Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00050-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00050-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2021-00050-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA2. Nulidad
originada en la sentencia. Congruencia.
Sentencia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión3 interpuesto por Luz Edith
Ballesteros Delgado contra la sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación, Ministerio de
Educación, Fomag.
I. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Luz Edith Ballesteros Delgado presentó
demanda en orden a que se declarara:
1 En adelante Fomag.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3 El recurso extraordinario de revisión correspondió inicialmente al despacho de la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo; sin embargo, en virtud de que el proyecto de sentencia elaborado por
dicho despacho fue improbado en la sesión de Sala de Subsección del 19 de febrero de 2026, el
expediente fue remitido al despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya para lo de su competencia.
4 Samai, índice 64, pág. 5.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
1.1. La nulidad del acto ficto o presunto emanado de la petición radicada el 25
de octubre de 2016, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago
de la totalidad de los factores salariales percibidos en el año anterior al
cumplimiento del estatus de pensionada.
1.2. La nulidad parcial de la Resolución 0293 del 28 de marzo de 2012, por
medio de la cual se reconoció la pensión de jubilación.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió la reliquidación de la pensión a
partir del 21 de mayo de 2011 con el 75% del promedio de los salarios,
sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados en el año anterior al
cumplimiento del estatus.
3. En el acápite de hechos se narró que laboró por más de 20 años al servicio de
la docencia oficial y mediante la Resolución 0293 del 28 de marzo de 2012 le fue
reconocida la pensión de jubilación. En la base de liquidación solo se incluyeron la
asignación básica y las primas de navidad y vacacional, no así la «prima
extraordinaria» ni demás factores salariales percibidos en el año anterior a la
adquisición del estatus.
1.2. Contestación de la demanda5
4. La Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio se opuso a las pretensiones. Sobre la pretensión de incluir en la base
de liquidación la prima extraordinaria, manifestó que no le constaba porque no era
la entidad encargada de realizar las liquidaciones pensionales de los afiliados al
Fomag. En lo demás, señaló:
4.1. La descentralización del sector educativo se inició con las leyes 60 de 1993 y
715 de 2001, por lo tanto, los municipios, departamentos y distritos certificados
recibían todos los recursos del sector educativo y tenían la responsabilidad de su
administración, así como de las instituciones educativas y del personal docente y
administrativo.
4.2. El Ministerio de Educación no administraba el fondo, sino que la gestión,
defensa de los intereses y el pago de las prestaciones sociales de los docentes
correspondía a la Fiduciaria La Previsora S.A., la cual estaba encargada del contrato
de fiducia mercantil.
5 Samai, índice 85.
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Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
4.3. La sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 no cumplió con el
procedimiento previsto en el artículo «271 del CPACA», por lo tanto, los factores a
tener en cuenta al momento de liquidar la pensión eran los taxativamente previstos
en la ley.
4.4. La demandante no tenía derecho a la reliquidación de la pensión, en razón a
que las leyes 33 y 62 de 1985 establecieron los factores que se debían incluir para
la obtención de la pensión de jubilación, «dentro de los cuales no se [encontraban] los
solicitados por el actor» [sic].
5. Además, propuso las siguientes excepciones: «vinculación del litisconsorte
[Fiduciaria La Previsora S.A.]», «falta de legitimidad por pasiva», «reconocimiento y trámite
de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio» y «prescripción».
1.3. Sentencia de primera instancia6
6. Mediante sentencia dictada en la audiencia inicial realizada el 10 de agosto de
2018 el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil anuló los actos acusados y, a
título de restablecimiento del derecho, dispuso:
«Tercero: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a RELIQUIDAR la
pensión de jubilación devengada por los demandantes, así:
[...] En el expediente No. 2017-00325-00 a RELIQUIDAR la pensión de jubilación
devengada por la señora LUZ EDITH BALLESTEROS DELGADO [...], tomando
como base el 75% del salario promedio e incluyendo además percibió los
siguientes factores: la prima extraordinaria en los términos en que fue expuesto
en la parte motiva de esta providencia, y CONDENAR a la entidad demandada
al PAGO de las diferencias causadas a favor de los demandantes, efectuando
de manera indexada los respectivos descuentos de los aportes que no hayan
sido descontados en su debida oportunidad y en la proporción correspondiente,
además por concepto de aportes a la seguridad social integral y demás a que
haya lugar
[...] Cuarto: [...]
