Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00110-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00110-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00110-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. Vulneración de los principios
de congruencia y de la non reformatio in pejus
SENTENCIA
Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA,
la Sala procede a decidir de fondo el asunto de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La demanda2
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario de revisión, la señora Purificación Cortés
Cortés, por conducto de apoderado judicial, solicitó revocar la sentencia del 9 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso
52001 33 33 004 2013 00503 01 (3290), que le negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor Otoniel Orobio Tenorio
(q. e. p. d.).
Como consecuencia de lo anterior, pidió conceder las pretensiones de la demanda.
1.1.2. Hechos
1 En adelante UGPP.
2 Índice 3 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
Como elementos fácticos relevantes, el apoderado de la recurrente señaló los
siguientes:
i) La señora Purificación Cortés Cortés convivió por más de 30 años con el señor
Otoniel Orobio Tenorio (q. e. p. d.), hasta su fallecimiento ocurrido el 7 de febrero de
1989, a los 51,84 años de edad.
ii) De dicha unión marital nacieron 4 hijos que fueron legitimados.
iii) El señor Orobio Tenorio (q. e. p. d.) laboró en forma sucesiva y sin interrupciones
para el Estado hasta el día de su muerte, en los siguientes tiempos:
• Desde el 2 de enero de 1968 hasta el 30 de diciembre de 1969, para la
Alcaldía de Tumaco (Nariño). No obstante, la parte recurrente indicó que «ese
tiempo no se present[ó] ante el juzgado de primera instancia»,3 pero fue
integrado por medio de pruebas supletorias por el Tribunal administrativo de
Nariño.
• Entre el 1.º de enero de 1970 y el 6 de febrero de 1989, para el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, como auxiliar agropecuario.
iv) La señora Purificación Cortés Cortés presentó ante la UGPP varias peticiones con
el fin de obtener la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho por haber
convivido por más de «30 años» con el causante y «haberle procreado 4 hijos
reconocidos por [él]».4
v) La referida entidad, por medio de las Resoluciones 022265 del 16 de mayo de
2013 y 024532 del 29 del mismo mes y año, le negó a la recurrente la pensión
deprecada, bajo los argumentos de que, por un lado, el señor Orobio Tenorio (q. e. p.
d.) no reunía el requisito del tiempo de servicios de 20 años y, por el otro, que la señora
Cortés Cortés «no cumplía con la norma de las compañeras permanentes».5
vi) El 22 de julio de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto
denegó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por la
actora, con el fin de obtener la pensión post mortem: comoquiera que el causante no
3 Página 3 de la demanda, visible en el índice 3 de SAMAI.
4 Ibidem.
5 Página 5, ibidem.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
acreditaba 20 años de servicios, sino 19. No obstante, sí ratificó la «situación de unión
marital de hecho».
vii) Inconforme con la decisión, el apoderado de la señora Purificación Cortés
interpuso recurso de apelación con fundamento en que el causante sí satisfacía el
requisito de los 20 años de servicios prestados conforme a las pruebas «supletorias».
Así mismo, controvirtió lo relacionado con la condena de las agencias en derecho, ya
que la actora acudió a la jurisdicción con el fin de solicitar una pensión que le
garantizara su sustento.
viii) El 9 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la
sentencia de primer grado, pero por razones diferentes a las que expuso el a quo, ya
que el ad quem sí analizó la prueba supletoria y encontró acreditado un período
adicional de cotización al sistema con el cual el causante cumplió con el requisito de
tiempo de 20 años de servicios prestados.
Sin embargo, al examinar si la demandante cumplía con los requisitos mínimos para
el reconocimiento de la pensión, concluyó que «no se podría deducir con certeza el
término de convivencia y la vida marital [de la recurrente] con Otoniel Orobio Tenorio».
1.1.3. La sentencia objeto de revisión6
El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de segunda instancia el 9 de
octubre de 2019, por la cual se confirmó el fallo del 22 de julio de 2016 del Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto, que negó las pretensiones
incoadas por la señora Purificación Cortés Cortés, por las siguientes razones:
i) No es posible aplicar la Ley 100 de 1993 al caso particular, dado que el causante
(Otoniel Orobio Tenorio, q. e. p. d.) falleció antes de su entrada en vigor. Por lo tanto,
la situación pensional deprecada se deberá regir por lo establecido en las normas
vigentes para tal época, las cuales corresponden a las Leyes 12 de 1975, 33 de 1973
y 33 de 1985.
6 Índice 3 del aplicativo SAMAI, folios 26 al 69.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
ii) El señor causante sí cumplió con el requisito de tiempo de servicio establecido
en las precitadas leyes, ya que laboró por 21 años, 1 mes y 4 días, así:
• Desde el 02/01/1968 hasta el 30/12/1969 en la Inspección Cuarta de Policía
Municipal de Tumaco, teniendo en cuenta la prueba supletoria practicada según
los artículos 8 de la Ley 50 de 1883 y 264 del Código Sustantivo del Trabajo.
