segundo de quien provenía y si usted lo enteró de ello. CONTESTO. La información la manejaba el BITE pero personalmente no tenía nada contra él, yo apenas aprehendí al señor le solicite que me acompañara al BITE 2 para confirmar una información que ellos poseían. PREGUNTADO. Sírvase manifestar si a usted le dieron el nombre completo de la persona que el BITE 2 o Inteligencia Militar le solicitó que retuviera. CONTESTO: Solo de características físicas pero el nombre no. PREGUNTADO. Usted o su jefe inmediato o el Sargento TOBÓN le pidieron a quienes les ordenaron la detención que le diera el nombre de la persona que debían retener. CONTESTO: de acuerdo a la compartimentación que hay en esos grupos de Inteligencia, de pronto el comandante del GAULA si tenía conocimiento como se llamaba y además la información solo la tenía el BITE 2 y nosotros solo fuimos a apoyar la detención. PREGUNTADO: Le solicitó usted a la persona que retuvo le presentara la Cedula de Ciudadanía o le dijera el nombre de ella. CONTESTO: No porque el BITE 2 estaba trabajando esa información y ya llevaba días ese seguimiento, pero cedula no le pedí. PREGUNTADO: Precise usted cuanto tiempo o días llevaba el BITE en el seguimiento. CONTESTO. Dos o tres días. PREGUNTADO: Sírvase decir que funcionario exactamente del BITE ordenó la retención de la persona por usted retenida. CONTESTO. No, sé que era del Batallón de Inteligencia 2 pero nombres propios no (…)” (se resalta).
7.1.9. El 14 de febrero de 1997, el Mayor Juvenal Bruges Palmera, Oficial que suscribió el informe de inteligencia con el que se dejó al señor Hurtado Orozco a disposición de la Fiscalía General de la Nación, manifestó (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“PREGUNTADO. Sírvase decir, si ud, participó en un operativo llevado a cabo el día 2 de enero del año en curso, donde fueron aprehendidos los individuos: GONZALO FONTECHA CHACÓN y JHON JAIRO HURTADO OROZCO, en caso afirmativo haga un relato pormenorizado de los hechos. CONTESTO: No. yo no participe en es operativo. PREGUNTADO. Sírvase decir, qué le consta o que sabe de ese operativo? CONTESTO: El trabajo se inició con una semana de anticipación aproximadamente, donde se tuvo conocimiento que el Sr JHON JAIRO HURTADO OROZCO, había sido recluido en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga debido a unas lesiones sufridas en un accidente de motocicleta, en la vía que de Bucaramanga conduce a Barrancabermeja a partir de ese momento, se le hicieron algunas diligencias para verificar las presuntas acciones delictivas que le aparecen en los archivos de Inteligencia de la Brigada, por ser miembro activo, del autodenominado Ejército Popular de Liberación E.P.L. comprobada ya la presencia de dichas anotaciones que le corresponden al mencionado señor se procedió a mantener una vigilancia permanente sobre el individuo hasta el momento que fuera aprehendido en las afueras de la Clínica los Comuneros de esta ciudad, por miembros del grupo GAULA(…)” (se resalta).
7.1.10. El 21 de febrero de 1997, la Fiscalía Regional de Cúcuta resolvió la situación jurídica del señor John Jairo Hurtado Orozco, en el sentido de abstenerse de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva, en cuanto concluyó que no existían pruebas que lo relacionaran con el delito investigado; en ese sentido precisó (se trascribe de manera literal, incluso con posibles errores de forma):
“(…) contra JHON JAIRO HURTADO OROZCO, se dice que se desempeñó como cabecilla de la cuadrilla Libardo Mora Toro del E.P.L. con operaciones en los Departamentos del Norte de Santander y asentamiento de este sujeto el Municipio de Barrancabermeja. Que en el mes de agosto de 1996, fue trasladado a la ciudad de Barrancabermeja con el propósito de reorganizar las milicias populares obreras del E.P.L. Que durante los días 4, 5 y 6 de octubre de 1996 participó en el congreso Regional del E.P.L. junto con otros personajes de esa agrupación subversiva. Que en el mes de noviembre pasado conocieron que este sujeto se desplazaba entre Bucaramanga y Barrancabermeja en una motocicleta y presenta heridas de consideración, por lo que fue internado en un centro hospitalario. Que contra el cursa una denuncia penal en la Fiscalía.