En los procesos Radicados [...], 2016-00325-00: DECLARAR PROBADA la
excepción de prescripción trienal respecto de las diferencias correspondientes a
las mesadas anteriores al 25 de octubre de 2013» [sic].
6 Samai, índice 64.
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Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
7. Para tal efecto, citó el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el Decreto 2341 del
mismo año y la sentencia dictada por esta corporación el 4 de agosto de 2010 para
resolver el caso concreto en los siguientes términos:
8. Luz Edith Ballesteros Delgado laboró como docente nacionalizada y una vez
adquiridos los requisitos de ley la entidad demandada le reconoció mediante
Resolución 0293 del 28 de marzo de 2012 la pensión a partir del 22 de mayo de
2011.
9. En la liquidación contenida en dicho acto administrativo solo se tuvo en cuenta
el salario uniforme del último año y las primas de navidad y vacacional; no obstante,
de conformidad con la certificación aportada, también devengó en ese período la
prima extraordinaria que constituía factor salarial, en razón a que se pagaba de
manera habitual y periódica como contraprestación del servicio.
10. La actora solicitó la reliquidación de la pensión el 25 de octubre de 2016; en
consecuencia, como la prestación se reconoció el 22 de mayo de 2011 se debían
declarar prescritas las diferencias de las mesadas causadas antes del 25 de octubre
de 2013.
1.4. El recurso de apelación7
11.Contra la anterior decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:
12. Se ratificó «en cuanto a los argumentos expuestos con anterioridad, de conformidad
con la normatividad aludida, ya que en primer lugar el pago de las prestaciones, se [atenían]
a un orden cronológico de las solicitudes y la disponibilidad presupuestal para cancelarlas,
en segundo lugar [existía] prescripción de los derechos solicitados».
13. La parte demandante aseguró «tener derecho a una sanción moratoria por pago
tardío, al cual no le asist[ía] el derecho, tal y como se evidenció en los mismos hechos parte
de su demanda, confund[ió] el tiempo de reconocimiento con el tiempo de pago, y no [tuvo]
en cuenta que la disponibilidad del pago est[aba] sujeto a factores de orden presupuestal y
cronológico» [sic]. No se vulneró su derecho al reconocimiento de «dicha prestación»,
por lo tanto, no se afectaron sus derechos fundamentales.
14. Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la entidad
territorial era la encargada de «este trámite», por motivo de la descentralización
administrativa. Además, imponer una condena a la cual no había lugar afectaba el
presupuesto y las apropiaciones «hechas para diferentes fines, todos con miras al
desarrollo social».
7 Samai, índice 64, pág. 252.
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Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
15. La parte actora pretendió imputarle responsabilidad a la entidad por el
«reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de la cesantía
definitiva a la que legalmente [tenía] derecho la docente demandante». El pago solo podía
realizarse cuando existiera disponibilidad presupuestal para tal efecto, de
conformidad con la Constitución Política, la ley y los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, pues eran dineros públicos que debían atenerse al procedimiento
legal.
16. Las prestaciones se reconocieron y pagaron de conformidad con la ley, por
medio de las entidades legalmente competentes, es decir, la secretaría de
educación de la entidad territorial y la Fiduciaria La Previsora S.A., con la precisión
que el reconocimiento de las prestaciones sociales no estaba previsto como función
o competencia de dicha sociedad.
17. Los derechos laborales, «como la cesantía, prescrib[ían] en tres años», de
conformidad con los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Inexistencia de relación laboral y/o pensional entre «el demandante» y el
Ministerio de Educación Nacional
18. La Fiduciaria La Previsora S.A. no era representante del Ministerio de
Educación Nacional ante las entidades territoriales, pues estas eran autónomas.