• Desde el 01/01/1970 hasta el 06/02/1989 en el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA.
iii) A pesar de lo anterior, no está demostrada fehacientemente la convivencia entre
la señora Purificación Cortés Cortés y el señor Otoniel Orobio Tenorio (q. e. p. d.)
antes del fallecimiento de este último, puesto que existe contradicción entre las
pruebas que fueron allegadas al plenario, comoquiera que también aparecen
documentos en los que se indica que a la señora Margarita Angulo también se le
reconoció un seguro por muerte del mencionado causante (en calidad de compañera
permanente) y en los que además se adujo que ella convivió con él por más de 20
años hasta la fecha de su deceso.
1.1.4. La causal de revisión invocada
La señora Purificación Cortés Cortés, por medio de su apoderado, adujo que la
decisión del 9 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
se enmarca en la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA, es decir, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación». Para tal efecto, en términos
generales, expuso los argumentos que se indican a continuación:
i) La providencia cuestionada violó la regla técnica de congruencia, ya que la
sorprendió al decidir sobre la convivencia entre ella y el señor Otoniel Orobio Tenorio,
la cual no fue objeto de discusión en la impugnación, ya que dicho punto ya había sido
concluido por el a quo. En otras palabras, el mencionado requisito «nunca fue motivo
de discordia ni en la etapa administrativa, ni en el fallo de primera instancia ni en la
apelación del demandante».
ii) Contrario a lo anterior, el tema principal de la alzada solo versaba sobre el
cumplimiento de los 20 años de servicios para obtener la pensión de sobrevivientes,
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
«por vía del principio de favorabilidad de la ley y de las pruebas supletorias del tiempo
adicional del servicio [en la Alcaldía de Tumaco]», así como respecto de la
inconformidad con la imposición de la condena en costas y agencias en derecho.
iii) El ad quem incurrió en incompetencia funcional y vulneró así el principio de non
reformatio in pejus, pues únicamente tenía permitido pronunciarse con relación a las
cuestiones apeladas, tal y como lo prevén los artículos 281 y 328 del Código General
del Proceso.7
1.2. Contestación al recurso extraordinario de revisión8
La UGPP, por conducto de apoderado judicial, dentro del plazo legal concedido, se
opuso a la prosperidad del recurso de la referencia, para lo cual explicó lo siguiente:
i) La sentencia impugnada extraordinariamente está ajustada a derecho, por lo
que es evidente que la parte actora busca revivir el litigio ya resuelto en sede de
instancias por el Tribunal Administrativo de Nariño.
ii) La recurrente falta a la verdad, pues no es cierto que la presencia de hijos sea
sinónimo de convivencia y vida en común en materia de unión marital de hecho.
iii) Los documentos aportados por la entidad, que dan cuenta de la convivencia del
causante con la señora Margarita Angulo, no fueron objetadas por el abogado de la
señora Purificación Cortés Cortés en sede ordinaria.
iv) El tribunal, al encontrar satisfecho el requisito del tiempo de servicio de los 20
años, realizó una apreciación conjunta de las pruebas allegadas al plenario.
v) En conclusión, en el caso bajo estudio no se comprobó la existencia de alguna
de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP, ni la violación del
debido proceso.
1.3. Concepto del Ministerio Público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión que hoy ocupa la atención de la Sala, con base a
lo siguiente:
7 En adelante CGP.
8 Índice 20 de SAMAI.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
i) El ad quem, según el artículo 328 del CGP, puede pronunciarse con relación a
los argumentos expuestos por el apelante; «empero, también respecto de los aspectos
que resulten inescindiblemente relacionados o aquellos que pueda resolver
oficiosamente».
En vista de lo anterior, para el tribunal era imperativo decidir acerca de la concurrencia
de los presupuestos legales para obtener la pensión deprecada, como lo son los
requisitos de tiempo de servicio y de convivencia con el causante. «El análisis de este
último […] se considera inescindible a la resolución del caso concreto, amén que sobre
ellos el juzgador de primera instancia no hizo un análisis concreto».
ii) En el fallo del a quo no se advierte una conclusión definitiva en cuanto a la
acreditación de la convivencia o la relación marital de hecho entre la actora y el
causante, por lo que «no es definitivo que sobre ese aspecto ya el juez de primer
grado hubiese encontrado cumplido el requisito», pues tal desenlace solo se dedujo
en la parte motiva, sin que fuera objeto de la resolutiva, o hubiera obtenido la
connotación de cosa juzgada material o se hubiese transferido al patrimonio de la
demandante como un derecho adquirido, por lo que no quedó limitada la facultad del
tribunal para estudiar la referida exigencia.