“La Fiscalía en este momento se cuestiona, todo lo anterior, que hechos, se han podido confirma en la investigación?
“Ninguna de las personas de las que a la fecha han rendido su versión, han podido testificar sobre la situación de conocerlo como rebelde, o existir alguna circunstancia indicadora de que JOHN JAIRO HURTADO OROZCO pertenezca o haya pertenecido a la organización subversiva del E.P.L. pues vemos que los miembros de las fuerzas armadas que participaron del operativo, simplemente se remiten a informar sobre lo acontecido el día de la captura de la cual solo aseguran que la efectuaron cumpliendo órdenes superiores, que solo sabían que debían retener a una persona, de la que solo les dieron las características físicas nada más.
“(…)
“En las anteriores condiciones el Despacho concluye que si bien es cierto que el delito de rebelión es una de las conductas de carácter permanente y que se concreta en procurar o intentar alguno de los siguientes eventos: ‘Derrocar el Gobierno Nacional’, ‘suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente’ deben existir elementos incriminadores o ratificadores de que la persona tiene esa intención y es partícipe del grupo y en el caso que hoy nos ocupa, después de haber realizado un análisis bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad con todo el acervo probatorio podemos llegar sin vacilación a determinar que contra las personas aquí señaladas no existe ni el menor indicio de responsabilidad en su contra, y por lo tanto a la Fiscalía no le queda otro camino que el de decretar de inmediato la libertad (…)”.
7.1.11. El 12 de agosto de 1998, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Cúcuta calificó el mérito del sumario y profirió resolución de preclusión en favor del señor John Jairo Hurtado Orozco, toda vez que no existían pruebas que lo relacionaran con el delito investigado.
7.1.12. El 20 de noviembre de 1998, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, en sede de consulta, confirmó la preclusión de la investigación en favor del señor John Jairo Hurtado Orozco.
7.2. Daño
En las condiciones analizadas, se probó que el señor John Jairo Hurtado Orozco fue capturado el 2 de febrero de 1997, a las afueras de un centro hospitalario, por miembros del Ejército Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación el día siguiente, junto con un informe de inteligencia en el que se le sindicó de pertenecer a un grupo armado al margen de la ley.
Adicionalmente, se acreditó que, con sustento en el referido informe de inteligencia, al señor Hurtado Orozco se le vinculó a una actuación penal por el delito de rebelión y que permaneció privado de su libertad hasta el 21 de febrero de 1997, cuando el funcionario instructor resolvió su situación jurídica en el sentido de no imponerle medida de aseguramiento.
Asimismo, se probó que la actuación penal finalizó con preclusión a su favor, dado que no existían pruebas que lo relacionaran con el delito investigado.
7.3. Imputación
A juicio de los demandantes, a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional le asiste responsabilidad por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del señor John Jairo Hurtado Orozco, de una parte, porque la captura fue ilegal y, de otra, dado que rindió el informe de inteligencia que constituyó el sustento para que la Fiscalía General de la Nación lo vinculara a la respectiva actuación penal.
Para el Tribunal a quo, en el caso concreto, además de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, se encontraba comprometida la de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por haber efectuado, a través de un informe de inteligencia, señalamientos en contra del señor Hurtado Orozco.
Para la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, contrario a lo concluido en primera instancia, no le asistía responsabilidad, dado que su actuación se limitó a la captura del señor Hurtado Orozco y a dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantó el proceso penal e impuso las medidas restrictivas de la libertad en contra del demandante.
En ese orden de ideas, la Sala estudiará la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los perjuicios irrogados a los demandantes, inicialmente, en relación con la captura del señor Hurtado Orozco y, posteriormente, respecto de su vinculación al respectivo proceso penal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, toda persona es libre y nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
En vigencia del Decreto 2700 de 1991 procedía la captura por orden escrita de autoridad judicial competente, cuando era públicamente requerida o sin previa orden judicial, en las situaciones de detención administrativa y en los estados de flagrancia.