Aquella era una sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al
régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, con personería
jurídica y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
19. A partir de la Constitución Política de 1991 la educación fue descentralizada, de
forma que se establecieron competencias en cada nivel territorial y se asignaron las
funciones y recursos para ejecutarlas. La Ley 115 de 1994 estableció la
concurrencia de la Nación y las entidades territoriales en su dirección, financiación
y administración. Ello, en línea con las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, así como
con el Acto Legislativo 01 de 2001, que ratificaban que el Ministerio de Educación
Nacional no prestaba el servicio ni administraba las plantas de personal docente,
por lo tanto, no era empleador de aquellos adscritos a las secretarías de educación
de las respectivas entidades territoriales.
Falta de competencia del Ministerio de Educación para expedir el acto
administrativo y reconocer el derecho reclamado
20.El Decreto 1075 de 2015 estableció el procedimiento para el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales a cargo del Fomag, el cual reforzaba que no
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existía relación de causalidad o vínculo entre el Ministerio de Educación y «el
derecho solicitado por el docente» [sic].
21. Vincular al Ministerio de Educación era darle un «carácter paternalista» al proceso
que, en últimas, lograba un desgaste procesal y un detrimento patrimonial que la
Nación no debía soportar, pues no intervenía en el trámite de reconocimiento y pago
«de la prestación», no revisaba ni analizaba la viabilidad del pago, no tenía
competencia para la expedición del acto de reconocimiento, no ordenaba el pago ni
destinaba los recursos.
Consideraciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
22. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que llegaran a tener
«derecho a la pensión gracia» se les reconocería siempre y cuando cumplieran con la
totalidad de los requisitos. La prestación seguiría reconociéndose por Cajanal, de
conformidad con el Decreto 081 de 1976 y sería compatible con la pensión de
jubilación aun en el evento de que esta estuviera a cargo total o parcial de la Nación.
23. En virtud de las competencias y disposiciones del Decreto 2831 de 2005, la
atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagaría
el Fomag sería efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades
territoriales certificadas o las dependencias que hicieran sus veces.
Régimen aplicable a los docentes afiliados al Fomag para el reconocimiento y
pago de las prestaciones
24. El trámite para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales se
estableció en el Decreto 1075 de 2015 y para ese efecto el Ministerio de Educación
no tenía participación alguna.
25. El acto demandado no fue expedido por la entidad demandada y el
reconocimiento de la prestación como la negación de inclusión de factores se
determinó por la secretaría de educación, es decir, no contenía la manifestación de
la voluntad de la entidad demandada. El Fomag era una cuenta especial de la
Nación, sin personería jurídica, cuyos recursos estaban destinados a atender las
prestaciones que los entes territoriales reconocieran a su planta de docentes.
Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley
26. Los pagos de las prestaciones sociales se realizaban de acuerdo con el trámite
previsto en la ley. La entidad fiduciaria debía administrar, invertir y procurar el
cumplimiento de los objetivos previstos para el fondo, entre ellos, el pago oportuno
de las prestaciones sociales. El Fomag no tenía cuentas individuales por cada uno
de los afiliados.
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27. En el caso concreto, el acto que «le reconoció la prestación al docente por concepto
de cesantía» expresamente señaló que el valor reconocido sería pagado cuando
existiera la disponibilidad presupuestal y correspondiera el turno de atención de la
solicitud. Ello, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 344 de 1996, según el
cual «las cesantías parciales o anticipos de cesantías de los servidores públicos, solo
podr[ían] reconocerse, liquidarse y pagarse cuando exist[iera] apropiación presupuestal
para el efecto», y la sentencia C-428 de 1997 dictada por la Corte Constitucional, en
la cual se anotó que aun habiendo «reconocido una cesantía o un anticipo de cesantía»,
no podía pagarse de manera inmediata sin el presupuesto de la respectiva vigencia
si no había sido prevista la apropiación presupuestal que permitiera la disposición
de los fondos. «No ocurr[ía] lo mismo con el requisito y liquidación de las cesantías
parciales, que no [podían] negarse al trabajador so pretexto de no existir partida
presupuestal, ni supeditarse a ella».