Así mismo, ese tema resultaba circunstancial, dado que el motivo del recurso era que
se revocara la sentencia del 22 de julio de 2016 y se reconociera la prestación
solicitada.
iii) Si bien el principio de la non reformatio in pejus, al resolverse el recurso con
apelante único, el superior solo adquiere la competencia para revisar los argumentos
de la apelación en lo desfavorable, no obsta para que este resuelva sobre aspectos
consustanciales a los fundamentos del recurrente, sin perjuicio de que oficiosamente
se pueda referir frente situaciones relativas a la defensa del orden justo y del Estado
Social de Derecho, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no fueren parte de las razones de la alzada,
así como otros asuntos cuando la apelación enmarca un asunto global.9
9 Para tal fin, el agente del Ministerio Público citó las siguientes sentencias: i) del 6 de abril de 2018, emitida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el radicado 05001 23 31 000 2001 03068 01 (46005), con ponencia
del magistrado Danilo Rojas Betancourth; y ii) del 28 de marzo de 2019, proferida por la Sección Tercera,
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de
la referencia, en virtud del numeral 2.° del artículo 249 del CPACA.10 Asimismo,
atendiendo al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral,
la Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del aludido medio de impugnación, según lo previsto en
el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.11
2.2. Oportunidad
El artículo 251 del CPACA dispone que el recurso extraordinario de revisión «[...] podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia». Por
este motivo, y dado que, en el asunto sub lite, la sentencia objeto de revisión quedó
en firme el 24 de febrero de 2020,12 y el recurso de revisión se interpuso el 24 de
febrero de 2021,13 se concluye que se incoó dentro del término establecido por la
norma en cita.
2.3. El problema jurídico
Consiste en determinar si la sentencia del 9 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, está incursa en la causal de revisión señalada en
el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, que establece lo siguiente: «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
Subsección A, del Consejo de Estado, dentro del proceso 68001 23 31 000 2000 02556 01 (61683), con ponencia
de la magistrada Marta Nubia Velázquez Rico.
10 «Artículo 249. Competencia. (...) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos».
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 Índice 2 del aplicativo SAMAI, tomando en consideración que la sentencia fue notificada por correo electrónico
el19 de febrero de 2020 y los días de ejecutoria transcurrieron los días 20, 21 y 24 de febrero siguientes.
13 Índice 2 ibidem. Sobre este punto, hay que tener en cuenta que, con ocasión a la Pandemia del COVID 19, entre
el 16 de marzo y 1.° de julio de 2020 no corrieron términos judiciales, atendiendo a la suspensión decretada por el
Consejo Superior de la Judicatura mediante los Acuerdos PCSJA20-11518 de 2020, PCSJA20-11521 de 2020,
PCSJA20-11526 de 2020, PCSJA20-11532 de 2020, PCSJA20-11546 de 2020, PCSJA20-11549 de 2020, PCSJA20-
11556 de 2020 y PCSJA20-11567 de 2020.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. El recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia
contraria a derecho».14 Por tal razón, su procedencia se limita a las causales
taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera
restrictiva.
En igual sentido, se ha sostenido que más que una herramienta de impugnación es
una verdadera acción, cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia
material». Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015,15
mediante la cual se hizo un detallado análisis jurisprudencial.
Ahora bien, en lo que interesa al carácter instrumental del mecanismo judicial en
mención, debe señalarse que el ultimo criterio adoptado por la Sala Plena del Consejo
de Estado16 determinó que este debe tenerse como una actuación independiente del
asunto de origen, por lo que ha de considerarse como un nuevo proceso, ya que este
14 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.
15 «Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha indicado que el recurso
extraordinario de revisión, en términos generales, funge como una excepción al principio de la cosa juzgada, «y
ampara todas las sentencias ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia
material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la
jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,
ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso
haya definido el Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la
decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(...) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal
como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas
por los Tribunales Administrativos y por el Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión existente en
la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como se dirige contra sentencias
ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.
[...] Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia administrativa tiene su origen
inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias
ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una
excepción al principio general de la cosa juzgada. (...) [Negrillas y cursivas del original]».
16 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión N.° 27, sentencia de 3 de febrero
de 2015; radicado 11001 03 15 000 2014 00387 00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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se inicia con una demanda, la cual está sujeta a una serie de requisitos para su
admisibilidad y su trámite. En otras palabras, el mencionado recurso, pese a su
nombre, es un verdadero medio de control.
En cuanto a su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas
que configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma
inequívoca el sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el
recurso solo admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del
CPACA como causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de tipo
procedimental.17 En sentencia de 8 de mayo de 2019,18 esta corporación, respecto de
los requisitos esenciales para su prosperidad, sostuvo lo siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de
los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado
con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva
instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas
omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso.
Con todo, conviene recordar que si bien este mecanismo se instituye como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que
no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del litigio que dio origen a la decisión objeto de revisión.
2.4.2. Causal de revisión 5.ª del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal
prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, la cual procede al «[e]xistir nulidad originada en la
17 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme
con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente
procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea
una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez
intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales
1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo
incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado: 2010 00038 00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013 00035 00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]».