Cuando la capturada se producía en flagrancia, se debía agotar el procedimiento previsto en el artículo 371 ejusdem, en tal medida, el capturado debía ser trasladado, de manera inmediata o dentro del término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, sin que, en todo caso, transcurrieran más de 36 horas; igual proceder se debía llevar a cabo si se trataba de detención administrativa.
Adicionalmente, en cualquiera de los eventos en que se diera la aprehensión, en virtud de lo señalado en el artículo 377 ibídem, una vez capturada la persona, se le debía informar, de inmediato, sobre los motivos de su ocurrencia y los derechos que le asistían.
Así las cosas, la Sala advierte una serie de falencias en el procedimiento de captura adelantado por miembros Ejército Nacional que generaron una afectación a las garantías fundamentales del señor John Jairo Hurtado Orozco.
En ese sentido, se encuentra que el señor John Jairo Hurtado Orozco fue capturado aproximadamente a las 15:30 horas del 2 de febrero de 1997, sin que se contara con orden de autoridad judicial competente.
La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, en la contestación a la demanda, señaló que la aprehensión del señor Hurtado Orozco correspondió a una detención administrativa prevista en el artículo 28 de la Constitución Política, dado que el capturado se encontraba mencionado dentro de un informe de inteligencia como uno de los “cabecillas” de una organización guerrillera, circunstancia que, en su entender, habilitaba la respectiva detención.
Sin embargo, al revisar el acta de derechos de capturado del señor John Jairo Hurtado Orozco y los testimonios de los funcionarios que realizaron la aprehensión, se advierte que quienes adelantaron el operativo informaron que la captura se dio en situación de flagrancia.
No obstante lo anterior, advierte la Sala que, en el caso concreto, no se encontraban acreditados los supuestos de procedencia de la flagrancia ni de la detención administrativa, tal como pasa a explicarse:
En primer lugar, la Subsección precisa que la flagrancia se refiere a aquellas situaciones en las que una persona es sorprendida y capturada al momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los que se deduzca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito.
En ese sentido, para que se configure resulta necesario que la persona sea sorprendida en la comisión del hecho, dado que, tal como lo ha precisado la jurisprudencia, “en todos los eventos el sorprendimiento de la persona está inescindiblemente ligado a la captura y en cada uno de ellos se establece una diferencia temporal de menor a mayor, en todo caso limitada por una determinada inmediatez a la comisión del delito y a la posibilidad de predicar la identificación y consecuente autoría del aprehendido”.
En el caso concreto, el señor Hurtado Orozco fue capturado en momentos en que salía de un centro hospitalario, al que había ingresado para recibir atención médica por unas lesiones causadas en un accidente de tránsito, sin que existieran elementos de los cuales pudiera inferirse que estaba en la comisión de un delito, tal como lo aceptaron los miembros del Ejército Nacional que participaron de dicho operativo.
Adicionalmente, tampoco podía considerarse que, por tratarse del delito de rebelión que es ejecución permanente, el sujeto activo se encontraba en una flagrancia duradera y en cualquier actividad que realizara.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la captura no se dio en situación de flagrancia.
En segundo lugar, la Sala advierte que, para la época de ocurrencia de los hechos, procedía la detención administrativa, en los términos precisados por la Corte Constitucional mediante sentencia C-024 de 1994, siempre que: i) se fundara en situaciones objetivas que permitieran concluir con cierta probabilidad y plausibilidad que la persona estaba vinculada a actividades criminales; ii) se diera en situaciones de apremio en las que no podía exigirse orden judicial; iii) su finalidad fuera verificar de manera breve los hechos relacionados con los motivos fundados de la aprehensión o la identidad de la persona; iv) no transcurrieran más de 36 horas y v) resultara proporcional.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional no explicó con suficiencia las situaciones objetivas que vinculaban al detenido con el delito de rebelión, dado que se limitó a señalar que aparecía en un informe de inteligencia como uno de los integrantes de una organización armada al margen de la ley.