1.5. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión8
28.Mediante sentencia del 15 de agosto de 2019 el Tribunal Administrativo de
Santander resolvió revocar la sentencia y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
29.Al reseñar los antecedentes, sintetizó las razones de disenso de la entidad
demandada así:
«La Parte demandada, reitera sus argumentos de defensa y sostiene que: i) no
existe relación de causalidad o vínculo entre la Nación-Ministerio de Educación
Nacional y el derecho solicitado por el docente, en cuanto por Ley el
procedimiento de reconocimiento y pago de las prestaciones está en cabeza de
la entidad territorial y de la sociedad fiduciaria, y ii) se debe declarar la
prescripción de los derechos reclamados que superen los 3 años contados desde
que se hizo exigible la obligación».
30. A continuación, planteó el siguiente problema jurídico: «¿Las pensiones de los
docentes oficiales vinculados al servicio antes del 26.06.2003, que como tal son
beneficiarios del régimen pensional de la Ley 33 de 1985, deben liquidarse con la inclusión
de conceptos que no están enlistados en el art. 1 de la L.62/85, y sobre los cuales se
realizaron cotizaciones al sistema pensional?». Después resolvió el caso concreto al
tenor de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
así:
31. En la sentencia de unificación se acudió al método de aplicación retrospectiva
del precedente y dispuso que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se acogían
de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución en sede
8 Samai, índice 64, pág. 305.
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administrativa y judicial. Asimismo, reiteró la segunda regla de la sentencia de
unificación dictada el 28 de agosto de 2018 sobre los factores que se debían tener
en cuenta para liquidar las pensiones del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, en
el sentido de que solo se incluían aquellos sobre los que se hubiera realizado
cotización, tesis que era contraria a la anotada en la sentencia del 4 de agosto de
2010.
32. Eran 3 las condiciones que se debían cumplir para que un factor hiciera parte
de la liquidación de la mesada pensional en el régimen establecido en la Ley 33 de
1985: (i) haberse devengado en el último año de servicio; (ii) que estuviera enlistado
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985; y (iii) que se hayan efectuado aportes al
sistema pensional.
33.En la liquidación de la pensión se incluyeron los factores «sueldo uniforme último
año» y las primas vacacional y de navidad, según la Resolución 0293 del 28 de
marzo de 2012.
34. Como la prima extraordinaria no estaba enlistada en el artículo 1 de la Ley 62
de 1985 y no se demostró que sobre esta se hicieran cotizaciones, no era posible
ordenar la reliquidación de la pensión con su inclusión, en tanto no constituía base
de liquidación de los aportes.
1.6. Recurso extraordinario de revisión9
35. Luz Edith Ballesteros Delgado interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 15 de agosto de 2019 dictada por el Tribunal
Administrativo de Santander. Lo anterior con fundamento en la causal establecida
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
36. La demandante solicitó la revisión de la sentencia objeto de recurso, la nulidad
de la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, se ordenara al Tribunal
Administrativo de Santander que profiriera una nueva en la que se confirmara en
todas sus partes la de primera instancia. Estas pretensiones se sustentaron en los
siguientes términos:
37. La sentencia vulneró el debido proceso y desconoció el principio de
congruencia, comoquiera que el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada era incongruente. Era así porque el a quo concluyó que era procedente
la reliquidación de la pensión de jubilación y, por consiguiente, la inclusión de todos
los factores salariales; no obstante, la entidad expuso que no era admisible el
9 Samai, índice 2
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Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con sustento en las leyes 244 de
1995 y 1071 de 2006 «que trata[ban] sobre temas de orden jurídico totalmente
contrapuestos». En ese orden, el ad quem no brindó un marco argumentativo que
permitiera analizar las inconformidades con la decisión.