En este sentido, para dar por probada la mencionada causal es necesario e
inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes elementos: i) que
exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en el fallo que ponga fin a la litis
y contra el cual no proceda el recurso de apelación.
En relación con el primer elemento, esta corporación ha señalado que, en los aspectos
no regulados por el CPACA, resultan aplicables al proceso contencioso-administrativo
las normas del CPC o del CGP, según la vigencia de dichas disposiciones respecto del
asunto que se tramita.
Dicho esto, en el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso
en vigor del CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de
este último cuerpo legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante,
en atención a la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,19 la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta colegiatura, mediante providencia del
8 de mayo de 2018,20 consideró que la nulidad (necesaria para la revisión) no se
restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal civil, ya que puede
generarse por violación del derecho al debido proceso y, por lo tanto, cabe aplicar el
artículo 29 de la Constitución Política.
Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
de lo contencioso-administrativo ha identificado ciertos supuestos,21 todos ellos
recogidos en el fallo del 31 de mayo de 2011,22 como pasa a exponerse:
19 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado:
1998 00153 01(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro. «[...] Lo anterior significa que el recurso de revisión, así́
entendido, y las causales que dan lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección
de derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento o
medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección de esos derechos fundamentales y, por tanto,
hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
[Negrillas propias del texto]».
21 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000 00239 y de
20 de octubre de 2009, Rad. REV- 2003 00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001 03 15 000 2008 00294 00, M.P.
Mauricio Torres Cuervo.
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia23, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta
sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv)
cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de
la invocada en [e]sta24, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el
proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de
ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión25 o, en
estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número
de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece
completamente de motivación26.
(Se resalta)
Además, la jurisprudencia de esta colegiatura ha identificado otros defectos causantes
de nulidad en la sentencia, así:27
[...] 9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso. […]
En igual sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia28 se refirió
a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia, así:
También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando
se dicta sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción o
perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión, o si se condena a
quien no ha figurado en el proceso como parte. En idéntico sentido, se ha dicho
que hay nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se
reforma la sentencia, igualmente cuando se dicta por un número de magistrados
menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se dicte la
sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los
traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende
que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tienen
entidad suficiente para invalidar la sentencia.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-
093.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-
00170.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1o de junio de 2005, Rad. REV-
062.
27 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11.05.1998, rad. REV-093;
del 18.10.2005, Rad. 2000-00239, de 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133; y del 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio
Ramírez; Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11.06.2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia
del 14.12.2009, Rad. 2006-00123
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil; sentencia 2004 00729, de 24 de agosto de 2008.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
(Negritas fuera del texto)
De igual modo, pueden constituir causal de nulidad aquellas circunstancias que se
originen en la sentencia por violación del debido proceso, en tanto «(...) se deriva del
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial es el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para invalidarlo,
pues no toda irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la
providencia que ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un
carácter sustancial (...)».29
Finalmente, en lo que respecta a la indebida aplicación o interpretación de las normas,
cabe señalar que ni el CPACA ni el CGP prevén este supuesto como una de las causales
de nulidad de las sentencias, por lo que, en principio, no cabría analizar la
configuración de una causal por tal motivo. Así lo consideró esta corporación en
sentencia del 22 de noviembre de 2017,30 en la que, sobre el particular, indicó lo
siguiente:
[…] no es posible plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados
con la no aplicación de una norma de derecho o su indebida interpretación o
aplicación, ya que todas estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de
la causal invocada, como ocurre en el presente caso, en donde la parte recurrente
funda su inconformidad en la indebida aplicación de una disposición normativa.
Ahora, cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», exige que
el vicio se configure en el preciso momento procesal en que se profiere el fallo, bien
sea por desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de
esa actuación. Por lo tanto, no es posible, entonces, alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encuentra
sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 134 del
Código General del Proceso.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta; sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado: 2021 00044 00; C.P.
Rocío Araujo Oñate.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 27 de noviembre de 2017; Rad: 50001
33 31 006 2007 00187 01 (47.218); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
No obstante, la jurisprudencia de esta corporación ha aceptado la posibilidad de alegar
como nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento
anterior al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el
recurrente durante el curso del proceso:31
Así las cosas y como quiera que el proceso se adelantó con omisión del
cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 3º del artículo 207 del Código
Contencioso Administrativo, y aunque el vicio es anterior a la sentencia, según el
140 numeral 9º del Código de Procedimiento Civil, como tal situación genera la
nulidad de todo el proceso, forzoso es concluir que se afecta la totalidad de las
actuaciones surtidas, incluida la sentencia de segunda instancia, con lo cual se
configura la causal de revisión prevista en el numeral 6º del artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo, que se invocó como sustento del recurso
extraordinario. En efecto, el vicio aducido por el recurrente y probado en el caso
concreto es de naturaleza sustantiva porque afecta directamente el debido
proceso y los derechos de acceso a la justicia y de defensa del titular del derecho
y se decretará con fundamento en la causal procesal de nulidad definida en la
citada norma del Código de Procedimiento Civil, ya que como se indicó, es
insubsanable y afecta todo el proceso y por tanto éste debe renovarse en su
integridad.