Adicionalmente, no expuso las razones de urgencia de la captura por las que no solicitó orden judicial y, por el contrario, de las declaraciones de quienes participaron del operativo de captura y del oficial que elaboró el informe de inteligencia, la Sala encuentra que la entidad efectuó un seguimiento por varios años y, además, una vigilancia permanente, por lo menos, desde cuando el señor Hurtado Orozco ingresó al centro hospitalario.
Lo anterior da cuenta de que los miembros del Ejército Nacional contaron con el tiempo necesario para solicitar, ante la autoridad judicial competente, la respectiva orden de captura, circunstancia que descarta una situación de apremio en la detención o el peligro inminente de no realizarla.
Asimismo, no se precisó cuál fue la finalidad de la captura y se descarta que hubiese sido para la correcta identificación, toda vez que al señor Hurtado Orozco no se le solicitó su documento de identidad y, pese a que el Ejército Nacional contaba con todos sus datos personales, únicamente informó rasgos morfológicos para que procedieran a su aprehensión.
En ese sentido, la Sala advierte que los funcionarios que efectuaron la captura desconocían, por un lado, la autoridad que ordenó la captura y, por otro, las circunstancias por las cuales debía llevar a cabo la aprehensión, hecho que se corrobora con los declaraciones de quienes participaron del operativo en cuanto, al unísono, señalaron que se limitaron a cumplir con la orden de aprehender a un “cabecilla guerrillero” que aparecía mencionado como tal en informes de inteligencia.
En efecto, el hecho de que apareciera relacionado en un informe de inteligencia no constituía una prueba de responsabilidad en contra del señor Hurtado Orozco, dado que, tal como lo precisó la Fiscalía General de la Nación en las providencias por medio de las cuales definió situación jurídica y precluyó la investigación, dicho documento no tenía el valor de testimonio ni de indicios y sólo servía como criterio orientador de la investigación.
En ese orden de ideas la Subsección advierte que en el caso del señor John Jairo Hurtado no procedía la detención administrativa.
Adicionalmente, se advierte que una vez capturada, por un lado, a la persona se le debía informar sobre los motivos de su aprehensión y los derechos que le asistían como capturada y, por otro, debía ser puesta a disposición de la autoridad competente en el término de la distancia o, más tardar, dentro de las 36 horas siguientes a su aprehensión.
No obstante lo anterior, en el caso concreto se advierte, de una parte, que una vez capturado al señor Hurtado Orozco se le trasladó a las instalaciones del Ejército Nacional y, de otra, que tan solo hasta el día siguiente se le informó el motivo de su captura y los derechos que le asistían, previa visita de un agente del Ministerio Público.
En ese orden de ideas, la captura del señor Hurtado Orozco se produjo con clara violación de garantías fundamentales, dado que no existía orden de captura proferida por autoridad competente ni se daban los presupuestos para la flagrancia o la detención administrativa, aunado a que no se le informó, en oportunidad, de los motivos de su aprehensión y de los derechos que le asistían.
Así las cosas, la Sala encuentra que el señor John Jairo Hurtado Orozco no se encontraba en la obligación de soportar la afectación a su derecho a la libertad personal con ocasión de su captura, de ahí que el daño a él irrogado se torne en antijurídico por la falla en el servicio presentada y, por ende, nazca la correlativa obligación de reparar, la cual, como acaba de verse, le resulta atribuible al Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
De otra parte, se advierte que el a quo consideró que a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional le asistía responsabilidad por los perjuicios causados a los demandantes con la vinculación del señor Hurtado Orozco al proceso penal y la privación de la libertad desde cuando quedó a disposición del ente acusador hasta cuando se definió situación jurídica, toda vez que dichas decisiones se sustentaron en un informe de inteligencia que rindió dicha entidad.
A juicio de la entidad recurrente, no le asistía responsabilidad por ese hecho, dado que se limitó a efectuar la captura del señor Hurtado Orozco y a dejarlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que decidió vincularlo a una actuación penal y, además, mantenerlo privado de su libertad .
Al respecto, la Sala reitera que el proceso penal adelantado en contra del señor John Jairo Hurtado Orozco se surtió en vigencia del Decreto 2700 de 1991, estatuto procesal que señalaba que la Fiscalía General de la Nación tenía a su cargo la dirección de la investigación previa, etapa dentro de la que debía determinar si había lugar o no al ejercicio de la acción penal.