38. El tribunal «fue más allá de lo argumentado y solicitado en el recurso de alzada», es
decir, desconoció los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso. En ese
orden, comoquiera que el argumento de la apelación se concentró en el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías definitivas, debió «centrarse en declarar desierto dicho recurso y confirmar la
sentencia de primera instancia».
1.7. Admisión del recurso extraordinario de revisión
39. En proveído del 8 de junio de 202310 se rechazó por extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión; sin embargo, fue revocado en sede de súplica el 30 de
mayo de 202411 con fundamento en que entre el 16 de marzo y el 30 de junio de
2020 se suspendieron los términos debido a la pandemia del Covid 19. En ese
orden, si bien inicialmente el término finalizaba el 27 de agosto de 2020, se extendió
hasta el 14 de diciembre siguiente, por lo tanto, se presentó oportunamente el 28
de octubre de 2020.
40. El 21 de marzo de 202512 se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Luz Edith Ballesteros Delgado contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander el 15 de agosto de 2019, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 68679-33-33-003-2017-00325-00.
1.8. Contestación del recurso extraordinario de revisión
41. La Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio no contestó el recurso extraordinario de revisión.
1.9. Intervención del Ministerio Público
42. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
10 Samai, índice 18.
11 Samai, índice 33.
12 Samai, índice 45.
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II. Consideraciones
2.1. Competencia
43. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado13, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Legitimación en la causa
44. En el asunto objeto de estudio, Luz Edith Ballesteros Delgado y la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
están legitimadas para actuar como demandante y demandada, comoquiera que
actuaron con esa misma calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de
segunda instancia pretende controvertir en esta oportunidad.
2.3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
45. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia
que se encuentra ejecutoriada15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
46. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
13 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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47. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.4. Problema jurídico
48. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA en
la sentencia del 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander porque desconoció el principio de congruencia, en tanto revocó la
sentencia de primera instancia que accedió a la reliquidación de la pensión con
la inclusión de la prima extraordinaria y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda?
2.5. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
49. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:
49.1. Cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa
en el artículo 133 del Código General del Proceso16 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades17 y;
49.2. Cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
16 En adelante CGP.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
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o la aplicación de las normas18. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado
el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la
transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un
proceso legalmente concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en
esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con
ello se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]»19.
50. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso20.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso21.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
20 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
13
Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
• Se profiere sin motivación22.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente23.
• Se desconoce el principio de congruencia24.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»25.
51. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP26. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar27.
52. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.6. El principio de congruencia en la sentencia
53. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,
radicación: REV-062.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
24 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
25 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
[…]».
54. En sentencia del 26 de octubre de 201728, esta Subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.
55.Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201829, señaló:
«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la
sentencia, según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide
por el Juez y lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…)
El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la
demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo
endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación,
constituye un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene
en cuenta que en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no
puede desatarse sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del
proceso. (…)”30.(Resaltado fuera del texto original).
[…] Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho
modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio,
ocurrido incluso después de haberse presentado la demanda y siempre que se
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
29 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
30 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
alegue a más tardar en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que
no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita),
excepto en los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los
asuntos de familia y de protección de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a
las peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la
pretensión acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona
su tramitación y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de
moverse el juzgador” […]» [Resaltado fuera del texto original].
56. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado
y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la
providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]»31.
57. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido
como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto
puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas
aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita32, como regla general.
58. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos ámbitos
o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
parte motiva de la providencia33. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.
2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
59. La recurrente afirmó que el Tribunal Administrativo de Santander desconoció el
principio de congruencia, toda vez que, a pesar de que el recurso se contrajo al
reconocimiento de una sanción moratoria por pago tardío de cesantías que no fue
debatido en el proceso, resolvió revocar la decisión y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
60. Pues bien, como se reseñó en el acápite de «antecedentes», Luz Edith
Ballesteros Delgado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en orden a que se reliquidara su pensión de jubilación y se incluyera el factor de
prima extraordinaria.