En este caso, al ser evidente que el recurso extraordinario se dirige contra «la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación»,
corresponde a la Sala examinar la causal de nulidad procesal alegada.
Ente tanto, y en lo relativo a que contra la sentencia objeto de revisión no debe
proceder recurso alguno, esta colegiatura ha considerado que este debe interpretarse
restrictivamente, ya que se refiere solo del recurso ordinario, mediante el cual pueda
alegarse y corregirse la nulidad originada en la sentencia.32
Bajo los anteriores criterios, para que proceda la causal del numeral 5.° del artículo
250 del CPACA es necesario que al proferirse la sentencia se incurra en alguna de las
causales de nulidad recogidas en la ley. Sin embargo, pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen
de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al debido
proceso en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
«corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho,
puede configurar la causal de revisión en comento». 33
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de abril de 2004, REV: 00132.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de mayo de 1998, Rev-93.
33 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Revisión; sentencia de 7 de febrero de 2017, radicado 2016-
02260-00; C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
En definitiva, esta causal no puede alegarse con fundamento en situaciones que
tengan relación con la deficiencia en la motivación, con la estimación errada de los
hechos por parte del juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con la falta
de consideración de algunas pruebas; pues, si se admiten esta clase de
reclamaciones, se desconoce el carácter extraordinario del recurso, en tanto que con
ello se convertiría en otra instancia.34
2.4.3. El principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio. […]
Sobre el particular, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de enero
de 2018,35 precisó lo siguiente:
(…) Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez
y lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la
demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo
endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación,
constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en
cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede
desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso.
(…)”36 (Negrilla fuera del texto).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso
34 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado:
250002341000201300911-01.
36 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar
en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que
no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto
en los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de
familia y de protección de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su
tramitación y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de
moverse el juzgador” (…).
De acuerdo con lo anterior, se colige que el principio de congruencia es entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas
aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita,37 como regla general.
En función de ello, el mencionado principio tiene dos connotaciones: i) una externa,
cuando la decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes; y ii) otra
interna, por haber coherencia entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la
parte motiva de la providencia.38 Al respecto, es importante destacar que, en caso de
existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:
[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado
y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la
providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse,
pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de
los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de
abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer
un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha
sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente
o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las
pretensiones».
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios
[…].39
En definitiva, bajo la regla técnica de congruencia, la disconformidad de las partes con la
decisión no debe confundirse con la falta de armonía sustancial entre la parte motiva y la
dispositiva del fallo. La primera puede deberse simplemente a una diferencia de opinión,
mientras que la segunda implica una falla lógica en la decisión (incongruencia) que
requiere ser corregida.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En aras de resolver el problema jurídico planteado, es preciso reiterar que el
apoderado de la señora Purificación Cortés Cortés alega que la sentencia objeto de
revisión está incursa en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, en el sentido de que
vulneró su derecho al debido proceso porque desconoció los principios de non
reformatio in pejus y de congruencia, comoquiera que, grosso modo, el Tribunal
Administrativo de Nariño profirió decisión de segunda instancia fuera del marco fijado
por el recurso de apelación interpuesto por ella, como apelante única, lo cual va en
contravía de lo establecido en el artículo 328 del CGP.
Bajo este contexto, y en consonancia con lo indicado por las partes intervinientes
(numeral 1.º, ut supra), la Sala analizará cada una de las etapas procesales
adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 52001
33 33 004 2013 00503 01, incoado por la hoy recurrente, con el propósito de
establecer si se configura o no la nulidad originada en la sentencia, a saber:
a) La señora Cortés Cortés interpuso demanda con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes post mortem, en su calidad
de compañera permanente, con ocasión del fallecimiento del señor Otoniel Orobio
Tenorio (q. e. p. d.), ocurrido el 7 de febrero de 1989, a la edad de 51 años.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de
abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
Para tal efecto, y en vista de que el causante no había reunido 20 años de servicios
prestados según la Ley 33 de 1985, pidió que se le aplicara de manera retrospectiva
y favorable la Ley 100 de 1993, en virtud de los artículos 46 y 288 de dicha normativa.
b) Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto (Nariño),
en sentencia del 22 de julio de 2016, denegó las pretensiones de la referida acción,
por lo siguiente:
• La situación pensional del señor Orobio Tenorio (q. e. p. d.) se regía por la Ley
33 de 1985, por ser la norma aplicable vigente al momento de su fallecimiento y, por
lo tanto, no había lugar a tener en cuenta la Ley 100 de 1993.
• El causante no reunió los 20 años de servicios prestados requeridos para ser
acreedor de la pensión de jubilación.