En ese sentido, la Sala encuentra que, una vez el señor John Jairo Hurtado Orozco fue puesto a disposición, a la Fiscalía General de la Nación le correspondía, de una parte, ejercer control de legalidad sobre el procedimiento de captura y, de otra, en el ámbito exclusivo de su funciones, determinar si existían o no los elementos necesarios para disponer la apertura de la instrucción penal y adoptar las medidas restrictivas de la libertad.
Adicionalmente, se advierte que, si bien en el presente asunto la Fiscalía General de la Nación vinculó al proceso penal al aquí demandante con fundamento en los informes rendidos por el Ejército Nacional, no es menos cierto que dicho documento simplemente constituía un criterio orientador de la investigación, sin valor probatorio.
Así las cosas, la Subsección precisa que a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional únicamente le resulta imputable responsabilidad por los perjuicios irrogados a la parte actora con la captura arbitraria e ilegal, sin que le resulten atribuibles los causados luego de que puso a disposición del ente acusador al señor John Jairo Hurtado Orozco.
En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad del Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional; sin embargo, la Sala fraccionará la condena tomando en consideración, de una parte, la participación de dicha entidad en los daños irrogados a los demandantes y, de otra, que la parte actora renunció expresamente a la solidaridad con ocasión de acuerdo conciliatorio que celebró con la Fiscalía General de la Nación.
En ese sentido, dado que el señor John Jairo Hurtado Orozco estuvo privado de su libertad por 20 días y que de ese período permaneció por cuenta de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional ente el 2 y el 3 de febrero de 1997, se condenará a dicha entidad al pago del 10% del total de indemnización.
En tal medida, se advierte que a la Fiscalía General de la Nación, en principio, le correspondería asumir un porcentaje superior de la condena del que fijó el a quo; sin embargo, la Sala reitera que, aunado a que el demandante renunció expresamente a la solidaridad, frente a este punto existe cosa juzgada, en virtud de del acuerdo conciliatorio que la parte actora suscribió con dicha entidad.
Corolario de lo anterior, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la modificará en el sentido de precisar que dicha entidad debe asumir el pago del 10% del valor de la condena.
8. Perjuicios
Al respecto, la Sala, para efectos de determinar el monto que debe asumir la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por concepto de perjuicios morales y lucro cesante, revisará la indemnización concedida por el Tribunal a quo.
8.1. Perjuicios morales
8.1.1. Legitimación
Con fundamento en las máximas de la experiencia, según la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Corporación, es posible presumir que las personas sometidas a una medida restrictiva de la libertad sufren perjuicios de carácter moral, que deben ser indemnizados, supuesto que también resulta predicable de quienes concurren al proceso, debidamente acreditados, en condición de cónyuge, compañero(a) permanente y/o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil.
Pues bien, de las pruebas obrantes en el plenario se desprende que el señor John Jairo Hurtado Orozco fue privado de su libertad de manera física entre el 2 y el 21 de febrero de 1997.
Esta Sección ha precisado que en los casos en los que la restricción de la libertad se prolonga por un período igual e inferior a 1 mes resulta razonable el reconocimiento por concepto de perjuicios morales de: i) 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV- tanto para la víctima directa, como para sus familiares dentro del primer grado de consanguinidad, su cónyuge y/o compañero permanente y de ii) 7,5 SMMLV para los familiares que se encuentran dentro del segundo grado de consanguinidad con el sujeto pasivo de la detención, verbigracia los hermanos.
En ese sentido, el criterio jurisprudencial expuesto se fijó respecto de los eventos de “privación injusta de la libertad”, sin indicarse que sería aplicable en los casos en los que la restricción de esta garantía constitucional tiene una causa diferente, lo que no obsta para que la Sala tome en consideración los referidos parámetros indemnizatorios, en cuanto, para el efecto, el juez, en ejercicio del arbitrio iudicis y con fundamento en los principios de equidad y justicia, debe adoptar una decisión que resulte consecuente con asuntos en los que el daño antijurídico causado reviste la misma gravedad, por tratarse de una idéntica situación material.