61. En la contestación de la demanda, sobre los factores salariales, la entidad se
limitó a señalar que la sentencia de unificación dictada por esta corporación el 4 de
agosto de 2010 no cumplió con el requisito previsto en el artículo 271 del CPACA y,
por lo tanto, solo se podían incluir los factores taxativamente previstos en la Ley 62
de 1985. En lo demás, su pronunciamiento se circunscribió a la descentralización
del sector educativo, la ausencia de competencia del Ministerio de Educación
Nacional en el reconocimiento de las prestaciones sociales en favor de los docentes
y la vinculación de la Fiduciaria La Previsora S.A. como litisconsorte.
62. En la audiencia inicial realizada el 10 de agosto de 2018, el Juzgado Tercero
Administrativo de San Gil resolvió las excepciones y dictó la sentencia de primera
instancia. En la primera etapa, resolvió los argumentos de la contestación en el
sentido de que el Ministerio de Educación Nacional, Fomag, asumió las prestaciones
sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, por lo tanto, era el llamado a
responder en caso de que prosperaran las pretensiones de la demanda. Contra esta
decisión la entidad no propuso recurso alguno.
63. En la segunda etapa, el juzgado se ciñó a las pretensiones de la demanda y
resolvió que, de conformidad con la sentencia dictada el 4 de agosto de 2010, era
procedente la inclusión de la prima extraordinaria y, por tal razón, debían pagarse
las diferencias causadas a partir del 25 de octubre de 2013 por prescripción trienal.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
64. A pesar de que los argumentos relacionados con la competencia del Ministerio
de Educación Nacional, Fomag fueron resueltos en la etapa de excepciones [sin
que la entidad manifestara objeción alguna] y la procedencia de la inclusión de la
prima extraordinaria se determinó en la sentencia, la demandada sustentó su
recurso de apelación en asuntos que, ni por asomo, fueron analizados ni resueltos
por el a quo.
65. Aunque en la apelación se ratificó en los argumentos expuestos «con
anterioridad», lo cierto es que dirigió la argumentación al pago de las pretensiones
por orden cronológico [sistema de turnos] y la disponibilidad presupuestal para
reconocer los derechos. En los demás párrafos, se detuvo a temas como cesantías,
pago de la sanción moratoria e, incluso, trajo asertos sobre la pensión gracia que
en nada se acompasaban con el debate de la litis. A más de ello, aunque se refirió
a la inclusión de factores, no lo hizo para debatir la decisión del juzgado, sino para
señalar que la competente era la secretaría de educación de la entidad territorial,
pero nada más.
66. A pesar de dichas afirmaciones ajenas al proceso, el Tribunal Administrativo de
Santander se limitó a reseñar en la apelación que los motivos de inconformidad se
circunscribían a (i) la prescripción de los derechos; y (ii) la inexistencia de vínculo
entre el Ministerio de Educación Nacional y el derecho solicitado por el docente. Ello
suponía, entonces, que este sería el marco del pronunciamiento del ad quem, de
acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, cuyo tenor
literal es el siguiente:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los
reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o
reforme la decisión.
[...] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley» [se resalta].
67. No obstante, pasó por alto los «reparos» de la apelación y estableció un
problema jurídico que en nada se acompasaba con estos, es decir, determinar si las
pensiones de los docentes beneficiarios de la Ley 33 de 1985 debían liquidarse con
conceptos no enlistados en la Ley 62 de 1985 y, bajo el mismo derrotero, determinó
que se debía revocar la decisión y, en su lugar, negar las pretensiones, sin hacer
análisis adicional sobre los asertos de la entidad.
68. Como se observa, el tribunal resolvió un asunto que no fue discutido por la
entidad demandada y desbordó los límites previstos en los artículos supra citados
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
que regularon la competencia del juez de segunda instancia al resolver el recurso
de apelación.