• Sin embargo, y respecto de la existencia de la unión marital de hecho, el a quo
manifestó lo siguiente:
3.1 De las pruebas obrantes en el plenario, se encuentra acreditado que:
[…]
• Según el Formulario Único de Solicitudes Prestacionales radicado ante la UGPP
(fol.54), la señora Purificación Cortés Cortés, presentó reclamación de pensión de
sobrevivientes a la entidad demandada el 17 de enero de 2013.
• La demandante y el señor Otoniel Tenorio Orobio son padres de Rigoberto
Orobio Cortés y Yomar Orobio Cortés, a la fecha mayores de edad, tal como
consta en los registros civiles de nacimiento visibles a folio 38-39 del expediente.
• Según el interrogatorio de parte practicado a la demandante en audiencia de
pruebas celebrada el día 19 de abril de 2016, se ratificó la situación de unión
marital de hecho.
(Negritas fuera del texto original)
c) Inconforme con la decisión, la señora Purificación Cortés Cortés, por
conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación, que sustentó de la
siguiente manera:
i) El señor OTONIEL OROBIO TENORIO (q. e. p. d.) […] laboró en forma sucesiva
y sin interrupciones para el Estado hasta el día de su muerte, durante 19,083 años,
o 6876 días o 982,28 semanas.
ii) De acuerdo a la norma existente de la Ley 100 de 1993, con este tiempo
para una persona del régimen común de pensiones, contaba con el derecho sin
necesidad de solicitar pruebas (sic) PRUEBA SUPLETORIA, (tal como lo expone la
Ley 50 de 1986, según los artículos 7, 8 y 9, donde se interroga a los testimonios
por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal de San Andrés de Tumaco y
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
contrainterroga el Ministerio Público, para darle plena validez a dicha prueba), no
se solicit[ó] debido primero a lo difícil de conseguir los testimonios ya que el
causante falleció en 1989 y probablemente sus compañeros que pudieran dar el
testimonio ya habrían fallecido y segundo que el causante era el que conocía los
posibles testimonios y ya fallecido era imposible.
El causante laboró con el Municipio de Tumaco, as[í]:
ENTIDAD FECHA TIEMPO LABORADO
Desde 2º de enero de Son728 (sic)= 1,99
Municipio de Tumaco 1968, hasta el 30 de años
diciembre de 1969
7.588 d[í]as o sea
TOTAL TIEMPO INCLUYENDO 21,08 años
LOS TIEMPOS NO CERTIFICADOS
POR EL QUE EL INCENDIO QUE
SE PRESENT[Ó] EN TUMACO EN
EL (SIC) AÑOS 1988 Y 1989
No advertimos la necesidad de probar este tiempo por lo expuesto anteriormente,
porque con el tiempo que se tenía certificado era suficiente.
Asimismo, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, pidió que se fallara en
equidad en virtud del artículo 230 de la Constitución Política, y, con ello, se aplicara lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993. Frente a este aspecto, adujo lo siguiente:
[…]
Debido a lo anterior rogamos al despacho tenga en cuenta la situación especial
de esta peticionaria, que a diferencia de la JURISPRUDENCIA expuesta por el
Despacho, era procedente de acuerdo a los criterios auxiliares de la actividad
judicial la aplicación del principio de equidad, YA QUE LO SOLICITADO ES LA
APLICACIÓN DE LA NORMA EN PENSIONES DEL MISMO R[É]GIMEN GENERAL, y no como
en los casos expuestos por el despacho, que eran de un régimen especial (policía)
al régimen general.
Por lo expuesto es pertinente la aplicación de las normas favorables para adquirir
la pensión, tal como lo prevé el artículo 288 de la Ley 10 de 1993 […]
Por último, la recurrente controvirtió la condena en costas y agencias en derecho
impuesta por el a quo, así:
Con respecto a las agencias en derecho, es un castigo del despacho por reclamar
los derechos fundamentales que le asiste a mi poderdante, con gastos procesales
a sabiendas que mi prohijada está en la más completa miseria, es completamente
injusto ya que los derechos pueden ser reclamados cuando considere que los
tengo y que no haya una petición temeraria, en razón a lo anterior no es razonable
que me castiguen por ello, por lo tanto solicito al Honorable Tribunal que revoque
esta decisión indebida.
d) El Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia del 9 de octubre de 2019
(hoy objeto de revisión), confirmó el fallo de primera instancia expedido por el Juzgado
Tercero Administrativo de Pasto, bajo los siguientes supuestos:
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
A efecto de solucionar el presenten caso anota inicialmente el Tribunal que es
deber del juez interpretar la demanda y ajustarla a los supuestos de hecho que en
ella se invocan y por su puesto con base en las pruebas que obran en el asunto,
claro está partiendo de la pretensión principal que la demanda contempla. En el
presente caso la pretensión principal es el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. En la misma forma de la lectura de la demanda y de los actos
administrativos demandandos (sic) se advierte que los argumentos de hecho de
los actos demandados y de los hechos de la demanda se tiene que la denegatoria
de la pensión radica en que el causante no había adquirido el derecho pensional
bajo las normas que lo rigieron, hasta la fecha de su fallecimiento, esto es 1989.