En ese orden de ideas, en consideración al tiempo total de privación de la libertad del señor Hurtado Orozco, el a quo reconoció 15 SMLMV para cada uno de los demandantes, suma que resultó acorde con el criterio señalado por esta Corporación.
Adicionalmente, el Tribunal a quo condenó a la Nación Ministerio de Defensa-Ejército Nacional al pago del 50% de dicha indemnización, es decir, 7,5 SMLMV para cada uno de los demandantes, monto que se modificará de acuerdo a lo expuesto en el acápite anterior, en cuanto se concluyó que, por su participación, a dicha entidad le corresponde el pago del 10% del total de la indemnización.
Así las cosas, se modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido de precisar que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por perjuicios morales, deberá pagar 1,5 SMLMV para cada uno de los demandantes.
8.1.2. Lucro cesante
De conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección, el perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido por el daño, no es susceptible de reparación.
El señor John Jairo Hurtado Orozco solicitó el pago de los salarios dejados de percibir, como músico profesional, entre el 2 y el 21 de febrero de 1997.
El a quo consideró que resultaba procedente acceder la reparación de este perjuicio, dado que se acreditó que el señor Hurtado Orozco, para el momento en que fue privado de su libertad, se encontraba en edad productiva y obtenía ingresos como “músico”.
Para lo anterior, tomó en consideración, de una parte, el tiempo de privación de la libertad -20 días- y, de otra, como base de liquidación, en cuanto no se probaron los ingresos, el salario mínimo mensual legal vigente, aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales.
En ese sentido, al revisar el expediente, es posible concluir, en los términos que lo hizo el a quo, que para cuando el señor John Jairo Hurtado Orozco fue privado de su libertad, se encontraba en edad productiva y recibía ingresos como “músico profesional”, de ahí que resulte procedente acceder a la reparación de esta tipología de perjuicio.
Asimismo, en cuanto no se probó el monto al que ascendían sus ingresos, resultó acertado acudir al criterio jurisprudencial según la cual una persona devenga, al menos, un salario mínimo mensual.
No obstante lo anterior, tal como lo ha señalado esta Sección, en consideración a que no se probó la condición de trabajador dependiente de señor John Jairo Hurtado Orozco no resultaba procedente aumentar el salario base de liquidación en un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales.
Así las cosas, para efectos de establecer el monto que debe ser asumido por la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, la Sala efectuará la liquidación tomando en consideración el salario mínimo mensual vigente para la fecha de esta sentencia y el período por el cual estuvo privado de la libertad, es decir, 20 días.
En las condiciones analizadas, la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se calculará de conformidad con las anteriores precisiones y con aplicación de la siguiente fórmula:
S = Ra x (1+ i)n - 1
i
En donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = $828.116.
N = Número de meses que comprende el período indemnizable (0.6).
I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces:
S = $828.116 (1+ 0.004867)0,6 - 1
0.004867
S = $496.387.
Por lo anterior y en consideración a que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional debe asumir el 10% del total de la condena, se modificará la sentencia apelada en el sentido de precisa que dicha entidad deberá pagar, por concepto de lucro cesante, la suma de $49.638 al señor John Jairo Hurtado Orozco.
9. Condena en costas
En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la sentencia proferida el 19 de marzo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Santander, cuya parte resolutiva, en lo que respecta a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, quedará así:
“1º: DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por el 10 % de los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad a la que fue sometido el señor John Jairo Hurtado Orozco entre el 2 y el 21 de febrero de 1997.
“2º: CONDENAR a la Nación– Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar:
“Por perjuicios morales, las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:
“1). John Jairo Hurtado Orozco (víctima directa), 1,5
“2). María Eugenia García Echavarría (cónyuge), 1,5
“3). Jorge Mario Hurtado García (hijo), 1,5
“4). Diego Mauricio Hurtado García (hijo), 1,5
“Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($49.638), en favor del señor John Jairo Hurtado Orozco.
“3º: Negar las demás súplicas de la demanda.
“4º: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
“5º: Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 1995. Las copias destinadas a la parte actora se entregarán al apoderado que ha venido actuando.
“6º: Sin condena en costas”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en los demás apartes, la sentencia proferida el 19 de marzo de 2015, por el Tribunal Administrativo de Santander.