69. En esa misma línea, al desatender los imperativos normativos el tribunal
desconoció las garantías propias del debido proceso y, si bien es cierto que para el
momento en que se dictó el fallo de segunda instancia ya se había dictado una
sentencia de unificación que estableció la postura por la que finalmente optó,
también lo es que el marco de la apelación no le permitía ir más allá de los recursos
expuestos por la entidad que, por demás, eran abierta y ostensiblemente
incongruentes porque, se insiste, el debate de la litis se circunscribía a la inclusión
de la prima extraordinaria en el IBL, no al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago tardío de cesantías.
70. A lo expuesto, se aúna que el a quo resolvió el problema jurídico a la luz de la
jurisprudencia vigente al momento en que se dictó la sentencia y el tribunal –so
pretexto del nuevo criterio– desconoció los derechos de la parte actora y que el
recurso no guardaba relación con el objeto de las pretensiones. Es así, por cuanto
no examinó los «reparos» reseñados en los antecedentes y menos aún explicó por
qué, a pesar de la incongruencia del recurso, debía examinar nuevamente el fondo
del asunto.
71. En criterio de la Sala, se debía privilegiar la garantía del derecho fundamental
del debido proceso de la parte actora y resolver con estricta reserva los asertos del
recurso de apelación o, en otro sentido, determinar si era procedente mantener
incólume la decisión por la mencionada incongruencia de la apelación. Esto, más
allá del nuevo criterio fijado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
pues lo cierto es que la sentencia dictada por el a quo determinó el derecho de la
actora y resolvió el asunto al tenor del criterio vigente para ese momento.
72. Con todo, la sentencia del 16 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander presentó una incongruencia externa, al omitir
pronunciarse sobre los argumentos de apelación expuestos por la entidad
demandada y analizar un asunto que ni expresa ni tácitamente fue objeto de
reproche. Esto desbordó los límites del recurso y configuró una vulneración directa
del principio, al resolver un asunto que no se acompasaba con la apelación.
73. En consecuencia, la Sala concluye que se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por vulneración del debido
proceso y del principio de congruencia, en tanto el Tribunal Administrativo de
Santander profirió una sentencia que hizo un examen que no se acompasaba con
los argumentos de la apelación presentada por la entidad demandada.
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
74. En virtud de lo anterior, procede declarar fundado el recurso extraordinario de
revisión, infirmar la sentencia del 15 de agosto de 2019 y, en su lugar, ordenar que
se profiera sentencia de reemplazo que resuelva el litigio de acuerdo con los
argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
con el fin de restablecer el debido proceso y dar cumplimiento a los artículos que
establecen el límite del pronunciamiento del ad quem.
2.8. Costas
75. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto el recurso se declara
fundado, además de que no se evidenció que actuase con temeridad o mala fe ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal.
2.9. Conclusión
76. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala concluye que se configura la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA respecto de la sentencia
del 15 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, toda
vez que la decisión vulneró el debido proceso y el principio de congruencia al
examinar el fondo del asunto que no fue debatido tácita ni expresamente por la
entidad demandada al presentar el recurso de apelación.
77. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 255 del CPACA, se
declarará la nulidad de la sentencia del 15 de agosto de 2019 y se devolverá el
proceso al Tribunal Administrativo de Santander para que dicte la sentencia que
corresponda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Luz
Edith Ballesteros Delgado en contra de la sentencia proferida el 15 de agosto de
2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-003-2017-00325-01. En
consecuencia, se anula la sentencia.
Segundo. Devolver el proceso al Tribunal Administrativo de Santander para que,
en el término de treinta (30) días, profiera una nueva sentencia que resuelva el
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Radicado: 11001-03-25-000-2021-00050-00 (0144-2021)
Demandante: Luz Edith Ballesteros Delgado
recurso de apelación interpuesto por la Nación, Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Tercero. No condenar en costas.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Salva voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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