De tal modo que el causante había estado regido por la normativa establecida
entre otras en las Leyes 3 de 1973, 21 de 1975 y ley 3 de 1985. De esa manera
es que se entra a examinar los supuestos de hecho que sostiene la negativa del
reconocimiento del derecho pensional del demandante y no solamente la
normativa invocada en la demanda como es la Ley 100 de 1993.
Al tiempo es pertinente advertir que el causante falleció antes de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993, esto se reitera, su deceso se produjo en el año de 1989. Ello
remite al Tribunal a examinar la aplicación de la normativa anterior a la Ley 100
de 1993 y eventualmente si es del caso si tiene lugar la aplicación de la esta última
norma bajo los presupuesto[s] que ella establece.
[…]
7.5. No obstante, en el presente asunto el señor Otoniel Orobio murió el 7 de
febrero de 1989, por ende se reitera que el régimen aplicable para el
reconocimiento de la pensión de sobreviviente, es el establecido en la Ley 33 de
1985 y demás normas a las cuales remite en virtud del régimen de transición
previsto en el artículo 1parágrafo 2 de la misma Ley (Ley 12 de 1975, Ley 3 de
1973, Ley 3 de 1985 y a los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978), disposiciones
que establecen como requisitos para acceder a la pensión de jubilación y para el
efecto de la sustitución pensional, acreditar 20 años de servicio y 55 años de edad.
[…]
Por su parte, el ad quem tuvo en cuenta el tiempo que laboró el señor Otoniel Orobio
(q. e. p. d.) en la Alcaldía de Tumaco, en la Inspección Cuarta de Policía de dicho
municipio, entre el 2 de enero de 1968 y el 30 de diciembre de 1969, en los siguientes
términos:
7.6.4. En razón a las certificaciones expedidas por: la Alcaldía Municipal de
Tumaco División de Recurso Humanos; por la Contraloría Municipal de Tumaco y
el Secretario de Gobierno Municipal de Tumaco, las cuales dan cuenta de que no
existen archivos de los años durante los cuales el demandante prestó sus
servicios, logrando acreditar de esta manera que no se pudo establecer
oportunamente prueba escrita que certificará el tiempo laborado por el señor
Otoniel Orobio en el cargo de citador de la Inspección Cuarta de Policía Municipal
de Tumaco, dado a la ocurrencia de dichos incendios.
Así mismo de los testimonios rendidos por los señores Segundo Andrés Perlaza y
Gilberto Angulo, que a juicio del Tribunal fueron claros, precisos y expresaron
desde sus propias y directas percepciones el conocimiento que tenían de los
hechos, ya que uno de los testigos era el jefe inmediato del causante y otro su
compañero de trabajo.
Se tiene también que en dichas declaraciones extraprocesales estuvo presente el
Personero Delegado, autoridad que no advirtió ningún vicio dentro de la recepción
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Radicación: 11001 03 25 000 2021 00110 00 (0533-2021)
Demandante: Purificación Cortés Cortés
de los testimonio[s], lo que da cuenta de que los mismos cumplieron con todas las
formalidades y requisitos legales establecidos por las normas antes referidas.
Todo lo anterior permite a la Sala concluir que efectivamente el señor Otoniel
Orobio Tenorio laboró entre el 02 de enero de 1968 al 30 de diciembre de
1969, como citador de la Inspección Cuarta de Policía Municipal de Tumaco
y que dicho tiempo de servicio es válido para el cómputo pensional.
Es así que el señor Otoniel Orobio Tenorio acreditó un tiempo total de
servicio al Estado de 21 años, 1 mes y 4 días como se relacionan
continuación:
[…]
7.6.5. Así las cosas, el causante cumplió con el tiempo de servicio establecido en
el artículo 1 de la Ley 3 de 1985, esto es por un lapso superior a 20 años, lo que
permite la aplicación del artículo 1°de la Ley 12 de 1975, que habilita la edad para
efectos de la pensión de jubilación, cuando el causante fallece antes de cumplir la
edad reglamentaria pero reúne el requisito mínimo de tiempo de servicios,
haciendo viable la transmisión del derecho pensional a sus beneficiarios, de ahí
que se torna improcedente la aplicación de la Ley 100 de 1993, la cual consagra
el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante, toda vez que
dicha normatividad entró en vigencia el 1 de abril de 1994.
[…] (Resalta la Sala)
A pesar de lo anterior, el juez de segundo grado, una vez determinó que el señor
Otoniel Orobio Tenorio reunía los 20 años necesarios para pensionarse conforme al
régimen de transición previsto en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, se dispuso a
estudiar si la señora Purificación Cortés Cortés cumplía con los demás requisitos para
beneficiarse de la pensión de sobrevivientes, más exactamente con el relativo a la
convivencia.