TERCERO: Sin condena en costas.
CURTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 366 a 390, cuaderno del Consejo de Estado. Folio 30, cuaderno 1. Poderes obrantes a folios 35 y 36, cuaderno 1. Folios 19 a 29, cuaderno 1. Folios 9 a 13, cuaderno 1. Folios 47 y 48, cuaderno 1. Folio 48 vlto, cuaderno 1. Folio 53, cuaderno 1. Folio 54, cuaderno 1. Folios 107 a 105, cuaderno 1. Folios 260 a 284, cuaderno 1. Folios 287 y 288, cuaderno 1. Folio 339, cuaderno 1. Folios 355 a 358, cuaderno 1. Folios 361 a 365, cuaderno 1. Folios 366 a 390, cuaderno Consejo de Estado. Folios 393 a 397, cuaderno Consejo de Estado. Folios 398 a 404, cuaderno Consejo de Estado.
“Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente: En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria”. Folio 405, cuaderno Consejo de Estado. Folios 523 y 524 del cuaderno principal. Folio 430, cuaderno Consejo de Estado. Folios 431 a 434, cuaderno Consejo de Estado. Folios 441, cuaderno Consejo de Estado. Folio 443, cuaderno Consejo de Estado. Acuerdo No. 58 de 1999, modificado por los Acuerdos Nos. 55 de 2003, 148 de 2014 y 110 de 2015. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros. De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 10. A cuyo tenor: “El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, radicación 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada por esta Subsección, entre otras, en sentencia del 19 de julio de 2017, expediente 49.898; sentencia del 23 de octubre de 2017, expediente 48.130; sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente 49.206 y sentencia del 23 de noviembre de 2017, expediente 54.716. Según se desprende de la constancia de ejecutoria obrante a folio 468 del cuaderno 3. Folio 30, cuaderno 1. Folio 32, cuaderno 1. Folios 33 y 34, cuaderno 1. Con fundamento en la copia del expediente de la investigación penal 8812 adelantada en contra del señor John Jairo Hurtado Orozco y otro por el delito de rebelión, documentos decretados como pruebas mediante auto de 8 de julio de 2010 (folio 287 y 288, cuaderno 1), aportados mediante oficio de 9 de febrero de 2015 por la Fiscalía General de la Nación (folio 360, cuaderno 1), obrantes en 2 cuadernos con 341 y 15 folios, respectivamente. Folios 30-36, 156 a 158, 159 a 160 y 164 a 167, cuaderno 1 de pruebas. Folios 26 y 27, cuaderno 1 de pruebas. Folio 17, cuaderno 1 de pruebas. Folios 1 a 15, cuaderno 1 de pruebas. Folios 18 y 19, cuaderno 1 de pruebas. Folio 21, cuaderno 1 de pruebas. Folios 30 a 36, cuaderno 1 de pruebas. Folio 48, cuaderno 1 de pruebas. Folios 156 a 158, cuaderno 1 de pruebas. Folios 159 y 160, cuaderno 1 de pruebas. Folios 164 a 167, cuaderno 1 de pruebas. Folio 182 a 192, cuaderno 1 de pruebas. Folio 316 a 324, cuaderno 1 de pruebas. Folio 9 a 14, cuaderno 2 de pruebas.
“Artículo 28. Toda persona es libre.
Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. Normativa procesal penal vigente para la época de la captura del señor John Jairo Hurtado Orozco -2 de febrero de 1997-.
“Artículo 4o. Reconocimiento de la libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.
“Artículo 372. Captura públicamente requerida. Cualquiera podrá aprehender a la persona cuya captura haya sido públicamente requerida por autoridad competente. En estos casos, se aplicará lo dispuesto para las situaciones de flagrancia”. Al respecto, la Corte Constitucional, Sala Plena, en sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, expediente D-350, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sostuvo:
“De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de la estricta reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas (…). Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial (…). Y no se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de conformidad con los cuáles se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución (CP Art 93).
“(…).
“La detención preventiva administrativa (…) no implica una posibilidad de retención arbitraria por autoridades policiales sino que es una aprehensión material que tiene como único objeto verificar ciertos hechos que sean necesarios para que la policía pueda cumplir su función constitucional, a saber ‘el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades pública, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz’ (Art 218 CP)” (se resalta).
“Artículo 370. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su captura”.
“Artículo 371. Captura en flagrancia.
Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el fiscal o funcionario competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura.
“Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a quien hubiere realizado la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante el fiscal, será recluido en la cárcel del lugar o en otro establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición del funcionario judicial dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el informe de que trata el inciso anterior. Para los efectos de esta disposición todos los días y horas son hábiles.
“Cuando la medida de aseguramiento a imponer por razón del hecho punible sea caución, conminación, detención con excarcelación o detención domiciliaria, una vez el capturado haya rendido indagatoria se le dejará en libertad firmando acta de compromiso de presentarse ante la autoridad que lo solicite.
“En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis horas por cuenta de funcionario diferente al fiscal o juez”.
“Artículo 377. Derechos del capturado. A toda persona capturada se le hará saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita:
“1. Sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó.
“2. El derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor.
“3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. Quien esté responsabilizado de la captura, inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que se le indique.
“4. El derecho que tiene, cuando se trate de investigación previa, de rendir versión espontánea sobre los hechos que se le imputan, con la advertencia de que puede guardar silencio sobre la incriminación hecha. La versión sólo podrá rendirse en presencia de un defensor.
“5. El derecho a no ser incomunicado”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de noviembre de 2006, rad. 25.135. Al rendir declaración juramentada sobre esos hechos, el señor Jorge Mario Tobón Calderón señaló: “PREGUNTADO: Con anterioridad, se le preguntó si las personas retenidas, estaban cometiendo algún delito en el momento de su aprehensión, comedidamente le solicito, responda. CONTESTO: que yo sepa en el momento de la aprehensión no estaban cometiendo ningún delito, pero yo tenía información que estos tienen un amplio record delictivo, el cual se encuentra registrado en el Batallón de Inteligencia”; a su turno, el señor Wilson Padilla manifestó: “PREGUNTADO: Sírvase decir si el señor que usted retuvo se encontraba cometiendo un delito o tenia orden de captura si es lo segundo de quien provenía y si usted lo enteró de ello. CONTESTO. La información la manejaba el BITE pero personalmente no tenía nada contra él, yo apenas aprehendí al señor le solicite que me acompañara al BITE 2 para confirmar una información que ellos poseían” (folios 156 a 158, cuaderno 1 de pruebas). Esta Subsección se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado por detención administrativa, entre otras, en sentencias de 23 de marzo de 2017 (exp. 38.979) y 13 de mayo de 2017 (exp. 47.338).
“Artículo 24. Titularidad de la acción penal. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los jueces competentes durante la etapa del juicio, en los términos establecidos en este Código. En casos excepcionales la ejerce el Congreso”.
“Artículo 319. Finalidades de la investigación previa. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tiene como finalidad la de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.
Pretenderá adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal; practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad”. En ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de junio de 2017, exp. 39127: “[…] por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal”. Por ende, dichos informes “[…] pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”. Entre el 2 y el 21 de febrero de 1997 (folios 30-36, 156 a 158, 159 a 160, 164 a 167 y 182 a 192, cuaderno 1 de pruebas). Folios 30-36, 156 a 158, 159 a 160, 164 a 167 y 182 a 192, cuaderno 1 de pruebas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación 25.022 y ii) 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación 36.149. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de: i) 4 de diciembre de 2006, radicación: 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; ii) 12 de febrero de 2014, radicación: 31583, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y iii) de 29 de mayo de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación: 35930, entre otras. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, M.P. Hernán Andrade Rincón (E), radicación: 36.149. En ese sentido, los testimonios de las señora Juan Pablo Osorio Villegas, Jairo Augusto ángel Cano y Javier Alirio Granada permiten establecer que el señor John Jairo Hurtado Orozco percibía ingresos como músico profesional en la agrupación “Nueva Cantar” (folios 84 a 86, cuaderno 1). En ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017, radicado 51.017, reiterada entre otras, en sentencia de 17 de agosto de 2017, radicado 49.850.
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