Sin embargo, el tribunal concluyó que, de las pruebas allegadas al plenario, no era
claro establecer que la actora había convivido con el causante hasta el día de su
muerte, dado que obraban en el expediente declaraciones extraprocesales en las que
se indica que la señora Margarita Angulo también convivió con él hasta tal fecha.
Frente a este punto, en la providencia impugnada se manifestó lo siguiente:
[…]
8.11. Advertido lo anterior, respecto de la valoración de las pruebas, en criterio del
Tribunal, lo dicho en las declaraciones antes referidas, no determina con certeza
el término de convivencia entre la demandante y quien en vida fuera el señor
Otoniel Orobio Tenorio, ni tampoco respecto la vida marital de la demandante con
el causante que es requisito indispensable, sin el cual no es posible acceder al
reconocimiento pensional pretendido por la demandante.
8.12. Dicho de otra manera, pese a que las pruebas extraproceso coincide[n] en
decir que la señora Purificación Cortés Cortés convivió con el señor Otoniel Orobio
Tenorio más o menos durante un término de 20 años, también existen
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declaraciones que afirman que la señora Margarita Angulo igualmente convivió
durante 20 años y hasta el momento de su muerte con el de cujus, por lo cual no
existe certeza que la demandante convivió e hizo vida marital con el señor Orobio
Cortes hasta el momento de su fallecimiento. Es evidente entonces que hay
contradicción entre tales declaraciones, sin que permita arribar a la conclusión
pretendida por la actora.
Bajo el recuento procesal que antecede, la Sala estima que hay lugar a declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión de la referencia, por las razones que
se exponen a continuación:
En primer lugar, no se evidencia la falta de congruencia entre los argumentos del
recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la señora Purificación Cortés
Cortés y lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia del 9 de
octubre de 2019, ya que este último resolvió los reparos esbozados en la alzada, en
el sentido de determinar que el señor Otoniel Orobio Tenorio (q. e. p. d.) reunió el
requisito de los 20 años de servicios prestados, y con ello, era beneficiario del régimen
pensional de la Ley 33 de 1985.
En segundo lugar, y con relación a la acreditación de la convivencia, se debe partir de
la base de que el juez de primera instancia, contrario a lo indicado por la recurrente,
no hizo un análisis sobre el mencionado requisito para comprobar si la señora Cortés
Cortés era acreedora de la pensión de sobrevivientes que deprecaba.
En contraste con lo expuesto, vale la pena reiterar que el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pasto (Nariño), en el fallo del 22 de julio de 2016, solo
determinó, de manera somera y sin mayor argumento, que «[s]egún el interrogatorio
de parte practicado a la demandante en audiencia de pruebas celebrada el día 19 de
abril de 2016, se ratificó la situación de unión marital de hecho», sin que ello
implicara la demostración de la convivencia objeto de litigio.
Dicho de otro modo, sobre la mencionada exigencia no existía cosa juzgada que le
impidiera al Tribunal Administrativo de Nariño analizar si, en realidad, la parte actora
convivió con el causante hasta el día de su muerte, en aras de acceder a su pretensión
de reconocimiento pensional post mortem.
Frente al particular, es dable advertir que para el otorgamiento de la pensión de
sobrevivientes, no solo basta con que el interesado acredite que el de cujus cumplió
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
con los requisitos para pensionarse, sino que, además, debe demostrar que convivió
con este último hasta antes de su fallecimiento.
Por consiguiente, es claro que el ad quem, sin que implicara la violación del principio
de la non reformatio in pejus, una vez comprobado que el señor Orobio Tenorio (q. e.
p. d.) había laborado para el Estado durante más de 20 años y que, a su vez, era
beneficiario del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, estaba autorizado
para resolver sobre los demás requisitos legales para acceder o no a la prestación
objeto de litigio.
Así las cosas, en el caso sub examine no se encuentra configurada la causal prevista
por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, situación por la cual el recurso
extraordinario de revisión ha de declararse infundado.
3. De la condena en costas
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021
establece que «[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente». Con base en tal mandato y en consideración a que el recurso
extraordinario de revisión fue radicado el 24 de febrero de 202140 y se declarará
infundado, la Sala condenará en costas a la parte actora.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos jurídicamente al que ahora
es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que los argumentos
esbozados por la recurrente para invocar el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011, no se adecúan a la mencionada causal, puesto que no se demostró que la
sentencia del 9 de octubre de 2019, emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño,
hubiese incurrido en nulidad por desconocimiento del debido proceso, ya que no se
comprobó la incongruencia y la violación al principio de la non reformatio in pejus
alegados por la señora Purificación Cortés Cortés. Por lo anterior, se impone declarar
infundado el presente recurso extraordinario de revisión.
40 Índice 2 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Purificación Cortés Cortés
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la
causal 5ª del artículo 250 del CPACA, la señora Purificación Cortés Cortés presentó
contra la sentencia del 9 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. Condenar en costas a la parte recurrente.
Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa
como apoderado de la UGPP, de acuerdo con el poder general visible en el índice 36
del aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
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